El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha urgido este jueves a Junts, la CUP y En Comú Podem a pactar un Govern para la próxima legislatura y «no desaprovechar la oportunidad histórica» que considera que han dado los resultados electorales del 14 de febrero para hacer un gobierno soberanista y de izquierdas.

«Es la hora del acuerdo y este acuerdo no se puede desaprovechar», ha afirmado en una conferencia titulada ‘Un Govern al costat de la gent’ (Un gobierno al lado de la gente) para explicar las principales líneas y prioridades del futuro Ejecutivo que quiere liderar.

Para él, los resultados electorales ofrecen una oportunidad histórica para impulsar una transformación de la sociedad catalana y para lograr la amnistía y un referéndum, y cree que debe aprovecharse «sin perder el tiempo».

«El momento que vivimos como país nos exige a renunciar a jugar con la incertidumbre y los cálculos electorales, a abandonar los vetos estériles y avanzar con la voluntad sincera de acuerdos. Este es el camino más útil para el país y para la ciudadanía», ha reclamado.

Aragonès ha defendido que los resultados del 14F ofrecen una amplia mayoría progresista, otra favorable a resolver el conflicto catalán a través de la autodeterminación y la amnistía, y otra partidaria de la independencia, por lo que ha apelado a Junts, la CUP y los comuns a traducir estas mayorías en un Govern «amplio fuerte, cohesionado y plural».

«No me escondo ni engaño a nadie. Esta intervención es un alegato a favor del Govern del 3 de octubre, del Govern de las luchas compartidas y de la vía amplia que queremos construir desde ERC, y que queremos hacer conjuntamente con Junts, la CUP y En Comú Podem», y ha recordado que nadie tiene mayoría absoluta porque cree que están obligados a llegar a acuerdos.

AUSENCIA DE LOS COMUNS

Entre los asistentes a la conferencia han estado el líder de ERC, Oriol Junqueras, junto a los principales dirigentes del partido, además de Laura Borràs y Francesc de Dalmases (Junts); Dolors Sabater y Eulàlia Reguant (CUP); la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y el exdirigente de los comuns Xavier Domènech en representación del Institut Sobiranies, pero no ha asistido ningún líder ni diputado actual de los comuns.

También han acudido el presidente de Pimec, Antoni Cañete, el del Círculo de Economía, Javier Faus, además de Mar Alarcón (Foment), Carlos del Barrio (CC.OO.), Núriga Gillgado (UGT), Sergi Perelló (Intersindical) y representantes del Consell Nacional de Dones y la Taula del Tercer Sector, entre otros.

ACEPTAR «CONTRADICCIONES»

En plenas negociaciones sobre la formación de gobierno, Aragonès ha confiado que se logre un «acuerdo sólido, honesto y generoso», y ha pedido responsabilidad para salir de la zona de confort y buscar los puntos en común de cada formación para facilitar un pacto.

«No mirar tanto el quién o con quién, sino lo que queremos hacer, el qué. Y entender que se puede hacer más desde el Govern –pese a que esto suponga aceptar digerir muchas contradicciones– que mantenerse en la comodidad de la oposición», ha advertido en alusión velada a la CUP.

Asimismo, ha exigido que «nadie tenga la tentación de jugar la carta de repetición de las elecciones esperando sacar un mejor resultado», ya que ve urgente articular un nuevo Ejecutivo que haga frente a la crisis provocada por el coronavirus.

«El momento es ahora. Y mientras nos obstinamos en aquello que nos diferencia, los problemas se agravan», y ha insistido que es el momento de abrir una nueva etapa basada en los grandes consensos de la sociedad catalana.

«CAMBIAR INERCIAS»

Para Aragonès, el próximo gobierno de la Generalitat debe «cambiar inercias» de los últimos años y debe fijar el objetivo de transformar Catalunya dejando atrás las dinámicas de gobernar del pasado.

En este sentido, ha apostado por hacer un Ejecutivo disruptivo, innovador, «que no reproduzca esquemas del pasado», que ya se conocen los problemas que conllevan, y ha prometido que será 100% paritario en todos los niveles.

También ha apuntado que el nuevo Govern deberá afrontar lo que ha descrito como cuatro revoluciones inaplazables: la social, la feminista, la ecologista y la democrática: «¿Quién no quiere este gobierno? ¿A quién le da miedo esta apuesta de gobierno? No tengo duda de que este gobierno genera pánico a aquellos que quieren que nada cambie».

CUATRO EJES

Aragonès ha vuelto a exponer los cuatro ejes que quiere para el próximo Govern, como un plan de rescate social inmediato para hacer frente a las necesidades más urgentes provocadas por la crisis, y un plan de reactivación económica para aprovechar los recursos de los fondos europeos para «transformar» la economía catalana fortaleciendo el estado del bienestar y con cambios estructurales para acabar con las desigualdades.

Otro de los pilares que ha planteado es un «pacto antifascista y en defensa de los derechos y las libertades» para aislar a Vox en el Parlament, y el cuarto es una estrategia consensuada para avanzar hacia la independencia, sobre la que ha abogado por aprovechar que el independentismo ha superado el 50% de los votos para conseguir que el Gobierno acepte la amnistía y un referéndum de autodeterminación.

La directora insular de Infancia y Familia en el Consell de Mallorca entre 2016 y 2019, Magdalena Gelabert, ha asegurado este jueves que «hay indicios de explotación sexual de menores en Mallorca desde 2011 o antes» y ha considerado que el hecho de que «se quisieran escuchar estos indicios y ponerse a trabajar es cuestión de voluntad política».

«Es muy fácil cerrar los ojos y decir que el problema no existe», ha señalado Gelabert durante su intervención en la Comisión Política sobre Explotación Sexual Infantil en el marco del Consejo Rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Según la exdirectora insular, fue en 2015 cuando «se empiezan a monitorizar las fugas» y «a darle importancia a este tema». «A partir de este momento se unifican criterios, maneras de abordar la situación y un control exhaustivo de fugas. Una fiscalización a la que los centros no estaban acostumbrados, y se notaba», ha apuntado.

Gelabert ha indicado que los casos de explotación sexual a menores tutelados «existían igual antes, pero no se había prestado atención» o «no se le había puesto el nombre de explotación sexual infantil». «Nos dimos cuenta que durante muchos años la administración no había liderado esta cuestión», ha dicho, a la vez que ha asegurado que «el IMAS no conocía las condiciones en las que estaban sus niños y adolescentes».

En este sentido, ha expuesto que sus objetivos en la Dirección fueron atajar las fugas, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los centros y los servicios residenciales, actualizar el reglamento de centros y evaluar los procesos y procedimientos del servicio, entre otras cuestiones.

De acuerdo con Gelabert, durante el tiempo que estuvo al frente de la Dirección, se actualizó el reglamento de centros, se puso en marcha la concertación de los programas y se redujeron las fugas o salidas no autorizadas de los centros. «A nosotros no nos interesaba si teníamos muchos o pocos casos, sino generar espacios seguros para que los chicos y chicas pudieran hablar con sus educadores referentes», ha destacado.

Además, ha censurado el tratamiento de los medios de comunicación con esta cuestión, que ha calificado como «sustancialmente mejorable. «No está mal hablar pero creo que no se ha hablado correctamente», ha señalado. «Las administraciones anteriores deberían reflexionar. Su inacción, negligencias y falta de proactividad y previsión privó a muchos niños y niñas de ser atendidos adecuadamente», ha concluido.

EN 2015 LA DIRECCIÓN TUVO CONSTANCIA DE VARIOS CASOS

Durante la comisión de este jueves también ha intervenido la directora insular de Infancia y Familia entre 2015 y 2016, Beatriz Morales, quien ha relatado que, cuando llegó a la Dirección en julio de 2015, se encontró un despacho vacío, sin papeles ni documentación en el ordenador. «Se hizo el traspaso en forma de un pequeño dossier donde figuraban todas las áreas de intervención del IMAS», ha censurado.

La exdirectora insular ha asegurado que en 2015 ya tuvo constancia de un caso de explotación por medio de la directora de un centro. «Además de dejarnos blancos nos sorprendió», ha comentado. Así, ha explicado que, tras tener conocimiento, desde el área comenzaron a investigar y a preguntar a los técnicos, de forma que comenzaron a salir «casos aislados que podrían estar relacionados con este tipo de explotación.

«Se empiezan a hacer reuniones para ver qué esta pasando», ha apuntado. Asimismo, se puso un parte en Fiscalía, se aplicaron los protocolos para tratar esta cuestión y la directora insular se reunió con todos los servicios de menores de los ayuntamientos de Mallorca.

En este sentido, ha destacado que durante el tiempo que estuvo al frente de esta dirección tuvo constancia de un total de 15 casos sospechosos de explotación sexual infantil. De esta forma, ha considerado que esta es una problemática que «debía de estar sucediendo, pero no se puso sobre la mesa seriamente». «No creo que saliera así de repente», ha dicho.

Morales ha explicado que decidió presentar su dimisión en septiembre de 2016. «Me metí mucho en este tema emocionalmente», ha declarado, puesto que esta cuestión le impactó mucho. «Al final tu no puedes cargar con todo, es un tema muy estructural que depende de muchas instituciones», ha añadido.

Respecto a las posibles soluciones a este problema, ha insistido en que esto «no pasa esto solo con los niños que están en protección, es un problema estructural». «Necesitamos remar todos en el mismo sentido y con la misma fuerza para poner remedio a esto», ha concluido.

La operación realizada este jueves por agentes de la Policía Nacional, en la que se han registrado por orden de la Audiencia Nacional las instalaciones de Alcoa en Madrid, Avilés (Asturias), A Coruña, Málaga y Castellón, se ha saldado con la detención de tres personas, dos en Madrid y una en Málaga. Este viernes serán puestos a disposición de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón.

Fuentes jurídicas, señalan que una cuarta persona que iba a ser detenida en Castellón se encontraba de viaje en el momento del registro, pero se ha puesto en contacto con los agentes y ha sido también citada para que declare también mañana. A los cuatro se les imputa delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, asociación criminal y contra los derechos de los trabajadores.

Los registros se realizaron en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de la metalúrgica en A Coruña y Avilés, una investigación que continua bajo secreto de sumario.

Según un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía, en el operativo se registraron un total de once domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados. Y han participado más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la Dirección General de la Policía, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Fuentes de Alcoa España puntualizaban a media mañana que las fábricas de aluminio de Avilés y A Coruña ya no son de su propiedad desde julio de 2019.

EL ANUNCIO DEL DESPIDO COLECTIVO

La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció en octubre de 2018 su intención de llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y A Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad».

Según afirmó entonces la compañía estadounidense, se trata de las plantas menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos», y se mostró dispuesta a trabajar para reducir el impacto de este proceso y a negociar un plan social con los trabajadores.

Apuntaba Alcoa que las plantas de Avilés y A Coruña se encontraban afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos», unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía.

Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos años «que previsiblemente continuarán en el futuro», alertaba Alcoa.

De esta forma, Alcoa argumentaba que el cierre de las plantas de Avilés y A Coruña permitirá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián (Lugo), donde se produce tanto aluminio como alúmina. Sin embargo, posteriormente anunció también su intención de desprenderse de esta planta, y actualmente negocia su venta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

LA QUERELLA ADMITIDA DE DICIEMBRE DE 2020

Fue en diciembre del año pasado cuando la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón admitió la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con ese proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y A Coruña.

La querella se presentó por hechos que, a juicio del querellante, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Se dirigía contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group.

En el auto de admisión, la magistrada oficiaba a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que realizara «una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella», para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes.

Además, «teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella», la jueza pedía a la UDEF que le informara sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos pudieran resultar relevantes para determinar su posible solvencia.

Tal y como explicaba Tardón en su auto, la querella se refería a Alcoa Inespal, una compañía estadounidense que se dedicaba a la producción de aluminio y que aglutinaba en sus dos centros de A Coruña y Avilés a un total de 688 trabajadores. Explicaba además que el inicio de la investigación contaba con informe a favor de Fiscalía y que es competente puesto que afecta a dos territorios.

Según señalaba la magistrada, la parte querellante sostiene que Alcoa Inespal engañó a los sindicatos representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de la extinción colectiva de la relación laboral, proceso iniciado el 17 de octubre de 2018, «eludiendo de esta forma el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros».

Un informe de Asuntos Internos que indaga el camino que siguieron los fondos que abonó el BBVA al comisario José Manuel Villarejo por los diferentes encargos que le encomendó, más de 10 millones de euros, revela que el principal encausado de ‘Tándem’ realizó operaciones como la adquisición de participaciones en sociedades mercantiles que no habría podido haber llevado a cabo «sin la concurrencia necesaria de los fondos abonados a CENYT por BBVA».

En el informe, con fecha de 3 de febrero de 2021, se apunta que esas operaciones, que cifra en 2,57 millones, fueron ejecutadas con fondos ordenados desde cuentas de la propia CENYT u otras sociedades bajo titularidad real de Villarejo y que las inversiones «tienen su origen en los fondos satisfechos por el cliente BBVA como contraprestación a los proyectos objeto de investigación en la pieza 9» de Tándem.

Así, el informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) relata por ejemplo que se adquirieron participaciones de la Sociedad Eurosuisse entre 2012 y 2013 por valor de más de 300.000 euros, o que se constituyó una sociedad denominada Premium/Cenyt Salud en 2010 en la que también se acudió a una ampliación de capital.

A la hora de elegir dónde invertir el dinero ganado con sus ‘encargos’ de inteligencia, el comisario no desechó sectores que aparentemente no tenían nada que ver con su negociado, como el hotelero. De hecho compró con CENYT participaciones en Riomar Costa por valor de 240.000 euros, y los agentes dicen que el abono se hizo desde una cuenta en la que había recibido un mes antes un pago de BBVA de 100.000 euros.

Siguiendo el rastro del dinero, la policía encuentra además que hay inversiones en mercantiles como Cenyt Ksur y en Autocobermar, una empresa dedicada a la gestión de aparcamientos públicos en la que invirtieron desde CENYT más de 1,2 millones en 2011.

PRODUCTOS DE AHORRO E IMPOSICIONES A PLAZO

Si bien el propio Villarejo rehusaba esta misma mañana en declaraciones a los medios contestar sobre la fortuna que podría haber amasado durante años de actividad, según el informe de Asuntos Internos tampoco le hizo ascos a las inversiones en productos de ahorro e imposiciones a plazo. Y apuntan que la recuperación o retorno de esas inversiones hacia cuentas corrientes o de ahorro le permitió «la canalización de los fondos en diversas direcciones».

A la par que invertía con el dinero recibido por BBVA, el comisario, siempre según informe de la policía, aprovechaba que entraba dinero en la caja para ir amortizando cuotas de prestamos bancarios que tenía, y en concreto, destinó a tal fin más de 700.000 euros. Así, por ejemplo, pudo pagar varias fincas, plazas de garaje y locales en Estepona (Málaga).

Parte de los abonos de BBVA que fueron a caer en cuentas de CENYT se convirtieron en efectivo. La operativa se hacía cargando cheques contra cuentas donde se recibía el dinero de la entidad y cobrando los mismos en efectivo por la propia mujer de Villarejo, la también imputada en Tándem Gemma Alcalá.

Entre las inversiones del Grupo CENYT también están los activos inmobiliarios, y la provisión de fondos a empresas del propio conglomerado empresarial o de algunas que estuvieran vinculadas. Esos movimientos entre sociedades que pertenecían realmente al propio comisario, se hacían bajo fórmulas de préstamos o pagos de facturas desde la matriz.

EL RIESGO DE LA OCULTACIÓN DE ACTIVOS

Precisamente este miércoles, en el auto por el que el juez instructor Manuel García-Castellón acordaba su puesta en libertad, se apuntaba que se han asegurado las responsabilidades civiles del investigado y que por tanto disminuía el riesgo de ocultación de activos.

Añadía el magistrado que por lo tanto se daba la posibilidad de acordar medidas «menos gravosas e igualmente efectivas» para garantizar su presencia en el proceso, «atenuando los indicadores de riesgo que señala el fiscal en su informe». Cabe recordar que el Ministerio Público mantuvo que había riesgo de fuga.

Un total de 70 municipios de 24 provincias y nueve comunidades autónomas participarán en la segunda edición de Holapueblo, un proyecto del Grupo Red Eléctrica, Correos y AlmaNatura para impulsar la repoblación en las áreas rurales facilitando el contacto de pueblos en búsqueda de nuevos habitantes con personas que desean realizar un cambio de vida poniendo en marcha un proyecto de emprendimiento en el medio rural e instalándose allí.

«Holapueblo lleva nuevos pobladores al medio rural, fomenta el desarrollo de negocios sostenibles con el medio ambiente, genera impacto positivo en las comunidades rurales y reaviva la actividad económica del territorio», ha explicado Antonio Calvo Roy, director de Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica.

Según han informado este jueves los impulsores de la iniciativa, la inscripción de municipios ha estado abierta a todo el territorio nacional y, tras analizar 112 solicitudes, se han seleccionado 70 municipios.

En este sentido, han destacado que la selección se ha realizado en base a aquellos criterios que consideran más importantes quienes desean vivir y emprender en el medio rural, como disponer de buena conectividad a internet, oferta de vivienda, consultorio médico y centro educativo, entre otros.

Los municipios se encuentran en Andalucía (Almería, Huelva, Málaga y Sevilla), Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza), Cantabria, Castilla- La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), Castilla y León (Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora), Comunidad Valenciana (Castellón y Valencia), Extremadura (Badajoz y Cáceres), Galicia (Lugo y Ourense) y Navarra.

Para dar a conocer a los municipios a los posibles nuevos pobladores y emprendedores, Holapueblo publicará en su web, www.holapueblo.com, una ficha técnica y un reportaje fotográfico de cada localidad y llevará a cabo diversas acciones de promoción.

Asimismo, han indicado que ya está abierto el plazo de inscripción para aquellas personas que tengan una idea de emprendimiento e interés en instalarse en el medio rural y puede realizarse en Holapueblo.com. Se seleccionará a 35 personas emprendedoras que tendrán acceso a un proceso de mentorías individualizadas dirigidas a desarrollar su idea de negocio y acompañamiento en la búsqueda de municipio, facilitando información relevante y facilitándoles el contacto directo con aquellos municipios compatibles con sus necesidades personales y profesionales.

La primera edición de Holapueblo, que se lanzó como proyecto piloto, ayudó a un total de 30 personas. Entre los negocios impulsados se halla Esencias Yvy. Antonio Ponce y Marta Luz Pinto, de Sevilla y Paraguay, respectivamente, se encuentran instalados en La Sotonera (Huesca) desarrollando Esencias Yvy, emprendimiento basado en el cultivo de plantas medicinales y posterior extracción de aceites esenciales.

También Héctor Sanmiguel está instalado con su pareja en La Sotonera (Huesca) ultimando el lanzamiento de Artiga Partners, una asesoría que ayuda a proyectos y empresas relacionadas con la montaña, los recursos naturales y el deporte, en cualquier etapa y a largo plazo.

Además, Arturo Ferrer y su familia están en La Sotonera, gestionando una finca agrícola para recuperar la fertilidad natural de la misma a través de AGRO Regenerativa, un servicio que, implementando las técnicas de la agricultura regenerativa, lleva a una explotación agrícola a minimizar insumos y producir alimentos de gran calidad.

Ignacio Morillo estaba instalado en su pueblo natal, Esplús (Huesca), y a través de Holapueblo ha recibido apoyo para seguir aumentando los servicios de su negocio, El Huerto de Ignacio, un cultivo de hortalizas en el que combina técnicas tradicionales y modernas.

Por su parte, Emmanuel Gatti se ha instalado en Sasamón (Burgos), haciendo las gestiones necesarias para lanzar Nuvo, startup de innovación en entretenimiento. En los próximos meses espera recibir al resto de su equipo que también se instalará en el municipio.

Daniel Paniagua y su familia estaban viviendo en Mayorga (Valladolid) y Holapueblo ha apoyado el desarrollo de Gafasván, una óptica itinerante que presta servicios a varios municipios de Tierra de Campos, entre ellos Velilla y Villarramiel.

Finalmente, Elena Sáiz se ha instalado con su pareja, Emilio, en Tragacete (Cuenca), desde donde ambos gestionan sus negocios de venta de productos online. Elena ha puesto en funcionamiento PlanB ResiduoCero, donde vende productos zero waste, y Emilio comercializa piezas de recreación histórica a través de su web Northern Traders.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha declarado sobre los ediles que se han unido en torno a la «estrategia» Recupera Madrid (Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas), como ellos mismos la han definido, que están «fuera a todos los efectos» y que la marca Más Madrid «no está en juego ni en riesgo».

«La normativa es clara y se han puesto fuera de la organización política con la que se presentaron a las elecciones en 2019 y, por lo tanto, están fuera del grupo municipal», ha sostenido.

La edil ha contestado así en una comparecencia de prensa, rodeada de ocho concejales, después de que los cuatro ediles de Recupera Madrid hayan defendido esta mañana que lo razonable sería que mantuvieran sus cargos, por ejemplo, la portavocía de la comisión de Seguridad y Emergencias para Marta Higueras, mientras que los servicios jurídicos del Pleno se pronuncian sobre la situación en la que quedan.

«Estos cuatro concejales lo que han hecho es salir de Más Madrid, se han colocado fuera de nuestro grupo municipal y del trabajo que hemos estado realizando unidos durante casi dos años. Cuando alguien se coloca fuera, está fuera a todos los efectos», ha contestado Maestre, que ha añadido que no cree que haya dudas sobre este extremo porque «la normativa es bastante clara. También ha afirmado que han conocido la noticia «como el resto, en los medios».

MARCA MÁS MADRID

El edil de Recupera Madrid Luis Cueto explicaba esta mañana que han realizado una consulta jurídica a los órganos del Pleno ante las «dudas creadas por las peripecias de convertir Más Madrid en Más País y ahora Más Madrid como partido de ámbito nacional», algo que «está alterando la representación institucional».

«No hay en nuestro caso ninguna duda al respecto: Más Madrid es una plataforma política que se presentó con la forma jurídica de un partido político hace casi dos años, que no ha sufrido ningún cambio en el ámbito jurídico, ni en la marca ni en el nombre. Se ha dotado, eso sí, de un desarrollo organizativo democrático. Es la única diferencia que ha habido», ha replicado Maestre.

«Por lo tanto, no está en juego ni en riesgo la marca Más Madrid y el partido político es Más Madrid», ha subrayado, tras insistir en que «no ha sufrido ninguna alteración a lo largo de los dos últimos años», salvo que «ahora está compuesto, además de por una candidatura, por un conjunto de personas elegidas democráticamente para ejercer las tareas de dirección y por centenares de militantes que esperan que se esté a la altura».

«PEQUEÑA DIFICULTADES»

«Es una decisión que no compartimos pero que respetamos. Nosotros desde el grupo municipal, desde el grupo parlamentario y desde una organización política presente en las calles seguiremos mirando al frente con un proyecto verde, feminista, democrático, con el objetivo de ganar la ciudad de Madrid para la mayoría social», ha señalado Maestre, que ha insistido en que ese es el camino, «a pesar de «pequeñas dificultades como estas».

Incluso con ellas en Más Madrid se encuentran «firmes, unidos y tranquilos». En este punto, la edil ha aseverado a la prensa que «no se ha producido ninguna (diferencia política) en las reuniones ni en los muchos espacios de debate que se han tenido a lo largo de estos casi dos años porque en Más Madrid «no hay diferencias ideológicas o políticas, tácticas o estratégicas».

«No es eso lo que explica esta situación, sí algunos intereses personales, que son respetables aunque creo que no están a la altura de lo que espera la ciudadanía de Madrid en un momento complicado», ha lanzado a los cuatro ediles.

LO APRENDIDO DE CARMENA

El concejal de Recupera Madrid Luis Cueto apuntaba esta mañana que «sin Manuela (Carmena) y sin la credibilidad institucional de la gestión» que hicieron los cuatro , Más Madrid «ha perdido la centralidad progresista. Se dirige a una parte del electorado, no a la mayoría de madrileños progresistas. Es una deriva peligrosa. Más Madrid ha vuelto a enero de 2015, lo que les lleva a un activismo minoritario».

«Lo que hemos aprendido muchos de los que estamos aquí de una líder como Manuela Carmena es a aprender la política desde la escucha y desde la resolución de los problemas concretos. La principal enseñanza, que no ha cambiado, es que se puede hacer política desde los principios y con firmeza sin caer en la polarización y en la crítica por la crítica. No hemos cambiado sino que nos sentimos orgullosos de nuestra forma de hacer política», ha contestado Maestre.

La portavoz ha añadido que los cuatro concejales han tomado la decisión de separarse del grupo cuando «Más Madrid continúa consolidándose como la fuerza política hegemónica en la ciudad y en la Comunidad como la oposición real, tanto a Isabel Díaz Ayuso como a José Luis Martínez-Almeida».

«La hegemonía propositiva en el Ayuntamiento la lleva Más Madrid, cuando estábamos en el gobierno y ahora en la oposición. Somos la principal fuerza que empuja contra la tropelía de las tres derechas y somos la fuerza que puso encima de mesa la propuesta de pactos, somos el ariete de las propuestas más innovadoras y progresistas», ha concluido.

La Fiscalía ha mantenido este jueves la acusación a la Sindicatura Electoral del 1-O por presunta desobediencia, y sostiene que sus miembros evitaron recibir la notificación del Tribunal Constitucional (TC), que les advertía de que debían impedir el despliegue de las leyes de desconexión, supuestamente con la intención de eludir posibles consecuencias penales si eran enjuiciados.

En su informe final ante el Juzgado Penal 11 de Barcelona, la fiscal ha cuestionado que el TC notificó personalmente esas resoluciones a «muchísimas personas» al primer o segundo intento, mientras que ha asegurado que en el caso de los síndicos requirió hasta ocho intentos, por lo que recibieron la notificación personal una semana después de las resoluciones.

Ha sostenido que, a pesar de eso, no se puede considerar que no conocieran las decisiones del tribunal, requisito para considerar que su actuación supuso un delito de desobediencia: «Conocimiento tenían todo, pleno, absoluto y tajante. Todo el mundo que vivía en Cataluña en esas fechas conocía las resoluciones, los medios comunicación no hablaban de otra cosa y son profesionales de reconocido prestigio, no nos pueden hacer creer que no conocían la resolución», ha dicho sobre los acusados.

En la sesión de la mañana de este jueves, los acusados han defendido su inocencia al asegurar que solo ejercieron las funciones de síndicos durante una reunión en el Parlament el 7 de septiembre, el día anterior a la suspensión que dictó el TC, y que después renunciaron al cargo.

Sin embargo, la fiscal ha reprochado que se destruyeran las actas de las reuniones de la Sindicatura y ha esgrimido que la web del referéndum, que se replicó en varios dominios al ser cerrada por orden judicial, publicó resoluciones de la Sindicatura fechadas hasta el 14 de septiembre, aunque durante la mañana los acusados han dicho no ser autores de esos documentos sino de los acuerdos en los que se basan.

En la última jornada del juicio, ya visto para sentencia, la fiscal ha mantenido la petición de condena a dos años y nueve meses de prisión, o bien una multa de 5.400 euros, por los presuntos delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas.

La acusación recae en el catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas, que presidió la sindicatura; la profesora de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Tània Verge; el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Pagès; la abogada Marta Alsina; y el profesor de Derecho Administrativo en la UB Marc Marsal.

DEFENSA: «LA QUERELLA ES PESCA DE ARRASTRE»

El abogado de la defensa, Ramon Setó, ha recalcado que la jurisprudencia del TC requiere que haya una notificación personal para apreciar un delito de desobediencia.

Ha mantenido que los síndicos no trabajaron más allá del día 7, y ha replicado que alguien destruyó las actas por temor a represalias penales y ha sostenido que por el mismo motivo no ha podido aportar más testigos al juicio: «Es evidente que el personal del Parlament, no adscrito a la Sindicatura de forma oficial pero que colaboraba, lo último que querrán es venir aquí a hablar de su participación, vistas las consecuencias que está teniendo para el resto».

El letrado ha criticado que «la querella es pesca de arrastre» al reprochar que la Fiscalía también les acusa alternativamente por presunta desobediencia como funcionarios, que sería el delito atribuible a esta acusación si los síndicos hubiesen mantenido el cargo al supuestamente desobedecer al TC.

«Nunca he visto una usurpación de un cargo que está suspendido, que no existe», ya que la propia resolución del TC –aun sin ser notificada personalmente– anuló el nombramiento de los síndicos la noche del 7 de septiembre.

La Asamblea General de Crue Universidades Españolas ha elegido este jueves al rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, para presidir la asociación durante un segundo mandato.

El propio presidente anunció el pasado mes de febrero el adelanto de las elecciones, que estaban previstas para el mes de mayo, con el fin de que Crue dispusiera de un equipo estable para la negociación con el Gobierno de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario, la denominada LOSU.

Para Gómez Villamandos, la Universidad afrontará en los próximos meses «un momento crucial por la oportunidad que se abre para dotar al sistema universitario de la estabilidad y flexibilidad que necesita para ser competitivo en Europa». En este sentido, el presidente de Crue ha subrayado que la Universidad tiene «la capacidad de transformar la sociedad y un potencial formidable para dirigir el cambio necesario hacia la Economía del Conocimiento.

El presidente de Crue, una vez reelegido, ha presentado a los nuevos miembros del Comité Permanente (órgano de gobierno de Crue, junto con Presidencia) y a los nuevos presidentes de las Comisiones Sectoriales (órganos de asesoramiento) de Asuntos Estudiantiles, Internacionalización y Cooperación y Sostenibilidad.

La rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira, y el rector de la Universitat de Lleida, Jaime Puy, pasan a formar parte del Comité Permanente, en el que permanecen como vicepresidentes el rector de la Universitat Politècnica de València, Franciso Mora, y el rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Los rectores de la Universitat Ramon Llull y la Universidad Carlos III de Madrid, Josep Maria Garrell y Juan Romo, respectivamente, permanecen como vocales del órgano de Gobierno presidido por Gómez Villamandos.

En cuanto a la renovación en las Comisiones Sectoriales de Crue, el rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela, será el nuevo presidente de Crue-Asuntos Estudiantiles; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, el nuevo presidente de Crue-Internacionalización y Cooperación; y el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez, el nuevo presidente de Crue-Sostenibilidad.

LA FUTURA LOSU

El presidente de Crue ha hablado sobre la nueva Ley, la LOSU. En concreto, sobre el sistema de gobernanza, Gómez Villamandos ha subrayado que esta deber ser «la clave de bóveda de la reforma universitaria». Si bien ha indicado que los rectores «no tienen miedo a los cambios», también ha explicado que el debate sobre el gobierno de las universidades públicas «carece de sentido sin un texto normativo y un sistema de financiación suficiente, duradero y estable».

Para Crue, existen cuestiones prioritarias de cara a la aprobación de una nueva ley. Entre las medidas relativas a las misiones clásicas de la Universidad, destacan la transformación de la docencia mediante la flexibilización o la adaptación de la oferta de títulos a las necesidades del entorno; una adecuada financiación del sistema de Ciencia y Tecnología para la captación y retención del talento investigador; y la promoción de la transferencia del conocimiento.

Asimismo, Crue reclama la desaparición total de la tasa de reposición y una mayor autonomía real para decidir la estructura y perfil de sus plantillas, así como los recursos para que puedan desarrollar una carrera profesional estable y con posibilidades de promoción. La superación de las brechas de género e igualdad es otra de las prioridades.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves que la comunidad autónoma va a llevar a cabo una desescalada de restricciones adoptadas por la pandemia de Covid-19 «responsable» y «con mucho rigor», sabiendo que, «cuanto más corramos, más pronto nos puede parar en seco el virus».

Así lo ha puesto de relieve el presidente andaluz en una atención a medios en Barcelona antes de intervenir en el acto del Día de Andalucía en Cataluña, y tras poner de relieve que, después de la «tercera trágica ola» de la pandemia que se ha sufrido en el conjunto de España, «afortunadamente, prácticamente la mitad de los municipios» andaluces va a disponer a partir de este viernes de «libertad de horarios hasta las 21,30 horas en todos los servicios, esenciales y no».

Moreno ha insistido en advertir de que «estamos en una desescalada que va a ser responsable», y se ha declarado «convencido de que, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, llegaremos al límite máximo que podemos llegar del número de contagios por 100.000 habitantes para que podamos seguir haciendo una apertura en los próximos 15 días».

«Tenemos que hacerlo paso a paso, de manera responsable, con mucho rigor y sabiendo que, cuanto más corramos, mas pronto nos puede parar en seco el virus», según ha abundado el presidente, que en ese sentido ha recordado que el Covid-19 «está ahí, no lo hemos eliminado, está en nuestras calles, en nuestras plazas y en nuestros pueblos», así como que, en Andalucía, «la cepa dominante es la británica, que es mucho más infecciosa».

Teniendo eso en cuenta, según ha continuado Juanma Moreno, «lo que nos piden todos los organismos internacionales y los propios expertos es responsabilidad». Al respecto, ha explicado que «estamos en una meseta» ahora mismo en relación a la evolución de la pandemia, y, «aunque nos gustaría, no podemos abrir las limitaciones de movimientos, de actividad física, porque eso nos llevaría a un rápido rebrote de contagios».

SEMANA SANTA

«Tenemos que ser muy responsables en esta etapa», según ha insistido el presidente de la Junta, quien, en relación a las restricciones a adoptar de cara a Semana Santa, también ha considerado «sensato, responsable y oportuno que, en una decisión de tanto nivel y tanta importancia como es qué decisiones tomamos respecto a esos días», sea de común acuerdo entre las comunidades autónomas y con el «liderazgo» que «tiene que tener el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad».

Moreno ha opinado que «de nada va a servir que una comunidad abra, otra cierre», porque eso «no sólo va a confundir a los ciudadanos», sino que implicaría que «no va a haber una estrategia común frente al Covid».

«Lo razonable, lo que están haciendo en otros países, es tomar decisiones comunes», ha aseverado el presidente de la Junta antes de apelar «al liderazgo del Ministerio de Sanidad y al Gobierno de la nación para que nos pongamos de acuerdo y, o todos cerremos o todos abramos», ha zanjado.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha afirmado este jueves que esta institución supervisará «cuidadosamente» que la dimensión de género esté incluida en los planes nacionales de recuperación por la COVID-19.

Así lo ha asegurado la apertura de una reunión organizada por la presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, Evelyn Regner, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo.

A su juicio, la pandemia no solo ha aumentado las desigualdades que ya existían, sino que «es probable que acabe con décadas de logros» en igualdad de género, porque, según dice, las medidas adoptadas para contener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 a menudo han exacerbado la brecha de género.

«Para asegurarnos de que la vida de las mujeres dé un paso hacia adelante, no hacia atrás, tenemos que lograr una igualdad genuina. Es hora de poner fin a la retórica y seguir adelante», ha señalado Sassoli.

Durante la reunión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dedicado este Día a las mujeres en primera línea, a las trabajadoras de la salud, a las asistentes de ventas que mantenían abiertos los supermercados, a las madres que cuidaban a sus hijos mientras trabajaban desde casa y a las que perdieron sus trabajos.

«Estamos trabajando para poner a las mujeres en el centro de todas nuestras políticas –ha agregado–. Hoy, proponemos una Directiva sobre transparencia salarial: las mujeres deben saber si sus empleadores las tratan de manera justa y, en caso contrario, deben poder defenderse y obtener lo que se merecen. A finales de este año, propondremos una nueva legislación para combatir la violencia contra las mujeres».

Por su parte, la primera presidenta de Grecia, Katerina Sakellaropoulou, se ha centrado en el impacto que esta pandemia ha tenido en diferentes grupos vulnerables de mujeres: madres solteras, migrantes, ancianas y mujeres víctimas de violencia doméstica. También ha destacado que el 86% de los que trabajan en el sector del cuidado en la UE eran mujeres, a menudo mal pagadas. «Tenemos que adoptar políticas que consideren las diferentes experiencias y necesidades de hombres y mujeres», insta.

Mientras, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, Evelyn Regner, ha dicho que está «sorprendentemente claro» que se necesita la igualdad de género. «Y necesitamos mujeres fuertes, sin las cuales la recuperación económica y social seguiría siendo incompleta –añade–. Es nuestro deber y responsabilidad asegurarnos de que las necesidades diferentes pero interconectadas de las personas de todos los géneros se tengan en cuenta y se atiendan en la respuesta COVID-19 para construir una sociedad más resistente, más igualitaria y más justa».

En el encuentro ha participado también la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, quien ha solicitado a la Unión Europea que se incluya la perspectiva de género en los fondos de recuperación durante su participación en el panel de debate ‘Mujeres en la primera línea: lecciones aprendidas de la gestión de la crisis’, donde ha expuesto los puntos relativos al impacto de la COVID-19 en las mujeres que recoge su dictamen sobre la Estrategia Europea de Igualdad de Género.

En el dictamen elaborado por La Rioja, Andreu ha solicitado que se incluya la perspectiva de género en los fondos de recuperación europeos y es que, ha detallado, «las mujeres han sufrido una mayor exposición a la pandemia al ocupar ellas la mayoría de puestos en primera línea como el sector sanitario, de cuidados o de atención al público. Son también las mujeres quienes están empleadas en los sectores más afectados y las consecuencias económicas de la pandemia han agravado las brechas salariales».

En este camino, la presidenta ha informado que el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha «una línea de subvenciones para la contratación laboral de personal cuidador y a la reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de menores y dependientes».

Asimismo, Andreu ha subrayado que, «a pesar de que la Unión Europea es líder en igualdad de género, el progreso es muy lento. Las administraciones competentes tenemos que reaccionar, porque si no, ni nuestras hijas, ni nuestras nietas disfrutarán de plena igualdad», ha añadido.

Por ello, la líder del Ejecutivo regional ha felicitado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por el espacio específico en forma de comisaria que ha dado a la consecución de la igualdad. Finalmente, ha reclamado que, en la estrategia de igualdad de género, se incorporen las propuestas de las regiones y municipios europeos.

El Papa Francisco emprenderá este viernes 5 de marzo su viaje a Irak, que se prolongará hasta el 8 de marzo, para llevar «consuelo» y mostrar su «cercanía» a los más de 250.000 cristianos que viven en el país, una población que ha sufrido la persecución del Estado Islámico y que fue obligada a huir y abandonar sus casas en 2013.

«Mañana viajaré a Irak para realizar una peregrinación de tres días. Desde hace tiempo deseo visitar a ese pueblo que tanto ha sufrido. Les pido a ustedes que acompañen con la oración este viaje apostólico, para que se desarrolle del mejor modo posible y dé los frutos esperados», ha subrayado el Papa este jueves en un tuit.

En un mensaje posterior se dirige directamente a los «hermanos y hermanas cristianos de Irak» que han «testimoniado la fe en Jesús en medio de pruebas durísimas» y les asegura que espera «con emoción» el momento de verlos. «Me siento honrado de visitar una Iglesia mártir: gracias por vuestro testimonio», añade.

Precisamente, el «primer motivo del viaje» a Irak, según explicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, es llevar su «cercanía y consuelo» a los cristianos perseguidos.

En el videomensaje que envió a la reunión organizada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del sobre la situación en Siria e Irak en diciembre del año pasado, el Papa instó a la comunidad internacional a que facilitase el retorno a sus hogares de los cristianos: «Es necesario lograr que la presencia cristiana, en estas tierras, siga siendo lo que siempre ha sido: un signo de paz, progreso, desarrollo y reconciliación entre las personas y los pueblos.

Este será de los ejes que vertebrarán el 33 viaje internacional de Francisco en sus casi 9 años de Pontificado. En total, está previsto que el Papa pronuncie siete discursos, todos en italiano.

Francisco retoma con este viaje su agenda internacional tras 15 meses de parón por la pandemia de coronavirus. Sumará así 52 países visitados.

El Papa saldrá el viernes por la mañana desde el aeropuerto internacional de Fiumicino (Roma) del avión de Alitalia con destino a Bagdad (capital de Irak), donde llegará por la tarde.

Nada más aterrizar, el Pontífice tendrá un encuentro privado con el primer ministro de Irak, Mustafa Al-Kadhimi, en la sala VIP del aeropuerto internacional de Bagdad. La última vez que se reunió con él fue el 25 de enero en el Vaticano. Allí mismo, realizará la tradicional visita de cortesía privada al presidente de la República de Irak, Barham Salih.

Al finalizar, el Papa participará en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático que se realizará en un salón del Palacio Presidencial de Bagdad y pronunciará su primer discurso.

A final del día está previsto que el Papa se traslade a la catedral siro-católica de ‘Nuestra Señora de la Salvación’, en Bagdad, para el encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas, donde pronunciará otro discurso. Este templo sufrió en 2010 un atentado terrorista en la que perdieron la vida más de 45 personas, entre ellas los sacerdotes Thair y Wasim, a los que el Papa rendirá homenaje.

Bruni ha destacado que no es casualidad que el primer «encuentro de culto» tenga lugar en esta Iglesia, que fue restaurada en 2021 y donde hay un placa de mármol que recuerda «la sangre versada» en el atentado.

VISITA A SISTANI, PRINCIPAL AUTORIDAD CHIÍ DE IRAK

El sábado, el Papa viajará en avión de Bagdad a Nayaf, donde visitará al Gran ayatollá Sayyid Ali Husaini Sistani, la principal autoridad chií en Irak. Bruni ha enmarcado este encuentro en la óptica de la «fraternidad» que propone el Papa en su tercera encíclica ‘Fratelli Tutti’. Al-Sistani es uno de los clérigos chiíes más influyentes, con millones de seguidores en todo el mundo. En Occidente es principalmente conocido por su prestigio y su peso en la política iraquí, especialmente a partir de la invasión estadounidense en 2003.

Sistani, considerada una voz moderada, ha jugado un papel fundamental como mediador político y referente moral en Irak, lo que le ha dado gran influencia en un país que está en el centro de la pugna entre Estados Unidos e Irán.

Posteriormente, Francisco viajará en avión de Nayaf hacia Nassiriya –donde se encuentra el cementerio musulmán más grande del mundo– y participará en un encuentro interreligioso en la llanura de Ur y pronunciará un discurso.

El domingo, el Papa viajará en avión a Erbil, capital del Kurdistán iraquí, donde será recibido en el aeropuerto por las autoridades religiosas y civiles de la región autónoma de Kurdistán Iraquí.

Este punto se erige como el último refugio de los cristianos en Irak, en la región autónoma del Kurdistán, que consiguió su independencia en 1991 tras la primera Guerra del Golfo, un lugar donde, de momento, son tolerados, aceptados y pueden exigir algunos derechos.

DE UN MILLÓN A 300.000 CRISTIANOS

Debido a las numerosas persecuciones y amenazas de muerte a manos de los grupos musulmanes radicales, miles de familias cristianas escaparon de las ciudades de Basora, Bagdad y Mosul para refugiarse en Erbil y las zonas limítrofes. Antes de que Estados Unidos invadiera Irak en 2003, había alrededor de 1,2 millones de cristianos en todo el país; ahora no quedan más de 300.000.

Además de católicos caldeos, que representan el 75% de los cristianos iraquíes, están los asirios o nestorianos, seguidos de siriaco-ortodoxos, y, en menor número, armenios y protestantes.

Está previsto que el Papa viaje en helicóptero hacia Mosul, donde realizará una oración de sufragio por las víctimas de la guerra en Hosh al-Bieaa (Plaza de la Iglesia) en Mosul. Allí tendrá lugar uno de los momentos más significativos del viaje. Está previsto que el Papa se traslade hasta la plaza de las cuatro iglesias donde rezará «de forma privada» para «honrar a las víctimas de la guerra», en palabras de Bruni.

En 2003, la comunidad cristiana de Mosul tenía unos 35.000 fieles. En los once años siguientes al comienzo de la guerra para derrocar a Sadam Hussein, el número cayó trágicamente y los asesinatos y secuestros a cristianos estaban casi a la orden del día.

Muchas de las iglesias caldeas cerraron incluso antes de la invasión del autodenominado Estado Islámico porque un gran número de personas abandonó Mosul tras el asesinato en 2008 del obispo caldeo Raho y del padre Ragheed.

En 2014 quedaban en la ciudad unos 15.000 creyentes de diferentes Iglesias: caldeos, siro-ortodoxos, siro-católicos y algunas familias armenias. Con la llegada de los yihadista, miles de cristianos huyeron inmediatamente de la ciudad y los que no escaparon fueron obligados a convertirse o ejecutados.

El Pontífice se trasladará más tarde a Qaraqosh, considerada la ciudad cristiana más grande de Irak, en la llanura de Nínive, donde poco a poco los cristianos están comenzado a volver tras la derrota por parte del ejército iraquí de los terroristas yihadistas. Allí, visitará la Iglesia de la Inmaculada Concepción, pronunciará un discurso y rezará el Ángelus.

Finalmente, el Papa se trasladará a Erbil, donde presidirá la Santa Misa en el Estadio Franso Hariri. Al concluir, volverá en avión al aeropuerto internacional de Bagdad. El lunes por la mañana, el Papa participará en la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Bagdad y partirá en avión hacia el aeropuerto internacional Ciampino de Roma.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al Gobierno central, después de trascender que en Madrid se prohibirán todas las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, a «concretar de una vez» y «aclarar» si este tipo de protestas con motivo del 8M van a estar «prohibidas en toda España».

«Sería bueno si puede aclarar si las manifestaciones del 8M están prohibidas en toda España», ha apuntado Feijóo, quien ha evitado contestar si la Xunta ha pedido expresamente a la Delegación del Gobierno en Galicia que prohíba este tipo de manifestaciones, y se ha limitado a manifestar su «sorpresa» por el paso dado en Madrid.

En todo caso, sí ha transmitido que la Xunta tiene «muy claro» que, con el contexto de la pandemia, con estado de alarma y toque de queda, así como limitaciones en la hostelería y otros servicios, permitir que se celebren estas manifestaciones es «una decisión de alcance» y ha advertido que, «de hacerce», es imprescindible que se hagan cumplir todas las medidas de seguridad.

Dicho esto, ha manifestado su deseo acerca de que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez haya «aprendido» de otros «errores negligentes» como, a su juicio, lo fue permitir que se celebrasen las protestas del 8M el año pasado.

Pero de cualquier modo, ha cargado contra los «bandazos» que, a su modo de ver, tiene el Gobierno en relación a las manifestaciones, y ha vuelto a insistir en que se consintió que se celebrase en Santiago una protesta de negacionistas en la que participaron personas que vulneraron medidas anti covid como la de usar mascarilla.

SERVICIOS MÍNIMOS ESENCIALES

Este jueves el Consello de la Xunta también ha aprobado el decreto que dicta las normas para garantizar los servicios esenciales durante la huelga convocada para el próximo 8 de marzo por la CUT, la CIG, el Sindicato de Oficios Varios de la CNT-Vigo y STEG. Dicha huelga se iniciará a las 00,00 horas del 8 de marzo y finalizará a las 00,00 horas del 9, aunque para las mujeres de prensa escrita será el día anterior.

Mediante este decreto ser recogen los servicios esenciales que se deberán respetar en el sector público autonómico (incluidas la sanidad y la educación), así como en la Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG).

Feijóo ha remarcado que, como la convocatoria este año coincide con la pandemia y las restricciones adoptadas, el decreto también tiene en cuenta ese aspecto a la hora de establecer los servicios mínimos, sobre todo en los ámbitos de la educación y de la sanidad.

Así, en el ámbito educativo la Xunta «refuerza» el personal que deberá permanecer en los centros, sobre todo en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, así como las medidas generales de limpieza.

En el ámbito sanitario, los servicios «deben garantizar el cumplimiento de las normas esenciales para asegurar el control de cualquier incidencia que se pueda producir en los establecimientos y servicios de sanidad ambiental o alimentaria». Pero el decreto también especifica que, por la covid, los servicios deben garantizar el seguimiento de la situación epidemiológica y de la inmunización colectiva siguiendo los protocolos establecidos.

El documento recoge también el mantenimiento de los servicios públicos de información a la comunidad, asegurando la continuidad de las emisiones radiofónicas y televisivas de la CRTVG.

«FEMINISMO DEMOCRÁTICO»

Por otra parte, Feijóo ha sido preguntado por su apelación, con el foco en la figura de Emilio Pardo Bazán, a que «reivindicar el feminismo democrático no debería ceñirse a un día», sino que debería «ser la causa diaria de todos y todas» durante la presentación del libro ‘Movendo os marcos do patriarcado’ y si considera que hay algún tipo de feminismo que no lo sea.

Al respecto, el presidente gallego ha eludido polemizar y se ha limitado a reiterar «el alcance y contenido» de todo el discurso. «Me reitero en lo dicho punto por punto», ha zanjado.

Al menos 17.000 profesionales de la salud han fallecido por COVID-19 en el último año, según un nuevo estudio de Amnistía Internacional, Internacional de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Union, en el que estas organizaciones instan a adoptar medidas urgentes para acelerar la vacunación de millones de profesionales sanitarios de primera línea en todo el mundo.

Esta advertencia llega en un momento en el que las «desigualdades» en el acceso a la vacuna a nivel mundial no dejan de aumentar. Hasta la fecha, más de la mitad de las dosis disponibles en todo el mundo se han administrado en tan sólo 10 países ricos en los que vive menos del 10 por ciento de la población mundial mientras que, en más de 100 países, aún no han vacunado ni a una sola persona.

Dado que muchos de los países más pobres van a recibir sus primeros lotes de vacunas en las próximas semanas y meses, las organizaciones han pedido a los gobiernos que incluyan a todo el personal sanitario de primera línea en sus planes de distribución a todo el personal sanitario de primera línea, como los y las profesionales que en muchos casos han sido ignorados durante la pandemia, por ejemplo personal de limpieza, personal de salud comunitaria y personal de servicios sociales, a fin de salvar vidas y garantizar condiciones laborales seguras.

«Cada 30 minutos muere de COVID-19 un trabajador o trabajadora de la salud. Es una tragedia y una injusticia. El personal sanitario de todo el mundo ha arriesgado su vida para intentar protegernos frente a la COVID-19 y, sin embargo, en demasiados casos lo han hecho sin contar con protección alguna, y han pagado el peor precio por ello», ha dicho el director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn.

Los gobiernos, prosigue, deben garantizar la protección de todo el personal sanitario, en todo el mundo, frente a la COVID-19. «Han arriesgado sus vidas durante toda la pandemia, y ha llegado la hora de darles prioridad en la administración de estas vacunas que salvan vidas. Es necesario adoptar medidas urgentes para acabar con las enormes desigualdades en el acceso a las vacunas a nivel mundial, de manera que un trabajador o trabajadora de la salud en Perú esté tan protegido como un médico o médica en el Reino Unido», ha añadido.

Asimismo, las organizaciones han analizado los datos disponibles publicados por gobiernos, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de más de 70 países. No obstante, si se tiene en cuenta que muchos gobiernos no han recopilado datos oficiales o lo han hecho solo parcialmente, es «muy probable» que estas cifras estén bastante por debajo de la realidad.

La inseguridad de las condiciones laborales, unida a la falta de equipos de protección individual (EPI), han generado, a juicio de las organizaciones, «enormes problemas» para el personal sanitario de todo el mundo durante la pandemia, especialmente en las primeras fases.

De hecho, un informe de Amnistía Internacional de julio de 2020 reveló que prácticamente la totalidad de los 63 países analizados carecían de EPI suficientes. Algunos colectivos se han visto especialmente afectados por este abandono, y en países como Malasia, México y Estados Unidos, el personal de limpieza, de servicios auxiliares y de servicios sociales han sufrido represalias, entre ellas despidos y detención, por exigir EPI y unas condiciones de trabajo seguras.

En un considerable número de países, el abandono del personal sanitario se ha convertido en una constante durante la pandemia. Hasta la fecha, 1.576 trabajadores y trabajadoras de residencias de personas mayores han muerto por COVID-19 en Estados Unidos.

Además, en el Reino Unido fallecieron 494 trabajadores y trabajadoras sociales en 2020, y los datos públicos del gobierno revelan que las personas que trabajaban en residencias de mayores y como asistentes sociales tenían más del triple de probabilidades de morir por COVID-19 que la población activa en general.

Del mismo modo, un reciente informe de UNICARE, un departamento de UNI Global Union, destacaba que el personal de asistencia social que desarrolla su trabajo en distintos contextos, con contratos temporales con agencias y en instalaciones con menores ratios de personal por cama presentaba mayores índices de contagio y mortalidad.

«Estas muertes son terribles, catastróficas, y reflejan tan solo una parte del verdadero coste de la pandemia para el personal de cuidados de todo el mundo. El virus no distingue entre un cirujano o cirujana y un enfermero o enfermera de una residencia de mayores o un asistente de atención domiciliaria, y tampoco debe hacerlo nuestra estrategia sobre vacunación, distribución de equipos de protección y protocolos de seguridad para el personal de cuidados expuesto a la COVID-19», ha detallado la Secretaria General de UNI Global Union, Christy Hoffman.

DESIGUALDAD EN LA VACUNACIÓN

Por otro lado, las organizaciones han lamentado que en la mayoría de los países, los planes nacionales de vacunación dan prioridad al personal sanitario, muy expuesto al virus. Sin embargo, debido a la desigualdad en el acceso a las vacunas a nivel mundial, en más de 100 países no se ha vacunado ni a un solo profesional de la salud.

Al mismo tiempo, el personal sanitario de algunos países que ya han iniciado sus programas de vacunación corre el riesgo de no ser considerado un colectivo prioritario o de tener que esperar para vacunarse, debido bien a la falta de suministro, bien a problemas de ejecución de los planes de vacunación, o bien por una definición limitada del concepto de profesional de la salud.

En términos generales, el personal sanitario en Europa ha sido un grupo prioritario en el marco de los planes nacionales, pero los problemas de suministro han ralentizado el proceso de vacunación. En algunos países, los sindicatos también han tenido que abogar por que el personal de las residencias de mayores se incluyese en la definición de personal sanitario, de manera que también se contasen entre los colectivos prioritarios para la vacunación.

En países como Brasil y Perú, donde la vacunación del personal sanitario comenzó en enero y febrero, respectivamente, las organizaciones de profesionales de la salud han denunciado que, en determinados contextos, se ha vacunado al personal administrativo y directivo antes que a los trabajadores y trabajadoras de primera línea. En Perú, parte del personal de limpieza y recogida de residuos tampoco está recibiendo las vacunas, a pesar de su exposición al virus.

En Sudáfrica, donde en 2020 fallecieron más de 492 profesionales de la salud, el gobierno ha empezado hace poco a vacunar a parte del personal sanitario, en el marco de un ensayo de la vacuna de Johnson and Johnson, y se prevé que reciba más suministros de la vacuna en los próximos meses, aunque sus planes de vacunación iniciales se vieron obstaculizados por la suspensión del uso de la vacuna de Oxford y AstraZeneca.

Como muestra de apoyo a la campaña por una vacuna universal, Amnistía Internacional, Internacional de Servicios Públicos y UNI Global Union también instan a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para impulsar el suministro mundial de vacunas, invirtiendo en capacidad de fabricación y garantizando que las empresas productoras comparten sus tecnologías y conocimientos, a fin de garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de vacunarse.

«Un mecanismo clave para acelerar la vacunación y evitar más muertes innecesarias entre el personal de primera línea pasa por una exención de la OMC sobre las patentes que permita abaratar las vacunas, y que debe ir acompañada de subvenciones para los países más pobres que, a pesar de ello, sigan sin tener capacidad para adquirirlas», ha zanjado la secretaria general de ISP, Rosa Pavanelli.

La proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, procedente de la Comisión de Justicia, podría quedar aprobada definitivamente el próximo miércoles tras la celebración del Pleno en el Senado si la Cámara no admite enmiendas ni proposiciones de veto. El pasado mes de diciembre pasó el examen en el Congreso, aunque no obtuvo los apoyo de PP y Vox.

En la sesión de control al Gobierno la oposición abordará al Ejecutivo sobre los fondos europeos. En concreto, la senadora del PP Esther Basilia del Brío formulará una interpelación sobre los criterios del Gobierno para el repartos de los fondos europeos ‘Next Generation EU’. En esta línea, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Tomás Marcos Arias, preguntará sobre los mecanismos previstas por el Ejecutivo y su coordinación para corregir la falta de control y transparencia en la ejecución de los fondos procedentes de Europa.

Por su parte, el parlamentario socialista Alfonso Carlos Moscoso González preguntará, en esta línea, sobre si el Gobierno puede determinar cuál va a ser la participación de los Ayuntamientos en los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En clave territorial, la ‘popular’ Ana Camins pedirá al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, una valoración de su relación con las delegaciones del Gobiernos en las comunidades autónomas. Además, el PP también pedirá detalles en relación con la evolución de la campaña de vacunación. En este caso, será el parlamentario Rubén Fausto Moreno quien suba a la tribuna del hemiciclo.

La vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, tendrá que dar respuesta acerca de las medidas que va a tomar su Ministerio para fortalecer la democracia en España. Una pregunta que, en esta ocasión, le formulará la senadora del PP Salomé Pradas.

AGENDA PARA EL REENCUENTRO

La sesión de control también reservará un espacio para que el Gobierno dé respuesta a una pregunta registrada por el senador del Grupo Parlamentario Nacionalista Josep Lluís Clerias sobre si los últimos hechos acaecidos contra el Presidente y miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, contra la concesión del tercer grado penitenciario a los presos políticos catalanes, así como la derivarepresiva, forman parte de la propuesta del Gobierno para el «reencuentro» y para «pasar página».

Además, con motivo de los actos de violencia que se están acometiendo estas semanas en Cataluña en relación con el rapero Pablo Hasél, el PP ha registrado una moción por la que el Senado muestra su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las policías autonómicas, foral y locales por su defensa de la libertad, de la seguridad y de los valores democráticos.

El Grupo Parlamentario Vasco, por su lado, defenderá una moción por la que el Senado manifiesta su preocupación por la violación del alto el fuego y la escalada de hostilidades que se han producido en el Sáhara Occidental y solicita el respeto de los acuerdos de alto el fuego vigentes desde 1991.

Además, el Parlamento de Cantabria también presentará la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamientode los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno.

Por último, procedente de la Comisión de Sanidad y Consumo, se tramitará por el procedimiento de urgencia un Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 (procedente del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio).

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este jueves el acto de «propagada» sobre la destrucción de armas usadas por una decena de comandos de ETA que ha protagonizado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya que, según ha recalcado, está llegando a «pactos con Bildu» y realizando un «acercamiento de presos etarras» a cárceles próximas al País Vasco.

Se trata de un acto simbólico organizado en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid) en el que se ha escenificado la destrucción de más de 1.300 armas pertenecientes a organizaciones terroristas, entre ellas las usadas por una decena de comandos de ETA desarticulados entre 1978 y 2002.

Sánchez ha defendido la memoria de las víctimas de los GAL, ETA o Grapo durante este acto que no ha contado, pese a estar invitados, con la asistencia de los líderes de la oposición ni los expresidentes del Gobierno, que estaban invitados.

Casado ha recalcado que la sociedad española «derrotó a ETA con la ley, los Cuerpos de Seguridad y la cooperación internacional» y ha defendido la «memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo.

«Al Gobierno le sobran los actos de propaganda, los pactos con Bildu y los acercamientos de presos etarras», ha proclamado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

BELTRÁN DENUNCIA LA «ACTITUD HIPÓCRITA» DE SÁNCHEZ

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quién ha afirmado que «no hay propaganda ni apisonadora que tape la indignidad de los pactos con Bildu para estar en la Moncloa». «¿Dónde está el arrepentimiento y la colaboración de los presos terroristas acercados cada viernes para resolver los crímenes?», se ha preguntado en Twitter.

Ante la Junta Directiva del PP de Zamora, la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, ha calificado de «representación teatral» este acto de Sánchez y ha añadido que demuestra su «actitud hipócrita» porque «destruir armas no destruye pactos de Gobierno que tiene con Bildu», un partido que, según ha dicho, «será legal pero es absolutamente inmoral porque sigue amparando los asesinatos que cometió la banda terrorista».

Además, Beltrán ha señalado que destruir armas «no destruye los beneficios penitenciarios» que está dando el Gobierno a los «que empuñaron esas armas» ni «destruye las concesiones» que está realizando como la transferencia de Prisiones a Euskadi. A su entender, «hoy ha vuelto a ganar Bildu-Batasuna» y «se ha vuelto a humillar a las víctimas del terrorismo».

Por su parte, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha dicho que Sánchez, «en lugar del teatrillo con las pistolas», debería «escenificar la derrota política de ETA rompiendo todos los acuerdos de PSOE y Bildu a nivel nacional, autonómico y local», expulsando a Arnaldo Otegi del «centro de las decisiones de Estado». «¡Basta de propaganda!», ha exclamado.

CRÍTICAS TAMBIÉN DE ITURGAIZ Y JIMENEZ-BECERRIL

Desde el País Vasco, el presidente del PP en esta región, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que este acto es «otro paripé de Sánchez para humillar a las víctimas» porque, según ha dicho, con sus decisiones está dando «munición» al entorno de ETA.

«El Gobierno socialcomunista de Sánchez destruye las municiones de hierro de ETA. Y al mismo tiempo le da al entorno de ETA munición política pactando con los proetarras de Bildu la política penitenciaria y blanqueando sus siglas», ha resaltado.

De la misma manera, la diputada del PP Teresa Jiménez-Becerril, ha asegurado que el presidente del Gobierno «hoy escenifica la derrota de ETA» pero «mañana viernes acercará a más presos» de la banda terrorista y «pasado pactará la competencia de prisiones con PNV y Bildu para acelerar la salida de los asesinos de ETA».

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha arremetido duramente este jueves contra la decisión del Gobierno balear de expropiar 56 viviendas a grandes tenedores para alquileres sociales y ha recalcado que esta «política chavista» es el primer paso de lo que «va a hacer Pedro Sánchez en toda España».

En la Junta Directiva del PP de Zamora, Beltrán ha calificado de «gravísimo» el paso que ha dado la socialista Francina Armengol en las islas y ha añadido que Sánchez «pretende cambiar el modelo de país y ha entregado España a radicales, independientes y batasunos».

Es más, ha dicho que estas expropiaciones son «el comienzo de lo que va a hacer Pedro Sánchez en España» y ha subrayado que expropiar es «una política absolutamente chavista». «No vamos a consentir que se ataque a la propiedad privada y lo más sagrado que tienen las personas, esa casa que a muchos tanto les ha costado conseguir a lo largo de su vida», ha resaltado.

CRITICA QUE ECHENIQUE SIGA EN SU PUESTO

Además, la responsable de Organización del PP ha criticado que el portavoz parlamentario de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, siga en su puesto después de que la Fiscalía le haya abierto una investigación «por haber incitado a la violencia durante las manifestaciones de apoyo al criminal Pablo Hasel».

«Echenique no tendría que estar ya en su puesto ni tampoco los ministros del Gobierno que han amparado los actos violentos en Barcelona y otras ciudades de España», ha dicho, para añadir que el vicepresidente Pablo Iglesias es «culpable» pero Pedro Sánchez es «responsable» porque «lo consiente».

Por otro lado, ha calificado de «representación teatral» a «bombo y platillo» el acto que ha protagonizado Sánchez para destruir armas usadas por comandos de ETA desarticulados entre 1978 y 2002 y ha resaltado que lo que buscaba este jueves es su «propia gloria», «olvidando el dolor de las víctimas»

A su entender, este acto demuestra la «actitud hipócrita» de Sánchez porque «destruir armas no destruye pactos de Gobierno que tiene con Bildu», un partido que, según ha dicho, «será legal pero es absolutamente inmoral porque sigue amparando los asesinatos que cometió la banda terrorista».

Además, ha señalado que destruir armas «no destruye los beneficios penitenciarios» que está dando el Gobierno a los «que empuñaron esas armas» ni «destruye las concesiones» que está realizando como la transferencia de Prisiones a Euskadi.

Según la vicesecretaria de Organización del PP, «hoy ha vuelto a ganar Bildu-Batasuna» y «se ha vuelto a humillar a las víctimas del terrorismo». Dicho esto, ha instado al presidente del Gobierno a dejarse de «representaciones teatrales» y a preocuparse del esclarecimiento de los asesinatos impunes cometidos por labanda terrorista.

Amnistía Internacional ha valorado positivamente el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual «por abordar por primera vez con un enfoque integral la violencia sexual y por poner en el centro el consentimiento de la mujer» pero ve «margen de mejora».

«Es una buena noticia contar dos años después con un Anteproyecto de ley que incluye algunas de las principales peticiones de la organización relativas a la prevención, detección, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencias sexuales de forma integral», ha declarado la responsable de política interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.

Además, ha destacado que este anteproyecto llega dos años después del informe ‘Ya es hora de que me creas’, con el que Amnistía Internacional quiso poner la violencia sexual en la agenda política, denunciando «la falta de recursos para las víctimas de violencia sexual y la desigual atención que éstas recibían en las distintas comunidades autónomas».

Entre los puntos positivos de la ley, Amnistía Internacional destaca que se ponga el consentimiento en el centro, aunque espera «que se pueda mejorar la propuesta de reforma del Código Penal para evitar interpretaciones que pudieran menoscabar los derechos de las mujeres».

También aplaude el reconocimiento del derecho a la asistencia integral especializada y accesible para las víctimas de violencia sexual a través de la creación de Centros de Crisis que atiendan a las mujeres víctimas de violencia sexual las 24 horas del día, todos los días de la semana, tal y como recomienda el Consejo de Europa.

Igualmente, valora positivamente que se prioriza formación con enfoque de género a los agentes «para hacer frente a estereotipos y prejuicios que pudieran perjudicar a la mujer si decide iniciar una demanda judicial».

Asimismo, celebra el impulso de reformas como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Estatuto de la Víctima «para evitar la revictimización» de las víctimas en el proceso penal. Además, destaca el reconocimiento del derecho a la reparación.

Si bien, también observa algunos «desajustes importantes». En concreto, dice que, si bien la reforma del Código Penal que propone el Anteproyecto es más acorde a los estándares internacionales, «sigue contando con aspectos poco definidos como la contemplación de que el Tribunal pueda aplicar una rebaja punitiva en base a un concepto tan impreciso como el de ‘la entidad menor del hecho'».

«A lo largo de estos años, hemos visto el impacto en las mujeres víctimas de violencia sexual de la interpretación judicial, en muchos casos cargada de estereotipos, y cómo estas interpretaciones las han revictimizado. Nos preocupa que la utilización de un concepto jurídico tan indeterminado contribuya aún más a que los tribunales realicen interpretaciones estereotipadas», ha indicado Virginia Álvarez.

Asimismo, aunque considera una buena noticia que no se exija una denuncia o una condena para que haya reconocimiento de violencia sexual, cree que esta medida debe ser «una oportunidad para armonizar toda la legislación y garantizar que todas las víctimas de violencia acceden al máximo estándar de protección».

«Es necesario asegurar que no se están creando ‘clases de víctimas’ con diferentes reconocimientos de derechos y diferentes mecanismos de acceso a servicios y ayudas», ha añadido Álvarez.

También pide que se aclare cómo se implementará la Ley, una vez aprobada, teniendo en cuenta la competencia de las comunidades autónomas en muchos ámbitos que afectan a la misma.

A día de hoy, según la ONG, la atención a las víctimas de violencia sexual sigue siendo «desigual» en las diferentes CCAA. Asturias y el Ayuntamiento de Madrid cuentan con centros de crisis; y diez comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Murcia) ofrecen asistencia coordinada y permanente.

«El Anteproyecto debería incidir en la necesidad de recursos, acompañados de presupuestos específicos y suficientes, que deberían ponerse en marcha para garantizar una asistencia igualitaria», ha puntualizado la responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional España, Verónica Barroso.

Otras ausencias que destacan son: que «no se tipifica como tortura la violencia sexual cometida con aquiescencia de agentes estatales»; que «no se contemplan medidas específicas para la protección de víctimas menores de las personas de su entorno»; y que «aunque se menciona a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, siguen sin contemplarse aspectos relevantes sobre su protección como, por ejemplo, su detección e identificación».

Amnistía Internacional ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados más de 140.000 firmas, que apoyaron el manifiesto ‘#NoConsiento. Basta de obstáculos a las víctimas de la violencia sexual’ que contó además con la adhesión de 338 organizaciones.

«Con estas firmas, recordamos a diputados y diputadas que en sus manos está aprobar una ley eficaz que garantice la prevención, la protección, el acompañamiento y la reparación de todas las víctimas de violencia sexual», subrayan.