La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha resaltado que «hay que llegar a la vacunación en las mejores condiciones posibles» y, por ello, todas las medidas que se han adoptado y se siguen adoptando «son importantes pero requieren un comportamiento de la ciudadanía que contribuye a mantener el virus a raya».

Darias, que ha presidido en Zaragoza, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha dicho que «el horizonte de esperanza está más cerca» y «la estrategia única de la vacunación en España lo pone de manifiesto». En este sentido, ha continuado diciendo que «podemos adoptar todas las medidas que creamos necesarias, pero no se cumplen no alcanzan su objetivo».

La titular de Política Territorial ha resaltado que «necesitemos concienciarnos que estas navidades debemos celebrarlas de manera diferente, porque el objetivo compartido no puede ser solo celebrar estas navidades, el objetivo compartido es seguir celebrando muchas navidades juntos porque se lo debemos a quienes ya no están con nosostros y, especialmente se lo debemos a los que todavía están con nosotros».

Darias ha hecho la reflexión siguiente: «Pensemos que la mejor manera de celebrar las fiestas navideñas es mantener el virus a raya, cuidando de nosotros mismos y cuidando a los demás porque estoy convencida, que el mejor regalo que podemos hacernos es cuidarnos y regalar vida».

CULTURA DE LA PREVENCIÓN

La ministra ha recordado que llevamos demasiado tiempo luchando contra el virus. «De nosotros depende seguir en la buena dirección, no debemos pensar que ya todo está conseguido, al contrario porque podemos caer un premio de optimismo precipitado que nos haga recaer el nuevo incremento de casos».

Para Carolina Darias resulta «vital» no abandonar «las medidas de la cultura de la prevención, es decir, seguir con las seis ‘M’, lavado de manos, metros de distancia social, maximizar la ventilación, minimizar los contactos, y ha hecho alusión al lema de esta Navidad ‘me quedo en casa’ para intentar también cuidar a los demás».

Ha agregado que son medidas duras, pero «estamos viendo que dan resultado», y por eso, es necesario una llamada a continuar con ellas, especialmente en las fechas que se aproximan, y ha referido que en el pasado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se aprobó un paquete de medidas de salud pública frente a la COVID-19 para las fechas navideñas.

UN 200% MÁS DE REUNIONES DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

Cada reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ya han alcanzado este miércoles el número 65 en lo que va de legislatura, «supone un fortalecimiento de la colaboración, un fortalecimiento del diálogo, desde un diagnóstico común de la preocupación compartida por la evolución de la COVID», ha dicho.

«En lo que llevamos del año 2020 ha habido un incremento más de un doscientos por ciento de reuniones de órganos de cooperación multilateral respecto a las celebradas en el año 2019. Así tenemos que el año pasado fueron 56 reuniones de órganos de cooperación multilateral y, en lo que va de año vamos por encima de los 140 de reuniones de cooperación, y es este órgano, este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el que se lleva más de la mitad de estas reuniones», ha apostillado.

RECONOCIMIENTO A ARAGÓN

Darias ha reconocido la labor que está llevando a cabo Aragón en la lucha contra la pandemia. «Además de celebrar reuniones de cooperación multilateral en esta Comunidad Autónoma nos permite reconocer el trabajo que está realizando el Gobierno de Aragón y todas las Comunidades Autónomas en la lucha contra esta maldita pandemia».

Según la ministra, «eso también es lo que da sentido a nuestra presencia aquí en el territorio, el reconocimiento mutuo de las acciones llevadas a cabo en la estrategia conjunta de país para doblegar la curva y continuar con toda la prudencia, pero con toda la determinación, bajando la incidencia acumulada como lo estamos haciendo».

Darias ha argumentado que «desde la gobernanza avanzamos más, desde la gobernanza damos respuesta desde un marco común que intenta aportar certeza, que además contribuye a reforzar nuestro sistema público de salud y establecer pautas claras para contener la propagación del virus y proteger a la ciudadanía».

Asimismo, ha expuesto que «todas las administraciones, desde la máxima concienciación, responsabilidad seguimos trabajando juntas para acabar con el virus, previniendo situaciones de riesgo, intensificando las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzando los servicios asistenciales de salud para ofrecer respuesta apropiada y adecuada en función de la evolución de la epidemia en cada territorio».

El Consejo de Ministros ha acordado destinar 396.564,25 euros más a las obras de acondicionamiento y seguridad de la nueva sede de la Embajada de España en Venezuela y la residencia del embajador, de manera que el coste total de la obra sumará 3,03 millones de euros.

En concreto, el Gobierno ha ampliado la declaración de emergencia para la contratación de las obras a partir del artículo 120 de la Ley de Contratos, tras concluir que hay que responder a «situaciones que suponen un grave peligro».

Según ha explicado el Ejecutivo, la tramitación se debe a «las actividades de la Representación diplomática en Caracas, con un extraordinario incremento de los servicios consulares derivado de la prolongada situación de inestabilidad política en ese país, y ante la deficiente situación, fundamentalmente en lo que se refiere a la seguridad, de las diversas sedes de que dispone el Estado español».

Para solucionar esta situación, en diciembre de 2018 se adquirió un edificio para albergar la nueva sede unificada que alojará la Cancillería de la Embajada, el Consulado General de España, la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la Oficina Comercial y otras Consejerías y Agregadurías instaladas actualmente en la Embajada.

Sin embargo, para posibilitar el uso de la nueva sede unificada, fue necesaria la ejecución de obras de adaptación y mejora de la misma para cumplir con los requisitos de edificación de la normativa española aplicable (Código de la Edificación).

Por otro lado, esta situación también afectaba a la Residencia de la Embajada, situada en la Avenida Principal del Country Club, Quinta de San Antonio, pese a que en los últimos meses se habían realizado algunas obras para mejorar la seguridad de las instalaciones.

Sin embargo, se puso de manifiesto que las instalaciones de la Representación de España en Caracas no disponían de los elementos imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento de la sede diplomática en la situación de conflicto en la que se encuentra el país, ni cuenta con dependencias seguras para que presten sus funciones de protección los funcionarios y cuerpos de policía enviados desde España.

A la vista de esta situación, el 19 de julio de 2019 se declaró la emergencia del expediente de contratación de obras, de la cual tomó razón el Consejo de Ministros, con fecha 23 de agosto de 2019.

No obstante, el Gobierno ha señalado que, durante el transcurso de las obras de emergencia, que se vienen desarrollando en medio de un clima de inseguridad agravado en los últimos meses como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se han detectado nuevas necesidades.

Así, el 22 de octubre de 2020, la empresa INVERSIONES YC C.A., con la conformidad de la dirección facultativa, presentó un nuevo presupuesto que supone un incremento de 396.564,25 euros. El plazo estimado para la realización de las obras, que era de diez meses a partir de la fecha del acta de replanteo e inicio de las obras el 23 de julio de 2019, se amplía en cuatro meses y tres semanas.

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido este miércoles quitar «todos sus privilegios» y «prerrogativas» al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya que, según ha dicho, «ensucia el nombre de España» después de que se haya convertido en «portavoz, abogado defensor y agente de una dictadura criminal».

«¿Qué tendrá o sabrá Maduro para que Zapatero se arrastre de semejante manera?», se ha preguntado Álvarez de Toledo, después de que el expresidente –que viajó a Venezuela en calidad de observador internacional en las elecciones a la Asamblea Nacional venezolana– haya pedido a la UE hacer «una reflexión serena y sosegada» sobre el no reconocimiento a las elecciones legislativas del país.

La Unión Europea ya ha admitido que no reconoce el resultado de esas elecciones legislativas al considerar que no han cumplido los estándares internacionales «mínimos» y se ha dado un plazo hasta enero para definir su relación con la Asamblea Nacional que ahora mismo dirige el presidente encargado, Juan Guaidó.

DENUNCIA LA «INDIGNIDAD» DE SU ACTUACIÓN

Álvarez de Toledo ha recordado que no es la primera vez que sostiene públicamente que Zapatero no merece ningún privilegio por la «vergüenza e indignidad de sus gestiones» en Venezuela. «Es el portavoz de la dictadura desde hace muchos años. Empezó como mediador, pasó a ser portavoz oficioso de Maduro y ahora es el agente de la dictadura asesina criminal», ha declarado a Europa Press.

En este sentido, ha insistido en que hay que «retirarle cualquier privilegio o prerrogativa asociado a su condición de expresidente del Gobierno de España». «Evidentemente no se le puede retirar el título de expresidente del Gobierno, pero no puede utilizar el nombre de España ni contar con ningún privilegio, prerrogativa o beneficio cuando está vinculado con la dictadura», ha abundado.

«ZAPATERO ENSUCIA EL NOMBRE DE ESPAÑA»

Álvarez de Toledo –que ha denunciado de forma contundente en los últimos años como periodista y como política la situación que vive Venezuela– ha subrayado que Zapatero es «portavoz oficioso» de Maduro y el «abogado defensor de la dictadura».

«Zapatero ensucia el nombre de España y el prestigio de nuestras instituciones. La democracia española no debe permitirlo», ha enfatizado, para exigir al Ejecutivo que lleve a cabo una «desvinculación nítida» del expresidente y sus posiciones «marginales» y de una «crueldad extrema» con los venezolanos.

Por todo ello, la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso ha subrayado que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez no puede tener en cuenta la opinión de Zapatero. A su entender, la opinión que debe tener en cuenta es la de Juan Guaidó, la de Naciones Unidas, la de los presos políticos o los ciudadanos que «sobreviven a la represión miseria» y que lo que reclaman es «su derecho a vivir en democracia y libertad».

Álvarez de Toledo ha pedido llamar a las cosas por su nombre alegando que lo que hay en Venezuela «es una dictadura». «Es una tiranía asesina que ha sembrado la miseria, la represión, la violencia y la devastación de un país», ha aseverado, para denunciar que en esa situación el expresidente haga de «defensor» de Maduro «contra los valores y ahora también las decisiones de la Unión Europea».

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gabi Ashkenazi, ha pedido este miércoles a su colega española, Arancha González Laya, que España, como «país que ha sufrido el terrorismo», se una a los países que ha declarado organización terrorista a Hezbolá «en su integridad», no solo su rama militar.

En una rueda de prensa conjunta en Jerusalén, donde ha viajado la ministra española, Ashkenazi se ha mostrado satisfecho de que la ministra española le haya informado de que en España «está prohibida por ley» la actividad del movimiento BDS que promueve boicot, desinversión y sanciones –a eso responden sus siglas– contra Israel.

También ha saludado que España haya asumido la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). González Laya ha señalado que ha mencionado este asunto en su reunión con su colega para dejar claro que España se toma muy en serio la lucha contra el antisemitismo.

En cuanto a su petición sobre Hezbolá, la ministra ha respondido que en España se aplica la lista europea y que España no tiene autoridad para incluir o excluir organizaciones de esa lista. Según ha dicho, España apoyó la inclusión de la rama militar de Hezbolá en esa lista.

También ha afirmado que España es «extremadamente cuidadosa en asegurar que organizaciones terroristas de cualquier tipo desarrollen ningún tipo de actividad en España. Como país que ha sufrido el terrorismo «interno e internacional», ha dicho, España sabe que es «importante defenderse por todos los medios» y por eso trabaja con otros socios y con la ONU para ser «firmes defensores de la libertad».

Ashkenazi también ha agradecido a González Laya el apoyo de España en una reciente votación internacional –según fuentes diplomáticas, fue una votación en el seno del Consejo de Derechos Humanos en la que España y todos los socios europeos se abstuvieron– y ha confiado en que la «buena relación» entre los dos países se vea «reflejada en los patrones de voto de España en las organizaciones internacionales».

COLABORACIÓN ECONÓMICA Y CIENTÍFICA

El viaje de González Laya es el primero de un ministro de Exteriores español a Israel en seis años. Ambos gobiernos se han mostrado dispuestos a reforzar la colaboración en materia económica, tecnológica y científica. Además, quieren cultivar el legado común y para eso han inaugurado la Academia del ladino. La ministra española ha invitado a su colega a viajar a España.

Además, los dos ministros han visitado el memorial que honra a diplomáticos reconocidos por salvar judíos durante el Holocausto como «Justos Entre Las Naciones», entre ellos cuatro diplomáticos españoles.

González Laya, que viajará el miércoles a Ramala, tiene también el objetivo de intentar facilitar la vuelta a las negociaciones entre israelíes y palestinos para procurar una solución del conflicto basada en dos Estados que vivan en paz y seguridad, todo ello en torno al próximo 30 aniversario de la Conferencia de Madrid.

No obstante, ha dejado claro que no se trata de proponer una nueva conferencia, porque ningún diálogo empieza así, sino de facilitar la construcción de confianza entre ambas partes para que se reinicie el diálogo.

En cuanto a si España reconocerá a Palestina como Estado, se ha limitado a señalar que «España ya ha dicho en el pasado que estará lista para reconocer a Palestina como estado cuando se den las condiciones» y que lo mantiene.

ISRAEL PIDE CONVENCER A LOS PALESTINOS

Por su parte, su anfitrión le ha pedido directamente a la ministra española que cuando viaje a Ramala «convenza» a los palestinos para «volver a la mesa de negociaciones y negociar directamente con Israel».

Ashkenazi ha puesto en valor los Acuerdos de Abraham alcanzados por su país con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos (EUA) y la normalización con Sudán, pero ha asegurado que no será a expensas del conflicto con los palestinos. Aunque está de acuerdo con la necesidad de medidas de confianza, cree que hace falta voluntad política. «No solo está la puerta abierta, necesitamos diálogo directo», ha dicho.

De su lado, González Laya ha dicho que el plan del presidente saliente de EEUU, Donald Trump, ha tenido «la virtud» de volver a poner el conflicto israelo-palestino en el centro del interés internacional. Ahora, a su juicio, es momento de dar un nuevo impulso a la negociación.

En su opinión, la lucha contra la pandemia de Covid-19 abre una oportunidad para construir esa confianza entre ambas partes. González Laya ha subrayado que todos los ciudadanos, incluidos los palestinos, deben tener acceso a la vacuna, pero Ashkenazi no ha sido concluyente cuando se le ha preguntado si Israel la compartirá con ellos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reclamado a los ciudadanos españoles que se «queden en casa» durante el período navideño, en lugar de realizar desplazamientos a otras comunidades autónomas, y ha defendido la pertinencia de la introducción del término ‘allegado’ en las excepciones de las personas que podrán desplazarse entre CCAA.

«Todos entendemos quién es un allegado, ¿alguien está en contra en que personas que mantienes una relación afectiva que no cae en una definición clásica de familia pueda reunirse en Navidad o Nochevieja? Creo que todo el mundo lo ha entendido», ha señalado en rueda de prensa desde Zaragoza tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que ha estado acompañado por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

En su intervención, el ministro ha recordado que el plan aprobado por Navidad y las CCAA el pasado miércoles establece que «no hay movilidad entre CCAA, excepto para los casos incluidos en el estado de alarma y un encuentro con un familiar o allegado».

Illa ha detallado que en la reunión de hoy los consejeros le han trasladado una «preocupación alta» por la posible incidencia de las fechas navideñas en los contagios, pero no ha avanzado un endurecimiento de las medidas propuestas hasta ahora. «Mi conclusión del intercambio de opiniones es que la mayoría pone énfasis en el cumplimiento de las medidas, más que en su endurecimiento», ha especificado.

El ministro ha realizado un «llamamiento unánime», junto con todos los consejeros», a que la gente celebre las Navidades en casa y respete las restricciones. «De verdad, merece la pena. Hemos visto las consecuencias de los incrementos de casos», ha argumentado.

Mientras llega la Navidad, el ministro ha asegurado que la pandemia «está evolucionando relativamente bien». «Estamos ya en una incidencia acumulada de 193. Todas las comunidades están por debajo de 200. Seis están entre 150 y 200, y tres ya han bajado de 150. El índice de positividad de las pruebas es del 7,62 por ciento, y seguimos haciendo muchísimas. Siguen bajando los indicadores de hospitalización y de UCI. Sigue bajando el indicador de las muertes pero todavía nos cuesta dar la cifra», ha resumido.

Al respecto, el ministro ha señalado que los datos van «bien», pero que aún están «muy lejos» del objetivo de llegar a una incidencia de 25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. «Por eso es tan importante no bajar la guardia, especialmente en las fiestas. A más movilidad más incremento de casos, es decir, más hospitalizaciones y más muertos», ha insistido.

Por otra parte, el ministro ha avanzado que este jueves se publicará una resolución en relación a las pruebas de diagnóstico de infección activa necesarias para viajeros procedentes de países de riesgo. En primer lugar, se dará por válida una prueba de plasma sanguíneo que «tiene el mismo nivel de fiabilidad que las PCR y se vienen usando en algunas CCAA»; también se recoge que las acreditaciones de la prueba negativa se presenten también en alemán y francés, y no solo en español o inglés como hasta ahora; y, por último, se exime de presentar este certificado en viajeros menores de seis años.

Vox defenderá este jueves en el Congreso imponer sanciones para los responsables de los organismos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas que incumplan reiteradamente las recomendaciones del fiscalizador de manera que esta actitud no quede impune, sino que tenga consecuencias, y «derive en una responsabilidad real sobre quienes deliberadamente gestionan los fondos públicos sin el rigor y la diligencia adecuada».

Esta es una de las propuestas de resolución planteadas por Vox al informe de fiscalización relativo a la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el ejercicio 2016 y precedentes y que se someterá a votación este jueves en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En concreto, los de Santiago Abascal demandan que las Cortes insten al Gobierno a establecer «mecanismos que obliguen a llevar a cabo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas» y, en última instancia, «a imponer un régimen sancionador adecuado al reincidente para que el incumplimiento reiterado de las recomendaciones derive en una responsabilidad real sobre quienes deliberadamente gestionan los fondos públicos sin el rigor y la diligencia adecuada».

En sus propuestas, recogidas por Europa Press, Vox incluye otra para instar al Tribunal de Cuentas realizar una «fiscalización recurrente y sistemática» del CIS, así como un seguimiento de las recomendaciones planteadas.

MÁS CONTROL INTERNO

De su lado, el PSOE quiere que las Cortes insten a la Administración General del Estado a tomar las medidas regulatorias y organizativas necesarias para proceder a la «laboralización de la red de campo de CIS» y que se emplace al propio centro a reforzar su sistema de control interno y a establecer procedimientos adecuados en la gestión de su red de campo también con vistas a su laboralización.

Siguiendo las recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas, el PSOE pide al Gobierno que «adecue la capacidad operativa del CIS en cuanto medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado con capacidad suficiente para actuar». La misma petición han registrado el PP y Vox que especifican en este apartado que el CIS debe adaptarse «a los requerimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público».

Vox y el PP también coinciden en que el CIS debe reforzar su sistema de control interno y superar las deficiencias de gestión observadas, y en particular, elaborar manuales de procedimiento en materia de becas y ayudas, convocatoria y celebración de cursos, venta de publicaciones y gestión de la red de campo y, en este sentido, plantean que revise su sistema de distribución de funciones en la tramitación de becas y otras transferencias.

CONTRATOS DETALLADOS Y POR ESCRITO

Además, los de Abascal consideran necesario que se garantice «un procedimiento adecuado de selección de los adjudicatarios» y que se formalicen por escrito los contratos en los supuestos procedentes, «definiendo adecuadamente el objeto, las obligaciones de las partes, el precio o la duración» de los mismos, «a fin de ajustar la gestión de los trabajos encargados al personal de la red de campo a su configuración legal de contratos de servicios sujetos a la legislación de los contratos del Estado».

Asimismo, PSOE, PP y Vox emplazan al centro que preside José Félix Tezanos a tomar medidas para superar la situación de desequilibrio financiero detectada por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2016.

El PSOE y Unidas Podemos han acordado poner en marcha antes de fin de año la comisión del Congreso que investigará la denominada ‘Operación Kitchen’, pero aún no han cerrado comparecencias. El grupo confederal quiere llamar al excomisario José Manuel Villarejo y al expresidente del PP Mariano Rajoy, e incluso pretenden que también desfile el actual líder ‘popular’, Pablo Casado, pero los socialistas prefieren esperar antes de tomar decisiones, según aseguran a Europa Press fuentes de las dos formaciones.

Los portavoces parlamentarios de uno y otro grupo, Adriana Lastra y Pablo Echenique, han mantenido este miércoles una reunión en el Congreso para hablar sobre esa comisión de investigación que ambos grupos promovieron el pasado mes de septiembre y que, aunque el Pleno acordó su creación el 1 de octubre, aún no se ha constituido.

Conforme a lo aprobado, la comisión deberá investigar las responsabilidades políticas del operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes del partido en su ‘caja b’.

En este primer encuentro, Lastra y Echenique han acordado constituir esa comisión antes de que finalice el año y, según han apuntado fuentes socialistas se barajan en concreto dos fechas: el 22 o el 29 de diciembre.

EL PSOE QUIERE PRESIDIR LA COMISIÓN

Antes deberán acordar también con otros grupos la composición de la Mesa que dirigirá los trabajos de la comisión, y de entre esos cinco diputados quién ocupará la Presidencia. Esta vez parece que no se dejará la labor a un miembro de un grupo minoritario, pues el PSOE ya ha hecho saber que quiere presidirla.

Y, una vez puesta en marcha, los socialistas hablarán con otros grupos sobre el plan de trabajo y el listado de comparecencias. Unidas Podemos, no obstante, ya adelanta su objetivo de llamar a declarar al expresidente Mariano Rajoy y al comisario Villarejo.

El PSOE rechaza hablar ya de nombres. En principio, los socialistas podrían aceptar la presencia de Rajoy, dado su protagonismo en esta polémica. En cuanto a Villarejo, lo cierto es que el Grupo Socialista ya se opuso a citarle cuando se investigaron las llamadas ‘cloacas’ de Interior, pero entonces no compartían gobierno con Podemos.

Aún está por determinar si se citará al presidente del PP, Pablo Casado, cuya comparecencia reclama Unidas Podemos. Su portavoz, Pablo Echenique, sostiene que Casado debe rendir cuentas ante los comisionados en tanto que fue elegido presidente «con los votos de María Dolores de Cospedal» –otrora secretaria general del PP– y cuenta en la actual dirección con personas afines a ella.

«Siendo la Kitchen una política de partido, y no manzanas podridas, convendría que Casado explique qué ha hecho al frente del PP para limpiar aquellos, si es que ha limpiado», ha dicho este mismo miércoles Echenique, quien considera no existen «una razón convincente» por la que Casado no deba ser citado en la mencionada comisión de investigación.

Minutos antes, la propia Lastra subrayaba que deben acudir a este órgano «todas las personas que puedan haber tenido vinculación directa» con el ‘Caso Kitchen’, incluida «buena parte de las direcciones que ha tenido el PP», sin descartar expresamente el nombre de Casado.

También se da por hecho que serán citados por el Congreso el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; el que fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y María Dolores de Cospedal.

Los grupos parlamentarios de las Cortes discutirán este jueves sobre la conveniencia de exigir responsabilidades políticas a los responsables de los organismos que no cumplan los requerimientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o las resoluciones judiciales que obliguen al cumplimiento de la ley del mismo nombre.

El debate llegará a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de la mano de Ciudadanos, que ha registrado una propuesta de resolución en este sentido al informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.

En concreto, la formación naranja defenderá que el Gobierno exija «responsabilidades políticas» a las personas responsables de los organismos o entidades «poco transparentes», por ejemplo, cuando sus decisiones sean revocadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por los tribunales, o denunciadas por colectivos de la sociedad civil que trabajen en defensa de la transparencia.

Precisamente, hace unas semanas la Audiencia Nacional instó al Gobierno a informar de los desplazamientos privados del presidente Pedro Sánchez en su avión oficial. En concreto, el tribunal desestimó el recurso con el que el Ejecutivo pretendía no tener que dar cuenta del uso que Sánchez hizo del Falcon que tiene asignado entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019 para en desplazamientos ajenos a su condición de presidente.

Además, la pasada semana el Consejo de Transparencia ordenó al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus.

SANCIONES EFECTIVAS

El órgano encargado de velar por la aplicación de la Ley de Transparencia considera que dar esos nombres no implica vulnerar el derecho a la protección de datos sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes».

Entre sus propuestas de resolución al último informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consejo de Transparencia, a las que ha tenido acceso Europa Press, los de Inés Arrimadas plantean que las Cortes insten al Gobierno a exigir «responsabilidades políticas» para quienes estén al frente de los organismos acusados de falta de transparencia.

Asimismo, reclaman al Ejecutivo que establezca un régimen de «efectivo» de sanciones para los casos de incumplimiento «que no dependa de organismos distintos del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno».

ABRIR EL CONSEJO A LA SOCIEDAD CIVIL

Ciudadanos demanda también que se modifique la Ley de Transparencia para que el Consejo pueda «imponer sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de Transparencia» y que se dote a este órgano de «verdadera independencia» incorporando al mismo miembros de la sociedad civil «en paridad con los actuales componentes sin costes adicionales para el organismo».

Además, la formación naranja solicita que se elimine la necesidad de la firma electrónica para acceder al Portal de Transparencia y que toda la información que contenga sea «comprensible y fácilmente accesible» para la ciudadanía.

También otros grupos han presentado propuestas de resolución que se votarán este jueves y en las que recogen las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hizo en su informe sobre este organismo. Así, PSOE, Vox y Cs coinciden en pedir al Gobierno que apruebe el Reglamento de la Ley de Transparencia.

MÁS PLANTILLA

El PSOE también insta al Gobierno a adecuar la plantilla de funcionarios encargados de la gestión administrativa del Consejo y a incrementar el personal del mismo «en la justa medida y en coherencia con las necesidades generales» del organismo.

De su lado, Vox solicita al propio Consejo que establezca una programación de actividades eficaz y eficiente, adecuada a las posibilidades de financiación y de medios personales y materiales de la institución y a corregir las deficiencias de control interno observadas en su gestión económico financiera por parte del fiscalizador.

El presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE), Apostolos Tzitzikostas, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, han pedido a los negociadores para el Brexit del Reino Unido y la UE que continúen las conversaciones hasta que se llegue a un acuerdo comercial.

Según ha informado el Comité de las Regiones de la UE, durante un debate ‘online’, ambos mandatarios han advertido de que un no acuerdo tendría un impacto «catastrófico, provocando una espiral perjudicial de ‘perder-perder’ para muchas regiones y ciudades de la UE y el Reino Unido».

De este modo, el alcalde de Londres ha pedido una extensión inmediata del período de transición, si no se puede llegar a un acuerdo comercial como parte de las negociaciones en curso.

Además, los gobiernos locales y regionales de la UE y el Reino Unido se han comprometido a intensificar los esfuerzos conjuntos para mitigar el Brexit y cooperar en el futuro en cuestiones como el cambio climático y la migración.

A menos de tres semanas para el final del período de transición y el futuro acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE en el filo de la navaja, los líderes locales y regionales de la UE y el alcalde de Londres han expresado su preocupación por las graves implicaciones de un no acuerdo. Ante este escenario, se han comprometido a trabajar en estrecha colaboración, para garantizar que el impacto territorial del Brexit se evalúe regularmente y para trabajar en áreas de interés mutuo en el futuro.

«Un no acuerdo será catastrófico para muchas regiones y una combinación potente para las economías regionales durante la pandemia. Gobiernos locales y regionales serán los primeros en presenciar las consecuencias de esta negociación final del Brexit en la vida de las personas. Se necesitarán muchos años para establecer nuevas fronteras y comprender lo que significa esta separación para todos nosotros», ha dicho Tzitzikostas.

El presidente del Comité Europeo de las Regiones y gobernador de la región griega de Macedonia central ha afirmado que, «junto con la ciudad de Londres, las ciudades y las regiones del Reino Unido y las regiones y ciudades de la UE trabajarán codo con codo para encontrar formas de suavizar y mitigar el impacto» en sus respectivas comunidades.

«El Brexit ha sucedido y tenemos la obligación de mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Necesitamos trabajar juntos en desafíos compartidos, en ciudades, regiones y países. Quiero asegurarme de que Londres siga siendo un socio clave para Bruselas y para todas las ciudades, regiones y países europeos», ha destacado Sadiq Khan.

Durante el debate, el alcalde de Londres ha instado a Boris Johnson y a la UE a extender el período de transición si no se puede llegar a un acuerdo comercial en los próximos días. «Un no acuerdo simplemente no debería ser una opción. Sería una situación en la que todos perderían tanto el Reino Unido como la UE, lo que costaría puestos de trabajo, reduciría el crecimiento y afectaría el nivel de vida en toda Europa justo cuando estamos en un punto crucial de nuestra lucha contra la pandemia», ha alertado.

En la sesión, celebrada en Bruselas, los miembros del Comité han debatido sobre las formas de mantener y desarrollar las relaciones con las administraciones delegadas del Reino Unido y los entes locales y regionales en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Gibraltar.

El presidente del recientemente creado Grupo de Contacto del CDR-Reino Unido, Loïg Chesnais-Girard (FR / PES), presidente del consejo regional de Bretaña, ha dicho que «los políticos locales y regionales de ambos lados del Canal comparten el interés de limitar el daño a sus economías regionales y locales».

«Para lograrlo, debemos defender la cooperación transfronteriza en nuestros contactos con los gobiernos nacionales y la UE. Dentro de la UE, la Reserva de Ajuste por el Brexit nos ofrece un colchón para las zonas más afectadas. Pido a la UE que se prepare para proporcionar más dinero si, como es probable, el impacto del Brexit supera los 5.000 millones de euros. Este cóctel Covid-Brexit es muy, muy tóxico, y debemos unirnos, tanto económica como políticamente», ha agregado.

En medio de las negociaciones en curso entre la UE y el Reino Unido, Michel Barnier, Jefe del Grupo de Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido, también ha enviado un mensaje.

«Seguimos trabajando por una asociación ambiciosa entre la UE y el Reino Unido que ayude a las personas, comunidades, y también empresas y regiones, para continuar su cooperación de la mejor manera posible en el futuro. Pero, mientras permanecemos abiertos a encontrar soluciones mutuamente beneficiosas, como siempre lo hemos estado, la UE no llegará a un acuerdo a ningún precio», ha afirmado Barnier.

A su juicio, cualquier acuerdo tendría que preservar el mercado único y los intereses económicos a largo plazo de los ciudadanos, las empresas y las regiones de la UE. «Por el momento, todavía tenemos grandes divergencias sobre las conocidas cuestiones de igualdad de condiciones, gobernanza y pesca. Los próximos días serán muy importantes. En cualquier caso, todos deberíamos continuar con los preparativos para todos los escenarios, incluido un no acuerdo el 1 de enero de 2021», ha concluido.

La Fundación Alternativas y Ecoembes han presentado este miércoles 9 de diciembre el ‘Informe sobre sostenibilidad en España 2020’ con el que han reclamado la «aceleración» de una transición ecológica que pivote la sostenibilidad como «eje central» de las políticas que se lleven a cabo.

Este estudio ha servido para identificar la evolución de diferentes aspectos «básicos» en el medio ambiente español en los últimos 20 años, y también el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país, tanto a nivel internacional como con la UE.

El informe ha contado con la participación de más de ocho autores que han sido los encargados de analizar ocho ámbitos ambientales, como la descarbonización, el transporte sostenible, la biodiversidad, el sistema agroalimentario, la gestión del agua, la ocupación del territorio, la calidad del aire y la economía circular.

El acto de presentación ha estado presidido por el vicepresidente de la Fundación Alternativas, Diego López; la directora de relaciones externas y RSC de Ecoembes, Begoña de Benito y el director general del Servicio Jurídico y ex director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, quien ha sido el encargado de presentar las principales conclusiones del documento.

«El cambio climático es incuestionable. En los últimos años se ha acelerado enormemente la necesidad de actuar. Vamos hacia un modelo en el que la sostenibilidad debe ser el eje de la actividad reglamentaria, de la conducta de los operadores económicos y del propio modo de vida de la sociedad», ha sostenido Calleja, que ha recalcado que la pandemia del coronavirus ha subrayado que la solución pasa por actuar porque «la propagación de pandemias es cada vez un asunto más frecuente».

Otra de las principales conclusiones que refleja el informe es que ya no hay tiempo y define la próxima década como la «última» para actuar de una manera «radical» a como se ha actuado en los últimos 20 años y así poder «garantizar el desarrollo y bienestar de los ciudadanos».

Ambas organizaciones han recordado que desde hace más de 20 años, diferentes organismos internacionales, europeos y nacionales establecieron el año 2020 como «un año disruptivo» para el desarrollo sostenible; sin embargo, «parece que va a ser así» debido a la mala planificación y al escaso cumplimiento de los objetivos.

«La lucha contra el cambio climático se ha convertido en el primer desafío mundial. Corre peligro la existencia de los seres humanos», ha lamentado López que ha apelado a que Europa debe ser quién lidere la transición ecológica. «Estados Unidos y China van en cabeza en el desarrollo tecnológico pero la UE lidera la transición ecológica y debe reforzar su posición porque no hay recursos energéticos fósiles, por lo que no nos interesa un desarrollo de estos recursos», ha sostenido el vicepresidente de Fundación Alternativas.

Por su parte, Begoña de Benito ha abogado por «escuchar» a los expertos y ha advertido que el coste de no actuar será «más caro» que el coste que de las medidas que se tomen. «Debemos tomarnos en serio las políticas de prevención y de mitigación de riesgos. Hay que contribuir a luchar contra el cambio climático y para ello hay que implementar la idea de que es el momento», ha subrayado.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES

El informe, coordinado por José Luis de la Cruz, profundiza en cada uno de los ocho temas en torno a los que gira el documento. Por ello, De la Cruz ha resaltado la necesidad de potenciar la formación y concienciación a los trabajadores para poder lograr una descarbonización «total» de la economía.

En cuanto al transporte, el documento revela que el vehículo privado representaba en 2018 el 78 por ciento de la movilidad nacional aunque aclaran que la solución no pasa por la prohibición total del uso del coche sino «por el diseño de ciudades en las que no haga falta desplazarse en dicho medio».

Por ello, se recomienda fomentar la reducción de viajes, sobre todo de cara a favorecer modos más sostenibles y eficientes y a su vez integrar el transporte público como «eje vertebrador» del sistema de movilidad urbano.

BIODIVERSIDAD Y ALIMENTACIÓN

De cara a proteger la biodiversidad, Fundación Alternativas pone de manifiesto la «importancia de la implicación» por parte de la población, ya sea de forma directa o a través de organizaciones sociales, empresariales y administraciones. En este contexto, la fundación señala la «necesaria» toma de conciencia sobre la convivencia y adaptación del hombre al sistema natural como fórmula para conseguir la transición ecológica.

Asimismo, en cuanto al sistema agroalimentario, se pretende apostar por una cultura alimentaria basada en un consumo sostenible y saludable, con alto contenido en frutas, legumbres y hortalizas frescas y de temporada, y un consumo reducido de productos procesados y de origen animal.

También se considera necesaria una fiscalidad para proteger, conservar y utilizar el potencial del capital natural de gran valor que tiene España en su territorio, lo que permitirá, según el informe, el mantenimiento de la prestación de los servicios ecosistémicos que presta y servirá como financiación de las inversiones necesarias para la mejora de las condiciones de vida de la población en el medio rural lo que ayuda ante el reto demográfico de gran parte del territorio español.

CALIDAD DEL AIRE Y ECONOMÍA CIRCULAR

Respecto a la calidad del aire, el documento recomienda implantar zonas de bajas emisiones en núcleos urbanos e integrar las políticas de salud, calidad del aire y cambio climático para «evitar errores del pasado como la promoción de los vehículos diésel».

Por último, se recalca que se debe facilitar el desarrollo de la Estrategia Nacional de Economía Circular mediante una hoja de ruta 2020-2030 consensuada a través de un debate público, mientras que para las políticas de gestión de agua se demanda una estrategia coordinada a largo plazo en la que se consigan los objetivos en términos de desarrollo sostenible, como la reducción de afluentes contaminantes, eficiencia en el uso de agua o la conservación de diversidad biológica en ecosistemas acuáticos.

El Rey emérito Juan Carlos ha presentado ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€, incluyendo intereses y recargos, según un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco.

«En cualquier caso S.M. el Rey D. Juan Carlos, continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno», añade la breve misiva.

La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares, y usarían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Este asunto está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en unas diligencias en las que también colabora el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no había sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.

Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de «inteligencia financiera» –Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)–.

Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales.

Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un ‘trust’ en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha instado este miércoles a implicar a «todos los partidos políticos» y a instancias relevantes, como la Comisión de Venecia, en el diseño de cualquier reforma que se plantee para superar el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), remarcando que «es muy importante evitar si se puede cualquier tipo de influencia política en los nombramientos» de sus miembros, y ha ofrecido la ayuda de Bruselas al Gobierno para encontrar una solución.

Así lo ha afirmado en una comparecencia telemática en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE para presentar el informe sobre el Estado de Derecho en la UE en su capítulo referido a España, que analiza cuatro aspectos «clave», como son la independencia, calidad y eficiencia del sistema judicial, la lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y los controles internos.

En relación con el sistema judicial, ha contado la actual situación del CGPJ, cuyo mandato expiró hace dos años, entre las «amenazas» recogidas por dicho documento. Reynders se ha mostrado consciente de que desde la publicación del informe, el pasado mes de octubre, «ha habido una serie de evoluciones y tendencias posteriores en relación con una serie de proyectos legislativos».

En estos meses, PSOE y Unidas Podemos han presentado dos proposiciones de ley, una para cambiar las mayorías por las que se elige a los doce vocales del turno judicial, que permanece congelada en el Congreso de los Diputados para dar margen a las negociaciones con el PP sobre la renovación del CGPJ, y otra más reciente para impedir que un Consejo caducado pueda hacer nombramientos. Reynders no ha querido entrar en detalles sobre esta última, afirmando que Bruselas la evaluará una vez se adopten las decisiones.

El político belga ha hecho hincapié en que, si bien «es necesario abordar la cuestión de que aún no se ha podido nombrar a los miembros que hay que nombrar del CGPJ, al mismo tiempo es muy importante garantizar que el CGPJ no se percibe como susceptible de ser politizado».

Reynders ha asumido que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es un asunto «muy politizado» y por ello ha instado a todos a «poner de su parte, participar y diseñar juntos las posibles reformas». En concreto, ha emplazado a «todos los partidos políticos» a participar en el proceso para renovar el CGPJ, bien nombrando a sus nuevos miembros o bien debatiendo una «reforma positiva».

A este respecto, ha revelado que en sus contactos con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, les trasladó que «es importante que en el momento en el que los estados miembros realicen sus reformas judiciales lleven a cabo también consultas con todos los interesados y con las instancias importantes, incluida la Comisión de Venecia del Consejo de Europa».

En cualquier caso, ha declarado que «la Comisión seguirá de cerca todo lo que ocurra en relación con esta cuestión» y que «está completamente dispuesta a participar y a colaborar con el Gobierno español para encontrar una solución».

EL PSOE CRITICA EL VETO DEL PP A PODEMOS

Los portavoces parlamentarios también han expresado su pesar por el bloqueo en el CGPJ. Vox, Ciudadanos y Junts per Catalunya han criticado la politización del CGPJ por el sistema de nombramientos de los vocales, mientras que el PP y los partidos de Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– se han echado en cara la parálisis.

El diputado socialista Francisco Aranda ha reprochado al PP que vete a la formación ‘morada’ en las negociaciones para renovar el CGPJ, criticando que con ello «haya partidos de primera y de segunda en el Congreso» y, en concreto, que «haya partidos democráticos con representación política» a los que se les expulse de proceso institucionales. Sin embargo, ha subrayado, «no tiene tanta pega en ir con Vox, un partido con tintes que están rozando el odio y la xenofobia».

Desde el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea, Enrique Santiago ha dicho que el CGPJ está en «inconstitucionalidad sobrevenida» y pese a ello sigue tomando decisiones, pidiendo al comisario que convenza al PP de que «cese en su actitud tremendamente sediciosa». Según Santiago, su grupo ve «imprescindible» mantener la mayoría cualificada para la renovación del CGPJ pero ha defendido la reforma (aparcada) que permitiría hacerlo «de forma excepcional».

Por su parte, el ‘popular’ Fernando de Rosa ha denunciado ante el comisario que todas las reformas del Poder Judicial emprendidas por el Gobierno van «directamente a atacar su independencia» y se ha mostrado preocupado por que se adopten reformas que se asemejen a las de Polonia o Hungría y España «se sume al club de países con un Poder Judicial debilitado».

Además, ha dicho que «lo más preocupante» es la «fijación» del vicepresidente, Pablo Iglesias, con «controlar» la Justicia, lo que le ha llevado a ser «tres veces reprobado» por el CGPJ por sus «manifestaciones de desprecio». También ha recordado que su partido asesoró jurídicamente a Venezuela «con el fin de posibilitar el asalto al poder judicial».

«SATISFACCIÓN» POR LAS PROPUESTAS DE DELGADO SOBRE LA FGE

Por otro lado, el comisario europeo ha aludido a los «debates» en torno a la figura del fiscal general del Estado, que se deben a que tanto su designación como su cese dependen del Gobierno, algo que han resaltado los grupos parlamentarios, recordando además que en el caso de Dolores Delgado fue ministra de Justicia.

Al igual que con el CGPJ, Reynders se ha mostrado consciente de que desde la presentación del informe ha habido movimientos, apuntando en concreto a la reciente propuesta lanzada por Delgado para cambiar el sistema de nombramiento de este cargo y sus comunicaciones con el Gobierno con el fin de reforzar su autonomía, dadas las exigencias de la nueva LeCrim.

«Todos estos cambios, los saludamos con satisfacción», ha dicho el responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario, para añadir a renglón seguido que el Bruselas seguirá la evolución de los acontecimientos en este sentido.

CATALUÑA, UNA CUESTIÓN NACIONAL

Reynders ha querido dejar claro que, si la Comisión Europea concede tanta importancia a que toda reforma del ámbito constitucional sea por consenso, es por su «respeto pleno al ordenamiento constitucional de cada país».

De hecho, ha mencionado este asunto justo después de dejar claro que el informe del Estado de Derecho no abordó ninguna cuestión relativa a la «autodeterminación» de Cataluña porque ésta «sigue siendo una cuestión interna, doméstica, de España» que «tiene que dirimirse de acuerdo con la normativa nacional». De esta forma, ha respondido tanto a Mariona Illamola, del Grupo Plural, como a Laura Castel, del Grupo Republicano, que han reprochado a Bruselas su «silencio» en este informe sobre Cataluña.

El comisario europeo ha despejado asimismo como «una cuestión nacional» las preguntas relativas al papel del español como lengua vehicular que ha hecho Marta Martín, de Ciudadanos, que lo ha calificado de «atropello» a los derechos fundamentales.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro GarcíaEgea, ha reunido este miércoles a los consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el PP para coordinar acciones conjuntas contra la reforma educativa promovida por el Gobierno, bautizada como ‘Ley Celaá’. Según ha recalcado, las autonomías del PP serán «la salvaguarda de la libertad educativa».

El propio líder del PP, Pablo Casado, ya avanzó a finales de noviembre que sus autonomías legislarán vía decreto para evitar la Ley Celáa «socave la libertad de las familias» y para «poner a salvo la libertad educativa». «El Estado autonómico es para estas situaciones», avisó entonces.

Durante ese encuentro telemático, García Egea ha repasado las iniciativas llevadas a cabo en contra de esta ley, como la recogida de firmas o las protestas en la calle –sumándose a la plataforma ‘Más Plurales’–, y ha dicho que esas acciones han contribuido a generar una conciencia social en la ciudadanía.

En este sentido, el ‘número dos’ de los populares ha resaltado que esas actuaciones ponen de manifiesto que el PP, junto con las plataformas educativas, «ha sido y es la única oposición a esta ley». Solo en la Comunidad de Madrid, el partido ya ha recogido más de 55.000 firmas.

EL PP DEROGARÁ LA LEY SI LLEGA A MONCLOA

García Egea ha señalado que el PP derogará esta ley educativa en cuanto Pablo Casado sea presidente del Gobierno y llegue al Palacio de la Moncloa. Además, ha confirmado que recurrirá esta norma ante el Tribunal Constitucional cuando esté definitivamente aprobada.

Tras asegurar que el PP también denunciará los «perjuicios» de esta ley en las instituciones europeas, ha dejado claro que su partido seguirá «dando la batalla por la libertad educativa, ante un Gobierno que ni siquiera se ha dignado a reunirse conprofesores, padres, alumnos o expertos, dando la espalda a la comunidad educativa«, según ha informado en un comunicado.

A esta reunión telemática con los consejeros y portavoces de Educación se han sumado también los vicesecretarios de Territorial y Política Social del Partido Popular, Antonio González Terol y Ana Pastor, así como la portavoz adjunta en el Congreso, Sandra Moneo.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha señalado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la llegada de 200 migrantes a Granada derivados desde las Islas Canarias con «absoluta oscuridad», en una gestión política por la que plantea que debe dimitir del cargo una vez «demostrada su incapacidad».

En una pregunta registrada en el Congreso, el partido de Inés Arriadas se refiere a la «viralización en redes sociales de unos vídeos hechos por particulares en el aeropuerto de Granada» para denunciar que el Gobierno «fletó el pasado día 8 de diciembre, de madrugada, un avión procedente de Canarias con doscientos inmigrantes a bordo y destino a esta ciudad andaluza». Esta misma denuncia la hizo antes el regidor de Granada, Luis Salvador, también de Cs.

La formación critica la «absoluta oscuridad» con la que el Gobierno de Pedro Sánchez está gestionando la crisis migratoria por la llegada de pateras a Canarias en el último año, poniendo como ejemplo el reciente traslado a Granada, donde los migrantes «quedaron abandonados a su suerte en una ciudad confinada perimetralmente y con estrictas medidas higiénico-sanitarias y de restricción de la movilidad».

En este sentido, recuerdan que Grande-Marlaska manifestó hace apenas unos días que las derivaciones a la península solo se producirían en situaciones «extraordinarias, excepcionales y de urgencia» y vinculó las mismas con colectivos «difícilmente retornables dada su vulnerabilidad, sin llegar a ser ni claro ni explícito –según Cs– sobre si los desplazamientos a la península se estaban ya produciendo o no».

El partido naranja pregunta por qué no se informó a las autoridades locales granadinas, así como a la Junta de Andalucía, de que iba a producirse el traslado de más de doscientos inmigrantes procedentes de Canarias a dicha ciudad.

También se interesa por las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 y preguntan, más allá del traslado a Granada, a cuántos migrantes irregulares se han derivados a la Península y cuántos vuelos han sido fletados con este propósito, así como las ciudades donde han sido derivados.

«¿Va a dimitir el ministro del Interior por su demostrada incapacidad para gestionar esta crisis?», se pregunta finalmente Cs.

El proyecto europeo LIFE INTEMARES, que coordina la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha sumado a cuatro nuevos socios para avanzar en la ampliación de los espacios marinos protegidos y su gestión eficaz. En concreto, se han incorporado la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y la Agencia de Medio Ambiente y Agua; el centro tecnológico AZTI; la Universitat Politècnica de València (UPV); y la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (EPS-UA).

Estas entidades se unen al equipo de socios que viene trabajando de manera coordinada desde el inicio del proyecto en 2017 y que integra a una representación diversa de competencias e intereses.

Forman parte del LIFE INTEMARES el propio Ministerio, que ostenta las competencias en la gestión de la Red Natura en el medio marino a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; el Instituto Español de Oceanografía (IEO); la Confederación Española de Pesca (CEPESCA); así como dos ONG con amplia experiencia en la conservación de la biodiversidad marina, como son SEO/BirdLife y WWF-España.

Con estas nuevas incorporaciones se refuerzan la investigación y la conservación de la biodiversidad marina, las nuevas tecnologías para el seguimiento de hábitats y especies, así como la gobernanza y la cooperación institucional.

IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO AZUL

En particular, la Junta de Andalucía desarrollará actuaciones para mejorar el conocimiento y el seguimiento de hábitats marinos. También implicará a los diversos agentes del territorio en la gestión de los espacios protegidos, emprenderá acciones de sensibilización y asegurará la puesta en marcha de mecanismos para mitigar el impacto de actividades recreativas sobre hábitats de interés comunitario, principalmente praderas de posidonia, arrecifes y cuevas submarinas. Asimismo, impulsará el emprendimiento azul en lugares de la Red Natura en el medio marino de Andalucía.

Por su parte, AZTI participa junto al IEO en las campañas de investigación que se desarrollan para la declaración de nuevos espacios marinos protegidos, en concreto, en el sistema de cañones submarinos de Cap Bretón, que alberga especies y hábitats de alto valor ecológico. También participa en las acciones de marcaje y seguimiento de pardela balear, junto al MITECO y SEO/Birdlife, para conocer mejor esta ave marina, la más amenazada en Europa.

La Universidad de Alicante también trabajará junto al IEO, a través de su unidad mixta, en campañas oceanográficas en Cabo Tiñoso, en Murcia, con el objetivo de aumentar el conocimiento de hábitats y especies marinos en el área comprendida entre el Escarpe de Mazarrón, Seco de Palos y campo de pockmarks, unas estructuras submarinas causadas por emisiones de gases.

Por último, la Universidad Politécnica de Valencia también colaborará con el IEO en el desarrollo tecnológico de una red de observación marina basada en plataformas que permiten estudiar la dinámica del fondo marino, campos de corrientes, materia en suspensión y el ruido submarino, así como en la utilización de vehículos submarinos no tripulados para la monitorización de hábitats y especies. También desarrollarán marcas electrónicas y acústicas en el seguimiento de especies para estudiar la conectividad entre espacios protegidos.

AUMENTO DE LA SUPERFICIE MARINA PROTEGIDA

Desde el inicio del proyecto, en 2017, se han implicado directamente en el proyecto LIFE INTEMARES más de 770 organizaciones, que han participado en diversas actuaciones para conseguir que el aumento de áreas marinas protegidas vaya asociado a la mejora del conocimiento, así como al refuerzo de la coordinación y una estructura de gobernanza desde un enfoque participativo que integre a todos los gestores, agentes y usuarios del mar.

En este sentido, España está avanzando en la prioridad de alcanzar el 30% de áreas marinas protegidas y bien gestionadas en 2030, tal y como marcan la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea y la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental declarada por el Gobierno de España.

En tan solo unos años, España ha pasado de proteger menos del 1% de la superficie marina a más de un 12% actualmente. Gracias a esto, España es uno de los pocos países europeos que ha superado el umbral del 10% de cobertura al que se comprometió en el Convenio de Diversidad Biológica (CBD).

Con el proyecto LIFE INTEMARES, España se marca el objetivo de llegar a una cobertura de más del 15% de superficie marina protegida en 2023. La integración de fondos, políticas y actores constituye uno de los cimientos sobre los que se sustenta para lograr esta meta.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO PARA LA PROTECCIÓN DE ESPECIES

Para mejorar el conocimiento científico en el medio marino, se han llevado a cabo diversas actuaciones, entre las que se incluyen 16 campañas de investigación. Entre otras, se ha explorado Cabo Tiñoso, Cap Bretón y los montes submarinos de Mallorca, para conocer los hábitats y especies presentes en estos espacios para su posible declaración como espacios de la Red Natura 2000.

En conservación de especies, se han desarrollado actuaciones para asegurar la supervivencia de la nacra, molusco endémico del Mediterráneo en estado crítico de extinción. Además, se han dado los primeros pasos para la elaboración y actualización de estrategias y planes de conservación, como el de la marsopa o la lapa Patella ferruginea, entre otras, que permitan adoptar medidas para reducir el grado de amenaza de especies y hábitats de interés comunitario incluidos en las Directivas Hábitats y Aves.

Asimismo, se han iniciado 10 procesos participativos para involucrar de forma activa a los sectores socioeconómicos y la ciudadanía en la elaboración de estrategias y planes de gestión que permitan compatibilizar los usos y actividades con la conservación de los valores naturales en los espacios marinos protegidos, entre otras actuaciones.

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha denunciado este miércoles la falta de apoyos que existen, tanto para las madres de niños con discapacidad, como para las madres con discapacidad que tienen hijos a su cargo, así como a aquellas mujeres con discapacidad que quieren ser madres.

Durante el webinario ‘Maternidad y Discapacidad’ enmarcado en el ciclo de encuentros ‘No estás sola’, impulsado por CERMI Mujeres se ha escuchado a mujeres encuadradas dentro de estos tres perfiles que han ofrecido sus testimonios sobre la realidad que viven en este sentido.

Carola López Moya, Victoria González, Reyes, son tres madres de jóvenes con discapacidad que han llamado la atención sobre la necesidad de apoyo psicológico, de salud mental y económico para ella en si situación. Según han explicado, muchas en su situación dejan de trabajar para atender a los menores que, en muchos casos, necesitan atención a tiempo completo y, tal y como demandan, necesitan apoyo económico.

También han reclamado la necesidad de que se les puedan ofrecer determinados servicios para el cuidado de sus hijos. «Si no estamos nosotras pendientes, no hay nadie que lo haga», han denunciado.

RECLAMAN EL DERECHO A SER MADRES

En la jornada también ha participado Rosana, una madre sordociega, que ha denunciado cómo su propia familia interfería y ponía barreras para que asumiera sus responsabilidades como madre debido a los estereotipos de su familia en este sentido, habiendo solicitado incluso su esterilización.

En este sentido, la coordinadora del Área de Mujeres de AFANIAS, Luisa González, ha abordado la realidad de las madres con discapacidad intelectual, y ha llamado la atención sobre el miedo que sienten por el temor a que les quiten sus hijas o hijos, o cómo sus propios entornos les alejan de la idea de ser madres.

Otros testimonios de este webinario han corrido a cargo de Amparo, mujer con discapacidad psicosocial y Ana Bravo, madre con discapacidad visual, quienes han compartido sus experiencias para reclamar sus derechos como madres.

Finalmente, Abigail Jaumandreu, mujer con parálisis cerebral, ha contado cómo su deseo siempre ha sido ser madre, pero ha reconocido que para ello es necesario que exista una asistencia personal y personalizada para el cuidado de niñas y niños.

Los Red de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA, por sus siglas en Inglés) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), han publicado su estrategia conjunta para los próximos cinco años.

Esta estrategia detalla cómo la red de agencias seguirá garantizando el suministro de medicamentos seguros y eficaces que cubran las necesidades de los pacientes ante los desafíos planteados por los avances, cada vez más rápidos, de la ciencia, la medicina, las tecnologías digitales, la globalización, así como las nuevas amenazas para la salud, como la pandemia por la Covid-19.

«Esta pandemia ha puesto de manifiesto el papel fundamental de la regulación de los medicamentos para garantizar la protección de la salud pública. La falta de disponibilidad de medicamentos, debido a la falta de comercialización o los problemas de suministro, ha demostrado que se trata de una amenaza serie para la salud. Esta estrategia garantiza la unión de los esfuerzos en toda la Unión Europea para lograr mejoras tangibles para los ciudadanos», ha dicho la directora de la EMA, Emer Cooke.

La estrategia de la red de agencias europeas de medicamentos hasta 2025 destaca seis áreas prioritarias: disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos; análisis de datos, herramientas digitales y transformación digital; innovación; resistencia a los antimicrobianos y otras amenazas emergentes para la salud; desafíos en la cadena de suministro; y sostenibilidad de la Red y excelencia operativa.

La estrategia identifica las metas estratégicas para cada una de estas áreas, que serán transformadas en acciones concretas dentro de los planes de trabajo de las autoridades nacionales competentes en EU y de la EMA en los próximos cinco años. Asimismo, refleja algunos de los desarrollos más recientes relacionados con la pandemia por la COVID-19, cuyas enseñanzas se han incorporado en el documento y se añadirán en los planes de trabajo de forma continua.

Antes de su aprobación, esta estrategia se sometió a consulta pública de julio a septiembre de 2020. Todos los comentarios recibidos por las partes interesadas fueron analizados y revisados para perfeccionar y finalizar la estrategia. Estos comentarios y su correspondiente análisis están disponibles en este documento independiente.

Además, se presentó y debatió con pacientes, consumidores y profesionales sanitarios en marzo de 2020, mientras que industria, investigadores y grupos veterinarios hicieron su contribución por consulta escrita.

En paralelo, el documento se desarrolló en colaboración con la Comisión Europea y los temas principales están alineados con los temas cubiertos en la Estrategia Farmacéutica publicada por la Comisión, la cual marcará la futura política farmacéutica de los medicamentos de uso humano en la Unión Europea.

La red de agencias reguladoras revisará la estrategia cada 18 meses para comprobar que las metas y objetivos siguen siendo apropiados y para ajustarlos en caso de que fuera necesario, a la luz de los cambios del entorno y el compromiso continuo de las partes interesadas.

El 85% de los padres en España afirma que para los adolescentes estar en redes sociales es importante para sentirse reconocidos y valorados, según concluye la segunda edición del estudio ‘El impacto de las pantallas en la vida familiar. Los adolescentes’, realizado por empantallados.com y GAD3, con el apoyo de ‘Por un uso Love de la Tecnología’ y la Comisión Europea.

La investigación, realizada de forma cuantitativa y cualitativa en España durante el curso 2019/20, está basado en una encuesta a una muestra representativa de padres con hijos menores de 18 años y en focus groups con adolescentes y padres.

Según concluye el estudio, los padres opinan que la mejor edad para comprar a sus hijos su primer smartphone son los 13 años, una herramienta que, cuando llega, eclipsa a los demás dispositivos. Además, el ordenador queda relegado a las tareas escolares; la tablet está asociada a niños pequeños; y la consola, para muchos se circunscribe a los fines de semana.

En este sentido, los padres opinan que la mejor edad para comprar a sus hijos su primer smartphone es 13 años; y para que tengan perfiles en redes sociales, 15 años.

Por otro lado, los padres y madres españoles creen que las pantallas ofrecen a sus hijos más oportunidades que riesgos, y, en una escala del 1 al 5, la valoración media es 2,9. Les preocupa, sin embargo, la relación con desconocidos, el ciberacoso y el acceso a contenidos inadecuados.

El estudio señala que la mayoría de los padres piensan que, si privaran a su hijo de las pantallas durante un tiempo prolongado, les generaría aburrimiento, ansiedad o rebeldía. Al mismo tiempo, tres de cada cuatro padres creen que su hijo encontraría una actividad alternativa.

Los padres reconocen haber oído a sus hijos o a los amigos de sus hijos decir que quieren ser youtuber (41%), gamer (37%) o influencer (27%).

En relación con la mediación parental, el 80% de las familias aplica alguna regla sobre el uso de las pantallas. La más habitual es establecer horarios (72%); le sigue la restricción del uso en determinados lugares y momentos, como durante las comidas o la habitación (54%).

Para encontrar información sobre cómo educar en el mundo digital, el 44% de los padres dice que recurre a internet. Ademas, reconocen que sobre todo utilizan Google para encontrar consejos sobre algo que les preocupa de forma puntual.

Finalmente, el estudio recoge algunas líneas educativas en las que incidir en la educación de los adolescentes: ayudarles a cultivar una sana autoestima, promover un uso equilibrado de los dispositivos, educarles en habilidades sociales y reforzar determinados hábitos intelectuales en los que la tecnología no siempre ayuda (sentido crítico, foco, constancia), acompañado de un ambiente de confianza.

Los entes locales y regionales han aprobado sus propuestas para mejorar el transporte público en las ciudades y regiones metropolitanas en el pleno de diciembre del Comité Europeo de las Regiones.

Según ha informado este miércoles el organismo, el Dictamen, elaborado por Adam Struzik (PL/PPE), presidente de la región de Mazovia, destaca los desafíos que plantea el incremento del tráfico rodado en las ciudades y las áreas metropolitanas y aboga por soluciones de movilidad sostenibles e inteligentes.

En este sentido, ha explicado que el transporte genera cerca de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, y algunos medios de transporte repercuten negativamente en la calidad de vida y la salud de las personas como consecuencia de la contaminación atmosférica, la congestión del tráfico, el ruido, los accidentes y la forma en que se utiliza el espacio público.

Por otra parte, ha señalado que la naturaleza de las regiones metropolitanas exige que los ciudadanos se desplacen desde las zonas periurbanas hasta los centros urbanos. «Todo ello hace necesaria una transición hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente e implica un transporte público eficiente desde la perspectiva de los costes que ocupe una posición central en esta transformación», ha defendido el Comité.

Struzik ha apuntado que «las ciudades modernas se basan en la buena organización y la gestión eficaz del transporte público, algo fundamental para su desarrollo». «Necesitamos soluciones alternativas y sostenibles a los desplazamientos individuales en automóvil, cuyos costes reales se valoran muy a la baja en la actualidad. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de la inversión de la tendencia a utilizar el transporte público, debido a la pandemia de COVID-19», ha subrayado.

«Por lo tanto, debemos invertir en soluciones innovadoras, aprender de la situación actual y desarrollar unos sistemas de transporte público resilientes que representen una opción segura y justa para afrontar la crisis actual y cualquier otra que pudiera surgir en el futuro», ha afirmado el presidente de la Región de Mazovia.

En este escenario, el ponente pide a la Comisión Europea que garantice su apoyo y financiación, no solo en favor de nuevas inversiones en transporte público urbano e infraestructuras de movilidad no motorizada, sino también para replantearse las soluciones obsoletas e ineficientes.

Según ha manifestado el Comité Europeo de las Regiones, el Mecanismo ‘Conectar Europa’, el Fondo de Modernización y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, junto con el Fondo de Transición Justa, deberán aportar sus cuotas de inversión en movilidad urbana sostenible al objeto de ayudar a las ciudades y las áreas metropolitanas a lograr la descarbonización de todas las modalidades de transporte y garantizar una distribución modal más sostenible.

Asimismo, el ponente destaca la importancia de encontrar la manera de satisfacer las necesidades de transporte de los ciudadanos, reduciendo al mismo tiempo sus necesidades de desplazamientos y los efectos negativos que estos entrañan. La estrecha cooperación en materia de transporte y ordenación del territorio permitirá que, en una red de centros adecuadamente modulados, los ciudadanos accedan a todo tipo de bienes y servicios, en particular en los ámbitos de la salud, la educación, el deporte, la cultura y el apoyo social, ha remachado.

El ponente propugna también unos sistemas de transporte público integrados y fiables que conecten las zonas rurales a las periurbanas y urbanas, especialmente para los trabajadores que se desplazan a diario, las personas mayores y los jóvenes.

«Los entes regionales desempeñan una función particular en la eficiencia del transporte público, así como en la integración de las ciudades y las áreas metropolitanas con las zonas rurales, a través de una planificación moderna y la financiación del transporte público. En este ámbito asumen también un papel esencial tanto la financiación externa procedente de los fondos de cohesión de la UE como otros instrumentos que financian las inversiones en transporte, especialmente el Fondo de Transición Justa, que forma parte del Pacto Verde Europeo», sostiene Adam Struzik.

Según Struzik, las ciudades y las áreas metropolitanas necesitarán decisiones políticas basadas en una labor conceptual, organizativa y educativa, y deberán disponer de los recursos financieros apropiados para alcanzar sus objetivos de descarbonización. El cambio en los hábitos sociales para adoptar en mayor medida unos transportes menos perjudiciales para el medio ambiente pasa por sensibilizar a los usuarios y, sobre todo, ofrecer alternativas reales, ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para dar continuidad al seguro de responsabilidad civil sanitaria del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, por un valor estimado de 699.663,31 euros.

Este acuerdo, según lo acordado, resulta imprescindible no solo desde el punto de vista legal, sino también teniendo en cuenta los escenarios que abarca la actividad del personal sanitario del Ministerio de Defensa, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Con este contrato de responsabilidad civil sanitaria se garantiza que el desempeño de la actividad de los profesionales sanitarios pueda realizarse en las condiciones adecuadas y con las mayores garantías, ampliando así el derecho del paciente al obtener una mayor tutela.

Por otro lado, la Administración resulta también beneficiada, ya que el perjudicado puede ser resarcido directamente; y, finalmente, la compañía aseguradora aporta su experiencia práctica en los procedimientos que se sustancien.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ‘RADAR COVID’

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de mantenimiento, soporte y evolución de la aplicación de rastreo de contactos ‘Radar COVID’.

Una vez expirado el contrato para la puesta en marcha del piloto ‘Radar COVID’, la tramitación de este contrato permitirá el desarrollo de la aplicación, que puede contribuir de manera significativa a la contención de la pandemia.

En la actualidad la aplicación ha registrado más de 5,58 millones de descargas y, ante la evolución de la situación sanitaria, se perfila como una herramienta de gran utilidad para apoyar el traceo de contactos y contribuir así a contener la transmisión del COVID-19.

La empresa adjudicataria del contrato es Indra ya que es la única que puede responder de forma inmediata y realizar la prestación en el plazo requerido, teniendo en cuenta la experiencia que ha adquirido estos meses en relación a esta aplicación. El contrato tiene una duración de 24 meses y un importe de 1.740.101 euros, IVA incluido.

Por otra parte, el Gobierno ha acordado modificar los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto de Salud Carlos III, la tramitación anticipada de la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de la Acción Estratégica de Salud correspondiente a 2021, integrada en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2021.

MATERIAL SANITARIO PARA LA GUARDIA CIVIL

Del mismo modo, el Consejo de Ministros ha acordado la contratación del suministro de 10 kits ‘TaqPath COVID-19 CEVDRT-PCR’, para la realización de 10.000 pruebas de reacción (RT-PCR) en tiempo real, así como material fungible para la toma de muestras y diagnosticar a personas con COVID-19, para el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, con motivo de la propagación del citado virus, por importe máximo de 240.779,20 euros.

También ha aprobado la adquisición de un total de 70.000 unidades de test de prueba rápida COVID-19 IgG/IgM y COVID-19 Ag (antígeno) C-20, para la realización de análisis de detección de COVID-19 en la Dirección General de la Guardia Civil, por importe de 405.200 euros.

Finalmente, el Gobierno ha acordado la adquisición de 650.000 mascarillas higiénicas reutilizables para la Guardia Civil con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 1.045.000 euros.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que el republicanismo es ya una «identidad política» en España, que será «decisiva» en próximos procesos electorales y que se erige como solución al conflicto territorial en España

Así lo ha indicado durante su intervención en la presentación telemática del último libro del escritor Daniel Bernabé, titulado ‘La distancia del presente’, que ha tenido lugar este miércoles en el Círculo de Bellas Artes.

Al hilo de la publicación, que repasa los principales acontecimientos políticos y sociales del país, Iglesias ha destacado que se ha abierto un «espíritu republicano» que se proyecta «hacia el futuro», con experiencias «más democratizantes» y que, a su juicio, se parece «mucho más a España» a la visión del país que mantiene la derecha.

Ese republicanismo para Iglesias va «más allá» de cómo se organiza la forma del Estado, pues en su opinión la gente no entiende ya «que el jefe del Estado no pueda ser elegido, no pueda ser juzgado o no se le pueda echar si lo hace mal».

Dicha identidad republicana, según ha detallado, es además un «elemento de unión» entre ciudadanos de distintas regiones y también una «agenda de modernización» del país. «En próximos procesos electorales va a ser decisivo qué votar en términos republicanos», ha ahondado para subrayar también que, en democracia, lo que desea la mayor parte de los ciudadanos al final termina teniendo una «traducción política».

Frente a esta deriva, el secretario general de Podemos ha opinado que ve «muy inviable en términos electorales» que la derecha vuelva al Consejo de Ministros, dado que le sobra «demasiada España» al desdeñar la «plurinacionalidad» como elemento consustancial del país. Y es que el problema territorial se gestiona «desde un espíritu republicano» o se puede convertir en un «gran problema».

En el coloquio con el autor del libro y la periodista Ana Pardo de Vera, el vicepresidente ha asegurado que España está viviendo una nueva transición «en todos los niveles» y que Podemos realizó un «diagnóstico correcto», cuando apuntó que el «régimen político estaba cambiando».

«EL GOBIERNO DE COALICIÓN NO ES BAMBY»

La dirección del país, con el primer Gobierno de coalición, va en el rumbo positivo, con avances democráticos y de justicia social» pese a las tensiones con el PSOE, algo que ve normal entre socios. «El Gobierno de coalición no es Bamby», ha aseverado para reivindicar su «modesto» pero «intenso papel» para lograr la aprobación de diversas medidas.

También ha reflexionado que la presencia de Unidas Podemos ha propiciado que se hayan «caído las caretas» de los «grandes poderes», dado que su partido ha sido víctima de «todo tipo de cloacas, en especial las mediáticas».

Y es que para Iglesias, en política se juzga a un partido no por sus diagnósticos o razones, sino por sus «logros y sus enemigos». En el caso de Podemos, ha asegurado que en su currículum siempre estará «haber tenido un nutrido grupo de enemigos ilustres. «Si determinados poderes te asumen como su enemigo, es que algo estamos haciendo bien», ha apostillado.

«NOSTALGIA» DEL BIPARTIDISMO EN CIERTOS PODERES

En este sentido, ha asegurado que existe en determinados poderes «nostalgia» y «melancolía» del bipartidismo, que en el fondo evidencia el deseo de que el PP y el PSOE piensen lo mismo sobre aspectos esenciales del país.

Ahora, tal y como ha aseverado, ese bipartidismo se «ha acabado» y existe una derecha «cada vez más alejada de la democracia y la Constitución», al estar «permanentemente compitiendo con Vox», que es el «director fundamental» de la «guerra cultural de la derecha». Un factor que Iglesias apreció en la postura de la exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo.

A renglón seguido, el vicepresidente ha destacado que Vox se le puede definir políticamente como el «inconsciente» del PP, que antaño tuvo la capacidad de mantener dentro de sus filas a «todas las almas de la derecha».

Sobre el chat de antiguos militares que hablaban de golpe de estado contra el Gobierno, Iglesias ha subrayado que estos «señores no van a hacer nada» y que lo peligroso es el «ambiente ideológico» que se ha generado sobre la deslegitimación del Gobierno y la democracia. Algo que a su juicio ha reproducido la derecha al decir que el actual Ejecutivo no era legítimo. Frente a ello, ha reivindicado poner siempre por delante los derechos, la ley y la democracia.