El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que España es una «tierra de concordia» en la que no se ve en la calle la «crispación» que, a su juicio, intenta la izquierda «trasladar» en la campaña electoral madrileña para «sacar un rédito electoral o movilizar las bajadas pasiones». Por eso, ha pedido «serenidad» ante las cartas amenazantes que se están enviando a políticos estos días.

«En España no hay un problema de convivencia sino un problema de polarización instigada por un Gobierno desesperado porque va a perder estrepitosamente las elecciones en la Comunidad de Madrid», ha declarado Casado en un acto del PP en Aranjuez para presentar la proposición de ley que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso para defender a las víctimas del terrorismo.

Tras aludir a la carta con cartuchos dirigida a su candidata, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que esto hay que «asumirlo con serenidad» como lo hizo en su día el expresidente José María Aznar saliendo del vehículo tras la explosión de un coche bomba «sacudiéndose la solapa»; o el expresidente Mariano Rajoy, que se fue a una óptica cuando le «partieron las gafas de un guantazo» en un paseo electoral en Pontevedra.

«AL PSOE LE CONVIENE LA TENSIÓN EN CAMPAÑA»

Casado ha asegurado que en su día el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reconoció en «un off the record» –que se hizo público– que al PSOE le interesaba «la tensión». «Al PSOE le conviene la tensión en campaña, como le convenía en los 90 con ese dóberman de los vídeos en blanco y negro metiendo miedo de ‘ya viene la derecha'», ha enfatizado.

Por eso, el presidente de los ‘populares’ ha recalcado que el PSOE «en todas las campañas electorales resucitan a Franco, legislan en lo moral y enfrentan por sexo, genero u orientación sexual», pero ha subrayado que «ya no cuela».

Tras asegurar que el PP quiere hablar de las «cuestiones que importan» a los ciudadanos, ha insistido en que, pese a las cartas amenazantes que se están conociendo, en España «no hay un problema de convivencia».

«RECLAMA OCUPARSE DE LOS PROBLEMAS IMPORTANTES»

A su entender, es «irresponsable» que los partidos políticos «intenten llevar una polarización a las calles para intentar sacar un rédito electoral o movilizar las bajas pasiones», algo que ha achacado a que no tienen «argumentos, balance de gestión, programa ni una idea que aportar al futuro de España».

Por todo ello, ha pedido de nuevo «serenidad» y «ocuparse de los problemas importantes», máxime cuando, según ha dicho, el Gobierno de Pedro Sánchez es el que «peor ha gestionado la crisis sanitaria» y ya hay «seis millones de parados», con «dos millones de personas en las colas del hambre».

«Pido concordia, pido convivencia y pido que no nos enfrenten en los temas que no están sucediendo en la vida real», ha demandado, para añadir después que el 4 de mayo tienen la oportunidad de mostrar con el voto «qué modelo de España» se quiere.

EXPRESA SU CONDENA TRAS LA CARTA CON BALAS A ZAPATERO

El presidente de los ‘populares’ ha recordado un día más las palabras del primer ministro italiano, Mario Draghi, asegurando «hay que pasar de la estupidez y la corrupción, a la inteligencia y la honestidad», ante el plan de recuperación con fondos europeos.

«Eso le digo yo a Sánchez. Deje ya de crear problemas inventados, crear polarización y enfrentar a los españoles, y ocúpese de lo que tiene que ocuparse», ha enfatizado en este acto de campaña del PP a seis días de las elecciones madrileñas.

Al término del acto, al ser preguntado por la prensa por la carta con dos balas interceptada que iba dirigida al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del PP ha expresado su «absoluta condena» de estos hechos. «Como siempre con todos», ha finalizado.

El Máster Universitario en Dirección de Empresas de la Universidad San Jorge (USJ), el único oficial de estas características que se imparte en la comunidad autónoma, ha actualizado sus contenidos en colaboración con CEOE Aragón, incidiendo en ámbitos como la transformación digital, la innovación y la internacionalización.

Dirigido tanto a recién egresados, como a personas que ya estén trabajando en la empresa, ofrece 60 plazas, y se impartirá entre octubre de 2021 y junio de 2022, en modalidad semipresencial –físicamente y en streaming–, con sesiones los viernes y sábados, a las que se sumarán talleres o seminarios algunos jueves, que se realizarán en colaboración con las compañías, en ese marco de cooperación con CEOE Aragón.

Así se ha dado a conocer en rueda de prensa, con motivo de la firma de un convenio de colaboración entre el director general del Grupo San Valero, César Romero, al que pertenece la USJ, el presidente de la Confederación de Empresarios (CEOE) de Aragón, Ricardo Mur, y la rectora de la citada universidad, Berta Sáez.

Este máster cuenta con once ediciones anteriores y ahora se ha renovado para atender a las necesidades surgidas en las empresas y organizaciones en el contexto de transformación actual, con un «completo programa» para cubrir todas sus necesidades, ha dicho la rectora, Berta Saéz.

Entre otras cuestiones, los contenidos abordarán la industria 4.0, «que supone una completa digitalización de las cadenas de valor a través de una integración entre tecnologías de procesamiento de datos, software inteligente y sensorización», ha contado.

El máster tratará también sobre la transformación digital de las comunicaciones y de los negocios; el uso de Big Data en Business Intelligence y Business Analytics; las nuevas perspectivas en el área de la inteligencia artificial; y la actualización de los modelos empresariales en finanzas, márketing y movilidad.

Otros contenidos serán las nuevas formas de logística a nivel global, metodologías ágiles para la toma de decisiones y nuevos escenarios en la época ‘poscovid’, que incluyen la gestión del teletrabajo, nuevos horarios y escenarios geográficos y otros aspectos, además de abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

APORTACIÓN DE LA CEOE

La rectora ha subrayado que para impartir esta formación la CEOE va a aportar profesionales al claustro del máster, que también colaborarán en seminarios y talleres y aportarán su experiencia en las metodologías de enseñanza y aprendizaje a través de visitas a compañíass. Además, gracias al convenio suscrito las empresas podrán participar en el programa de prácticas y apoyar a la contratación de alumnos del máster.

Berta Sáez ha resaltado la participación «muy activa» de la CEOE en esta actualización de contenidos, a través de varios paneles de expertos, y ha remarcado que proyectos como éste «se demuestran que es mejor abordar los desafíos sumando esfuerzos y experiencias, porque juntos somos más, y por supuesto qué mejor compañero de viaje que la organización que suma a la mayoría de las empresas aragonesas».

Por su parte, el presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, ha esgrimido que este máster «acerca el mundo de la empresa a la universidad» y traslada sus necesidades «para que los alumnos sean formados en aquello que va a permitir que las compañías sean más competitivas», con el «valor diferencial» que supone haber participado en el diseño de los contenidos, incluyendo cuestiones sin las que «ya no se entiende la dirección de empresa».

Mur ha defendido, además, que junto a la posición geográfica, la estabilidad política y las facilidades y ayudas fiscales, el «talento» forma parte de la «competitividad de un territorio», un ámbito en el que «Aragón lo está haciendo relativamente bien», como se demuestra por la atracción de proyectos inversores «en los últimos tiempos».

En este punto, ha enfatizado el papel del Grupo San Valero, que ofrece especialización tanto en Formación Profesional, como universitaria, permitiendo encontrar «profesionales adecuados», con el que, asimismo, ha dicho comparte «valores», como el esfuerzo, el talento, la formación y la capacidad de «involucrarse» en el territorio.

Mur ha apelado a la importancia de que los directivos estén formados y también los jóvenes que aspiran a tener una carrera en la empresa, con una mejor cualificación, empleabilidad y «ayudando a la competitividad» de las compañías, y se ha felicitado por tener un máster así en Aragón, «on todas las facilidades que aporta la USJ».

El presidente de CEOE Aragón se ha comprometido a «volcarse» en su difusión entre sus socios, «para que llegue al mayor número de personas interesadas y los alumnos puedan hacer las prácticas».

FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN

El director general del Grupo San Valero, César Romero, ha esgrimido que la falta de productividad en la economía española se atribuye a la falta de capacitación de los trabajadores, «que hace falta», pero ha añadido que también se debe a la necesidad de una mejor preparación de los directivos.

En este sentido, ha argumentado que es «clave» para una organización «saber hacia dónde va» y cómo lograrlo y éste es el objetivo de este máster, «formar en dirección» y dar las herramientas para actuar «en un mundo en transformación», haciendo las cosas de otra manera.

Según ha sostenido, «hay que recuperarse, transformarse y adaptarse», en línea con los fondos europeos movilizados para hacer frente a la crisis generada por la pandemia del coronavirus, denominados, precisamente, de recuperación, transformación y resiliencia, ha glosado Romero.

Ha añadido que para esto es necesaria la formación y «hacer alianzas», contando con la empresa, «que no puede estar demonizada, como ha ocurrido en el pasado» porque «nos hace falta».

El director general de Grupo San Valero ha expresado su agradecimiento a CEOE Aragón por su labor desde el inicio de la pandemia, «poniéndose al frente» ante una situación para la que nadie estaba preparado», movilizando recursos para la asistencia sanitaria y apostando por la solidaridad, «en colaboración y alianza con las instituciones».

ESTRUCTURA DEL MÁSTER

El Máster Universitario en Dirección de Empresas de la Universidad San Jorge está dirigido, por una parte, a egresados que quieran conocer de primera mayo proyectos reales, y, por otra, a profesionales que no han tenido la oportunidad de conocer ciertos entornos profesionales y de alta dirección, a los que podrán acceder a través de los cuatro itinerarios diseñados, tras haber recibido una formación básica teórica transversal.

Así, se ha diseñado en siete módulos, los de dirección y organizaciones; finanzas y control; dirección comercial; marketing y comunicación; dirección y desarrollo de personas; innovación y proyectos; y empresas y globalización.

Una vez que el alumno los haya superado y antes de realizar el trabajo final de máster, deberá cursar uno de los cuatro itinerarios que se proponen, exclusivos de este título. Son la iniciación en la investigación en el área de ciencias sociales; empresas de comunicación, ciencias sociales y jurídicas; empresas de innovación, creatividad y tecnologías; y empresas relacionadas con la salud y el ámbito sociosanitario.

Las clases se impartirán en la nueve sede del Grupo San Valero, situada en la calle de San Voto de Zaragoza, que estará operativa a partir de septiembre, y el trabajo fin de máster tendrá dos convocatorias, en septiembre y diciembre de 2022.

La rectora de la USJ, Berta Sáez, ha aclarado que la modificación de los contenidos de este máster está pendientes del informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva de Aragón (ACPUA) y de la autorización del Gobierno de Aragón.

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido este miércoles la «objetividad» e «imparcialidad» de esta institución en su labor como órgano consultivo del Gobierno, y ha avisado de que para que esto pueda seguir siendo así, es necesario que «quede al margen de la crispación y el sectarismo».

«Los consejeros y letrados actúan en beneficio de la sociedad, sin partidismos, con el único afán de garantizar la legalidad y los derechos de los ciudadanos, en un extraordinario despliegue de inteligencia colectiva», ha reivindicado durante el acto de presentación de la Memoria del Año 2020, que ha presidido el Rey Felipe VI y en el que también ha estado presente la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

En su intervención, De la Vega ha defendido que el Consejo de Estado actúa «con objetividad e independencia» en sus tareas de «guiar, asesorar y recomendar», y ha dejado claro que ni «deciden» ni representan. «Sino que pensamos», ha apostillado.

EL GOBIERNO A ATENDIDO EL 97% DE SUS RECOMENDACIONES

Eso sí, ha destacado que el Gobierno «no se limita a oír al Consejo» ya que, según los datos de la memoria de 2020, también «lo atiende», ya que «más del 97% de las resoluciones sometidas al Consejo» se han adaptado a sus recomendaciones. «Eso mide la importancia y calidad del trabajo que se realiza», ha enfatizado.

Pero para que esta labor se pueda seguir desarrollando de esta forma, De la Vega ha avisado de que este órgano debe seguir cumpliendo con su deber de «lealtad e imparcialidad» y con su «compromiso democrático», y hacerlo de manera «muy escrupulosa».

«Es necesario, para que el Consejo pueda seguir desarrollando su altísima misión tiene encomendada, que esta institución quede al margen de la crispación y el sectarismo», ha asegurado, en un momento en el que la política española atraviesa un momento especialmente tenso, por la polarización en campaña de las elecciones autonómicas en Madrid y las amenazas contra algunos políticos y miembros del Gobierno.

APORTA «PULCRITUD DE LEGALIDAD AL TRABAJO DEL GOBIERNO», SEGÚN CALVO

Por su parte, la vicepresidenta primera ha aprovechado la visita para agradecer al Consejo de Estado su labor de asesoramiento al Gobierno, especialmente durante la pandemia, pero también para señalar que su ámbito es diferente al del Ejecutivo, porque éste «está sometido al rigor de lo que representan las urnas».

«Estamos siempre asistidos por el Consejo de Estado y estamos agradecidos», ha afirmado Calvo, al tiempo que ha matizado que el Gobierno siempre procura seguir «la calidad» en su producción normativa.

En todo caso, ha destacado la «relevancia constitucional» que tiene el Consejo de Estado por prestar «pulcritud de legalidad y protección del interés general al trabajo del Gobierno», y ha asegurado que el Ejecutivo «aprecia, valora y sigue el trabajo en losdictámenes» del Consejo.

En este sentido, ha agradecido la aportación del Consejo de Estado para sacar adelante «una legislación que ha tenido que coger una intensidad particular, mediante la fórmula de la legislación de urgencia», además de las leyes de la agenda cotidiana que no han querido «abandonar».

«Hemos tenido que trabajar con unos criterios muy complejos, de urgencia, de presión, y de situaciones inéditas e insólitas, atravesando incertidumbres y pretendiendo trasladar seguridad y tranquilidad desde las instituciones constitucionales de nuestro país» ha afirmado.

Un hombre ha aceptado este miércoles una condena de 4 años de prisión por intentar matar a un ondontólogo de un centro de salud de Benicarló (Castellón) tras no atenderle presencialmente por las circunstancias sanitarias de la pandemia.

La sentencia, que la ha dictado un juez de la Sección Primera de la Audiencia de Castellón ‘in voce’ tras llegar las partes a un acuerdo de conformidad y que contempla la atenuante semiincompleta de trastorno mental, condena al acusado por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a no acercarse ni comunicarse con la víctima a menos de 500 metros por un periodo de 10 años y a indemnizarle con 3.600 euros por las lesiones y a 9.000 euros por las secuelas.

Los hechos probados ocurrieron el 15 de junio de 2020, cuando el procesado llamó por teléfono para pedir cita con el ondontólogo del centro de salud de Benicarló, donde le manifestaron que le llamaría el médico cuando pudiera. Sobre las 19.30 horas, el procesado recibió la llamada del odontólogo, el cual le indicó que solo podía atender casos de urgencia por las excepcionales circunstancias sanitarias y que solo era posible prestarle atención telefónica.

Por la insistencia del acusado, el médico se vio obligado a cortar la comunicación. Minutos más tarde, el procesado se personó en el centro de salud con la finalidad de ser visitado por el dentista y se dirigió a la consulta del facultativo, el cual estaba pasando consulta.

SACÓ UN CÚTER

Una vez dentro, el odontólogo le volvió a decir que no le podía atender y, entonces, el procesado sacó un cúter que llevaba en el bolsillo, lo abrió y le dijo que le iba a «cortar el cuello». Con el fin de acabar con la vida del médico, se abalanzó sobre él y le alcanzó en la cara, cuello, torso y mano izquierda, pero no consiguió su propósito al defenderse la víctima.

Como consecuencia de los hechos, el médico sufrió varias heridas, por las que necesitó tratamiento médico quirúrgico posterior y precisó para la curación de sus lesiones de 60 días impeditivos para sus ocupaciones habituales. Además, persiste la sintomatología de estrés derivado de la situación, perjuicio estético moderado y hormigueo y falta de sensibilidad en el dorno de la mano izquierda.

El procesado presenta un diagnóstico compatible con un trastorno depresivo grave recurrente, trastorno de adaptación y trastorno por abuso de sustancias, lo que produce en él un emprobrecimiento de su personalidad y un déficit de control de impulsos. En el momento en que cometió los hechos presentaba mermada su voluntad, pero conservaba su capacidad cognitiva.

Un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha calificado este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja ‘b’ que los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, donde el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas anotó los movimientos de la contabilidad paralela, eran «chapuceros» ya que «estaban llenos de errores».

«Mi conclusión sería que estos papeles no están completos. No nos parece creíble que una contabilidad ‘b’ se lleve en hojas sueltas. Se lleva en un libro», ha señalado a preguntas del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral.

La IGAE aportó varios informes periciales a la instrucción sobre la presunta contabilidad opaca del PP en los que concluyeron que las anotaciones contables de Bárcenas tenían «inconsistencias». El perito ha precisado que «aunque algunos movimientos se han verificado que son reales, hay otros movimientos que no lo son y pueden estar ahí por alguna intención».

Según ha explicado el experto de la IGAE, analizaron tanto los denominados ‘papeles de Bárcenas’ publicados en 2013 en ‘El País’ como los archivos informáticos que el propio extesorero entregó al entonces juez instructor de la causa, Pablo Ruz, en julio de ese año.

Para el perito, «en general, es una contabilidad muy chapucera, está llena de errores» y por ello considera que los documentos «no son buenos porque parece increíble que no se controle, que se llevara tan mal». Ha añadido que el hecho de que Bárcenas entregara después archivos en un ‘pendrive’ con la supuesta caja ‘b’ «hace pensar que esos papeles están hechos ‘ex profeso’, que no es la contabilidad real, que no son los papeles concretos».

«SOBRAN O FALTAN MOVIMIENTOS»

«No me puedo creer que se lleve de una forma tan chapucera el control de unos fondos de una caja ‘b’. Me inclinan a pensar que no son los verdaderos movimientos. Aunque haya movimientos que son los reales, no están todos, sobran algunos o faltan, pero hay tantos errores que no me puedo creer que se hicieran tan mal», ha insistido el perito de la IGAE.

Esta ha sido la conclusión que ha expuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional después de explicar que él da más credibilidad a los documentos manuscritos sobre la contabilidad ‘b’ del PP, al estar «más completos», que a las hojas de cálculo que entregó el extesorero posteriormente, ya que estos últimos son más «manipulables». Así, ha recalcado que se constató que «hay versiones contradictorias de los mismos movimientos».

Asimismo, ha apuntado que había «errores» en los saldos que «alguna vez» apuntó Bárcenas y que lo «lógico» sería que tras registrar entradas y salidas también se dejara constancia del saldo disponible en ese momento. «El que manejara la caja debería saber de qué saldo disponía, sin embargo no lo hacían», ha apostillado, al mismo tiempo que ha afirmado que «cuando se equivocan en el saldo suele faltar dinero».

Esta declaración del perito de la IGAE contrasta con lo que afirmaron ante el tribunal de la Audiencia Nacional los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El inspector jefe del grupo que investigó la caja ‘b’ y la trama Gürtel, Manuel Morocho, aseguró que los ‘papeles de Bárcenas’ eran creíbles y que todos los errores que contenían se debía a que era una contabilidad «rudimentaria», pero que al final los saldos siempre coincidían.

Preguntado por una de las acusaciones populares por los «errores» de los ‘papeles de Bárcenas’, el experto de la IGAE ha precisado que éstos se pueden entender puesto que «parece» que el extesorero del PP «realizaba borradores, iba tomando notas y algunos de ellos los pasaba al ‘pendrive’ o formato electrónico». Aún así, ha insistido en que no sabía si era por falta de cuidado o porque no le interesaba reflejar algún dato.

Asimismo, ha destacado que no existían justificantes de algunas de las salidas de la caja ‘b’ anotadas ya que, según ha recordado, el propio extesorero explicó que «la mayor parte de las salidas son abonos de las retribuciones». «Si los que reciben el dinero son los jefes o son conscientes de dónde reciben el dinero pues es normal que no firmaran nada», ha señalado.

DOBLE CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS

Otro de los peritos de la IGAE que ha comparecido ha entrado más de lleno en las obras de la sede del PP y ha afirmado que «hay indicios de evidencia de que los apuntes señalados en los ‘papeles de Bárcenas’ como hechos a Gonzalo Urquijo –socio de Unifica, empresa que realizó la remodelación– son ciertos».

En este sentido, ha explicado que no sólo analizaron la documentación entregada por el despacho de arquitectos y por el PP, sino también toda la incautada en los registros de ambas sedes. Con todo ello pudieron comprobar que Unifica emitió dos certificaciones finales de obra –documento que sirve para facturar los trabajos realizados– por cada planta que se reformó, una con un «importe real» y otra con un «importe más bajo».

Así, ha continuando explicando que a la diferencia entre las cuantías de las dos certificaciones se le aplicó un descuento de un 8 por ciento, según indicó Bárcenas, y «ese es el importe que se aportaba desde la caja b» del PP. De este modo, la IGAE coincide con la UDEF y con otros peritos de Hacienda que han comparecido en la vista oral sobre que el partido pagó parte de la reforma en negro.

Sin embargo, uno de los peritos de parte ha reiterado lo que ya venía afirmando en las jornadas previas en las que ha comparecido: que la contabilidad de Unifica es «coherente». «Hemos comprobado que los cobros son consistentes con la facturación, que las facturas son coherentes con las certificaciones y las certificaciones con los presupuestos de obra», ha asegurado.

«Asumir de forma sistemática que esa diferencia entre certificaciones responde a algo torcido, oscuro, no lo veo. Yo creo que hay una serie de circunstancias que pueden explicar esas diferencias», ha defendido.

RATIFICACIÓN DE INFORMES SOBRE DONACIONES FINALISTAS

Por su parte, el abogado del PP, Jesús Santos, ha intentado que los peritos de la IGAE ratificasen los informes en los que concluyen que no se puede demostrar que existe una relación entre las donaciones al partido y la adjudicación de contratos públicos. No obstante, el tribunal no lo ha permitido ya que ese aspecto es objeto de investigación en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

La defensa del PP, cuyo objetivo es desacreditar los ‘papeles de Bárcenas’, finalmente ha ceñido su interrogatorio en las «incongruencias» que presentan dichos documentos, por lo que el perito ha vuelto a destacar que «la información no es completa» y que además aparecieron «varias versiones» de la caja ‘b’. «No sabemos cuál es la buena, cuál es la mala, entonces te hacen dudar», ha subrayado.

Asimismo, pese a que ha admitido que la afirmación realizada anteriormente sobre que los documentos de la contabilidad ‘b’ del PP se hicieron ‘ex profeso’ no es la «más acertada» y que «fue una temeridad por su parte» plasmar en los informes que algunos nombres se incluyeron en los ‘papeles de Bárcenas’ para «perjudicarles», el perito ha afirmado que mantiene las dudas porque aún no se ha demostrado si las anotaciones responden a una «realidad» o son un «montaje».

En este sentido, ha apuntado que algunos cargos del PP que aparecen en los ‘papeles de Bárcenas’ también están en la contabilidad oficial por abonos en concepto de representación, pero que no encontró ninguna «relación» entre ambos pagos.

Con estas declaraciones concluye la fase pericial, por lo que el tribunal ha emplazado a las partes el próximo martes, 5 de mayo, para que expongan sus conclusiones.

El ‘president’ de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha considerado que el Estado de Alarma «ha cumplido su tiempo» y ahora hay que «empezar a enviar otro tipo de señales». «Necesitamos hablar de esperanza y hay que acompasar los hechos a esa esperanza».

Así a lo ha manifestado el jefe del Consell, que este miércoles ha visitado Castelló de la Plana, a preguntas de los medios sobre las propuestas que la Comunitat Valenciana planteará en la Interterritorial de este miércoles, sobre todo de cara al fin del Estado de Alarma a partir del próximo 9 de mayo.

Al respecto, Puig ha subrayado que la Comunitat es partidaria de una «desescalada prudente, que es lo que está haciendo». Ha recordado que este territorio «lleva seis semanas por debajo del umbral de riesgo y es la autonomía con los mejores datos epidemiológicos», por lo que «desde la máxima prudencia» y sabiendo que «el virus no ha pasado, porque cada día mueren y se contagian personas», hay que «transitar hacia la normalización».

En este sentido, ha hecho notar los avances en la vacunación de los mayores de 60 años en mayo «y eso nos va a dar garantías de avanzar durante el mes de junio para entrar en un verano con posibilidades de normalización». «Sabemos que nos va a costar porque el virus aún está ahí, pero podemos ir avanzando para hacer este proceso necesario para la reactivación económica, social y también desde el punto de vista mental y psíquico».

Desde la administración valenciana se va a volver a plantear al Ministerio «que se tenga una solución definitiva a alguna cuestión referente a las vacunas», como la segunda dosis de AztraZeneca.

«Aspiramos a un calendario lo más razonable posible de la llegada de suministro vacunal», ha dicho Puig, que ha repasado la situación con las diversas farmacéuticas: «Pfizer está cumpliendo con 175.000 a la semana y pensamos que va a continuar así; estamos pendientes de que Johnson cumpla lo que nos indicó, parece que lo van a hacer, tienen algunos retrasos; AstraZeneca también tiene algunos retrasos aunque parece que Moderna va a entrar en una época de mayor credibilidad». «En cualquier caso lo que queremos es que haya la mayor certeza posible».

Preguntado por su opinión sobre la propuesta de que haya un Estado de Alarma «a la carta» en función de CCAA, ha comentado que sin esa figura jurídica, las comunidades también tiene capacidad de tomar decisiones y ha reiterado su opinión de que «no podemos estar en Estado de Alarma permanente».

«EL MES DE MAYO ES DECISIVO»

A su parecer, la desescalada es «lógica», pero ha aprovechado para lanzar, de nuevo, una petición de «máxima prudencia»: «El mes de mayo es decisivo, ahora más que nunca hay que ser absolutamente prudente: La sociedad valenciana ha dado un ejemplo extraordinario, su éxito es el éxito de los ciudadanos vinculados a un mapa necesario de restricciones y ahora hay que acelerar este proceso siendo muy prudentes».

Se ha referido también a algunos brotes detectados en localidades castellonenses como Borriana y Nules que, aunque «preocupan», se han podido encapsular gracias a que se ha mantenido la trazabilidad.Aquí ha apostillado que la idea del Consell es que «la desescalada se haga de una manera armonizada» dado que no «estamos en condiciones de restringir la movilidad» y que los servicios de salud pública tiene una «dedicación especial» a estos puntos.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 25 años como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial al verse implicado en un accidente con varios vehículos en el que resultó con lesiones graves un menor de 15.

El conductor circulaba por la zona de Almussafes (Valencia) supuestamente bajo los efectos de un cannabinoide, con pérdida de vigencia del carné, sin luces y que además abandonó el lugar del accidente.

El equipo de Atestados de Valencia, en colaboración con el Área de Investigación de Almussafes así como con el jefe de destacamento y una patrulla de Alzira, detuvieron al joven, de 25 años, que quedó en libertad investigado como supuesto autor de un delito de lesiones graves por imprudencia grave y otro por conducir con temeridad manifiesta, según ha informado el instituto armado.

Tras un accidente en circunstancias que no se han precisado, el joven conductor se vio obligado a detener el vehículo por los daños sufridos y se personó en el cuartel de Almussafes, minutos después del siniestro, para comunicarlo aunque ofreciendo «versiones contradictorias» en «numerosas ocasiones».

Los agentes constataron, tras un test de drogas, que el conductor arrojó resultado positivo en THC, además de que circulaba con el permiso de conducir sin vigencia. Posteriormente, se tomó declaración a diversos testigos y al resto de implicados y se realizó una inspección ocular del lugar y de los otros vehículos.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que el detenido supuestamente conducía con las luces apagadas y que, como resultado del suceso, hay un menor de 15 años que se encuentra en estado grave.

Finalizadas las investigaciones, los agentes le detuvieron y pusieron en libertad como supuesto autor de un delito de lesiones graves por imprudencia grave y otro por conducir con temeridad manifiesta. Las diligencias pasaron a disposición del Juzgado de Guardia de Picassent.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha advertido de que las cartas amenazantes enviadas a responsables políticos e institucionales constituyen «hechos graves» que deben ser investigados por las fuerzas de orden y la Justicia.

No obstante, ha rechazado hablar de «efecto contagio» y ha considerado «importante» que «se hable de estas cuestiones» del mismo modo que otro tipo de delitos, para que no se vea afectada la información recabada en el marco de las investigaciones.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios al ser preguntado por las cartas amenazantes y con balas que han recibido tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el exvicepresidente y candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, o la misiva con una navaja enviada a la ministra de Industria, Reyes Maroto, entre otros.

Pérez ha trasladado su «respeto» tanto al trabajo de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que tienen «la obligación» de investigar lo ocurrido, y ha apelado a dejar actuar a los cuerpos de seguridad y a la Justicia, sobre todo después de que alguno de estos casos ya «se ha judicializado».

El secretario de Estado de Seguridad ha señalado que ya se había iniciado una investigación policial cuando el Ministerio del Interior y la dirección de la Guardia Civil comunicó la recepción de las cartas y el contenido de las mismas y ha atribuido la «repercusión» de estos hechos respecto a otros similares en el pasado al proceso electoral en la Comunidad de Madrid.

«Tenemos que ser especialmente respetuosos con lo que se comunica», ha insistido, además de asegurar que «cada vez que se ha producido alguna incidencia» similar en el pasado «se ha podido dar a conocer».

En todo caso, ha insistido en que se trata de hechos «graves» que es necesario aclarar y ha pedido de nuevo «respeto» por la investigación abierta por las fuerzas de seguridad y la Justicia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a hacer público antes de las elecciones madrileñas del 4 de mayo el Plan de Recuperación que ha aprobado el Consejo de Ministros y que enviará el viernes a Bruselas y ha apuntado a posibles recortes en el futuro. A su entender, los madrileños «tienen derecho a saber» antes de los comicios si ajustará pensiones y sueldo de los funcionarios o si subirá impuestos.

«Aún no nos ha dicho qué Plan de Recuperación va a llevar a Europa. Vimos un Consejo de Ministros que aprobó algo que ni siquiera hicieron público y era la undécima vez que se reunían para vender un refrito que no tuvieron ni la gallardía ni el coraje de explicar a la opinión pública», ha enfatizado.

En un acto del PP en Aranjuez en apoyo a las víctimas del terrorismo, Casado ha afirmado que Sánchez en esta ocasión ni siquiera hizo un «Aló presidente» –en alusión al programa del presidente Nicolás Maduro en Venezuela– y lo achacó a que «en Madrid le va a ir mal» en las elecciones, por lo que «cuanto menos salga mejor».

«EL PP NO VA A LAVAR SUS PLATOS»

Sin embargo, el presidente del PP ha señalado que tampoco la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tuvo la «decencia de decir qué es lo que están negociando en Europa. A su entender, si va a recibir fondos europeos debería decir ya qué reformas «está negociando con Europa».

«Este Gobierno quiere hacer una fiesta para que luego otro Gobierno lave los platos. Y digo aquí que el PP no va a lavar sus platos», ha aseverado, para señalar que no puede pretender que pase como en el 2010 y que «luego pague el Gobierno del Partido Popular como siempre» y tenga que «salvar la recesión que deja el PSOE».

En este punto, ha avisado a Sánchez que «si hay que ajustar las pensiones, ajustar el sueldo de los funcionarios, va a seguir subiendo los impuestos» o acometer «rigideces en la reforma laboral»debe decirlo «ya».

«¡QUÉ MUESTREN EL PAPEL ANTES DEL MARTES!»

«Que lo digan ya, que muestren el papel. Y además que lo muestren antes del martes porque los jubilados madrileños tienen derecho a saber qué va a pasar con su pensión», ha enfatizado, para añadir que también los jóvenes «tienen derecho a saber» si al final serán ellos los que «pagarán las deudas hasta el 2058» y España «va a seguir con las peores cifras de empleo hasta 2027» como sostiene el FMI.

Además, Casado ha retado a Sánchez a aclarar si «va en serio lo de que va a subir 90.000 millones de impuestos a las clases trabajadoras y clases medidas». «Pero que lo diga ahora», ha abundado, para añadir que no puede «tomar por tontos a los españoles».

El presidente del PP ha criticado que el Gobierno reconozca que lleva meses negociando las reformas con Europa pero que deja para el año 2022 «las reformas difíciles». A su juicio, al Ejecutivo «se le ven los trucos como a los malos magos de verbena» y España empieza a dejar de ser un país fiable «por culpa de Sánchez».

En cualquier caso, ha dicho que la «mano del PP sigue tendida» a pesar de que, según ha añadido, le han planteado al Gobierno pactar un plan de choque económico, el plan nacional de reformas o crear una autoridad independiente para gestionar los fondos «sin corruptelas ni clientelismos», aunque no les «hacen caso» en ninguna propuesta.

Por eso, ha avisado que «el único responsable de lo que le pase a España en los próximos meses es Pedro Sánchez porque no ha querido hablar con nadie ni pactar con nadie». «Ha hecho lo que le ha dado la gana», ha proclamado.

APELA DE NUEVO AL EJEMPLO DE MARIO DRAGHI EN ITALIA

Como hizo este martes, Casado ha reiterado que el primer ministro italiano, Mario Draghi, ha presentado un plan de recuperación para su país pactado con la oposición, los agentes sociales y las regiones de su país, algo que, a su entender, no ha ocurrido en España. Según ha agregado, el PP no es solo que se siente «ninguneado» sino que además «se siente en el deber de denunciar lo que está pasando».

Casado ha recordado también las palabras de Draghi asegurando «hay que pasar de la estupidez y la corrupción, a la inteligencia y la honestidad». «Eso le digo yo a Sánchez. Dejemos ya de crear problemas inventados, crear polarización y enfrentar a los españoles, y ocúpese de lo que tiene que ocuparse», ha enfatizado, aludiendo a cuestiones como el plan para recuperar la economía española tras la pandemia.

La familia del joven autista de 28 años cuya presunta muerte a golpes en una residencia de discapacitados investiga el juez de Instrucción número 45 de Madrid niega que se autolesionara y reclama que se esclarezcan los hechos ocurridos la noche del 14 al 15 de mayo de 2020.

«Queremos justicia y saber qué pasó», ha demandado la madre de Johanes a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde han declarado tres técnicos y una enfermera de la residencia donde el chico llevaba ingresado once años.

El juez investiga la presunta muerte violenta en mayo de 2020 después de que el pasado diciembre la Audiencia Provincial de Madrid ordenara investigar los hechos a instancias de un recurso presentado por la familia a través del despacho Ospina Abogados contra la decisión del juez de instancia de archivar el caso.

Mery Carvajal, la madre de la víctima, ha relatado que su hijo ingresó en 2011 en esta residencia al conseguir una plaza por parte de la Comunidad de Madrid. «Venía con moratones pero me decían que se lo hacía él mismo. Nunca les creí porque mi hijo era muy tranquilo y cariñoso a pesar de las agitaciones que tenía como niño autista que era», ha relatado.

La mujer ha recordado que el día en que encontraron a su hijo en estado grave en la habitación estaba repleto de golpes, con un ojo morado y moratones por todo el cuerpo. «Era una calamidad. Queremos saber qué pasó y quién le produjo esos golpes», ha dicho.

El día de los hechos recibieron una llamada de la residencia pasadas las doce de la noche en la que les alertaban de que había sufrido una parada cardiorrespiratoria.

Cuando la familia llegó al hospital, estaba en la UCI y entró en coma. En sus últimas horas de vida, pudieron verle y observaron la gran cantidad de hematomas que tenía en el pecho, la cabeza y en los brazos.

Desde la residencia aseguraron que esa noche sufrió diversos episodios de agitación con autolesiones y que se le puso «un cinturón abdominal en la cama».

En su declaración, los investigado han negado los hechos que se les imputan y han manifestado que esa noche «no vieron nada» a pesar de ser las últimas personas que estuvieron con el joven antes de ser trasladado al hospital.

La abogada Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados, ha subrayado que la familia busca saber lo que ocurrió. «Esta persona murió de un golpe en el cráneo. Queremos saber cómo se lo hizo y quién se lo hizo», ha señalado.

La letrada ha solicitado a la Policía Judicial que entregue las grabaciones de los pasillos para poder comprobar quien fue la última persona que entró en la habitación y que no alertó de los graves hechos sucedidos.

El abogado Juango Ospina confía en que «esta vez se practiquen todas las diligencias en la búsqueda de la verdad, y que un vil asesinato, como el que ha sido matar a un niño autista indefenso en la cama, no quede impune».

INFORME POLICIAL

El vuelco del caso se produjo porque cuando tuvo lugar el archivo «la instructora no disponía aún del informe policial sobre los hechos», pero en el momento de resolver el previo recurso de reforma, sí».

El chico, que sufría un 92% de discapacidad intelectual, llevaba nueve años ingresado en esta residencia. La familia recibió el pasado 14 de mayo a las diez de la noche una llamada en la que les dijeron que «el pequeño había sufrido un ataque respiratorio pero que no se preocupasen porque ya estaba en camino al hospital».

El menor ingresó en el hospital a las 00.00 horas pero ya había perdido la vida. Presentaba hematomas en todo el cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza. Desde la residencia les manifestaron que su hijo se autolesionaba.

El mismo día del fallecimiento alguien de la residencia llamó a la madre del menor y le informó que «había sufrido una agresión, habiendo sido golpeado en la cabeza y en el tórax y que por eso había muerto, que tenía que denunciar los hechos para no que no quedara impune el asesinato».

HEMATOMAS EN CABEZA Y CUELLO

Según su letrado, la familia se encargó de conseguir todos los partes médicos en los que constaba que el menor tenía hematomas en cabeza y cuello, siendo «la verdadera razón de su muerte una parálisis cerebral».

La sección de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial fue el órgano encargado de realizar las pesquisas urgentes de investigación, trasladándose a la residencia y tomándole declaración a todo el personal.

Se solicitó entonces el visionado de las cámaras de videovigilancia sin que las mismas fuesen aportadas correctamente, y el consiguiente historial clínico del menor fallecido.

Tras la práctica de las oportunas pesquisas, la Policía remitió su atestado al juzgado de instrucción, donde prestó declaración al personal sanitario de la residencia. Los facultativos manifestaron que el menor se golpeaba solo y que por eso tenía hematomas, pero que ninguno de ellos manifestó tener conocimiento sobre hechos delictivos.

Pese a que la madre negara que su hijo se autoninflingiera y que la Policía hubiese intuido que el fallecimiento pudo haber sido provocado por alguno o algunos de los cuidadores del menor, el juzgado de instrucción decidió archivar el caso por entender que no había autor conocido y que los indicios de criminalidad no eran suficientes para continuar la investigación.

La familia contrató al despacho penalista Ospina Abogados para que representara sus derechos como acusación particular. Recurrieron el auto de archivo alegando la existencia de «indicios de muerte violenta, posible complicidad entre los autores del delito e incluso posible asesinato».

Tras ello, la Audiencia estimó el recurso y ordenó al juez instructor continuar con la investigación del caso para el esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, para hacerse de las videograbaciones del interior de la residencia y conocer quién el último facultativo que entró en la habitación del fallecido.

El Tribunal Supremo establece en una reciente sentencia que el derecho de la defensa a conocer el contenido de las actuaciones, no incluye desentrañar el desarrollo de las investigaciones preprocesales abordadas por la policía.

En su resolución, la Sala de lo Penal ha rechazado los recursos de casación que presentaron dos personas que fueron condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 8 años de prisión por un delito contra la Salud pública y ha fijado en una sentencia el contenido y los límites del derecho de defensa estableciendo que no existe un derecho a conocer la investigación policial desarrollada con anterioridad al inicio del procedimiento judicial.

El tribunal considera que solo son susceptibles de reclamarse estas investigaciones de la policía cuando la defensa presente indicios de que concurren circunstancias que pueden afectar a la validez de la prueba obrante en el procedimiento, o que pueden influir en su calidad, en su credibilidad o en su fuerza incriminatoria.

INVESTIGACIÓN DE LA UCO

En sus alegaciones los recurrentes denunciaban la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por habérseles negado desde el juzgado instructor, la Audiencia Provincial y el TSJ, el acceso a la investigación realizada por el grupo de blanqueo de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil que dio lugar a la posterior detención de los dos recurrentes como presuntos responsables de un cargamento de cocaína que se intervino en su poder.

Los dos condenados argumentaban que no resultaba creíble que fueran sorprendidos en posesión de 215 kilos de cocaína de manera casual y durante la vigilancia policial de la vivienda otras dos personas investigadas por blanqueo de capitales.

Su sospecha de que la incautación de la droga estaba conectada con el contenido de la investigación por blanqueo de capitales, hizo que la defensa reclamara copia de los comunicados que se habían cruzado el FBI y la UCO en el seno de la investigación abierta por blanqueo, así como el contenido de la investigación policial desarrollada para el esclarecimiento de este delito.

Los recurrentes sospechaban que su detención resultaba de una investigación específica de narcotráfico y que tenían derecho a conocer por orden de quién y por qué se había seguido la investigación que llevó a su condena.

Consideraban en su recurso que la denegación del acceso a la información solicitada, había supuesto una vulneración de su derecho de defensa en los términos expresados en la Directiva 2012/13 UE del Parlamento Europeo, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

ANÁLISIS DE LA DIRECTIVA EUROPEA

La directiva, en su artículo 7, establece el derecho de todo detenido a que se le faciliten los documentos relacionados con el expediente de su detención y, con carácter más general, reconoce el derecho de cualquier investigado a tener acceso a la totalidad de las pruebas materiales que estuvieran en posesión de las autoridades competentes, para salvaguardar así la equidad en el proceso y poder preparar su defensa.

La Sala analiza la mencionada directiva, así como su trasposición a través de la Ley Orgánica 5/2015 y la doctrina establecida en el Pleno no Jurisdiccional de 26 de mayo de 2009 sobre esta materia, y concluye que el derecho a conocer la información que pueda resultar relevante para el material probatorio no es de configuración absoluta y sin modulación.

La sentencia, ponencia del magistrado Pablo Llarena, explica que para que la petición de la defensa esté indebidamente denegada no solo debe existir correlación entre el objeto de la prueba y el instrumento que se propuso para su verificación, sino que razonablemente debe poder atribuirse a la prueba la capacidad de aportar un eficaz reforzamiento de las tesis de la defensa.

Así, la sentencia precisa que el derecho de las partes personadas a conocer las pruebas materiales que estén en posesión de las autoridades competentes, está referido al material que integra el procedimiento judicial, pero que «En modo alguno el derecho abarca a conocer el contenido de la investigación preprocesal, cuyo resultado final, al tener valor de denuncia o de mero objeto de la prueba (art 297 LECRIM) sólo sirve para el arranque del proceso penal y se materializa como referencia inaugural para el ejercicio del derecho de defensa en la forma procesalmente prevista».

La sentencia añade que no existe un derecho a que el encausado pueda desvelar el contenido y el alcance de las colaboraciones policiales internacionales, y que tampoco existe un derecho «a conocer o desvelar los métodos y las técnicas de investigación policial desarrolladas en nuestros límites territoriales, como no lo hay tampoco a conocer la identidad de los agentes que hayan intervenido en la investigación, cuando no tiene una repercusión legal sobre el material probatorio en el que pueda fundarse una eventual acusación».

Los investigados sometidos a proceso penal – añade el tribunal- carecen de un derecho que les ampare a desvelar los puntos de apostamiento policial, o la identidad de los confidentes, o la información recabada mediante técnicas de criminalística que perderían su eficacia si se divulgaran masivamente.

No existe por tanto el derecho a conocer los instrumentos y materiales concretos de los que dispuso la policía para la investigación. Este derecho solo es apreciable en los casos en que una de las partes presente indicios fundados de que la actuación policial o preprocesal puede haber quebrantado sus derechos fundamentales, o «incurrido en irregularidades, o discurrido de un modo que pueda afectar a la validez de la prueba o del procedimiento penal, así como cuando aporte indicios de coexistir circunstancias en la investigación que puedan afectar a la fuerza incriminatoria del material probatorio».

Sólo en esos supuestos «se justifica, por los principios de equilibrio y defensa, autorizar tal prospección, siempre limitada a lo estrictamente necesario y bajo control judicial».

En todo caso, concluye, cuando la información sea pertinente y necesaria para la defensa no puede eludirse su entrega, si bien limitada a los extremos precisos.

Si por el contrario se considerara que la información no es necesaria, la información no puede incorporarse al procedimiento judicial y no puede traspasar los límites que establece «el principio de reserva judicial que perfila el artículo 311 de la LECRIM y que nuestro legislador recoge como regla rectora para el material que resulta irrelevante respecto del resultado del sumario (artículos 574 y 587 de la LECRIM)».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el discurso «frívolo» y «banal» de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, revela que garantizar los derechos de la población, y en especial los de las mujeres, «le dan igual» porque habla desde la «impunidad» de quien «vive en el privilegio».

Así lo ha trasladado durante un acto electoral de Unidas Podemos junto a la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y las candidatas de esta formación a la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto, Sol Sánchez e Isa Serra.

Montero ha reiterado que los comicios en los comicios del 4 de mayo habrá que elegir entre «fascismo o democracia», puesto que el fascismo no solo es «amenazas de muerte» o «agresiones homófobas» sino también el «retroceso real y efectivo» de la mayoría de las mujeres, tanto en Madrid como en España.

También ha desgranado que los comicios del 4 de mayo traen la oportunidad de «echar» a Ayuso, cuyo eslogan de «vivir a la madrileña» solo se preocupa de si se es libre para «irse de cañas» o «que no puedas volver a ver a tu expareja» en lugar de preocuparse de «cuán dura» es la vida de otras personas.

«¿QUÉ SIGNIFICA SER PRESIDENTA SI NO ES GARANTIZAR DERECHOS?»

Unas afirmaciones que, aunque parezcan «frívolas» o «banales» muestran la «esencia que hay detrás» de las políticas del PP, sustentada en su opinión en «ocultar los problemas» reales para la mayoría de la población y las mujeres.

Y es que la ministra ha opinado que Ayuso se siente «con la impunidad» de que esos problemas no le van a pasar, que si tiene un problema de salud «no va a depender de la sanidad pública precaria» con personal que acumula mucho sobreesfuerzo.

«Ella sabe que no va a tener ningún problema si tiene un hijo o una hija en algún momento para que ese niño o niña tenga todos los derechos garantizados sin necesidad de recurrir a las escuelas infantiles públicas. Seguramente ignore que es un derecho de las niños y niñas tener acceso a ellos», ha sentenciado.

Por tanto, se ha preguntado cómo puede aspirar a gobernar una persona que no tiene «empatía» con los problemas de otras personas y sabe que nunca los va a tener que afrontar. «¿Qué significa ser presidenta si no es garantizar derechos?», se ha cuestionado.

De esta forma, Montero ha contrapuesto el modelo de gestión del PP, que lleva a aulas infantiles «masificadas» o «dar comida del Telepizza» a menores vulnerables, con la labor de Unidas Podemos, que ha logrado impulsar un «escudo social» ante la crisis del Covid-19 «sin precedentes», aunque en la formación morada les parezca aún insuficiente.

DISCURSO PERVERSO CONTRA LAS MUJERES

También ha atribuido a Ayuso defender un discurso de la «inutilidad» de la lucha colectiva de las mujeres, un discurso «perverso», «ignorante» y «peligroso».

Frente a esto, ha apuntado a diversas medidas para fomentar la igualdad real de las mujeres y medidas que permiten la conciliación, aunque es consciente de que falta por hacer en este campo dado que, en Madrid particularmente, hace que sea «difícil ser madre, conciliar o encontrar una escuela infantil». Por tanto, es favorable a ampliar los permisos de maternidad a seis meses.

Por tanto, ha desgranado que el 4 de mayo habrá «justicia poética» para llevar el feminismo institucional a Madrid y ha vaticinado que las mujeres contribuirán al cambio político en la Comunidad.

Mientras, Isa Serra ha aludido a que es necesario ganar las elecciones para lograr un Madrid «digno para todos» y ha asegurado que los populares son una «máquina de generar segregación y desigualdad» en Educación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado las penas de 14 y 18 años de prisión para la pareja que asesinó a pedradas a un vecino de Orihuela (Alicante) a mediados de julio de 2017 cerca de la desembocadura del río Andarax en Almería, en la zona de El Bobar, tras rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Concepción M.G. quien, a diferencia del otro acusado, rechazó su participación en el crimen ante el jurado popular que la enjuició.

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz rechaza que se haya vulnerado la presunción de inocencia de la acusada al entender que la conclusión del jurado se basa en «prueba objetivamente suficiente» no solo por la versión dada por el coacusado Manuel J.C., quien confesó los hechos –lo que derivó en una atenuación de la pena– con detalles, sino también por los «datos objetivos, externos a dicha declaración» que sirvieron para reforzar su relato sin que le exculpara de lo sucedido.

Según recoge el TSJA en su sentencia que, gracias a la declaración de Manuel J.C. pudo saberse dónde se encontraba el cadáver y cuál fue el día en que murió como consecuencia de una agresión en la que, al menos, él mismo participó. El cuerpo fue semienterrado en un diseminado cerca a la caseta en la que la acusada vivía.

La confesión se vio avalada por ciertas evidencias, como el hallazgo del cadáver en el lugar señalado por le acusado, el informe forense compatible con la versión que dio sobre cómo se produjo la agresión a base de «golpes con un objeto contundente en la cabeza», la declaración de un testigo que aseguró que Concepción M.G le dijo que el hombre estaba «muerto y enterrado» antes de que se hallaran sus retos y que las llamadas telefónicas habituales que la acusada hacía a la víctima cesaran «el mismo día señalado por Manuel J.C. como el día de su muerte».

Sobre la posibilidad de que la acusada pudiera participar únicamente como cómplice y no como autora material del crimen, el tribunal considera «incompatible» los hechos dados por probados con ese papel. «Fue ella quien asestó el primer golpe en la cabeza de la víctima aprovechando un momento de desvalimiento, y por sorpresa, que propició los sucesivos golpes que, en conjunto, acabaron con su vida», han aseverado.

En esta línea, rechazan que exista alguna prueba que apunte a la existencia «de arrebato» en la acusada o un «triángulo amoroso» entre los implicados. Cabe recordar que la mujer declaró ante el tribunal que los hechos se originaron a raíz de una discusión entre ambos varones por el vestido que llevaba ella puesto y que le había regalado la víctima, apodada ‘El Chiquitín’. Esto habría enfadado al acusado, con el que ella había mantenido una relación sentimental en 2013 marcada por episodios de malos tratos por los que él llegó a ingresar en prisión; aunque dicha versión no fue tomada por cierta por el jurado.

El fallo de origen, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia de Almería, condenaba además a los acusados a indemnizar al hijo y madre del fallecido con una cuantía de 200.000 euros, conforme a lo solicitado por la acusación particular y la Fiscalía, que de otra parte, interesaban 20 años de cárcel para la acusada.

El magistrado consideró adecuada la pena de 18 años de cárcel para la acusada ante el mecanismo «agresivo» empleado para provocar la muerte de la víctima y ante el «sufrimiento» que causó a la misma y a sus familiares, ya que el cuerpo estuvo más de un año desaparecido escondido bajo un colchón.

En su veredicto, dictado por mayoría de ocho votos, el jurado popular determinó que ambos acusados se encontraban con la víctima, apodada ‘El Chiquitín’, en una chabola ubicada en un descampado frente a la gasolinera Repsol del barrio de El Zapillo (Almería), cuando la acusada, «con la intención de causarle una muerte cierta, sorpresivamente y por detrás», le golpeó con una piedra en la cabeza cuando estaba sentado en el suelo.

Así, con esa misma intención y encontrándose el perjudicado indefenso y sin poder repeler la agresión, ambos acusados continuaron con la agresión y dieron varios golpes con piedras en la cabeza a la víctima, quien falleció por un traumatismo cráneo encefálico.

El jurado estimó que el acusado Manuel J.C. colaboró con las autoridades antes de que el procedimiento se dirigiera frente a él en el esclarecimiento de los hechos, al manifestar el lugar en el que se encontraba el cuerpo de la víctima y narrando la forma en la que ocurrieron los hechos, lo que también reconoció en sala.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado que los viajes del IMSERSO para los mayores se retomarán el próximo mes de octubre de 2021, si la vacunación continúa a buen ritmo y las circunstancias sanitarias lo permiten.

«Estamos trabajando ya en la puesta en marcha de los procesos administrativos para que, una vez que las autoridades sanitarias lo consideren pertinente, puedan reiniciarse ambos programas: el de turismo social y el de termalismo. Si el proceso de vacunación continúa a buen ritmo, y nada hace pensar lo contrario, la próxima temporada de los viajes del IMSERSO comenzará con normalidad como cada año», ha asegurado Belarra, este miércoles, en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso.

Antes de la crisis, según ha precisado la ministra, 900.000 personas mayores venían beneficiándose cada año de los programas de Turismo Social y de Termalismo organizados por el IMSERSO. Si bien, el Gobierno suspendió estos viajes en marzo de 2020 por la crisis del coronavirus y, más tarde, tomó la decisión de suspender definitivamente ambos programas mientras la situación sanitaria no permitiese su reanudación.

«Somos conscientes de que las personas mayores han hecho un enorme esfuerzo este año por cuidarse, quedándose en casa, respetando las restricciones, dejando de ver a vuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Las personas mayores se merecen poder salir, viajar y descansar de este año difícil cuanto antes», ha subrayado Belarra.

Además, ha dicho que son conscientes de «la importancia económica que tiene esta actividad para el mantenimiento de muchos puestos de trabajo en el sector turístico», aunque ha añadido que deben mantener «el principio que ha regido hasta ahora todas las decisiones: el de proteger la vida de las personas por encima de todo».

Los diversos trabajos administrativos preparatorios, como son la elaboración de la oferta de plazas o la redacción de los pliegos de contratación de las operadoras para el caso del programa de Turismo Social y de los contratos con los establecimientos Termales, se iniciaron hace meses, según precisan desde el Ministerio de Derechos Sociales.

Ya en diciembre de 2020 se mantuvieron reuniones y se recogieron las aportaciones de las propias personas mayores, a través de colectivos representativos, con el objetivo de recibir sus demandas y opiniones respecto a los programas de turismo y termalismo.

Según explican desde esta cartera, la campaña estará supeditada a los criterios de las autoridades sanitarias y se tendrán en consideración múltiples factores entre los que se encuentran: el fin del estado de alarma, el desarrollo del programa de vacunación frente a la COVID-19, la comprobación del mantenimiento de la inmunidad en el tiempo y la evolución general de la incidencia acumulada por zonas o las eventuales cancelaciones impuestas por las limitaciones a la movilidad si estas se produjeran.

El PRC pedirá información a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el Congreso y en el Senado, para conocer los criterios que está siguiendo el Ministerio en los proyectos eólicos que tramita en Cantabria.

Para ello, tanto el diputado nacional del PRC, José María Mazón, como el senador autonómico y diputado regional, José Miguel Fernández Viadero, impulsarán diferentes iniciativas en ambas instituciones «para aclarar y conocer en qué punto exacto se encuentra» cada uno de los proyectos eólicos presentados por distintos promotores y que gestiona el Gobierno de España en la Comunidad Autónoma, ha informado el partido en nota de prensa.

El PRC ha recordado que los proyectos que exceden los 50 megavatios, como los conocidos como Garma Blanca o Ribota, son tramitados directamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en territorio autonómico.

Por ello, los regionalistas han considerado «imprescindible» que Ribera se pronuncie sobre todos los proyectos eólicos que dependen de su gestión en ambas cámaras, para lo que el senador autonómico ha solicitado su comparecencia y el diputado nacional del PRC registrará una serie de preguntas escritas de cada uno de los 11 parques presentados en el Ministerio.

Tanto Mazón como Fernández Viadero han insistido en que los cántabros «deben conocer» en qué momento de tramitación se encuentra cada uno de los proyectos y cuál es la posición del Ministerio. «Hay que ser claros y precisos para que los vecinos de las áreas afectadas sepan por la Administración competente cuál es su postura en torno a ellos», han incidido.

Al hilo, han recordado que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ya se ha pronunciado en el trámite de consultas sobre uno de los proyectos eólicos, el denominado Garma Blanca, emitiendo un informe desfavorable «serio y riguroso». De hecho, han instado al Ministerio que dirige Ribera a que tenga en cuenta dicho informe.

Los regionalistas han reiterado que Cantabria debe «dejar de estar a la cola» de España en el desarrollo de las energías renovables y «alienarse» con Europa, para lo que tiene cumplir con el mandato legal marcado en varias fechas: 2025, fin de los combustibles fósiles; 2030, fin del uso de las energías de efecto invernadero; y 2050, todos los países de la Unión Europea deberán conseguir la neutralidad climática.