El Ministerio de Igualdad, conjuntamente con el Instituto de las Mujeres, ha inaugurado este viernes 5 de marzo en su fachada un mural temporal en homenaje a todas las mujeres que han sostenido los cuidados durante la pandemia.

«Frente a quienes dicen que la violencia no tiene género, que las desigualdades no son fruto de una cuestión estructural sino de falta de esfuerzo, y quieren criminalizar el feminismo, reafirmamos nuestro compromiso con una agenda de gobierno feminista», ha subrayado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El mural, realizado por Unlogic Crew, creadores del mural feminista de Ciudad Lineal en Madrid, es un homenaje este 8M a «enfermeras, madres, médicas, cajeras, periodistas, cocineras, cuidadoras de personas dependientes, profesoras, actrices, cantantes, escritoras» y también «a las que sufrieron violencia durante la pandemia en las peores condiciones, a las que perdieron sus vidas».

«Necesitamos recordar más que nunca que el feminismo y las políticas que atienden las distintas brechas de género que sufrimos las mujeres son imprescindibles», ha afirmado Montero.

Entre las mujeres que aparecen en el mural se encuentran: Frida Kahlo cuya figura «invoca la fuerza creativa de las mujeres, que se sobrepone a las dificultades, que nace del más intenso anhelo de libertad»; Valentina Tereshkova, la primera cosmonauta, «un ejemplo para las niñas y jóvenes de que no hay campo de la ciencia ni de la imaginación humana que les esté vedado» y una «reivindicación de la participaciónfemenina en las misiones espaciales».

También se encuentran en la composición artística: Rigoberta Menchú, activista por los derechos humanos guatemalteca; Angela Davis, filósofa, política y docente en la que «convergen el antirracismo y los feminismos»; y Emilia Pardo Bazán, escritora y defensora de la educación, la primera mujer en ocupar la cátedra de Literatura en la Universidad Central de Madrid.

Igualmente, forman parte del mural: Teresa Claramunt, dirigente anarquista y pionera en la lucha por la emancipación de las mujeres; Clara Campoamor, una de las primeras diputadas en España, la responsable del sufragio universal en España; Rosa Parks, activista que se opuso a la segregación racial en el sistema de transporte público, y Federica Montseny, la primera ministra de España.

Además, aparece representada una sanitaria como reconocimiento a su trabajo esencial; y una abuela con su nieta para recordar a las «bisabuelas, abuelas y madres, protagonistas de la mayor revolución de los derechos y libertades de las mujeres en España». «En sus miradas y arrugas hay lucha feminista», señalan desde el Ministerio.

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, considera que su formación, además de ser «la gran organización política que tiene España ahora mismo» es el partido al que «siempre miran» las mujeres y el movimiento feminista, «porque saben que ahí es donde siempre hay respuesta».

«Respuesta de una Ley, respuesta de medidas políticas para sacarnos todavía de la discriminación. Nos miran siempre al partido», ha afirmado en una entrevista en ‘El Socialista’, el boletín semanal que lanza el PSOE.

Por ello, Calvo ha garantizado que el PSOE va a estar presente en la celebración del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo «en todas las fórmulas posibles»: «en las redes, en las videoconferencias» y «en las pancartas» que no podrán llevar a las manifestaciones, pero que, asegura, van a sacar a las fachadas de todas sus agrupaciones.

Según la vicepresidenta, realizarán conexiones con sus agrupaciones, darán visibilidad en las redes a las reivindicaciones por el 8M, celebrarán un «gran acto» el domingo, y el lunes, su secretario general, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en el acto institucional organizado en el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

Precisamente en su entrevista Calvo se ha referido a algunos de los temas polémicos en materia de Igualdad que enfrentan al PSOE y a Unidas Podemos dentro del Gobierno, como por ejemplo, el freno a las leyes LGTBI y Trans que Montero quiere aprobar cuanto antes pero que, según Vicepresidencia primera, todavía no están listas; o la ley de Igualdad de Trato impulsada en solitario por el PSOE en el Congreso, que Unidas Podemos consideró una invasión de las competencias de Igualdad.

«Ese es un esfuerzo muy grande que el partido va a afrontar con la Ley de Igualdad de Trato y luego con las leyes que el Gobierno tiene pendientes. Una mayor protección de los colectivos LGTBI que, como en otros países del mundo, necesitan también una particular protección en relación a su identidad y a su libertad sexual», ha defendido Calvo al respecto.

En este punto, ha asegurado que con estas normas se busca, «como siempre hace el PSOE, ensanchar las fronteras de los derechos, de las libertades y con eso, mejorar la democracia».

PSOE, «BALUARTE DE ESTABILIDAD»

«Nosotros somos la gran organización política que tiene España ahora mismo. No solamente porque nos vamos acercando ya al siglo y medio, que dicho eso en España es un valor absolutamente inconmensurable, sino porque además estamos en todo el territorio. Nosotros estamos presentes como un tentáculo extraordinario en todo el país», ha reinvindicado, antes de asegurar que el PSOE «es ahora mismo un baluarte para la estabilidad de España.

Asimismo, Calvo reflexiona sobre el hecho de que, a su juicio, «la igualdad entre hombres y mujeres es la gran pieza» por la que hay que luchar actualmente, porque cuando se nace «con un sexo u otro», ya aparece esa «primera discriminación».

Naces mujer u hombre y a partir de ahí, se va a cumulando a qué raza perteneces, a qué cultura, a qué etnia, a qué clase social y se van construyendo las siguientes discriminaciones, pero todas parten del hecho principal del nacer en un sexo u otro. Incluidas las situaciones de la libertad sexual que cuando eres bisexual u homosexual, incluida también la situación de la transexualidad donde estás buscando tu propia identidad», argumenta.

Es decir, a su juicio, «la gran pieza maestra de una democracia que tiene que avanzar es la igualdad entre sexos y todas las demás son acumulativas». «Por eso, los socialistas somos demócratas, socialdemócratas. Somos socialistas porque sabemos que el principal problema cuando pretendes una vida digna es la desigualdad y la discriminación», ha ahondado.

«Si miras como se viene al mundo, y cómo determina el sexo que destino vas a tener, eres feminista. Por eso somos demócratas, socialistas y feministas. Al final, nos nutrimos de la idea ética del humanismo y, por eso, el pensamiento socialista sigue siendo tan moderno, tan necesario y tan imbatible», ha enfatizado.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas apuntó durante su declaración como testigo del pasado día 24 ante el instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, a la existencia de irregularidades en los pagos realizados por el PP de Madrid siendo presidenta Esperanza Aguirre por la reforma de su sede, que ocupa la primera planta del edificio de Génova 13 donde también se ubica la sede nacional. «Pagaron 200.000 euros, y estoy en condiciones de afirmar que costó más que ese dinero», afirmó Bárcenas durante su comparecencia.

Bárcenas realizó estas afirmaciones durante una declaración realizada a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que por escrito comunicara a la Audiencia Nacional que disponía de datos que podrían servir para aclarar algunos aspectos aún ocultos en el caso Púnica –relativo a la pieza que investiga la financiación del PP en Madrid– y en el caso de la presunta caja B de la formación a nivel nacional.

En un momento de su declaración, que se extendió durante unas dos horas y media, Bárcenas apunta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, «quiso, en su momento, que la sede central asumiese» el coste de las obras de la planta primera de Génova 13, donde se ubicaban las oficinas del PP de Madrid, si bien el tesorero entonces, el ya fallecido Álvaro Lapuerta, se opuso. Se trata de las mismas obras –las del edificio completo– cuyo pago con presunto dinero en B se está juzgando estas semanas en la propia Audiencia Nacional, con Bárcenas como principal inculpado.

«Álvaro no accede a eso dice que tenía que financiarse con el dinero de la sede regional y asumen ellos», añade Bárcenas si bien seguidamente sugiere la existencia de irregularidades señalando que, pese a ocupar unos metros cuadrados similares, por la reforma por planta el PP nacional paga aproximadamente 1,1 millones de euros mientras Aguirre abona por su sede unos 200.000 euros.

«¿Está en condiciones de afirmar que costó más de ese dinero?», le pregunta el fiscal Alejandro Cabaleiro, a lo que Bárcenas responde que lo puede afirmar «porque son comparables, con algo menos de calidad, y si una planta nuestra estaba en torno al millón y medio ejecutado y ellos han pagado 200.000 no cuadran los números».

Pese a desconocer qué empresa pudo hacer las obras para el PP de Madrid, el ex tesorero apunta en este momento a OHL, dada la relación directísima de esta firma con el secretario general del Partido regional entonces, Francisco Granados. Esta relación añade, le fue explicitada a Lapuerta por el propio fundador de la firma Juan José Villar Mir, puesto que la constructora estaría financiando de forma paralela al PP nacional y al regional.

MERCADO PUERTA DE TOLEDO

Pero la declaración de Bárcenas no quedó ahí, y en un momento dado a preguntas de la acusación popular del PSOE, Bárcenas señala que si bien no le constaba que se hubiera usado el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) para obtener fondos para el PP de Madrid, sí que se usaba para tal fin el Mercado Puerta de Toledo, que es una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, y de la que fue gerente también el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.

Así, en su comparecencia relató que en una ocasión recibió la visita de un miembro de una empresa proveedora habitual del partido nacional denominada MQM, que le trasladó que el PP de Madrid quería que girara una factura al Mercado Puerta de Toledo cuando en realidad el cliente era el partido regional.

«La factura que tendría que haber pagado la sede regional pretendían pagarla a través del Mercado Puerta de Toledo», apuntó, para añadir que el empresario se lo refirió a él y a Lapuerta porque quería que tuvieran conocimiento de esa «mala práxis». Bárcenas indicó que a pesar de saber que se hacía así, decidieron que como era un tema de Madrid decidieron «que lo arreglara Madrid».

De esta forma, el extesorero respaldaba su afirmación de que el PP de Madrid usaba esa vía del mercado para financiar los gastos de las campañas electorales. Al igual que defendía que había estanqueidad entre las cuentas de las diferentes sedes regionales con la nacional porque «tenían que ser autosuficientes (…) y la nacional no aportaba fondos».

«NO SÉ SI LO LLAMARÍA MIRAR PARA OTRO LADO»

Llegado a ese punto, le preguntan las partes sobre cómo se trabajaba el gasto en procesos electorales, y explicó que la sede nacional conseguía la financiación para un crédito global que luego se dividía en bloques y se transfería a las regionales.

Al hilo, señalaba que esa era la parte del gasto «oficial» sobre la que había control porque existía un límite máximo de gasto electoral por campaña. Y añadía que de gastos que sobrepasaran ese límite, desde la sede nacional no se hacían responsables. «No sé si lo llamaría mirar para otro lado, pero lo que no sabíamos pues no lo conocíamos», indicó.

A lo largo de su declaración se dieron momentos de mucha tensión, por ejemplo durante el interrogatorio que realizó el abogado de la defensa de Esperanza Aguirre que le puso sobre la mesa varias sentencias en las que se ponía en duda la credibilidad de Bárcenas en sede judicial y que tenía animadversión hacia su patrocinada. Este abogado también arrojó sospechas sobre el reciente cambio de letrado del extesorero, y lo vinculó con una estrategia de defensa basada en buscar pactos con el Ministerio Fiscal.

LAS TRES CAJAS PARA PEDRAZ

Pero uno de los momentos que más trascendencia puede llegar a tener de cara a investigaciones relacionadas con las comisiones finalistas al PP, que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 5, fue cuando el extesorero ‘popular’ reconoció que aun guarda tres cajas con documentación y que éstas estaban en posesión de un tercero.

«Sí, hay tres cajas con documentación que las tiene unas tercera persona», dijo a preguntas del abogado de Francisco Granados, para luego señalar que se han ofrecido en la pieza correspondiente y han facilitado incluso el nombre del guardián.

Con todo, matizó para tranquilidad de Granados que no afectaban a la causa ‘Púnica’ «sino a temas electorales de la sede central». «No se va a llevar sorpresas con los documentos sobre Granados o sus defendidos», le explicó al abogado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este viernes no polemizar por la ausencia de símbolos nacionales como la bandera y el himno, además de invitados como los expresidentes del Gobierno y algunas asociaciones de víctimas, en el acto celebrado en dependencias de la Guardia Civil para escenificar la destrucción de armas de ETA y otras organizaciones terroristas.

«Era un acto sobrio, no hay que buscar tres patas al banco», ha defendido Grande-Marlaska. En este sentido, ha insistido en las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reivindicar como ministro del Interior que el Estado de Derecho acabó con ETA, Grapo y GAL. También ha recordado que el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo había reclamado una ceremonia de estas características al Gobierno de Mariano Rajoy.

Al término de un acto organizado por el Ministerio del Interior con motivo del Día de la Mujer, Grande-Marlaska ha señalado que algunos olvidan que el terrorismo es una cuestión de Estado. «Parece que hay alguien que quiere buscar eso para justificar algún tipo de conducta», ha comentado.

«El himno y la bandera son de todos los españoles y es un símbolo esencial para este ministro y para el Gobierno de España, algo que es tan importante que está recogido en nuestra Carta Magna», ha comentado al ser preguntado por la ausencia en Valdemoro de estos símbolos, habituales en los actos que se celebran en dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

RECLAMADO EN 2017 POR EL CENTRO MEMORIAL

El ministro del Interior ha defendido la necesidad de escenificar la derrota del terrorismo con la destrucción simbólica de más de 1.300 armas, previa autorización judicial. «No hay ningún símbolo mayor que el triunfo del Estado de Derecho», ha sostenido, añadiendo que la bandera y el himno están en la «mayor parte» de los actos organizados por el Ministerio del Interior.

«No confronto normalmente en materia terrorista con nadie porque es política de Estado. Fue un acto simbólico, relevante, importante y muy difícil de estructurar», ha continuado, explicando que estuvieron presentes «todas las fuerzas de seguridad del Estado a su máxima representación operativa», incluyendo a Mossos d’Esquadra y Ertzaintza.

Grande-Marlaska ha señalado, además, que este acto de destrucción de armas fue solicitado años atrás. «Era tal acto de Estado que había sido solicitado en el 2017 por el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo y no se había realizado por el Gobierno del Partido Popular», ha dicho, relacionando la ceremonia de Valdemoro con la próxima inauguración de la nueva sede en Vitoria de esta institución que preside Florencio Domínguez, que intervino ayer junto al presidente del Gobierno.

«No estoy derivando responsabilidades a nadie; la responsabilidad es del ministro del Interior, que se lo trasladó al presidente. Este ministro conoce y sabe lo que es el terrorismo, cada uno tendrá que decir por qué no fue», ha defendido.

A continuación ha recordado que el acto se organizó teniendo en cuenta los protocolos sanitario por el Covid-19 y que fueron invitados todos los patronos de la Fundación Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo –entre ellos, varios ministros–, así como «los cuatro presidentes no en activo del Gobierno».

LEY CONTRA ETA, GRAPO Y GAL

«Con los políticos puedo confrontar», ha continuado, «yo tengo un pasado como vasco que vivió el terrorismo, como juez que estando en Madrid se fue a la Audiencia Nacional, alguien sobre todo para quien en un Estado de Derecho el principio de legalidad es en todo momento».

«Implica que con el Estado de Derecho se logró derrotar a ETA, al Grapo, al GAL, y también se está luchando con otras manifestaciones de terrorismo», ha añadido. En su discurso este jueves el presidente Pedro Sánchez reivindicó la memoria de las víctimas y también aludió a todas estas organizaciones terroristas, así como al terrorismo yihadista.

Grande-Marlaska ha concluido subrayando la necesidad de afrontar el terrorismo como una política de Estado. «Llevo tres años como ministro del Interior y creo que he sido muy educado, porque estoy convencido de que el terrorismo es política de Estado», ha sostenido antes de advertir que le «preocupa» que no se comparta esta visión.

CRÍTICAS DE SINDICATOS POLICIALES

El acto simbólico de destrucción de armas ha acarreado críticas de partidos de la oposición y asociaciones de víctimas porque creen que busca «blanquear» los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, así como los acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y Navarra –los cinco últimos este viernes– aprobados por el Ejecutivo y que ya afectan a más de 150 terroristas. También hay malestar por el traspaso de prisiones al Gobierno vasco.

Este viernes se han sumado a las críticas por la organización del acto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que consideran una «grave desconsideración» a las organizaciones representativas el hecho de que no fueran invitadas a la ceremonia.

La Guardia Civil ha difundido este viernes un vídeo en el que se ve el proceso final de eliminación de las armas que fueron aplastadas ayer por una apisonadora en sus dependencias de Valdemoro. El arsenal ha sido enviado a una fundición y, según ha añadido el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con una parte de esas armas fundidas ahora se hará una escultura.

La llegada de la crisis sanitaria afecta al uso de dispositivos electrónicos como los móviles, un foco potencial de bacterias, y por ello el 36 por ciento de los españoles asegura que desinfecta su móvil cada día, según una encuesta de Crosscall.

El fabricante francés de dispositivos rugerizados (resistentes a caídas, golpes y líquidos) Crosscall ha preguntado a miles de españoles sobre los posibles riesgos de contagio de Covid a través de las pantallas táctiles de los dispositivos electrónicos.

Un 80 por ciento de los ciudadanos está preocupado por la posible transmisión del Covid-19 a través de objetos de uso cotidiano, como el teléfono móvil y las tablets, tanto en el entorno doméstico como en el profesional, aunque solo el 36 por ciento del total desinfecta su dispositivo a diario.

Este mismo estudio refleja que entre quienes no desinfectan diariamente su móvil (64 por ciento de los encuestados), la mitad no lo hace por desconocimiento, y la otra mitad porque teme estropear su dispositivo al ponerlo en contacto con el agua.

Las mujeres manifiestan una mayor preocupación en cuanto a la posible propagación del virus a través de dispositivos móviles: un 83 por ciento de las encuestadas, frente al 76 por ciento de los hombres.

En cuanto a los rangos de edad, los menores de 35 años son quienes se muestran más preocupados, con un 84 por ciento de los encuestados de esta franja. Por contra, los mayores de 65 años son los que menos preocupación muestran (75 por ciento).

Para luchar contra este riesgo, el 87 por ciento de españoles estaría interesado en un móvil o tablet que se pudiera lavar o desinfectar diariamente, sin riesgo a que se pudiera deteriorar o estropear, para así evitar la posible propagación del virus en el entorno doméstico y profesional.

No obstante, solo uno de cada cuatro españoles conoce la existencia de smartphones altamente resistentes, o rugerizados, que ofrecen las mismas prestaciones tecnológicas y son totalmente estancos y por tanto lavables con agua y jabón, o incluso con gel hidroalcohólico compuesto por isopropanol o etanol.

El Centro de Documentación de Medio Ambiente, que custodia 200.000 ejemplares especializados, ha recibido ya más de 3.500 fotos y vídeos que retratan el estado de barrios y municipios tras la gran nevada de enero, ha informado el Gobierno regional.

Un fondo documental al que pueden acceder todos los ciudadanos y que se encuentra en el Centro de Documentación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ubicado en el número 17 de la calle Maudes, y que hoy viernes ha visitado la consejera del ramo, Paloma Martín.

Este centro ha recibido de manera voluntaria 3.500 documentos, entre vídeos y fotos, procedentes de todos aquellos ciudadanos que inmortalizaron una de las mayores nevadas de la historia de la región. Se trata de instantáneas aportadas por profesionales de la fotografía y aficionados y que aún se pueden seguir enviando hasta el mes de junio con el objetivo de preservar lo acontecido a las generaciones futuras.

También se han recibido 25.000 imágenes relacionadas con la pandemia por Covid-19.

El Centro de Documentación de Medio Ambiente es único por su especialización y los servicios que ofrece a los ciudadanos. En ese sentido, custodia 200.000 documentos de gran valor científico que datan del siglo XVIII hasta la actualidad como revistas, mapas, fotos y colecciones vinculadas al urbanismo y la arquitectura.

Martín ha destacado «el talento y conocimiento científico sobre el medio ambiente que recoge este espacio, un pequeño oasis arquitectónico en pleno Madrid y un lugar abierto a todos los madrileños que recoge historia y curiosidades vinculadas al medio ambiente y la ordenación del territorio».

MÁS DE 200.000 EJEMPLARES

El Centro de Documentación de Medio Ambiente integra una biblioteca, una cartoteca, una fototeca, la hemeroteca y un punto de venta de cartografía y publicaciones, a los que tienen acceso todos los madrileños.

La oferta es amplia, variada y supera los 200.000 ejemplares entre los que destacan la documentación sobre medio ambiente, ciencias naturales, sostenibilidad, transportes e infraestructuras, arquitectura y vivienda, planeamiento urbanístico, desarrollo urbano, construcción y obra civil, así como Derecho Urbanístico y Medioambiental.

Además, en este emblemático edificio se custodia documentación que data del siglo XVIII y que cualquier científico, experto en medio ambiente o ciudadano de a pie puede consultar, previa cita online.

Entre sus fondos, se encuentra el legado procedente de la Biblioteca de Medio Ambiente creada en 1988 por la extinta Agencia del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

Unos fondos que llegaron en 2013 y que se integraron dentro de la colección con la que cuenta la biblioteca, en la que se está realizando una importante labor de digitalización de los documentos con una doble finalidad: preservarlos y facilitarlos a través de un catálogo en línea desde cualquier lugar y dispositivo.

DOCUMENTOS DE ENORME VALOR

Numerosos son los tesoros que alberga este complejo, entre los que destaca el Plan Bidagor, (1946) y su documento de trabajo (1943), el primer plan de ordenación urbana de la capital que reguló los usos del suelo por zonas, considerado como un verdadero instrumento de modernización en el desarrollo de la ciudad, y que incluía a Madrid y otros 28 municipios. Este Plan General de Ordenación Urbana debe su nombre al arquitecto que dirigió el mismo, Pedro Bigador Lasarte.

Otros documentos destacados son el Atlas histórico de Pedro Texeira (S.XVII) que incluye la descripción de España, (costas y puertos de sus reinos); el Plano Callejero de Madrid de Cobranzas, fechado en 1928; grandes y brillantes volúmenes como el facsímil del Atlas Geográfico de España de 1804 de Tomás López; la Cartografía de Santa Cruz o la edición facsímil de los Planos de Madrid (1622-1992) y de la Topografía de la Villa de Madrid de Pedro Texeira de 1656, publicadas por el Ayuntamiento de Madrid.

El servicio de consulta de los diferentes documentos físicos con los que cuenta el centro se ha recobrado progresivamente, con un sistema de cita previa, los martes y jueves de 9.00 a 14.00 horas, pudiendo visitarse previa reserva a través del correo electrónico centrodoc.cmayot@madrid.org o a través de la web: https://gestiona7.madrid.org/CTAC_CITA/MAMB o a través del teléfono: 91 580 31 79.

El Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Loyola a través de investigadores del grupo PositiveCom participará a lo largo de los próximos dos años en un proyecto financiado por la Comisión Europea para conseguir a través de la educación en competencias digitales, formar a personas capaces de detectar la desinformación que se produce habitualmente en medios digitales.

Para ello, en una nota la Universidad Loyola ha explicado que el proyecto busca actualizar los planes de estudios universitarios en cuanto a la información digital, formar a los docentes en metodologías innovadoras y ajustar las competencias digitales a las necesidades de los mercados laborales.

El objetivo principal del proyecto es la innovación en el ámbito de la alfabetización informativa digital y el papel de la educación superior en la mejora de las capacidades de las personas para gestionar información compleja, pensar de forma autónoma y crítica, utilizar los recursos de forma inteligente y ser resilientes.

Los objetivos, las actividades y los resultados finales innovarán en los métodos y las herramientas de enseñanza digital en la educación superior y educación de adultos, abordando las fake news. Se elaborarán directrices sobre alfabetización mediática e informativa analizando casos reales y se crearán herramientas de evaluación decompetencias digitales entre otras acciones.

Esta inclusión de herramientas, metodologías y actividades innovadoras en los programas académicos y en las instituciones de educación superior garantizará beneficios a largo plazo para laenseñanza superior y de adultos en Europa.

En la línea de este proyecto, los investigadores de la Universidad Loyola ya lideran desde 2019 el proyecto europeo Spotted (School Policies to Tackle Fake News), que trata de mejorar la alfabetización mediática de estudiantes y profesores de educación secundaria, así como las habilidades de comunicación e información digital, en concreto en informaciones que proceden de Internet y de redes sociales y se comparten rápidamente entre jóvenes a través de dispositivos móviles.

El nuevo proyecto coordinado por la Universidad de Bolonia cuenta con la participación de la Universidad Loyola además de la Universidad Europea del Sur Este, en Macedonia, la Asociación Española de Movilidad Internacional, Pagella Política, en Italia, Globsec yla Universidad Mateja Bela, en Eslovaquia, la Universidad de Tirana en Albania y la Escuela de Periodismo de Novi Sad en Serbia. Entre todos desarrollarán marcos educativos comunes en materia de educación digital, tal como recomienda la Unión Europea, ya que la escasez de alfabetización digital puede suponer una amenaza para que se produzcan acciones específicas de desinformación contra esos países y obstaculicen su adhesión a la UE.

La alfabetización informacional digital es el conjunto de habilidades integradas que abarcan el descubrimiento y la evaluación reflexiva de la información, la comprensión de la de la misma y la evaluación crítica de las fuentes. La competencia digital se perfilacomo la capacidad de buscar, recopilar y procesar información y utilizarla de forma crítica y sistemática, evaluando la relevancia y distinguiendo lo real de lo virtual al tiempo que se reconocen los vínculos.

La alfabetización informativa está directamente relacionada con la empleabilidad del individuo, para conseguir un empleo y para mantenerse en él o avanzar en el trabajo.

Además, el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la población Adulta (Piaac) indica que entre el 20 y el 25 % de los adultos europeos de entre 16 y 65 años con bajos niveles de competencia en alfabetización informacional digital se enfrentan a un mayor riesgo de desempleo y exclusión social. Estos han sido alguno de los conceptos inspiradores de los objetivos de este proyecto.

El proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea a través del programa Erasmus + KA203: ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for higher education’ y el apoyo del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).

La escritora Najat el Hachmi, ganadora del Premio Nadal 2021 con la obra ‘El lunes nos querrán’, ha subrayado que «lo más devastador de la opresión a las mujeres es que interiorizan esas normas injustas», según ha manifestado en la charla que ha compartido con el alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) ‘Antonio de Ulloa’ de La Rinconada (Sevilla) en una actividad que se encuadra en las actividades del Centro Municipal de Información a la Mujer para conmemorar el 8M.

En un comunicado, el Ayuntamiento de La Rinconada señala que Najat El Hachmi (Nador, Marruecos, 1979) emigró de niña a Cataluña y allí decidió que quería ser escritora. «Y lo hizo para poder expresar su rechazo a la represión musulmana de la mujer, ésa que ella ha experimentado en sus carnes», añade. La escritora ya ganó en 2008 el premio Ramón Llull con ‘El último patriarca’, un libro que aborda «con autocrítica el machismo islámico», pero ahora con su última obra, ‘El lunes nos querrán’, ha conseguido el Premio Nadal 2021, que se estructura en base a una larga carta que la protagonista escribe a su mejor amiga. «El relato de las discriminaciones de la mujer musulmana inmigrante, como ella misma, en la periferia de Cataluña lleva a Najat El Hachmi a denunciar una paradoja: la cultura occidental no interviene sobre esos entornos por temor a ser acusada de racista», agrega.

Indica que ese activismo para reivindicar la figura de la mujer y posicionarse en la lucha por la igualdad de género es lo que ha hecho al Centro Municipal de Información a la Mujer, en un trabajo conjunto con el área de Cultura del Ayuntamiento, apostar su presencia en La Rinconada, en el Centro Cultural Antonio Gala, desde donde ha compartido un encuentro con el alumnado del IES ‘Antonio de Ulloa’, que se ha emitido a través del canal Youtube del Consistorio en directo vía streaming y cuyo hilo conductor ha sido una entrevista con Sergio Moreno, de Radio Rinconada.

Durante la misma, la escritora ha destacado que «lo más devastador de la opresión a las mujeres es que ellas mismas interiorizan esas normas injustas, se crean un patriarca interior que le marca lo que tiene que cumplir y, cuando lo consideran injusto, tienen que transgredir esas normas, lo que genera culpa». «La historia del feminismo nos enseña que hay que cambiar las normas que son injustas, no que una persona, a título individual, las que conquisten esas libertades», agrega.

Ha mostrado su rechazo al uso del velo islámico en los colegios españoles, una medida defendida incluso desde posiciones progresistas en señal de respeto a los rasgos identitarios de otras culturas: «el velo es un símbolo patriarcal y machista que invisibiliza a las mujeres que que -como en su caso-, no desean vertebrar su identidad con respecto a una religión acaparada cada vez más por los discursos ultraortodoxos y fundamentalistas».

Destacaba que «erramos cuando centramos el discurso en qué es y qué no es feminista, porque nos escoramos del tema principal, que es señalar, analizar, cuestionar y combatir el machismo».

Por su parte, la edil de Igualdad de La Rinconada, Noelia Ramírez, ha abogado por «seguir avanzando hacia la igualdad real sin detenernos, puesto que aún queda mucho camino por recorrer». Ramírez señala que la ganadora del primer Premio Nadal, Carmen Laforet, con su obra ‘Nada’, «ya reivindicaba la independencia de las mujeres en una sociedad tan traumatizada como la de la postguerra española y, 77 años después, autoras como Najat el Hachmi tienen que seguir haciéndolo».

También ha intervenido la responsable municipal de Cultura, Raquel Vega, que se refería a la invitada como «una voz, dentro de la literatura joven, con fuerza vital». Vega destaca que «su escritura se caracteriza por la valentía, que lucha contra la opresión, los prejuicios y las diferentes clases de discriminación: de clase social; de origen; y, por supuesto, de género, algo que comparte totalmente la línea de actuación del Ayuntamiento de La Rinconada». Entre los invitados, también estuvo el reputado escritor, Fernando Iwasaki.

Un veintena de jóvenes ha entrado este viernes en la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia y se ha concentrado en el patio para exigir «la retirada de la Ley de Mordaza», así como de todos los procedimientos sancionadores impuestos por la huelga feminista celebrada en 2018, algunos de ellos, aseguran, recibidos recientemente. Además, varias personas se han concentrado fuera del Palacio del Temple para apoyar la reivindicación. A primera hora de la tarde, el grupo ha abandonado el inmueble tras haber sido atendidas por la delegada, Gloria Calero.

La Asamblea Feminista de Valencia ha colgado en redes sociales el siguiente mensaje: «Ocupamos la Delegación de Gobierno y pedimos la derogación de la Ley Mordaza en su totalidad, no la modificación; el archivo de todos los procedimientos administrativos en curso relativos al movimiento feminista; el reconocimiento público donde conste que las personas más afectadas por la Ley Mordaza han sido las esenciales, en mayor medida mujeres migrantes, y el reconocimiento de las cargas y abusos policiales a las movilizaciones por la libertad de expresión».

Todas estas peticiones se han plasmado en una ‘Carta de Compromiso Institucional’ firmada por el colectivo Feministes i Antiracistes sense Mordassa y para que la pretenden conseguir el compromiso público de la delegada del Gobierno, Gloria Calero, con quien han reclamado reunirse.

La representante de la administración central ha estado hablando con el grupo. Tras ese encuentro, dos de las integrantes de la asamblea feminista han lamentado que Calero «reconoce la voluntad de derogar la Ley Mordaza, pero demuestra otra vez el doble rasero de esta Delegación» y han considerado que si realmente tuviera «voluntad política», nos les habrían llegado las últimas multas «a tres compañeras que fueron a un juicio en apoyo a las ‘piqueteras'».

En esta línea, han reconocido que la delegada se muestra «favorable al diálogo» en todas las conversaciones privadas, pero «después no tiene la voluntad de salir públicamente y reconocerlo. «No sabemos hasta qué punto se compromete», han constatado, para insistir en que la voluntad no es suficiente.

Por último, las feministas han animado a «llenar las calles estos días». «El 8 de Marzo no ha hecho más que empezar», han reivindicado, coreadas por algunas compañeras.

Fuentes de la Delegación de Gobierno han señalado que la prioridad ha sido garantizar la seguridad de los trabajadores y de todas las personas que se encontraban en el edificio.

El Papa ha señalado en su segundo discurso en Irak, país al que llegó este viernes para mostrar su apoyo a la comunidad cristiana, diezmada por la guerra y el terrorismo de matriz yihadista, que «el odio, la violencia y el derramamiento de sangre» son «incompatibles» con las religiones.

El Papa ha pronunciado estas palabras en la catedral siro-católica de ‘Nuestra Señora de la Salvación’ en Bagdad en el encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y catequistas.

A su llegada, el Papa ha sido acogido por un grupo de jóvenes con diversas discapacidades y, tras bendecir la puerta, ha entrado en esta iglesia reconstruida en 2014 donde al Qaeda asesinó a más de 45 personas, entre ellas los sacerdotes Thair y Wasim, en un atentado perpetrado durante una misa de domingo el 31 de octubre de 2010.

Para el Papa, estas personas son mártires y «recuerdan con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas». En su alocución, el Papa ha reivindicado a todas las víctimas «de la violencia y las persecuciones, pertenecientes a cualquier comunidad religiosa».

La catedral donde ha pronunciado estas palabras está llena de símbolos en recuerdo de los cristianos asesinados en 2010. Por ejemplo, un camino de baldosas señala el lugar donde cayeron asesinados y sus nombres están grabados en las paredes. Francisco ha querido mostrar su cercanía y apoyo a la comunidad cristiana iraquí a la que dijo: «Sabemos qué fácil es contagiarnos del virus del desaliento que a menudo parece difundirse a nuestro alrededor. Sin embargo, el Señor nos ha dado una vacuna eficaz contra este terrible virus, que es la esperanza que nace de la oración perseverante y de la fidelidad cotidiana a nuestro apostolado. Con esta vacuna podemos seguir adelante con energía siempre nueva, para compartir la alegría del Evangelio, como discípulos misioneros y signos vivos de la presencia del Reino de Dios, Reino de santidad, de justicia y de paz».

Así, ha hecho hincapié en que el amor de Cristo pide «dejar de lado todo tipo de egocentrismo y rivalidad», ya que «impulsa a la comunión universal» y llama a formar «una comunidad de hermanos y hermanas que se cuidan unos a otros».

Por otro lado, el Papa ha deseado que todos los líderes religiosos proclamen al unísono su «convicción de que la religión debe servir a la causa de la paz y de la unidad entre todos los hijos de Dios». A su juicio, la riqueza de Irak son sobre todo sus jóvenes, cuya «paciencia ya ha sido puesta a prueba duramente por los conflictos de estos años».

Por último, ha apostado por la unidad de las diferentes iglesias cristianas presentes en el país, pues «todo esfuerzo que se realice para construir puentes entre la comunidad y las instituciones eclesiales, parroquiales y diocesanas servirá como gesto profético de la Iglesia en Irak».

El Papa ha llegado a Irak en plena pandemia con unas restrictivas medidas de seguridad para evitar los contagios que impedirán a los poco más de 200.000 cristianos que viven en el país asistir presencialmente a los actos previstos en su agenda. De hecho, excepto la misa que celebrará en un estadio de Erbil el domingo, y a la que está previsto que asistan cerca de 10.000 personas, todas las citas públicas del Papa se desarrollarán durante estos tres días a puerta cerrada y con un número muy reducido de participantes.

La diputada electa de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha explicado este viernes que los ‘cupaires’ se han fijado nuevos objetivos para las negociaciones de cara a la próxima legislatura y que quieren obtener el compromiso de ERC y Junts de impulsar una renta básica universal y una regulación «efectiva» del alquiler, entre otras cuestiones.

En rueda de prensa telemática, ha celebrado que en las negociaciones de las últimas semanas han obtenido compromisos de ERC y Junts para trabajar en la posibilidad de establecer una moratoria del uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos d’Esquadra, que la Generalitat no ejerza de acusación particular contra activistas y que la Brigada Mòvil (Brimo) no intervenga en los desahucios.

Reguant ha destacado que es positivo haber obtenido estos compromisos y espera poder «concretar lo más rápidamente posible estas propuestas».

Además, ha afirmado que ahora la CUP quiere lograr nuevos avances en estas negociaciones y ha situado sus próximos objetivos: una renta básica universal, regular de manera efectiva el alquiler, potenciar el sector público, y apostar por una industrialización que sirva para avanzar en la transición ecológica y genere puestos de trabajo estables y de calidad.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT

Preguntada por si la CUP ha planteado en las reuniones con ERC y Junts que quiere la Presidencia del Parlament, Reguant ha confirmado que los ‘cupaires’ están dispuestos a asumir este cargo y que lo han planteado en los encuentros que han mantenido con los republicanos, Junts y comuns.

Para ella, la próxima Mesa del Parlament debe tener dos requisitos: que sea «nítidamente antifascista» para hacer frente a la presencia de Vox en la Cámara y que garantice que en el hemiciclo se puede hablar de todo ante los posibles litigios judiciales que puedan producirse, y si se cumplen estas dos condiciones están dispuestos a ostentar la Presidencia del órgano.

Asimismo, ha desvinculado el acuerdo que puedan alcanzar sobre la composición de la Mesa de un eventual pacto para la investidura y la formación del gobierno, ya que no quieren entrar en «reparto de sillas».

«Los acuerdos globales en el fondo forman parte de un reparto de sillas. No queremos intercambiar una silla por otra. Iremos hablando en cada momento y poco a poco sobre cómo hay que abordar la legislatura y, en base a esto, tomaremos las decisiones que sean», ha argumentado en referencia a la voluntad de ERC de llegar a un acuerdo global tanto de la formación del próximo Govern como de la Mesa del Parlament.

«FASE FINAL» DE DEBATE

El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Edgar Fernández, ha explicado que el partido ha activado la «fase final» del debate interno para acabar de definir el posicionamiento de la formación en estas negociaciones.

Este sábado se reunirá la Coordinadora Abierta Parlamentaria, que agrupa a las bases del partido y las organizaciones que dan apoyo a la candidatura, para «definir el marco final de las negociaciones», y el domingo y el martes se reunirán las Asambleas Abiertas Parlamentarias, que incluye la militancia de todas las organizaciones que apoyan a la CUP.

El escritor Niklas Natt och Dag sigue en la novela ‘1794’ su mirada a la historia sueca del siglo XVIII en el que recupera el «recuerdo doloroso» para el país de haber participado en el tráfico de esclavos y que como en la anterior ‘1793’ muestra un Estocolmo marcado por la Revolución francesa.

La novela, publicada en castellano por Salamandra y en catalán por Proa, vuelve a contar con el vigilante y exmilitar Mickel Cardell, al que la madre de una joven pide ayuda para esclarecer la muerte de su hija en su noche de bodas con un joven aristócrata que había sido enviado a la colonia de San Bartolomé, en el periodo que estuvo bajo gobierno sueco, ha explicado este viernes el escritor en rueda de prensa telemática.

Ha afirmado que el tráfico de esclavos en esta colonia sueca es un hecho que «se desempolva para pinchar el globo de autoconfianza» de la sociedad sueca, y que no se ha tratado demasiado en la ficción.

Natt och Dag ha dicho que existía «una autocensura» en los archivos del país sobre este periodo en San Bartolomé, pero que a partir de mediados del siglo XX se empezó a conocer y ahondar, y ha recordado que convirtió el puerto de la ciudad de Gustavia en núcleo del tráfico de esclavos en un periodo breve.

Se ha mostrado contrario a la imagen de los suecos de sí mismos como buenas personas: «Está pervertido, somos igual que los demás», ha subrayado.

Sin uno de sus protagonistas en ‘1793’, el veterano de guerra Cardell busca en el hermano del compañero perdido formar un nuevo dúo, pero «va mal», y ha dicho que el hecho de ‘matar’ a uno de sus protagonistas le ha permitido encontrar una forma orgánica de continuar la historia.

«IDEAS POCO CONVENCIONALES»

Ha dicho que si hubiera sobrevivido el protagonista, quizá en este segundo libro hubieran solucionado otro caso y convertiría la historia en una serie hasta que se hartara, pero que de este modo ha pensado «ideas poco convencionales» para constituir la trilogía, de cuyo tercer volumen ya ha entregado un borrador a su editor sueco con la previsión de que se publique en el país escandinavo en otoño.

Natt och Dag ha asegurado, ante las reacciones que hubo ante su primer libro, que en sus novelas se muestra una violencia «desagradable y sin crear entretenimiento».

Ha explicado que su agencia literaria está interesada en una adaptación audiovisual de las novelas, ante lo que ha dicho tener «sensaciones ambivalentes», y ha considerado que la literatura es un medio muy superior.

El escritor ha dicho, que una vez concluida, quiere introducirse en la historia de su familia, una de las más influyentes en Suecia de los siglos XV a XVII, pero a la que no quiere «glorificar».

El editor de Proa, Jordi Rourera, ha subrayado que este ‘1794’ no es una continuación típica sino que añade «complejidad» a ese Estocolmo chocante presentado en la primera novela: ‘1793’ ha vendido unos 35.000 ejemplares en castellano y 4.000 en catalán.

La plataforma de afectados por covid en las residencias de mayores de Jaén y Andalucía ha presentado ante la Fiscalía jiennense la segunda denuncia colectiva de familiares. En esta ocasión es por las 37 personas que, según datos de la plataforma, fallecieron en la Residencia Caridad y Consolación, en Jaén capital, durante la segunda oleada.

Se trata de la segunda denuncia colectiva presentada por este plataforma que hace dos semanas interpuso la primera por los fallecidos en la residencia Orpea de Andújar. En este primer caso la Fiscalía ya ha abierto las correspondientes diligencias de investigación.

Desde la plataforma, Verónica Medina ha indicado en un comunicado que «lo ocurrido en «Caridad y Consolación en octubre pasado es un auténtico drama humanitario sin parangón en la historia de nuestra ciudad y exige una clara asunción y reconocimiento deresponsabilidades por parte de sus gerentes».

«Por sus numerosos contagios, sus numerosas muertes y sobre todo por las lamentables condiciones de deterioro acelerado de mayores sanos, como mi madre, que se podrían haber amortiguado o aminorado con mejor gestión interna, más transparencia y mejor información real a los familiares», ha señalado Medina.

Por su parte, el portavoz de la plataforma, Alberto Puig, ha subrayado se ha trasladado «continuamente» que la pandemia covid es «casi un mal bíblico que no se frena por causa de la irresponsabilidad ciudadana y la movilidad social».

Sin embargo «en el interior de las residencias nuestros mayores ni se mueven ni por supuesto tienen conductas sociales irresponsables, por lo que la culpa de lo que ha ocurrido en la segunda y tercera ola, donde no se puede argüir la eximente de imprevisibilidad de la primera oleada, es exclusivamente de los gestores y propietarios de dichos centros residenciales, y de los supervisores públicos de la administración autonómica con competencias».

A juicio de la plataforma, en las residencias andaluzas con muchoscontagios (más 25 por ciento de usuarios) y demasiados fallecidos (más del cinco por ciento de usuarios), «creemos han fallado de forma simultánea, y por supuesto presuntamente, demasiadas cosas».

Por eso, todos los fallos que la plataforma entiende que se han dado, los ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal mediante las dos demandas presentadas contra los gerentes de Orpea Andújar y los gerentes de Caridad Consolación Jaén, y contra los altos responsables políticos y técnicos autonómicos provinciales de Salud y Políticas Sociales para dilucidar responsabilidades si finalmente las hubiera.

Puig ha insistido en que el interés a partir de ahora de la plataforma es «ayudar a la vacuna» dotando «de inmediato conmás y mejores medios y recursos, con funcionales planes de contingencia eficaces, revisando al alza los ratios normativos de trabajadores, a nuestro sistema de residencias de mayores».

El sistema de residencias, según Puig, está «herido por la Covid, pero también por la mala gestión interna y externa, sobre todo deaquellas residencias peor organizadas y con criterios básicamenteeconomicistas».

El PP-A inicia este fin de semana la celebración de los congresos provinciales, concretamente en Granada, este sábado y, en Málaga, este domingo. En este momento, también tienen fecha los congresos de Córdoba, el día 13, y de Sevilla, el día 27 de este mes, mientras que no se ha cerrado aún la de los congresos de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén.

La pandemia del coronavirus ha ralentizado el proceso congresual y el PP quiere celebrar antes del verano los congresos provinciales en los distintos territorios «para reforzar y consolidar» el liderazgo de Pablo Casado, según han informado fuentes de la dirección nacional. A partir de septiembre tocará el turno de los congresos regionales y, finalmente, el congreso nacional, que se prevé para el último semestre de 2022.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya aseguró el pasado 16 de febrero ante el Comité Ejecutivo que culminarán antes del verano los congresos provinciales y recalcó que quieren contar «con los mejores». «En los próximos meses tenemos que hacer partido, partido y partido. Contar con los mejores y abrirnos a la sociedad civil. Ésa es nuestra misión», proclamó.

Desde la dirección regional del PP-A se planteó a la dirección nacional un retraso de la celebración de los congresos provinciales, por lo menos hasta que pasara la tercera ola de la pandemia y que pudiera haber una mayor presencia de compromisarios en los cónclaves, manteniendo todas las medidas de seguridad. Sin embargo, desde Génova se consideró que ya debían empezar a desarrollarse en este mes.

Las conversaciones entre la dirección andaluza y la nacional, según fuentes del PP-A, continúan en este momento de cara a los congresos que aún no han sido convocados. El caso de Cádiz es el más complicado dado que la actual presidenta provincial, Ana Mestre, que también es delegada de la Junta en la provincia, se ve afectada por la incompatibilidad que marcan estatutos nacionales del partido entre cargos en gobiernos y cargos orgánicos.

COMIENZO DE CONGRESOS

En cuanto al desarrollo de los congresos que ya están convocados, este sábado, en Granada, con un único candidato, opta a la reelección como presidente provincial Francisco Rodríguez, que también es alcalde de Alhendín. Al congreso asistirán de manera presencial el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la secretaria general del partido, Loles López, que realizarán intervenciones.

Dadas las actuales condiciones sanitarias, el congreso se celebrará mediante un «sistema de votación y de participación mixto», de manera que en la sede provincial se darán cita 70 personas y el resto lo harán de forma telemática.

Este congreso, que cuenta con 2.055 compromisarios, será el primero que se hace siguiendo este modelo en Andalucía, ya que se prevé que los demás congresos también sigan un modelo mixto de presencialidad limitada y participación telemática.

En Málaga, opta a la reelección el actual presidente del PP de Málaga y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, como único candidato. Aspira a su cuarto mandato en este XIII Congreso del Partido Popular de Málaga, que elegirá la dirección del partido en la provincia para los próximos cuatro años y debatirá varias ponencias. También asistirán Moreno y Loles López, que tendrán intervenciones.

El tercer congreso que se celebrará será el de Córdoba, el sábado 13, en el que Adolfo Molina optará a la reelección como presidente provincial y se debatirán además dos comunicados bajo los títulos ‘Córdoba, nuevas prioridades para nuevas realidades’ y ‘Un nuevo modelo de partido al servicio de Córdoba’.

En cuanto al congreso de Sevilla, el día 27 de marzo, opta a la reelección como presidenta Virginia Pérez, pero el alcalde de Carmona, Juan Ávila, anunció el pasado martes que también optaría al cargo, tras contar con la «autorización» de Loles López y de Moreno quienes le han «apoyado», según dijo, desde la «perspectiva» de sus cargos orgánicos.

El domingo 7 de marzo finaliza el plazo para la recogida de un mínimo de 90 avales para formalizar la candidatura. Ávila aseguró que goza de «suficiente apoyo» para lograr esos avales necesarios en «24 horas».

Ante este escenario, desde la dirección regional se confía en que finalmente sea un «congreso de unidad» para que el partido salga lo más fortalecido posible, sobre todo, tras la situación que ya se vivió en el anterior congreso provincial de mayo de 2017, al que el partido también acudió dividido.

Por otro lado, en este momento hay cuatro provincias en las que aún no se ha fijado la fecha de los congresos provinciales: Almería, Cádiz, Huelva y Jaén. Tampoco está fijada la fecha de las respectivas juntas directivas provinciales que tienen que decidir sobre la celebración del congreso.

En relación con Almería, el actual presidente provincial, Gabriel Amat, manifestó hace unas semanas que se sentía con «ganas» y con «fuerzas» para optar de nuevo a la reelección. Ostenta el cargo desde 2004 y lo renovó en 2017 por última vez con un extenso apoyo de la formación aunque, por primera vez, ha señalado que esta decisión aún no está tomada en firme.

En cuanto al caso de Cádiz, la actual presidenta provincial, Ana Mestre, que también es delegada de la Junta en la provincia, ha expresado su intención de optar a la reelección en el cargo.

No obstante, el caso de Mestre se ve afectado por la situación de incompatibilidad que está marcada por el partido a nivel nacional entre cargos orgánicos y puestos en administración autonómica o con un escaño en el Congreso. Este asunto está siendo objeto de las conversiones entres las direcciones regional y nacional.

Sería también el caso de Juan Diego Requena, el actual presidente provincial del PP de Jaén y diputado en el Congreso. Sin confirmar oficialmente si optará o no a la reelección, expresó hace varios días sus «ganas de seguir trabajando por la provincia de la mano del partido». «Siempre lo he dicho, esté donde esté, sea como sea, mi corazón está en el partido y en la provincia. Lógicamente, claro que tengo el interés y las ganas de seguir trabajando por la provincia de la mano del partido», apuntó.

En cuanto a Huelva, el actual presidente provincial Manuel Andrés González, que también es diputado en el Parlamento andaluz, aún no ha confirmado públicamente si optará a la reelección en el cargo.

El PSOE ha presentado en el Congreso una iniciativa con la que busca que el Gobierno promueva una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte en general y, especialmente, en el fútbol, y a tal fin plantea que se interrumpan durante cinco minutos los partidos o eventos deportivos cuando se registren gritos o actitudes homófobas.

Los socialistas justifican la presentación de esta proposición no de ley ante la «gran hostilidad» que aseguran que existe en el deporte en general, particularmente en el fútbol, hacia la presencia personas LGTBI visibles entre la afición, los equipos técnicos, directivos y deportivos.

En concreto, reseñan que los estudios sobre la población LGTBI revelan que al menos el 6% de la población europea se considera miembro de este colectivo, lo que, según sus cálculos, supondría que «en España alrededor de 1,3 millones de personas LGTBI practicarían deporte y 270 de los 4.453 deportistas de alto nivel que tenía catalogados el Consejo Superior de Deportes en 2017 pertenecerían a este colectivo».

«MUY POCOS» PROFESIONALES RECONOCEN SU HOMOSEXUALIDAD

Y, por disciplinas, calculan que habría «algo más de 42.000 futbolistas LGTBI federados», según los datos oficiales de 2016, entre los cuales 142 lo harían como profesionales. Sin embargo, lamentan que «muy pocos» deportistas han reconocido pertenecer a este colectivo.

Por ello, con su propuesta, el PSOE pretende que el Consejo de Superior de Deportes impulse una campaña de sensibilización, formación y de lucha contra la LGTBIfobia, que podría incluir también la lucha contra el racismo, la xenofobia y la violencia por razones de odio, y que iría destinada a los deportistas, la afición, los directivos, los técnicos, los medios especializados y la sociedad en general.

En concreto, sugiere modificar el Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos al que se refiere el artículo 15.2 de la Ley contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Y TAMBIÉN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Ese artículo señala que el árbitro o juez deportivo podrá suspender provisionalmente el evento deportivo cuando existan conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes, y los socialistas quieren que también se incluya en esa relación actos conductas «intolerantes» contra la comunidad LGTBI o la violencia contra las mujeres».

La proposición del PSOE también emplaza al Gobierno a fomentar, en el marco de sus competencias, cursos hacia personal directivo, técnico y deportivo, de respeto a la diversidad y, en general y a la realidad de las personas LGTBI en particular, al modo de los que imparte la asociación Deporte y Diversidad en la Comunidad de Madrid.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSM) se reunirán este fin de semana para resolver sobre los recursos interpuestos contra la decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid de prohibir los actos que estaban previstos por el Día Internacional de la Mujer para el 7 y 8 de marzo, siguiendo el criterio adoptado en otras resoluciones similares, han informado fuentes jurídicas.

La prohibición ha sido recurrida por UGT, CC.OO., CGT y el Movimiento Feminista de Madrid, una de las organizaciones que ha convocado actos por el Día de la Mujer.

Movimiento Feminista de Madrid ha anunciado ya que adaptará sus acciones para burlar la decisión y «tener presencia» durante dichas jornadas.

Según el colectivo, se considera concentración a grupos mayores de 20 personas, así que realizarán actos en los que la presencia de asistentes no supere esta cifra, además de mantener las directrices de las autoridades sanitarias.

Por su parte, los sindicatos UGT y CC.OO. alegan en su recurso conjunto que la prohibición vulnera el derecho de reunión y manifestación al no estar restringido dentro del estado de alarma por la pandemia. Además, sostienen que su convocatorio tiene un riesgo «mínimo» de contagios al tener previsto la asistencia de 250 personas sin un recorrido al ser fija en la Plaza de Cibeles.

Una vez que los recursos lleguen al TSJM, la Sección Décima de lo Contencioso-Administrativo tendrá tres días para deliberar y emitir su fallo, que se conocerá previsiblemente este fin de semana.

La Sala seguirá el criterio de otras resoluciones «idénticas» en las que se ha mostrado a favor de preservar el derecho de reunión pero siempre cumpliendo estrictamente con las medidas sanitarias para evitar contagios como aforo, uso de mascarilla y distanciamiento social.

Tras la primera ola de la pandemia, esta misma Sala anuló la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid que impedía el 23 de mayo de 2020 la celebración de una concentración del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) de 50 personas al entender que prohibiéndola se vulnera el derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución.

La marcha fue autorizada pero respetando siempre los compromisos de seguridad expresados por los convocantes en su recurso para evitar contagios del Covid.

Los magistrados señalaron que «el derecho de reunión del demandante, manifestación colectiva del derecho de libertad de expresión que coadyuva a la formación de la opinión política, intensamente vinculado al pluralismo político y al funcionamiento del sistema democrático, debe ser preservado».

La jueza de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Alcoa’, María Tardón, ha dejado en libertad con medidas cautelares a las cuatro personas que han declarado este viernes tras la operación realizada por la policía en la que ser registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio en A Coruña y Avilés, una investigación que continua bajo secreto de sumario.

Fuentes jurídicas señalan que tanto los tres detenidos en el día de ayer como la cuarta persona que fue citada para que compareciera en sede judicial han declarado esta mañana ante Tardón. En concreto, se trata de Diego Peris, Luis Losada Gómez, Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho Carrascal.

Diego Peris es el administrador único del Grupo Riesgo, Luis Losada es un ejecutivo administrador único de System Capital –mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)–, Víctor Rubén Domenech es el presidente del Grupo Riesgo, y Alexandra Camacho era socia de System Capital.

A los cuatro se les imputan delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, asociación criminal y contra los derechos de los trabajadores. Como cautelares, la magistrada ha acordado retirada de pasaporte y prohibición de salir de territorio nacional para los cuatro, y para los tres últimos, además, comparecencias mensuales en sede judicial.

En la operación policial de este jueves, en la que participaron más de 100 agentes se registraron instalaciones en Madrid, Avilés (Asturias), A Coruña, Málaga y Castellón. En total, según comunicado del Cuerpo Nacional de Policía se entró en un total de once domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

Fuentes de Alcoa España puntualizaron que las fábricas de aluminio de Avilés y A Coruña ya no son de su propiedad desde julio de 2019, y añadieron que ninguno de los detenidos pertenece a Alcoa. Afirman además estar «cooperando con las autoridades» en relación al operativo desplegado en busca de pruebas de despatrimonialización fraudulenta en la venta de las que fueron sus plantas de A Coruña y Avilés.

De hecho, la multinacional estadounidense vendió ambas plantas en 2019 a Parter Capital Group «en una venta que fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores», según destacan en fuentes. Posteriormente, Alcoa presentó una demanda contra Parter relacionada con la venta de acciones en las dos plantas.

EL ANUNCIO DEL DESPIDO COLECTIVO

La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció en octubre de 2018 su intención de llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y A Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad».

Según afirmó entonces la compañía estadounidense, se trata de las plantas menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos», y se mostró dispuesta a trabajar para reducir el impacto de este proceso y a negociar un plan social con los trabajadores.

Apuntaba Alcoa que las plantas de Avilés y A Coruña se encontraban afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos», unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía.

Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos años «que previsiblemente continuarán en el futuro», alertaba Alcoa.

LA QUERELLA ADMITIDA DE DICIEMBRE DE 2020

Fue en diciembre del año pasado cuando Tardón admitió la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con ese proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y A Coruña.

La querella se presentó por hechos que, a juicio del querellante, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Se dirigía contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group.

En el auto de admisión, la magistrada oficiaba a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que realizara «una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella», para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes.

Además, «teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella», la jueza pedía a la UDEF que le informara sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos pudieran resultar relevantes para determinar su posible solvencia.

Tal y como explicaba Tardón en su auto, la querella se refería a Alcoa Inespal, una compañía estadounidense que se dedicaba a la producción de aluminio y que aglutinaba en sus dos centros de A Coruña y Avilés a un total de 688 trabajadores. Explicaba además que el inicio de la investigación contaba con informe a favor de Fiscalía y que es competente puesto que afecta a dos territorios.

Según señalaba la magistrada, la parte querellante sostiene que Alcoa Inespal engañó a los sindicatos representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de la extinción colectiva de la relación laboral, proceso iniciado el 17 de octubre de 2018, «eludiendo de esta forma el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros».

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación planteado por la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló los artículos 21.6 y 32.2 de la Orden de la Consejería de Educación, de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Bachillerato en la comunidad andaluza, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

El artículo 21.6 establecía que el nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico con los términos Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). Y, por otro lado, el artículo 32.2 disponía que las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada grupo con los resultados de la evaluación de las materias del curso, establecidos el artículo 21, y las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa.

Asimismo, según una nota de prensa, recoge que en las actas de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo se incluirá la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno.

El Supremo rechaza la tesis de la Junta de Andalucía que sostenía en su recurso que la introducción de la citada escala de indicadores en las actas de evaluación, así como en el expediente y en el historial académico, «es un elemento de evaluación que constituye una política propia». La sentencia, ponencia del magistrado Rafael Toledano, explica que esta materia es una competencia estatal, al ser un elemento integrante del currículo, por lo que no es posible calificarla de «política propia» de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El tribunal explica que la expresión del ejercicio de esa competencia por parte del Estado es la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En su artículo 2 establece que los resultados de evaluación de las materias se expresarán en Bachillerato mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.

Por tanto, la TS concluye que, en contra de lo afirmado por el recurrente, «sí existe un sistema de indicadores en la legislación estatal que expresa, de forma conjunta, tanto el grado de adquisición de las competencias como el logro de los objetivos de la etapa».

La sentencia fija como doctrina que «el establecimiento de los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, y su expresión mediante la fijación de escalas de indicadores en las actas de evaluación, actualmente recogidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, son materias que corresponden a la competencia del Estado en materia de educación, en tanto que constituyen un elemento integrante del currículo».

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, una iniciativa que cuenta con 200 millones de euros en los presupuestos del departamento para crear, entre otras medidas, una red de empleo público para cuidadores.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha estado negociando en los últimos meses con las comunidades autónomas el desarrollo de este Plan y ha creado un texto que deberá ser ratificado en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se celebra en abril.

En dicho documento, se recoge que el importe consignado al desarrollo del Plan Corresponsables podrá destinarse por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla a la financiación de proyectos para el desarrollo de actuaciones y/o prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con menores de 14 años.

UNA RED DE PROFESIONALES DEL CUIDADO

Esto se llevará a cabo a través de la creación de bolsas de cuidado profesional, a través de las cuales se habilitan «servicios de cuidado profesional de calidad, y con garantía de derechos laborales de los profesionales» del sector, que pueden prestarse en domicilio por un número determinado de horas semanales.

También se pueden habilitar estos servicios para dependencias públicas convenientemente habilitadas al efecto, «cumpliendo con las garantías sanitarias, tales como escuelas, centros municipales o polideportivos, entre otros», indica el texto de propuesto por Igualdad.

Las medidas que incluye el departamento de Irene Montero, también buscan la «creación de empleo de calidad». En este sentido, incluye el fomento del empleo en las bolsas de cuidado de personas jóvenes con perfiles profesionales correspondientes a perfiles TASOC (Técnica/o en Actividades Socioculturales), monitores de ocio y tiempo libre, TAFAD (Técnicas/os superiores de Animación Sociodeportiva), Educación Infantil, Auxiliares de Guardería y Jardín de Infancia.

Del mismo modo, recoge el establecimiento de convenios con el SEPE o los organismos de empleo de carácter autonómicos al objeto de fomentar la inclusión en las bolsas de empleo de personas con experiencia profesional en el sector de los cuidados formales e informales, especialmente mujeres mayores de 45 años.

Este sentido, llama al establecimiento de mecanismos públicos de reconocimiento de la experiencia de este colectivo no profesional de cuidados.

FINANCIACIÓN

«Las comunidades y ciudades autónomas deberán destinar los fondos asignados a cada una de ellas a las tres categorías mencionadas, no siendo posible desarrollar solo alguna o algunas de las líneas», explica el documento de Igualdad.

Del mismo modo, señala que «no se exigirá compromiso de cofinanciación de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y de Melilla o de las corporaciones locales, si bien en las fichas de presentación de proyectos y en las memorias de evaluación de los mismos se consignará la cantidad total asignada a estos programas, desagregando la que corresponde al Ministerio y la aportada con cargo a fondos propios o de terceros».

Así, explica, los gastos que se financiarán con cargo a los fondos transferidos desde el Ministerio de Igualdad serán servicios proporcionados (diagnóstico de la necesidad, derivación y prestación de servicios).

En cuanto, a la ejecución presupuestaria de estos gastos por parte de las autonomías se sujetará a las disposiciones legales en vigor aplicables según corresponda la naturaleza del gasto.

En concreto, indica, los contratos ejecutados en aplicación de los fondos recibidos deberán sujetarse a las prescripciones establecidas en la normativa de contratación del sector público, incorporando cláusulas sociales que promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En este sentido, Igualdad señala que queda excluida la financiación de gastos que por su naturaleza económica se encuadren en el capítulo 1 de Gastos de Personal o en los capítulos 8 o 9 de activos y pasivos financieros, respectivamente, así como gastos realizados que se materialicen en prestaciones económicas directas a personas y/o familias.

Además, excepcionalmente se podrá financiar la realización de gastos de capítulo 1 cuando éstos correspondan a la ejecución derivada de un programa de carácter temporal. Estos fondos se distribuirán territorialmente a través de las comunidades, que a su vez podrán establecer los convenios necesarios con las entidades locales de su ámbito, de acuerdo con las diferentes realidades institucionales.

El documento establece, al respecto, que la distribución de los fondos entre las diferentes tipologías de proyectos deberá respetar los siguientes porcentajes: Bolsa de cuidado y la creación de empleo de calidad, mínimo 84%; y la acreditación de experiencia informal de cuidado, mínimo un 10%.

Desde el Ministerio señalan que se trata de una política pública feminista y de un proyecto ‘semilla’ para garantizar el derecho al cuidado en España y que el Estado se haga corresponsable por primera vez de la conciliación de las familias.

La Audiencia Nacional ha avalado este viernes la orden del Ministerio de Sanidad por la cual se impone una cuarenta de diez días a los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica y otros diez países, por considerar que es una medida «proporcionada» e «imprescindible» para evitar la propagación del coronavirus y las nuevas variantes detectadas en esos lugares.

«La orden contiene una motivación adecuada y suficiente de la necesidad y urgencia de su adopción, para evitar la propagación de las variantes de COVID-19 en nuestro país, tratando de controlar los contagios y la proliferación de las variantes, cuando la incidencia es limitada para evitar una mayor propagación», ha concluido la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En concreto, ha señalado que la cuarentena de diez días que se exigirá desde la medianoche del 8 de marzo a los pasajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica, así como de Colombia, Perú, Botsuana, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue y Comoras, «es idónea para evitar la propagación de la enfermedad y de esas nuevas variantes».

Los magistrados han entendido que esta decisión de Sanidad «resulta proporcionada por cuanto es adecuada para alcanzar la finalidad perseguida, que es evitar la transmisión de dichas variantes en nuestro país, y resulta imprescindible para garantizar la salud pública en la situación sanitaria actual, pudiendo evitarse con la medida la necesidad de adoptar en el futuro próximo inmediato unas restricciones mayores en caso de que se descontrolara la epidemia con las nuevas variantes».

Además, han enfatizado que la orden ministerial «tiene un alcance temporal limitado», puesto que solo estará vigente catorce días, recordando que en el caso de que fueran prorrogados tendría que solicitarse nuevamente el ‘placet’ de la Audiencia Nacional.

LA SALUD FRENTE A LA MOVILIDAD

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa obliga a los poderes ejecutivos a recabar «la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considere urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente».

Por ello, la Abogacía del Estado ha acudido a la Audiencia Nacional, en una petición que ha respaldado también el Ministerio Fiscal, para que valide la orden ministerial del 2 de marzo que amplía a esos diez países las restricciones impuestas a los pasajeros que vengan desde Brasil y Sudáfrica, acordadas en otra decisión de Sanidad del 17 de febrero que ya recibió el visto bueno del tribunal.

Los magistrados han querido aclarar que su labor en estos casos «no puede referirse a un control de oportunidad de las medidas acordadas, ni tampoco supone un enjuiciamiento de la legalidad de la orden, supuesto este que solo podría efectuarse mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo contra la misma».

«De lo que se trata», han explicado, «es de comprobar que, efectivamente, la medida adoptada limita o restringe derechos fundamentales de los ciudadanos y si la limitación tiene cobertura legal, es adoptada por administración competente y con arreglo a una correcta motivación a partir del debido juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida».

En este sentido, han reiterado que «los derechos fundamentales no tienen un contenido esencial absoluto y pueden y deben ceder en ocasiones en su confrontación con otros derechos esenciales», para afirmar que «la limitación al derecho fundamental (…) de libre circulación y libertad de desplazamiento es necesaria y proporcionada en atención a la protección de otro derecho constitucional como el derecho a la salud e integridad física».

¿COBERTURA LEGAL?

Para la Sala, no hay duda de que la orden dictada por el Ministerio de Carolina Darias tiene cobertura legal y ha concretado que se apoya en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 y en las recomendaciones de la Unión Europea, «en orden a lograr un enfoque coordinado para el control de lapandemia», destacando que las adoptadas por España son similares a las acordadas en otros estados miembros.

Sin embargo, el magistrado Santiago Soldevila difiere en este punto del resto de sus colegas y por eso ha emitido un voto particular al que se ha adherido la magistrada Ana Isabel Gómez.

Soldevila ha indicado que su discrepancia «no se refiere al fondo del asunto, sino única y exclusivamente al instrumento jurídico empleado para adoptarla»: una orden ministerial. En su opinión, tales restricciones solo se pueden imponer por ley orgánica y la del 86 no ofrece cobertura ninguna porque se refiere a supuestos en los que las personas destinatarias están «perfectamente individualizadas», «que es exactamente lo contrario de lo que ocurre» en pandemia.

Como alternativa a una orden ministerial que considera que invade el espacio reservado por la Constitución a la ley orgánica y a una ley orgánica que no contemplaría el supuesto actual, Soldevila ha abogado por acudir a la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio del 81 para modificar el Real Decreto del pasado 25 de octubre por el que se declaró el segundo estado de alarma, para incluir en él las nuevas restricciones.