La Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) ha resaltado que «el balance riesgo-beneficio es muy favorable en todas las vacunas» contra la COVID-19, a pesar de la aparición muy rara de eventos trombóticos tras recibir las dosis de AstraZeneca o Janssen.

«El funcionamiento del Sistema de Farmacovigilancia a nivel nacional y europeo permite generar lo que se conoce como ‘señales de farmacovigilancia’, que es necesario analizar y estudiar para valorar adecuadamente la relación beneficio-riesgo del medicamento», ha explicado la doctora Mar García Sáiz, especialista en Farmacología Clínica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, durante el II Congreso Nacional Multidisciplinar de Sociedades Científicas de España sobre COVID-19.

En relación con las paralizaciones temporales de la vacunación, la doctora García Sáiz ha explicado que esta forma de proceder es la oportuna para que se pueda retomar posteriormente la vacunación en mejores condiciones y en la población que más se pueda beneficiar de la inmunización, como ha sucedido en España y en Europa en general, donde se ha decidido restringir algunas vacunas a determinados grupos de edad.

«No debemos olvidar que una reacción adversa no es otra cosa que una enfermedad cuya causa es un medicamento, y, por tanto, se precisa de un diagnóstico certero», ha señalado por su parte la doctora Gloria Cereza, coordinadora del programa de Farmacovigilancia de Cataluña.

La doctora ha detallado los pasos de este proceso de farmacovigilancia que permite lograr este diagnóstico en relación a los efectos adversos. «En primer lugar, se requiere que los profesionales sanitarios y la población notifique las sospechas de reacciones adversas que se detectan. Si se observa que los casos detectados de un evento adverso son superiores a los casos esperados, se identifica una ‘señal’ que hay que seguir investigando. Se recopila toda la información de otros países y se solicita el asesoramiento de especialistas para un correcto diagnóstico. Para las vacunas de la COVID-19 la evaluación se realiza a nivel europeo en el PRAC», ha detallado.

EVALUACIÓN Y EVIDENCIA CIENTÍFICA

El doctor Juan Rodríguez, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, ha explicado cómo la seguridad de las vacunas debe ser evaluada con mirada crítica en el marco de la mejor evidencia científica. En su ponencia ha hablado de la experiencia con otras vacunas y como se logró, a través de los estudios adecuados, descartar la supuesta relación de las mismas con el posterior desarrollo de algunas enfermedades.

A continuación, la jefa de la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Dolores Montero, ha detallado los pilares que conforman el plan de vigilancia de la seguridad de las vacunas frente a la COVID-19.

Estos incluyen la identificación de potenciales nuevas reacciones adversas, el mecanismo de validación y evaluación, la integración de los datos procedentes de los laboratorios que comercializan las vacunas, la aportación de los estudios observacionales y las actividades de información y comunicación en forma de informes periódicos y notas específicas.

Posteriormente, el doctor Mario González Ruiz, farmacólogo clínico y técnico del Centro de Farmacovigilancia de Cantabria, ha abordado el esfuerzo realizado por los técnicos del Sistema Español de Farmacovigilancia, constituido por el Centro coordinador y los 17 centros Autonómicos.

«El Sistema ha vigilado aquellos acontecimientos de especial interés (AESI) en línea con otros países europeos, pero también se ha focalizado en la búsqueda de otros acontecimientos graves y desconocidos. Se han desarrollado e implantado en tiempo record herramientas, procedimientos y estándares de calidad para la gestión de un gran número de notificaciones», ha detallado.

En último lugar ha intervenido la doctora Nancy Ortega, especialista en Alergología, que ha aportado su visión sobre el riesgo de reacciones alérgicas tanto de tipo anafiláctico como otras más leves, en relación con las vacunas frente al SARS-Cov-2. En su ponencia ha proporcionado datos sobre los casos de anafilaxia detectados con las vacunas de ARN mensajero, que oscilan entre los 2,4 y los 4,7 casos por millón de dosis en función de la vacuna analizada. «En cualquier caso, unas cifras muy bajas», ha remachado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la medida sanitaria consistente en exigir la cuarentena a los viajeros de doce países para luchar contra la expansión de la Covid-19, pero advierte de que la sucesiva extensión de esta medida ha conllevado una duración «que debilita extraordinariamente la justificación de la proporcionalidad necesaria» para la restricción de derechos fundamentales.

En un auto, con voto particular de dos de los cinco magistrados, la Sala recuerda que ya ha ratificado en cuatro ocasiones anteriores las Órdenes de Sanidad en las que se exigía cuarentena, en primer lugar, a viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica, y posteriormente a los de otros diez países: República de Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia.

Esa cuarentena consiste en que las personas procedentes de esos países, excepto la tripulación de los vuelos, deben aislarse en sus domicilios o alojamientos durante diez días o durante toda su estancia en España si esta fuera inferior a ese plazo. Además, se explicita que ese periodo puede finalizar antes si a los siete días da negativo en una prueba PCR.

La Sala, tras analizar el marco jurídico y la cobertura legal para la adopción de la medida, señala que el legislador puede imponer las limitaciones al contenido normal de los derechos fundamentales –en este caso la libre circulación– que vengan justificadas en la protección de otros bienes constitucionales y sean proporcionadas a la misma, que no sobrepasen su contenido esencial.

«Este respeto al principio de proporcionalidad se está poniendo en entredicho por la reiteración de la restricción, que viene manteniéndose desde el día 22 de febrero para los viajeros procedentes de Brasil y República de Sudáfrica y desde el 8 de marzo para los viajeros procedentes de estos dos estados y los otros diez mencionados más arriba», indica.

MEDIDA PROPORCIONADA PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN

La Sala de lo Contencioso explica que como ya ha puesto de manifiesto en sus resoluciones anteriores, la medida resulta proporcionada por cuanto es adecuada para alcanzar la finalidad perseguida, que es evitar la transmisión de las variantes de la Covid-19 en nuestro país.

Considera, además, que resulta imprescindible para garantizar la salud pública en la situación sanitaria actual, pudiendo evitarse con dicha medida la necesidad de adoptar en el futuro próximo inmediato unas restricciones mayores en caso de que se descontrolara la epidemia con las nuevas variantes.

Ahora bien, puntualiza, debe precisarse que esta Sala, en sus anteriores decisiones, tuvo en cuenta como elemento especialmente relevante el alcance temporal limitado de la medida, que en cada una de las Ordenes se fijó en un plazo de catorce días naturales.

«A día de hoy, la sucesiva extensión del periodo de catorce días ha conllevado una duración de estas restricciones que debilita extraordinariamente la justificación de la proporcionalidad necesaria para mantener esta conclusión de que el sacrificio de derechos fundamentales es proporcionado. Toda vez que la situación a que responde podría dejar de ser excepcional ante su reiterada traslación temporal», añade.

No obstante, apunta la Sala, en este momento «aún puede apreciarse que la limitación al derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Constitución Española de libre circulación y libertad de desplazamiento, es necesaria y proporcionada en atención a la protección de otro derecho constitucional como el derecho a la salud e integridad física, que determinó en España la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 433/2020, de 14 de marzo, y que se encuentra declarado en la actualidad por Real Decreto 926/2020», concluye la resolución.

EL VOTO PARTICULAR

Al igual que en las anteriores resoluciones de la Sala, dos de sus magistrados firman un voto particular en el que discrepan no sobre el fondo del asunto sino sobre el instrumento jurídico que se ha empleado para adoptar esta medida.

Estos dos jueces analizan la doctrina constitucional en materia de restricción de derechos fundamentales y concluyen que la ley Orgánica 3/1986 de Medidas en materia de Salud Pública, que es la que se ha aplicado en este caso, no se ajusta a la jurisprudencia constitucional. Recuerdan que esta ley se dictó para atender una realidad muy distinta a la provocada por la pandemia de la Covid-19 y es manifiestamente insuficiente para dar cobertura a la Orden SND/181/2021 del Ministerio de Sanidad que determina la cuarentena para los pasajeros de los doce países afectados.

La lectura de la mencionada Orden, según el voto particular, pone de manifiesto que contiene una regulación precisa, completa y detallada de las medidas a tomar, invadiendo el espacio constitucionalmente reservado a una Ley Orgánica.

Para estos dos magistrados, el artículo 116.1 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio ofrecen la cobertura jurídica suficiente para poder restringir derechos fundamentales en los mismos términos con que lo hace la Orden cuestionada.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha trasladado en su reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la necesidad de avanzar en el proceso para poder implantar una fiscalidad diferenciada a las empresas en las zonas despobladas.

En concreto, Guitarte se refiere al anuncio de la Comisión Europea autorizando la aplicación de una fiscalidad diferenciada a las empresas en las zonas despobladas, por lo que pide al Ejecutivo central que se camine en esa dirección para poder implantarlo.

El parlamentario de Teruel Existe mantuvo este miércoles una reunión con Nadia Calviño para abordar el Plan de Recuperación, transformación y resiliencia. En este contexto, Guitarte ha recalcado a la vicepresidenta segunda que se trata de una «oportunidad única» para combatir los desequilibrios territoriales en España.

Además, ha incidido en la provincia de Teruel, apelando a acabar en este territorio con las deficiencias de accesibilidad física por carretera y ferrocarril, así como con las limitaciones de las telecomunicaciones, fibra óptica y cobertura de telefonía móvil.

Por otro lado, Guitarte ha propuesto a la vicepresidenta que las entidades de economía social dispongan de una línea específica para acceder a proyectos del plan de recuperación, de modo que los fondos europeos «posibiliten fortalecer la innovación en la economía social y generar empleo femenino en el medio rural de las zonas más despobladas».

También ha trasladado a Calviño los proyectos tractores para la provincia de Teruel: El Museo Nacional de Etnografía en Teruel, el nuevo Parador de turismo en Daroca (Zaragoza), la localización de fábricas de baterías para coche eléctrico en polígonos industriales del norte de Teruel, el potencial logístico de Cella (Teruel) y un proyecto para complementar el proceso de Transición Justa en Andorra.

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha afirmado tras conocer los datos del CIS que «hay partido» y que se «toca con los dedos» la posibilidad de un gobierno «decente».

El ‘sondeo flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas de Madrid abre la puerta a una mayoría absoluta de izquierdas que podría llegar a los 73 escaños, aunque la victoria sigue siendo para el PP de Isabel Díaz Ayuso, que también tiene una opción de mayoría absoluta con Vox. Eso sí, en la encuesta hay un 30% que no adelanta su voto.

Desde Soto del Real, donde ha dado a conocer las propuestas para el Madrid vaciado y el mundo rural, García ha afirmado que «hay partido». «Hay partido y estamos jugando bien y limpio. Enfrente tenemos a partidos acostumbrados a hacer trampas en las elecciones, a utilizar las instituciones de manera obscena y electoralista», ha reprochado.

El juego limpio del que hacen gala se asienta en «la política de lo cotidiano, la buena política que reconcilia a la gente que se sentía alejada porque veía que no resolvía sus problemas. Es el refugio a la mala política».

«HAY PARTIDO Y LO ESTAMOS JUGANDO BIEN»

«Hay partido y nosotros lo estamos jugando bien. Nos quedan doce días para seguir empujando, para ponerse las pilas y para seguir empujando a todo el bloque», ha añadido, tras apuntar que todo está «muy abierto y ajustado» mientras el CIS indica que «Más Madrid está empujando el bloque progresista».

Mónica García ha llamado a votar a «cualquiera que no quiera darle oxígeno a la ultraderecha, a la corrupción, que quiera un gobierno decente tras 26 años de gobierno que ha dado esperpentos y vergüenza».

«No es momento de desmoralización o del desánimo, todo lo contrario. Tenemos al alcance de la mano, tocándolo con los dedos, un gobierno alternativo que le dé la vuelta a las pol de los últimos 25 años de pelotazos urbanísticos, de abandono de los servicios públicos», ha instado.

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves, tras conocer el ERE planteado por el banco BBVA para 3.798 trabajadores que el Gobierno «tiene que tomar cartas en el asunto para evitar la oleada de despidos».

Y es que este expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por el banco dirigido por Carlos Torres se une a otro anunciado por CaixaBank, este a 8.291 trabajadores, apenas unos meses después de su absorción de la rescatada Bankia.

«Algo se está haciendo profundamente mal: empresas que ganan mucho dinero, piden rescate o ayudas públicas, viven cómodamente y cuando se acaban, ponen a la gente en la calle», ha lamentado Errejón, que en una rueda de prensa celebrada en el Congreso ha planteado endurecer la condicionalidad de las ayudas públicas, incluido el de los ERTE.

Un modelo que, ha dicho, «en un momento dado fue útil» pero que debe «ir transitando hacia otro modelo» con «condicionalidad». En realidad, el actual sistema de protección al empleo de los ERTE conserva una condicionalidad según la cual las empresas deben mantener todo el empleo en un plazo de seis meses, la conocida cláusula de salvaguarda, o devolver toda ayuda recibida.

Se tiene que acabar esto de que, a las malas, resulta que recibes ayudas públicas que pagamos todos, y cuando parece que empiezas un poco a salir lo primero que haces no es recortar los beneficios de los de arriba, sino poner a miles de trabajadores de patitas en la calle», ha criticado, recordando que al inicio de la pandemia se exigió un esfuerzo a la ciudadanía y ahora «hay que exigir a quienes más tienen y han recibido muchas ayudas.

También ha llamado a actuar contra este tipo de medidas por su efecto en la propia recuperación. Así, ha señalado que se trata de «una poli tica cruel, injusta, pero que además puede agravar la crisis», y ha explicado que los despidos suponen «miles de familias» que, al estar sin trabajo, «tienen menos dinero para consumir y reactivar la economía de cercanía y de pymes.

El comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial que intervino en el operativo puesto en marcha el pasado lunes en el número 12 de la ronda de Nelle, de A Coruña, después de que un hombre lesionase con un cuchillo a tres personas y amenazase con suicidarse, ha asegurado que buscaba que su exnovia –sobrina de dos de las víctimas– «sintiera la responsabilidad de su muerte».

«Había preparado lo que iba a hacer», ha dicho Pedro Agudo, sin descartar que el hombre, de 37 años, buscase «atar o amordazar» a una posible víctima en el propio domicilio al que accedió, el primer piso del bloque de viviendas. Esta afirmación la ha hecho en base a la mochila que se le intervino y en la que había un rollo de cinta americana, una cuerda, guantes de látex, además de un mechero, una botella de alcohol y otros efectos.

Finalmente, y aunque inicialmente la Policía Nacional le imputó, entre otros, un delito de tentativa de homicidio, la jueza de Instrucción número 6 de A Coruña, en funciones de guardia, decretó el miércoles la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre, investigado por tres delitos de lesiones y uno de allanamiento de morada.

En la comparecencia ante los medios para explicar el operativo, tanto el comisario jefe como el agente que actuó como negociador, Carlos Temprano, jefe del grupo de Delitos Violentos, han confirmado que el objetivo, tras tener constancia de lo sucedido, fue disuadirle y darle «otras alternatias» ante su intención de suicidarse, para lo que se subió hasta el octavo piso del inmueble, asomando parte de su cuerpo por una ventana que daba al exterior.

HECHOS

En concreto, según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía de Galicia sobre lo sucedido, de los hechos se tuvo constancia en torno a las 09,40 horas cuando se recibió una llamada en el 091 de un apuñalamiento múltiple.

A su llegada, las víctimas –los tíos de la expareja del hombre y un vecino– indicaron que el autor había accedido al edificio haciéndose pasar por repartidor para entregar un paquete. Después, cuando la mujer residente en el primer piso, y familiar de la exnovia, le abrió la puerta comprobó que ocultaba su cara con una mascarilla y una prenda para el cuello.

Posteriormente, entregó un paquete a la mujer para introducirse luego en el domicilio con la excusa de que tenían que firmar un recibí. Una vez dentro, la empujó bruscamente, cerró la puerta y le tapó la boca.

Al escuchar los gritos de su mujer, su pareja salió para auxiliarla, momento en el que se produjeron las lesiones con el cuchillo. «Una puñalada en el costado izquierdo», explica la Policía en el caso de la mujer y «un corte en la mano y cortes a la altura del hombro», en el caso de él.

Durante el forcejeo, lograron quitarle la capucha reconociendo que era la expareja de su sobrina. En ese forcejeo, afirma que los amenazó diciendo que los tenía que matar porque le habían visto la cara. Tras intervenir un vecino, herido en una pierna –las tres víctimas recibieron el alta en el día al no ser graves las lesiones– escapó y huyó al último piso del inmueble.

HABLAR CON SU EXNOVIA

Los agentes actuantes, al estar encaramado en la ventana de un rellano y amenazar con tirarse, trataron de calmarlo lo que supuso un proceso de negociación que duró varias horas. «Buscaba la posibilidad de hablar con su exnovia y, al no conseguirlo, organizó esto», ha concluido el comisario jefe al considerar la Policía Nacional que fueron unos hechos «planificados» como consecuenica de unas recientes amenazas previas a su expareja, al no aceptar su ruptura.

«Su principal interés era precipitarse al vacío», ha expuesto el negociador, quien ha indicado que se le ofreció «alternativas» durante una negociación que se hizo a distancia ya que puso obstáculos, como unas macetas en el rellano, para evitar que los policías –finalmente fue detenido por los agentes– pudiesen acceder.

También han explicado que, en base a la información sanitaria disponible del hombre, les constó durante la negociación que no tenía ningún tipo de enfermedad o trastorno mental y han ratificado que buscó «en varias ocasiones disculparse», en particular con la vecina del octavo piso en cuya planta se atrincheró.

«Quería precipitarse cuando hablara con su expareja, que entendiera que se tiraba por ella», han añadido. El negociador, con 14 años de experiencia, ha subrayado el papel de todo el equipo que interviene en casos de este tipo, atribuyendo a ello el que se lograse deponer la actitud del detenido. Sobre el hecho de que el suceso no acabase en una mayor agresión, el comisario jefe lo ha vinculado con el que el hombre «no se esperase la reacción» que tuvieron las víctimas al defenderse.

Los operarios del sector naval en la Ría de Ferrol, tanto los de la empresa Navantia como de las compañías auxiliares, se han vuelto a manifestar en la mañana de este jueves, 22 de abril, por las calles de esta ciudad para reclamar carga de trabajo y que se transforme ahí el buque ‘Galicia’.

Los trabajadores han salido en manifestación sobre las 10,30 horas de este jueves desde el astillero de Ferrol y se han dirigido al Arsenal Militar, en donde han entregado una carta dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que instan a la integrante del Gobierno a que se acometa la transformación del buque ‘Galicia’ en Navantia Ferrol, que ha sido adquirido a una naviera civil y que será utilizado como barco del transporte, una vez transformado, por el Ejercito de Tierra.

Según ha trasladado el presidente del comité de empresa de la compañía naval pública, Emilio García Juanatey (CC OO), «la transformación del buque ‘Galicia’ no es una obra nueva y no solucionaría el problema de carga de trabajo de la comarca, pero sí serviría para paliar un poco la grave situación».

Así, ha detallado que «si el Ejercito de Tierra considera que el buque es necesario y tiene que hacer esta transformación, no tiene sentido que esperemos seis meses o un año cuando hay aquí un montón de gente que no tiene que hacer.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

En otro orden de asuntos, García Juanatey ha detallado que los trabajadores tienen aprobado un calendario de movilizaciones a secundar a lo largo de las próximas cinco semanas, entre las que se incluye un encuentro con el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, prevista para la próxima semana. «Aunque todavía no tenemos fecha definida», ha señalado, además de una vuelta a la Ría de Ferrol caminando o un encierro de delegados en el edifico administrativo de la Xunta en Ferrol.

A preguntas de los medios de comunicación, sobre la fecha en la que está previsto que zarpe el segundo buque AOR para la Armada de Australia, que se está finalizando, el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol ha detallado que «se ha llegado a un acuerdo con el cliente de extender aquí su período y posponer el tránsito, para poder acabar aquí las obras de los ascensores, que han sido el equipo que más problema han dado en este barco.

«Es una empresa nueva, que no estaba preparada, ha habido un cierto retraso y el cliente prefiere que se acabe aquí, y por eso se ha dado un mes más, pero a finales de mayo el buque debería de zarpar con los ascensores finalizados», ha sentenciado.

El 78,5% de los españoles cree que las redes sociales mienten, un 52,3% considera que a un nivel alto y un 26,2% a un nivel medio, según concluye el estudio demoscópico realizado por Alpha Research para la Universidad Complutense de Madrid y la consultora de comunicación Torres y Carrera sobre el fenómeno de las noticias falsas.

Los resultados de este estudio, muestran que el 60,6% de la sociedad española afirma mantener un alto nivel de atención informativa sobre lo que sucede en el mundo, siendo los más interesados por la actualidad los mayores de 55 años (72,7%), mientras que en los más jóvenes esta preocupación baja hasta el 51,3%.

«A la juventud nunca le ha interesado el parte meteorológico, a medida que cumples años multiplicas las consultas en los portales de predicción», ha explicado el coordinador del estudio y director general de Torres y Carrera, Xurxo Torres.

Respecto al tipo de medio elegido para informarse, la televisión sigue siendo el preferido (77,3%) de los encuestados para informarse. No obstante, el estudio apunta que el 82,4% de los jóvenes encuestados entre 16 y 24 años se informan en primer lugar a través de las redes sociales.

«Este cambio de tendencia es doblemente significativo: por un lado, evidencia que la ventana a través de la que los jóvenes ven el mundo está asociado a un modelo comunicativo poco jerárquico y menos corporativo. Por otro, muestra una paulatina pérdida de interés por la verdad», opina Xurxo Torres.

Asimismo, la investigación publicada este jueves revela que al 36,4% de los encuestados entre los 16 y los 24 años (Generación Z) no le preocupa mucho que una información que les interesa sea falsa, mientras que la mayor preocupación se sitúa en la franja de edad de 55 o más años (78,7%).

En relación con la credibilidad de los diferentes canales informativos, el estudio destaca que los medios tradicionales mantienen un alto nivel de credibilidad entre los mayores de 40 años en adelante, pero por debajo de los 39 años están mucho más cuestionados.

«Una parte significativa de los más jóvenes es como si nos estuvieran diciendo: sabemos que las redes generan más noticias falsas, pero nos da igual. Siendo un canal tan relevante a través del que construyen su realidad no deja de ser preocupante y revela la necesidad de apostar por la formación específica en este ámbito para hacer frente a esta situación desde las etapas más tempranas», ha aclarado Cristóbal Fernández, vicedecano de Estudiantes y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información y portavoz de la UCM en el proyecto Culebras.

Los canales a través de los que la sociedad española contrasta las noticias que les interesan son las webs oficiales (65,1%), la prensa digital (50%) y la televisión (32,7%). Las redes sociales aparecen en cuarto lugar (29,9%) salvo en el caso de los jóvenes (16-24 años) que las suben hasta el tercer lugar (43%), por encima de la televisión y a solo 5 puntos de la prensa digital.

En este sentido, los encuestados (66,8%) señalan a Facebook como la red social en la que se encuentran más bulos. Le siguen Whatsapp (55,1%), Twitter (49,2%), Instagram (35,3%) y LinkedIn (7%).

«Asistimos con preocupación a la pérdida de relevancia del tratamiento profesional de la información en la composición de la realidad que nos estamos haciendo como sociedad. El periodismo siempre ha representado un medidor de la calidad democrática de una sociedad y los datos, en estos momentos de proliferación digital de fake news, no invitan al optimismo», dice Cristóbal Fernández.

El estudio revela que sólo la televisión y la prensa digital mantienen unos buenos ratios entre la audiencia, mientras la radio (35,8%) y la prensa papel (17,5%) se mueven en un terreno menos sólido. Los jóvenes entre 16 y 24 años apenas escuchan la radio (15,8%) y mucho menos leen la prensa papel (10,7%).

El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre el 2 y el 15 de marzo de 2021 y el estudio se desarrolló a nivel nacional sobre una muestra de 1.500 encuestados online, los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria a partir de los 16 años, siguiendo cuotas de sexo y edad.

España ha aplaudido este jueves la decisión adoptada el miércoles por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para suspender algunos de los derechos y privilegios de Siria en el seno del organismo y ha hablado de «paso pionero» en la lucha contra las armas químicas.

«Se trata de un paso pionero en la lucha contra la posesión y el uso de este tipo de armas prohibidas», ha destacado el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha dicho que «el amplio margen registrado a favor de la decisión es testimonio del rechazo que las armas químicas suscitan en el seno de la comunidad internacional, así como del apoyo y confianza con los que cuenta la OPAQ en su incansable labor por erradicarlas».

El Ministerio ha argüido en su comunicado que la resolución, copatrocinada por España, «se ha adoptado a la luz de la negativa de las autoridades de Siria a declarar sus arsenales químicos e instalaciones conexas».

Así, ha recordado que un primer informe del Equipo de Investigación e Identificación de la OPAQ –cuya autoridad no reconoce Damasco– determinó que la Fuerza Aérea siria empleó gas cloro y gas sarín en tres ataques en la provincia de Ltamenah en marzo de 2017.

En este sentido, ha instado a Siria a «colaborar plenamente» con la OPAQ y a «renunciar definitivamente al uso de armas químicas, prohibido por el Derecho Humanitario». «España reitera su más firme condena por el desarrollo, posesión o uso de este tipo de armas, así como su solidaridad con aquellos que han sido víctimas de ellas», ha añadido.

El Gobierno español ha mostrado además su «apoyo total» a la OPAQ «por el rigor e independencia de los que siempre hace falta en su trabajo y ha incidido en que «junto a sus socios de la UE y en el seno del Partenariado Internacional Contra la Impunidad por el Uso de Armas Químicas, España seguirá contribuyendo al esfuerzo común para erradicar las armas químicas y prevenir y castigar su uso.

La decisión fue adoptada cerca de una semana después de que el organismo acusara a Siria de un ataque ejecutado con armas químicas en febrero de 2018 en la ciudad de Saraqib, informe rechazado por el Gobierno sirio, que señaló que estaba fundamentado en «hechos inventados».

La OPAQ, que supervisó precisamente la eliminación del arsenal químico en Siria con el conflicto ya iniciado, ha concluido que hay «indicios razonables» para pensar que el 4 de febrero de 2018, a las 21.22 horas, un helicóptero de la Fuerza Aérea siria lanzó «al menos un cilindro» con gas cloro sobre Saraqib.

Con el documento divulgado este lunes, ya son dos los informes elaborados por un equipo de la OPAQ que tiene como principal cometido señalar a los posibles responsables del uso de armas químicas en Siria y que aplica sobre el terreno la ampliación del mandato de la organización, que inicialmente carecía de la potestad de repartir culpas.

El Ministerio de Exteriores de Siria condenó «enérgicamente» el miércoles la decisión adoptada por la OPAQ y tildó de «agresivo» el enfoque tomado en la sesión, antes de denunciar «extorsión, amenazas, acoso y presión» por parte de los países occidentales señalando especialmente a Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

El presidente de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha asegurado que la «verdadera culpa» de que la UEFA haya rechazado que Bilbao sea sede de la Eurocopa es del PNV y del Gobierno Vasco, a los que ha acusado de establecer unas condiciones sanitarias «draconianas» con el objetivo de impedir que, finalmente, la capital vizcaína pudiera albergar esta competición por su «incomodidad» ante la eventual presencia de la selección española en Euskadi.

Iturgaiz, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha lamentado la decisión adoptada por la UEFA, y ha asegurado que el hecho de que Bilbao hubiera sido elegida inicialmente como una de las sedes de la Eurocopa que se disputará entre junio y julio había causado una gran «ilusión» entre los bilbaínos, vascos y en todos los españoles.

El presidente del grupo parlamentario PP+Cs ha asegurado que, tras el rechazo de la UEFA a que Bilbao albergue finalmente partidos de la Eurocopa, existen «clarísimas razones políticas». Iturgaiz ha denunciado que, «desde el comienzo», el Gobierno Vasco «apostó por qué no se celebrará en Bilbao» esta competición.

«RETICENCIAS»

De hecho, ha destacado que «destacados dirigentes» del PNV expresaron sus «reticencias» a que la selección española de fútbol pudiera disputar alguno de los partidos de la Eurocopa en el estadio bilbaíno de San Mamés. «Dijeron que España jugaría como visitante», ha afirmado.

Iturgaiz ha subrayado que el PNV «no quería ver a España» en San Mamés, y que la posible presencia de banderas españolas y la reproducción del himno en el estadio de la capital vizcaína causaba «incomodidad» a la formación ‘jeltzale’.

Todo ello –según ha dicho– «aderezado» con una EH Bildu «manifestándose en contra» de la presencia de la selección española de fútbol en el País Vasco.

URKULLU, «OFENDIDITO»

El dirigente de PP+Cs ha reprochado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que ahora vaya «de ofendidito», cuando su «objetivo» desde un principio era «que España tuviera problemas para jugar en Bilbao».

Es por ese motivo por el que, según ha dicho, el Gobierno Vasco ha planteado a la UEFA unas condiciones sanitarias frente a la pandemia «draconianas». Iturgaiz ha acusado al PNV y al Gobierno Vasco de utilizar a crisis sanitaria como «excusa», con el fin de «echar a los demás la culpa» de que Bilbao haya sido descartada como sede de las Eurocopa.

De hecho, ha asegurado que, aunque se pretenda responsabilizar a la UEFA, la «verdadera culpa» de que esto haya ocurrido es del Gobierno Vasco, al que ha reclamado que haga un ejercicio de «autocrítica».

«El Gobierno Vasco se libra de España pero quiere la pasta para hacer un negocio completo», ha manifestado, en referencia a las indemnizaciones que estudian reclamar las instituciones de Euskadi a la UEFA.

«RESPONSABILIDAD POLÍTICA»

Iturgaiz ha destacado que el Ejecutivo autonómico y el PNV tienen la «responsabilidad política» de una medida que causa un daño «muy grande» tanto a la imagen de Bilbao, como a la hostelería, el comercio y el turismo de Euskadi.

Frente a un Gobierno Vasco que –según ha dicho– plantea condiciones «insalvables» para que puedan celebrarse partidos de la Eurocopa en Bilbao, ha subrayado la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Junma Moreno (PP), de quien ha destacado que está haciendo «todos los esfuerzos» posibles para lograr que Sevilla sea elegida como sede de esta competición. «Es algo que sabrán agradecer los comerciantes, hosteleros y los hoteles de Sevilla», ha afirmado.

PARTIDO OFICIAL EN BILBAO

Iturgaiz, que ha lamentado que a Urkullu «no le gusta España», ha asegurado que solicitará a «todas las instancias políticas y deportivas» del Estado, que como «resarcimiento» a lo ocurrido con la Eurocopa, Bilbao albergue en el futuro un partido oficial de la selección española de fútbol.

Además de responsabilizar a Urkullu y al PNV de lo ocurrido, Iturgaiz ha apuntado también a la actuación del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

En este caso, ha asegurado que el Ejecutivo español «no hace nada» para defender a Bilbao como sede de la Eurocopa para «no incomodar» al PNV y a EH Bildu. «El Gobierno Vasco y el Gobierno de España han dejado a Bilbao fuera de juego, para gran regocijo en las herriko tabernas de este país», ha afirmado.

La organización Greenpeace ha reclamado coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra medidas y apoyo para fortalecer realmente al mundo rural que contribuye un 34 por ciento más que las ciudades a frenar el cambio climático y 20 veces más a conservar la biodiversidad.

La ONG ha presentado un informe ‘HablaRural: El papel clave de la España rural frente a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad’, que analiza todos los municipios españoles para conocer cuánto contribuye cada uno de ellos a agravar o mejorar el cambio climático o la biodiversidad, que concluye que el 15 por ciento de la población española cuida el 85 por ciento del país y defiende que el territorio que es «clave» contra la crisis económica no disfruta de los mismos servicios ni oportunidades.

Además, la ONG alerta de que mientras las zonas rurales se siguen despoblando, a pesar de que con la pandemia «mucha gente» ha redescubierto los beneficios de la España vaciada, este «enorme vacío» se está llenando de «falsas soluciones» como las macrogranjas «altamente nocivas», o en otros, ha transformado en un polvorín lo que antaño fueron masas forestales productivas.

El portavoz de Greenpeace, Julio Barea, ha defendido en rueda de prensa que «la supervivencia de los habitantes rurales pasa porque puedan disfrutar de los mismos derechos, servicios y oportunidades que el resto de la ciudadanía». «Un territorio abandonado por las instituciones se degrada, a nivel social, económico y ecológico», ha manifestado.

En esa línea, la doctora en ecología y autora del informe de Greenpeace Paloma Nuche, ha insistido en que la lucha contra el cambio climático no puede olvidar la gestión del territorio, porque el uso del suelo puede agravar o solucionar la emergencia climática. «El desarrollo rural es una oportunidad fundamental para el cambio de modelo, para la transición ecológica», ha añadido.

Por su parte, el periodista y creador de la red de periodistas rurales Manuel Campo Vidal ha reclamado una política estatal por el desarrollo rural que integre la crisis ecológica como eje vertebrador de la misma. En esa línea ha reclamado que los fondos y las inversiones llegan «donde deben».

Por último, considera que en la defensa del mundo rural la batalla de la comunicación es «vital» y celebra que tras décadas de olvido y abandono ahora hay «esperanza» para estos territorios que deben interesar a la España urbana.

«Antes se asimilaba al que vivía en un pueblo con el cateto. ¿Quién es más listo, el que vive en un pueblo con una boina calada o los que vivimos en una ciudad con una boina de contaminación?», interrogaba Campo Vidal que confía en que la red de periodistas rurales que cuenta con 200 periodistas se constituya en un «verdadero lobby» para hacer entender al mundo urbano que «la partida que se juega en el campo va en las ciudades».

El diputado regional del PP, Jesús Cano, ha afirmado tras la comparecencia del presidente de la Mesa del Agua José García Gómez en la Comisión especial del Agua que «el PSOE de la Región de Murcia es consciente de que Sánchez quiere liquidar el Trasvase y ni ha hecho nada para impedirlo ni lo va a hacer».

Cano, que ha respaldado la apelación a la unidad política realizada por el compareciente, ha dicho que «ni Conesa ni los socialistas se sumarán a esa unidad porque supone enfrentarse a Pedro Sánchez y eso nunca lo van a hacer».

«Estamos ante una exigencia de la sociedad civil, y el PSOE debe reconsiderar su postura y suscribir la declaración institucional en defensa del Trasvase presentada en la Asamblea» ha añadido Cano quien pide a los socialistas que «aparten los intereses políticos».

Para el diputado ‘popular’ el cambio de las reglas de explotación del acueducto y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo es «una decisión unilateral tomada por la ministra de Transición Ecológica, sin diálogo y sin criterio». Y considera que «lo más grave es romper el consenso que nos dimos en 2013 entre 5 comunidades autónomas, regantes y Gobierno de España». «Se ha creado un problema dónde no lo había«, ha apostillado.

Se ha referido Cano a la posición del presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig a quien ha pedido que «se sume al acuerdo ya alcanzado por 12 millones de españoles andaluces, murcianos y alicantinos, y que lidera el presidente López Miras». Además ha mostrado «preocupación» por las manifestaciones de Puig en las que afirma que «el Trasvase es irrenunciable hasta encontrar alternativas».

En ese línea, ha señalado que «la única alternativa al agua del Tajo es la del Tajo ya que nunca se podrá sustituir los recursos del Trasvase por agua desalada».

Un total de 267 universitarios de 33 universidades de toda España han conseguido clasificarse para la final nacional de la primera edición del programa educativo de simulación empresarial Business Talents, una iniciativa formativa organizada por Herbalife Nutrition y Praxis MMT, que tiene como objetivo promover la cultura emprendedora entre los universitarios.

Durante la última fase de este concurso, que tiene un formato de Business Game, los finalistas tendrán que competir el próximo 6 de mayo de manera online contra el resto de equipos de otras universidades para conseguir el título de mejor empresario virtual de España.

Con la ayuda de simuladores de gestión empresarial, los estudiantes tendrán que dirigir su propia empresa virtual y demostrar sus conocimientos en economía y empresa para que su compañía consiga los máximos beneficios y, de esta forma, proclamarse ganadores.

En esta primera edición, las comunidades autónomas con mayor representación en la final nacional son: la Comunidad de Madrid, con 74 representantes de 8 universidades; Cataluña, con 47 jóvenes de 4 universidades; Comunidad Valenciana, con 30 participantes de 4 universidades; Andalucía, con 25 jóvenes de 4 universidades; y Murcia, con 22 estudiantes de 2 universidades.

«Los universitarios llevan meses entrenando para este campeonato nacional y ahora les ha llegado el turno de demostrar sus conocimientos para alzarse con el ansiado título. Han tenido la oportunidad de vivir en primera persona cómo se gestiona una empresa, convirtiéndose así en verdaderos directivos. Gracias a herramientas de aprendizaje como los simuladores virtuales, experimentan de cerca el mundo de la economía de una manera lúdica y complementaria al aprendizaje teórico tradicional», explica Mario Martínez, director de Business Talents.

De esta forma, cada equipo finalista tendrá que preparar un plan de actuación para su empresa que irán introduciendo en el simulador virtual, y deberán ir tomando las mejores decisiones en tiempo real para que su compañía obtenga beneficios y se convierta en la más próspera del mercado. Para ello, tendrán que trabajar en equipo y emplear las técnicas que utilizan los empresarios de éxito: analizar el mercado y sus fluctuaciones, planificar, ejecutar y controlar todas las variables.

Desde que dio comienzo este programa formativo en el mes de noviembre, los 267 finalistas han tenido que competir en distintas fases online desde las aulas, frente a un total de 564 universitarios de 47 universidades españolas que se inscribieron en esta primera edición. Los equipos ganadores se repartirán más de 7.500 euros en premios y obtendrán diplomas acreditativos que les servirán para su currículum.

«Formamos parte del brillante futuro empresarial que tendrán estos jóvenes. Todos ellos son ya empresarios en potencia, la mayoría empieza con un paso más que el resto de los estudiantes, y estamos convencidos de que podrán crear su primera empresa en poco tiempo. Desde Herbalife Nutrition queremos dar nuestro firme apoyo a los líderes del mañana», declara Tara López, directora general de Herbalife Nutrition España.

Este concurso de simulación empresarial para universitarios tiene ya un amplio recorrido en su versión junior destinado a colegios e institutos de toda España. Desde hace diez años, se lleva implementando Young Business Talents en los centros docentes y ya son más de 68.000 estudiantes de 1.451 centros educativos los que han tenido la oportunidad de beneficiarse de este programa formativo en España habiendo desarrollado diferentes habilidades de dirección y emprendimiento.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido la intervención del Gobierno central en la vacunación de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil ante las pocas dosis que estaban recibiendo por parte de la Generalitat de Cataluña.

«Nos dijeron que habían tenido unos problemas técnicos entre otras cosas por el cambio de criterios de vacunación y de utilización de las vacunas (…) Entonces el Gobierno les dijo: oye si tienes ese problema, no te preocupes, yo me hago cargo y vacuno yo», ha explicado el ministro Iceta durante una comparecencia en la Comisión de Función Pública del Senado.

En este foro, la senadora de Ciudadanos María Ponce ha pedido explicaciones a Iceta por la falta de vacunación a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, lo que ha calificado como «una nueva humillación a un colectivo que no se le merece».

Por ello, ha pedido a Iceta que detalle las medidas que piensa tomar el Gobierno por incumplir esta vacunación de los agentes de Policía y Guardia Civil, a lo que el ministro ha contestado recriminando a Ciudadanos que estén «más interesados» en ver una reprimenda a la Generalitat que si se vacunan a los policías.

«Me ha parecido ver que usted está más interesada en ver si reñimos a la Generalitat que si vacunamos a los policías, y nosotros hemos decidido vacunar a los policías», ha sentenciado Iceta durante su intervención.

La Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han remitido esta semana un escrito al Miquel Iceta advirtiéndole de la baja vacunación en Cataluña de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según los datos de ambas organizaciones, el proceso de vacunación ha permitido que en el conjunto de España se haya vacunado con la primera dosis el 76% de los efectivos de la Policía Nacional y el 78% de la Guardia Civil, una cifra que «se desploma» en Cataluña: poco más del 14% ha recibido una dosis contra la Covid en la Policía y un 15% en el caso de la Guardia Civil.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detuvo e investigó durante el pasado año a un total 3.957 personas por delitos relacionados con el medio ambiente y ha tramitado 233.000 infracciones administrativas.

La Guardia civil ha llamado especialmente la atención por las infracciones por el uso irregular de las mascarillas y de los residuos generadas por éstas y otros de tipo sanitario como los guantes. Debido al gran volumen de actuaciones higiénico-sanitarias la cifra de infracciones relacionadas se elevó a 130.221.

Entre las infracciones denunciadas , la Guardia Civil ha destacado especialmente las infracciones a la normativa sobre sanidad pública por el uso irregular de mascarillas y residuos relacionados. Asimismo, ha investigado 4.234 delitos contra el medio ambiente.

Los delitos que más han aumentado son los relacionados con el maltrato animal, la caza y los relativos a la protección sobre la flora y la fauna. Los detenidos por furtivismo aumentaron, más de 250, fruto de los esfuerzos en distintas operaciones desarrolladas durante todo el año.

Asimismo, el Seprona resalta las infracciones administrativas en la normativa sobre vertidos y residuos con 17.183 denuncias, las actuaciones relacionadas con animales de compañía con 10.459, sanidad animal con 8.427 y las actuaciones en materia de aguas con 4.274 actuaciones.

También las 6.800 infracciones relativas a la normativa sobre los espacios naturales flora y fauna, un 30% más que el año anterior, o las 5.711 sobre normativa de caza.

Asímismo, en relación con los delitos de incendios forestales, se han esclarecidos, de un total de 352 el doble de delitos que el año anterior con un total de 330 detenidos e investigando. Se destaca el incendio forestal acaecido en Burgos, cometido por imprudencia grave. El incendio, que llegó a alcanzar el nivel 1, y que quemó más de 100 ha contó con más de 80 efectivos y hasta 9 medios aéreos de la Junta de Castilla y León y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

A raíz de la declaración del Estado de Alarma, y de las consecuencias que está teniendo el desarrollo de la pandemia tanto en las personas, como en el medio ambiente, el SEPRONA de la Guardia Civil ha reforzado el control en la gestión de residuos sanitarios peligrosos y sus consecuencias.

En este sentido, la Guardia Civil ha alertado de la mala gestión individual de los guantes y las mascarillas usadas, que está incrementado la presencia de residuos plásticos en ríos y mares, problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando reducir dada la contaminación y daño que provoca en estos ecosistemas. Debido al gran volumen de actuaciones higiénico-sanitarias la cifra de infracciones relacionadas se eleva a 130.221.

TRAFICO DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN

La investigación en la gestión de residuos y en la contaminación que pueden provocar, están ligadas directamente a la prevención del cambio climático y sus efectos. En este marco, el Seprona ha llevado a cabo la operación ‘Retrovirus’, proyecto nacido en el seno de Eruopol para abordar la problemática asociada a la gestión de residuos ligada a la explosión de la pandemia del SAR COV-2.

En esta operacion se detuvieron a 53 personas, se llevaron a cabo más de 500 inspecciones en 300 centros vinculados con la gestión de residuos sanitarios. Pese a que la mayoría de gestores de residuos cumplían con la normativa, se detectaron graves irregularidades.

Asimismo, la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid, en el marco de la operación HARTIE, desarticularon una organización delictiva dedicada a la gestión irregular de residuos en la ciudad de Madrid. Se detuvo e investigó a 42 personas por los supuestos delitos contra el medio ambiente, organización criminal, robo y hurto de residuos, blanqueo de capitales y traslados de residuos ilícitos al sudeste asiático, China e India principalmente. Se acreditaron 278 traslados ilegales, con un peso de 67.300 toneladas y un valor de 10 millones de euros.

MALTRATO ANIMAL

Las intervenciones, investigaciones y operaciones relacionadas con maltrato y abandono de animales domésticos siguen la misma tendencia que años anteriores, si bien han aumentado ligeramente los delitos, los detenidos e investigados también, llegando a más de 630 personas.

En este sentido, la Guardia Civil procedió en Zaragoza a la investigación de dos personas por un presunto delito de maltrato animal. En el interior de una parcela, se encontraron hasta 544 perros, muchos de los cuales estaban encerrados en pequeñas jaulas de las utilizadas para la cría de conejos, en condiciones higiénico-sanitarias lamentables, rodeados de heces y orines y con falta de agua y comida, así como evidente abandono de atención veterinaria y mala situación clínica.

En relación con el convenio CITES sobre el comercio internacional de especies silvestres, se han recuperado durante todo el año 2020 más de 750 especímenes entre aves, reptiles, mamíferos o anfibios, cifra bastante inferior al año pasado, así como 390 piezas de partes o derivados.

Durante el año 2020 se han desarrollado numerosas operaciones relacionadas con especies protegidas, como la operación ‘Oratrix’, en la que la Guardia Civil detuvo e investigó a 23 integrantes de una red delictiva dedicada al comercio ilegal de especies protegidas. Se incautaron más de 280 especies. El volumen del negocio en los últimos cinco años ascendía a más de 1.000.000 de euros. Se investigaron conjuntamente delitos de blanqueo de capitales, contrabando, intrusismo profesional y estafa entre otros.

Asimismo, entre las actuaciones contra el tráfico de angulas se desarrolló la la operación ASKEA, en donde se detuvo a 20 personas y se incautaron hasta 722 kilos de angula con un valor en el mercado que podría llegar hasta los 1,5 millones de euros. Se liberaron en el medio natural los ejemplares intervenidos. De esta forma, se consiguió uno de los objetivos más difíciles en la lucha contra el tráfico de especies, como es la total reintroducción en el medio de los especímenes intervenidos.

Las intervenciones relacionadas con la seguridad alimentaria disminuyeron respecto del año anterior hasta un total de 117 delitos detectados y 259 detenidos e investigados, de las que se destacan las siguientes la operación ‘Pitanza’ en la que la Guardia Civil, detuvo a 14 personas e investigó a otras dos por la manipulación, etiquetado y distribución de productos cárnicos caducados y/o en mal estado que se encontraban en varias empresas cárnicas situadas en las provincias de Madrid, Toledo y Málaga. Se intervinieron más de 122.000 kilos de diferentes productos cárnicos.

Otra de las operaciones es ‘Pevera’, en la que se detectó a una empresa que se dedicaba a la producción, distribución y venta de pistachos supuestamente ecológicos bajo una marca que no cumplían con dichos requisitos. La operación, contó con la colaboración de Europoly se saldó con la investigación de 14 personas en Ciudad Real, Madrid y Málaga. En estas provincias, el Seprona intervino los pistachos que recepcionaban varias empresas con un uso fraudulento de la certificación ecológica.

La Guardia Civil calculó que los beneficios obtenidos con este engaño eran superiores a los seis millones de euros. Con esta práctica fraudulenta, hacían que el rendimiento económico se elevara entre un 60 y un 80% por encima del valor real del producto.

La presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Carmen Núñez, ha presentado este jueves en comisión parlamentaria el informe de fiscalización operativa y de cumplimiento de la RTVA del ejercicio 2018, a partir del cual ha abogado por la revisión del modelo de la empresa pública para abogar por «una sola corporación que evite las duplicidades de estructuras y la complejidad de los procesos de gestión».

Una de las conclusiones del informe traslada un descenso del 70% del patrimonio neto de la empresa audiovisual autonómica en los últimos diez años.

El PSOE, por medio de su parlamentario Francisco Conejo, ha calificado de «día triste» la presencia de Carmen Núñez por el incumplimiento del acuerdo alcanzado para la continuidad de Antonio López como presidente del organismo fiscalizador y ha reiterado que «esta decisión irá a los tribunales».

Núñez ha comparecido por primera vez en comisión parlamentaria para dar cuenta de un informe tras su toma de posesión el 8 de abril.

La presidenta de la Cámara de Cuentas ha trasladado los diferentes aspectos abordados en el informe: el cumplimiento de la legalidad en apartados como la contratación, la gestión de los recursos humanos, la evaluación del contrato programa y la estructura financiera y económica de la empresa.

Núñez, en su referencia a las conclusiones, además de la apuesta por una sola corporación, frente a la actual división en dos divisiones operativas como Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio, ha planteado aspectos como «la gestión integral por objetivos, una planificación estratégica del personal, y definir el contenido de la programación como servicio público».

La presidenta del organismo de fiscalización externa ha señalado aspectos en la contratación como la existencia de 275 expedientes, el 91% de los contratos analizados, con dudas sobre el cumplimento de aspectos como los principios de publicidad, transparencia y concurrencia.

En el apartado de la contratación Núñez ha hecho referencia a otras cuestiones como la falta de acreditación de la solvencia técnica de los licitadores, la tramitación de contratos sin la inscripción en el Registro de Programas Audiovisuales, la inexistencia de actas del Comité de Valoración así como la existencia de expedientes con firma posterior del Comité de Antena.

En el apartado de los recursos humanos, la presidenta de la Cámara de Cuentas ha esgrimido incumplimientos de «los complementos retributivos por la inclusión de cantidades fijas sin una actualización, que contraviene el convenio colectivo», a lo que ha sumado que en la estructura retributiva del personal directivo la existencia de contratos de alta dirección no adaptados a las exigencias del convenio así como que 29 contratos se suscriben con una fecha anterior al informe preceptivo de la Consejería de Hacienda.

FINANCIACIÓN 0,1 MILLONES AL COSTE NETO

Carmen Núñez ha indicado, en el apartado de la financiación, que la financiación supera en 0,1 millones (100.000 euros) el coste neto de la financiación del servicio público mientras que ha trasladado que el 67% de los compromisos incluidos en el programa 2018-19 se tratan de actuaciones genéricas sin ningún indicador para evaluar.

La presidenta de la Cámara de Cuentas ha aludido al incumplimiento de un Plan Estratégico y de Inversiones, que ha sumado al hecho del descenso del patrimonio neto del 70% en la última década, por lo que ha abogado por «reestructurar el modelo de financiación» tras indicar que el Contrato Programa no prevé afrontar «las pérdidas acumuladas ni sanear el patrimonio neto».

Núñez ha esgrimido un déficit de inversión, con una caída del 89%, que ha traído consigo «una obsolescencia tecnológica de los activos que superan su vida útil.

Núñez ha afirmado que la RTVA «no dispone ni una valoración de los puestos de trabajo ni un plan estratégico a medio y largo plazo», así como que el 83% de los empleados son mayores de 46 años, a lo que ha sumado la falta de flexibilidad en la estructura empresarial para concluir en «las dificultades de adaptación al entorno audiovisual actual».

PSOE: SU NOMBRAMIENTO ES RUPTURA UNILATERAL DE LOS ACUERDOS

La intervención más crítica hacia Núñez la ha protagonizado el parlamentario del PSOE, Francisco Conejo, quien ha hablado de «triste noticia para este Parlamento» la presencia en la Asamblea autonómica de la nueva presidenta de la Cámara de Cuentas por cuanto ha apelado a que «su nombramiento como presidenta es la ruptura unilateral de los acuerdos que alcanzamos» en relación a la continuidad de Antonio López como máximo responsable del organismo de fiscalización externa.

Conejo, tras esgrimir en ese sentido «la catadura moral de los partidos que sustentan al actual Gobierno», ha recriminado la no inclusión de las 21 alegaciones que hizo la RTVA al informe de la Cámara de Cuentas y ha apelado a la existencia de dos votos particulares, uno de ellos de Antonio López.

El diputado de Adelante Andalucía, Ismael Sánchez, ha señalado que el informe de la Cámara de Cuentas sobre la RTVA de 2018 «fue filtrado por el consejero Bendodo para desacreditar lo que le interesaba de la gestión de la RTVA», así como la existencia de dos votos particulares.

Sánchez, tras indicar que «lo anterior no tiene arreglo», ha abogado por «a ver qué pasa a partir de ahora» al cuestionarse de forma retórica si «servirá para algo este informe».

VOX: INFORME ILUSTRATIVO DE CÓMO HACÍA LAS COSAS SUSANA DÍAZ

La diputada de Vox, Ángela Mulas, ha afirmado, pese a la tardanza de los informes, que es «ilustrativo de cómo hacía las cosas Susana Díaz» mientras que ha considerado «vergonzoso» aspectos como la contratación sin respetar los principios de publicidad y transparencia, la no solvencia técnica de los aspirantes a los contratos, a lo que ha sumado la partida de un millón de euros para los litigios en materia laboral.

Mulas ha lamentado «los innumerables despropósitos, las ilegalidades que se cometen a la torera», por lo que ha concluido que «lo preocupante es que no pase nada», así como se ha lamentado de que la Cámara de Cuentas «no tenga potestad sancionadora».

La parlamentaria del PP, Rosalía Espinosa, ha sostenido que «el informe no es para tirárselo encima a otros partidos» y ha instado a «aprender de él». Espinosa ha afirmado que la actual Dirección General de la RTVA «ya trabaja en el Plan Estratégico, contra la obsolescencia técnica, en la gestión por objetivos, y en la planificación del personal».

«Eso es lo que se está haciendo gracias a que tenemos un nuevo Gobierno, todo los demás son excusas de mal pagador, perdedor, porque el PP está decidido a mejorar la gestión», ha afirmado.

La diputado de Ciudadanos Ángela Rodríguez ha asegurado que «el informe da transparencia a lo que estaba oscuro» y ha sostenido que «no basta con salir con el informe para reírnos del PSOE, no es inteligente, son barros que tenemos que limpiar y rectificar cada uno de los puntos en que falló el PSOE».

Rodríguez ha subrayado la advertencia del informe, que ha calificado como el «párrafo clave», sobre que «la bajada de la financiación supone un descenso del patrimonio neto del 70% en los últimos 10 años».