El Gobierno demandó información a la Generalitat de Cataluña el mismo 10 de febrero que se inició la vacunación de colectivos ligados a la seguridad al comprobar que no se mencionaba a policías y guardias civiles, a diferencia de Mossos d’Esquadra, policías locales y bomberos. Transcurrido más de dos meses, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció ayer que los agentes serían vacunados por iniciativa del Gobierno.

Según explican fuentes del Ejecutivo, la delegación del Gobierno en Cataluña remitió una de forma «inmediata» después de que el conseller de Interior, Miquel Samper, no mencionara en sus declaraciones públicas a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de los funcionarios que iban a ser vacunados contra la Covid-19.

El Gobierno advirtió que los policías y guardias civiles no figuraban en el Plan de Protección Civil de Cataluña (PRODICAT), de ahí que se reclamara «información de la fecha de inicio de la vacunación» de los agentes que, como los cuerpos autonómicos, estaban incluidos por su función esencial dentro del Grupo 6 de colectivos prioritarios, siguiendo el criterio de la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial para el conjunto de comunidades autónomas.

De acuerdo a estas fuentes gubernamentales, el 12 de febrero la secretaría general del Departamento de Interior respondió a la carta en nombre del conseller indicando que el lunes, 15 de febrero, se pondrían «en contacto con la persona que indique para iniciar los trámites correspondientes».

El 16 de febrero, desde la Delegación del Gobierno en Cataluña se trasladó al Departamento de Interior «todas las personas de contacto» correspondientes en cada uno de los cuerpos para que pudieran planificar el dispositivo de vacunación, coordinar la programación y facilitar lugares.

El 24 de febrero, la Dirección de Servicios del Departamento de Interior convocó para el 4 de marzo una reunión con representantes del Departamento de Salud catalán, del mismo Departamento de Interior y representante de la Delegación del Gobierno, de Guardia Civil, Policía Nacional y de Sasemar.

REUNIÓN 23 DÍAS DESPUÉS DE EMPEZAR CON MOSSOS

El 4 de marzo, según las fuentes del Gobierno, ya habían transcurrido 23 días desde que se inició la vacunación a cuerpos de seguridad y emergencias de Cataluña. En la reunión convocada a las 16.00 horas en el Departamento de Interior se ofrece por parte de Policía Nacional y Guardia Civil «todo el personal e infraestructura necesarios para poder proceder a la vacunación, así como toda la colaboración posible».

«El Departamento de Salud pide listados de personas a vacunarse, que se facilita por parte de todos los cuerpos», según estas fuentes. Estos listados se facilitan en base a las indicaciones previas del Departamento de Salud, que quería ordenar a los agentes en «grupos grandes» para poder hacer la vacunación. Siguiendo esta petición, se planifica un dispositivo «laborioso» para agrupar a los agentes en los grupos más grandes posibles.

Los casi 7.000 agentes por vacunar se organizan en nueve grupos, algunos con hasta 1.300 agentes, en un esfuerzo por unificarles siguiendo indicaciones de la Generalitat. El grupo más reducido es de unos 70 agentes, en la zona del Pirineu, donde la presencia es menor y debe reunirse en un mismo punto a todos los agentes allí dispersados.

INTENTO DE VACUNAR EN EL PRAT

Del 5 al 23 de marzo se llevan a cabo «numerosos contactos y gestiones» que derivan en la planificación de la vacunación de los agentes para los días 25, 26 y 29 de marzo, mes y medio después de que se iniciara la vacunación de cuerpos y fuerzas de seguridad en Cataluña.

Durante estos días hay «algunos intentos» por hacer vacunaciones en algunos puntos clave como el Aeropuerto de Barcelona, pero resultan infructuosas las gestiones «a la espera de la validación del plan», según aduce el Departamento de Salud.

El 24 de marzo a las 12.00 horas, antes de iniciarse la vacunación de los agentes, tanto Policía Nacional como Guardia Civil reciben órdenes del Departamento de Salud para desprogramar toda la vacunación de los agentes menores de 60 años, que son la inmensa mayoría, «a pesar del esfuerzo ingente que ha supuesto la organización siguiendo los criterios reclamados».

En ese mismo momento, desde la Delegación del Gobierno se piden explicaciones al Departamento de Salud, «explicaciones que se han ido reclamando desde entonces en incontables ocasiones», según las fuentes del Gobierno.

El 8 de abril, el director de Servicios del Departamento de Salud comunica oficialmente a Policía Nacional y Guardia Civil que se suspende la vacunación de menores de 60 años, detallando los motivos por los cuales se recomienda no administrar AstraZeneca a dicho colectivo.

QUEJAS DE SINDICATOS POLICIALES

En paralelo a estas gestiones, varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han llevado este retraso de su vacunación a los tribunales y a la Fiscalía, pidiendo la mediación de ministerios implicados, el Defensor del Pueblo o la propia Delegación del Gobierno en Cataluña.

Los sindicatos denuncian que han sido inoculados el 15% frente a la «práctica totalidad» de Mossos, y que en otras comunidades autónomas ya han recibido al menos la primera dosis más del 75% de los agentes.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció ayer –20 de abril– en el Senado que se había ordenado un cauce alternativo para vacunar a los policías y guardias civiles destinados en Cataluña. Reconoció que es la «única comunidad» que no estaba incluyendo a los agentes y lamentó que este colectivo «no haya tenido la respuesta establecida» en la estrategia de vacunación acordada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

«Los miembros de las FCSE en Cataluña no han sido vacunados en los términos que sí lo han sido en otras comunidades autónomas y, por ello, hace ya una semana que el Gobierno ha tomado la decisión de vacunarles», detalló. La ministra indicó que se están realizando las acciones necesarias para que «próximamente» se les pueda vacunar contra el Covid-19 junto al resto del personal que hacen funciones esenciales.

Fuentes del Ministerio del Interior añadieron a continuación que se había dispuesto que sanitarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil participen en el proceso de vacunación contra la Covid para que, «en cuestión de días» tras recibir las dosis, puedan estar vacunados los agentes.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha trasladado, tras reunirse con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que el Ejecutivo central apuesta por la «vía del diálogo» para solucinar el conflicto de la ley gallega de salud, pero «sin renunciar» al recurso admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones a los medios tras el encuentro, Miñones ha destacado que aprovechó la reunión para presentarse y para abordar asuntos de interés para Galicia, así como para trasladar la ministro planes referidos al municipalismo.

Igualmente, ha señalado que abordaron el recurso contra la reforma de la ley gallega de salud, después de que –ha dicho– el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, le trasladase en su reunión institucional de este martes su «preocupación» al respecto.

Así, ha ratificado que lo que le transmitió el ministro es que se apostará por continuar «la vía del diálogo sin renunciar al recurso» y ha subrayado «toda la disposición» del Ejecutivo central a «seguir hablando» para alcanzar puntos de acuerdo. Así se demostró, ha recalcado, «en dos reuniones previas» de carácter técnico.

«El objetivo no es otro que encontrar una solución a los preceptos que vulneran derechos fundamentales y entran en competencias del Estado», ha subrayado, antes de remarcar, asimismo, que el TC «admite a trámite por unanimidad» el recurso, «lo cual evidencia la problemática que hay encima de la mesa».

Para el delegado del Gobierno en Galicia, este marco de diálogo, que se traduce en la activación de una comisión bilateral en la que negociarán ambas administraciones, supone «una buena noticia» que confía en que permita que la Xunta «modifique el articulado» de la norma autonómica y «adaptarlo a la legalidad».

RECURSO ADMITIDO A TRÁMITE ESTE MARTES

El Gobierno central confirmó haber presentado un recurso de constitucionalidad tras recibir el informe del Consejo de Estado encargado por el Consejo de Ministros, el cual es preceptivo pero no vinculante. Este martes el Constitucional confirmó la admisión a trámite del recurso y la suspensión del apartado cinco de la ley.

Precisamente en su informe el órgano consultivo avalaba la presentación del recurso en cuanto al apartado cinco –en la que se definen actuaciones concretas como la obligación de vacunación–, pero también sugiere al Estado la necesidad de elaborar una ley orgánica que atienda las necesidades de la gestión de la pandemia.

¿QUÉ CONTIENE EL APARTADO CINCO DE LA LEY?

La idea inicial del Gobierno central, tal y como expresó en la petición de informe ante el Consejo de Estado, era recurrir tres aspectos: las medidas preventivas (es decir, las cuestiones a regular), la adopción de las medidas preventivas (‘el modus operandi’ para ejecutar las medidas, recogido en el apartado cinco de la reforma de la ley, es decir, el nuevo artículo 38) y el régimen de sanciones (en varios artículos y, especialmente, en lo referido a las multas por incumplimientos de las medidas que el Gobierno central cuestiona).

En su informe, el Consejo de Estado considera que es pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad –o como dice textualmente, «existen fundamentos jurídicos suficientes»– a uno de los apartados concretos, el relativo a las medidas. Literalmente, señala: cabe este recurso al apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, en lo relativo al apartado 2 del artículo 38 que introduce en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia.

Concretamente, el apartado cinco introduce un artículo 38 a la ley de salud gallega con dos apartados, de los cuales, el Consejo de Estado avala que se recurra la segunda parte, como se ha mencionado. Esta ‘segunda parte’ habla de medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.

Y para ello, además de otras medidas generales, establece que se podrán adoptar medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento domiciliario (actualmente los confinamientos de las personas que están contagiadas por el coronavirus), el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.

Entre las siete principales de esta ‘segunda parte’, también recoge medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas (como actualmente los aislamientos de contactos positivos); o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización.

Este apartado de la ley también habilita medidas de control del «entorno inmediato» de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de «zonas afectadas» (lugares geográficos), lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación (como han sido los cierres perimetrales de ciudades o áreas sanitarias) o restricciones a las agrupaciones de personas (como el límite en las reuniones, tal y como está vigente en este momento en Galicia).

Dos peritos de la Unidad Central de Criminalística de la Policía Nacional han afirmado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ que los archivos que entregó el extesorero del PP Luis Bárcenas al entonces juez instructor del caso, Pablo Ruz, en un ‘pendrive’ con la supuesta contabilidad ‘b’ de la formación política no estaban manipulados.

Los expertos informáticos han comparecido este miércoles en la vista oral en calidad de testigo-peritos –uno de ellos por videoconferencia– y han ratificado ante el tribunal los dos informes que elaboraron en 2013 sobre los dispositivos electrónicos que Bárcenas entregó al Juzgado Central de Instrucción número 5 en la declaración que prestó en julio de ese año.

Uno de ellos era una memoria ‘USB’ del que se analizaron 13 archivos, entre los que se encontraba la presunta contabilidad paralela del PP entre los años 1993 y 1996. Los peritos concluyeron en su informe que las hojas de cálculo donde Bárcenas anotó entradas y salidas de la caja ‘b’ habían sido creados y modificados en esas fechas.

Y esto mismo han manifestado ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal: que «no aparecen manipulados con posterioridad». Además, han apuntado que el «sistema operativo con el que se realizaron (los documentos) corresponde con la versión vigente a la época».

A preguntas del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral sobre si los ficheros corresponden a la «realidad de lo que acontece en el tiempo» que aparece registrado, los expertos de la Policía han indicado que no han encontrado «ninguna discrepancia» que confirme una «situación diferente».

TRES ARCHIVOS QUE «LLAMAN LA ATENCIÓN»

No obstante, han señalado que tres de los archivos analizados sí contienen asientos contables correspondientes a meses posteriores a la fecha de su última modificación, si bien no considera que esto sea una señal de alteración.

Así, preguntados por el abogado del PP, Jesús Santos, que trata de desacreditar la veracidad de las anotaciones de Bárcenas sobre la contabilidad opaca del partido, sobre si estos documentos pueden «poner de manifiesto que el ‘pendrive’ estaba manipulado», el perito que ha tomado la palabra para explicar a la Sala las conclusiones de sus informes ha afirmado rotundamente que «no, en absoluto».

«Nos parece llamativo que alguien feche un documento en un determinado momento y en él haga referencia a meses posteriores. No sé si es una previsión de algo», ha explicado este experto informático, que ha añadido que «desconoce» la interpretación de a estas anotaciones y que sería su autor el que podría dar una explicación.

También ha comparecido el que fuera jefe de la Unidad Central de Auditoría Informática que prestó servicios en el Ministerio Público, que ha expuesto al tribunal unas conclusiones similares. Ha relatado que él hizo un listado de los ficheros que contenía el ‘pendrive’ de Bárcenas y que comprobó, a través de los metadatos y sin entrar a analizar los archivos, que existía una concordancia entre las fechas de creación de los documentos y las que se indica en los mismos.

DEBATE ENTRE HACIENDA Y PERITOS DE PARTE

Por otro lado, gran parte de la sesión de este miércoles se ha centrado en el debate que han mantenido los inspectores de la Agencia Tributaria y los peritos de parte sobre la supuesta defraudación fiscal cometida por Unifica, empresa que realizó las obras de la sede del PP.

Una de las representante de Hacienda ha explicado que del análisis de la facturación por parte de Unifica, de la documentación requerida al PP por las obras y de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, donde aparecen contabilizadas entregas a uno de los socios de esta empresa, Gonzalo Urquijo, se ha comprobado que existen ingresos que no han sido tributados correctamente.

Ha apostillado que, por ejemplo, se constató en 2006 –ejercicio por el que Anticorrupción no acusa a Unifica al considerar que está prescrito, a diferencia de algunas acusaciones populares– que afloraron unos 750.000 euros que corresponden a la diferencia entre dos certificaciones finales de obra –documento que sirve de base para facturar los trabajos realizados– correspondientes a la reforma de la planta baja de la sede en la calle Génova de Madrid.

Cabe recordar que los investigadores de la UDEF que han analizado la presunta caja ‘b’ del PP, encabezados por el inspector Manuel Morocho, afirmaron ante el tribunal que Unifica facturó al PP por el importe inferior contemplado en ambas certificaciones y que el partido abonó la diferencia en negro.

Asimismo, la inspectora de Hacienda ha destacado también que Unifica no imputó correctamente los ingresos obtenidos por la remodelación de la sede del PP. Ha recordado que la Ley General de Tributos establece que el devengo debe realizarse en el momento que se pone la obra a disposición de su propietario y que por ello considera que Unifica ha defraudado a Hacienda por tributar ciertos ingresos en ejercicios posteriores a su contabilización.

Así, la perito, que ha comparecido por videoconferencia, ha recalcado que «las obras estaban sustancialmente terminadas cuando se firma el acta de recepción provisional de las obras (…) y por lo cual no hay duda que el momento de devengo a efecto del Impuesto de Sociedades sobre esos ingresos es el momento de recepción provisional de las obras en los supuestos analizado».

CRITERIOS DISCREPANTES

Sin embargo, los peritos que han elaborado informes a favor de Unifica discrepan de este criterio, que según la perito de Hacienda no es «arbitrario, sino que sigue la legalidad vigente en cada momento», y entienden que los ingresos contabilizados no han sido tributados en años equivocados.

«A Hacienda se le olvida algo importante. Si quieres mirar una realidad económica, tienes que mirar también los gastos», ha puntualizado uno de estos peritos. Así, ha defendido que si la Agencia Tributaria utiliza la «ley del embudo» y que si considera que los ingresos contabilizados en el mes de diciembre no pueden tributarse en el mes de enero del siguiente ejercicio fiscal, tampoco deben hacerlo los gastos relativos a esa misma facturación.

Además, considera que Hacienda sostiene la «premisa errónea» de creer que la doble certificación final de las obras tiene como objetivo «esconder» ingresos. En este sentido, ha puntualizado que en cualquier obra puede haber variación de costes debido a la negociación de precios y comprobación de lo que se ha ejecutado realmente.

La candidatura de Unidas Podemos a las elecciones a la Asamblea de Madrid ha registrado este miércoles una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid para que «urgentemente» tome medidas en relación a la campaña de la formación Vox de «marcado carácter discriminatorio y xenófobo contra el colectivo de las personas menores inmigrantes no acompañadas, incitando al odio y a la violencia contra el referido colectivo».

«En democracia no tiene cabida el racismo ni la discriminación contra la infancia migrante. Esos carteles alientan el odio, la humillación y el desprecio contra personas especialmente vulnerables. Estos carteles señalan como hacían los nazis contra los judíos y en democracia no tiene cabida el fascismo», ha dicho la ‘número dos’ de la lista electoral de Podemos, Isa Serra.

Se refiere así al cartel electoral de Vox instalado en la estación de Cercanías de Sol, que coloca a la izquierda la imagen de una persona mayor añadiendo la frase «Tu abuela, 426 euros de pensión/mes» con una imagen de un supuesto ‘mena’ con una capucha negra, una braga tapándole la boca y los ojos difuminados con el lema «Un mena, 4.500 euros al mes». Detrás se ve una imagen panorámica de Madrid y se inscribe el eslogan de Vox ‘Protege Madrid. Vota seguro'».

«En democracia no tiene cabida el racismo ni la discriminación contra la infancia migrante. Esos carteles alientan el odio, la humillación y el desprecio contra personas especialmente vulnerables. «Estos niños huyen de la miseria, del hambre de sus países, y se encuentran con una miseria más grande: la extrema derecha», ha añadido Serra.

La también portavoz de Podemos calificar de grave «escuchar una y otra vez que ni fascismo ni antifascismo, o que todas las ideas son válidas, porque es darle carta blanca al odio y al fascismo». «Todo lo que dice Vox son datos falsos, a lo que siempre recurren para difundir su fascismo. Solo hay 130 plazas ocupadas por niños migrantes en Madrid. Los datos del coste por plaza son mentiras también», ha añadido.

Para Serra, uno de los problemas del sistema de protección de la infancia en la región es «el negocio privado de empresas que ha creado el PP para sus amigos». «Decir que los menas se embolsan miles de euros es un absoluto insulto e infamia. No es que se destinen recursos, sino los recortes del Partido Popular al sistema de protección supone una vulneración sistemática a los derechos de la infancia. Ayuso es verdaderamente responsable de la situación de los menas», ha dicho.

La directora de la campaña de Unidas Podemos ha asegurado además que el verdadero problema es que estos niños no acompañados «están sin escolarizar porque a Ayuso no le da la gana, sin alimentación adecuada, sin ropa y a los 18 años en la calle porque no hay programas de acompañamiento a la vida adulta».

«Entonces, cuando pasa eso, los que fracasan no son los niños, sino los poderes públicos que tienen que protegerles. Cuando recortan servicios públicos crean xenofobia. Cuando les señalan y criminalizan, ponen en riesgo las vidas de niños migrantes solos, que por el hecho de ser niños tienen garantizados los mismos derechos que cualquier otro niño de la región, que es lo que establece el derecho internacional y la legislación y los consensos que están dispuestos a echar abajo energúmenos y matones que son cobardes porque atacan a los más vulnerables para proteger a los más fuertes y crear odio entre las personas que peor lo están pasando», ha esgrimido.

Por su parte, la candidata Vanessa Lillo ha añadido que es «completamente intolerable y se puede permitir que un partido político, cualquiera que sea, se escude en la campaña electoral para difundir a su antojo un discurso de odio basado en mentiras».

De igual forma, Unidas Podemos ha planteado al órgano electoral que inste al partido ultraderechista a «abstenerse en el futuro de acciones que, en el marco de la campaña electoral, puedan dañar los derechos a la integridad moral y al libre desarrollo de la personalidad de los menores y las menores inmigrantes bajo la tutela del Estado y de la Comunidad de Madrid» y que haga lo mismo con su candidata a la Presidencia, Rocío Monasterio, para «abstenerse de realizar manifestaciones de carácter discriminatorio, racista y xenófobo contra el colectivo de personas menores inmigrantes no acompañadas».

Unidas Podemos ha completado su reclamación solicitando a la Junta Electoral que «proceda al traslado de las actuaciones a la Fiscalía correspondiente a los efectos de iniciar acciones penales con motivo de los graves hechos denunciados».

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido por unanimidad tramitar los recursos de amparo interpuestos por varios diputados y senadores contra los acuerdos que dieron validez a las distintas fórmulas de juramento o promesa del cargo en el Congreso y el Senado al inicio de esta XIV Legislatura. El alto tribunal considera que puede servir para aclarar o cambiar la doctrina como consecuencia del surgimiento de «nuevas realidades sociales».

El TC admite así tanto el recurso del líder de Vox Santiago Abascal y otros diputados de esa formación, como el del portavoz del PP en el Senado Javier Maroto y el de la exportavoz ‘popular’ en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo.

Todos ellos iban contra los acuerdos de las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, de 3 de diciembre de 2019 y las resoluciones de la Mesa del Congreso y de la Mesa del Senado de 13 de diciembre de 2019 y 23 de enero de 2020. En esas resoluciones se dio validez a las distintas fórmulas de juramento o promesa del cargo de los diputados y senadores que tomaron posesión tras la celebración de las últimas elecciones generales en noviembre de 2019.

Ahora, el TC considera que esos recursos pueden ser una buena ocasión para analizar la doctrina actual del tribunal y atender así al «surgimiento de nuevas realidades sociales». «Y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales», añade.

En sus recursos de amparo, los recurrentes consideraban que se pudo lesionar los derechos a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes por culpa de esas fórmulas utilizadas por determinados diputados y senadores.

El Constitucional solicita ahora al Congreso de los Diputados una copia de la resolución de Batet de 3 de diciembre de 2019 y las resoluciones de la Mesa del Congreso de 13 de diciembre y 23 de enero de 2020. Asimismo, se solicita la copia de las actuaciones correspondientes al acuerdo de Llop en la sesión constitutiva del Senado de 3 de diciembre de 2019 y el acuerdo de la Mesa de esa cámara de 12 de diciembre de 2019 por el que se desestimaba la revisión de las fórmulas de acatamiento de la Constitución.

LAS ‘COLETILLAS’

El objetivo de estos recursos de amparo era aclarar si las ‘coletillas’ utilizadas por algunos diputados antes de adquirir la condición plena de parlamentarios se ajustaban a derecho. En la sesión constitutiva del Congreso celebrada el 3 de diciembre de 2019 se dio un amplio catálogo de ‘coletillas’ añadidas a la mera promesa o juramento que establece la legislación.

En concreto, los independentistas catalanes se refirieron a la soberanía del pueblo catalán y recordaron a los condenados por el proceso independentistas de 2017, Vox juró «por España» y los de Unidas Podemos aprovecharon para defender los derechos sociales, el planeta o las mujeres asesinadas.

Ya entonces, tanto el PP, como Vox y Ciudadanos, protestaron por que Batet diera por buenas todas las fórmulas, le pidieron que reconsidera su posición y, ante la negativa, tanto los ‘populares’ como los de Santiago Abascal advirtieron de que recurrirían en amparo al Tribunal Constitucional, como así fue.

La defensa del autor confeso del crimen contra una niña en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha insistido este miércoles en negar que el hombre violara a la menor, y ha mantenido que no premeditó asesinarla: «Jamás tuvo intención de matar a nadie, lo hizo porque tenía sus facultades alteradas».

Al exponer el informe final, la abogada del acusado ha remarcado al jurado que «la muerte no necesariamente se causa queriendo», y ha sostenido que este crimen no fue un asesinato sino un homicidio.

Ha repetido que el acusado entró en su casa, «se encerró en el baño para meterse cocaína y escuchó ruidos, y como estaba en pleno subidón, no se le ocurrió ninguna otra cosa que ir a la cocina, coger dos cuchillos y recorrer toda la casa, y desgraciadamente, acabó asfixiando a la niña», que según él había entrado en el piso voluntariamente.

Al negar que violara a la menor, se ha referido al hematoma que la autopsia detectó en la parte genital: «Con un simple golpe con un canto de la mesa se puede producir esta lesión. Es un simple hematoma. Esa lesión a la que la dan tantísimas importancia es tan solo un golpe en una situación en la que estaban peleando y se produjeron muchísimos golpes. Eso no quiere decir que haya agresión sexual», ha asegurado la abogada.

Ha apuntado, refiriéndose a los médicos forenses que hicieron la autopsia, que «no hay desgarres anales, vaginales y que el himen está construido, y que las bragas estuvieron puestas todo el rato», asegurando que no se puede acreditar la intencionalidad sexual del acusado.

Ha asegurado que ese día la niña no tenía que estar en casa de los abuelos sino que «estaba allí de forma excepcional», por lo que el acusado no podía haber premeditado el crimen, y ha recalcado la declaración de una doctora que participó en las labores de la búsqueda de la niña que aseguró que su hermano insinuó que la niña quizás se habría escondido.

PERITOS Y ACTUACIÓN «NEGLIGENTE» DEL SEM

La letrada ha tratado de desacreditar los informes de psiquiatras y psicólogos que negaron que el acusado tuviera ningún trastorno mental, y ha mantenido que no era consciente de sus actos porque había consumido cocaína.

Según la defensa, el acusado encontró a la niña en el piso y, estando drogado, se asustó y la confundió con un ladrón, con el que creyó forcejear al matarla.

La abogada ha confrontado las conclusiones de los peritos del Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya (Imelec) frente a los que expusieron los peritos privados que contrató la defensa, y que fueron los únicos que avalaron la drogodependencia que el acusado alega al decir que mató a la niña creyendo que era un ladrón.

«Han estado siempre adscritos al Imelec. Es decir, han estado siempre detrás de una mesa. No han tratado jamás a pacientes, a toxicómanos ni drogodepndientes», y ha mantenido que el acusado si puede considerarse un politóxicomano porque, además de a la cocaína, era adicto alcohol.

Ha tachado de «negligente» el informe de los sanitarios del SEM que le atendieron tras ser arrestado –negaron que estuviera ebrio o drogado–, y ha asegurado que los signos del síndrome de abstinencia en cocainómanos no siempre son visibles.

La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos (AMAC) ha acordado romper relaciones con el Gobierno al que acusa de tener una falta de voluntad de acuerdo de políticas de consenso con la organización a la que dispensa un trato de «desatención» e «indiferencia».

Además, valorará pedir amparo al Grupo de Municipios Europeos con Instalaciones Nucleares (GMF), para llevar ante la Comisión Europea y al Parlamento Europeo la decisión del Gobierno de excluir a los municipios de los procesos de toma de decisiones en la gestión de residuos radiactivos.

Esta situación adoptada por la Comisión Directiva de AMAC, según explica en un comunicado, conllevará «inevitablemente la ruptura de cualquier tipo de colaboración futura con los organismos competentes en materia nuclear».

Además, anuncia que próximamente convocará una asamblea general extraordinaria para debatir y acordar las estrategias futuras de la asociación y las relaciones que debe mantener con el Gobierno y el resto de administraciones en esta coyuntura, dado que esta situación «no se había dado nunca» desde la creación de AMAC en 1988.

Los municipios lamentan las últimas decisiones del Ejecutivo sobre la gestión de las instalaciones nucleares, ya sean centrales nucleares o almacenamientos de residuos, que afectan especialmente a los municipios del entorno y al futuro de sus habitantes.

Critica en concreto la introducción de una enmienda a la Ley sobre energía Nuclear incorporada a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que trata de «apartar a los municipios de los procesos de decisión sobre la construcción de almacenamientos de residuos radiactivos, así como de la ampliación o transformación de los almacenamientos existentes».

Asimismo, lamentan la decisión de cerrar «injustificadamente» las centrales nucleares españolas «sin ofrecer ninguna alternativa de desarrollo económico a los municipios de las áreas de afectación, que ha convivido durante 40 años con estas instalaciones en interés de todo el país y no para cubrir sus necesidades locales».

Por otro lado, estiman que el cierre de los reactores significa una pérdida de interés por todo lo que se necesita para asegurar una convivencia segura con estas instalaciones y esto, según advierten, conllevará parar actividades relacionadas con los planes de emergencia, la congelación de los fondos para su mantenimiento y la negativa a su profesionalización en las zonas nucleares.

Para la asociación «todo ello demuestra una total falta de voluntad de colaboración por parte del Estado» con estos municipios y «atenta contra el principio de autonomía local», ya que a partir de ahora los municipios «no tendrán ninguna competencia» en la instalación en su territorio de ningún almacén temporal centralizado de residuos (ATC) o temporal individualizado (ATI) y advierte a las comunidades autónomas que a ellas también las aparta de esta toma de decisiones.

En ese sentido, acusan al Gobierno de impulsar «política contrarias» a lo dispuesto en la normativa europea de gestión de residuos radiactivos, especialmente en lo que dispone la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.

AMAC critica estas políticas «totalmente contrarias a las prácticas de participación, de concertación y de consenso» que desde hace años se practican en todos los países de la UE.

En definitiva, la ruptura de relaciones se debe a que «lejos de recibir el trato que merece» quien colabora en la búsqueda de soluciones, asumiendo las consecuencias, han recibido «desatención y la indiferencia por parte de los organismos estatales».

No obstante, insiste en que aún cree que cabe la posibilidad de establecer soluciones de consenso que garanticen la operatividad de los Planes de Emergencia Nuclear (PEN) y su participación en la toma de decisiones.

El líder del PP, Pablo Casado, ha contrapuesto este miércoles los dos «modelos» que se presentan a las elecciones, el de Isabel Díaz Ayuso basado en la «libertad» e «impuestos bajos» y el del PSOE y la izquierda, que «pelean» por ver quién queda segundo o tercero y qué consejerías reparten. Dicho esto, ha augurado que en el debate electoral de esta noche «confrontarán» esos dos modelos y ha augurado un «todos contra Ayuso».

En declaraciones en el Congreso, Casado ha afirmado que «se está viendo que Ayuso es la presidenta que necesita Madrid», una persona «con las ideas claras» que es «una buena gestora» y que está «siendo valiente al afrontar la pandemia en Madrid sin ninguna ayuda por parte del Gobierno».

El presidente de PP ha señalado que los madrileños «ya saben que hay dos modelos para elegir»: el del PP basado «en la libertad en la elección educativa», «una buena sanidad pública», «impuestos bajos, negocios abiertos y prosperidad y libertad»; y el del PSOE, que «solo se está peleando por ver quién queda segundo, tercero y qué consejerías reparten en ese Frankenstein a la madrileña que pretenderían volver a hacer».

«El PSOE cuando ha gobernado en Madrid no ha sido capaz de hacer metro público, ni abrir colegios públicos ni abrir hospitales públicos», ha enfatizado, para subrayar que ahora encima «amenaza» con subir los impuestos a los madrileños.

Tras asegurar que en octubre del 2020, Pedro Sánchez «recetó un estado de alarma a la carta contra Madrid», el líder del PP ha asegurado que «a lo mejor ahora el PSM se está arrepintiendo de los ataques que Madrid sufrió por parte de Pedro Sánchez para intentar rascar unos votos en Cataluña». A su juicio, es «muy irresponsable enfrentar territorios» pero más aún «ocultar» la responsabilidad en una crisis para «tener mejores resultados electorales».

SE MANDARÁ UN MENSAJE «A TODA ESPAÑA» SI EL PP GANA EL 4M

Y ante el debate electoral que esta noche enfrentará a los seis candidatos a las elecciones del 4 de mayo con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, el líder del PP ha dado por sentado que va a ser un «todos» contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«En el debate se confrontarán esos dos modelos. Es un todos contra el PP, todos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid», ha proclamado, para añadir que los madrileños que están «haciendo sumas y restas», que apuesten por el PP si «quieren que Ayuso sea presidenta».

Además, ha subrayado que si el PP gana los comicios madrileños se mandará el «mensaje a toda España» de que a Pedro Sánchez «se le puede ganar si se unen los votos en torno al Partido Popular», que es «la única alternativa» y «sigue siendo la casa común del centroderecha, que es más necesaria que nunca».

Finalmente, tras la autorización de la vacuna Janssen, Casado ha pedido al Ejecutivo agilizar el proceso de vacunación y trasladar un mensaje de tranquilidad a la población. «Vacunar es seguro y hay que hacerlo para evitar más contagios, fallecidos y para incentivar la recuperación económica», ha señalado.

El académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Emilio Lamo de Espinosa, ha afirmado que «nos encontramos ante la tercera gran transformación de la humanidad, tras las revoluciones agrícola e industrial», si bien ha apuntado que «es más rápida que lo fue la revolución industrial, y ahora es más amplía y más intensa», además de «afectar a la totalidad del planeta».

Lamo de Espinosa ha intervenido en el Seminario de Reflexión Académica ‘Pensar el siglo XXI’, que organiza la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), para abordar ‘La era post-Occidente: El retorno de Asia’. Ha sido presentado y moderado por el presidente de UNIR, Rafael Puyol.

El ponente, que es precisamente director de este Seminario de la universidad on line, ha señalado que el mismo se origina en una «situación de incertidumbre», en un momento en el que «estamos en un punto de inflexión histórico e incluso civilizacional», de ahí que «haya que tomar distancia y objetivar nuestra situación» para «ver la totalidad de la sociedad humana, porque por primera vez somos una sola sociedad».

«EL FUTURO DE ESPAÑA ESTÁ FUERA DE ESPAÑA»

Ha asegurado, además, que en «España hay un fuerte adentrismo y escaso interés por lo exterior; escaso interés de la opinión pública, de los medios de comunicación y de los políticos; y hay una visión nacional como mucho con frecuencia regional, provincializada, escasamente europea y menos mucho global.

Todo ello, le ha llevado a indicar que «el futuro de España está fuera de España», algo que «vemos con la crisis económica, con los programas de la Unión Europea, con la pandemia o con el cambio climático».

A continuación, Lamo de Espinosa ha insistido, en referencia a la ponencia, en la idea de que «estamos en la tercera gran transformación de la humanidad», que «es más profunda, extensa y amplía, que lo fue la revolución industrial».

Ha asegurado que «afecta a la totalidad del mundo», para a continuación recordar que África, desde el comienzo del siglo, «está creciendo más rápido que Asia, por lo que se están incorporando a este proceso globalizador». En este sentido, ha expuesto los crecimientos asimétricos que se están dando a nivel mundial.

El también premio Nacional de Sociología y Ciencia Política se ha referido a la situación de China, destacando que «se prevé que para 2028 la economía china, medida no en paridad de poder adquisitivo sino en dobles nominales supere a la de Estados Unidos». «Detrás de la economía china hay otro montón de países, como el crecimiento de la economía india».

«IMPORTANCIA DEMOGRÁFICA»

Para Lamo de Espinosa la gran transformación hay que verla por la «divergencia demográfica entre el Este y el Oeste, que se ha venido a acoplar con un proceso de convergencia tecnológica entre el Este y el Oeste», todo ello, porque ha asegurado que la «demografía es clave».

En este sentido, ha apuntado que en 1950 el mundo tenía 3.000 millones de habitantes, para 2000 «se había doblado, estando en la actualidad en 7.900 millones de habitantes, y para el 2050 se esperan 9.500 millones, y luego se estabiliza». Ello «significa una presión enorme sobre todo tipo de recursos», ha añadido.

«Y si importante es ver el crecimiento de la población también lo es saber dónde se ha dado», apuntado que «en los países desarrollado ha sido prácticamente nada, y se ha dado en lo que en su momento llamábamos tercer mundo y ahora llamamos mundo emergente».

En este punto, para exponer la importancia de China ha explicado que «es una civilización disfrazada de Estado», ya que «pensamos en China como un estado más, pero un país normal tiene 40 millones de habitantes, por lo que con 1.300 millones es otra cosa».

Lamo de Espinosa se ha referido en su intervención a que por la globalización «el mundo funciona tendencialmente como una sola sociedad». La economía, política, clima son globales, desterritoriales», ha añadido.

Para concluir, ha apuntado que «debemos repensar el mundo del siglo XXI y cambiar la representación del mundo», debido a que «tenemos una visión eurocéntrica» y la realidad «no es esa», de ahí que hay que ver «si seremos capaces de escribir nuestra propia historia o dejaremos que otros la escriban».

Además, de Lamo de Espinosa han participado como ponentes la abogada especializada en Derecho europeo y ex ministra de Exteriores, Ana Palacio, y el profesor Titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), José Ignacio Torreblanca.

PALACIO Y TORREBLANCA

En el caso de éste último, ha indicado que «la única pregunta relevante para saber cómo va a acabar el siglo XXI es preguntarse por la cuestión de China», para a continuación añadir que «Trump rompió una tendencia y mostró que estaba dispuesto a perjudicar a EEUU para ralentizar también el crecimiento de China».

Ha apuntado que «sabemos lo que quiere Estados Unidos, sabemos lo que quiere China pero no sabemos lo que quiere Europa; si quiere arrimar el hombro con Estados Unidos, hacer un tercer polo o ponernos de perfil y esperar a que escampe.

Por su parte, Ana Palacio ha señalado que Occidente «es esa idea clásica de quién ha estado haciendo las reglas del juego», y ahora hay que tener en cuenta que «en el concepto actual de Occidente hay mucho Oriente».

Ha apuntado que la Unión Europea «es una potencia regulatoria» para indicar que «hasta China nos ha copiado nuestra directiva sobre plástico», algo que ha manifestado «eso también es poder».

Ha afirmado, para concluir, que «a los europeos siempre nos salva la campana, nos despertamos cuando no queda más remedio», por lo que ha indicado que esperaba que «esto suceda» y «lo haga pronto».

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de seis acusados por un entramado de blanqueo de capitales descubierto tras detectarse unas transferencias realizadas de forma telemática desde una cuenta bancaria, sin el consentimiento de su titular. La vista oral está señalada para este jueves, 22 de abril de 2021, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el día 27 de mayo de 2016, en un cuenta bancaria aparecieron reflejadas tres transferencias, con el correspondiente envío de dinero, realizadas de forma telemática sin el consentimiento del titular, por el acusado AAA o por persona a su orden: una de ellas, denominada ‘transferencia a A’, por importe de 3.000 euros, y otras dos, llamadas ‘transferencia a B’, por 500 y 100 euros, respectivamente.

Días antes, el acusado AAA, o persona a su orden, conocedor de las transferencias que se iban a realizar y a fin de asegurarse la recepción del dinero, contactó con diversas personas utilizando el nombre ficticio de Joan o Joan Aguilar, ofreciendo un trabajo consistente en recibir dinero en una cuenta bancaria para luego ir transfiriendolo a otras cuentas a cambio de una comisión.

De ese modo, el acusado facilitaba que el dinero llegase a su poder – o al de la tercera persona vinculada-, ocultando y encubriendo dentro del circuito económico tanto la ilicitud de la transferencia como la identidad del real beneficiario.

Así, el dinero de la ‘transferencia a A’ fue a parar a la cuenta de la acusada BBB, quien, en días previos, había trabado contacto con una persona que se hacía llamar Joan Aguilar -el acusado AAA o persona a su orden-, y le propuso recibir en su cuenta bancaria transferencias dinerarias para luego sacar el metálico rápidamente e ingresarlo en otras cuentas bancarias que le especificarían, a cambio de quedarse ella con una cantidad de dinero en concepto de comisión.

La acusada, con ánimo de lucro, se avino a participar en esa «extravagante operativa» sin más trámites ni precauciones acerca de las personas con las que iba a formar parte de tal dinámica, ni tener un contrato en regla conforme a la legislación laboral, ni preguntar el origen del dinero que recibía, según el escrito del Ministerio Público.

De este modo, de los 3.000 euros que recibió, sacó 2.800 euros, quedándose ella con 200 euros. De esos 2.800 euros, ese mismo día 27 de mayo ingresó 1.600 euros en una cuenta -dos ingresos en efectivo de 600 y 1000 euros en concepto ambos de ‘inversión Joan’-, titularidad del acusado CCC, aunque también la gestionaba su hermana, la acusada DDD.

Esta, tras ponerse en contacto en fecha indeterminada con una mujer llamada Marta y un tal Joan, con ánimo de lucro, aceptó recibir en la mencionada cuenta transferencias dinerarias para luego sacar el metálico y mandarlo a Sudamérica, a cambio de una comisión. La acusada, de acuerdo con su hermano CCC, se avino a participar en esa dinámica sin más trámites ni precauciones acerca de las personas con las que iba a formar parte de tal singular operativa, ni tener un contrato en regla conforme a la legislación laboral, ni preguntar el origen del dinero que recibía.

De este modo, de los 1.600 euros que recibió, ese mismo día 27 realizó dos reintegros por 1.000 y 520 euros -acompañándole al segundo su hermano DDD-, realizando a su vez el acusado DDD, ese mismo día 27,*un envío de 1.478,500 euros a la República Dominicana a nombre de Junior Cordero. Debe significarse que los días 19 y 21 de mayo, el acusado DDD ya había enviado otras cantidades al tal Junior Cordero (395,10 y 305,10 euros).

Unos 1.200 euros en una cuenta -en efectivo en concepto ‘inversión Joan’- titularidad de la acusada EEE. Esta, tras ponerse en contacto en fecha indeterminada con una persona indeterminada, aceptó recibir en la cuenta de su titularidad transferencias dinerarias para luego sacar el metálico y remitirlo a otras, a cambio de lo cual le ofrecerían un sueldo y un contrato laboral.

La acusada se avino a participar en esa dinámica sin más trámites ni precauciones acerca de las personas con las que iba a formar parte de tal singular operativa, ni tener un contrato en regla conforme a la legislación laboral, ni preguntar el origen del dinero que recibía. De este modo, de los 1.200 euros que recibió, ese mismo día 27 realizó dos reintegros por 600 euros.

Ese mismo día 27,la acusada EE realizó un envío de 445,10 euros a la República Dominicana a nombre Junior Cordero, enviando a la misma persona el 5 de junio otros 295,10. Debe significarse que, días previos al hecho de autos recibió otras cantidades del acusado las cuales extrajo para hacerlas llegar a otra persona (1.520 euros), constando envíos al tal Junior Cordero los días 24 y 25 de mayo (495,10; 445, 10 y 295,10 euros).

El dinero de las dos ‘transferencias a B’ fue a parar a la cuenta del acusado FFF, de nacionalidad ecuatoriana, quien lo sacó de la entidad, haciéndolo llegar al acusado o persona a él ligada. El banco devolvió el importe a la víctima.

La Fiscalía pide por la estafa, al acusado AAA la pena de 1 año y 9 meses de prisión y por el blanqueo, 2 años y 2 meses de prisión y multa de 8.000 euros. A la acusada BBB un 1 año y 5 meses de prisión y multa de 5.500 euros. A los acusados CCC y DDD: a cada uno, 1 año y 5 meses de prisión y multa de 5.000 euros.

A la acusada EEE la pena de 1 año y 5 meses de prisión y multa de 5.000 euros y al acusado FFF la pena de 1 año y 5 meses de prisión y multa de 1.200 euros. Al tratarse de ciudadano extranjero y ser la pena superior a 1 año, se interesa la sustitución por expulsión. Costas compartidas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado AAA indemnice al banco con 3.600 euros, más los intereses legales correspondientes.

La Fundación Biodiversidad ha liberado 740 ejemplares de cerceta pardilla criados en cautividad en humedales de Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana para reforzar las poblaciones del que se considera el pato más amenazado de Europa.

En el marco del Proyecto LIFE Cerceta Pardilla se han liberado ejemplares criados en cautividade en centros de referencia de Andalucía y la Comunidad Valenciana, en humedales de las provincias de Elche, Valencia, Ciudad Real, Almería, Málaga, Cádiz y Sevilla.

Además, en colaboración con Italia se ha cedido una treintena de individuos nacidos en el centro de recuperación de fauna de El Saler, en Valencia, para su reintroducción en un humedal de Sicilia.

El objetivo de este proyecto LIFE, que cuenta con financiación europea, es lograr la recuperación de 3.000 hectáreas de humedales para revertir el riesgo de extinción de la cerceta que se encuentra en situación crítica en España.

En concreto, en Andalucía se han liberado 440 individuos criados en el centro de recuperación de fauna de la Cañada de los Pájaros, situado junto al Espacio Natural de Doñana. De estos, 360 se reintrodujeron en la misma Reserva Natural Concertada de la Cañada de los Pájaros y el resto de las sueltas de Andalucía tuvieron lugar en Punta Entinas-Sabinar, Fuente de Piedra, Laguna de Medina y las Marismas de Trebujena.

Además, en la Comunidad Valenciana, el centro de recuperación de fauna ‘La Granja’ de El Saler, ha liberado 300 individuos nacidos durante la primavera del año pasado en ese centro de referencia de la cría en cautividad de la cerceta pardilla.

Los ejemplares se han soltado en el Parque Natural de El Hondo y el Paraje Natural Clot de Galvany, en Elche; el Marjal de los Moros en Sagunto; así como en la Reserva Natural Complejo Lagunar de Alcázar San Juan, en Ciudad Real.

Las aves liberadas están marcadas con anillas para facilitar su seguimiento, aunque algunas de ellas también portan emisores de seguimiento GSM, que emiten señal por telefonía móvil y que permiten tenerlos localizados en todo momento.

En cuanto a los 30 ejemplares cedidos a Italia, se liberarán en el pantano de Sicilia sudoriental, en el marco de la colaboración del LIFE Cerceta Pardilla con el proyecto LIFE ‘Marbled duck, Pantani della Sicilia sud orientale’ que busca reforzar las poblaciones italianas de cerceta pardilla e impulsar el intercambio de resultados.

La Fundación informa de que próximamente en Murcia también se iniciará un programa para reforzar poblaciones a partir de los individuos criados en el centro de El Saler.

EN PELIGRO CRÍTICO

Hasta mediados del siglo XX, la cerceta pardilla abundaba en los humedales costeros mediterráneos, especialmente en Doñana. Pero en las últimas décadas su declive ha sido tan drástico que esta especie de interés comunitario está en peligro crítico.

El número de parejas reproductoras en España, que es casi su único lugar de distribución en Europa, se situó el año pasado en 45 parejas y con una clara tendencia a la regresión. La pérdida y degradación del hábitat es su mayor amenaza y hace peligrar la supervivencia de la especie.

Los humedales sufren el impacto de la sequía, la contaminación, la proliferación de barreras artificiales y otras amenazas causadas por actividades humanas.

Durante los próximos cinco años, el LIFE Cerceta Pardilla emprenderá un conjunto de acciones para mejorar el estado de humedales de la Comunidad Valenciana como la Albufera de Valencia y el Parque Natural de El Hondo en Alicante; las marismas del Guadalquivir en Andalucía y en zonas húmedas de Murcia, como la laguna de la Morera.

Entre las acciones previstas, la Fundación trabaja para adquirir 141 hectáreas con la compra de tres fincas situadas en zonas consideradas en la Estrategia de Conservación de la cerceta como lugares críticos y se impulsará la participación de sectores relevantes en su conservación como regantes, cazadores y ONG.

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que conoció la investigación a su exmarido, educador en un centro, sobre el caso de abusos a una menor tutelada por el que ha sido condenado a cinco años de prisión cuando llegó la citación judicial a su domicilio. «Lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta», ha aseverado, al tiempo que ha negado que hubiera trato de favor.

Así lo ha desvelado Oltra en su comparecencia en Les Corts para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento en este caso, en la que ha defendido que los hechos probados «no hacen ninguna referencia a la Generalitat, la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas» ni a ella misma.

Según ha explicado, conoció los hechos el viernes 4 de agosto de 2017, mientras estaba de vacaciones, por una llamada que avisaba de la llegada de esta citación al domicilio. «Conocí este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo», ha indicado. La investigación en el centro había comenzado en el mes de febrero.

«Es posible que a muchos de ustedes les resulte difícil entender que me haya enterado de cosas de manera fortuita o circunstancial. Lo entiendo perfectamente. Yo también pensaría esto si no hubiera vivido el auténtico desbarajuste que nos encontramos en el sistema de protección de personas menores de edad», ha aseverado.

Así, ha asegurado que en 2015, se encontraron con un sistema «privatizado, sin orden ni concierto, sin instrucciones claras al personal, que funcionaba más por la inercia que la experiencia que por órdenes claras», algo que «ciertamente se intuía en la sentencia», aunque ha afirmado «no necesitar una sentencia para saberlo».

En este sentido, ha recordado su intervención en Les Corts del 24 de mayo de 2017, que fue «muy criticada» y que «resulta premonitoria». En aquel momento dijo: «Si de alguna cosa pecamos en la Conselleria al inicio del mandato fue pensar que, al menos, cuando llegamos a un departamento donde la dependencia estaba deshecha, la discapacidad desatendida, las personas mayores sin suficientes plazas y un sistema de accesibilidad ilegal, cuando todo estaba deshecho, pensábamos que al menos el tema de los niños y niñas no estaría tan mal». «Efectivamente, ahí me equivoqué», ha manifestado.

Y ha recalcado: «Nadie, ni dentro ni fuera de esta sala lamenta más que yo lo que le ha ocurrido a Maite porque es el triste colofón a la vida de una niña a quien todo falló desde el principio». Además, ha manifestado que desde que llegó al Consell ha tenido una «divisa», que es «trabajar cada día por tener una red de protección a los niños y niñas que lo requieren». «Un sistema que impida que haya más ‘Maites'», ha aseverado.

TRATO DE FAVOR

Es bien conocido que el condenado es una persona con quien mantuve una relación conyugal en el pasado, pero no es esta relación la que se ha juzgado en los tribunales. Más aún, esa relación no ha afectado en nada mis actuaciones al frente de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad ni en ningún otro ámbito del gobierno», ha manifestado.

Así, ha puesto como ejemplo que a su llegada al departamento, en 2015, informó de que esta persona todavía era formalmente su marido, por lo que entendía que «se imponía un deber de abstención por su parte de las decisiones que afectan a este centro, así como no intervenir en ningún asunto que tenga relación directa».

Respecto al trato de favor, ha defendido que el educador trabajaba en el centro desde 2010, cinco años antes de que ella fuera nombrada consellera, y que el centro es privado, por lo que es la dirección quien decide la contratación de trabajadores.

Para la vicepresidenta, es otra demostración de que no hubo trato de favor el hecho de que la defensa del acusado no conociera la existencia del informe de la Fundación Espill durante el primer juicio. «Me acusan de dar consignas para elaborar informes que benefician la estrategia de defensa del educador al mismo tiempo que también me acusan de ocultar esos mismos informes al tribunal. ¿En qué quedamos? Si se hubiera querido proteger a alguien, obviamente, ‘ocultar’ información que puede resultarle favorable no es la mejor manera, ¿no creen?», ha manifestado.

También ha negado que se diera un trato de favor al centro, al que se dan subvenciones desde 1997, y que en 2017 se le realizaron tres inspecciones, la última el 31 de octubre. «Con el PP solo en cinco años hubo una», ha aseverado.

«OCULTACIÓN DE APELLIDOS»

Respecto a la «ocultación de los apellidos» del acusado, han estudiado 60 informes de este tipo para «comparar la mecánica», y han concluido que «la metodología es bastante aleatoria y depende del criterio de quien redacta el informe». En este caso concreto, el educador aparece nombrado 60 veces: tres con nombre completo, el «educador» en 45 ocasiones; el nombre con el apellido, en una ocasión y el nombre y la inicial del apellido en otra ocasión.

También ha negado que la actuación fuera diferente al del centro de Segorbe, del mismo año; y ha descartado sesgo en la actuación de las funcionarias de Conselleria y la del Instituto de Medicina Legal, ya que ambas pertenecen a la misma administración, la Generalitat.

Igualmente, ha asegurado que la sentencia «valora, pero no prueba» que se haya producido una situación de «hostilidad» por parte de la Conselleria por el hecho de que las trabajadoras consideraran poco creíble su relato, y ha remarcado que ninguna de ellas dijo tener ninguna consigna al respecto.

Respecto a la policía, ha afirmado que le queda «una pregunta» sobre la que «no tiene respuesta»: «¿El grupo de menores de la Policía Nacional conocía en febrero de 2017 estos hechos? Según me he enterado por la sentencia, sí. ¿Lo comunicó a Fiscalía? ¿Se inició algún tipo de procedimiento o investigación?», se ha preguntado. En la réplica, ha negado que esto sea una crítica al cuerpo de seguridad.

CRONOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES

Durante su intervención, la vicepresidenta ha hecho una cronología de los hechos. En febrero de 2017, la directora del centro no vio indicios, y el 28 de ese mismo mes, la técnica de la Dirección Territorial afirmó que tampoco los veía.

Oltra ha explicado que el protocolo que regía en aquel momento no obligaba a comunicar los hechos a Fiscalía ni a instancias superiores de la Conselleria si no se veían indicios sólidos del delito, algo que cambió en septiembre de ese año, cuando una instrucción de la Dirección General de Infancia y Adolescencia exhortó a los centros a poner en conocimiento del fiscal cualquier denuncia de este tipo.

Los hechos llegaron a manos de la justicia a partir de junio, cuando la Policía encontró a la menor después de fugarse. Esto sucedió el día 22, y el 6, 10 y 14 de julio, la Fiscalía instó al traslado de centro de la menor, hecho que se produce el 16 de agosto.

El 28 de julio se acordó la prohibición al educador de aproximarse a menos de 200 metros de la menor y comunicarse con ella. Ya en agosto, después de que Oltra recibiera la citación el día 4, el lunes siguiente (7), el jefe de gabinete informa al subsecretario de la notificación, y el 8, la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordena la apertura de expediente informativo por haber tenido «conocimiento verbal en el día de hoy».

El 11, la subsecretaría dictó una resolución por la que instaba a las direcciones territoriales a ofrecer la máxima colaboración con Fiscalía de menores. El 21 de agosto, Infancia abre expediente y se deriva a la Fundación Espill para su valoración, que comienza el 25 de ese mismo mes. La valoración termina en noviembre, y se incorporan las conclusiones al expediente informativo de la dirección general, que se remite a Fiscalía el 30 de noviembre.

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en relación con una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra.

Por el momento ha reclamado a la sociedad el expediente tramitado para la concesión de esta ayuda y pide identificar al consejo de administración, en el que figuran más de una decena altos cargos del Gobierno.

Recientemente fue designada como presidenta Belén Gualda y además de Lora completan el Consejo de Adminstración Esperanza Casteleiro Llamazares, secretaria de Estado de Defensa; Inés María Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda; Sara Aagesen Muñoz, secretaria de Estado de Energía y Ana de la Cueva Fernández, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Con menor cargo figuran también en este órgano de Administración María Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda; Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Gemma del Rey Almansa, subsecretaria de Trabajo y Economía Social; Raúl Blanco Díaz, secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; Luis Álvarez-Ossori, subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación; Antonio José Hidalgo López, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; María Isabel Valldecabres Ortiz, que es directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno; Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Juan Tejedor Carnero, director General de Patrimonio del Estado yCarlos Moreno Medina, director del Gabinete de la ministra de Hacienda.

La decisión de la juez responde a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y, según han señalado este miércoles fuentes jurídicas, se enmarca en una fase muy inicial del procedimiento. La juez ha solicitado documentación con relación a la citada denuncia, sin que haya llamado aún a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo.

En su resolución, la magistrada señala que los hechos que se incluyen en la denuncia «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Por ello, y al no estar determinada ni la naturaleza de los hechos ni las personas que en ellas han intervenido, de momento acuerda la incoación de diligencias previas y la práctica de «aquellas esenciales» para realizar estas averiguaciones.

Además, da parte de la incoación de diligencias al Ministerio Fiscal, al propio Toro y al resto de miembros del consejo de Administración del SEPI «que deberán ser identificados». Contra su decisión cabe recurso en los próximos tres días.

La denuncia se presentó contra Lora por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y contra el resto de miembros del Consejo de Administración de la SEPI como cooperadores necesarios.

A juicio de los denunciantes, Lora tiene a su cargo la administración, dirección y gestión del SEPI y administra el Fondo de apoyo a la solvencia de Empresas estratégicas de 10.000 millones de euros. Como «más que razonable ‘notitia criminis'», apuntan la referente a la ayuda con fondos públicos de 53 millones de euros a la Compañía Plus Ultra.

Manos Limpias cuestiona que se pueda considerar esta empresa como estratégica, «cuando operaba con el 0,03% de los vuelos en España» y ha registrado números rojos desde que se fundó en 2011, acumula unas pérdidas de 10 millones de euros y dispone de un «único avión de Plus Ultra solo ha hecho un vuelo a Venezuela (…), transporta el 0,08% de los pasajeros internacionales y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas».

«A ello hay que añadir que la dirección y el accionariado de la aerolínea, con el porcentaje del 47% está en manos de venezolanos con una amplia red de empresas en Panamá (paraíso fiscal)» y que «el escándalo ya es objeto de una investigación en estancias europeas, promovidas por el eurodiputado Luis Garicano», añade la denuncia.

PRUEBAS A PRACTICAR

Entre las pruebas a practicar, los denunciantes reclaman a la juez que pida el Plan de viabilidad elaborado, el informe DC Advisory del asesor económico y el Informe Deloitte del asesor jurídico.

Fuentes cercanas al Consejo Gestor que gobierna el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas han expresado una disposición plena a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento.

Señalan que las ayudas cumplen todos los requisitos de elegibilidad y sus condiciones están establecidas en la orden ministerial que regula el acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Añaden también que no se trata de una subvención a fondo perdido, pues Plus Ultra se ha comprometido a devolver los préstamos recibidos, que se ajustan a lo previsto en la normativa comunitaria para ayudar a las empresas españolas que están sufriendo los efectos del Covid-19.

Además, una Comisión de Seguimiento garantizará el reembolso de las ayudas concedidas a esta línea aérea, vigilando el cumplimiento del plan de viabilidad pactado en la operación, elaborado para la compañía por Price Waterhouse Coopers.

Como datos económicos, apuntan que en 2019 facturó 100 millones de euros, generando empleo directo a 350 personas e indirecto a 2.500. En las rutas que opera (desde Madrid y Tenerife a Ecuador, Perú y Venezuela especialmente) ha alcanzado una cuota superior al 11%, transportando 176.000 pasajeros, según datos del último ejercicio anterior a la aparición de la pandemia.

En la concesión de esta ayuda financiera temporal, como en la aprobada el pasado noviembre para Air Europa y en marzo de este año para Avoris, el Fondo ha tenido en cuenta la importancia que tiene para España el turismo, sector que representa más del 12% del PIB contando también con toda la cadena de valor que genera para la actividad económica y el empleo.

«Desde su constitución hace seis años, esta compañía ha intentado cubrir huecos de mercado complementarios a los servicios que proporcionan otras líneas aéreas de mayor tamaño. En momentos de alta demanda, también ha alquilado tripulaciones para abordar necesidades técnicas puntuales», añaden las mismas fuentes, que se refieren igualmente a la fuerte caída de ingresos motivada por la pandemia.