El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye en el orden del día del Pleno que se celebrará este jueves el informe técnico que se encargó tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, instada por PSOE y Podemos, impide que este órgano pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones, como es el caso desde diciembre de 2018.

El texto reconoce que el cambio lleva a este órgano a la «atrofia y la paralización» al dejar en el aire casi medio centenar de designaciones hasta final de año.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado que cabe la posibilidad de que algunos vocales puedan plantear la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque esta opción no parece ser la mayoritaria y, aunque el asunto saldrá seguramente durante el debate el texto, puede que ni siquiera llegue a producirse formalmente.

La presentación de este recurso ante el tribunal de garantías lo reclamaron en su día tres de las cuatro asociaciones judiciales, si bien las fuentes consultadas dudan de que pudiera prosperar dada la jurisprudencia existente al respecto en el propio TC.

Para la presentación de esta propuesta, además, se precisaría la aprobación de la iniciativa por el Pleno del Consejo en el caso de que algunos vocales lo propusieran, lo que de momento no parece que vaya a ocurrir.

NO LO DESCARTA EL INFORME

La propuesta podría basarse en el propio informe técnico, que afirma que no pueden de considerarse excluidas de las atribuciones del Consejo en funciones todas aquellas establecidas en el artículo 560.1 Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que no se mencionen de manera expresa en el nuevo artículo reformado para impedir nombramientos, entre otras atribuciones de un CGPJ en funciones.

Así, en relación con la interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, que se considera una atribución consustancial al sistema de división de poderes, la decisión sobre su admisión o inadmisión ha de venir determinada exclusivamente por lo que disponga la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de modo que corresponde a este decidir acerca de su admisibilidad, comenzando por el examen de la legitimación del proponente.

El informe –que Lesmes defenderá en sesión online desde su domicilio, pues se encuentra confinado por un positivo covid 19 en su entorno familiar– resuelve dudas concretas que había suscitado la reforma entre los miembros de este órgano, realiza una lectura constitucional del mismo y limita su alcance para preservar sus funciones constitucionales, como es la concesión de amparos que en ocasiones solicitan jueces y magistrados que se sientes perturbados en sus funciones e independencia.

Así, admite que la reforma puede llevar a una paralización que el legislador afirma expresamente que quiere evitar, al verse privado de la posibilidad de ejercer sus facultades en los distintos ámbitos de su competencia que nada tienen que ver con el nombramiento discrecional de cargos judiciales «y que en nada comprometen ni vinculan al Consejo entrante».

El texto detalla también la supresión de la atribución para hacer nombramientos discrecionales debe hacerse extensiva a la designación demagistrados del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar y de cargos judiciales de la jurisdicción militar y a la aprobación de bases de convocatoria.

NOMBRAMIENTOS EN LO MILITAR

Ello no quiere decir, señalan las mismas fuentes, que con ello se resuelva la situación suscitada tras las sentencias hechas públicas la pasada semana por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anularon los nombramientos de los magistrados de la Sala de lo Militar de este órgano Fernando Marín Castán y Ricardo Cuesta porque el propio CGPJ infringió el procedimiento para cubrir dichas plazas al omitir el trámite de recabar determinados informes.

En ambos casos, el Supremo ordenó retrotraer el procedimiento al momento en que debieron solicitarse dichos para que se soliciten de forma inmediata tras la notificación de las sentencias. Además, concede un plazo de un mes al CGPJ para que formule la propuesta de provisión de las dos plaza vacantes.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces afirman que lo señalado en el informe no se refiere a este caso particular, sino al nombramiento de los jueces togados en general, y que lo que pase con los casos concretos de los nombramientos anulados de Castán y Cuesta ya se verá en los próximos días.

El texto, que no entra a valorar el ajuste constitucional de la norma, señala que el CGPJ, aun estando en funciones, ha de asegurar la acción de gobierno del Poder Judicial y, con él, su independencia y la de los jueces y magistrados que forman parte del mismo, por lo que sus competencias han de aproximarse a las propias de un Consejo con mandato vigente, estando justificadas sus limitaciones en la medida en que afecten a decisiones de gobierno y de política judicial que condicionen o comprometan las decisiones del nuevo Consejo y dificulten o impidan su revocación por este.

También recuerda que la condición y la función constitucional del Consejo determinan que las atribuciones vinculadas al ejercicio de esa función constitucional se establezcan en la propia Constitución, que dispone el núcleo esencial de las funciones del CGPJ orientadas a servir de garantía institucional de la independencia del Poder Judicial.

Aunque la norma fundamental establece una habilitación legal, y al mismo tiempo una reserva cualificada de ley orgánica, para regular las funciones del órgano de gobierno de los jueces, esta no puede reducir las que la propia Constitución establece.

Ello conduce a hacer una interpretación conforme a la Constitución de la norma, de modo que el resultado se aproxime en elmayor grado posible a las competencias que corresponden al Consejo conmandato vigente, interpretando restrictivamente la limitación de funciones que se introduce en el artículo 570 bis (el reformado) y dotando de la mayor extensión posible a las que expresamente se mencionan en este, para incluir dentro de ellas aquellas que, sin estar expresamente mencionadas, se encuentran vinculadas a las mismas.

LIMITACIONES

Por otra parte, el informe advierte que, a la hora de ser aplicada, la reforma puede conllevar una mayor dimensión de la que resulta de la mera lectura de su exposición de motivos, ya que al enumerar las facultades que, en contraste con las enumeradas en el artículo 560.1 LOPJ, mantendrá el Consejo en funciones no solo suprime la de hacer nombramientos discrecionales, sino muchas otras, al aludir de forma general el precepto a «aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial».

Así, una interpretación conforme a la Constitución en la medida en que la reforma afecte al núcleo de competencias del CGPJ constitucionalmente establecidas y por tanto inasequibles para el legislador ordinario, una interpretación restrictiva del alcance de la limitación competencial atendiendo al carácter excepcional de la ley y una interpretación extensiva de la cláusula de cierre contenida en el apartado 2 del nuevo artículo 570 bis

Concluye por ello que tampoco podrá el Consejo aprobar las bases de las convocatorias de provisión de cargos judiciales de carácterdiscrecional, publicar las convocatorias o realizar cualquier otraactuación destinada a facilitar la resolución de un procedimiento denombramiento discrecional de cargos judiciales.

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha instado este miércoles a alcanzar un espacio de encuentro para la convivencia entre todos los españoles como hizo posible el filósofo malagueño Ibn Gabirol.

Así lo ha señalado por videoconferencia la ministra en el acto inaugural de las jornadas internacionales sobre Ibn Gabirol, que se celebran en Málaga cuando se cumple un milenio de su nacimiento, ha informado el Ministerio que dirige Calvo en un comunicado.

En su intervención, la vicepresidenta ha asegurado que «hay mucho que seguir aprendiendo» del filósofo como, por ejemplo, «cuando él dice que la paciencia trae la paciencia, que las prisas lo contrario». Es por ello que ha señalado que hay que «conseguir preservar un espacio de encuentro» como hizo Gabirol «en una España también complicada para la convivencia», entonces «por diferentes posiciones religiosas» y ahora «tal vez sean más ideológicas», pero «la verdad humana que subyace es la misma: la capacidad de poder estar todos, diferentes, libre, iguales, pero todos».

En este sentido, ha puesto en valor que estas reflexiones y enseñanzas «son imperecederas», que «sirven a cualquiera» y que «son urgentes ahora». Además, ha asegurado que es necesario continuar reflexionando sobre lo que pasa en este mundo «donde la violencia de todo tipo viene de la mano de lo rápido».

«Construir la convivencia, los afectos, el espacio común y el interés general», ha reflexionado Calvo, «requiere de la lentitud» y de como decía Gabirol, «para empezar a estar con otros, primero el silencio, después escuchar y luego recordar».

Para Calvo «es importante recordar toda la historia completa» de Ibn Gabirol, «un español, un judío importantísimo en la poesía, en la influencia de todos los judíos del mundo que han mantenido, preservando en su memoria a los sefardíes españoles». La vicepresidenta ha querido mostrar su orgullo por «esta historia» y «este pasado», porque «esto no le añade a España más que grandeza, sabiduría, profundidad. Es un gran activo el que tenemos y el que tienen los judíos españoles y el resto de los ciudadanos con nuestra historia común».

Organizadas por la Asociación Ibn Gabirol y la Federación de Comunidades Judías de España, las jornadas pretenden poner en valor a este malagueño, figura del pensamiento judío, y, para ello, reúnen a especialistas de la filosofía y la literatura, que permitirán conocer mejor su persona, su legado y su influencia en pensadores y escritores posteriores.

En este contexto, la vicepresidenta primera ha recordado que es la responsable en el Gobierno de España de las relaciones con todas las confesiones religiosas, «que tratan de preservar nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa». «Somos un país con diversidad religiosa», ha subrayado Calvo, «y por ello me parece extraordinariamente importante mantener en la memoria la aportación de Ibn Gabirol».

Calvo ha expresado que se siente «particularmente concernida porque ‘ha malaquí’ (‘El malagueño’, como se conocía en la época a Gabirol) era de origen cordobés su familia» y por eso «me siento también en esa particular pertenencia».

El responsable de los programas de Infancia en Dificultad Social de Cruz Roja, Carlos Chana, ha señalado este miércoles que, «frente a discursos del odio» como los de la campaña de Vox en el metro de Madrid contra los Menores Extranjeros no Acompañados, la respuesta es «humanidad y voluntariado».

Chana ha comparecido ante la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso para detallar la labor de la entidad durante la pandemia y sus metas para 2021 en materia de pobreza infantil.

Durante la sesión, han sido varios los grupos parlamentarios que se han referido a los mensajes de Vox sobre estos menores. La diputada del PSOE, Yolanda Seva, ha lamentado la intención de «criminalizar» a estos niños, mientras que su homóloga de Ciudadanos, Sara Giménez, se ha interesado por cómo estos menores, muchos de los cuales son atendidos por Cruz Roja, viven estos mensajes de «odio».

Chana ha explicado que estas situaciones no son «nuevos» en contextos de crisis económicas, en los que existe «una lucha por las prestaciones sociales». A su juicio, lo que habría que hacer ahora es «reflexionar» hacia donde se ha llegado con esas actitudes.

«TENEMOS QUE CREER EN LA ESPERANZA»

Así, ha lamentado el daño que campañas como las de Vox, que «revictimizan» a los menores, realizan a sus programas de sensibilización e integración, «que cuestan mucho», ha apuntado y, en este sentido, ha lamentado no haber estado acompañado en el Congreso algunos de los mediadoras, voluntarios o jóvenes que están trabajando por su futuro, y que fueron menores extranjeros no acompañados.

En total, son unos 3.000 niños tutelados los que atiende Cruz Roja, de los cuales, muchos de ellos llegan a España «huyendo de la pobreza, de la guerra o de la explotación» y que se encuentran en un país extranjero «sin la compañía de un adulto».

«Tenemos que creer en la esperanza», ha señalado Chana, para recordar que hay «miles de ciudadanos anónimos que dedican su tiempo libre en hacer frente a las necesidades de las personas que no han tenido tanta suerte como ellas». Chana ha recordado que la vida de una persona es el resultado «de sus propios contextos» y que estos dependen del lugar en el que uno nace o las oportunidades que recibe en su vida.

SIN SEGREGACIÓN DE DATOS POR PAÍS

Durante la sesión, también se ha referido a este tema la diputada de Esquerra Republicana (ERC) en materia de Infancia, María Carvalho, para cuestionar a Chana sobre la posición de Cruz Roja en relación a la ausencia de derechos de los menores en situación irregular en el país, que son unos 147.000, según Save The Children.

El responsable de programas de Infancia de Cruz Roja ha criticado que el acceso a un permiso de residencia esté supeditado a una oferta de trabajo. En el caso de los menores tutelados, ha indicado, deberían «ver culminado» todo el «proceso de integración» que reciben a su llegada.

Preguntado por la portavoz de Vox en la comisión, María Teresa López, sobre el número de menores extranjeros a los que atiende la entidad y la parte de sus subvenciones invierte en ellos, Chana ha explicado que no segregan datos por países y que los proyectos y subvenciones que recibe Cruz Roja «son públicas» y están en los decretos reguladores de esta actividad, así como en la web de la organización.

A FAVOR DE LA PRESTACIÓN POR HIJO A CARGO

Por otra parte, y en respuesta a sendas preguntas de Ciudadanos y PP, Chana se ha mostrado favorable a la prestación por hijo a cargo, una ayuda que, según ha expresado, sería «clave» para la economía del país. De hecho, cree que se debería «universalizar», es decir, que no estuviera condicionada a los niveles de renta, con el objetivo de que «el tener un hijo no empobrezca» a una familia.

Aún así, ha declarado «fundamental» el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para la lucha contra la pobreza y, especialmente para los menores extutelados. «Pero pensamos que deberían ser compatibles», ha señalado.

Finalmente, Chana ha llamado a que los gobiernos trabajen para incluir dentro de la cartera de servicios de las comunidades autónomas la salud mental desde un punto vista «integral», con «equipos multidisciplinares» formados, no solo pos psicólogos o psiquiatras, sino también por enfermeras, terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales, entre otros.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha reclamado este miércoles que las patentes de las vacunas contra la COVID-19 sean «de dominio público» o al menos se autorice su uso «sin coste alguno» con vistas a garantizar la vacunación universal.

«La ciencia médica debe estar al servicio del ser humano, sin ningún tipo de discriminación geográfica, política o social y el acceso a la vacuna debe ser visto como un derecho humano», ha defendido Arce en su intervención, por vía telemática, en la XXVII Cumbre Iberoamericana.

Para ello, ha dicho, farmacéuticas y gobiernos deben mantener una «cooperación sincera» y «divulgar los conocimientos y tecnología para que mediante un trabajo conjunto garanticemos el acceso inmediato y oportuno a las vacunas» a los más vulnerables.

En este sentido, ha defendido que es «urgente una reforma de los estándares internacionales, en especial los referidos a los derechos de propiedad intelectual». «No puede ser indiferente ni mucho menos lucrar en momentos de pandemia», ha sostenido.

Así las cosas, ha exhortado a la OMC «a una pronta modificiación de los estándares internacionales que protegen la hegemónica industria farmacéutica a costa del perjuicio de miles de millones de seres humanos».

Las «poderosas» farmacéuticas que «tienen patentes sobre los diagnósticos, medicamentos y vacunas deben liberarlas y hacerlas de domino público o emitir autorizaciones voluntarias sin costo para lograr un acceso real de todas las naciones sin excepción», ha reivindicado Arce.

Asimismo, el mandatario boliviano ha recalcado que por mucho que las naciones del norte inyecten miles de millones a sus economías no superarán las consecuencias económicas de la pandemia «si las naciones del sur son dejadas en la más absoluta vulnerabilidad».

Arce ha reivindicado en su intervención la gestión que está haciendo su Gobierno de la pandemia, tras «la ruptura del orden constitucional» a raíz de la salida del poder de Evo Morarles y la llegada al poder de Jeanine Añez, «que derivó en una crisis económica e institucional sin precedentes» y cuyo «mal manejo» sumado a la pandemia han infligido un duró revés a la economía del país.

«Tras recuperar la democracia» en las pasadas elecciones, ha añadido, ahora el Gobierno del MAS está trabajando «para recuperar la estabilidad económica» y volver al «crecimiento económico con justicia social que tuvimos» durante los 14 años que Morales estuvo al frente del país.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman 3 años, 4 meses y 1 día de prisión, y 6 años de prohibición de tenencia y porte de armas, para un acusado de maltratar de forma habitual a su pareja, que falleció por causas naturales debido a una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda de naturaleza cardiaca después de recibir un puñetazo y ser arrastrada por el suelo en un portal de Oviedo, según ha informado la Fiscalía.

El escrito de acusación de la Fiscalía ya ha sido presentado en el juzgado encargado de la instrucción del procedimiento, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Oviedo. El acusado mantuvo una relación de pareja con la mujer durante varios años, con convivencia, en Oviedo.

Esta siempre fue difícil y eran frecuentes las discusiones entre ambos debido a los celos y al control que el acusado trataba de ejercer sobre su pareja, exigiéndole que le diera cuenta de todos sus movimientos, controlándole todas sus amistades y llegando a prohibirle la comunicación con determinadas personas que no eran de su agrado.

Además, según la Fiscalía, de manera reiterada y sostenida en el tiempo, y con intención de quebrantar la salud física y psíquica de su pareja, le dispensaba un trato vejatorio, humillante y amedrentador, obligándola a mendigar, lo que ambos practicaban, incluso cuando estaba convaleciente y en silla de ruedas.

El procesado le advertía de que, si no lo hacía, la echaría de casa, logrando así su total sometimiento. También la golpeó en alguna ocasión, sin que ella acudiera a ningún centro sanitario para ser atendida. Todo ello hizo que la relación de pareja estuviera caracterizada desde su comienzo por la situación permanente de dominio y poder del acusado, y generó un clima de sumisión y tensión en el ámbito familiar.

La mujer permanecía cada vez más aislada, ya que el acusado se encaraba con cualquiera de su entorno que la apoyara, como ocurría con alguna de sus amigas que, conocedoras de la situación por la que atravesaba, trataban de ayudarla y la animaban a irse de la vivienda.

En estas circunstancias, en hora no determinada del día 12 de septiembre de 2020, se produjo una discusión entre el acusado y la mujer en el domicilio familiar, en cuyo transcurso el acusado, visiblemente alterado y violento, comenzó a tirar muebles y objetos, le quitó 30 euros en efectivo y la echó de la vivienda. Esto hizo que la mujer tomara la determinación de pedir ayuda a una de sus amigas, AAA, quien se ofreció a recogerla con su vehículo y a alojarla en su casa.

Y así, sobre las 20.50 horas, cuando ella se disponía a subir al automóvil, estacionado en la calle de su domicilio, al que había regresado para recoger sus enseres personales, se presentó el acusado y, tras agarrarla violentamente del brazo, la sacó del coche, empujándola al interior del edificio. La mujer accedió a la zona de los ascensores y allí el acusado, con ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó un fuerte puñetazo en la cabeza, la cogió del pelo y la arrastró por el suelo, quedando la víctima sentada contra la pared, muy fatigada y con dificultades para respirar.

Los servicios de emergencia no pudieron evitar su fallecimiento, ocurrido por causas naturales debido a una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda de etiología cardíaca.

La Fiscalía solicita que se condene al acusado: por el delito de violencia de género habitual, a la pena de 2 años, 7 meses y 1 día de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años. Y por el delito de lesiones de género, a la pena de 9 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de 2 años.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, y la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, participarán en una jornada sobre el papel de las mujeres de la administración pública en el liderazgo de la Agenda 2030 impulsada por la Diputación de Pontevedra y la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

En concreto, el evento se celebrará en el Pazo Provincial de la Diputación de Pontevedra y de modo telemático este jueves, cuando Teresa Ribera participará en la inauguración, y el mismo día de la próxima semana, fecha en la que Fernández de la Vega intervendrá en la clausura.

La jornada, denominada ‘La Agenda 2030 y el papel de las mujeres en la administración pública del futuro’, contará con una veintena de expertas que trasladarán su visión y su experiencia en relación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la gestión pública en el ámbito sociosanitario, la investigación, la educación pública, el liderazgo institucional, el urbanismo sostenible y el mundo local.

Las sesiones, que suman más de un centenar de personas inscritas, constarán de cuatro mesas de debate y los actos de apertura y clausura. Durante este jueves se abordará el papel femenino en el liderazgo de servicios sociosanitarios y la investigación y la educación pública, mientras que la próxima semana el acto se centrará en el liderazgo de las mujeres en la administración y su avance hacia la igualdad y las ciudades sostenibles.

PROGRAMACIÓN

Teresa Ribera, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, la directora de la Cátedra Iberoamericana de la USC, María Cadaval; y la coordinadora de la jornada, María Xosé Rodríguez Galdo, participarán este jueves en el acto de apertura.

Posteriormente, se celebrará la mesa redonda ‘El papel de las mujeres en el liderazgo de los servicios sociosanitarios’, en la que intervendrán la catedrática de la Universidade de Vigo (UVigo) África González, la CEO de Nanogap, Tatiana López, y la jefa de Pediatría del Hospital Álvaro Cunqueiro, Ana Concheiro.

La mesa ‘El papel de las mujeres a favor de la investigación y educación pública de calidad’ contará con la participación de la directora de la Unidad Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación, Capitolina Díaz, la directora de la Cátedra de Empresa Familiar de la UVigo, Elena Rivo, y la presidenta de Estalmat, Elena Vázquez.

SEGUNDA SESIÓN

El jueves de la próxima semana, la jornada dará comienzo con la mesa redonda ‘El liderazgo femenino en la administración y su avance hacia una igualdad real’, a la que asistirán la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández, la directora financiera de la OCDE, Ana José Varela, la presidenta de la Asociación Mujeres en el sector público, Concepción Campos, y la titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Vigo, Margarita Parajó.

La última mesa, ‘Ciudades sostenibles: un reto para el liderazgo femenino en el mundo local en búsqueda de instituciones sólidas’, contará con las intervenciones de la concejal delegada del Departamento de Territorio de Vitoria Gasteiz, Ana Oregi, la periodista Amalia López y la directora del ORAL de la Diputación, Inmaculada Viña. Finalmente, Fernández de la Vega, Carmela Silva, María Xosé Rodríguez Galdo, María Cadaval y la abogada general del Estado, Consuelo Castro, cerrarán la jornada.

El Rey Felipe VI ha aceptado la propuesta remitida por la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río (Sevilla) para ostentar la Presidencia del Comité de Honor del XXV aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad.

Según explica la cofradía en una nota de prensa, esta conmemoración se desarrolla desde septiembre y se extenderá, tras el aplazamiento a causa de la pandemia de las salidas procesionales, hasta de noviembre.

Mediante una carta rubricada por el Jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín Alfonso, se ha comunicado a la cofradía del Viernes Santo que Su Majestad el Rey, «accediendo a la petición que tan amablemente Le ha sido formulada», ha aceptado el ofrecimiento de la corporación.

Con ello, Felipe VI será, tras la recepción del comunicado oficial, Presidente de Honor de los actos a realizar con motivo de las bodas de plata de la coronación canónica.

Es «un orgullo que el Rey Felipe VI haya aceptado la Presidencia de Honor del XXV Aniversario de la Coronación Canónica», un hecho que «reafirma la importancia de esta efeméride en nuestra Hermandad y en nuestro pueblo», subraya la hermandad, y que se viene celebrando con gran solemnidad, a pesar de las limitaciones sanitarias.

La cofradía, que entre sus títulos ostenta el de Real, cuenta con el Rey Emérito, D. Juan Carlos I, como hermano mayor honorario de la corporación, nombramiento que aceptó en 1987. Con motivo de la vinculación de la Casa Real con la hermandad, D. Juan Carlos donó su fajín de Capitán General de las Fuerzas Armadas españolas a Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada en abril de 2011.

«La aceptación por parte de Felipe VI del nombramiento confirma y consolida los lazos de unión entre ambas instituciones», subraya la hermandad.

El 15 de junio se cumplirán 25 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. El Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, coronó a la Santísima Virgen con una presea que representa la devoción del pueblo, elaborada con las donaciones de oro aportadas por los hermanos, fieles y devotos de la Virgen.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado este miércoles la abstención presentada por el magistrado de este órgano Cándido Conde-Pumpido para entender de los recursos presentados contra la sentencia del ‘procés’ independentista en Cataluña, han señalado fuentes de este órgano.

Ello reduce a un total de nueve los miembros del tribunal de garantías que podrán resolver sobre este asunto, a un magistrado del ‘quorum’ mínimo exigido, que es de ocho magistrados.

La decisión de Conde-Pumpido, formalizada mediante una carta al presidente del TC, se hizo pública el pasado 7 de abril, después de que las defensas del ex presidente de la Generalitat huido en Bélgica Carles Puigdemont y de varios de los condenados en el juicio del ‘procés’ celebrado en el Tribunal Supremo, como la del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, le recusaran al estimar que no es «neutral» ni «imparcial» por una conferencia celebrada en noviembre de 2017.

Se da la circunstancia de que del total de doce magistrados de este órgano desde hace unos meses ya no se cuenta con el progresista Fernarndo Valdés, que renunció al cargo después de que el Tribunal Supremo propusiera juzgarle por un presunto maltrato a su esposa. Antes de Conde-Pumpido, y también por participar en conferencias que aludieron a los hechos del otoño de 2017 en Cataluña ya se había abstenido otro magistrado, Antonio Narváez, del sector conservador.

De este modo, el Pleno del TC se queda a tan sólo un magistrado del quorum mínimo para adoptar decisiones, fijado en ocho de sus miembros, y se corre el peligro de que tanto Puigdemont como los condenados presenten nuevas causas de abstención en las próximas semanas, algo que no descartan según han manifestado en fuentes de sus defensas.

Además, la resolución de los recursos por las condenas se resolverá sin los especialistas en penal del órgano de garantías, que eran precisamente Conde-Pumpido y Narváez, el primero magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex fiscal genreal del Estado y el segundo ex teniente fiscal también de lo Penal en el alto tribunal.

NO TIENE PONENCIAS DEL ‘PROCÉS’

No obstante, Conde-Pumpido no es el ponente de ninguna de las sentencias que restan por dictar sobre el ‘procés’, que son las que afectan a las condenas por sedición, han señalado fuentes de éste órgano.

El magistrado firmó la ponencia de la que se dictó hace unas semanas en relación con Meritxell Borrás, condenada por desobediencia, y que confirmó todos los extremos de la resolución del Tribunal Supremo sin encontrar tacha constitucional alguna.

El abogado Andreu Van den Eynde, que ejerce la defensa de Junqueras y del exconsejero Raul Römeva, cuestionaba la imparcialidad Conde-Pumpido alegando que en una conferencia en el Congreso de los Diputados calificó de «amenazas» al orden democrático los hechos que se habían producido en Cataluña durante el otoño de ese año.

Narváez, por su parte, también apartó hace unas semanas de estudiar dichos recursos contra la sentencia del ‘procés’, después de que varios de los condenados le recusaran por unas manifestaciones que hizo en una conferencia calificando los hechos 2017 de ‘golpe de estado’. Puigdemont también le ha recusado en lo relativo a sus recursos.

PALABRAS DE CONDE-PUMPIDO

La conferencia de Conde-Pumpido tuvo lugar el 23 de noviembre de 2017 en el Congreso de los Diputados en la que manifestó su «preocupación» por los hechos que entonces se estaban produciendo en Cataluña y los calificó de «pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia».

«Es decir, me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que -esta sí- ha sido mayoritariamente aprobada», afirmó el magistrado y exfiscal general del Estado.

Entre esta preocupación apuntó a asuntos como la posibilidad de que las autoridades autonómicas facilitaran «la disposición de cantidades relevantes de dinero público o incluso la disposición de armas proporcionadas a sus fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la legalidad».

Añadía Conde-Pumpido, en relación con las leyes de ‘desconexión’, que al aprobarlas los líderes independentistas «se han alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español convocando a una fracción del pueblo catalán, en desafío a la unidad de la nación, a decidir la suerte del Estado común».

«Y véase que el propio Tribunal Constitucional utiliza la expresión ‘se han alzado’, que es una expresión que también figura en tipos relevantes del Código Penal», incidió el magistrado en su conferencia.

El abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, recusó a Conde-Pumpido después de que fuera designado ponente de los recursos que Puigdemont ha presentado contra diversas decisiones del Tribunal Supremo que rechazaron anular decisiones del juez instructor de la causa, Pablo Llarena, quien le mantiene procesado por su participación en el ‘procés’.

El Congreso ha urgido este miércoles a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales y ha censurado el «bloqueo» que, según se denuncia la Cámara, está llevando a cabo el PP.

El debate sobre la falta de acuerdo para estas renovaciones ha vuelto a la Comisión de Calidad Democrática un día después de que el Gobierno anunciara la retirada de ley para modificar las mayorías para la elección del CGPJ que registró tras el verano para presionar a los ‘populares’, pero que mantenía congelada desde el pasado mes octubre.

Aquella propuesta, firmada por el PSOE y Unidas Podemos, fue fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa, como se han encargado de recordar durante el debate el PP, Vox y Ciudadanos.

La iniciativa ha salido adelante con el único voto en contra de los ‘populares’ y Vox, mientras que Ciudadanos lo ha apoyado, pese a ser muy crítico con el Ejecutivo. Así, ha manifestado «la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales» y ha rechazado «cualquier intento de vulnerar los plazos recogidos en la Constitución española a través del bloqueo a dicha renovación».

SÓLO RTVE

El PSOE y Unidas Podemos ya cerraron un acuerdo con el PP y con el PNV para la renovación del Consejo de RTVE e incluso hubo negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también hay otras instituciones cuyo mandato ha caducado, como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.

Y a la lista se ha sumado el Tribunal de Cuentas, que acaba de comunicar al Congreso y al Senado que su mandato acaba en julio y que debe iniciarse su renovación. Dadas las mayorías exigidas, todos estos órganos requieren un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición.

La diputada socialista Ariagona González ha lamentado que el «tímido ataque de responsabilidad» del PP no pasase de la renovación de RTVE y ha denunciado que, con su negativa a renovar órganos constitucionales, lleve «a la corrupción y la perversión del sistema».

«Hagan el favor de entender que la legítima rivalidad política no puede poner en jaque los cimientos de nuestro sistema democrático», ha dicho, mientras que Pedro Antonio Honrubia, de Unidas Podemos, ha acusado a los ‘populares’ de intentar «patrimonializar las instituciones».

Pero desde el PP, Pedro Navarro, ha sentenciado que al Gobierno «le da igual» que no se renueve el CGPJ y ha incidido en que el PP no se avendrá a un acuerdo mientras no se refuerce la independencia judicial.

«Deberían haber retirado su iniciativa tras el ridículo que han hecho en Europa con su reforma, una tropelía con la que pretendían hacer trampas», ha dicho. De su lado, Juanjo Aizcorbe, de Vox, ha exigido a los dos partidos mayoritarios que «aparten sus caprichos» de los órganos constitucionales.

RESPETO A LA JUSTICIA

Parte de este debate se ha reproducido también durante la discusión de otra iniciativa, esta con la firma del PP, que buscaba instar a todos los miembros del Gobierno a respetar «la independencia de jueces y magistrados» y dejar de «lanzar acusaciones de falta de imparcialidad» sobre el Poder Judicial y la Justicia.

El PP presentó esta proposición no de ley hace un año, después de que el CGPJ se quejara de las críticas vertidas por varios miembros del Gobierno, entre ellos el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ante la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso a la portavoz de Podemos, Isa Serra, (19 meses de cárcel y a una multa de más de 2.000 euros) por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños durante una concentración para parar un desahucio.

El texto no ha salido adelante puesto que sólo ha contado con el apoyo del PP, Vox y Cs, mientras que el PNV se ha abstenido. «Han politizado la Justicia y quieren manejarla a su antojo», ha comentado el ‘popular’ Jesús Postigo durante la defensa de iniciativa y tras rechazar una enmienda planteada por Vox para instar al Gobierno a volver al sistema original de elección de vocales del CGPJ.

Ante esa negativa, Carlos José Zambrano, de Vox, ha tachado de «estúpida» y «veleta» la actitud del PP respecto al CGPJ porque, tras criticar la reforma del sistema de elección en los años 80 del siglo pasado y prometer cambiarla, al final, ha dicho, se acabó aprovechando de ella «colaborando en la judicialización» y, encima, «presumiendo».

Juan Ignacio López-Bas, de Cs, ha reclamado también que se ponga fin a la «deriva autoritaria» del Gobierno. «Menos mal que la Comisión Europea ha puesto orden y ha ordenado la retirada de su reforma a la polaca», ha dicho.

De su lado, Pedro Antonio Honrubia ha amparado en la libertad de expresión las críticas a la actuación de la Justicia y ha dejado claro que desde Unidas Podemos seguirán sin quedarse «callados si desde la Justicia se intenta hacer política».

Por último, el diputado socialista José Luis Ramos ha achacado al PP una lectura «pequeña, estrecha, limitada y pobre» de la independencia del Poder Judicial y su imparcialidad. A su juicio, ninguna de ellas está en cuestión por criticar a los jueces, porque son «un poder institucional del Estado sujeto a la crítica y al escrutinio social y político». También ha acusado al PP de «manipular» sobre el pronunciamiento de Bruselas y de no renovar el CGPJ simplemente «porque no les da la gana».

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la directora ejecutiva de la Gasol Foundation en Europa, Cristina Ribes, han firmado este miércoles un convenio de colaboración entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol.

Según ha explicado Garzón, el convenio supone una «gran alianza» de actores que parten de un diagnóstico «preocupante». «Los datos de obesidad, sin variaciones en los últimos años, nos obligan a repensar las políticas», ha señalado. «Tenemos una especial preocupación por cómo afecta la obesidad infantil a las familias con menos recursos», ha añadido.

La firma de este acuerdo supone un punto de partida para el trabajo conjunto entre ambas entidades en la lucha contra la pandemia de la obesidad infantil. Esta situación se agrava en familias que viven en situación de vulnerabilidad, un problema que ya ha sido detectado en los estudios que elaboran las dos instituciones sobre esta materia.

Por un lado, el estudio ‘Aladino 2019’, realizado por AESAN sobre un total de 16.665 escolares de 6 a 9 años, reafirma el problema existente por el que cuatro de cada diez escolares sufren sobrepeso u obesidad. Además, los resultados identifican una clara brecha en la situación ponderal de los escolares, dependiendo de los niveles económicos y educativos de las familias. Así, según ‘Aladino 2019’, el número de niños y niñas con obesidad es mayor entre las familias con rentas más bajas.

Datos similares arrojan los estudios de la Gasol Foundation. La entidad acaba de hacer un análisis en el que compara los más de 5.000 niños y niñas de 8 a 12 años que participan en sus proyectos de promoción de hábitos saludables que se implementan en entornos de vulnerabilidad socioeconómica, con el promedio a nivel nacional (PASOS 2019).

Los resultados establecen que el exceso de peso afecta a más del 56 por ciento de la población en situación de vulnerabilidad respecto al 41 por ciento de la población general. Dicha diferencia se atribuye principalmente a la obesidad y a la obesidad severa que, en los entornos de vulnerabilidad socioeconómica, afectan respectivamente al 29,8 por ciento y al 6,66 por ciento, respecto al 14,53 por ciento y al 1,77 por ciento en el promedio a nivel nacional.

Así, la firma del acuerdo de colaboración entre Consumo y Gasol Foundation llega apenas cuatro meses después de que Garzón se reuniera con el equipo de la fundación en su sede de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). En este encuentro, ambas entidades reafirmaron su voluntad de colaborar conjuntamente para potenciar la promoción de hábitos saludables en España.

Con la colaboración, ambas instituciones se comprometen a trabajar para planificar y desarrollar actuaciones conjuntas en materia de promoción de hábitos saludables y en prevención de la obesidad infantil. Entre otras acciones, se prevé impulsar la investigación en el campo de la salud infantil partiendo de los estudios que ya existen sobre los estilos de vida y obesidad de la población infantil (PASOS 2019, de la Gasol Foundation y ‘Aladino 2019’, de AESAN) y abriendo la puerta a una posible ampliación a la población de tres a seis años.

Por otra parte, el acuerdo pone de relieve la importancia de proteger los derechos de los niños y niñas frente al uso de publicidad de alimentos y bebidas que, según la evidencia científica, no favorecen un patrón dietético saludable. En este sentido, el Ministerio de Consumo ya ha expresado su voluntad de regular cierta publicidad de alimentos dirigida al público infantil.

Otro de los puntos clave será la colaboración para el logro de los objetivos de la estrategia ‘NAOS’ de la AESAN (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), creada en 2005 para disminuir la prevalencia de obesidad en España.

Durante la rueda de prensa posterior a la firma, Garzón ha asegurado que el objetivo del Ministerio de Consumo es crear incentivos para que la ciudadanía pueda optar por un consumo más saludable. «Estamos en el furgón de cola en el consumo saludable y estamos por superar todas las resistencias» porque, según ha dicho, «lo que está en juego es la salud y no puede haber ningún otro criterio superior al de proteger a nuestros menores».

Por su parte, la directora ejecutiva de la Gasol Foundation en Europa ha explicado que, desde la publicación de los resultados del Estudio PASOS 2019, la Gasol Foundation aboga por el desarrollo en España de un plan integral contra la obesidad infantil, intersectorial y con un enfoque de equidad diseñado e implementado a través de sus correspondientes planes a nivel estatal, autonómico y local.

«Desde el enfoque de los derechos de la infancia, este plan deberá priorizar las poblaciones en riesgo de exclusión social, involucrando e impactando en todos los ámbitos de la vida de un niño, y abordando el cambio de los hábitos individuales, familiares y comunitarios, así como los determinantes del entorno», ha añadido.

Además, según ha explicado Ribes, «la implicación de AESAN es imprescindible para hacer frente a esta compleja pandemia silenciosa que afecta a demasiados niños y niñas en España, y especialmente para contribuir a la transformación de los entornos obesogénicos».

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciado a Vox ante la Fiscalía por un presunto delito de odio ante los mensajes «racistas» y «xenófobos» que aprecia en la cartel electoral de esta formación contra los menores extranjeros no acompañados (MENA).

Así lo ha reclamado en un escrito, dirigido a la Sala de Delitos de Odio y Discriminación del Ministerio Público ante la cartelería electoral instalada de Vox en la estación de Cercanías de Sol con el mensaje ‘Un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión al mes. Protege Madrid’.

En su denuncia, Iglesias relata que los carteles electorales de Vox «alientan el odio, la humillación, el menosprecio y el descrédito por razón de raza y origen» a estos menores extranjeros que, además, pertenecen a un colectivo «discriminado y especialmente vulnerable».

RECUERDA A LA «PROPAGANDA NAZI»

También califica de «hiriente e intolerable para una sociedad civilizada» el texto de la campaña de Vox que, además, reduce a «cosas evaluables» tanto a los mayores como este colectivo de menores extranjeros.

Pero sobre todo incide en que se presenta a los menas como «delincuentes», fomentando con ello «la marginación y el desprecio hacia los referidos menores», con lo que se estaría promoviendo «un clima de violencia, de hostilidad, de odio y de discriminación» contra ellos.

«El cartel de forma terrible recuerda a la propaganda nazi y es una visualización evidente del ‘racismo blanco'», prosigue el escrito de denuncia para alertar de que estos carteles «retuercen la imagen del menor para que resulte una amenaza (…) y así provocar miedo y la ira contra el colectivo», ahonda para recalcar que todo ello supone una «clara incitación al odio» con consecuencia penales.

Posteriormente, desgrana que el artículo 510 del Código Penal establecen que pueden ser castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes incurran en delitos de odio.

VE REITERADO EL DISCURSO DE ODIO DE VOX

Es más, Iglesias plantea en su escrito que Vox señala, en «reiteradas manifestaciones», a la «inmigración como un problema vinculado a la delincuencia», sobre todo en el caso de los menas, y que la formación incurre con ello en «un discurso de odio encaminado a las discriminación sectaria, despreciando a los seres humanos».

Reproduce incluso declaraciones de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que calificaba a centros de acogida de Menas como focos de «terror en los barrios y miedo entre los vecinos».

Finalmente, el candidato de Unidas Podemos solicita que se inicien acciones penales que pudieran corresponder por delito de odio contra los responsables de Vox que se determinen, así como contra Monasterio.

A su vez, plantea que se dé cuenta de forma urgente a la Junta Electoral de la apertura de diligencias de investigación y se inste a este órgano a adoptar medidas para retirar la citada campaña. En este sentido, la candidatura de Unidas Podemos ha registrado este mismo miércoles una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid en este sentido.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que hará todo lo que está en su mano para «evitar los planes del PSOE, de Unidas Podemos y del presidente del Gobierno Pedro Sánchez para subir impuestos a los murcianos». Por ejemplo, se ha mostrado dispuesto a acudir al Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, hasta solicitar de forma urgente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera o acudir a los tribunales.

«Porque la Constitución Española garantiza la autonomía fiscal de las comunidades autónomas», ha señalado López Miras en respuesta al portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, durante la segunda sesión de la Asamblea Regional celebrada este miércoles.

En este sentido, López Miras ha anunciado nuevas rebajas fiscales y, por ejemplo, en la campaña actual de la Renta va a implementar una nueva deducción a aquellas personas con discapacidad que hayan registrado menores ingresos en 2020; así como una deducción fiscal por conciliación a aquellas personas que contrataron durante la pandemia en 2020 a una persona para cuidar a alguno de sus hijos menor de 12 años.

Asimismo, ha anunciado deducciones por acogimiento no remunerado para aquellas personas que tienen que encargarse en sus domicilios de personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad que conviva con ellos en régimen de acogimiento sin contraprestación. A todo ello ha sumado otras deducciones del Gobierno murciano, como las de inversiones en vivienda habitual; por donativos a la protección de patrimonio; gastos de guardería; por nacimiento o adopción.

En definitiva, ha señalado que se trata de una serie de deducciones fiscales y bajadas de impuestos que hace que la Región sea «atractiva para invertir y para crecer». Por ello, ha asegurado que «no vamos a permitir que nadie fría a impuestos a los murcianos ni les imponga impuestos que ya hemos eliminado o que queremos seguir bajando».

ÁLVAREZ PIDE QUE UN «DIQUE DE CONTENCIÓN» A LA SUBIDA DE IMPUESTOS

«A nadie se le escapa el momento tan duro en el que nos encontramos», según Álvarez, quien señala que hay dos posibles maneras de hacerle frente, una de ellas «la que pretende Pedro Sánchez, a quien solo se le ocurre anunciar subidas de impuestos generalizadas y mantener un país subsidiado, sin libertad de elección por parte de los españoles».

«Subir impuestos es un ‘tic’ de la izquierda con el que pretende recaudar más, pero eso no siempre es así, porque dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos e, incluso, reducir la presión fiscal genera más ingresos para las administraciones», ha manifestado el portavoz de Cs, quien ha lamentado que, a todo ello, se suma las «prebendas» del Gobierno de Pedro Sánchez «con sus socios independentistas y radicales».

Nosotros no apostamos por esta vía, sino por el camino contrario para salir de esta crisis: más libertad y menos impuestos», según Álvarez, quien ha celebrado que el Gobierno de López Miras está «trabajando» en esta línea de menor fiscalidad. No obstante, se ha mostrado «preocupado» por este nuevo «asalto» al bolsillo de los murcianos por parte del Gobierno central que implica una subida «generalizada» de impuestos, con la amenaza incluso «de que vuelva incluso el Impuestos de Sucesiones».

Así, Álvarez ha mostrado su esperanza en que el Gobierno regional «siga siendo el dique de contención frente a los delirios del ‘sanchismo'», y le ha preguntado qué acciones tiene previsto ante el anuncio de la ministra de Economía y Hacienda, que pretende «una subida generalizada de impuestos.

Álvarez ha puesto como ejemplo de que bajar la presión fiscal mejora la recaudación el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que hasta su bonificación en el 99% a instancias del GP Ciudadanos y en sus mejores momentos «suponía como máximo 57 millones de euros a las arcas regionales, mientras que aumentó hasta los 80 millones tras la rebaja solo con las donaciones promovidas por su reforma, demostrando que bajar impuestos es una vía factible para aumentar los recursos públicos».

LA BAJADA DE IMPUESTOS, UNO DE SUS «EJES TRANSVERSALES»

En este sentido, López Miras ha señalado que uno de los «ejes transversales» de su Gobierno es la bajada de impuestos. «Creemos en la libertad económica, que implica menos impuestos», porque se ha demostrado que cuando las circunstancias son más difíciles, «si se bajan impuestos hay más recursos para dinamizar la economía».

Al contrario, ha advertido que «si se suben los impuestos cuando la situación es más dura, se exprime a las sociedades, sobre todo a las clases medias y a las clases con menos recursos, lo que produce el efecto contrario». De hecho, ha instado a Pedro Sánchez a mirar al resto de países de Europa para comprobar que «todos están bajando impuestos en esta situación de crisis económica, salvo España.

«No lo vamos a permitir, porque Murcia es uno de los referentes de libertad económica y donde se demuestra que bajar los impuestos funciona», ha remarcado López Miras. De hecho, ha recordado que la semana pasada visitó la planta logística de Amazon en Murcia, lo que ha atribuido a la política fiscal del Gobierno murciano.

«En los últimos tres años, la eliminación o bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones ha permitido a las familias murcianas ahorrar 1.000 millones de euros; y la deducción del IRPF que hemos implementado en los últimos años ha hecho que en la Declaración de la Renta de 2019 los murcianos se hayan ahorrado más de 10 millones de euros».

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado a favor de modificar las hipótesis de los análisis de accidentes de base de diseño en la central nuclear de Cofrentes (Valencia) solicitada por el titular de la planta.

Esto permitirá modificar algunas hipótesis que afectan a los cálculos de consecuencias radiológicas de los accidentes base de diseño de la instalación ya que corrige algunas discrepancias detectadas en los coeficientes de dispersión del material radiactivo que se obtienen al considerar las condiciones meteorológicas y los puntos de emisión que corresponden a los accidentes base de diseño reanalizados.

Por otro lado, en su reunión telemática semanal, ha dado el visto bueno a la firma de un acuerdo administrativo entre la Comisión Europea, a través de su Dirección General de Energía y el Consejo de Seguridad Nuclear para la participación en el sistema EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) durante condiciones normales y en situacionesde emergencia.

La plataforma de intercambio de datos radiológicos se creó en 1995 con para facilitar la transmisión e intercambio de datos resultantes de medidas realizadas por las redes de vigilancia automáticas europeas. El CSN participa en ella desde el año 2000.

EURDEP recibe los datos de 5.000 estaciones automáticas de 41 redes de vigilancia localizadas en 39 países europeos y su información es actualizada, generalmente, cada hora.

Otro de los temas evacuados es la revisión de un procedimiento técnicointerno que recoge las actividades que deben llevarse a cabo durante el despliegue de las estaciones automáticas portátiles de vigilancia radiológica durante emergencias nucleares y radiológicas.

Asimismo, los consejeros han recibido informe sobre el estado de la evaluación del proceso de licenciamiento de la autorización de construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear Cofrentes, así como de su correspondiente contenedor de combustible gastado, HI-STAR 150 y, por otro lado, respecto al estado de evaluación del proceso de licenciamiento de la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca).

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia CNLAJ, UPSJ y AINLAJ han enviado una carta conjunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para expresarle su «profundo malestar» por el «trato insensible» que –según afirman– han venido recibiendo de su departamento en las consultas sobre los proyectos legislativos en marcha y exigirle una «escucha activa», amenazando con buscar «fórmulas alternativas» de comunicación con el Ministerio.

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han reaccionado de cara a la reunión prevista para el viernes en el Ministerio con el objetivo de avanzar en el contenido de la ley de eficiencia organizativa.

Justicia hizo la convocatoria el pasado 16 de abril, indicando a las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que en unos días les enviaría la documentación pertinente, que ha resultado ser el anteproyecto de la ley de eficiencia organizativa aprobado el martes por el Consejo de Ministros y que recibieron ese mismo día.

«Se supone que esa reunión se convoca con la finalidad de avanzar en su contenido, fomentando nuestra participación en el texto (…) pero la realidad no es esa», han dicho, cuestionando el objeto de dicha reunión, «más allá de cubrir el expediente administrativo y justificar ante la opinión pública la existencia de participación por parte de los colectivos afectados por la norma».

UN ‘MODUS OPERANDI’

Para CNLAJ, UPSJ y AINLAJ, es «el colmo». Se han quejado de que, a pesar de que al llegar Campo al cargo se les transmitió la idea de que habría reuniones para conseguir consensos en las cuestiones relativas a los LAJ y para lograr un mejor servicio de justicia, el Ministerio se habría limitado a informar de unos aspectos y omitir otros para iniciar después «una rueda de intervenciones formales que no se traducen en debate constructivo alguno».

«Y se hace ya rutina que nunca tengamos posterior conocimiento de si se incorpora alguna de las aportaciones realizadas por nuestras asociaciones a los textos producidos en su Ministerio», han recriminado a Campo en la misiva, difundida por Twitter.

Así, han considerado que se les dispensa «un trato insensible, que no pasa de un trámite formal para no incumplir lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre la participación asociativa».

Además, han reprochado a Justicia que «supone, por un lado, un grave menosprecio al colectivo». «Es evidente que nuestras consideraciones no se tendrán en cuenta, como nos demuestran absolutamente en todos los casos», han apostillado.

Y, por otro, implica menospreciar «la inteligencia natural de cualquier ciudadano que fácilmente deducirá la percepción que tienen respecto al único cuerpo superior hoy dependiente de su Ministerio», han añadido.

«Aún más grave», han subrayado, «hurta a la ciudadanía la garantía que representa una justicia moderna y eficaz con las aportaciones independientes y expertas de quienes la dirigen y gestionan día a día».

AMENAZAN CON UNA NUEVA RELACIÓN

Por todo ello, han expresado su «profundo malestar» con la forma de comportarse del Ministerio, «hasta ahora desconocida, pues ningún equipo anterior ha actuado de este modo», y han pedido a Campo «un compromiso con la justicia, una escucha activa y un verdadero afán de mejora del servicio público».

De lo contrario, han avisado, «tendremos que optar por fórmulas alternativas de relación con el Ministerio que tiene el honor de dirigir, al menos mientras persistan en esa actitud».

La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, continúa los trabajos de retirada de residuos en el cauce del río Guadarrama a su paso por los municipios de Arroyomolinos, Móstoles, Batres, Navalcarnero y Villaviciosa de Odón.

Tras la finalización de las actuaciones el pasado febrero en Arroyomolinos y recientemente en Móstoles, término donde se localizaba un mayor volumen de residuos, en la actualidad se está trabajando paralelamente en la recogida y transporte a vertedero de los residuos acumulados en los municipios de Batres y Navalcarnero, con previsión de finalizar los trabajos a finales de mayo.

Estas tareas de limpieza, que se iniciaron el pasado mes de diciembre de 2020, se enmarcan en el contexto del acuerdo administrativo alcanzado el pasado julio por iniciativa del Ministerio con la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos afectados para poner en marcha un plan de choque que permita abordar el depósito y acumulación de residuos en dicho tramo del río, con el fin de proteger el ecosistema fluvial y sus valores ambientales.

Previo al comienzo de los trabajos, se elaboró un estudio para la localización y caracterización de los puntos de acumulación de los residuos. La inversión prevista por parte del organismo de cuenca es de casi 700.000 euros.

RESIDUOS RETIRADOS

Así, se han retirado en el dominio público hidráulico y en la zona de servidumbre del río Guadarrama cuatro vehículos abandonados en Arroyomolinos y siete en Móstoles, a lo que hay que añadir unos 30 metros cúbicos de restos de vehículos, lo que equivale a unas 50 toneladas.

También se han retirado cerca de 104 metros cúbicos de neumáticos fuera de uso (unas 165 toneladas), de los cuales 110 se localizaban en el término de Móstoles, así como 60 metros cúbicos de restos de aparatos electrónicos y eléctricos, el 85% en el término de Arroyomolinos.

Estos tres tipos de residuos se han acopiado temporalmente en las parcelas municipales cedidas por Arroyomolinos y Móstoles hasta su recogida por el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para su correcta gestión.

No obstante, los restos de construcción y demolición (RCD) son los que se acumulaban en mayor cantidad en el cauce del río Guadarrama, con unas 3.400 toneladas, de las cuales cerca del 90% se localizaban en Móstoles. Este tipo de residuos se está trasladando al vertedero de Pinto.

El resto de los residuos extraídos en estos dos municipios se corresponden con restos de podas y maderas (unos 200 metros cúbicos), colchones (90 toneladas) y residuos domésticos (70 toneladas).

De forma adicional, en Arroyomolinos se ha restaurado uno de los taludes de la margen izquierda del río, con el fin de renaturalizar y acondicionar el mismo, ya que hasta la fecha estaba totalmente cubierto de residuos.

A pesar de las inclemencias meteorológicas que han afectado a la zona en la que se realizan los trabajos, está previsto que concluyan en el plazo marcado.

«Independientemente de las actuaciones en desarrollo, resulta imprescindible que estos trabajos se vean acompañados tanto de una necesaria sensibilización y colaboración ciudadana como de eficaces tareas de vigilancia de la zona y control de accesos a la misma, a desarrollar por las administraciones competentes, que eviten la aparición de nuevos depósitos incontrolados», señalan desde la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El acuerdo, refrendado por las diferentes administraciones, establece que este organismo es el encargado de la retirada los residuos depositados en el cauce del río Guadarrama y en su zona de servidumbre, cuya titularidad corresponde mayoritariamente a los ayuntamientos, y que la Comunidad de Madrid, junto a los municipios, actuarían en terrenos de vía pecuaria y resto de parcelas municipales, además de desarrollar las labores de vigilancia y seguridad.

El presidente de Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha pedido este miércoles al Ejecutivo central que apruebe «un plan jurídico alternativo» para evitar el estado de «indefensión» en que se encontrarán las comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo.

López Miras ha reaccionado así en respuesta a una pregunta formulada en la sesión de control por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, sobre los efectos para el control de la pandemia en la Región del levantamiento del estado de alarma por parte del Gobierno de España.

El jefe del Ejecutivo murciano ha asegurado que el presidente del país, Pedro Sánchez, «no ha hecho absolutamente nada» en los últimos meses, delegando la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en las comunidades autónomas.

«Hemos pasado de tener una suerte de monólogo cada domingo a no tener ni una sola reunión con el presidente en los últimos seis meses», ha dicho López Miras, quien ha criticado la ausencia de un modelo de cogobernanza que ayude a las autonomías a hacer frente a la expansión del Covid-19 de forma coordinada.

Respecto al fin del estado de alarma, ha avanzado que a partir del 10 de mayo las comunidades no tendrá competencia jurídica para aplicar medidas que contribuyan a «proteger a nuestros conciudadanos y frenar los contagios».

Ante este escenario, López Miras ha instado a Sánchez a que «trabaje de una vez» y apruebe un plan jurídico. Lo contrario, ha añadido, «no es eficaz, serio ni puede hacerlo un gobierno de un Estado».

Por su parte, Segado ha apuntado que el Gobierno central, con la falta de un plan alternativo, «maniata» a las comunidades autónomas haciendo que vuelvan a conformar «una España con 17 modelos distintos para contener la pandemia por el abandono de Pedro Sánchez».

El dirigente ‘popular’ ha criticado al PSOE, a quien le ha vaticinado un «batacazo» en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha asegurado que «la fracasada moción de censura» presentada en la Región Murcia supuso «el principio del fin del ‘sanchismo'».

«La nefasta operación política ha abierto la puerta de salida de la Moncloa a Pedro Sánchez, mientras que el proyecto de reunificación del centro-derecha bajo la dirección de Pablo Casado avanza a pasos agigantados», ha apostillado Segado.

El jurado del crimen de Baró Viver ha declarado culpables por unanimidad al hombre y la mujer acusados de matar a tiros en plena calle de Barcelona a un hombre después de enemistades entre las familias.

El tribunal popular ha hecho público su veredicto este miércoles y ha tomado la decisión por unanimidad, con 9 votos a favor y ninguno en contra, tanto en el caso del hombre como en el de la mujer.

También por unanimidad, el jurado considera a los acusados culpables de tenencia ilícita de armas, delito por el que la Fiscalía reclama otros dos años de prisión.

Basándose las declaraciones de los testigos y los acusados en el juicio, el jurado considera probado que el 22 de diciembre de 2018, los acusados salieron de casa en torno a las 22 horas con una pistola cargada y «fueron al encuentro de la víctima».

Al encontrarse con la víctima, la mujer le dio la pistola al hombre y le dijo ‘mátalo’, y el acusado le disparó tres tiros –en el tórax y en la cabeza–, matándolo, sin que pudiera defenderse.

EL JURADO DESCARTA DEFENSA PROPIA

En su declaración durante el juicio, el acusado aseguró que disparó «en defensa propia», ya que se observó como la víctima cruzó todo el parque corriendo hacia ellos con una pistola en la mano y con unas bolas metálicas con pinchos colgadas de una cuerda.

Declaró que en ningún momento quería matar a la víctima, que solo tenía el arma para defender a su familia y defenderse él, y que «pasó todo en unos segundos».

La acusada declaró: «Si todo hubiera sido premeditado, hubiera hecho una maleta con ropa. Me fui con lo puesto», intentando exculparse a ella y a su marido.

La Fiscalía les acusó de asesinato con alevosía, por el que pide una condena a 25 años de prisión, y de tenencia ilícita de armas, por el que reclama otros dos años de cárcel.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido de que la pandemia de COVID-19 es «la mayor prueba moral de nuestro tiempo» y se ha mostrado «preocupado» por el actual reparto de las vacunas, en virtud del cual hay países que «no han recibido ni una sola dosis» por falta de recursos.

Guterres, que ha intervenido en la XXVII Cumbre Iberoamericana que acoge Andorra, ha alertado de una «peligrosa tendencia» hacia un «nacionalismo de vacunas» que ha llevado a que los países con más recursos hayan sido capaces de comprar suficientes dosis para toda su población mientras otros menos desarrollados se han quedado al margen.

El máximo responsable de la ONU ha subrayado la importancia del mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisamente para paliar este desequilibrio, pero ha subrayado que la emergencia sanitaria amenaza con tener «impactos devastadores».

Al margen del ámbito económico, ha enfatizado que América Latina concentra el 25 por ciento de las muertes por COVID-19 a nivel mundial y que corre el riesgo de retroceder varias décadas en materia de desarrollo, con impactos «especialmente devastadores» para los sectores más vulnerables.

«El mundo debe unirse para producir y distribuir vacunas para todos», ha dicho Guterres, que ha abogado por duplicar la capacidad de fabricación de los fármacos porque es precisamente en la inmunización donde reside la «esperanza» de superación ante la mayor emergencia desde la Segunda Guerra Mundial.

POLARIZACION Y MULTILATERALISMO

Guterres, que participó en varias cumbres como primer ministro de Portugal, ha considerado el foro un «momento de esperanza» frente a los «desafíos», ejemplo de los esfuerzos de una comunidad, la iberoamericana, abierta a encontrar soluciones a desafíos que son «comunes».

En este sentido, ha llamado a «valorar» estas alianzas en «tiempos de polarización» y en plena «crisis del multilateralismo». Se trata, ha añadido el secretario general de Naciones Unidas, de un «espacio de encuentro» para más de una veintena de países.

Guterres ha aprovechado su discurso, en el que ha mezclado el español con el portugués, para aplaudir medidas adoptadas en el ámbito económico como la ampliación de los derechos especiales de giro por parte de organismos económicos internacionales o la suspensión de la deuda externa, pero ha señalado que se trata en cualquier caso de medidas «insuficientes» y que es necesario mantenerlas en el tiempo.

Asimismo, ha llamado a hacer un frente común en torno al cambio climático, con vistas por ejemplo a rebajar a cero la emisión neta de gases contaminantes en el año 2050 y aumentar la financiación en materia medioambiental.