La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, ha avisado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, de que las desigualdades y la violencia de género y entrecruzadas frenan la vida de mujeres.

«La crisis del COVID-19 ha hecho retroceder el progreso hacia la igualdad. Ha ampliado la brecha entre mujeres y hombres en riqueza, ingresos, acceso a servicios, carga de cuidados no remunerados, estatus y poder», ha lamentado.

Y es que, prosigue, hasta 20 millones más de niñas en edad de asistir a la escuela secundaria podrían terminar sin escolarizar tras la crisis, y es posible que muchas «nunca regresen» a la escuela o tengan acceso a habilidades y oportunidades económicas. Del mismo modo, ha advertido de que dos millones y medio más de niñas corren ahora el riesgo de contraer matrimonio infantil en los próximos cinco años.

«La pandemia ha puesto de relieve que incluso antes del COVID-19 se estimaba que 34 millones de niñas de entre 12 y 14 años no asistían a la escuela, una de cada tres mujeres en todo el mundo informó haber experimentado violencia física o sexual y mujeres en todo el mundo trabajan más horas por menos o ningún pago», ha detallado la directora ejecutiva de ONUSIDA.

Las mujeres que ya estaban estigmatizadas se encuentran entre las más afectadas por los impactos de la pandemia. En este sentido, Byanyima ha señalado que la repentina pérdida de los medios de vida de las trabajadoras sexuales y su falta de acceso a la atención médica y la protección social han intensificado sus vulnerabilidades, especialmente para las personas que viven con el VIH.

«Muchas mujeres migrantes y trabajadoras precarias afectadas negativamente por la pandemia quedan excluidas de los programas gubernamentales de protección y socorro, así como de los servicios de salud. El estigma, la discriminación y la criminalización ponen a las mujeres transgénero y a las mujeres que consumen drogas a un mayor riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y les impiden acceder a los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH», ha añadido.

Por todo ello, ONUSIDA, ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han convocado un amplio movimiento, ‘Education Plus’, para trabajar con los gobiernos para asegurar los cambios transformadores que permitirán a todos de las adolescentes africanas para estar en la escuela «seguras y fuertes.

Eso incluye a todas las niñas que fueron expulsadas de la escuela durante la crisis de COVID-19 y las que fueron excluidas de la escuela incluso antes de que estallara la crisis. «Superar la crisis de COVID-19 y poner fin a las nuevas infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el sida requieren que nos acerquemos a las desigualdades que generan vulnerabilidades», ha apostillado zanjado.

La Audiencia Provincial número 2 de Ciudad Real ha absuelto de un delito de agresión sexual y de amenazas a V.G.R, acusado de obligar a una joven –A.L.Q– a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de difundir un vídeo de una relación anterior consentida en Porzuna.

La Sala tiene «serias dudas» respecto a la existencia y realidad de los hechos motivadores de la agresión sexual y amenazas, basándose en las versiones de la víctima y los testigos que presenciaron el desarrollo de los acontecimientos, así como la ausencia de lesiones observadas por parte del médico forense de la víctima, tras declarar ésta que ejerció violencia física sobre ella.

Tal y como señala la sentencia, a fin de mantener la protección de la presunta víctima, se mantienen vigentes las medidas cautelares acordadas, hasta la firmeza de la presente resolución.

Se considera probada la relación que ambos mantenían y las relaciones sexuales completas que mantuvieron a mediados de marzo de 2018; que mantuvieron una conversación por WhatsApp en la que el acusado le proponía reunirse con él para mantener relaciones sexuales en la que le hacía mención expresa a este vídeo.

Aunque en un primer momento la víctima expresó su negativa de quedar con el acusado, finalmente se dirigió al parque de Porzuna y tras encontrarse con el acusado, le recriminó el hecho de haberla grabado y el empleo que el acusado quería hacer de las grabaciones. Este le manifestó que no existía tal video y que la había engañado para verse esa noche.

Ambos mantuvieron posteriormente relaciones sexuales completas, sin que haya quedado acreditado que el acusado ejerciera actos de agresión física sobre A. que hubieran determinado a la misma a consentir dichas relaciones sexuales.

El juez explica que la existencia del supuesto vídeo vino «únicamente» a mover la voluntad de A. para encontrarse con el acusado, pero no en cuanto a la formación de «una voluntad viciada para el mantenimiento de relaciones sexuales», no acreditándose tampoco el empleo de «vis física sobre la presunta víctima».

Tras las declaraciones de los testigos, no se evidencia «un cambio relevante en el estado de ánimo de la misma» desde el inicio de la conversación por WhatsApp hasta su marcha al encuentro del acusado.

«La manifestación expresa de A. de irse con el acusado vinieron a ser indubitadamente interpretadas por ambos testigos, dado elcontexto verbal y gestural de la situación, como una manifestación de que el encuentro iba a tener como finalidad el mantenimiento de relaciones sexuales consentidas», señala el juez.

El juez destaca la «imposibilidad» de centrar en dicha conversación de WhatsApp y la alusión al vídeo «la causa determinante del forzamiento de su voluntad para acceder a mantener relaciones sexuales» con el acusado la noche de autos, tanto por la propia forma de configurar los hechos objeto de acusación como por la propia contradicción entre las declaraciones de la presunta víctima y lo narrado por dichos testigos respecto a su clara interpretación de la situación de ausentarse, «para mantener con el acusado relaciones sexuales de carácter normal y sin presión alguna».

El senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, solicitó este viernes la comparecencia «urgente» del Defensor del Pueblo tras hacerse público el informe sobre la inmigración en Canarias.

Clavijo reconoció que hay aspectos en el informe que, aunque han sido expuestos por ONG y por las personas acogidas en campamentos en las islas, han sido recogidas también en este informe, que calificó de «devastador» y que describe la situación en las islas.

Asimismo, apuntó que, aunque el documento ha sido remitido a las Cortes, «debe ser analizado pormenorizadamente por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo».

Fernando Clavijo reprochó que el Gobierno de España «siga haciendo caso omiso a las advertencias que tanto fuerzas políticas como distintas ONG y asociaciones, y ahora, el Defensor del Pueblo, hacen sobre un fenómeno que ha pasado a ser un drama humanitario estructural para el archipiélago y un asunto que no tiene salida, al menos, desde la inoperancia y el abandono al que el Estado tiene sometido a las islas».

En este sentido, sostiene que «es fundamental avanzar para corregir la situación que hay en Canarias» y reprochó que, de momento «no haya habido el mínimo atisbo de voluntad política del Gobierno de España para hacerse cargo de una situación que no puede seguir soportando sola Canarias».

El senador de Coalición Canaria-PNC, que también es miembro de la Ponencia de Migraciones, se refirió a algunos de los aspectos del informe como las referidas a las condiciones en las que viven las personas acogidas en los campamentos habilitados por el Estado, campamentos que ya han denunciado «por activa y por pasiva no reúnen las condiciones para una acogida digna», así como las deficiencias para la detección de menores o la ausencia de protocolos para determinar los casos de especial vulnerabilidad que puede haber entre estas personas con el fin de darles la protección necesaria o la política de no derivaciones a península impuesta por España.

«CAOS MIGRATORIO»

Fernando Clavijo coincidió en que la improvisación en la política migratoria «provocó situaciones como las del muelle de Arguineguín que se prolongaron durante meses sin que nadie en el Gobierno haya asumido la responsabilidad».

Es este contexto, señala que el Gobierno socialista «ha normalizado algo que no lo es», y lo reconoce el Defensor del Pueblo en un informe «devastador» en el que tras un análisis exhaustivo de la situación vivida en las islas en el último año concluye «la necesidad de poner en marcha políticas a corto, medio y largo plazo que corrijan el caos migratorio más grave de la última década en Canarias e impida que se vuelvan a cometer los mismos errores en materia de acogida, detección de personas migrantes vulnerables o acogida de menores extranjeros no acompañados».

De la misma forma, las conclusiones del informe contemplan otro tipo de medidas en el marco de la Unión Europea, pero también, reconoce la necesidad de reeditar acuerdos bilaterales entre Gobierno de España y los países de origen, así como, impulsar la coordinación de todas las comunidades autónomas para hacer frente a este drama humanitario, «conclusiones que deben ser atendidas y debatidas en la Ponencia de Migración del Senado con el fin de seguir dando pasos para corregir la errática política del Gobierno de España».

Colas, aunque no las kilométricas de siempre, que llegaban hasta la Ronda de Atocha, y una distancia de seguridad que brillaba por su ausencia vienen marcando el segundo ‘no besapiés’ en plena pandemia del Cristo de Medinaceli.

Una doble cola rodeaba la fachada de la iglesia en la mañana de este primer viernes de marzo hasta doblar por la calle Lope de Vega, esquina con el templo, a pesar de que el ‘besapiés’ hubiera sido suspendido para evitar los contagios por coronavirus cuando se empieza a salir de la tercera ola.

Hace justamente un año, pocos días antes de que el Gobierno decretara una medida que parecía entonces sacada de una película de ciencia ficción, el confinamiento domiciliario de toda la población, las primeras muertes y contagios obligaban a actuar a las autoridades.

Una de las primeras medidas que se tomó fue suspender el ‘besapiés’. Hoy, 365 días después, el Cristo de Medinaceli ve como, de nuevo, el acto de fe de sus fieles vuelve a ser imposible, a la espera de que llegue la vacunación masiva y el principio del fin de la pesadilla. La diferencia es que hace un año las mascarillas aparecían puntualmente en la cola para acceder al templo mientras que hoy son absolutamente obligatorias.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que este viernes ha acudido a la iglesia del Cristo de Medinaceli pero en una visita privada, ya adelantaba que este año no se podría celebrar esta tradición por la pandemia de coronavirus. Días después, el Arzobispado de Madrid confirmaba que las procesiones de Semana Santa tenían que suspenderse, tanto por la crisis sanitaria como para evitar aglomeraciones.

MEDIO MILLÓN DE PERSONAS

El año antes de la pandemia fueron alrededor de 500.000 personas las que acudieron a su cita con el besapiés,según datos que aportaba la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, una tradición que incluso se transmite de generación a generación.

La talla de Jesús de Medinaceli pertenece a la Escuela Sevillana. Tallada en la primera mitad del siglo XVII en Sevilla fue llevada por los Capuchinos a la plaza fuerte de Mehdía o Mámora (Marruecos) para culto de los soldados españoles. En abril de 1681 fue hecha prisionera por los musulmanes, que la arrastran por la calles de Mequinez. La rescataron los trinitarios, llegando a Madrid en el verano de 1682.

Debido a un cúmulo de avatares históricos, la imagen ha recorrido varias iglesias de Madrid e incluso durante la Guerra Civil fue trasladada a Valencia, Cataluña y Francia. Terminada la contienda española regresó a su iglesia de la basílica de la calle Jesús.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el derecho a manifestarse es «un derecho básico» pero ha precisado que el país no se puede permitir «un retroceso» en la lucha contra la pandemia de la Covid-19, y ha invitado a quien no esté de acuerdo con la prohibición de las manifestaciones del 8M, a presentar un recurso ante los órganos de justicia.

«En esta tercera ola ya estamos mejorando, con las medidas adoptadas y la responsabilidad del conjunto de la sociedad pero no nos podemos permitir un retroceso. Es cierto que el derecho a la manifestación es un derecho básico en el Estado de Derecho pero es una resolución dictada por la autoridad competente», ha defendido Marlaska en declaraciones a los medios, en el marco de su participación en la Jornada sobre Mujer, Igualdad y Seguridad, este viernes en Casa de América.

En todo caso, Marlaska ha insistido en que si hay alguna parte que no esté de acuerdo con la prohibición de las manifestaciones por el 8M puede «formalizar un recurso ante la autoridad judicial, que resolverá lo que proceda».

Asimismo, el ministro ha asegurado que no tiene «ningún temor ante ninguna situación de disturbio» porque confía en la «responsabilidad» de los movimientos feministas. «Las mujeres y quienes defendemos el feminismo y la dignidad humana nos caracterizamos por la responsabilidad», ha afirmado.

Sobre el hecho de que se prohíban estas concentraciones en Madrid y no en otras comunidades autónomas, Marlaska ha insistido en que son decisiones fruto de «análisis individualizados» y que sería «muy osado» por su parte hacer una conclusión en general, pues en cada zona hay que hacer «un estudio sobre las circunstancias concurrentes».

«Cuando hay razones de orden público o se entiende que el derecho a la manifestación puede perturbar otro derecho, se analiza y se resuelve en ese sentido», ha añadido, precisando que en el caso de la Delegación del Gobierno en Madrid, entiende que «la autoridad competente ha valorado todos los informes de Sanidad, de incidencia acumulada, grado de hospitalización, ocupación de UCIs y ha tomado esa decisión».

Si bien, ha subrayado que a él no le corresponde valorar esa resolución que, según ha remarcado, ha sido «adoptada conforme al procedimiento adecuado».

En todo caso, ha afirmado que «es cierto que hay movimientos que criminalizan al movimiento feminista» y «gente que se sentirá cómoda con que no se celebren» las manifestaciones por el 8M. «Lo estamos viendo, desgraciadamente, vemos algún retroceso en algunos partidos políticos, pero es una lucha por la igualdad en la que no vamos a echar ni un paso atrás. Que quede claro que en este caso es una situación específica», ha zanjado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendía, han asegurado este viernes que la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) será «rápida» y han anunciado que crearán un grupo de trabajo mixto para que esta prestación se integre con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca.

En declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar la reunión, Escrivá ha trasladado que ha habido «mucha sintonía» y, preguntado sobre plazos, ha asegurado que no tienen una fecha concreta, pero que sí han acordado «el compromiso de hacerlo de una forma relativamente rápida» y «el período de trámite legislativo es un buen marco a la hora de llegar a objetivos», ha apostillado.

Desde los jardines del Ministerio, Escrivá ha reconocido que el IMV y la RGI son prestaciones complejas y que, por ello, la integración de las dos mecánicas pasa por «ir arreglando distintos temas que son técnicos».

Así, sobre el principal escollo, Escrivá ha detallado que uno de los problemas que, en sus palabras, había retrasado el arranque ya está «prácticamente resuelto». Este tiene que ver con la necesidad de que el IMV «requiere un contraste de renta y patrimonio, un cruce de datos con las haciendas» y, según ha aseverado el ministro, «esto es algo que no es fácil», pero que ya están «a punto de cerrar».

En definitiva, el ministro ha puesto en relieve que el hecho de que el IMV esté en trámite en el Parlamento es una «ventaja». Asimismo, ha celebrado que el hecho de que exista en este momento una renta mínima a nivel estatal y que sobre esta se encaje la renta vasca, «al final tiene que redundar en una mejora para los ciudadanos, un esquema de garantías de protección más potente».

Por su parte, Mendía espera que el grupo de trabajo «a cuatro bandas» sirva para «desencallar» la transferencia y para que todos estos meses que quedan por delante, las dos administraciones, logren hacer esa integración de ambos sistemas. «Creo que eso es lo que ciudadano espera de nosotros», ha enfatizado la dirigente vasca, al tiempo que ha remarcado la necesidad de que haya «una ventanilla única».

FIRMA DE CONVENIO

Además, la vicelehendakari segunda ha dado a conocer que, fruto de estas semanas de trabajo con el Ministerio y de una común idea de cargas administrativas, van a firmar un convenio de interoperabilidad entre la Tesorería de la Seguridad Social y el Gobierno vasco para mejorar la tramitación de la RGI para aquellas personas que trabajan y complementan el suelto con esta prestación.

«Es una muy buena noticia que en los próximos días podremos culminar con la firma, pero que hoy sale como compromiso político del Ministerio y del Gobierno vasco», ha zanjado Mendía sobre este asunto.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 18 meses de prisión impuesta a un mujer que se apropió de 36.000 euros que pidió como un supuesto «préstamo» al anciano de 93 años que cuidaba «aprovechándose de la relación de confianza generada», de que tenía «necesidad de cariño» y de una «incipiente demencia» cuando no tenía «intención alguna de devolver el dinero».

El Alto Tribunal andaluz desestima los recursos de apelación de la acusación particular, y de la defensa ya que, entre otros pronunciamientos, traslada que resulta «absolutamente inverosímil» que el perjudicado le realizase un préstamo de 6.000 euros como ella misma admitió en juicio, y «de pronto, sin más, la hiciese beneficiaria de una donación de 30.000 euros, pendiente aún de la devolución de la mayor parte de los prestado».

La sentencia, hecha pública este viernes, hace alusión a un dato indiciario que, según avisa, esgrime la defensa «sin advertir que es un arma de doble filo» y que no es otro que una «libreta de anotaciones» supuestamente realizadas por el anciano, ya fallecido, que demostraría la «buena fe» de la acusada ya que figuran «apuntes de las devoluciones que con perioicidad anual vendría realizando».

La sala coincide con el tribunal de la Sección Segunda en cuestionar la citada libreta «por falta de autentificación y por la dudosa legitimidad de su origen», y va más allá al considerar que, «dando por bueno el documento», resultaría «inverosímil» la versión de la donación de hasta 30.000 euros procedente «de una persona que había realizado un préstamo de 6.000 euros a su empleada doméstica y que apuntaba meticulosamente las devoluciones parciales».

«Una ampliación de préstamo es todavía verosímil, pese a lo improbable de la devolución por las condiciones de solvencia de la prestataria, que es donde radica el engaño, pero una donación no es que sea inverosímil, es que es incongruente y mostrarían que las primeras devoluciones parciales del préstamo habrían servido como cebo para facilitar la obtención de un segundo más cuantioso», remarca el fallo para apuntar acreditado el delito de estafa.

Añade que la donación «es susceptible, como acto de disposición patrimonial, de ser vehículo adecuado para la estafa» y subraya que la acusada también engaño «en el destino del dinero, para la adquisición de una vivienda que es primera necesidad, cuando en realidad la intención era el enviar la mayor parte a su país natal y gastar el resto en atenciones diversas».

La acusada, L.M.M.M., entre años 2015 y 2018, prestó sus servicios como empleada de hogar y cuidadora de la víctima en su domicilio, con lo que «aprovechándose la relación de confianza creada, de la necesidad de afecto y de un incipiente deterioro cognitivo» del mismo, fingió necesitar dinero para comprar una vivienda.

Con intención de obtener un «ilícito beneficio» y bajo el acuerdo de que le devolvería el dinero, consiguió que la víctima le entregase 36.000 euros que «incorporó a su patrimonio» a través de distintas tandas en metálico y por transferencia entre noviembre de 2017 y enero de 2018.

La sentencia apunta que deberá indemnizar con la mencionada cantidad a los herederos del perjudicado cuya legitimidad para continuar con el procedimiento después de que este muriera ya interpuesta la denuncia avaló la Audiencia Provincial de Almería.

El tribunal estimó, no obstante, que los hechos no reunían los «requisitos suficientes» para agravar la condena bajo la condición de un delito continuado, tal y como interesaba la Fiscalía que pedía cinco años de cárcel al igual que la acusación particular, al no apreciar un «plus que vaya más allá de lo naturalmente asociado a la mayoría de las estafas en que siempre se traiciona una confianza».

Además del relato de los hijos como prueba de cargo, un trabajador de la sucursal aseguró que el finado acudió para efectuar tal transferencia y que fueron sus superiores quienes, al comprobar que era una operación de elevada cantidad, los que decidieron dar aviso a la hija de la víctima, quien se presentó allí y comprobó la presencia de la acusada.

«También sibilina y premeditadamente acudió a la gestoría, ella sola, para asesorarse del pago de impuestos en caso de donaciones», recogía de otro testimonio el tribunal de instancia, para el que «el ardid o engaño es nítido en tanto que la voluntad en su caso de devolver el dinero prestado no existía, pretendiendo mediante la argucia de una donación quedarse con las cantidad obtenida».

Así, sostuvo que la última actuación de la acusada «abusando de la demencia» del perjudicado consistió en intentar que ante notario reconociera este que «todo el dinero que le había entregado fue por su voluntad» y «gratuitamente».

Los sindicatos CC.OO. y UGT han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión de la Delegación de Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones para celebrar el Día Internacional de la Mujer al considerar que vulnera el derecho de reunión y manifestación al no estar restringido dentro del estado de alarma por la pandemia.

La impugnación conjunta de los sindicatos se suma a los recursos de CGT y Movimiento Feminista de Madrid. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se reunirán mañana para deliberar sobre el asunto, tomando como criterio las resoluciones similares dictadas desde que comenzó en marzo la pandemia y en la que se ha mostrado a favor de preservar el derecho de reunión pero con el cumplimiento estricto de medidas de seguridad para evitar contagios.

En el recurso, se solicita que se acuerde haber lugar a la concentración interesada para el próximo lunes en la Plaza De Cibeles de la capital, en definitiva «al ejercicio libre del derecho fundamental de reunión contenido en la solicitud de concentración unida, revocando y anulando la resolución impugnada».

Esta concentración arrancará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 14.30 horas. Tiene prevista la asistencia de 250 personas y contará con servicio de orden como medida de seguridad, así como dos vehículos de apoyo.

Los sindicatos interesan a la Sala la incoación del procedimiento especial en materia de Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona del artículo 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en cuanto a la protección del Derecho Fundamental de Reunión.

DERECHO DE REUNIÓN

UGT y CC.OO. consideran que la prohibición vulnera el derecho regulado en la L.O. 9/83, que regula el derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución.

En primer lugar, esgrimen que «la existencia del marco pandémico regulado limitativamente, así como la catalogación de la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid como de «riesgo extremo», o la aparición de nuevas cepas del virus Sars-Cov-2, no ha supuesto el decaimiento en absoluto del derecho de reunión y manifestación».

Aluden los recurrentes a la propia resolución impugnada que afirma que «la media de concentraciones y manifestaciones que viene habiendo en la Comunidad de Madrid es de 70 por semana».

También señalan que su solicitud «no entraña la potencialidad de que se convierta, ni de lejos, en una concentración masiva», ya que «viene limitada a 250 personas, que es la asistencia prevista, de cuyo cumplimiento se encargaría el servicio de orden de los propios sindicatos convocantes».

«El riesgo que entraña esta concentración no es superior, en absoluto, al que pueda existir, por ejemplo, en cualquier gran Comercio de la Comunidad de Madrid, cuya actividad, como se sabe, está perfectamente permitida», afirman.

Critican que la Delegación del Gobierno de a entender una suerte de acuerdo de voluntades entre «los 104 convocantes para generar una especia de manifestación masiva, pero sin aportar prueba alguna de ello, y quedándose esa afirmación en la mera conjetura, entre otras cosas, porque no existe tal concierto de voluntades para celebrar tal macromanifestación».

SIN MOVILIDAD

En el caso concreto, «no existe movilidad de personas al no estar previsto trayecto alguno» y «al menos no existe como entiende y da a entender al Acuerdo impugnado en el sentido de que pueda propagar de forma virulenta la infección».

«El riesgo de contagios, en el caso de nuestra concentración es mínimo. No se puede argumentar que el desplazamiento de las personas que tengan previsto acudir va a propagar el virus, porque no son desplazamiento, incluso en transporte público, superiores, ni de lejos a los que se producen todos los días con motivo de acudir las personas a sus trabajos, quehaceres y obligaciones de todo tipo ya en transporte público, ya en privado», sostienen los sindicatos.

Por todo ello, concluyen que «la resolución limitadora del derecho de reunión impugnada no se motiva suficientemente dicha limitación que sólo puede ser consecuencia de que produjese la propagación del virus SARS Cov-2, lo cual, por los motivos expuestos, no sucede».

El presidente nacional de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha destacado la situación «tan dolorosa» que se padece por la pandemia, y ha manifestado que un tercio de las personas que acuden a Cáritas no lo hacía antes de comenzar la crisis sanitaria.

Bretón ha hecho estas declaraciones este viernes durante su intervención en la clausura de las XX Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado que ha organizado la UCAM junto con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

«Ha sido un año especial, hemos vivido situaciones muy complicadas, pero con una gran actitud por parte de nuestros voluntarios», ha destacado Bretón.

«CÁRITAS ES IGLESIA CATÓLICA»

Cáritas, entidad de la Iglesia Católica, cuenta con más de 80.000 voluntarios repartidos por toda España. Su presidente explica que «nosotros somos Iglesia, la ruta que nos hemos marcado es la de las bienaventuranzas de Jesucristo», recordando que está presente a nivel internacional en las zonas más pobres de países como Haití, Cuba, República Dominicana, Senegal, Etiopía y Camboya, entre otros.

El presidente de la entidad caritativa ha hecho hincapié en que «la pandemia ha acarreado graves problemas, como el surgimiento de las colas del hambre que anteriormente no se veían en nuestro país».

Bretón ha asegurado que Cáritas ha redoblado su presencia con 6.000 nuevos voluntarios y ha puesto en valor «la ayuda que han prestado a niños que no contaban con las tecnologías necesarias para seguir su formación, así como la puesta en marcha de un programa de acompañamiento para los más mayores que viven en el mundo rural».

CLAUSURA DE LAS XX JORNADAS INTERNACIONALES DE CARIDAD Y VOLUNTARIADO

Las Jornadas, que concluyen este viernes, han tenido como eje la encíclica del Papa Francisco ‘Fratelli Tutti’. Cerca de 300 asociaciones han participado en la Muestra Internacional enmarcada en este evento, que también ha tenido al ecumenismo como uno de los principales asuntos.

El vicerrector de Extensión Universitaria y coordinador de las Jornadas, Antonio Alcaraz, ha valorado que se llevan realizadas veinte ediciones ininterrumpidamente y que la UCAM colabora permanentemente desde su creación, hace 25 años, con entidades sociales a través de aportaciones económicas, investigación, proyectos nacionales e internacionales, voluntarios y proporcionando visibilidad a las asociaciones, tanto en España como en zonas pobres de América del Sur y África.

La plataforma Festivals per la Cultura Segura, que integra a los principales festivales de música de Catalunya, ha anunciado este viernes un concierto del grupo Love of Lesbian con 5.000 asistentes en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 27 de marzo «sin distancia social y en un entorno seguro».

«Hoy empezamos la remontada» ha reivindicado en rueda de prensa desde el Estadi Olímpic Lluís Companys el director del Festival Cruïlla, Jordi Herraruela, junto al del Vida, Dani Poveda, el del Primavera Sound, Alberto Guijarro, el del Sonar, Ventura Barba, la del Canet Rock, Gemma Recoder, y el de The Project, Joan Rosselló, así como entidades culturales y personalidades del ámbito de la salud.

El concierto, además, servirá como un estudio de salud pública y todos los asistentes deberán realizarse un test de antígenos rápido (TAR) y llevar una mascarilla FFP2 –que facilitará la propia organización– y también los espacios del interior del Palau deberán estar correctamente ventilados, entre otras medidas de seguridad.

Así lo ha concretado el investigador de la Fundación Lucha contra el Sida y el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), Josep Maria Llibre, que ha añadido que la organización también se encargará de «evitar la acumulación» de asistentes y las colas durante el concierto.

El concierto será por la tarde y los cribados se realizarán por la mañana: las personas que decidan comprar la entrada, que ya están a la venta, deberán elegir entre las salas Apolo, Razzmatazz y Luz de Gas y el horario que deseen para desplazarse a una de éstas en las que un equipo de enfermería les realizará el TAR.

PRUEBA PILOTO

Guijarro ha destacado que este concierto se basa en el ensayo clínico de la Sala Apolo de Barcelona organizado por el Primavera Sound y la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas el pasado 12 de diciembre, que fue el «primero del mundo» con estas características.

A diferencia del primer ensayo, esta vez no se precisará de un grupo control de población para comparar el impacto del Covid-19 sino que se trata de un concierto comercial, aunque Llibre ha asegurado que quieren «demostrar que el acto no ha comportado mayor riesgo de transmisión»

De hecho, el investigador ha precisado que están «en trámites» para poder analizar todos los casos positivos de Covid-19 que se diagnostiquen entre los asistentes y poder comparar, así, la tasa de contagio del concierto con la tasa de contagio de la población.

El concierto tendrá un coste aproximado de 200.000 euros, aunque desde la organización han defendido que «ésta no es una actividad económica comercial, es una prueba piloto que pretende volver a la actividad de grandes acontecimientos».

ADMINISTRACIONES

La presentación del concierto ha contado también con la presencia de la consellera de Cutura de la Generalitat en funciones, Àngels Ponsa, la consellera de Salud en funciones, Alba Vergés, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Ponsa ha ensalzado la unión entre los principales festivales de Catalunya que, lejos de competir, han cooperado para llevar a cabo este proyecto en el que se «reflejan» otros países y ha destacado que, a raíz de su trabajo, ya hay conciertos similares previstos en París y en Marsella.

Iniciamos camino», ha reivindicado Vergés, que ha dicho que en los próximos meses se incrementará la vacunación entre la población y puede que aparezcan nuevas herramientas diagnósticas que permitan realizar más pruebas como esta y avanzar en el retorno de la cultura sin comprometer el control de la pandemia.

Colau ha defendido que la celebración de este concierto se hará «con seguridad», al igual que a su juicio se hizo con el Grec Festival de Barcelona 2020 y las fiestas de la Mercè, y ha asegurado, textualmente, que Barcelona es capital mundial en música, cultura y festivales.

Algunas Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Andalucía y Galicia, han cargado este viernes contra la «deslealtad» que, a su juicio, ha llevado a cabo el Ministerio de Sanidad filtrando las medidas para Semana Santa antes de debatirlo el próximo miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Este órgano entre CCAA y el Ministerio de Sanidad no alcanzó el pasado miércoles un acuerdo para unificar las restricciones de cara a la Semana Santa y emplazaron a la Comisión de Salud Pública, en la que tambien están representadas las autonomías, a elaborar una propuesta en este sentido que sería objeto de debate en la próxima reunión del Interterritorial.

Sin embargo, Galicia y Andalucía se quejan de que el Ministerio de Sanidad ha filtrado estas medidas sin escuchar las alegaciones que tienen que hacer las autonomías a través de este foro.

En el caso concreto de Galicia, la Xunta ha confirmado que ha presentado ya una queja formal por el plan de medidas de Semana Santa, una publicación que ha tachado de «desleal institucionalmente», ya que «Sanidad no ha escuchado las alegaciones que las Comunidades Autónomas tenían derecho a hacer».

«No es lógico que el Ministerio de Sanidad de por hecho algo para lo que las comunidades no han dado su conformidad. No puede hablar por todos, cuando solo habla por el mismo. Nuestra opinión no ha sido escuchada», ha criticado el vicepresidente de la Xunta.

TAMBIÉN ANDALUCÍA

Por otra parte, el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reprochado al Gobierno central la «deslealtad» al hacer publico en la tarde de este pasado jueves el documento de trabajo sobre nuevas medidas a nivel nacional antes de pasar por el órgano que tiene la capacidad de aprobarlo.

«Se reunieron los grupos de trabajo de salud público, pero es un documento no vinculante que tiene que pasar por el Consejo interterritorial de Salud. Lo dieron por hecho sin pasar por el órgano que tiene la capacidad de autorizarlo», ha asegurado.

Además, aunque la Comunidad de Madrid no ha informado de una queja formal al Ministerio de Sanidad, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado muy crítica con esta propuesta de medidas para la Semana Santa que pasan por cerrar los territorios perimetralmente y adelantar el toque de queda a las 22.00 horas.

«No puede ser que el mismo Gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos, ahora cierre así España estando mucho mejor», censuraba Ayuso en un mensaje en su perfil de Twitter.

El que fuera primero gerente y después tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, declaró el pasado 24 de febrero ante el juez que instruye el caso ‘Púnica’ que el PP de la Comunidad de Madrid entregaba los donativos que recibía en efectivo a la tesorería de partido nacional, y desde allí posteriormente se realizaban transferencias bancaria de vuelta a las cuentas regionales del partido. Apuntaba así a una operación de blanqueo del dinero que llegaba en forma de donativos en efectivo de empresarios, de los que calcula que el 98 por ciento eran constructores.

La razón de esta operativa, según la declaración como testigo del extesorero ante el juez del ‘caso Púnica’ Manuel García Castellón, se encontraba en que determinados conceptos no podían ser abonados en efectivo cuando se trataba de una campaña electoral y el objetivo era que el dinero se reflejase en las cuentas tanto bancarias como contables de la sede regional.

Se recibían cantidades importantes», señala el extesorero ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, apuntando al gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, como la persona con la que tanto él como el tesorero que le precedió en el cargo, el fallecido Álvaro Lapuerta, trataban estos asuntos.

En todo caso, Gutiérrez sería un mero «mandado» de los últimos responsables de las operaciones, que no eran otros que el presidente y el secretario general del partido en Madrid en cada momento. Al insistir el fiscal, Bárcenas apunta que la presidenta desde 2003 y hasta que él abandona el partido es Esperanza Aguirre, y señala como secretario general, aunque expresando algunas dudas, a Francisco Granados.

Esta operativa, junto con fondos donados por empresarios a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam) serían las dos vías utilizadas desde al menos 2003 por el PP de Madrid para eludir la ley en lo relativo a las campañas electorales que, según detalló Bárcenas a preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro.

Fue la Fiscalía la que instó esta declaración tras el escrito en el que el extesorero del PP se puso a disposición de la Audiencia Nacional para colaborar en esta pieza y en la causa sobre la presunta caja B del partido, ambas en instrucción.

En relación con estas operaciones, el fiscal se interesa durante el interrogatorio por la cantidad a la que ascenderían estas donaciones en B por cada campaña, lo que Bárcenas calcula entre 300.000 y 400.00 euro y califica de «habitual».

«Las campañas electorales de Madrid, desde que yo tengo memoria, han supuesto un gasto electoral superior al limite máximo permitido por la ley, no tengo la menor duda – confesó-. En todas las campañas electorales, pero no de Madrid exclusivamente, los límites electorales se superan».

Es en este contexto en el que se sitúa, entre 2007 y 2008, la entrega por parte de Lapuerta a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, un sobre con 60.000 euros que habían recibido de Luis Gálvez, propietario de la Constructora Ploder

«Álvaro se lo entrega a Esperanza Aguirre en un marroncito pequeño, como los que utilizábamos en la tesorería del partido» y «tenía que ser en billetes de 500 porque no abultaba gran cosa», detalla a preguntas d de la Fiscalía, para insistir que ese dinero había que «aplicarlo directamente a lo que el empresario había pedido», que era la campaña de Aguirre. «¿Le vale como testimonio directo?«, concluye Bárcenas sobre este capítulo ante las precisiones que le pedía el fiscal.

«NO HAY ANIMADVERSIÓN, HE REFLEXIONADO»

Pese a señalar estos datos, apuntándolos como un hecho del que tuvo constancia directa, Bárcenas iniciaba su confesión negando animadversión alguna hacia miembros del partido en el que trabajó ni ánimo de conseguir beneficios penitenciarios. «Mi ofrecimiento es interesado, fruto de la reflexión los errores cometidos y daños que he podido causar a personas inocentes», apunta.

En cuanto a la vía Fundescam, Bárcenas recuerda durante el interrogatorio que desde su constitución, siendo él gerente a principio los años 2000, se le pidió que fuera «interlocutor con la CEOE para la búsqueda de donativos», ya que para los empresarios de Madrid el PP regional ya tenía cauces de contacto con el CEIM.

«Como consecuencia de mi interlocución se canalizaron a través de la donación los donativos que por ser campaña electoral no podían ir a los partidos (…)Se nos pide que hagamos patente que la CEOE está colaborando con Madrid regional», explica a preguntas del representante del Ministerio Público.

En cuanto a las pruebas que apoyen estas manifestaciones, Cabaleiro le pregunta en un momento del interrogatorio si, más allá de la credibilidad de su palabra, que en todo caso debe valorarse, dispone de algún tipo de «corroboración periférica» además de los recurrentes «sin ninguna duda» con los que iniciaba casi todas sus respuestas durante la declaración. El extesorero le responde que la Ley de Enjuiciamiento Criminal da valor probatorio a las testificales, y que sus manifestaciones valen tanto como las de «cualquier otro testigo».

EMPRESARIO O CARPINTERO

En otro momento de la declaración interviene directamente el juez García-Castellón, interesándose por conocer si cuando Bárcenas emplea la palabra «empresario» lo hace a propósito e independientemente de la profesión del donante.

«¿Porqué habla de empresario? ¿Y si llega a ser carpintero?», le cuestiona, a lo que el testigo responde: «Diría vino un carpintero y nos hizo entrega de esta cantidad». Según el juez, el interés de esta aclaración estriba en que si Bárcenas da relevancia a la dicha palabra es porque la profesión de quien entrega dinero tiene importancia para la finalidad de donar.

«Es que el altruismo es esas cantidades no existe, lo que no está condicionado a que luego le den algo en concreto, son cosas distintas -explica el extesorero a continuación- Si se quiere adquirir relevancia ante quienes reciben el donativo es evidente, pero desconozco si luego tuvo correspondencia o no», apunta, para añadir que tanto él como Lapuerta consideraban estas entregas como gastos en «relaciones públicas» de las empresas hacia el partido en el Gobierno en la Comunidad de Madrid.

La Asociación de Municipios Vasco, Eudel, reconoce, en su declaración con motivo del 8 de Marzo, el papel de las mujeres en la provisión de cuidados, tanto en servicios públicos como en los hogares, durante la pademia. Asimismo, reivindica los «cuidados en igualdad» y apela a que los ayuntamientos lideren el impulso de políticas públicas sobre la provisión de cuidados «desde la corresponsabilidad» y atendiendo a «los diferentes impactos».

Como todos los años con motivo del Día Internacional de las Mujeres, Eudel ha elaborado un modelo de declaración institucional para los municipios vascos, que este año tiene como tema central ‘Los cuidados en igualdad. El papel de las mujeres durante la pandemia y la crisis global de los cuidados’.

La Declaración fue aprobada por unanimidad por la Comisión Ejecutiva de Eudel el pasado 11 de febrero, y ese mismo día se remitió a todos los ayuntamientos para que pudiera ser adaptada «a cada realidad municipal».

Según ha destacado la Asociación de Municipios Vascos, este texto «viene a destacar que este año correspondía hacer un reconocimiento a la aportación de las mujeres en la lucha para combatir la pandemia y sus consecuencias en todo el mundo».

En este sentido, remarca que «la provisión de los cuidados ha recaído en las mujeres, tanto en los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, comercio y alimentación…) como en el interior de las casas, siendo ellas las que se han cargado mayoritariamente de muchos de los servicios que han resultado esenciales en esta crisis sanitaria y social».

«Incluso el reparto entre las mujeres se da de forma desequilibrada, por clase social, por racialización y estatus migratorio. Por si fuera poco, en la mayoría de los casos se trata de trabajos en condiciones precarias», añade.

La declaración advierte de que «este desigual reparto, además de la sobrecarga y sus consecuencias sobre la salud y calidad de vida de las mujeres, también ha desvelado la debilidad del sistema de cuidados, profundizando en las desigualdades que ya venían existiendo».

«Nuestro modelo social hace recaer la mayor parte de los cuidados en el ámbito familiar y de forma desproporcionada sobre las mujeres, tanto los no remunerados como los remunerados, siendo minoría los que se atienden en lo público. Asimismo, las mujeres en peor situación y posición (las cabeza de familias monoparentales, las más pobres, las de colectivos vulnerables, las víctimas de violencia machista) sufren en mayor medida los negativos efectos de la provisión de los cuidados», plantea.

Por ello, reclama que «el reconocimiento social debe expresarse en forma de un férreo compromiso público para combatir las brechas de género que sostienen este reparto desigual e injusto», unas desigualdades que «se manifiestan en la precariedad de las condiciones del trabajo que desempeñan las mujeres en los servicios esenciales».

De este modo, defiende que «es tiempo de poner en su justo valor todos los trabajos de cuidado y avanzar hacia un modelo más corresponsable que genere más equidad y bienestar entre todas las personas».

El texto señala, por otro lado, que los ayuntamientos están «en primera línea para combatir la pandemia y sus consecuencias sobre las personas y comunidades» y, en este sentido, deben «liderar el impulso de las políticas públicas sobre los cuidados y su provisión, desde la corresponsabilidad pública y atendiendo a las diferentes condiciones e impactos en hombres y mujeres».

De este modo, apela a que las instituciones sigan coordinadas y abran «vías para una efectiva y real participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, en particular de los colectivos diversos de mujeres y del movimiento feminista».

COMPROMISOS

Por todo ello, se propone que los ayuntamientos se comprometan, en el marco de sus competencias, a impulsar y liderar el debate sobre el modelo de organización social de los cuidados desde un enfoque feminista «basado en la centralidad de la vida y la corresponsabilidad social y comunitaria en el cuidado».

Asimismo, recoge el compromiso a analizar con enfoque de género la situación y necesidades de los colectivos más vulnerables y los efectos de la covid-19, y poner en marcha medidas urgentes para hacerles frente.

Entre los compromisos, también se propone el de garantizar la incorporación del enfoque de género en todas las medidas que se aprueben para paliar los efectos de la crisis del covid en materia de ayudas y programas de apoyo, así como estudiar y articular «soluciones viables» para los servicios locales de apoyo al cuidado de menores y personas dependientes, procurando o facilitando el cuidado «en condiciones dignas y justas para quien lo da y para quien lo recibe».

Incidir en los planes de Igualdad municipales de manera expresa en el empoderamiento de las mujeres, la puesta en valor de los cuidados y la corresponsabilidad de los hombres, reforzar y preservar el personal y recursos técnicos y económicos para el desarrollo de las políticas locales de igualdad y de la transversalización de género en todas las políticas locales, y apoyar a las redes comunitarias de cuidados a nivel local son otros de los compromisos que plantea.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reclamado este viernes una justicia que actúe con perspectiva de género para lograr la «igualdad material» entre hombres y mujeres, defendiendo que el sistema democrático está lleno de «cuotas» para corregir las desigualdades, y apuntando entre dichas «cuotas» a la paridad y el pago de impuestos.

«Cuando nuestra Constitución afirma y mandata a intervenir para remover obstáculos, está mandatando al Derecho en general a que innove, y esa innovación consiste en aplicar de manera justa cualquier criterio de igualdad que acabe siendo igualdad material», ha dicho en la clausura de las III Jornadas sobre Justicia e Igualdad que ha organizado el Ministerio de Juan Carlos Campo.

Calvo ha indicado que «se trata de entender exactamente cuál puede ser en una sociedad moderna el mejor concepto de la justicia, de lo justo», para defender a continuación que «no puede estar ni un solo milímetro alejado de la radical idea de la igualdad entre hombres y mujeres» por cuanto «una democracia abrochada a la igualdad de sexos tiene que acabar dictando su última palabra en los pronunciamientos en los que vive la administración de justicia».

La ‘número dos’ de Pedro Sánchez ha valorado que «el Poder Judicial ha tenido que hacer muchos esfuerzos» en ese sentido porque estaba «impregnado» de «categorías propias de un patriarcado que nunca pensó que las mujeres pudieran ser también ciudadanas». «Por eso, es absolutamente imprescindible y bienvenida toda la transformación que este poder ancestral va recorriendo a lo largo del siglo XX y de manera muy acelerada en este siglo XXI», ha destacado.

No obstante, ha hecho énfasis en que el Poder Judicial ha hecho estos esfuerzos «de la mano de un legislador que siempre ha sabido que la democracia se la jugaba en esa prueba infinita del artículo 14 (derecho a la igualdad) pero también del artículo 10 (dignidad de la persona), donde claramente se le insta al Estado a que intervenga en un mercado de desigualdades».

A este respecto, ha resaltado que el movimiento feminista acudió a conceptos jurídicos para lograr leyes que permitieran «ejercer verdadera justicia sobre los derechos y expectativas de las mujeres», a través de los derechos al sufragio o la educación y de «leyes de cuotas» para la discriminación positiva, lamentando que también ahí encontraron resistencia.

«QUIEN MÁS TIENE MÁS PAGA»

«Las únicas cuotas que se han contestado en términos teóricos en el derecho han sido las cuotas que hacían avanzar la igualdad real de las mujeres», ha reprochado, aprovechando este punto para incidir en que «el Estado moderno, el que une el concepto de Estado de Derecho con Estado social y de bienestar, está lleno de cuotas».

Así, por ejemplo, ha expuesto que «es una cuota que paguemos nuestros impuestos de manera diferente, de manera progresiva, quien más tiene más paga, para cubrir tal vez el derecho a la cobertura por desempleo de quien no lo tiene frente a quien nunca lo va a dejar de tener y siempre pagará los impuestos que se deriven de esta cobertura».

«Es una cuota pagar todos los impuestos incluso cuando sin tener hijos nunca jamás se utilice todo lo que representa para el gasto público, nada más y nada menos, que la educación pública, obligatoria y gratuita», ha ahondado.

Para Calvo, en definitiva, «se trata de la justicia mucho más incluso que de la igualdad», por lo que ha considerado que «la situación final a la que tenemos que ir abocándonos todos no es solo el cumplimiento de estas ratios donde cada vez haya más mujeres en las jerarquías de nuestros tribunales y en los órganos del Poder Judicial» y otros poderes, sino que «sean hombres y mujeres con esta perspectiva» de igualdad.

«Sin esta perspectiva no podemos seguir desarrollando los valores superiores de nuestra Constitución, no podemos seguir desarrollando en términos de equidad lo que es justo», ha zanjado.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que es «muy importante» la presencia del Rey en Cataluña en un «momento clave para reivindicar la ley, la seguridad y la convivencia» pero ha criticado duramente las «intolerables» ausencias de los «socios independentistas y radicales del Gobierno».

Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañados por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han visitado la planta de Seat en Martorell (Barcelona) coincidiendo con el 70 aniversario de la automovilística. Sin embargo, no ha asistido ningún representante de la Generalitat, que ha desechado la invitación al acto.

En su discurso, el Rey ha asegurado que el Consorcio del Gobierno con el Grupo Volkswagen e Iberdrola para la primera planta de baterías de coches eléctricos en España es «una señal inmejorable de compromiso» con la cadena de valor del sector, así como con la innovación, la cohesión territorial y la participación público-privada.

FELIPE VI «APOYANDO LA INDUSTRIA Y EL EMPLEO»

Casado ha recalcado que «es muy importante la presencia» de Felipe VI en Cataluña «apoyando la industria, el empleo y el bienestar», y ha subrayado que se produce «en un momento clave para reivindicar la ley, la seguridad y la convivencia», en alusión a los disturbios callejeos que se han vivido en Cataluña durante las protestas por la detención del rapero Pablo Hasel.

Dicho esto, Casado ha criticado duramente el plante del Govern catalán a este acto con el monarca «Son intolerables las ausencias y ataques de los socios independentistas y radicales del Gobierno», ha asegurado en un mensaje en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha pedido a Pedro Sánchez que manifieste con «total rotundidad» su «rechazo» al «desplante» que se ha producido por parte del Gobierno de la Generalitat y se ha mostrado convencido de que no lo hará porque el Gobierno «necesita a ERC» para mantenerse en el poder.

«Sánchez no lo hará, porque a Sánchez la defensa de las instituciones le importa muy poco, el conjunto de los españoles le importa muy poco, al señor Sánchez sólo le importa el señor Sánchez, y el señor Sánchez necesita a ERC para seguir manteniendo este gobierno en el que él cohabita con Pablo Iglesias», ha insistido Olano en una rueda de prensa en Cáceres junto al presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado este viernes al PSOE por «sucumbir» a lo que considera una «campaña» de PP y Vox de «cuestionar un derecho fundamental» como el de manifestación el próximo lunes 8 de marzo, Día de la Mujer.

En una rueda de prensa acompañada de las diputadas autonómicas Olalla Rodil y Noa Presas, Pontón ha advertido que el Bloque «no se va a callar» frente a la estrategia de tratar a las mujeres «como ciudadanos de segundas» e «irresponsables a las que hay que tutelar».

Y es que, tal y como ha denunciado la portavoz nacional del BNG, durante toda la pandemia «nadie dijo nada» ni «cuestionó ni un solo acto de los que se hicieron a lo largo y ancho del Estado español y de Galicia». «Parece que el único peligro es cuando las mujeres salimos a la calle», ha añadido.

Esto, a su modo de ver, representa «el machismo de siempre, empeñado en impedir el avance de las mujeres». «No vamos a quedarnos en casa esperando el permiso de nadie con actos que cumplen todas las garantías sanitarias», ha asegurado.

No en vano, Pontón ha recordado que las movilizaciones por el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, se produjeron «con todas las medidas de seguridad» y ha señalado que, en esta coyuntura, la próxima semana habrá en Ferrolterra una huelga con protestas que «también apoya» el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo.

Asimismo, la líder del BNG ha citado a la histórica feminista Simone de Beauvoir para censurar que «se cuestione» ahora el avance en la igualdad: «No olvidéis jamás que bastará una crisis política o económica para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados».

«MACHISMO POLÍTICO»

Para Pontón, el hecho de que se critique e incluso no se permitan –como la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid– las manifestaciones del 8M lleva «mucho machismo político detrás», que busca «criminalizar a las mujeres» e incluso «abonar el terreno» para acusarlas «de una eventual cuarta ola» de la pandemia.

«Igual que hicieron PP y Vox hace un año, esa mentira repetida mil veces, que sigue siendo la madre de todas las mentiras en este tiempo en el que, si algo sobran, son las ‘fake news'», ha argumentado, en referencia a las críticas vertidas contra el 8M del pasado año por celebrarse a las puertas del primer estado de alarma.

Precisamente, la portavoz nacional del BNG ha destacado cómo la crisis sanitaria ha demostrado tener «afectación de género», de modo que el número de mujeres expulsadas al paro «casi duplica» al de los hombres y «muchas» de las que perdieron su trabajo son ahora trabajadoras del hogar, un empleo «sin retribuciones, sin contratos y sin derechos».

UNA «INVOLUCIÓN»

Además, Pontón ha hablado de una «involución» porque, pese a los avances en la lucha feminista, los roles «siguen en plena vigencia» y «cuando vienen mal dadas, son las mujeres las que vuelven a casa como cuidadoras».

También ha aprovechado para reivindicar los trabajos feminizados, como las empleadas de residencias, las enfermeras, las limpiadoras, las cajeras de supermercados y «tantas otras» que ocupan puestos «imprescindibles» durante la pandemia, pero en los que «la precariedad y la brecha salarial» siguen siendo «lo habitual».

Crue Universidades Españolas y la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) han firmado un convenio de colaboración para mejorar el futuro profesional de los estudiantes universitarios y de los propios profesionales, mediante el desarrollo de una formación, competencias y especialización a lo largo de la vida.

Así lo ha dado a conocer la Crue, que ha destacado que ambas asociaciones colaborarán «de manera activa en la puesta en marcha y desarrollo de cuantas actividades y proyectos sean de interés común, incluido el intercambio de información, conocimientos y experiencias».

Para el presidente de Crue y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, este acuerdo supone «un paso más en la implicación de las universidades en aumentar las posibilidades del estudiantado para lograr un empleo de calidad, en consonancia con la formación adquirida, pero también en mejorar las condiciones de los profesionales que ya se encuentran dentro del mercado laboral, mediante la formación y especialización que ofrecen las universidades».

A su juicio, convenios como el firmado con CEAJE muestran que la Universidad, como responsable de la formación de los jóvenes, «es la principal interesada en que el futuro de estos sea estable y próspero».

Asimismo, ha advertido de que la actual crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 «pone en evidencia la necesidad de reforzar e impulsar todas las iniciativas orientadas a hacer frente a la elevada tasa de paro juvenil, que en el tercer trimestre de 2020 se ha disparado hasta el 40,45%». En este sentido, Gómez Villamandos ha destacado la importancia de trabajar desde la Universidad, «además de en la transmisión de conocimientos, en la adquisición de competencias y habilidades».

Por su parte, el presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo, ha hecho hincapié en que la Universidad, como centro de formación y de consolidación de las vocaciones empresariales, es un aliado estratégico a la hora de poder potenciar el emprendimiento como salida profesional.

«El 78,2% de los jóvenes reconocen que el emprendimiento no se encuentra en estos momentos bien valorado por la sociedad, y eso es algo que debemos cambiar», ha afirmado, en referencia al reciente indicador de emprendimiento, que CEAJE ha llevado a cabo entre sus asociados.

Por ello, y para prestigiar el emprendimiento y el papel del empresario en la sociedad, Albaladejo ha asegurado que «es fundamental este trabajo junto con los centros donde se están formando las futuras generaciones» y ha agradecido a las universidades españolas «su apoyo decidido a los jóvenes empresarios españoles».

Crue y CEAJE se comprometen con este acuerdo a actuar conjuntamente como nexo en el paso de los estudiantes de la etapa universitaria a la profesional.

También acuerdan promover su participación en aquellos desarrollos normativos que afecten a la Educación Superior en España; unir sus esfuerzos para analizar e investigar en las áreas de interés común y realizar estudios o informes; y desarrollar y promover estudios y análisis sobre contenidos y competencias de las enseñanzas universitarias con el fin de mejorar la empleabilidad, el emprendimiento de los estudiantes, así como la formación continua, la especialización, la certificación y reconocimiento de la actividad laboral para un mejor desarrollo profesional.

Ambas entidades han acordado también realizar jornadas o seminarios con el objetivo de potenciar y avanzar en sus objetivos comunes y fomentar los valores profesionales, la ética y la deontología profesional entre los estudiantes, así como programas universitarios de formación continua y especialización entre los profesionales.