La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anticipado que los recursos del sistema de financiación, las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno y los fondos europeos permitirán que las comunidades autónomas cuenten con más de 162.000 millones de euros este año.

«Esto supone la mayor cifra jamás registrada y refleja que elMinisterio de Hacienda está blindando el Estado de bienestar protegiendo los recursos de las comunidades autónomas», ha recalcado la ministra durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

En concreto, según ha desgranado la ministra, las autonomías dispondrán de 113.729 millones de euros procedentes del sistema de financiación, entre las entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio 2019. Se trata de una cuantía ligeramente inferior (1.900 millones) a la de 2020, que será compensada ya que el Gobierno central se ha comprometido a financiar parte del déficit público autonómico de este año.

En concreto, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan una dotación adicional de 13.486 millones para las comunidades autónomas, tras consensuar los criterios, y que supondrá una transferencia que recibirán las regiones y que no deberán devolver y que les permitirá reforzar sus políticas sociales y su modelo sanitario y educativo.

A estas cifras hay que sumar los 7.000 millones de euros previstos para ayudas directas a empresas y autónomos que el Gobierno transferirá a los de las comunidades en un plazo de diez días a partir de la firma de los convenios entre ambas partes.

La ministra también se ha referido a los 9.760 millones de euros que recibirán los gobiernos autonómicos para financiar políticas de gasto destinadas al fomento del empleo, servicios sociales, educación o acceso a la vivienda. Es una partida que crece un 42%.

Montero ha recordado que de cara a este año se han suspendido las reglas fiscales y ha vuelto a insistir en que el Gobierno espera que Bruselas mantenga para 2022 esta decisión para poder seguir revitalizando la economía sin recurrir a políticas de ajuste que retraigan el consumo y la inversión pública.

PROTAGONISMO AUTONÓMICO EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS

La titular de Hacienda ha destacado el protagonismo de las comunidades autónomas, además de las entidades locales, en la gestión de los fondos europeos y en el despliegue del Plan de Recuperación asociado a éstos.

Ello, con objeto de que la recuperación se asiente en todas las regiones y coja impulso la igualdad y la cohesión social y territorial del país. De lo que se trata con el Plan de Recuperación, ha añadido, es de que la crisis no se convierta en un obstáculo añadido para la cohesión territorial.

De ahí que se haya puesto en marcha una línea de financiación a cargo del fondo REACT-UE dotada con 8.000 millones de euros este año.

Esta cantidad les servirá a las comunidades para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, apoyar la recuperación de los sectores afectados y reforzar el sistema sanitario.

De esta forma, si en los Presupuestos Generales del Estado se incluyen 26.634 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación Europeo, a las comunidades autónomas, de esta cifra, les corresponden 10.793 millones de euros. En conjunto con las entidades locales, a las que irán destinados 1.489 millones de los fondos europeos, gestionarán el 58% del total de los recursos comunitarios previstos para este año 2021.

Estos últimos son unos recursos que ya se están comenzando a concretar en iniciativas y conferencias sectoriales, con, por ejemplo, 576 millones destinados a financiar proyectos de saneamiento y depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes; 400 millones para el Plan Moves III, que consiste en ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos o híbridos, así como sus infraestructuras de recarga; 20 millones para el Plan Te Protege, para víctimas de violencia de género; 730 millones para la economía de los cuidados y políticas de igualdad; o 361 millones para la recualificación del sistema universitario español, enumeró Montero.

En total, ya se han asignado 2.112 millones a las comunidades autónomas a través de las conferencias sectoriales, que son los órganos de cooperación en el marco de la gestión de los fondos europeos.

RECURSOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

La ministra de Hacienda también ha dado detalles sobre los recursos con que contarán las entidades locales en 2021. En primer lugar, de los fondos europeos consignados en los Presupuestos, los ayuntamientos serán responsables de la gestión de 1.489 millones de euros.

Además, los PGE contemplan la transferencia de 1.000 millones para el Fondo de Financiación a Entidades Locales. Asimismo, con la actualización de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, ingresarán 19.452 millones, un 3% más que en 2020.

También ha resaltado Montero otras medidas adoptadas para los municipios: ayudas extraordinarias para compensar la caída de los ingresos del transporte público; préstamos para cancelar deudas pendientes con la Agencia Tributaria Estatal y con la Tesorería General de la Seguridad Social por 400 millones; así como la conversión de deuda a corto en operaciones a largo plazo; o la refinanciación de préstamos formalizados con el Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores.

Además, hay que contar con otras subvenciones y compensaciones: 21,5 millones para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; 7,3 para el Campo de Gibraltar; 2 millones para los afectados por las bases militares; y 20 millones para el pacto contra la violencia de género.

La Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre el accidente del vuelo JK5022 de Spanair ha aprobado este jueves el dictamen que será elevado al Pleno, en el que se responsabiliza del «fallo sistémico» que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez.

El dictamen recoge que el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjeron una «correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente» en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.

En dicha comisión, aprobada el 6 de febrero de 2018 por el Pleno del Congreso de los Diputados, han comparecido un total de 48 comparecientes y se ha analizado documentación tanto pública como privada.

El dictamen recoge que el fallo sistémico que provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados del comprobar el correcto funcionamiento del sistema a través de los medios del Estado y establece un listado de cargos que en 2008 asumían puestos de responsabilidad, tanto en el Ministerio de Fomento como en la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), Aena y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).

Entre ellos, se encuentra el entonces secretario general de Transportes y secretario de Estado, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; el jefe de Gabinete de la ministra Álvarez, Antonio Fernández; y Manuel Azuaga, presidente de Aena entre 2004 y 2008.

Asimismo, señala que la compañía Spanair ya sufría por entonces las «serias dificultades económicas» que provocaron su quiebra en 2011, mientras que el Reglamento Europeo dispone que es necesario que las compañías aéreas operen «con criterios de buena gestión económica» para garantizar la seguridad. La compañía también habría recibido «sin mediar inspección» por parte de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad para el avión siniestrado.

El dictamen también recoge la actuación tanto de los técnicos de mantenimiento de Spanair, que solucionaron el problema inicial del avión «sin averiguar qué está originando la avería», como la de los pilotos, que «presionados por el compromiso» de puntualidad de la aerolínea, así como por el ERE presentando por la compañía días antes, no chequearon de manera correcta el sistema de despegue del avión.

Todo ello, sumado al fallo de la alarma TOWS, que no advirtió de la configuración incorrecta, un problema detectado hasta en 72 ocasiones en otros aviones y que Boeing «no ha podido o no ha querido acreditar las causas de estos fallos».

Asimismo, el dictamen considera que el plan de emergencia de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no funcionó correctamente, activándose de manera tardía el día del siniestro. Por ello, señala que en el accidente de Spanair fallaron «todas las barreras de seguridad».

El documento detalla una serie de puntos que la Comisión considera que deberían trasladarse al Ministerio Fiscal. Entre ellos, que tanto la DGAC como la CIAIAC no hayan enviado documentación solicitada por la Comisión; la reclamación a Boeing de los datos técnicos del MD82 que no fueron facilitados; el posible delito de revelación de secretos de Estado por las filtraciones en las comunicaciones por parte del Ministerio de Fomento, y comprobar si el trato de la aseguradora Mapfre a las víctimas y familiares se ajustó a la normativa europea e internacional.

El Grupo Socialista presentará su voto particular en contra del dictamen al considerar que este establece responsabilidades que son competencia de la justicia.

Las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las tres únicas regiones que ya han firmado los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha las ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus para pymes, por lo que serán los primeros territorios en recibir los recursos.

Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio de Hacienda remitió hace casi una semana a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, y les pidió que tramitaran la firma de dichos convenios con carácter de urgencia, aunque no se ha establecido una fecha límite para su rúbrica, según han confirmado fuentes gubernamentales.

El Gobierno los transferirá a las comunidades en un plazo de diez días a partir de la firma de los convenios entre ambas partes, siendo las autonomías las que gestionarán este plan.

En el caso de estas tres comunidades que serán las primeras en recibir los recursos para ayudar a las empresas de sus territorios, a Extremadura le corresponden 106,4 millones; a Castilla La Mancha, 206,3 millones y a Castilla y León, 232,5 millones.

Esta misma semana, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para que cada territorio pueda incrementar el listado de sectores elegibles para las ayudas en función de las particularidades que la crisis económica haya tenido en cada región.

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó la modificación del Real Decreto-Ley para que las comunidades autónomas tengan un margen de flexibilidad adicional a la hora de ampliar a qué sectores y empresas conceder los fondos, incluyéndose la posibilidad de dar ayudas a empresas viables pero con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, hasta ahora excluidas de las mismas.

NO CONTEMPLA QUE ALGUNA CCAA SE «DESCUELGUE»

La ministra señaló tras el Consejo de Ministros de este martes que espera que a lo largo de estos días su Departamento siga recibiendo los convenios firmados y no ve «previsible» que alguna comunidad lo deje sin suscribir, advirtiendo que si finalmente sucede este supuesto, el Gobierno lo estudiará y adoptará medidas para «no dejar a ninguna empresa en la cuneta».

«Me parecería algo escandaloso que alguna comunidad autónoma, por simple desavenencia con el texto legal, hurtara la capacidad de que empresas de su entorno pudieran quedarse sin recibir esas ayudas», ha señalado la ministra.

LÍNEA DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Esta línea, dotada con 7.000 millones de euros, canaliza ayudas directas a través de las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia, cuyos ingresos hayan caído al menos un 30% con respecto a 2019 y están condicionadas al mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Estas ayudas tienen carácter finalista y se pueden emplear para el pago de deudas contraídas por las empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera.

Los autónomos que tributan por estimación objetiva podrán recibir hasta un máximo de 3.000 euros, y el resto de autónomos y empresas entre 4.000 y 200.000 euros.

Decathlon vendió más de 10 millones de productos ecodiseñados con materiales reciclados y renovables en 2020 y ha puesto a la venta más de 4.000 productos desde 2007, según ha dado a conocer este jueves la compañía.

Coincidiendo con el ‘Día Mundial de la Tierra’, Decathlon ha hecho públicas sus principales cifras en materia de sostenibilidad obtenidas en 2020.

En este sentido, ha destacado la puesta en marcha de su Plan Director de Movilidad Sostenible para favorecer la actividad física, el respeto al medioambiente y promover un estilo de vida más saludable. Este plan recoge medidas transversales específicas en la materia para sus colaboradores, clientes y productos, como la implantación de parkings para bicis en sus tiendas o los retos internos entre colaboradores mediante la App de Ciclogreen, entidad con la que colabora de forma habitual y a través de la que se han alcanzado más de 3 millones de kilómetros en desplazamientos sostenibles o el reto Urban Mobility Challenge, donde se ha posicionado como la empresa más activa.

Decathlon también ha añadido que colabora con la Red de Ciudades por la Bicicleta y Ciudades que Caminan y que, durante la Semana Europea de la Movilidad (SEM), consiguió llegar a más de 13 millones de usuarios a través de sus talleres en streaming y formaciones de la mano de sus expertos en materia de movilidad sostenible desde su plataforma de experiencias.

Otra de las actividades que promueve es el Voluntariado Ambiental, una jornada de recuperación de un espacio natural en la que participan tanto colaboradores como clientes. La actividad busca concienciar sobre la práctica deportiva responsable en la naturaleza.

En este punto, ha detallado que en 2020 se han inscrito 2.000 personas y 81 escuelas a esta jornada, que se celebra cada año desde 2014, y que ha adaptado su formato al contexto actual realizando actividades en streaming y lanzando un challenge online individual de recogida de residuos.

Además, ha hecho hincapié en otras iniciativas ya consolidadas en las tiendas como el chaleco de poliéster 100% reciclado, la donación de 80.000 kg de ropa al proyecto segunda vida y la implantación del ticket digital, gracias al cual se ha evitado la emisión de 19.800kg de CO2 y la impresión de 8.084.062 tickets.

La implantación de bolsas reutilizables hechas con retales de la producción, evitando la venta de 45 millones de bolsas plásticas de los puntos de cobro y promoviendo el upcycling de 210.000 metros de tela; y el uso del 100% de energía de fuentes renovables en las tiendas y almacenes son otras de las iniciativas puestas en marcha.

Por otra parte, Decathlon presentó el pasado año su Plan de Transición 2020-2026, un documento en el que se recogen los objetivos y compromisos de la compañía para el desarrollo sostenible basados en tres pilares fundamentales: desarrollar el lado humano, preservar la naturaleza y crear valor sostenible.

Desde 2016, la compañía ha conseguido reducir en un 25% la intensidad de emisiones de CO2 por producto vendido, voluntad que se materializó sumándose a la iniciativa Science Based Targets (SBT) y con la firma de la Carta de la Industria de la Moda para la acción climática, y ha ayudado a sus proveedores a mejorar sus prácticas en la lucha contra el cambio climático.

Por ello, la empresa ha sido reconocida como líder global, nombrada miembro del Supplier Engagement Leaderboard y premiada por la organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP), que analiza el impacto medioambiental a escala global.

American Airlines ha registrado en el primer trimestre del año unas pérdidas netas de 1.300 millones de dólares (1.081 millones de euros), cifra que mejora en un 42% las pérdidas de 2.241 millones de dólares (1.865 millones de euros) del mismo periodo de 2020, impactada por el desplome de la demanda de viajes en todo el mundo que ha provocado la pandemia del Covid-19.

Según el presidente y consejero delegado de la firma, Doug Parker, están confiados en que las mejoras de la red de vuelos, las mejoras centradas en el cliente y las medidas de eficiencia que han puesto en marcha garantizarán que «la aerolínea esté bien posicionada para la recuperación».

La facturación de American Airlines del primer trimestre ascendió a 4.000 millones de dólares (3.329 millones de euros), lo que supone un descenso del 53% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Dentro de esta partida, los ingresos por pasajeros alcanzaron los 3.179 millones de dólares (2.647 millones de euros), un 58,6% menos respecto a los 7.681 millones de dólares (6.396 millones de euros) de 2020.

En cuanto a los ingresos por carga, American Airlines registró 514 millones de dólares (427 millones de euros), un 25,3% menos que el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, los gastos operativos en los primeros tres meses del año fueron de 5.323 millones de dólares (4.429 millones de euros), frente a los 11.064 millones de dólares (9.206 millones de euros) en el mismo trimestre de 2020, es decir, un 51,9% menos.

Además, la aerolínea cerró el primer trimestre con aproximadamente 17.300 millones de dólares (14.399 millones de euros) de liquidez total disponible, mientras que estima terminar el segundo trimestre con aproximadamente 19.500 millones de dólares (16.230 millones de euros) de esta partida.

El número total de pasajeros fue de 24.238 millones durante el primer trimestre, un 42,6% menos que el año anterior, cuando registró 42 millones de pasajeros, mientras que el factor de ocupación fue del 59,5%, 13,2 puntos porcentuales menos que el mismo periodo de 2020.

PREVISIONES

American Airlines espera que su capacidad del segundo trimestre se reduzca entre un 20 y un 25% en comparación con el segundo trimestre de 2019.

Asimismo, la aerolínea prevé que sus ingresos totales del segundo trimestre se reduzcan aproximadamente un 40% en comparación con el segundo trimestre de 2019, mientras que su margen antes de impuestos del segundo trimestre, excluyendo los elementos especiales netos, se sitúe entre un 27% y un 30% negativo.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado la «buena acogida» que han tenido los cambios planeados por el Gobierno para reformar el mercado de trabajo en las reuniones que ha mantenido este jueves con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

Díaz ha trasladado a ambos mandatarios europeos los detalles de las medidas que el Ejecutivo comunitario incluir dentro del capítulo sobre política laboral en el plan de recuperación y que será enviado a las autoridades comunitarias la próxima semana para su evaluación.

Así, ha recordado que el componente de la reforma laboral dentro del plan español está compuesto por 10 reformas estructurales y 7 inversiones, a las que se añade además un «contenido transversal» que aborda la digitalización y modernización de los servicios públicos de empleo, la Sanidad y la Justicia.

Con respecto al encuentro con el político letón, que reviste de mayor importancia porque el Ejecutivo comunitario debe realizar el primer examen del plan, la ministra de Trabajo ha asegurado que ha sido «muy fructífero y positivo»: «Hemos obtenido una acogida favorable del plan de reformas de modernización del mercado de trabajo», ha señalado.

También ha señalado que, durante la reunión Dombrovskis no le ha sugerido cambios adicionales sobre la reforma laboral. «Sin perjuicio de revelar el contenido de la reunión, que han de comprender que sea discreta, no se ha producido eso en ningún momento», ha respondido cuando ha sido preguntada por esta posibilidad.

Díaz también ha detallado que ella y el letón no han abordado la posibilidad de que Bruselas recorte el plazo de dos meses previsto para completar el análisis de las reformas e inversiones propuestas por España, tal y como pidió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, la pasada semana, junto con otros ministros de Finanzas europeos.

LA REFORMA QUE PIDE BRUSELAS

En cualquier caso, Díaz ha asegurado que las medidas para reformar el mercado laboral que estarán incluidas en el plan son las que pide Bruselas desde hace tiempo para atajar los principales problemas del mercado laboral español, como el elevado paro juvenil o el excesivo uso de contratos temporales.

«Si ven los datos de paro, temporalidad y precariedad de la democracia española, comprobarán cómo es difícilmente explicable que no se hubieran cambiado las dinámicas», ha lamentado. «Lo vamos a intentar y ese es el objetivo de las reformas que hemos suscitado», ha añadido.

Aunque las medidas para la reforma laboral que estarán contempladas en el plan ya están cerradas, Díaz ha asegurado que seguirá manteniendo contactos con la Comisión Europea y también con los agentes sociales, a quienes ha agradecido que estén «a la altura de las circunstancias».

En este contexto, ha recalcado que «todas y cada una de las reformas» incluidas en el capítulo laboral del plan de recuperación van a ser acordadas en el marco del diálogo social. «Vamos a seguir hablando y dialogando y este fue uno de los objetos de debate y saludo del señor Dombrovskis«, ha apuntado Díaz.

La ministra de Trabajo ha garantizado además que, junto con el diálogo social, está en contacto «permanente» con todas las fuerzas políticas para que las medidas que componen la reforma laboral superen también sus trámites parlamentarios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha solicitado a los líderes internacionales que no dejen sola a la Unión Europea en el reto de alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo establecido «firmemente» en los Veintisiete.

Durante su intervención en la Cumbre de Líderes por el Clima convocada este jueves y viernes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la que asisten más de 40 jefes de Estado y de Gobierno, Von der Leyen ha manifestado que Europa quiere ser «el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en 2050», pero además quiere que eso se convierta «en una oportunidad para todos».

Por ello, ha pedido a los líderes participantes en esta conferencia on-line coincidiendo con el Día de la Tierra, que trabajan «todos juntos» en los compromisos compartidos y en acciones compartida para 2030 con el fin de alcanzar juntos la neutralidad en 2050 la neutralidad climática que es «lo que necesita» el planeta.

Además, en el contexto de la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, la representante europea ha garantizado que la lucha contra el cambio climático moverá la recuperación de la UE y será «la base» de la relación con «todos» los países mientras se ayuda a los países más vulnerables.

En este contexto internacional, ha indicado que la acción climática representa «oportunidades» para los mercados con el fin de crear un futuro «más próspero» y en ese sentido, ha destacado que el 30 por ciento del presupuesto del plan de recuperación europeo post-pandemia se dirigirá a actuaciones que fomenten la acción climática.

No obstante, ha añadido que en junio Bruselas presentará propuestas para que Europa esté «preparada» para alcanzar una reducción del 55 por ciento en 2030 y, para ello, considera que es preciso poner un precio al carbono y adoptar soluciones basadas en la naturaleza que busquen asimismo, un desarrollo justo e inclusivo.

Por último, ha agradecido a Biden la convocatoria de la reunión y le ha manifestado que a la UE le complace tener de nuevo a Estados Unidos en esta lucha, porque «juntos» podrán avanzar más rápido en la buena dirección.

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha declarado que al UE está preparada para trabajar con todos sus socios y que quiere ser un socio «fuerte y leal» de la acción multilateral. «Estamos listos para unir fuerzas con todos los socios globales. Estamos listos para asumir nuestra responsabilidad colectiva con el bienestar de nuestra gente y de nuestro planeta», ha apostillado.

A su juicio es necesario establecer un campo de juego «igualitario» y considera un deber adaptar las economías para que sean libres de combustibles fósiles, una voluntad que los líderes de la UE anunciaron en diciembre de 2019 como un objetivo para 2050.

En este contexto, ha dicho que hay dos áreas que son críticas para lograr este reto que son los bonos verdes y una fijación del precio del carbono.

Por eso, ha indicado que la UE movilizará 100.000 millones de euros anuales para medidas del clima en la UE y ha subrayado que los Veintisiete son los «principales contribuyentes» a estos fondos verdes para los países en desarrollo.

«Urgimos a todos los países a hacer lo mismo», ha apelado Michel, que cree que esto sería una «buena señal» de cara a la Cumbre del Clima que se celebrará el próximo mes de noviembre en Glasgow (Reino Unido).

En su intervención ha detallado los planes económicos tanto en bonos verdes, como en financiación climática y transición energética de la UE. A su juicio, es preciso utilizar de manera inteligente la capacidad para facilitar la inversión del sector privado como ha hecho Europa donde surgieron los bonos verde que han convertido al euro en líder mundial de bonos verdes.

En materia de finanzas sostenibles ha pedido la creación de un marco mundial y ha recordado que en 2019 la UE estableció una plataforma internacional para finanzas sostenibles de la que ya forman parte el 55 por ciento de las emisiones a nivel global y a la que insta a más países a participar.

Por otro lado, ha observado que otra de las señales fundamentales será la necesaria fijación de un precio para el carbono porque en su opinión, si se quiere lograr la paz con la naturaleza es preciso extraer el carbón del modelo de negocio. «Esta es la única vía para cambiar de dirección», ha sentenciado.

Michel ha elogiado que América esté «de vuelta» en la cabeza del multilateralismo y ha manifestado a Biden que su decisión de regresar a la senda del Acuerdo de París envía una «fuerte señal global». «Esta es una buena noticia para el mundo, que enfrenta un reto de civilización», ha celebrado Michel que considera que el momento presente es la «tercera revolución industrial».

El Banco Central Europeo (BCE) ha concluido este jueves una reunión de política monetaria de la que no ha surgido ningún ajuste a los estímulos, por lo que las decisiones de calado se han pospuesto hasta el encuentro que tiene lugar en junio, según considera el consenso de los analistas.

«Como se esperaba, hubo muy poco que destacar en la declaración de la decisión de política monetaria del BCE», ha asegurado el economista de Aberdeen Standard Investments a cargo de previsiones y análisis, Paul Diggle. En su opinión, la reunión de junio «será más importante», ya que el BCE tendrá que valorar los datos económicos y la evolución de las campañas de vacunación para decidir si reduce o no el ritmo de compras mensuales de activos.

Aunque la atención de los inversores estaba puesta sobre el volumen de compras semanales al amparo del programa de compra de activos contra la pandemia (PEPP), este debate «ha perdido cierta importancia», según el economista jefe de Lombard Odier, Samy Chaar. Esto se debe a que en las últimas semanas los rendimientos de los bonos soberanos tanto en Estados Unidos como en la zona euro han retrocedido.

«A medida que las vacunas, la reapertura de las economías y el todavía considerable apoyo político permiten que la recuperación avance, los rendimientos pueden verse sometidos a una nueva presión al alza. Esto obligaría al BCE a adelantar aún más sus compras de emergencia una vez más, ya que aumentar sólo las compras brutas puede no ser suficiente, y la mayor parte del esfuerzo tendrá que hacerse en las compras netas», ha alertado Chaar.

En cualquier caso, para la analista de Monex Europe Olivia Álvarez, el todo empleado por Lagarde en la rueda de prensa posterior a la reunión sonó «esperanzador».

«Si bien para el BCE es ‘obvio’ que la normalización monetaria en la zona euro no podrá sincronizarse con la de los EE.UU., el avance favorable de las vacunas y el éxito en la contención del virus podrían entregarle oportunidades alcistas a la moneda única en el medio plazo», considera Álvarez.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha asegurado este jueves que el Consejo de Gobierno de la entidad no ha discutido en su reunión de abril acerca de una futura reducción gradual del ritmo de sus compras bajo el PEPP, ya que hacerlo sería «simplemente prematuro».

La autoridad monetaria se reunirá de nuevo el próximo 10 de junio. Además de decidir si ajusta sus instrumentos de política monetaria, la entidad publicará sus previsiones macroeconómicas actualizadas.

El vicecanciller y ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, ha negado cualquier responsabilidad en el escándalo financiero de Wirecard, durante su intervención este jueves como testigo en la comisión de investigación del Bundestag o Cámara Baja del Parlamento.

«La responsabilidad de este fraude a gran escala no recae en el Gobierno federal», ha reiterado Scholz, que ha considerado que «en la empresa se operaba evidentemente con un alto nivel de actividad delictiva».

El proveedor de servicios de pago digital Wirecard admitió en junio de 2020 un agujero de 1.900 millones de euros en sus cuentas. Tras descubrirse el escándalo, Wirecard fue expulsada del selectivo bursátil Dax.

La Fiscalía de Múnich investiga a la compañía por «fraude comercial organizado» y estima que se podrían haber perdido más de 3.000 millones de euros.

Según el vicecanciller, los «fraudes» cometidos por Wirecard no se descubrieron a lo largo de once años porque la empresa auditora responsable no detectó ninguna irregularidad.

Cuando saltó el escándalo, llovieron las críticas sobre la autoridad de supervisión financiera Bafin y los auditores de Ernst & Young (EY). El caso Wirecard costó el puesto al presidente del Bafin, Felix Hufeld, y al director de Alemania de EY, Hubert Barth.

En este sentido, en su intervención, Scholz ha rechazado las acusaciones de que Bafin o el Ministerio de Hacienda hubieran mantenido una mano protectora sobre la empresa.

Sin embargo, ha admitido que la estructura de supervisión y control del Estado no estaba lo suficientemente bien equipada para hacer frente a semejantes casos. Así, ha apuntado a la importancia de aprender de ello, también porque muchos inversores fueron engañados y perdieron grandes sumas de dinero.

Scholz también ha hecho referencia a la reforma en curso de los procesos de auditorías. La reforma del organismo regulador financiero Bafin prevé emplear a más expertos en auditoría y análisis de balances, así como la creación de un grupo de trabajo de especialistas para intervenir rápidamente en casos sospechosos.

Asimismo, ha señalado que la tarea más importante ahora es recuperar la confianza perdida en Alemania como centro financiero.

El ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, intervino el miércoles como testigo en la comisión de investigación del escándalo. Está previsto que este viernes lo haga la canciller, Angela Merkel.

Merkel ha sido convocada a testificar porque intervino a favor de Wirecard en un viaje a China, aunque en aquel momento ya había dudas sobre la integridad de la empresa, especialmente en la prensa.

Acciona se impulsó un 3% en la jornada bursátil de este jueves, coincidiendo con la presentación de su nuevo plan de sostenibilidad para los próximos cinco años y tras imponerse en una subasta de unos terrenos de Adif en la zona madrileña de Méndez Álvaro.

Los títulos de la compañía que preside José Manuel Entrecanales cerraron la sesión a un precio de 143 euros por acción, volviéndose a situar de esta forma en los niveles récord de la última década que lleva marcado de manera consecutiva durante los últimos dos meses.

Este precio por acción se traduce, en concreto, en una revalorización de sus títulos del 3,10%, unas de las mayores alzas del Ibex este jueves. En lo que va de año, la constructora acumula una subida del 22,5%, con una capitalización bursátil cercana a los 8.000 millones de euros.

Acciona ha puesto en marcha este jueves su nuevo ‘Plan Director de Sostenibilidad 2025’, el tercero que adopta la compañía para plasmar los objetivos en materia de descarbonización de la economía a través de 80 iniciativas dedicadas desarrollo de infraestructuras sostenibles.

En el marco de este plan, Acciona también ha añadido a la gestión financiera un nuevo concepto, pasándose ahora a llamar este ámbito corporativo Dirección Económico-Financiera y de Sostenibilidad, con José Ángel Tejero al frente con el cargo de director financiero y de sostenibilidad

Por otro lado, el miércoles, la división inmobiliaria de Acciona se impuso en una subasta de Adif para la venta de unos terrenos situados en Madrid, tras ofrecer 67,3 millones de euros en la puja, que partía de 54,4 millones de euros. El terreno tiene una edificabilidad de 24.800 metros cuadrados de uso residencial y se encuentra próximo a la estación de Atocha y a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, metro y carretera M-30.

Fuentes cercanas a la operación aseguran que se estarían barajando distintos proyectos para el terreno, debido al alto interés inversor, que podría ser usado para levantar tanto viviendas destinadas a la venta como a una alternativa ahora en auge como es el ‘Build to Rent’.

Está opción supondría la promoción de inmuebles para su posterior puesta en alquiler, una elección que estaría en línea con las propias necesidades de la región, donde la falta de oferta y la alta demanda ha ido tensionado los precios en los últimos años.

En cualquier caso, se trata de una zona en la que la compañía ya estaba interesada por su atractivo y alto potencial de crecimiento. Además, del precio de subasta se deduce un precio por metro de 2.700 euros, frente a los más de 3.000 euros que Vivenio pagó recientemente por la compra a Repsol de otro terreno en la misma zona para levantar también viviendas en alquiler.

Netflix ha anunciado este jueves la ampliación de su centro de producción de Tres Cantos (Madrid) que duplicará su número de platós al pasar de cinco a diez, e incorporará nuevas instalaciones de postproducción para creadores y productores.

Según ha dado a conocer la compañía, la sede, inaugurada hace dos años, contará, entre otras innovaciones, con un laboratorio de rodaje y salas de montaje de última generación que «combinarán las últimas tecnologías y fomentarán la colaboración entre profesionales». Se prevé que la ampliación concluya antes de finales de 2022.

«Estamos muy orgullosos de continuar demostrando nuestro compromiso con la ficción española. Con esta ampliación, pondremos a disposición de los creadores y creadoras los últimos avances para que puedan seguir contando grandes historias», ha comentado el vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Diego Ávalos, quien ha asegurado que Netflix seguirá trabajando «para impulsar de forma integral el desarrollo sostenible del audiovisual español, en toda su diversidad».

En una entrevista, Ávalos ha hecho hincapié en que España «es un mercado clave» en la actualidad para Netflix y ha añadido que «este anuncio refuerza aún más su valor». «Cuando iniciamos el proceso de nuestra primera producción hecha en España, ya éramos conscientes del talento que caracterizaba a esta industria», ha declarado.

A su juicio, en España «hay una base increíble y contar con ese ecosistema creativo, interpretativo y técnico explica las historias que nacen aquí y su valor. Nos ilusiona especialmente impulsar esas historias, apostar por su diversidad y contribuir a que la ficción española tenga proyección fuera de nuestras fronteras», ha subrayado.

En relación con el anuncio del Gobierno de España de impulsar el Plan ‘España, Hub Audiovisual de Europa‘, el directivo de Netflix ha señalado que «todo lo que beneficie al futuro del sector es bienvenido» y ha defendido que la industria del audiovisual ha demostrado «tener un impacto muy positivo desde un ámbito cultural, pero también desde el social y económico. «Es clave en cualquier sociedad. En este sentido, el Plan ‘España, Hub Audiovisual de Europa’ es una buena noticia», ha remarcado.

En concreto, Diego Ávalos opina que el Plan «contribuye a fortalecer la confianza y atractivo» de España, «al poner de manifiesto la apuesta del Gobierno por la importancia de este sector como motor de crecimiento económico». Así, confía en que «en su implementación y desarrollo se tenga presente la realidad actual del mundo del entretenimiento para alcanzar los objetivos establecidos».

«Desde Netflix, seguiremos apoyando e impulsando la industria con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y diverso del sector audiovisual», ha manifestado.

Respecto al papel que han desempeñado plataformas de contenido audiovisual como Netflix en lo peor de la pandemia, el directivo de la compañía audiovisual ha afirmado que «la cultura siempre ha sido el mejor refugio, máxime en tiempos difíciles».

«Creemos que durante esta etapa hemos entretenido a muchas personas a través de historias universales y contenido muy diverso», ha apuntado, al tiempo que ha agregado que Netflix ha actuado como «una ventana» al mundo tanto para los creadores como para sus miembros. «Esta es nuestra razón de ser y nuestra pasión», ha enfatizado.

Desde su llegada, Netflix ha estrenado más de 50 títulos hechos en España que generaron más de 7.500 puestos de trabajo tanto para elenco y equipos técnicos, además de 41 000 días de trabajo para los extras en producciones por todo el país. En las que están en marcha este año (en diferentes estados de producción), se prevé que las productoras contraten más de 1.500 profesionales, y generen más de 21.000 días de trabajo para los extras, según las cifras facilitadas.

Netflix ha anunciado recientemente nuevas producciones ‘hechas en España’ y llevará a la pantalla tres obras literarias de autores españoles: ‘Un cuento perfecto’, de Elísabet Benavent, una novela que cuestiona la autoexigencia como sinónimo de felicidad; ‘La chica de nieve’, de Javier Castillo; e ‘Hija del camino’, de Lucía-Asué Mbomío, una ópera prima sobre la identidad, los lazos familiares y la lucha contra el racismo.

El número de socimi que comenzaron a cotizar en bolsa en 2020 se redujo un 36% respecto al año anterior, hasta un total de 14, seis a BME Growth y ocho a Euronext, según ha informado Armanext.

Estas cifras han sido reveladas por la compañía de ‘listing sponsor’ dentro del V Análisis de evolución de las Socimi constituidas en España que cotizan en BME Growth y Euronext presentado en el foro de Inmofondos.

El informe ha señalado además que la suma de sus activos en el momento de la incorporación ha ascendido a 1.519 millones de euros, un 45,85% menos que en 2019, cuando la cifra alcanzó los 2.805 millones de euros. El valor medio de los activos de las sociedades incorporadas en 2020, valorado en 108 millones de euros, ha descendido un 15% frente a 2019, año en el que se alcanzaron los 127 millones.

El presidente de Armanext, Antonio Fernández, ha señalado que aunque muchas compañías han tenido que retrasar su incorporación debido a la actual crisis sanitaria, «el sector inmobiliario mantiene su condición de activo refugio». Por primera vez, Euronext, con ocho incorporaciones en 2020, ha superado a BME Growth, mercado en el que se han incorporado seis compañías. En 2019 tuvieron lugar 17 salidas en BME frente a 5 en Euronext.

A pesar del descenso en el número de empresas que entran a cotizar, la tipología de inversores en 2020 ha mantenido la tendencia de años anteriores, ya que el 57,1% pertenecen a inversores no residentes, el 21,4% a grupos familiares y otro 21,4% se reparte entre fondos inmobiliarios y accionistas diversos.

Respecto al número acumulado de sociedades que han dejado de cotizar, BME Growth ha registrado 13 sociedades menos, frente a una de Euronext. El número total de socimi que cotizan actualmente en BME Growth y Euronext asciende a 91 y el valor de sus activos alcanza los 19.477 millones de euros.

A futuro, la expectativa es que las socimi retomen gradualmente su proceso de incorporación. «La previsión es que en 2021 se incorporen diez o doce nuevas socimi a cotizar a los SMN», ha afirmado Fernández, quien ha añadido que la reforma fiscal referente a la tributación de los beneficios no repartidos no ha tenido efecto en el interés de los promotores por desarrollar este tipo de sociedades a la vista de las incorporaciones esperadas para 2021.

Al final de la jornada, el presidente de Armanext ha recibido el premio Inmofondos 2021 «en reconocimiento a su liderazgo y excelencia en los procesos de incorporación a cotizar de las socimi en los mercados de valores».

«En un entorno tan incierto como el actual, con importantes restricciones de acceso al crédito bancario, las pymes, incluyendo las socimi, han de conocer mejor que nunca cuáles son las alternativas para financiar su expansión. Los SMN les ofrecen una gran oportunidad, pero no es la única vía», ha afirmado Antonio Fernández.

Por ese motivo, Armanext ha desarrollado nuevas áreas para impulsar el crecimiento de las pymes, tanto españolas como latinoamericanas. A su especialización en la incorporación a los sistemas multilaterales de negociación (Euronext y BME Growth) y en el listing técnico, que permite cotizar sin incorporar nuevos accionistas en un primer momento, suma ahora los servicios de asesoramiento para atraer el capital de las SPAC, el fundraising y la profesionalización de las relaciones con inversores.

«Las SPAC han sido el producto estrella en Estados Unidos», ha explicado Fernández. Entre 2020 y 2021 se han movilizado más de 156.000 millones de dólares en este país. Según el presidente de la compañía, este impulso va a llegar a Europa y a España como alternativa a los private equity y a la financiación bancaria.

«Las SPAC, adaptadas a la realidad española, pueden ser un vehículo muy atractivo, aportando la liquidez que necesitan las pymes para su expansión», ha señalado. Sobre el fundraising, Fernández ha trasladado que «es la herramienta a través de la cual podemos apoyar el crecimiento y la internacionalización de las compañías».

Finalmente, la profesionalización de las relaciones con inversores «mejora el gobierno corporativo y la transparencia de las compañías, factores claves para su crecimiento futuro y ante posibles operaciones de consolidación entre este tipo de empresas», ha añadido el presidente de Armanext.

El número de compradores de vivienda se sitúa en niveles de antes de la pandemia, según se desprende del VII Barómetro Inmobiliario realizado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y su área de desarrollo profesional SIRA.

En concreto, el número de compradores ha pasado de descender un 27% en mayo de 2020 a registrar un descenso del 2% en la actualidad. La mitad de los profesionales inmobiliarios ha apuntado a la estabilidad y crecimiento moderado de compradores en estos primeros meses de 2021. Además, creen que será así en el futuro.

También han puesto de relieve que el Covid ha tenido una menor incidencia en los vendedores de viviendas. De hecho, aunque en el inicio de la pandemia el número de vendedores descendió 16%, actualmente se encuentra con un descenso del 4%, «todavía sin alcanzar la situación previa al Covid».

Sin embargo, los profesionales inmobiliarios encuestados consideran que el número de vendedores es estable y con tendencia a un crecimiento moderado.

Por otro lado, sí que han visto impacto en sus carteras de inmuebles. De hecho, el 61% de los inmobiliarios afirma que su ‘stock’ de viviendas procedentes de herencias ha aumentado.

También han puesto de relieve que el cierre de operaciones de compraventa de hogares ha ido «afianzándose» a medida que lo hacía la movilidad. «En abril-mayo de 2020 estas operaciones cayeron notablemente (-31%) y se han ido recuperando hasta situarse en el actual -1%, en un momento de estabilidad y crecimiento», según UCI y SIRA.

Sobre los precios, los expertos inmobiliarios encuestados coinciden en la estabilidad actual, que creen que se prolongará a medio plazo.

El estudio también señala que 8 de cada 10 profesionales inmobiliarios aseguran que se mantiene estable el número de trabajadores de sus agencias y que seguirá siendo así en los próximos meses, «con una importante tendencia a la rehabilitación de viviendas».

Asimismo, han incidido en que la demanda de viviendas unifamiliares ha aumentado entre un 5% y un 15% y en que seguirá creciendo. Además, según el estudio, el retrato tipo de demandante de vivienda responde actualmente a un perfil de entre 35-55 años, nacional, interesado en ubicaciones en zonas periféricas o alejadas de las grandes urbes.

El subdirector general de UCI, José Manuel Fernández, ha afirmado que los datos muestran que el sector de la compraventa de viviendas «se mantiene fuerte».

«Nadie mejor que los inmobiliarios que están en las operaciones del día a día saben el pulso del mercado. Si su percepción es positiva, y además ha ido aumentando en estos meses, podemos afirmar la buena salud de estas operaciones», ha añadido.

El 56% de las empresa sigue sin tener una estrategia de ciberseguridad definida, según un informe de Minsait, compañía de Indra, que alerta de que estas compañías «ponen en riesgo su futuro» en un futuro en el que el teletrabajo aumenta el riesgo y crece el comercio electrónico.

El informe sobre Madurez Digital en Ciberseguridad en España, que ha sido elaborado por Minsait y Sia y publicado este miércoles, señala que el 90% de las empresas no cuentan con profesionales especializados y el 82% no mantiene actualizados los registros activos digitales a proteger.

«La mitad de las empresas no han incorporado aún la ciberseguridad a sus agendas y le dan un tratamiento meramente táctico, centrándose en la adquisición de herramientas y olvidando aspectos decisivos como son la cultura, los procesos y las personas», ha indicado el consejero delegado de SIA, Luis Álvarez.

Las declaraciones de Álvarez son respaldadas por el hecho de que prácticamente tres de cada cuatro empresas (73%) no han implantado mecanismos de concienciación para empleados.

A la hora de diseñar protocolos de ciberseguridad, el informe, a partir de entrevistas personales con responsables de un centenar de grandes empresas y organismos de España y resto de Europa, constata también que un 45% de las empresas no tiene un Centro de Operaciones de Ciberseguridad para detectar y responder a un ciberataque.

Asimismo, la mayoría de empresas tampoco cuenta con un director enfocado a este área. Una lista de motivos que, según el informe, hace imprescindible que las compañías se apoyen en socios personalizados para que les den una visión integral en un sector hiperespecializado.

No obstante, el estudio también destaca a algunas empresas de manera positiva, como las del sector de la Banca, Telecomunicaciones y Media, Seguros y Energía.

IDENTIDAD E INGENIERÍA SOCIAL

Asimismo, ni un cuarto de las empresas consultadas cuenta con un sistema de gestión centralizada de identidades, que permita protegerse mejor de los ataques mediante suplantación de identidad o robo de contraseñas.

Para los autores del informe este campo es crítico junto a los cambios de cultura dentro de la organización. No en vano, la ingeniería social se encuentra detrás del 90% de los ataques contra empresas.

Asimismo, el phising, la práctica que consiste en suplantar a una empresa o persona para pedir al usuario datos confidenciales, se ha disparado un 6.000 %.

En conglomerado de medios y telecomunicaciones estadounidense AT&T se anotó un beneficio neto atribuido de 7.500 millones de dólares (6.234 millones de euros) en el primer trimestre, lo que equivale a un incremento del 63,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves al presentar sus cuentas trimestrales.

Los resultados de este trimestre experimentaron un abultado cambio debido a que incorporan el efecto positivo de un atípico por valor de 4.221 millones (3.509 millones de euros).

La facturación de la empresa entre enero y marzo alcanzó los 43.939 millones de dólares (36.525 millones de euros), un 2,7% más. Por segmentos de negocio, la rama de telecomunicaciones amplió un 5,2% sus ingresos, hasta 28.178 millones (23.423 millones de euros), mientras que WarnerMedia (producción cinematográfica y canales de pago como HBO y TCM) creció un 9,8%, hasta 8.526 millones (7.087 millones de euros). La cifra de negocios en Latinoamérica se contrajo un 13,6%, hasta 1.374 millones (1.142 millones de euros).

La empresa cerró el trimestre con 3,6 millones de altas netas en su negocio de telecomunicaciones, de los cuales 823.000 fueron clientes nuevos en tarifas de contrato y 207.000 en prepago.

A 31 de marzo, AT&T registró 44,2 millones de clientes de HBO Max y HBO, 2,7 millones más que en el trimestre anterior, coincidiendo con el estreno, a mediados de marzo, de ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’. En comparación con un año antes, el número de suscriptores ha crecido en 11 millones.

El coste de los dispositivos de telefonía vendidos durante el trimestre se elevó un 35,8%, hasta 5.556 millones (4.618 millones de euros), mientras que los gastos de emisión, programación y operaciones avanzaron un 11,6%, hasta 7.538 millones (6.266 millones de euros).

Los gastos de venta, generales y administrativos se elevaron un 7,1%, hasta 9.382 millones (7.799 millones de euros), mientras que el resto de costes asociados a los ingresos cayeron un 4,2%, hasta 7.993 millones (6.644 millones de euros).