La Mesa de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla ha declarado este jueves la pérdida de la condición de diputado del expresidente melillense y actual líder del principal partido del Gobierno de coalición con PSOE y Cs, Mustafa Aberchán (CPM).

Según han informado fuentes de este órgano, que conforman el presidente de la Ciudad (Cs) y los dos vicepresidentes de la Asamblea (uno de CPM y otro del PP), la decisión se ha tomado después de que la Audiencia Provincial haya rechazado el recurso de súplica presentado por Mustafa Aberchán para paralizar la sentencia del Tribunal Supremo, que le ha condenado a dos años de prisión y treinta meses de inhabilitación por el llamado «caso voto por correo».

Al respecto, han apuntado que «la Mesa de la Asamblea de Melilla declara la pérdida de la condición de diputado de Mustafa Aberchán, una vez resuelto el recurso de súplica presentado por él a la Audiencia, y se ha decidido, también, comunicar la vacante a la Junta Electoral Central para su sustitución».

Aberchán dejará de ser diputado, cargo que ostenta de forma ininterrumpida desde el año 1996, cuando se presentó por primera vez como candidato la Presidencia de Melilla por CPM, después de que la Audiencia Provincial haya desestimado su recurso de súplica contra la sentencia del Tribunal Supremo.

El órgano judicial que preside el magistrado Federico Morales ha señalado en su auto que «no ha lugar aceptar el recurso de súplica» de Mustafa Aberchán contra la sentencia del Tribunal Supremo porque «a parte de quien firma como letrado no se identifica mediante la obligada firma digital, el recurso carece manifiestamente de sustento legal».

Entre otros motivos, ha señalado la Sala VII de la Audiencia Provincial, «la interposición o, como es el caso, manifestación de la intención de la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional deberá ejercitarse ante este órgano».

Mustafa Aberchán, que se mantendrá al frente de la presidencia de CPM, anunció tras conocer la sentencia del Supremo hace dos semanas, que recurrirá el fallo judicial ante el Tribunal Constitucional (TC) e incluso ante el Tribunal de Derecho Humanos de Estrasburgo (Unión Europea) si el TC se lo rechaza.

La Sala II del Tribunal Supremo ratificó el pasado 17 de febrero la condena impuesta por la Audiencia Provincial al líder cepemista a 30 meses de inhabilitación y dos años de prisión por el llamado «caso voto por correo», un sistema por el que se obtuvieron votos a cambio de falsas promesas de trabajo con «cartas de selección» en unos planes de empleo de la administración que no eran verdaderas.

El operativo policial en la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña, con agentes de la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha concluido con el abandono de los participantes en el mismo de las instalaciones poco después de las 16,30 horas, unas ocho horas después de iniciarse.

Así lo han informado fuentes consultadas como resultado de un operativo en el que se ha estado recabando documentación, así como testimonios de distintos responsables en la factoría.

En concreto, la Policía Nacional inició, en torno a las 08,45 horas, un operativo por la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio que eran propiedad de Alcoa en A Coruña y Avilés, en el marco de una investigación dirigida por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.El operativo se ha desarrollado también en las provincias de Madrid, Málaga y Castellón.

En el marco de dicha operación se han incluido un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

La investigación, dirigida por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en sus diligencias previas declaradas secretas y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones.

En el operativo, según ha informado la Dirección General de la Policía, han participado más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial.

QUERELLA Y HUELGA

Las dos plantas pertenecían con anterioridad a la multinacional norteamericana Alcoa, que las vendió en una operación sobre la cual la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas.

La querella se presentó por hechos que a juicio de los sindicatos son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, y se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group.

En la planta de A Coruña, el comité tiene convocada una huelga desde el 26 de diciembre por el despido de una trabajadora, al que se sumó posteriormente el de cuatro representantes sindicales, entre ellos el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho.

Coincidiendo con este operativo, Corbacho ha vuelto a reclamar a las administraciones una «hoja de ruta» para buscar una «salida» industrial y garantizar la viabilidad de la fábrica –en la actualidad propiedad del Grupo Riesgo– y su empleo frente a un proceso de venta que ha calificado de «engaño» y de «estafa».

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha mostrado partidario de la «comunicación» para posibilitar alguna estancia, «al menos temporal», de la Dama de Elche en esta ciudad alicantina, aunque eso dependerá de un análisis técnico, ya que hay «una prioridad», que es que la conservación de la pieza «no corra riesgo».

Así lo ha aseverado el titular de Cultura del Gobierno central, en una entrevista en la Cadena SER, al ser preguntado por la reivindicación para que el busto íbero, que se custodia en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, vuelva a la localidad donde fue descubierto.

Rodríguez Uribes ha señalado que este es «un viejo debate y hay que buscar un equilibrio». «En su momento se hicieron museos nacionales y la mayoría se hicieron en Madrid, ahora creo que no se haría así porque la visión que tenemos de España es más amplia, pero ya están y hay que valorar su importancia», ha razonado.

No obstante, ha apuntado que, al mismo tiempo, «sí que hay que hacer un esfuerzo para que en la cultura, sin desvestir un santo para vestir otro, porque eso tiene sus riesgos desde el punto de vista de los técnicos, colaborar en una mayor comunicación. En todo caso, ha subrayado que eso «va a depender de un análisis técnico que se hará con una prioridad: que la Dama no corra riesgo en su conservación».

«QUIERO SER RESPONSABLE»

«Si eso lo podemos salvar –ha continuado- mi voluntad es la comunicación con Elche para, al menos de forma temporal, pero eso va a depender de que me den la garantía de que no corre riesgos, quiero ser responsable».

Al ministro también se le ha planteado si València, ciudad natal de Joaquín Sorolla, debería tener un museo dedicado al pintor, a lo que ha respondido que «sí si se piensa en su significado y pertenencia» a la capital del Turia.

Por parte del Ministerio, se apoya en todo lo que depende de esta institución a la Casa Museo Sorolla que se encuentra en Madrid, ha recordado Uribes, que considera que València podría y debería tener un museo dedicado al creador.

Asociaciones de estudiantes universitarios han pedido a las comunidades autónomas que refuercen los servicios de residencias y colegios mayores durante la Semana Santa, después de que Sanidad haya pedido que los universitarios no vuelvan a casa durante estos días de vacaciones.

En declaraciones, la presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Andrea Paricio, asegura que, en festivos, hay determinados servicios en residencias y colegios mayores, como por ejemplo la cafetería, que permanecen cerrados. «Si vamos a estar encerrados, por lo menos que se nos respeten esos servicios para evitar desplazamientos innecesarios», ha afirmado.

Paricio considera que la CREUP entiende que si se ha tomado esta recomendación es para limitar la movilidad, pero lamenta que se ponga el foco en los estudiantes universitarios cuando no es el único grupo que puede realizar desplazamientos entre comunidades. «Nos parece un poco innecesario cuando puede haber otras razones como turismo u ocio», señala.

La presidenta de la CREUP espera poder ver el redactado final del documento que propondrá este jueves, en la Comisión de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, para ver cuáles son las razones para poder moverse entre regiones, dado que, según explica, hay algunos estudiantes que durante esta Semana Santa se tendrán que desplazar para el cuidado de algún familiar o por otros motivos de fuerza mayor. «Es un tema complejo», añade.

En cualquier caso, pide que se conozcan «cuanto antes» las medidas que se acordarán en la Comisión para así poder organizarse los universitarios. «Esperamos que no se toman decisiones deprisa y corriendo», ha concluido.

También el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) pide el refuerzo de los servicios en residencias y colegios mayores durante la Semana Santa. La vicesecretaria del Consejo, Laura Alcaide, asegura que este tipo de instalaciones deben tener en cuenta que, si se mantiene la recomendación se Sanidad, habrá más estudiantes que de costumbre durante estas fechas vacacionales. «»Mientras antes era de un 20%, ahora puede llegar a un 80-90%», indica.

También Alcaide considera que «se está señalando al colectivo del estudiantado universitario» cuando, en realidad, se trata de «una responsabilidad social colectiva». «Se está discriminando a un colectivo», lamenta.

En cualquier caso, apela a la responsabilidad individual de cada uno: «Puede haber casos de todo tipo, pero apelamos a la responsabilidad de cada persona, somos personas adultas y ya tenemos capacidad de raciocinio y de tomar las decisiones por nosotros mismos, hay que ser conscientes de la situación y poder reducir al máximo nuestra movilidad».

EL MINISTERIO Y LOS RECTORES, DE ACUERDO

Por su parte, el Ministerio de Universidades ha afirmado que estará «siempre» de acuerdo con lo que establezcan las autoridades sanitarias, ya que son estas quienes han de tomar las decisiones adecuadas porque es su ámbito de competencia.

El Ministerio entiende que se trata de medidas que el Gobierno y las comunidades autónomas tomarán poniendo en el centro los parámetros razonables de prevención de contagios y de cuidado de la salud pública, según señalan fuentes del Departamento que dirige Manuel Castells.

Mientras, fuentes de Crue Universidades Españolas indican que los rectores están «a favor» de cualquier medida que redunde en una mayor seguridad para los campus y el conjunto de la sociedad. Estas mismas fuentes recalcan que el objetivo de la Crue es recuperar la normalidad cuanto antes y, con ella, la presencialidad –con todas las garantías sanitarias– en las aulas, ya que insisten en que es el sello de identidad de la mayoría de las universidades que conforman el sistema universitario.

Así, fuentes de la Crue destacan que reducir la movilidad es uno de los elementos que contribuyen a frenar la propagación de la COVID-19 y recuerdan que, aunque ahora mismo no haya una norma que prohíba expresamente los movimientos de la población durante el periodo vacacional de Semana Santa, desde las universidades se facilitará a los estudiantes el cumplimiento de esta recomendación en el ámbito de sus competencias y posibilidades.

El subdirector general de Energía Nuclear del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, José Manuel Redondo, ha reconocido este jueves que la energía nuclear supuso «un pilar básico del sistema eléctrico español» durante el año 2020, al que ha definido como un «año atípico» que no se olvidará nunca.

Durante su intervención en la XXXII Jornada de Experiencias Operativas del parque nuclear español, el representante del MITECO ha destacado el papel de los profesionales nucleares en la respuesta a la crisis derivada del impacto de la pandemia por Covid-19 y ha hecho una especial mención a los directores de las centrales nucleares por garantizar la operación estable durante este 2020 preservando a la vez la salud de las personas.

En la jornada online, organizada por la Sociedad Nuclear Española, su presidente, Javier Guerra, ha destacado que la nuclear lideró por décimo año consecutivo la generación eléctrica, al aportar un 22,18 por ciento del total, seguida de cerca por la eólica, que generó el 21,8 por ciento y el gas, con un 15,5 por ciento.

Además, fue líder en generación de electricidad sin emisiones de CO2, ya que la producción libre de emisiones supuso el 62,2 por ciento del total de la generación en España y a ese dato la tecnología nuclear aportó el 33 por ciento de la producción eléctrica no emisora.

Guerra ha precisado también que en este año 2020 «atípico» la demanda de electricidad cayó un 3,5 por ciento respecto al año anterior, hasta los 251 TWh, de los que 55,8 TWh fueron generados por las centrales nucleares, que estuvieron disponibles el 89 por ciento del total del año, con una media de 7.834 horas según datos de Red Eléctrica de España (REE) lo que ha «contribuido a la garantía de suministro eléctrico».

Durante la jornada, la SNE ha resaltado también que ese dato contrasta «de manera significativa» con el resto de tecnologías de producción eléctrica, donde la eólica (en segundo lugar) ha operado 2.005 horas durante 2020.

En definitiva, el sector ha realizado un balance «muy satisfactorio» con el funcionamiento de los reactores durante 2020 en relación con su operación «segura y fiable». La industria nuclear genera 28.000 empleos directos o indirectos, tanto por la operación a potencia de estas instalaciones, como durante las paradas de recarga.

De cara a este 2021, en el encuentro se ha recordado que a lo largo del año se espera la renovación de las autorizaciones de explotación de todo el parque nuclear –ya concedidas las de Almaraz, Trillo y Vandellós II–. Está prevista para este mismo mes de marzo la autorización de Cofrentes (Valencia) y en octubre la de Ascó.

En el evento se ha analizado también la carga impositiva que recae en el sector y se ha solicitado revisar ese régimen para garantizar la viabilidad económica de las centrales.

Por su parte, el consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (Javier Dies) ha anunciado que este año el regulador ha incluido este año 30 nuevas plazas en la convocatoria de empleo público.

Durante la jornada se ha realizado el relevo en la Presidencia de la Sociedad Nuclear Española Durante la jornada de hoy, en el marco de la asamblea general de la entidad. Así, Guerra ha pasado el cargo que ha ocupado durante dos años a Héctor Dominguis, hasta ahora vicepresidente de la SNE.

Dominguis es consejero delegado de la compañía española GD Energy Services (GDES), se formó en Ingeniería de Materiales por el Imperial College de Londres, MSC Management en la Surrey University, Máster en Business Administration por Esade y Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en IESE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la memoria de las víctimas de del GAL, ETA, el Grapo y del yihadismo en un acto simbólico de destrucción de más de 1.300 armas incautadas a organizaciones terroristas celebrado en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid) que no ha contado, pese a estar invitados, con la asistencia de los líderes de la oposición ni los expresidentes del Ejecutivo.

En un acto donde se ha utilizado una apisonadora para escenificar la destrucción de armas como «grandísimo símbolo» de la victoria del Estado de Derecho, Sánchez ha subrayado la importancia de «seguir defendiendo la memoria» de las víctimas del terrorismo, algo que hay que «proclamar bien alto», según ha dicho, citando a continuación a ETA, GAL, Grapo, Daesh y organizaciones de ultraderecha.

Sánchez ha recordado que «aún queda por arrojar luz» sobre crímenes de ETA en un discurso que ha servido de cierre de un acto, el primero de estas características que se celebra en Europa, que ha buscado «reforzar la derrota» del terrorismo al proceder a la eliminación de armas que cuentan con la autorización previa de los tribunales. Al mismo han acudido representantes de todos los cuerpos policiales, entre ellos el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero.

DIÁLOGO CON TRAPERO Y LA AVT

Dentro de los corrillos habituales en este tipo de ceremonias -la de este jueves, cumpliendo el protocolo del Covid-19– se ha visto al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hablando con Trapero. Al final del discurso, la representación de la Asociación Víctimas del Terrorismo se ha dirigido a Sánchez para recriminarle el acercamiento de presos de ETA.

Además de las asociaciones de víctimas -con la ausencia de Covite y Dignidad y Justicia–, han asistido representantes del Poder Judicial como la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y miembros del Gobierno como el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y varios ministros, todos ellos de la parte socialista del Gobierno: Margarita Robles (Defensa), Arancha González Laya (Exteriores), Juan Carlos Campo (Justicia), Isabel Celaá (Educación) y Miquel Iceta (Política Territorial).

«Se levanta acta de la derrota de las balas frente a los votos», ha asegurado Sánchez, aludiendo al exministro del Interior del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. También se ha referido a la «tendencia humana a orillar los recuerdos dolorosos», con especial mención a los jóvenes por los estudios recientes que indican que muchos no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. «Las víctimas por desgracia seguirán siendo víctimas de esta sinrazón», ha dicho.

En este sentido, Sánchez ha llamado a «no cambiar el pasado» reivindicando la «derrota» de bandas terroristas como ETA. «No contaban con la firmeza y resistencia ciudadanas», ha advertido, apostando por «luchar contra la desmemoria y acabar con el miedo para seguir construyendo el camino de la paz». «La memoria no pertenece a los terroristas», ha dicho antes de mostrar su apoyo al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

CENTRO MEMORIAL

El director de la Fundación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, ha abierto el acto tras un minuto de silencio y el descubrimiento por parte de policías de todos los cuerpos de la lona que cubría las tres filas de armas, «un elemento de carga simbólica», ha dicho, porque se utilizan para «cuestionar el monopolio de la violencia» en un Estado de Derecho y para intentar establecer un «poder paralelo al de las instituciones».

Domínguez, un experto con varias publicaciones en esta materia, ha reivindicado el acto de este jueves impulsado por el Centro Memorial -que abrirá su nueva sede en Vitoria en próximas fechas– al entender que la destrucción de armas se debe hacer de forma pública ante «testigos cualificados», citando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a las víctimas.

Además, ha recordado que los terroristas en Europa suelen acabar con su actividad criminal con un «final difuso» por agotamiento o por la presión policial, pero evitando la entrega o incautación de las armas. «Es la imagen de su derrota, que quieren evitar a cualquier precio», ha sostenido.

Domínguez ha abogado por seguir «deslegitimando» a los terroristas mientras se reivindica la memoria de las víctimas, así como su «sacrificio y ejemplo». «Reivindicamos la superioridad del Estado frente a quienes recurren a la violencia», ha concluido.

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la extinta empresa malagueña Isofotón, declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada, tiene citados para este viernes como investigados al exdirector general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar y a la exviceconsejera de Agricultura y ex subdirectora de actuaciones singulares en empresas de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia Eva Cano Pérez, según una providencia.

Serían las primeras comparecencias desde que la juez instructora acordase solicitar a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía los expedientes de diferentes acuerdos adoptados por el consejo de gobierno y la comisión de viceconsejeros en 2007, 2010 y 2011, así como el acta de la sesión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos celebrada el 3 de julio de 2012, con relación a los avales y préstamos concedidos a la mencionada empresa.

Para requerir tal extremo, esta instancia judicial se hace eco de las últimas peticiones de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que recientemente elevaba un escrito a dicha instancia judicial respecto al préstamo de 8,3 millones de euros concedido a Isofotón por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), filial de Idea, a la citada empresa.

LA TESIS DE LA FISCALÍA

Según la Fiscalía, el préstamo fue concedido «con conocimiento de los incumplimientos existentes en las ayudas otorgadas con anterioridad por la agencia Idea y con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior, incluso sin que este se realizara»; y constando en el expediente de concesión un plan de negocio «sin fecha e identificación de autor» y una petición según la cual Isofotón no había «solicitado otros incentivos o financiación pública» en los dos años previos, sin que tal aspecto «fuera comprobado por los responsables» institucionales.

Un informe técnico de la administración, en ese sentido, habría puesto de relieve que Isofotón tenía «avalados» entonces 29 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, así como la advertencia de que el plan de negocio no contaba con datos «verificados», los mismos serían «poco fiables» y el documento en sí se basaría en una simple «declaración de intenciones».

«A pesar de ello, y con negligencia grave rayana en la intención, se propone un resultado apto» con relación al préstamo por la «importancia estratégica de la empresa» al contar la misma con más de 700 empleados, avisaba la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada con relación al citado informe técnico.

PETICIÓN A BANKIA

Merced a dicho escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la juez de instrucción Patricia Fernández Franco considera que hasta el momento, las actuaciones desplegadas no han «aclarado de forma suficiente» los términos correspondientes al citado préstamo, por lo que «se reputa necesaria, relevante y pertinente la solicitud a la entidad financiera Bankia, a fin de que aporte en relación al aval otorgado a Idea con fecha 6 de noviembre de 2007, por importe de 6.761.641,40 euros, toda la documentación, actuaciones, pagos, acciones de ejecución y cualesquiera otras circunstancias, relacionadas con el mismo».

Además, para «un completo esclarecimiento de las circunstancias de otorgamiento y el importe por el que finalmente se concedieron» los avales y préstamos a Isofotón, la juez acuerda requerir a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía «los expedientes de tramitación de los acuerdos adoptados» al respecto por una sesión del consejo de gobierno celebrada en 2007, cuando el socialista Manuel Chaves ostentaba la Presidencia de la Junta; y de otros acuerdos aprobados por el consejo de gobierno en 2010 y 2011, ya durante la etapa de José Antonio Griñán como presidente.

También solicita los expedientes de tramitación de los acuerdos aprobados con relación al mismo asunto por la comisión general de viceconsejeros en 2007, 2010 y 2011, así como la misma documentación sobre el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía el 3 de julio de 2012, durante la etapa de Griñán como presidente.

EL PAPEL DE LA COMISIÓN DELEGADA PARA ASUNTOS ECONÓMICOS

A tal efecto, recordemos que en su mencionado escrito, la Fiscalía hacía especial incidencia en que fue «la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía» el órgano que «formuló las modificaciones» relacionadas con el préstamo de 8,3 millones de euros concedido a Isofotón.

Al punto, el Ministerio Público precisaba que dicha comisión está presidida por quien ejerza la Presidencia de la Junta de Andalucía (entonces el socialista José Antonio Griñán), ostentando la Vicepresidencia el consejero de Economía, Innovación y Ciencia y la Secretaría el secretario de dicho departamento, toda vez que de dicho órgano también toman parte quienes encabecen las consejerías responsables de las áreas de Hacienda y Administración Pública, Obras Públicas y Vivienda, Empleo, Agricultura y Medio Ambiente y otras más.

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Betrán, ha asegurado este jueves que abandonan la sede nacional de la calle Génova por «eficiencia» «modernidad» y «transparencia» pero llevándose consigo la «historia de éxitos» pasados de la formación. Dicho esto, ha apelado a la unidad interna del partido para poder construir la alternativa a Pedro Sánchez, sin «despistarse de lo verdaderamente importante».

Beltrán ha realizado este llamamiento a la unidad, durante la Junta Directiva del PP de Zamora, en un momento en que los congresos provinciales –quedan pendientes más de una treintena en los próximos cuatro meses– están produciendo tensiones en algunos territorios y diferencias entre la dirección nacional y territorial.

La dirigente del PP ha afirmado que en el PP están «orgullosos» de su historia y pueden llevar la «cabeza alta» y «presumir de los servicios prestados». «Somos el partido de los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy, y de los concejales y alcaldes que recorren su barrio cada día de arriba y abajo», ha indicado.

Dicho esto, ha puesto en valor la implantación territorial del PP y ha recalcado que aspiran a gobernar de nuevo para todos los españoles. «Por eso, no permitiremos que los que utilizaron nuestras siglas para lucrarse sigan manchando el buen nombre de nuestra organización», ha señalado, en alusión al extesorero Luis Bárcenas y el juicio sobre la presunta caja B del PP.

Según ha explicado, ésa es una de las «razones» por las que han decidido trasladar la sede nacional del Génova 13. «Cambiamos de ubicación por eficiencia, por modernidad, por transparencia, pero nos llevamos con nosotros la magnífica historia de grandes éxitos de alcaldes, de concejales, de presidentes y de afiliados», ha asegurado, para añadir que están «orgullos» de los que han hecho grande el partido.

DICE QUE SÁNCHEZ QUIERE «DESTRUIR» AL PP

La responsable de Organización del PP ha afirmado que ahora tienen la «gran responsabilidad de demostrar que son la única opción al desgobierno de Pedro Sánchez» y lograr que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno para poder sacar a España «del caos».

Beltrán ha recalcado que Sánchez se ha propuesto «destruir» al PP porque «sabe que es la única alternativa» a su Gobierno y por eso reciben «ataques continuos» de PSOE y Podemos, que buscan «hacer grande» a otros partidos, en alusión a Vox. «Al margen de nuestro partido no hay nada ni nadie que pueda hacer sombra a Pedro Sánchez», ha aseverado.

Según ha agregado, Sánchez quiere que el PP esté «débil» para «mantenerse más tiempo en La Moncloa». «No lo vamos a consentir. No vamos a caer en su trampa. Por eso nunca como ahora fue tan importante la unidad entre todos nosotros», ha resaltado.

Beltrán ha subrayado que deben estar «unidos» dentro del PP porque «hoy están más cerca que ayer de llegar al Gobierno de España» como, según ha dicho, recogen las encuestas. «Trabajar juntos es lo que nos fortalecerá», ha manifestado, para añadir que nada les «penalizará más que despistarse» de lo «verdaderamente importante», que es «servir a los intereses» de los ciudadanos.

«NOSOTROS NI GRITAMOS NI SOMOS UNA MODA PASAJERA»

La dirigente del PP ha subrayado que viven «tiempo de polarización y de gritos», con «propaganda, mentiras y violencia social», pero ha recalcado que, en ese escenario, «defienden lo obvio». A su entender, el PP es la formación que «mejor defiende la revolución social que piden quienes están hartos de mentiras, de propaganda y, sobre todo, de mala gestión».

Según ha subrayado, revolución «no es tirar piedras a la policía», «pedir a los jóvenes que hipotequen su futuro», «gritar más alto que el de enfrente» o «pedir a las nuevas generaciones que entreguen su alma a políticos desalmados con ansias de poder».

«Hoy lo revolucionario es defender la ley, defender la monarquía, el estado de derecho y construir un país para todos, respetando al diferente aunque no piense como nosotros. Nosotros no gritamos, no somos una moda pasajera», ha proclamado.

«ORGULLOSOS» DE LA GESTIÓN DE MAÑUECO

La dirigente del PP ha justificado su visita presencial a Zamora en la «importancia» que da la dirección nacional a Castilla y León y ha afirmado que quieren estar «cerca» de los cargos y de los afiliados para tratar cualquier cuestión, sobre todo después de días de «durísimos ataques» al Partido Popular.

«Ante esta situación os quiero transmitir un mensaje de seguridad y confianza en el proyecto que tenemos entre manos», ha proclamado la responsable de Organización, para añadir que el PP sabe «lo que está haciendo».

Además, ha asegurado que en el PP están «orgullosos» de la gestión que se está realizando en Castilla y León y de su presidente, Alfonso Fernández-Mañueco. «Somos el partido orgulloso de gobernar para todos los castellanoleoneses, los andaluces, ceutíes, murcianos y madrileños», ha enfatizado.

El servicio 016 de atención telefónica y asesoramiento a las víctimas de violencia de género ha recibido en el mes de enero de este año un total de 4.829 llamadas, lo que supone una cifra un 11,9% menor a la recogida en el mismo mes del año anterior.

Así se desprende del boletín mensual que publica el Ministerio de Igualdad sobre esta materia, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género y la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género.

Estos datos recogen que el promedio de llamadas diarias durante el mes de enero de 2021 ha sido de 156 y que el 71,9% de las llamadas contabilizadas fueron efectuadas por la propia usuaria. En este sentido, la cifra supone un aumento de 5,3 puntos porcentuales con respecto a enero de 2020.

MÁS DE 950.000 CONSULTAS DESDE SEPTIEMBRE DE 2007

Mientras, el 22,7% de las consultas al 016 fueron efectuadas por familiares y allegados (4,3 puntos porcentuales menos) y el 5,3% por otras personas (1 punto porcentual más).

La tasa más alta de llamadas por millón de mujeres de 15 y más años, durante el mes de enero, la registra la Canarias (360,6), seguida de la Comunidad de Madrid (324,4). Por provincias, el primer lugar lo registra Las Palmas (415), antes de Santa Cruz de Tenerife (302,6).

Igualdad señala que, en cifras globales, desde la puesta en marcha del servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico contra la violencia de género, en septiembre de 2007, y hasta el 31 de enero de 2021, se han recibido 951.306 llamadas.

El boletín de Igualdad también informa del número de altas y bajas en el Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO). En total, a 31 de enero de 2021, el número de usuarias activas en este servicio es de 14.752.

MÁS USUARIAS ACTIVAS QUE UN AÑO ANTES

Esto supone una «ligera disminución», según indica el Ministerio, con respecto a diciembre del año 2020 (176 usuarias activas menos) y un incremento del 2,5% con respecto a enero de 2020 (355 usuarias activas más).

Esto se debe a que, en Canarias se registraron 901 usuarias activas frente a 785 usuarias activas en enero de 2020, mientras que en la Región de Murcia se registraron 553 usuarias activas frente a las 511 registradas un año antes. Por provincias, Segovia pasó de 49 usuarias activas en enero de 2020 a 67 en enero de este año, y Zamora de 42 usuarias a 55.

Por otra parte, y también en el primer mes de este año, Igualdad ha registrado 1.528 visitas a la web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género, lo que supone un aumento tanto con respecto a diciembre de 2020, como al mismo mes del año anterior. En concreto un 31,6% y un 24,9%, respectivamente. En este sentido, el Ministerio especifica que el promedio de visitas diarias a esta página fue de 49.

Los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O han sostenido este jueves en el juicio que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) porque renunciaron al cargo antes del referéndum y no desarrollaron ninguna de sus funciones después de la suspensión de las leyes de desconexión.

Los cinco acusados han declarado en la segunda sesión del proceso en el Juzgado Penal 11 de Barcelona, han afirmado que desde el 7 de septiembre no hicieron más tareas como síndicos y han explicado que renunciaron al puesto cuando el TC les dio 48 horas para hacerlo y con la advertencia de una multa de 12.000 euros diarios si no lo hacían.

La Fiscalía les acusa de presunta desobediencia y usurpación de funciones públicas, y todos han explicado que se reunieron por primera vez el 7 de septiembre de 2017 en el Parlament durante todo el día para empezar con sus tareas como síndicos, asistidos por personal de la Cámara.

Han mantenido que esa fue también la última reunión de trabajo que hicieron y han afirmado que no hicieron ninguna de las tareas que correspondían a la Sindicatura, como validar el censo electoral y el procedimiento del voto exterior, y también han negado haber coordinado a las sindicaturas provinciales.

La Fiscalía pide una condena de dos años y nueve meses de prisión, o bien una multa de 5.400 euros, para el catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas, que presidió la sindicatura; la profesora de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Tània Verge; el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Pagès; la abogada Marta Alsina; y el profesor de Derecho Administrativo en la UB Marc Marsal.

En sus declaraciones, los acusados han apelado a la libertad académica al ejercer como síndicos y se han referido a los posicionamientos de apoyo de universidades y de asociaciones internacionales de politólogos.

Verges, que ha tachado la causa de persecución ideológica, lo ha defendido como una forma de transferencia de conocimiento al aplicar sus estudios a la práctica de la jornada de votación.

LEYES DE DESCONEXIÓN SUSPENDIDAS

El TC notificó la suspensión de las leyes y requirió a los afectados evitar que se desplegaran la noche del día 7, han explicado al declarar como testigos el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el entonces letrado mayor, Antoni Bayona, si bien las notificaciones presenciales fueron días más tarde.

Muro ha asegurado que tras recibir la notificación sobre las 23 horas del día 7 ordenó que la Cámara no acreditara «a ninguna persona en calidad de miembro de la Sindicatura Electoral» ni se les permitiera usar las dependencias del Parlament para reunirse.

Sobre el mismo día 7, los acusados han relatado que accedieron al Parlament identificándose como síndicos, sin ningún «inconveniente» para entrar, y que personal de la Cámara les asistió durante la jornada de trabajo en una sala de la planta superior del edificio.

Han explicado que tomaron varios acuerdos y que entre sus funciones no estaba emitir resoluciones ni comunicados, lo que el abogado de la defensa, Ramon Setó, ha destacado porque en la causa constan varios documentos publicados y que se atribuyen a la Sindicatura, lo que el letrado cuestiona.

Se estima que 931 millones de toneladas de alimentos, es decir, el 17% del total de alimentos disponibles para los consumidores en 2019, fueron a los contenedores de basura de hogares, minoristas, restaurantes y otros servicios alimentarios, según una nueva investigación de la ONU realizada para apoyar los esfuerzos mundiales para reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030.

El peso es aproximadamente igual al de 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados, suficiente parachoques con parachoques para dar la vuelta a la Tierra siete veces.

El Informe del índice de desperdicio de alimentos 2021, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la organización asociada WRAP, analiza el desperdicio de alimentos que se produce en los puntos de venta, restaurantes y hogares, contando tanto los alimentos como las partes no comestibles como huesos y conchas.

El informe presenta la recopilación, el análisis y el modelado de datos sobre el desperdicio de alimentos más completos hasta la fecha, y ofrece una metodología para que los países midan el desperdicio de alimentos. Se identificaron 152 puntos de datos de desperdicio de alimentos en 54 países.

La investigación ha encontrado que en casi todos los países que han medido el desperdicio de alimentos, fue sustancial, independientemente del nivel de ingresos. Muestra que la mayor parte de este desperdicio proviene de los hogares, que descartan el 11% del total de alimentos disponibles en la etapa de consumo de la cadena de suministro. Los servicios de alimentación y los establecimientos minoristas desperdician un 5% y un 2% respectivamente.

A nivel mundial per cápita, cada año se desperdician 121 kilogramos de alimentos a nivel del consumidor, y 74 kilogramos de esto ocurre en los hogares. El informe también incluye estimaciones per cápita regionales y nacionales.

El desperdicio de alimentos tiene impactos ambientales, sociales y económicos sustanciales. Por ejemplo, en un momento en que la acción climática aún está rezagada, entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen, cuando se tienen en cuenta las pérdidas antes del nivel del consumidor.

«Reducir el desperdicio de alimentos reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero, ralentizaría la destrucción de la naturaleza a través de la conversión de la tierra y la contaminación, mejoraría la disponibilidad de alimentos y, por lo tanto, reduciría el hambre y ahorraría dinero en un momento de recesión mundial», señala Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.

«Si queremos tomarnos en serio la lucha contra el cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la biodiversidad, y la contaminación y el desperdicio, las empresas, los gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo deben hacer su parte para reducir el desperdicio de alimentos –añade–. La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU de este año brindará una oportunidad de lanzar nuevas acciones audaces para abordar el desperdicio de alimentos a nivel mundial».

Con 690 millones de personas afectadas por el hambre en 2019, un número que se espera que aumente drásticamente con el COVID-19 y tres mil millones de personas que no pueden pagar una dieta saludable, los consumidores necesitan ayuda para reducir el desperdicio de alimentos en el hogar.

Los países pueden aumentar la ambición climática al incluir el desperdicio de alimentos en las contribuciones determinadas a nivel nacional al Acuerdo de París, al tiempo que fortalecen la seguridad alimentaria y reducen los costos para los hogares. Esto hace que la prevención del desperdicio de alimentos sea también un área principal para su inclusión en las estrategias de recuperación de COVID-19.

«Durante mucho tiempo, se asumió que el desperdicio de alimentos en el hogar era un problema importante solo en los países desarrollados –explica Marcus Gover, director ejecutivo de WRAP–. Con la publicación del informe Food Waste Index, vemos que las cosas no están tan claras.Con solo 9 años para el final, no lograremos la Meta 3 del ODS 12 si no aumentamos significativamente la inversión para abordar el desperdicio de alimentos en el hogar a nivel mundial. Esto debe ser una prioridad para los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas y las fundaciones filantrópicas».

La meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene como objetivo reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita a nivel minorista y de consumo y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro. Uno de los dos indicadores de la meta es el índice de desperdicio de alimentos.Un número creciente de países ha medido el desperdicio de alimentos en los últimos años.

Los informes encuentran que 14 países ya tienen datos sobre el desperdicio de alimentos en el hogar recopilados de una manera compatible con el Índice de desperdicio de alimentos. Otros 38 países tienen datos sobre el desperdicio de alimentos en los hogares en los que pequeños cambios en la metodología, la cobertura geográfica o el tamaño de la muestra les permitirían crear una estimación compatible con el ODS 12.3. Un total de 54 países tenían datos para al menos uno de los tres sectores cubiertos por el informe.

Las nuevas estimaciones de desperdicio de alimentos a nivel mundial de los consumidores se generaron a partir de puntos de datos existentes y extrapolaciones basadas en las estimaciones observadas en otros países. Dado que el 75% de la población mundial vive en un país con una estimación de desperdicio de alimentos directamente observada a nivel de hogar, la confianza de la estimación en este sector es mayor. Con estimaciones directas mucho más bajas a nivel minorista y de servicios de alimentos, la confianza en las estimaciones en estos sectores es menor.

Los datos sobre el desglose entre alimentos y partes no comestibles desperdiciados están disponibles solo en unos pocos países de ingresos altos y muestran una división del cincuenta por ciento en promedio a nivel de hogar. La proporción de partes no comestibles es una brecha de conocimiento importante y puede ser mayor en los países de bajos ingresos.

Para aprovechar el trabajo del informe, el PNUMA lanzará grupos de trabajo regionales para ayudar a desarrollar las capacidades de los países para medir el desperdicio de alimentos a tiempo para la próxima ronda de informes del ODS 12.3 a fines de 2022, y ayudarlos a desarrollar líneas de base nacionales para rastrear el progreso hacia el objetivo 2030 y diseñar estrategias nacionales para prevenir el desperdicio de alimentos. Esta semana, WRAP ha lanzado la primera Semana Nacional de Acción contra el Desperdicio de Alimentos del Reino Unido (del 1 al 7 de marzo), llevando a casa el mensaje de que el desperdicio de alimentos alimenta el cambio climático.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha creado un protocolo para detectar casos de violencia sexual entre sus usuarios, comunicarlos al personal y responsables de esta entidad y denunciarlos ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad correspondientes. Este documento entrará en vigor el próximo lunes 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Así lo han indicado este jueves el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible en la ciudad, Giuseppe Grezzi; la edil de Igualdad, Políticas de Género y LGTBI, Lucía Beamud, y la directora gerente de la EMT, Marta Serrano, durante la presentación de protocolo en una rueda de prensa.

Para comunicar estos casos de violencia sexual en los autobuses públicos de la capital valenciana se ha habilitado un teléfono específico, el 628 051 047, que estará visible en el interior de todos los vehículos. A través de él se pretende facilitar a las víctimas, de manera rápida y a través de WhatsApp o Telegram, el proceso para notificar una agresión y darles la oportunidad de denunciarla si así lo desean.

Aunque se haya habilitado un teléfono de asistencia, que les pondrá en contacto con el servicio de atención a la ciudadanía de la EMT, las víctimas podrán también recurrir al personal de conducción de los autobuses. El personal de la compañía contará con pautas concretas para prestar asistencia a quienes hayan sufrido alguna agresión de esta clase.

Grezzi ha asegurado que este es «un protocolo pionero» en España. «Hasta ahora la empresa disponía de un protocolo genérico ante agresiones en el autobús, pero no teníamos uno específico por agresiones de tipo sexual», ha resaltado.

El responsable municipal ha explicado que el objetivo de este nuevo documento es «mejorar la seguridad de las personas usuarias» y «garantizar que en los autobuses municipales todas las personas sean tratadas con igualdad, respeto y dignidad». «La EMT tiene la responsabilidad de garantizar con todos los medios que no se produzca ningún tipo de violencia sexual en la utilización de los servicios públicos de transporte colectivo urbano que realizamos», ha señalado.

Así, ha expuesto que «está prohibido en la EMT todo tipo de acción o conducta de esta naturaleza». Ha valorado que, «en caso de producirse», el protocolo que se presenta «proporcionará pautas concretas para que el personal de la EMT actúe, preste ayuda a la persona que la sufra y la asista para facilitarle el trámite de denuncia de los hechos delictivos».

El número de teléfono habilitado podrán usarlo tanto las víctimas de la violencia como los testigos de estos casos. Tras tener conocimiento de una agresión, ya sea a través del teléfono o a través del personal de conducción, el servicio de atención a la ciudadanía de EMT preguntará a la víctima si quiere denunciar.

En caso de que no lo desee, se le recomendará acercarse al área de conducción para que se sienta más segura. Si quisiera interponer una denuncia, se contactaría con el Centro de Regulación de Tráfico, el órgano de la empresa de transportes que se encarga de cualquier incidencia a bordo de los autobuses para que dé aviso a la Policía Local o Nacional, según el caso, para que intervenga.

«No es fácil reaccionar ante situaciones de este tipo. Por eso damos la posibilidad de que se haga por teléfono para evitar la exposición de la víctima y así también reducir la sensación de miedo ante una posible reacción de la persona agresora», ha agregado Grezzi.

La EMT considera que la colocación de carteles en el interior de los autobuses para dar a conocer el nuevo servicio puede actuar como factor disuasorio. El horario de atención del teléfono 628 051 047 será de lunes a viernes, de 8.00 a 21.00 horas, y sábados, de 9.00 a 14.00 horas. El protocolo también contempla casos de violencia sexual que afectan a grupos con mayor vulnerabilidad como menores o personas con discapacidades.

«TRANSVERSALES»

Para la elaboración del documento, la EMT ha contado con la colaboración de la Concejalía de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI y el Grupo de Atención a los Malos Tratos de la Policía Local de València (GAMA).

Lucía Beamud, ha explicado que el protocolo «se enmarca en las políticas de igualdad del Ayuntamiento de València, que son transversales». «De poco sirve tener una Concejalía de Igualdad si las políticas de igualdad no impregnan cada rincón, cada iniciativa del Ayuntamiento, tanto de sus áreas, concejalías, organismos autónomos y también desde la EMT», ha dicho.

Beamud ha considerado que «la perspectiva de género tiene que estar patente en cada acción y cada iniciativa porque solo desde esta posición podemos ir trabajando hacia una ciudad que sea cada vez más igualitaria».

CAMPAÑA

Por su lado, Marta Serrano, ha añadido que la semana que viene empezará una campaña informativa a pie de calle para dar a conocer este protocolo y también el servicio de las paradas violetas, que permite a las personas usuarias solicitar una parada a demanda en las líneas nocturnas, de forma que el autobús la deje en un punto más próximo a su destino.

Además, los canales de comunicación habituales de la EMT –redes sociales, marquesinas y EMTV– difundirán estas acciones. La plantilla de la compañía recibirá formación sobre el protocolo y en materia de igualdad y no discriminación para saber cómo actuar ante situaciones de violencia sexual. A esto se suma la creación de una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento del protocolo y analizar el registro estadístico de estos casos.

El periodista, escritor y guionista Carles Porta reconstruye en ‘La farmacèutica’ (publicada en catalán por La Campana y en castellano por Reservoir Books) el secuestro de Maria Àngels Feliu en 1992 para presentar la historia desde el punto de vista de la víctima, que estuvo cautiva 492 días.

En un encuentro con medios, ha subrayado que el libro remarca la historia de una mujer que «representa la persistencia femenina ante la imbecilidad masculina», y ha enfatizado que Feliu no ha querido colaborar en el libro.

«Lo único que me pidió es que no le haga más daño», ha remarcado Porta, quien ha tenido acceso al sumario de la causa, las grabaciones del juicio –ha recordado que se retransmitió por señal institucional– y ha hablado con el entorno de la farmacéutica de Olot (Girona).

Preguntado por qué hubiera cambiado el libro si hubiera colaborado Feliu, Porta ha dicho que lo desconoce, pero que «el relato madre» hubiera sido el mismo, y ha subrayado que en sus declaraciones ante los agentes o el juez la farmacéutica expresaba incluso pensamientos.

Porta ha considerado que el libro «explica por primera vez la historia completa desde el punto de vista de la víctima, desde el ‘garito'» como decía ella del zulo en el que estuvo recluida, en un caso que fue muy mediático y que, a su juicio, fue de negligencia colectiva.

‘FARGO’ EN LA GARROTXA

«Es una especie de ‘Fargo’ en La Garrotxa. Es una tragedia con personajes de comedia», en la que los secuestradores no supieron nunca cómo cobrar y los investigadores se equivocaron en todo, ha subrayado.

El escritor ha explicado que en el libro se muestra la inoperancia de la policía y el juez y de los propios secuestradores –incluidos dos policías locales de Olot–, todos ellos hombres y cómo cambia cuando una juez se hace cargo del caso años después: «No sé si es una cuestión de género, pero hay un hecho, quien intervino en positivo fueron mujeres».

Porta ha asegurado que la resistencia de Feliu la convierte en heroína y ha subrayado que tenía una responsabilidad en explicar la historia, pero que no se considera un justiciero, y ha afirmado que la información en los medios de la época «machacaba» a la víctima.

«OTRO CALVARIO»

El escritor ha asegurado que Feliu vivió «otro calvario» tras ser liberada por uno de los secuestradores porque había gente que cuestionaba que hubiera estado secuestrada y teorías conspiratorias, un calvario que le pesó más que el propio cautiverio.

«Salió del agujero destrozada, pero se presentó muy digna ante los medios», haciendo una rueda de prensa el mismo día de la liberación, ha subrayado Porta, que ha definido este secuestro como uno de las historias más potentes en el paisaje negro catalán.

Porta, que ha realizado un podcast alrededor de estos hechos –‘El segrest’– para Catalunya Ràdio, ha dicho que el libro es más redondo y madurado, y ha admitido que existen «novias» en torno a adaptar a ficción y no ficción historias como ésta o la que hizo sobre Tor (Lleida).

El colectivo Vaga Feminista ha hecho este jueves un llamamiento a «no quedarse en casa» los próximos 7 y 8 de marzo pese a las dificultades que supone la pandemia del coronavirus, y ha asegurado que todas las actividades que han preparado con motivo del Día Internacional de la Mujer cumplirán con las medidas sanitarias pertinentes.

«Somos muy conscientes del contexto y la situación que estamos viviendo, pero precisamente por eso creemos que es importantísimo que el movimiento feminista esté en la calle», ha afirmado una de las potavoces del movimiento, Sílvia Alberich, que ha recordado que la pandemia ha impactado especialmente en las mujeres.

«Con todo el cuidado que nos caracteriza y siendo conscientes de las medidas de seguridad que se deban tomar, no renunciamos a la calle y a nuestro derecho democrático a manifestarnos», ha añadido Alberich, que ha criticado la prohibición a las concentraciones masivas que se preveían para el 8M en Madrid.

Vaga Feminista ha convocado paseos feministas en diversas localidades catalanas el domingo 7 de marzo, una «manifestación estática» en el paseo de Gràcia de Barcelona 8 de marzo a las 18.30 horas, y una acción de protesta con ruido y luces desde los balcones de cada casa el mismo lunes a las 21 horas.

La concentración del día 8 se desarrollará en ocho tramos entre la Gran Via y la avenida Diagonal –dos tramos mixtos y el resto no mixtos–, con todas las manifestantes quietas y con mascarilla, y respetando la distancia de 2,5 metros cuadrados entre las participantes, que deberán inscribirse previamente.

«Para nosotras es prioritario tomar todas las medidas de seguridad para garantizar la salud de las mujeres que participen en esta concentración», ha afirmado otra portavoz, Dolo Pulido, que ha asegurado que se han asesorado con profesionales del mundo del urbanismo y la salud a la hora de preparar la manifestación.

HUELGA FEMINISTA

Además de estas acciones de protesta, el colectivo ha secundado un año más la huelga feminista convocada por algunos sindicatos el 8 de marzo, recordando que el impacto de la crisis en las mujeres trabajadoras, y en colectivos precarizados como los migrantes, las personas racializadas, y las personas trans, hace especialmente necesaria la protesta.

«En el último año las trabajadoras hemos visto como nuestra opresión ha aumentado ostensiblemente: aunque representamos el 39% de la fuerza de trabajo, un 54% de las personas que han perdido el trabajo a causa de la pandemia son mujeres», ha afirmado la portavoz de la comisión laboral de Vaga Feminista, Rosa Aldave.

Ha recordado también que, en muchos casos, las mujeres que han conservado su trabajo han tenido que compaginar su jornada laboral con el cuidado del hogar y la familia, y ha reivindicado que gran parte de los servicios esenciales –enfermeras, cajeras, cuidadoras– son ejercidos por mujeres.

«Se ha demostrado que somos esenciales, pero también precarias», ha añadido Aldave, que ha alentado a todas las mujeres trabajadoras a sumarse a la huelga del lunes 8 de marzo, a reivindicar sus derechos, a demostrar su apoyo al colectivo y a denunciar las vulneraciones que viven en su ámbito laboral.

El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero, ha defendido que «la ciencia y la solidaridad» serán las claves para superar la crisis provocada por la Covid-19, tanto la actual como otras posibles que se produzcan en el futuro.

«De la crisis nos va a sacar la ciencia y la solidaridad, y de la próxima nos volverá a sacar la ciencia y la solidaridad», ha asegurado en un encuentro telemático donde ha realizado un balance del primer año desde el comienzo de la pandemia y en el que también ha puesto el foco en el papel de la Universidad: «Hay que restañar las heridas de la crisis pues en las últimas décadas ha habido un desarrollo sin precedentes pero sin equilibrio: la universidad quiere contribuir a la sostenibilidad».

En cuanto a la valoración de estos meses, ha afirmado que han «ido aprendiendo todos los días» y ha reconocido que lo que le hubiera gustado es «prever que iba a haber una pandemia» para estar preparados. El rector ha añadido que el centro siempre ha trabajado en torno a una serie de premisas: «cuidar la salud de las personas, realizar la mejor tarea posible y dar una respuesta solidaria a la crisis».

Así, ha señalado que, el 13 de marzo de 2020, antes de que se decretara el Estado de Alarma, había en el campus 12.500 estudiantes. «Se decretó que todo fuera online para salvaguardar su salud», ha enfatizado Sánchez-Tabernero, quien también ha señalado que se aplicó el teletrabajo para todos los trabajadores.

Cuando llegó el final de curso, el rector ha indicado que se plantearon la opción de volver la presencialidad –que los estudiantes manifestaron que añoraban– pero teniendo en cuenta que «la tecnología proporciona oportunidades increíbles» al final se están combinando las dos opciones: presencial y online con el fin de «salvaguardar la salud.

Durante la pandemia, el rector ha explicado que ha habido más de 3.000 alumnos confinados y alrededor de 900 positivos, «que nunca se produjeron en el aula» ya que el contagio se producía fuera del campus donde, como ha añadido, se realizaban «cribados periódicos y se aislaba a los positivos (y sus contactos) que asistían por Zoom a las clases».

En cuanto a las personas atendidas durante la pandemia por la Clínica, ha detallado que la cifra asciende a más de 5.000 personas, con un 5% de fallecidos en UCI.

ABOGA POR EL PACTO EN EL MODELO ‘3+2’

Por otro lado, preguntado por la decisión adoptada esta semana por el Ministerio de Universidades de fijar por Real Decreto que los Grados sean de 4 años y eliminar el modelo ‘3+2’, el rector ha abogado por «un pacto de mínimos en vez de una imposición». En cualquier caso, ha aclarado que en el centro no imparten grados de tres años porque creen que «la formación tiene que ser larga y generalista».

«Somos partidarios de grados de 4 años, formación dual, vincular el presupuesto público al resultado, etc. Hay muchas cuestiones donde se puede llegar a un pacto», ha insistido, además de proponer «copiar el marco normativo» de Estados Unidos y Gran Bretaña, los países con las mejores universidades según los estudios.

Sobre el impacto que tendrán los fondos europeos para la reconstrucción del país, el rector ha apostillado que «es mucho dinero» por lo que «la clave es usarlos bien». «La Covid nos da alguna pista sobre el mundo que viene: con compromiso (donde la afirmación ‘estoy aquí para ganar dinero’ es una afirmación del pasado) y colaboración», ha añadido.

MUSEO DE CIENCIAS

De cara al futuro, la vicerrectora de Profesorado, María Iraburu, también presente en la rueda, ha enumerado los proyectos que se van a llevar a cabo, entre los que destaca el nuevo Museo de Ciencias, cuya construcción comenzará en un año y finalizará dentro de tres y en el que la Universidad de Navarra invertirá 22 millones de euros.

El nuevo edificio se ubicará junto al Centro de Investigación Médica a Aplicada (CIMA) en Pamplona y su construcción se enmarca en la ‘Estrategia 2025’, que marca el camino que seguirá la Universidad de Navarra en los próximos cinco años y que da continuidad al proyecto ‘Horizonte 2020’ puesto en marcha en 2015.

La ‘Estrategia 2025’ se divide en tres ejes: ‘Educación transformadora’, que busca más recursos para atraer talento y que se incorporen más profesores e investigadores a la universidad, y más recursos para aumentar becas de grado y posgrado; ‘Investigación de impacto y con foco’, que se divide en dos ámbitos: el cuidado de las personas y el cuidado del entorno; y la ‘Universidad interdisciplinar’, que busca una mayor coordinación entre docencia, investigación y asistencia, y la puesta en marcha del citado Museo de Ciencias.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado este jueves tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa ‘Tándem’ que quiere colaborar con la justicia y declarar «por 100 piezas porque 30 son muy pocas», y ha avisado de que su objetivo ahora es «desenmascarar a todos».

Con traje oscuro, gorra calada, parche en el ojo izquierdo y como único apoyo documental una libretilla verde tipo ‘moleskine’, el comisario se presentaba poco antes de las 10.00 horas en al sede de la Audiencia Nacional para declarar por las piezas 26 y 29 de ‘Tándem’, encargos de los menos relevantes que se conocen. Tras unas dos horas y media en el interior, el comisario se ha acercado a los medios para responder durante más de diez minutos a sus preguntas, recordando antes de empezar que sigue siendo comisario mientras enseñaba su carné profesional.

«No voy a ir contra nadie, nada más quiero defenderme, y por supuesto voy a desenmascarar a todos», ha dicho el comisario, que ha insistido en que mientras no haya condena existe una presunción de inocencia sobre su persona. «Hoy empieza para mí el punto cero, voy a poder defenderme, que hasta ahora no he podido (…), y quiero colaborar con la Justicia, como he hecho toda la vida», ha destacado.

Así, ha señalado que su intención ahora que está en libertad, salió ayer de la cárcel de Estremera después de tres años y cuatro meses en prisión provisional, es «declarar sobre todo», incluso sobre la Operación Cataluña, la supuesta campaña de intoxicación informativa que se habría gestado en el Ministerio de Interior para desacreditar a los líderes independentistas.

«He pedido declarar voluntariamente de todo y la Ley de Enjuiciamiento Criminal debería permitirme declarar», ha señalado para luego apuntar que no le dejan –sin especificar quien– y que «unas veces dicen que las grabaciones no valen porque era comisario en activo». Preguntado por a quién quiere desenmascarar, el comisario ha precisado que se ha ofrecido al magistrado para «hablar absolutamente de todo» y que no le vale que le digan que hay ley de secretos oficiales «para unas cosas y para otras no».

Sobre esas horas y horas de grabaciones que se le incautaron, y sobre los terabytes de información que se tratan de desencriptar, Villarejo ha explicado que «el 90 por ciento de las grabaciones» que realizó «las hizo el CNI», y que no lo veía mal «porque tenía un trabajo delicado» y era bueno «que hubiera control». «Pero no pensé que estaban tan zumbados como para montar este show», ha añadido.

CARGA CONTRA FÉLIX SANZ ROLDÁN

Esa ha sido una de las muchas referencias que ha realizado sobre la figura del que fuera director del CNI Félix Sanz Roldán, al que ha calificado de «lord protector de la Corona» y al que ha acusado de tratar de encapsularle en colaboración con sus «amigos» de la Fiscalía y de Podemos porque le estaba «tocando las narices».

«El gran protector de la Corona, creo no ha sido muy habilidoso a la hora de proteger a su señor», haciendo referencia a las investigaciones que Fiscalía tiene abiertas en torno a las actividades del rey emérito Juan Carlos I. Pero la crítica a Sanz Roldán no ha quedado aquí, pues ha indicado que la investigación de sus actividades comenzó cuando empezó «a cuestionar» los «trabajos» del CNI. «Ningún secreto aguanta el tiempo», ha remarcado.

Así, ha instado a que se investigue quien ha «filtrado» todos los audios y documentados que han salido publicados en prensa mientras él ha permanecido en prisión y que le expliquen «cómo se maneja desde una celda los resortes y esas cosas de ser el más malo de este país».

«Es que es alucinante estar en la celda, de 5 metros cuadrados, con todo intervenido, con todas las comunicaciones y de pronto decir que Villarejo filtra y que Villarejo es un mentiroso, pero al mismo tiempo que afecta a la seguridad del Estado», ha lamentado.

Con todo ello, Villarejo ha admitido ante los medios de comunicación que confía en que «toda esta patraña», en alusión a la causa judicial que se sigue contra él, «verá la luz» una vez que pueda empezar a defenderse.

Parte de su estrategia de defensa se ha podido intuir cuando ha señalado que él nunca fue un policía «normal», que no tuvo despacho y que casi todo su trabajo privado era condicionado por su «interés público».

En este punto ha explicado que al igual que «se hace en muchos países», él cobraba a las empresas a las que ayudaba, y que «muchas veces era de interés estratégico para España», por lo que ha asegurado que se siente «orgulloso de haber sido policía» y de haber «ayudado» a su país.

LAS AGENDAS INCAUTADAS

Asimismo, ha adelantado que va a pedir copia de toda la documentación que se le incautó en el registro de su domicilio y ha señalado que le parece «sorprendente» que de dichos documentos «solo sale el 10 por ciento».

Entre la documentación intervenida se encuentran las agendas en las que el comisario jubilado ha ido apuntado el desarrollo de los presuntos encargos de espionaje que distintas empresas le han hecho –y están siendo investigadas en la Audiencia Nacional– o los contactos que ha tenido con diversas personas, algunas muy relevantes.

Villarejo se ha referido también a estos apuntes y ha recalcado que de lo único que se ha valido es de «una libreta y un papel», enseñando el cuaderno verde que ha llevado a su comparecencia ante el juez. «Este era mi ordenador», ha bromeado, al tiempo que ha agregado que «más de uno» se ha puesto «nervioso» con las anotaciones, algo que, según ha dicho, no pretendía.

Si bien ha sido preguntado por los medios por algunas de las piezas clave del caso, el comisario ha sabido esquivar aseveraciones sobre las mismas –«me preguntan de piezas sobre las que tengo que defenderme»– y así por ejemplo no ha señalado nada concreto en relación a la operación ‘Kitchen’ y los seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas.

«ME HAN MIRADO EL ESFÍNTER BUSCANDO UN TELÉFONO»

Es más, ha querido poner el foco en que ahora lo que busca es recuperar su vida, a su hija, y ayudar a su mujer, Gemma Alcalá, «con este quebranto». Que nos han saqueado todo como en Roma, han destruido, aniquilado y robado», ha apuntado, para luego señalar que ha podido ver como sus relojes los tiene «gente de la Unidad de Asuntos Internos» que alardea diciendo «mira un peluco de Villarejo.

También ha agradecedido el esfuerzo empleado por su abogado, Antonio José García Cabrera, durante su tiempo en prisión provisional, así como a la Fiscalía Anticorrupción por pedir su libertad y al juez por decretarla, ha querido pedir perdón porque en algunas de sus declaraciones ha sido un «desabrido», lo que ha justificado por su «sensación de impunidad».

Asimismo, ha vuelto a denunciar el mal trato recibido en prisión y ha apuntado que le han «puesto en pelotas mil veces» y le han «mirado el esfínter para ver si tenia un teléfono». «Me hubiera hecho mucha ilusión haber tenido una terminación de ese tipo», se ha jactado.

Por último, ha añadido que con su salida quien tiene que tener miedo son «todos los que no creen en la Justicia y que creen que se puede usar para la venganza y para engañar al país». Y ha vuelto a hacer referencia al ex director del CNI, «quien maneja los resortes», y ha añadido que se le debe preguntar por el archivo ‘Jano’.

El propio Villarejo definió ese archivo en 2019 como un dossier con información sobre «vicios y virtudes de las personalidades más relevantes del país», que incluía una carpeta denominada ‘control de togas’ referida a los jueces y fiscales.

La vicesecretaria Sectorial del PP y diputada nacional, Elvira Rodríguez, llama al Gobierno de España a, «de una vez, ponerse las pilas» y emprender un programa de ayudas directas que ayuden a las empresas a «mantenerse» para que cuando la pandemia acebe no estén ya cerradas.

Así lo ha reclamado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Santander, donde este jueves ha participado, junto a la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en una reunión de trabajo con el presidente de CEOE-Cepyme, Enrique Conde, y otros miembros de la patronal cántabra para escuchar los problemas y las demandas del tejido empresarial de la comunidad.

Rodríguez considera que la puesta en marcha de este plan, que ya ha reclamado en anteriores ocasiones, es algo «absolutamente imprescindible» en la actual situación económica generada por la pandemia del coronavirus.

La también exministra y expresidenta de la CNMV y del Grupo Tragsa, que está haciendo una ronda de visitas a distintas comunidades para reunirse con organizaciones empresariales y representantes del tejido productivo, ha instado al Gobierno central a poner en marcha «a lo largo y ancho» de los territorios que componen el país «medidas eficientes» y que «trabajen sobre la realidad de lo que está pasando».

Además, ha pedido al Ejecutivo central que «no lleve a cabo normativas que hagan que «todavía» las comunidades autónomas «acumulen más los problemas que ya están teniendo» por la crisis del coronavirus.

Rodríguez ha alertado de que España está viviendo una «crisis como no ha vivido otra», tanto por la pérdida de vidas como por las consecuencias económicas y ha opinado que aunque las medidas adoptadas por el Gobierno de España al inicio de la pandemia pudieron estar «razonablemente bien» pero «solo» para una situación «muy temporal». «Esto no va bien», ha indicado.

BURUAGA PIDE UN PLAN DE CHOQUE EN CANTABRIA

Las demandas de Rodríguez han ido en línea con los planteamientos de Sáenz de Buruaga, que considera que la «prioridad» y la «urgencia» es ayudar al tejido empresarial «a llegar con vida a 2022 para, a partir de ahí, encauzar la recuperación».

No habrá recuperación que valga si no ayudamos a la Cantabria productiva a resistir, si no ayudamos a mantener empresas y salvar empleos», ha aseverado la líder del PP cántabro, quien ha advertido de que la «realidad económica de Cantabria es para echarse a temblar», con, según ha apuntado, una economía regional que se ha desplomado más de un 9%; con 45.000 parados, 9.000 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y 4.000 autónomos en cese de actividad. «Cerca de 60.000 cántabros atraviesas una situación crítica», ha resumido.

Buruaga ha alertado de que la comunidad vive un «deterioro empresarial sin precedentes» con «muchos» sectores productivos –«demasiados», ha puntualizado– «al límite de sus capacidades».

Antes este escenario, la líder del PP ha afirmado que su partido seguirá defendiendo la necesidad de poner un marcha «un plan de choque» para «con ayudas, acciones y presupuesto» sirva para «rescatar» a los sectores económicos más afectados por las restricciones de actividad, para incentivar el consumo y sostener la demanda en los más castigados, para impulsar la inversión pública y estimular la privada y dar liquidez a las empresas o mantener el empleo.

«El Gobierno de Cantabria ha dicho no, pero nosotros no renunciamos a ello y vamos a seguir insistiendo hasta que se nos escuche», ha afirmado la líder del PP, que expresado el «compromiso inequívoco» de su partido con la empresa y los empresarios y ha advertido de que, o se sale de la crisis «de la mano» con ellos, o «no salimos».

DESCARBONIZACIÓN Y EL PROBLEMA DEL LOBO

«Esto no va bien», ha advertido la vicesecretaria Sectorial del PP, que ha aludido a algunos problemas concretas que afectan a Cantabria y a otros territorios, en especial a su tejido productivo.

Así, por ejemplo, se ha reaferido al impacto en las empresas de la apuesta emprendida en Europa para la descarbonización de la economía o al problema que atraviesas las industrias electrointensivas por el alto coste de la energía.

Rodríguez ha defendido que «no puede ser que solo unos territorios lo paguen porque es una decisión de todos» y, por ello, cree que se debe de «mutualizar el problema pero no se mutualiza».

A su juicio, esto da lugar a una «transición injusta». «No puede ser que sea Cantabria solo quien sufra la descarbonización», ha aseverado.

La vicesecretaria de Sectorial del PP ha defendido que se debería de «compensar» a las empresas a las que se les cambia su modo de funcionamiento «por una decisión política que viene de más arriba». «Ese es el concepto de transición justa y si no se hace realmente no se hace lo que se tiene que hacer», ha opinado la popular, que ha afirmado que desde el grupo popular en el Congreso están planteando medidas de «transición justa», que, a su juicio, el Ministerio para la Transición Ecológica, no las está llevando a cabo.

El presidente de la patronal también ha lamentado la «transición injusta» que, a su juicio, están padeciendo las empresas y también el alto precio de la energía que, según ha dicho, está situando a la industria electrointensiva, entre ella la de Cantabria , «fuera de competencia» respecto a otros países.

También ha demandado más información sobre los fondos europeos para la reconstrucción a los que podrán optar las empresas de los que –ha dicho– «no se conoce la letra pequeña».

Conde ha agradecido a Rodríguez su visita la CEOE. «Esta es tu casa, esta es la casa de los empresarios, esta es la casa de quien quiera venir a ayudar a esta región a tirar para adelante», ha afirmado.

EL LOBO

Al margen de asuntos estrictamente relacionados con los problemas del tejido empresarial, Rodríguez se ha referido también al conflicto del lobo después de que el comité estatal de patrimonio natural aceptase la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de incluir a este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que prohíbe su caza en toda España.

Para Rodríguez, esta medida, que ha generado las protestas de Cantabria y otras comunidades donde se realiza control poblacional de la especie, fue una decisión «que no tiene fundamento» adoptada de «mala manera» y con una «votación fuera de costumbre».

La comisión del Congreso que investiga la operación ‘Kitchen’, el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas orquestado desde el Ministerio del Interior en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del PP en casos de corrupción, ha cerrado este jueves su calendario de comparecencias del mes de marzo y ha acordado solicitar una prórroga de sus trabajos para poder seguir en funcionamiento hasta el verano.

Estos acuerdos se han adoptado en una reunión de los miembros de la Mesa y los portavoces de la comisión que, según han precisado fuentes parlamentarias, han ratificado los cambios de calendario aprobados por la Mesa de este órgano y han fijado dos nuevas comparecencias.

Además, en esta cita se ha rechazado una solicitud del PP que pretendía que la comisión solicitase un informe a los servicios jurídicos del Congreso para conocer si existen antecedentes de órganos de este tipo que hayan empezado a celebrar comparecencias sin haber recibido antes toda la documentación solicitada sobre el caso.

El plan de trabajo de la comisión, impulsado por el PSOE y Unidas Podemos, establecía que las comparecencias arrancarían una vez analizada la información solicitada, pero la el grueso de la documentación no se ha recibido, ni parece que vaya a llegar.

A mediados de febrero, la Fiscalía General del Estado puso a disposición de la comisión los datos recabados por Anticorrupción sobre las causas existentes y Juzgados ante los que se tramitan, pero advirtiéndole de que la documentación íntegra y completa obra en poder del juez.

RESPUESTA A LA NEGATIVA DEL JUEZ

Y la semana pasada, el instructor del caso ‘Kitchen’, Manuel García Castellón, se negó a entregar los documentos requeridos a su juzgado alegando que este asunto «se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado».

La respuesta del juez será analizada el próximo 11 de marzo por la comisión de investigación, que tiene previsto acordar una respuesta a la negativa de García Castellón.

Además, ese día 11 se aprobará también que se eleve al Pleno la solicitud para prorrogar durante tres meses más los trabajos de la comisión.

El Pleno del Congreso aprobó abrir la investigación el pasado 1 de octubre, pero la comisión no se constituyó hasta el 22 de diciembre, con lo que el primer plazo para sus trabajos finaliza el 22 de marzo, cuando tan sólo se habrá podido escuchar a cuatro comparecientes. Así las cosas, los grupos solicitarán una prórroga hasta el 22 de junio sin descartar que haya que pedir más.

El primer interrogatorio tendrá lugar el 17 de marzo y será por videoconferencia. La que protagonizará Luis Bárcenas desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) en compañía de su abogada. Inicialmente la comisión se le había citado para el 11 de marzo, pero su testimonio se tuvo que posponer una semana por coincidirle con uno de los juicios relativos a la ‘caja b’ del PP, en concreto el que afecta al pago de la reforma de la sede de la calle Génova de la capital.

En la misma sesión, después de a Bárcenas la comisión podrá interrogar, ya de forma presencial, a Miguel Ángel Bayo Herranz, el funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados.

EL 25 DE MARZO, PÉREZ DE LOS COBOS Y MOROCHO

Para el día siguiente, el 18 de marzo, se han programado las comparecencias de Felipe Eduardo Lacasa, colaborador en Dirección Adjunta Operativa del su entonces máximo responsable, Eugenio Pino, y a José Antonio Rodríguez González, conocido como ‘comisario Lenin’.

Y, según el acuerdo alcanzado hoy por la Mesa y los Portavoces, la comisión volverá a reunirse el 25 de marzo para interrogar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos quien durante siete años ejerció como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se encarga de comprobar la justificación del uso de los fondos reservados.

Ese mismo día, la comisión tomará testimonio a Manuel Morocho ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del ‘Gürtel’, quien explicó ante García Castellón cómo el director adjunto operativo, Eugenio Pino, le apartó de esa causa en 2015.

En todas las comparecencias, cada uno de los grupos parlamentarios dispondrá de 15 minutos para formular preguntas al compareciente en un formato de interrogatorio, sin intervención inicial. La Presidencia, que ocupa la socialista Isaura Leal, irá moderando la sesión y los tiempos.