La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se ha referido este miércoles a las «falacias» que se refieren a los migrantes como agresores sexuales, para apuntar que esos hombres «no tienen en común ser extranjeros», sino ser «machistas».

Lo ha hecho durante su contestación, en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso, a la intervención de la portavoz de Vox en este órgano, Carla Toscano, a quien ha reprochado su posición sobre la violencia de género.

Durante la sesión, Toscano ha criticado que el Ejecutivo se «jacte» de los logros obtenidos en esta materia cuando, según ha indicad, las cifras de víctimas «se mantiene». Además, ha acusado a Rosell de inventarse el concepto de violencia de control, durante la pandemia, para mantener «justificar las subvenciones y chiringuitos» que quieren mantener tras caer las cifras de violencia durante el confinamiento.

La diputada ha preguntado a la delegada de Gobierno los motivos por los que niegan las denuncias falsas de violencia de género, así como la alienación parental y cómo su departamento confirma habitualmente «un presunto asesinato de una mujer». «Es un oxímoron», ha apuntado.

También ha cuestionado que se acredite a una mujer como víctima de esta lacra sin existir una sentencia condenatoria de por medio y ha señalado esta situación está siendo un «coladero» de denuncias falsas que usan las mujeres migrantes ilegales para obtener prestaciones.

«EL SILENCIO ES EL GRAN CÓMPLICE DEL AGRESOR»

Ante esta intervención, Rosell ha señalado que la violencia de género, el fascismo o el racismo son «estructuras de poder» que buscan «domesticar» y «minar poco a poco» a las víctimas para «silenciarlas» y que «tengan miedo». A su juicio, «el silencio es el gran cómplice del agresor» y, por tanto, quienes «ponen en duda» datos oficiales, «atacan a las víctimas» o aseguran que «quien necesita defensa» es dicho agresor «es cómplice del silencio y cómplice del agresor».

La compareciente ha asegurado que no iba a cuestionar algunas de las afirmaciones de los de Abascal por no «degradar» a las instituciones como el Congreso, y ha recordado a Vox que la Cámara baja «no es twitter».

En este sentido, ha negado que la Ley de Violencia de Género «criminalice» a la mitad de la población o que Igualdad confirme «un presunto asesinato», ya que el «cadáver está». «Lo que confirmamos es que es presuntamente un caso de violencia de género», ha explicado Rosell, para reprochar a Toscano que «nunca se quejen», por ejemplo, cuando Tráfico se habla de presuntas muertes por intoxicación etílica de un conductor.

Sobre la condición de víctima de violencia machista sin denuncia, ha explicado que su situación es avalada por doctores en medicina y psicólogos especializados que determinan la ansiedad, las lesiones o las consecuencias psicológicas que una mujer sufre como consecuencia del maltrato, y ha lamentado que Vox también ponga en duda los «partes médicos».

ALIENACIÓN PARENTAL

Sobre sus declaraciones sobre las víctimas migrantes, Rosell considera que es tener una visión «antidemocrática» y «estrecha» de los derechos humanos, y ha indicado que esta situación no afecta solo a las víctimas sino que es una cuestión de «salud pública».

En este sentido, se ha referido, también, a las «falacias» que hablan de los migrantes como agresores sexuales, recordando que el machismo ha «hundido sus raíces» en la tradición cultural patriarcal. Por tanto, ha señalado, lo que tienen en común los agresores «no es ser extranjeros, sino hombres machistas», ha apuntado.

Del mismo modo, ha rechazado la alienación parenatal que defiende Vox y que, según ha apuntado Rosell, confunden a menudo con la violencia vicaria. Según ha señalado, la primera no está reconocida y ha sido inventada por un pedófilo «como castigo para las mujeres que se revelaban» denunciando abusos, usando como «terapia» el «arrancamiento» de sus hijos. La segunda, ha apuntado, es el uso de esos niños para causar violencia o dolor contra su madre.

SOBRE LA MUJER RURAL

Por otra parte, los portavoces en la comisión de PP y Teruel Existe, Beatriz Álvarez Fanjul y Tomás Guitarte, respectivamente, han cuestionado a la delegada de Gobierno sobre las medidas tomadas por su departamento para una mayor protección de las víctimas de violencia de género en el medio rural.

En este sentido, Rosell ha recordado que la mayoría de recursos están repartidos entre las administraciones, aunque ha mostrado su preocupación por el «sesgo» y la «poca visión de género y transversalidad» que existen en las medidas que se toman en relación a este medio. Desde el Gobierno, ha indicado, cuentan con «el tejido asociativo» para lograr avanzar en esta materia.

También ha recordado el convenio firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para llevar a cabo campañas de sensibilización y prevención.

En este sentido, Guitarte ha denunciado que las iniciativas que se impulsan en el rural suelen ser medidas «declinadas de la norma general» que no tienen en cuenta las «especificidades reales» de las mujeres en las localidades pequeñas de la España vaciada. Su homólogo del PNV, Joseba Agirretxea, ha recordado, además, que no son iguales las localidades cercanas entre sí a otros municipios que viven más aislados de su entorno.

Desde ERC, su portavoz en esta comisión, María Carvalho, se ha preocupado por las mujeres migrantes sin papeles y ha pedido a Rosell que no queden «relegadas al último plano» en materia de protección de la violencia.

Finalmente, Rosell se ha enzarzado con el PP, después de que en el segundo turno de intervención, Álvarez Fanjul, se refiriera al caso de explotación sexual de menores tuteladas en Baleares. Rosell ha lamentado que los ‘populares’ sigan hablando de este tema cuando, su formación puso en marcha una ley en 2015 que limitaba la investigación judicial a 6 meses. Una medida que, según ha apuntado, tenía como objetivo «que se archivaran sus causas por corrupción», pero también provocó que «se archivaran delitos complejos de violencia sexual a menores» que no daba tiempo a ser probados.

Millones de niños y niñas de India se encuentran en riesgo de sufrir pobreza y hambre por la crisis que ha desatado la segunda ola de la Covid-19, según han alertado las ONG de infancia.

«A medida que la crisis en la India continúa descontroladamente, su impacto en la infancia es cada vez más grave. Los cierres son necesarios para controlar la propagación del virus, pero las medidas de control tienen consecuencias inevitables, que tendrán un impacto duradero en la infancia y las familias, arrastrando a millones de ellas a la pobreza», apunta el director ejecutivo de Save the Children en la India, Sudarshan Suchi.

Según recuerda la ONG, una investigación publicada el mes pasado demostró que la tasa de pobreza de la India podría aumentar hasta casi un 7% si se introducían medidas de control estrictas, como las que ahora se han tomado ante el número de muertes en el país, que ya ha superado las 200.000 esta semana.

La organización puntualiza que, aunque los niños y las niñas tienen un menor riesgo de contraer la Covid-19, no son inmunes a las consecuencias, ya que «sus familias, maestros y líderes comunitarios pueden caer enfermos y no tendrían a nadie que cuidase de ellos».

Además, Save the Children teme que, debido al impacto de la Covid-19 en la salud de la población y en la economía, la escasez de alimentos que ya afectaba a 189 millones de personas pueda aumentar aún más.

También advierte de que es posible que la infancia que esté enferma no reciba el tratamiento que necesita porque los hospitales están «desbordados» por los casos de Covid-19 o que los niños y las niñas pueden verse obligados a abandonar la escuela y ponerse a trabajar para ayudar a la economía familiar durante la crisis.

Save the Children está trabajando en colaboración con los ministerios gubernamentales de la India para responder a la crisis generando conciencia sobre la prevención, las medidas de control y las vacunas, y también está trabajando para proteger a la infancia de la explotación, el trabajo infantil y el matrimonio infantil.

La organización planea intensificar sus programas de salud para brindar apoyo médico urgente, como centros de cuarentena, ambulancias, alimentos y apoyo psicosocial para los niños y las niñas.

HAN AGOTADO SUS AHORROS

Por su parte, Plan International alerta de que muchas familias han agotado sus ahorros tras cinco meses de confinamiento y han perdido sus medios de subsistencia y sus trabajos.

Además, señala que millones de niños, y especialmente de niñas y adolescentes están «más expuestas» no solo al hambre, sino también al abandono escolar y la falta de seguridad y protección, que podría provocar un aumento de la violencia, los abusos, el matrimonio infantil y los embarazos adolescentes.

«En India, como en muchos otros países del mundo, la segunda ola de la pandemia está siendo aún peor que la primera. India es un punto de paso clave en la región, por eso, es fundamental actuar de inmediato para paliar las consecuencias de esta emergencia y evitar que la crisis sanitaria se expanda aún más a países vecinos. Si no se acelera el proceso de vacunación en los países de ingreso más bajos, vamos a dejar a millones de personas en situaciones extremas», explica la responsable de programas internacionales de Plan International, Elspeth Chapman.

Plan International ha puesto en marcha la campaña #HELPINDIAHEAL con el objetivo de recaudar 10 millones de euros para apoyar de forma urgente a unas 200.000 familias afectadas durante los próximos tres meses y evitar que la crisis se extienda a todo el continente.

La organización distribuirá respiradores de oxígeno a 500 centros de salud; cestas de alimentos a las familias más necesitadas; equipos de protección personal (EPP), mascarillas, guantes y otros materiales de protección a 100.000 trabajadores de primera línea. Además, instalará 20 Centros de Atención Temporal para atender a pacientes Covid-19 y para facilitar el acceso a la atención, el tratamiento y la nutrición a 10.000 pacientes de comunidades pobres.

Por otro lado, Plan International llevará a cabo una campaña de sensibilización masiva para llegar a alrededor de un millón de familias de 1.800 comunidades en las que la organización está presente.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro años de cárcel a un hombre que retuvo en su vivienda de Santander a una mujer con la que previamente había contratado servicios sexuales.

Según la sentencia, de la Sección Tercera de la AP, el acusado es responsable de un delito de detención ilegal, por el que también se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 300 metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años.

Para esta condena, que coincide con la pena solicitada por el fiscal, la sala ha aplicado la atenuante de estar bajo la influencia de sustancias estupefacientes -consumo de drogas- en el momento de los hechos, ya que tenía ligeramente afectadas sus facultades intelectivas y volitivas.

En la resolución judicial se considera probado que el procesado –con antecedentes penales no computables a esta causa, por la que estuvo en prisión provisional durante seis meses– concertó servicios sexuales con una mujer el 20 de enero de 2020, dirigiéndose ambos, sobre las ocho de la tarde, al domicilio del implicado.

Una vez allí, él cerró la puerta de entrada con llave y mantuvieron relaciones sexuales. En un momento dado, el hombre «comenzó a exteriorizar una conducta extraña», llegando a colocar una mesaque bloqueaba la puerta del dormitorio donde ambos se encontraban «totalmente a oscuras», lo que incomodó a la mujer, que le manifestó su deseo de abandonar la casa.

Así, cuando se dirigía a la puerta principal con intención de huir del domicilio, él se lo impidió, cortando el paso y retirando las llaves de la puerta.

Ante la imposibilidad de salir, y teniendo en cuenta la «conducta violenta» que empezaba a mostrar el acusado, la víctima se refugió en el interior del baño, cerrando la puerta por dentro con elpestillo.

Desde allí llamó por teléfono a una amiga para pedirle ayuda, y solicitó también auxilio desde la ventana, llegando a intentar descolgase desde la misma, mientras el implicado «golpeaba fuertemente» la puerta del baño.

Tras esas peticiones, se personaron en el lugar la amiga acompañada de otra mujer y de su marido, logrando contener al acusado y que la víctima abandonara la casa sobre las nueve de la noche, coincidiendo con la llegada de varias dotaciones de la Policía Nacional, que arrestaron al sospechoso.

DETENCIÓN ILEGAL

Tras el juicio oral, que incluyó el interrogatorio al procesado y la declaración de la víctima -por videoconferencia- y de los testigos, la sala ha llegado a la conclusión de que la conducta del acusado «encuentra pleno encaje» en el delito de detención ilegal, ya que cuando la víctima estaba sola con él, sintió «temor» e intentó abandonar la vivienda, pero el hombre se lo impidió y tuvo que ser «rescatada» por tres amigos.

El procesado privó a la mujer de su «libertad ambulatoria» durante un periodo de tiempo que el tribunal considera «suficiente» como para entender que se produjo el citado tipo delictivo, tras unos hechos que cometió «directa, personalmente y con conciencia y voluntad».

Y aunque el implicado negó haber retenido a la víctima contra su voluntad, reconoció en el plenario que se encerró en el baño y pidió auxilio, pero sin dar una «explicación razonable» del motivo por el que pudo actuar así.

VERSIONES

Frente a ello, los magistrados destacan la «persistencia en la incriminación» por parte de la víctima, así como «ausencia de incredibilidad subjetiva» y la «verosimilitud» en su versión de lo ocurrido desde su denuncia inicial, versión que ha sido «plenamente corroborada» por los testigos que acudieron al domicilio en su auxilio.

En cambio, «la versión exculpatoria ofrecida por el acusado carece de la más mínima corroboración periférica, encontrándonos -señalan los magistrados- con que ni tan siquiera ha mantenido una versión coincidente de lo supuestamente sucedido en su domicilio».

La sentencia no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El Pleno del Senado ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energético con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto el de Vox, que ha votado en contra, y el PP, que finalmente se ha abstenido. En su paso por la Cámara alta, el texto ha incorporado algunas enmiendas, lo que obliga a devolver la ley al Congreso de los Diputados para culminar su tramitación legislativa, antes de su remisión definitiva al Boletín Oficial del Estado.

En el Congreso de los Diputados, PP y Más País se abstuvieron, mientras que en la Cámara alta el PP ha mantenido su abstención y Más País se ha decantado finamente por apoyar la ley.

No obstante, pese al mayoritario respaldo, todos los grupos de la oposición han criticado que el proyecto legislativo se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, de modo los senadores apenas han contado con 14 días para presentar y analizar 585 enmiendas, un plazo que dada la «importancia» y «trascendencia» para el futuro del país distintos senadores han calificado cuanto menos de «insuficiente».

Asimismo, han manifestado que esta urgencia ha impedido un debate sosegado y ha ninguneado las funciones de representación territorial de la Cámara alta que queda como «un órgano de lectura rápida», entre otras críticas. De hecho, varios grupos han destacado que el hecho de que se hayan planteado cerca de 600 enmiendas al texto da cuenta de lo «apresurado» del procedimiento y de la capacidad y voluntad de los grupos de mejorar la norma.

El único grupo que se ha opuesto, Vox, presentó un veto a la ley para que el proyecto fuera devuelto al Gobierno y que ha obtenido el rechazo del resto de grupos parlamentarios.

En su defensa, el senador José Manuel Marín alertó de que la ley de cambio climático busca «cambiar radicalmente» la economía, la sociedad y el modo de vida de los españoles con el «nuevo mantra» de la emergencia climática. Así, ha criticado que los objetivos propuestos en la normativa superan los recomendados por la Unión Europea, lo que supedita el crecimiento de la economía, la competitividad de las empresas y la seguridad de los ciudadanos.

El senador considera que España debe seguir «comprometida por el medio ambiente» pero «no a cualquier coste» y ha acusado al Gobierno «socialcomunista» de querer ser «más verde que nadie» y de usar la emergencia climática como un «pretexto para intervenir la sociedad» y el «dirigismo».

«El cambio climático es el nuevo ‘mantra’. El alarmismo climático hace las veces de una nueva religión», ha manifestado, antes de cuestionar algunos datos de instituciones científicas y señalar que esta ley se erige en «pitonisa del futuro» y desatiende aspectos que perjudican la competitividad en su «obsesión de erradicar los combustibles fósiles».

Durante la defensa del turno en contra, la vicepresidenta del Senado y senadora socialista, Cristina Narbona, ha rechazado con «toda contundencia» el veto presentado por Vox en «cada uno de los elementos esgrimidos» y porque el modelo social, económico y político que defiende su grupo parlamentario está «en las antípodas» de la formación verde.

De hecho, ha afirmado que el cambio climático está en el primer lugar de las prioridades socialistas porque supone un «desafío ético a escala global» y una «amenaza a los derechos humanos». En la misma línea, han rechazado el veto de Vox el resto de formaciones.

Desde el PP, el senador José Manuel Juncal ha criticado la tramitación de urgencia de una ley como esta porque «deja en entredicho el trabajo de la cámara» sin razón alguna «más allá de la propaganda y la publicidad» del Gobierno que quiere adueñarse de la etiqueta de «los más verdes» y lamenta la falta de debate para que esta hubiera sido «una ley de todos». Así los populares han votado a favor de 110 enmiendas «de todos los grupos» en aras del consenso y ha señalado que le hubiera gustado votar a favor pero que el PSOE lo ha hecho «imposible».

El resto de grupos de la oposición, desde PRC, Geroa Bai, EH-BILDU, Coalición Canaria, Agrupación Socialista Gomera, Compromís, UPN, PAR, JxC, ERC, CS y PNV han lamentado el procedimiento de tramitación que ha impedido un debate «sosegado» y «suficiente». Solo Adelante Andalucía ha manifestado que la urgente necesidad de contar con la nueva ley justifica de por sí el procedimiento de urgencia de la norma.

Sin embargo, han defendido la «necesidad» de la ley cuyos objetivos han sido calificados de «poco ambiciosos» para mitigar el daño que provocará el cambio climático. Si bien, han dado la «bienvenida» a esta la Ley con la que España deberá cumplir sus compromisos internacionales y europeos adquiridos para contribuir a limitar a 1,5ºC el aumento de la temperatura global de aquí a final de siglo.

El último en cerrar el debate ha sido el senador socialista Ander Gil, quien ha celebrado que la ley salga adelante porque lo contrario «no se entendería» y dirigiéndose a los senadores les ha dicho que son «protagonistas» de una ley de la que se sentirán «muy orgullosos» cuando echen la vista atrás. «Tenemos en nuestras manos nuestro destino y el de nuestros hijos y no podemos fallarles», ha concluido.

INCORPORACIONES

Además de algunas modificaciones de mejora técnica o correcciones de redacción de la norma, el Senado ha respaldado las enmiendas presentadas por Ciudadanos al artículo 20 relativas a las concesiones en el dominio público marítimo terrestre por el que los plazos no podrán superar lo establecido en la ley de costas vigente.

En el caso de las instalaciones industriales ese plazo de duración del título de concesión comenzará a contar desde el inicio de la actividad industrial para la que se concedió ese permiso.

Por otro lado, los grupos han pactado una enmienda para suprimir una disposición final de la ley, la duodécima, para que los municipios en áreas con centrales nucleares tengan la posibilidad de participar en las decisiones relativas a los planes de residuos de estas instalaciones.

De ese modo, se recupera la redacción inicial del proyecto legislativo, que no incluía tal disposición final, tras considerar los grupos que suponía una invasión de competencias municipales.

Otra de las incorporaciones es una enmienda, presentada por el senador balear de MES Vicen Vidal para mejorar la protección expresa de las praderas de posidonia en el marco del artículo 22, que recoge que los desarrollos de energías renovables deben garantizar y mantener los valores ambientales y paisajísticos y compensar los beneficios que generan en aquellos lugares donde se aprovechan sus recursos así como las afecciones de estos desarrollos en el medio ambiente.

Una vez aprobada la Ley de Cambio Climático en el pleno, ahora la Cámara alta devolverá al Congreso de los Diputados el texto normativo para que incorpore estos últimos cambios y de finalmente luz verde a la primera ley climática nacional, seis años después de que España suscribiera en 2015 y ratificara en 2016 el Acuerdo del Clima de París.

Los objetivos de la ley prevén una reducción de los gases de efecto invernadero del 23 por ciento de aquí a 2030 respecto a 1990; alcanzar un 42 por ciento de renovables en el consumo final de energía; la supresión de los vehículos de combustión a más tardar en 2040; prohíbe las prospecciones y explotación de hidrocarburos a partir de la entrada en vigor de la ley así como los proyectos de fracturación hidráulica y la minería de uranio. Con estas y otras propuestas, la Ley fija el objetivo de que España alcance, a más tardar, en 2050 la neutralidad climática.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha ofrecido este miércoles que España organice el próximo mes de octubre una conferencia de alto nivel para reforzar el compromiso de la comunidad internacional en la protección y conservación de los ecosistemas marinos antárticos.

La ministra ha animado a Europa, Estados Unidos y países del hemisferio Sur a redoblar los esfuerzos para facilitar el consenso internacional en torno a la creación de nuevas Áreas Marinas Protegidas en el Océano Austral.

«En los próximos meses tenemos que intensificar nuestros esfuerzos bilaterales para atraer a los países reticentes al consenso internacional», ha subrayado Ribera en el transcurso de la reunión informal de países miembros de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, por sus siglas en inglés), celebrada este miércoles bajo el auspicio de la Comisión Europea.

«Es importante utilizar todas las vías a nuestro alcance, institucionales, económicas, y movilizar también a la opinión pública mundial desde una posición creativa, constructiva e inclusiva», ha recalcado.

El veto de Rusia y China mantiene paralizada desde hace años la catalogación como Áreas Marinas Protegidas (MPAs) de la Antártida Oriental y del Mar de Weddell, planteadas en 2012 y 2016, respectivamente, por la Unión Europea y países como Australia y Noruega. A estas propuestas se ha sumado recientemente la formulada por Chile y Argentina, miembros también del CCAMLR, con el objetivo de aplicar la misma protección a la península Antártica.

«España apoya de manera incondicional la urgente extensión de la red de MPAs, crucial para aumentar la resiliencia del Océano Austral a los efectos del cambio climático, y asegurarnos de que los valiosos ecosistemas antárticos y actividades como el turismo y la pesca queden debidamente regulados para garantizar la preservación de los ecosistemas antárticos», ha expuesto la ministra.

Para avanzar hacia ese objetivo, Ribera ha lanzado el ofrecimiento de convocar en España a principios del mes de octubre una reunión de alto nivel para intentar desencallar las negociaciones, coincidiendo con el 30º aniversario de la firma del Protocolo de Madrid, suscrito el 4 de octubre de 1991 como tratado ambiental complementario al Tratado Antártico (1959).

ADOPCIÓN DE UNA DECLARACIÓN CONJUNTA

«Estamos comprometidos en facilitar y poner todo de nuestra parte para que las conversaciones avancen», ha señalado Ribera, de modo que sirvan para afianzar el diálogo entre los firmantes del CCAMLR de cara a la próxima cumbre de este organismo, prevista también para el próximo octubre, cuando volverán a someterse a votación las propuestas de creación de nuevas áreas marinas protegidas en aguas antárticas.

Los 15 países de tres continentes participantes en el encuentro, moderado por el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevicius, han adoptado una declaración en la que reafirman su compromiso con la designación de nuevas Áreas Marinas Protegidas en el océano Austral, especialmente en la Antártica Oriental y el Mar de Weddell, y enfatizan la necesidad de llevar a cabo acciones decididas y urgentes para proteger esta área de los efectos del cambio climático y otros impactos de origen antropogénico.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación espera que la repatriación de David Beriain y Roberto Fraile, los dos periodistas asesinados en Burkina Faso este lunes, se complete este viernes con su llegada a España a bordo de un avión militar.

Así lo ha explicado el director general de Asuntos Consulares del Ministerio, Juan Duarte, precisando que el calendario previsto es que los cuerpos salgan el jueves por la noche de Uagadugú, la capital burkinesa, a bordo de un avión del Ejército del Aire, para aterrizar el viernes en Torrejón de Ardoz (Madrid).

En declaraciones al Canal 24 Horas, Duarte ha reconocido que «la gestión ha sido muy complicada» y que ha resultado «difícil» trasladar los dos cuerpos desde el lugar en el que se produjo su muerte, en el este del país, hasta la capital, «pero ahora estamos en el buen camino».

Los cadáveres llegaron el martes por la noche a Uagadugú y de los trámites de repatriación se está encargando la cónsul de España en Malí, encargada también de Burkina Faso, que se ha desplazado expresamente para ello a la capital burkinesa, según ha informado Exteriores.

Duarte ha asegurado que las familias de Beriain y Fraile han estado informadas en todo momento, pese a que «al principio hubo información contradictoria» sobre lo sucedido, y también están al tanto ahora de las gestiones para su repatriación.

En cuanto a las circunstancias en las que se produjo la muerte de ambos reporteros, que trabajaban en un documental sobre la lucha contra la caza furtiva en el país, el responsable de Exteriores ha preferido no pronunciarse, subrayando que aún es «un poco prematuro».

POSIBLE ATENTADO TERRORISTA

«Parece que es un atentado terrorista pero hay que ser muy prudente», ha sostenido, al tiempo que ha confiado en que en última instancia se llegue «a saber lo que ha pasado», aunque «no siempre es fácil».

Según ha indicado, por ahora la colaboración con las autoridades de Burkina Faso ha sido «excelente» y la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, habló anoche con su homólogo de este país y existe «la mejor predisposición para aclarar lo ocurrido».

Los dos periodistas formaban parte de un grupo de unas 40 personas con las que se perdió el contacto hacia las 15.30 horas del lunes en un parque natural situado en la frontera entre Burkina Faso y Benín, una «zona peligrosa por ser campo de operaciones de terroristas, cazadores furtivos y bandidos», según subrayó este martes González Laya.

Junto a ellos también fue asesinado el irlandés Rory Young, fundador de la ONG Chengeti Wildlife, que se encarga de entrenar a guardias para proteger la fauna salvaje en África frente a los cazadores furtivos. En el ataque, que el Gobierno burkinés ha atribuido a terroristas, también hubo otros tres heridos.

El objetivo del ataque fue una patrulla de las fuerzas de seguridad y durante el mismo los asaltantes se hicieron con diverso material, incluidas varias motos.

ATAQUE NO REIVINDICADO

Ningún grupo ha reivindicado oficialmente la autoría, si bien en redes sociales ha circulado un audio en el que un supuesto portavoz del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel, se atribuiría los hechos.

No obstante, expertos en yihadismo han puesto en tela de juicio esta reivindicación, toda vez que en el pasado los grupos terroristas han secuestrado a occidentales para usarlos como moneda de cambio y exigir cuantiosos rescates o la liberación de combatientes, por lo que no se entendería que en este caso los hubieran ejecutado.

Otras informaciones han apuntado a que su muerte podría haberse producido en el ataque inicial, si bien por el momento no hay una versión oficial de lo ocurrido.

El este y el norte de Burkina Faso han sufrido un aumento de la inseguridad durante los últimos años, especialmente a causa del repunte de los ataques por parte de grupos yihadistas, entre JNIM y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), que han provocado además un incremento de los enfrentamientos intercomunitarios y desencadenado una grave crisis humanitaria.

Dos misioneros españoles, Antonio César Fernández y Fernando Hernández, fueron asesinados en dos ataques en Burkina Faso en 2019. Además, en mayo de ese mismo año dos turistas franceses fueron secuestrados en el parque natural de Pendjari, en Benín y fronterizo con Burkina Faso, país al que fueron trasladados por sus captores y donde fueron rescatados en una operación de las fuerzas especiales galas en la que murieron dos militares.

El Gobierno se ha comprometido a presentar cada año un informe sobre la ejecución de la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 que se aprobó este martes y con la que aspira a que España deje de ser un mero espectador en la escena internacional para convertirse en un «país nodal».

Ese es uno de los pocos cambios que se han introducido en el documento final de la estrategia, publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, con respecto al proyecto que se presentó a finales de enero.

En general, salvo pequeños matices y alguna corrección de erratas, el texto es el mismo que llevó la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a Congreso y Senado y que el Gobierno ha discutido también con otros actores de la acción exterior, incluidas comunidades autónomas y entes locales.

No obstante, uno de los añadidos es precisamente para indicar que «se dará cuenta de la ejecución de la Estrategia de Acción Exterior, de las actuaciones realizadas y de los objetivos logrados, en el Informe Anual de Acción Exterior», extremo que ya había adelantado en sus comparecencias parlamentarias la ministra.

Por este motivo, precisa el Gobierno en la Estrategia, «se realizará una extensa labor de seguimiento y evaluación, que permitirá realizar un ejercicio integral de rendición de cuentas». El proceso también permitirá que se pueda adaptar la Estrategia «a los cambios en el contexto internacional y será una oportunidad para identificar buenas prácticas y profundizar en ellas», reivindica.

OTROS CAMBIOS

El resto de cambios, en forma de algunos añadidos y reestructuración del texto, se han introducido en el apartado de la «respuesta de España» y más en concreto en el capítulo dedicado a «Derechos Humanos, democracia, seguridad, feminismo y diversidad como referentes».

Así, por ejemplo, se indica que «se pondrá especial énfasis en la implicación activa del sector privado en la defensa y promoción de losDerechos Humanos y el cumplimiento del principio de diligencia debida», cuestión esta última que no figuraba en el original.

Además, «se reafirmará el compromiso con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como instancia fundamental para garantizar el cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos», y se impulsará la «protección de la infancia, particularmente en contextos de vulnerabilidad, y la promoción universal de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas».

Por otra parte, también se ha introducido un párrafo en el que se manifiesta que «España promoverá activamente el cumplimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario para asegurar la protección de la población civil en conflictos armados, en especial colectivos particularmente vulnerables como mujeres e infancia».

El segmento al que se ha introducido más cambios ha sido en el relativo a «España como referente de política exterior feminista y de promoción de la diversidad», que en texto final se ha desglosado en dos apartados para diferenciar mejor ambas cuestiones pero sin modificaciones en cuanto al contenido.

FALTA LA MEMORIA ECONÓMICA

Aunque en sus comparecencias parlamentarias González Laya se comprometió a que la Estrategia de Acción Exterior iría acompañada de una memoria económica, tal y como le exigían desde la oposición, por el momento el Ministerio de Asuntos Exteriores no la ha publicado.

No obstante, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra desveló que para 2021 está previsto destinar 5.600 millones de euros a la acción exterior.

Asimismo, reivindicó que la estrategia, la segunda tras la adoptada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, «no es un catálogo de buenos deseos o una colección de acciones» sino que parte de un «diagnóstico» del mundo actual, cada vez más volátil y con cambios rápidos en el que impera la interdependencia.

En este contexto, y partiendo de la base de las «fortalezas» de España, como el que es una de las quince mayores economías mundiales o que el español es el segundo idioma más hablado, el Gobierno se ha fijado el objetivo de que «España sea un país nodal, que no sea solamente espectador de la acción exterior de otros sino que sea capaz de contribuir a construir consensos, tejer acuerdos y dar respuestas a las fracturas que atraviesa nuestro mundo», explicó.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha pedido al Gobierno de España que encuentre alternativas alojativas dignas para los migrantes que llegan en patera que no sean los establecimientos hoteleros de la isla.

Así lo ha señalado este miércoles durante una rueda de prensa donde añadió que Fuerteventura no se puede permitir esta situación, por lo que instó a las administraciones competentes a encontrar «en días, y si es en horas mejor», alternativas alojativas.

«El sector teme que la imagen de migrantes en el hotel de Caleta de Fuste genere tal alarma entre los turoperadores que ponga en peligro la llegada de turistas a partir del 17 de mayo, algo que compromete la recuperación económica en la que tan duramente estamos trabajando», afirmó.

Lloret reclamó también al Estado que aclare cuanto antes si seguirán necesitando o no la Nave del Queso, cuya cesión, dadas las circunstancias, se hizo por la vía de urgencia sin el habitual procedimiento administrativo.

«Si quieren continuar usándola –entendió– hay que regularizar administrativamente la cesión. Y si no la necesitan, díganlo ya para iniciar el proceso de recuperación, porque también habrá que regularizar administrativamente ese vaciamiento paulatino que ordena el Estado».

Con respecto a la segunda nave, explicó que «tras días de intenso trabajo administrativo, el contrato de cesión estaba firmado, a espera de la rúbrica de la otra parte». Ahora, el Cabildo paralizará el expediente abierto, ante la comunicación por parte de Migraciones de que no se va a utilizar.

«Estamos dando palos de ciego. Hace unas semanas se nos pedía que cediéramos una segunda nave en Risco Prieto. Ahora Migraciones nos dice que no se puede utilizar porque no reúne las condiciones», dijo para agregar que el Cabildo ha hecho lo que se le pidió en su voluntad de cooperar.

Como posible alternativa a los establecimientos turísticos, el presidente sugirió las instalaciones de Defensa en El Matorral, en las áreas más alejadas de la localidad, porque es «donde menos impacto social se generaría».

Lloret también urgió a resolver administrativamente cuanto antes las herramientas necesarias para poder ejercer medidas de control en el Matorral, como alternativa al alojamiento en zonas turísticas.

Por otro lado, aseguró que se estudiará la petición efectuada al Cabildo el pasado viernes por el Delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, de ceder suelo disponible donde habilitar barracones prefabricados.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha asegurado este miércoles que si el Gobierno «no busca una solución equitativa» entre todas las comunidades autónomas sobre el IVA de 2017, desde la Generalitat «se estudiarán las medidas necesarias para reclamar unos recursos que son de todos los valencianos y valencianas».

Tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver a Castilla y León 182 millones de euros por la liquidación del IVA de 2017, Soler se ha mostrado este miércoles convencido de que la mensualidad del impuesto de ese año que el Gobierno adeuda a las CCAA «por la decisión unilateral y completamente insolidaria» del exministro del PP Critóbal Montoro, debe abonarse «por igual a todas las autonomías».

Así lo ha hecho saber Soler al Ministerio de Hacienda, al que ha reclamado una solución «consensuada y dialogada» entre todas las autonomías. «Las consecuencias de esta decisión del Gobierno de Rajoy las sufrieron todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, al privar a los gobiernos autonómicos de unos recursos que nos corresponden», ha indicado en un comunicado.

En esta línea, ha incidido en que «si el Gobierno no busca una solución equitativa, desde la Generalitat se estudiarán las medidas necesarias para reclamar unos recursos que son de todos los valencianos y valencianas». A su juicio, la solución «debería pasar por el consenso y el diálogo sin necesidad de recurrir a la litigiosidad» y subraya que la sentencia «pone claramente en evidencia que la decisión del Gobierno de Rajoy fue contraria al derecho de las autonomías».

El conseller de Hacienda ha querido remarcar que el Consell ya gastó los 281 millones adeudados al haberlos incluido en los Presupuestos de la Generalitat del año 2019. «Nuestra obligación como Gobierno es que todos los ciudadanos tengan garantizados unos servicios públicos fundamentales de calidad y, como parte de los recursos del sistema, destinamos la mensualidad del IVA a garantizar los pagos necesarios en Educación, Sanidad y Servicios Sociales», ha recordado.

En esta línea, ha manifestado también que el actual Gobierno incluyó un cambio legislativo que permitía recuperar a las CCAA la mensualidad adeudada desde 2017 en los presupuestos de 2019 y ha lamentado que «en lugar de apoyar unas cuentas que hubiesen puesto fin a este problema hace dos años, algunas autonomías buscaran la vía judicial para llegar al mismo punto».

«Gracias a la presión de las comunidades autónomas contra la decisión de Montoro, la ministra María Jesús Montero incluyó estos recursos en los Presupuestos Generales de 2019; sin embargo tanto los partidos de la derecha como los independentistas votaron en contra de los mismos e impidieron su aplicación efectiva», ha reprochado Soler.

En esta línea, el responsable de Hacienda ha señalado que la solución alternativa que adoptó el Ministerio de Hacienda de permitir un «mayor déficit autorizado» para las autonomías como «compensación» fue «una solución transitoria, pero no resolvía el fondo de la cuestión» y ha apuntado que debe solventarse «para no contabilizar como deuda unos recursos que nos corresponden».

Soler ha recordado que esta situación fue originada por la decisión que tomó el que fuera ministro de Hacienda de Mariano Rajoy en 2017, Cristóbal Montoro, al aplicar el llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA que implicó que, en términos de caja, solo se contabilizaran once meses de autoliquidaciones de IVA dos años después, en el ejercicio 2019.

Según el conseller, esta decisión de Montoro «provocó un claro quebranto» para las autonomías. «Fue una medida injusta que siempre hemos denunciado por perjudicar los intereses e ingresos de las autonomías», ha insistido Soler.

El arquitecto español Rafael Moneo ha sido premiado con el León de Oro a la Trayectoria en la edición de este año de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que abrirá al público el próximo sábado 22 de mayo, según ha anunciado la organización.

«Moneo es uno de los arquitectos más transformadores de su generación. A través de su amplia gama de edificios, como el Auditorio Kursaal o sus intervenciones en el Museo del Prado o la estación de tren de Atocha, ha mostrado proyectos arquitectónicos que responden a las contingencias del sitio para trascender», ha señalado el curador de la edición de este año, Hashim Sarkis.

Sarkis también ha destacado la labor de Moneo como educador –«guiando a varias generaciones de arquitectos»–, como académico o como crítico de la escena contemporáneo. La Bienal ha preparado una exposición dentro del Pabellón del Libro del Giardini para homenajear a Moneo con una selección de maquetas plásticas y cuadros emblemáticos de sus edificios.

Este reconocimiento se entregará el sábado 22 de mayo junto con el León de Oro Especial a la Trayectoria en memoria a Lina Bo Bardi , durante la ceremonia de entrega de premios e inauguración de la Bienal 2021.

Rafael Moneo (Tudela, España, 1937) se licenció en 1961 en la Escuela Técnica Superior de Madrid. De 1958 a 1961 trabajó con el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza en Madrid. En 1963 obtuvo una beca en la Academia Española de Roma.

A su regreso a España en 1965, abrió su oficina en Madrid y comenzó a dar clases en la Escuela Técnica Superior de Madrid. En 1970 ganó una cátedra de Teoría de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Barcelona. De 1980 a 1985 fue catedrático de composición en la Escuela Técnica Superior de Madrid.

En 1985 Rafael Moneo fue nombrado presidente del Departamento de Arquitectura de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, cargo que ocupó hasta 1990. En 1991 fue nombrado profesor Josep Lluís Sert de Arquitectura en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, donde continúa impartiendo clases como profesor emérito.

Entre sus obras más conocidas se encuentran la transformación del Palacio de Villahermosa en Museo Thyssen-Bornemisza (1989-92), la Fundación Pilar y Joan Miró en Palma de Mallorca (1987-1992), el Edificio Diagonal de Barcelona (en colaboración con Manuel de Solá-Morales, 1988-1993), los Museos de Arte y Arquitectura Moderna de Estocolmo, Suecia (1994-98), el Auditorio y Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián (1991-1999), la ampliación del Museo del Prado (2001-2007 ), los zocos de Beirut (1996-2009), el Northwest Science Building de la Universidad de Columbia (2007-2010) o el Princeton Neuroscience Institute y Peretzman-Scully Hall (2007-2013).

Además, ha sido galardonado con numerosos premios y distinciones, entre ellos el Premio Pritzker (1996), la Real Medalla de Oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos (2003), el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2013) y el Praemium Imperiale (2017). En 1997 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de España.

Promotores musicales de la Comunitat Valenciana piden «avanzar», de cara al próximo verano, en la Mesa de Trabajo para ampliar aforos y planificar el regreso de este tipo de eventos. «Estamos preparados», aseguran.

Además, consideran que el resultado obtenido tras el concierto de la banda Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona les ha «abierto una vía de trabajo» con las administraciones para conseguir que los grandes eventos musicales tengan aforos «viables».

Así lo ha destacado el presidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV), Sergi Almiñana. Este portavoz espera poder contar con un mayor aforo de público de cara a la temporada estival en festivales y conciertos: «La prueba piloto de Barcelona ha sido un antes y un después», insiste.

Almiñana ha explicado que el evento musical organizado en ciudad condal, al que asistieron un total de 5.000 personas, y al que él también acudió junto a una representación del sector valenciano de la música en directo y representantes de Sanidad Pública y Turismo de la Generalitat Valenciana, se realizó de una forma «muy estructurada» y con el apoyo de los test de antígenos, lo que hizo que se celebrara «sin riegos sanitarios».

«El resultado es el que el sector se esperaba, que se pueden realizar estos conciertos masivos porque hay herramientas y protocolos que hacen que sean seguros», ha destacado el representante de los promotores musicales valencianos.

El concierto, que se celebró el pasado 27 de marzo y fue la primera prueba piloto masiva y sin distancia de seguridad, no se convirtió en un «evento de supertransmisión» tal y como explicaron este martes en rueda de prensa en Barcelona los investigadores del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, junto a la consellera de Cultura en funciones, Àngels Ponsa, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas de Can Ruti, Bonaventura Clotet.

Finalmente, fueron diagnosticados un total de seis casos positivos en los 14 días posteriores, y, tras realizar una encuesta epidemiológica a los infectados, los datos han sugerido a los investigadores que la transmisión podría ser que no se haya producido durante el concierto. En cuatro de ellos se descarta «con toda seguridad» y los otros dos casos no se ha podido determinar «con claridad».

«SEGUIR TRABAJANDO EN LA DESESCALADA»

Con estos datos, desde este sector musical han pedido a las autoridades valencianas que sigan «trabajando en la desescalada» en las próximas semanas y esperan que, con los actuales datos epidemiológicos, se pueda ampliar el actual aforo que está limitado a mil personas: «Es una cifra insuficiente que hace inviable la realización de estos eventos musicales».

«Estamos en el mes de mayo, tenemos el verano a las puertas, y ya tenemos muchos eventos organizados, en diferentes formatos, algunos más reducidos, y estamos a la espera para poder hacerlos de manera más masiva porque hay una situación controlada», ha recalcado Almiñana.

No obstante, desde este sector cultural miran «con incertidumbre» y «dudas» la posibilidad d que se puedan llegar a celebrar grandes festivales en los meses de verano, pero creen que el resultado del concierto de Barcelona les «abre una vía de trabajo» para que haya una viabilidad en el desarrollo de estos festivales.

La asociación de promotores recuerda que la Comunitat suma hasta 30 festivales de gran formato de referencia nacional e internacional. Almiñana ha advertido que si no funciona una mesa de trabajo –que anunció el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, el pasado mes de marzo–, estos festivales «no se podrán celebrar», ya que ha destacado que realizar un concierto como el de Love of Lesbian, con test de antígenos y protocolos de seguridad, necesitaría contar con el respaldo de las administraciones públicas.

El sector ha cifrado en 100 millones de euros las pérdidas registradas por la pandemia en 2020, y consideran que en 2021 afrontarán una situación «complicada» si en este verano no pueden llegar a un nivel de actividad que permita a estas empresas musicales «seguir abiertas» y poder mantener los puestos de trabajo.

«Más que esperanzados, estamos preparados, tenemos las programaciones y los espacios, así como la intención de convertir nuestro circuitos de conciertos en festivales», ha aseverado Almiñana quien ha insistido en que se necesita «avanzar» en una mesa de trabajo, tal y como se ha hecho en otros sectores económicos como el turismo.

Podemos ha criticado que los «privilegios fiscales» a las rentas altas aplicados por el PP en la Comunidad de Madrid suponen una merma de ingresos superior a los 4.100 millones de euros anuales y que ese «paraíso fiscal» ha generado que, pese a tener la mayor renta per cápita del país, los servicios públicos se hayan visto «erosionados», sobre todo en lo referido al gasto sanitario.

Tal y como sostiene el área económica de Podemos, esos beneficios fiscales aplicados por los populares en Madrid, se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (2.663 millones de euros), Patrimonio (996 millones) e IRPF (504 millones) que se acumulan «en manos de la población que más recursos tiene».

Cantidades que, para Podemos, «lastran el desarrollo de los servicios públicos de todos los madrileños» mediante unas rebajas fiscales «fuertemente regresivas» que, de no aplicarse, podrían haber aumento un 25%. Con ese volumen de recursos, argumentan que la región se situaría «claramente» por encima de la media de ingresos por habitante, abandonando «la última posición que ocupaba antes de la pandemia».

La formación morada destaca que, pese a esa mayor renta per cápita de España, Madrid presenta los menores ingresos no financieros por persona de todas las autonomía de régimen común y un «recorte» de partidas a servicios públicos.

A LA COLA EN GASTO PÚBLICO EN SANIDAD

Específicamente, alude a que los indicadores de gasto público en sanidad de Madrid revelan la «erosión de los servicios públicos madrileños», al situarse a la «cola del gasto público en sanidad en relación con su PIB y la segunda comunidad con menor gasto sanitario por habitante».

Por parcelas, la formación morada expone que la región se sitúa en última posición en gasto en Atención Primaria y que Madrid ha tenido que hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 «con un nivel de gasto sanitario un 8% inferior al que tenía en 2009», en base a los datos que han analizado del Ministerio de Sanidad.

En consecuencia, el sistema madrileño consiste en servicios «infradotados» por un modelo tributario de «fuertes privilegios fiscales para las rentas más altas y los grandes patrimonios». En este sentido, descarta que la situación responda al sistema de financiación autonómica, que en términos de recursos por habitante ajustado se coloca «ligeramente por encima de la media» de las autonomías de régimen común en 2017.

BENEFICIOS FISCALES A RENTAS ALTAS

Por tanto, Podemos pone el foco en la política fiscal aplicada por el PP en una serie de tributos. Por ejemplo, en materia de IPRF y para bases superiores a 53.407 euros, Madrid presenta el tramo autonómico el tipo impositivo máximo más bajo del conjunto de autonomías (21%), pero esos beneficios fiscales los acumula principalmente contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros, que protagonizan el 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF.

También detecta que los gobiernos del PP han aplicado rebajas «lineales» en todos los tramos aunque generando unos beneficios fiscales desproporcionados a las rentas más altas. De esta forma, declarantes con rentas menores de 12.000 euros anuales dejan de pagar una media de 5 euros al año mientras que rentas de 601.000 euros se ahorran 13.030 euros.

Además, sostiene que la bonificación del 99% en Sucesiones y Donaciones beneficia a las familias «más ricas» y que en el impuesto de Patrimonio (cuya bonificación es total) va dirigida «fundamentalmente» a los millonarios que residen en la Comunidad de Madrid.

Y es que Madrid, a su juicio de Podemos, se comporta como un «paraíso fiscal» dentro de España al incrementar, desde 2010, su número de declarantes en el impuesto de patrimonio en aproximadamente 6.000 personas, que coincide con los perdidos por el resto de comunidades autónomas desde esta fecha.

En consecuencia y en función de los datos del ‘Informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal (IVIE, 2020)’, Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales.

POLÍTICA FISCAL PROGRESIVA COMO RESPUESTA

Frente a esta deriva, Podemos defiende una reforma fiscal progresiva para mejorar los servicios públicos y «afrontar una recuperación económica que permita reducir las desigualdades entre los madrileños», eliminando los privilegios fiscales a las rentas y patrimonios más altos.

Concretamente, aspira a aumentar en cuatro puntos porcentuales el tramo autonómico del IRPF a quienes cobren de 60.000 a 150.000 euros, elevar a seis el tipo impositivo a partir de 150.000 euros. Por otro lado, defiende recudir del 9 al al 8,5% en el primer tramo (hasta 12.450 euros) para todas las declaraciones y recuperar los impuestos de sucesiones y patrimonio para fortunas superiores al millón de euros, incrementando la exención del valor de la vivienda habitual hasta los 500.000 euros.

Los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, pertenecientes al sector progresista de este órgano, discrepan de la sentencia que avala la aplicación del delito de sedición en la condena del ‘procés’, y así lo manifiestan en su voto particular a la sentencia que confirma la primera de las condenas por este delito, la del ex consejero Jordi Turull. Ven en la sentencia del Tribunal Supremo vulneración de hasta cuatro derechos fundamentales y desproporción.

El voto particular, formulado de manera conjunta por ambos magistrados, señala que debería haberse estimado el recurso de amparo por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (artículo 25.1) de la Constitución, en relación con los derechos a la libertadpersonal (artículo 17), a la libertad ideológica (artículo 16), y de reunión (artículo 21), por haberse impuesto al recurrente una pena desproporcionada.

A juicio de ambos magistrados hubiera sido posible formular un juicio distinto sobre la proporcionalidad de las penas impuestas por la comisión del delito de sedición «más acorde con una interpretación abierta del principio de legalidad, en sintonía con la que está presente en el ámbito de la cultura jurídica común de los países de la Unión Europea».

DUDAS TÉCNICAS ANTE UN ASUNTO GRAVE

Para Xiol y Balaguer la gravedad de los hechos enjuiciados «no se cuestiona en ningún momento», si bien consideran que hubiera sido necesario tener en cuenta las dudas técnicas que el recurso al tipo penal de sedición suscita en este caso.

Y ello para evitar cualquier reparo respecto de que las sanciones impuestas «excedan de lo necesario para alcanzar la garantía del Estado de Derecho que ellas mismas». Añaden que «sin garantía de la preservación de la norma el Estado de Derecho no es posible, pero sin una observancia escrupulosa de los derechos fundamentales tampoco lo es».

Por ello concluyen que, sin controvertir la relevancia penal de la conducta del recurrente, les parece que el rigor de la respuesta penal, pudiendo haber sido ajustado cuantitativamente acudiendo a previsiones de la normativa penal, «resulta contrario a las exigencias del principio de proporcionalidad penal».

En cuanto al derecho a la legalidad, los magistrados coinciden con sus compañeros en que la conducta sancionada resulta reconocible con un razonable grado de claridad, si bien añaden que la cuestión podía admitir la existencia de dudas notables «y ello posee relevancia para el posterior análisis de la garantía de proporcionalidad penal».

ANÁLISIS DE LAS SEDICIÓN

Argumentan que los elementos del tipo de sedición -el alzamientopúblico y tumultuario-, así como el medio comisivo -fuerza o fuera de las vías legales- o la finalidad perseguida -impedir la aplicación de las leyes-, «deber ser interpretados por parte de los aplicadores del derecho no a partir de su directa comprensión en el lenguaje común,sino mediante un proceso interpretativo más complejo en que influyen criterios que trascienden de los meramente gramaticales, implican un mayor grado de imprevisibilidad en su aplicación para el ciudadano».

Esta relativa indeterminación del delito de sedición «parece que resulta difícilmente rebatible», añade el voto particular, que estima que existen «rasgos de relativa incertidumbre para el ciudadano potencial autor de este delito derivados de la alta presencia de elementos normativos en su configuración legal».

Añaden además que también «son aceptables las dudas» relativas a que los actos del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 (concentración frente a la Consejería de Economía y referéndum por la independencia) representen actos típicos de alzamiento público y tumultuario desarrollados a partir de conductas de fuerza o vías de hecho. Debería haberse valorado, a juicio de estos magistrados, que la pretensión de los condenados según sus afirmaciones era la de condenados «era presionar al Gobierno de la nación para negociar un referéndum, éste sí, susceptible de homologación».

«La conducta enjuiciada podría haber tenido un encaje natural en otros tipos penales como los desórdenes públicos o la desobediencia» añaden los discrepantes.

Tras un prolijo repaso jurisprudencial del principio de proporcionalidad por parte del propio Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los firmantes del voto particular señalan que el Supremo «contaba con los suficientes instrumentos normativos como para haber adecuado la cuantificación de la pena, al menos, al mínimo legal posible de diez años».

No obstante, ambos magistrados van más allá de este mínimo legal y señalan que debían haberse aplicado a Turull circunstancias modificativas de la responsabilidad penal «ante la eventualidad de que la conducta sancionable pudiera desenvolverse en el contexto o la órbita de ejercicio de derechos fundamentales sustantivos como los derechos a la libertad ideológica, de expresión, de reunión o de participación».

REUNIONES PACÍFICAS

Otras circunstancias a tener en cuenta, añaden es que aplicación del delito de sedición se ha realizado sobre dos actos que, al margen deque pudieran suponer una confrontación con decisiones jurisdiccionales, se desenvolvían «en el contexto del derecho de reunión pacífica y se desarrollaron con solo puntuales incidentes».

Cuestionan asimismo la individualización de la pena, por cuanto la autoría de Turull «se ha construido sobre consideraciones normativas ajenas a su participación directa y singular en los hechos declarados sediciosos como es una genérica posición de garante por formar parte del Consejo de Gobierno de la Generalidad, que, además, era adhesiva por su tardía incorporación a dicho Consejo».

Instituciones Penitenciarias ha remitido un oficio a las direcciones de las cárceles para instarles a «reforzar» los mecanismos ya establecidos de seguridad tanto para la población reclusa como para los funcionarios, especialmente en tres aspectos: la actuación con internos que cumplen condena por yihadismo, a pesar de que subraya que no hay ninguna amenaza concreta, las agresiones ligadas a problemas de enfermedad mental y, finalmente, los suicidios.

En el oficio con fecha de 28 de abril, se recuerda la necesidad de autoprotección y de una «comunicación rápida y fluida entre las áreas de vigilancia y tratamiento» en lo que se refiere a la población reclusa relacionada con delitos de terrorismo yihadista.

«En las últimas semanas se han producido actuaciones judiciales en el interior de los centros penitenciarios en relación a población que pudiera colaborar con grupos radicales yihadistas», recuerda el oficio, en alusión a las seis detenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde diciembre de presos que pretendían reclutar a otros para adoctrinarlos en el ideario terrorista.

NO HAY AMENAZA EXPLÍCITA

El escrito recuerda que «no se tienen datos en la actualidad de que exista una objetivación específica o explícita en nuestro país dirigida al colectivo penitenciario», pero aún así requiere a todo el personal para que sea consciente de la necesidad de «mantener la cautela necesaria al respecto en sus actuaciones profesionales y personales».

Lo mismo ocurre con las agresiones a funcionarios por parte de la población reclusa que sufre problemas de salud mental. En este sentido, en el citado oficio de ‘Informe de balance en materia de seguridad y tratamiento’, correspondiente al primer trimestre de 2021, se mencionan las «pautas de actuación ante las resistencia activas y ante las reducciones físicas de las personas que protagonicen incidentes».

El objetivo, según la institución dependiente del Ministerio del Interior, es que las medidas de seguridad «redunden en una mayor eficacia y menores riesgos tanto para el personal como para la población reclusa». Por este motivo, advierten de que la información sobre la situación tratamental resulta «siempre de un importante interés a la hora de determinar la mejor respuesta desde el área de vigilancia».

El propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, aseguró en su última comparecencia en el Congreso que el 30% del total de incidencias estaban relacionadas con la población reclusa que padece enfermedad mental o discapacidad intelectual. No obstante, las agresiones han bajado de las 475 registradas en 2010 a las 176 en 2020, de ellas sólo dos de gravedad. Hasta el 1 de marzo de 2021, se han registrado 26 agresiones, de ellas una ha sido de gravedad.

INFORMACIÓN FLUIDA Y PERMANENTE

El escrito subraya la necesidad de que exista una «información fluida, bidireccional y en permanente renovación» y se remite a una comunicación anterior de fecha 1 de octubre de 2020, relativa a suicidios consumados y tentativas. Se trata de otra problemática que afecta a las prisiones, según subrayan fuentes de la institución: en 2018 hubo 33 suicidios, por 43 en 2019 y 51 en 2020. En lo que va de 2021 se han registrado 11 casos.

El oficio señala que en los suicidios se observa las «mismas variables»: tipo delictivo, situaciones de aislamiento, tentativas o autolesiones previas y trastornos de personalidad, fundamentalmente.

«Mención especial merecen las situaciones de aislamiento derivadas de los protocolos de Covid-19. Esta circunstancia en ningún caso puede significar un menoscabo en la atención tratamental que dichas personas requieran», añade el escrito dirigido a los centros penitenciarios.

Instituciones Penitenciarias concluye instando nuevamente «a reforzar los mecanismos establecidos, siendo de especial relevancia la comunicación rápida y fluida entre las áreas de vigilancia y tratamiento». El objetivo es «reducir al mínimo las situaciones de riesgo tanto para el personal como para la población reclusa».

El PP quiere que la comisión de investigación que se acordó crear en el Congreso sobre la gestión de los planes de vacunación, que está pendiente de constitución, se dedique también a aclarar los retrasos en la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña que se achacan a la Generalitat.

El pasado 11 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó por amplía mayoría –sólo se abstuvieron Vox y el PNV– la creación de la citada comisión de investigación, pedida por Más País-Equo y Compromís, para evaluar la gestión del proceso de vacunación y indagar sobre las personas de distintos colectivos que se ‘colaron’ para recibir sus dosis ante de lo estipulado.

Sin embargo, más de un mes y medio después de su aprobación, esa comisión sigue sin constituirse. El propio líder de Más País, Íñigo Errejón, exigió recientemente, que ésta pudiera ponerse en marcha justo después de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.

En un escrito registrado este miércoles, el PP ha emplazado a la Mesa de la Cámara y, especialmente, a la presidenta, Meritxell Batet, a convocar «de forma inmediata» a los grupos parlamentarios para constituir esa comisión de investigación.

LOS INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO

Su idea es que la comisión pueda conocer todos los detalles que rodean los «incumplimientos» del Gobierno sobre el plan de vacunación, singularmente el que tiene que ver con la promesa, «realizada y no materializada», de haber vacunado al 80% de la población mayor de 80 años antes de que acabara el pasado mes de marzo.

A este realidad, que ya justificaría «por sí sola» que la comisión estuviese activa, el PP añade ahora las quejas planteadas por representantes de pacientes con patologías crónicas por no haber sido incluidos todavía en el grupo de personas con acceso prioritario a la vacuna, la necesidad de una mayor transparencia en los análisis de los casos de efectos adversos detectados o las deficiencias acumuladas por el Ejecutivo en los últimos 16 meses y que han situado a España entre los peores países del mundo en la gestión de la pandemia.

Para el PP urge la constitución de la citada comisión ante la importancia que tienen la vacunación para el futuro sanitario y económico de España, y por la necesidad de «mayor transparencia» y «rendición» de cuentas de la gestión de la pandemia.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS EXPERTOS

En este punto, los de Pablo Casado recuerdan las cartas de epidemiólogos y expertos en salud pública en favor de una evaluación independiente publicada en ‘The Lancet’, la propuesta de una comisión de investigación promovida por el PP el pasado septiembre y la ausencia de avances por parte del Ministerio de Sanidad con el compromiso adquirido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de llevar a la práctica una auditoría sobre este asunto.

Pero, además, el PP quiere aprovechar esa comisión de investigación, pendiente de crear, para pedir que investigue también el retraso de la vacunación contra el coronavirus sufrida por los policías y guardias civiles destinados en Cataluña, y así lo incluirá en el plan de trabajo que presente a la misma.

Los ‘populares’ quieren conocer todos los detalles en torno a esta situación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) apreciara discriminación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el acceso a la vacuna y ordenara a la Consejería de Sanidad en esa comunidad a vacunarles «sin dilaciones» para alcanzar la misma proporción que en los Mossos. En concreto, le dio un plazo de 10 días para hacerlo.

El Congreso tiene actualmente abiertas dos comisiones de investigación, la relativa al supuestos espionaje a Luis Bárcenas desde el Ministerio de Interior del Gobierno Rajoy, que aún está en fase de comparecencias, y la del accidente del avión de Spanair en Barajas en 2008, que ya ha aprobado sus conclusiones.

El que fuera director general de Sa Nostra, Pere Batle, ha defendido este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso ‘Sa Nostra’ la operación de 2008 por la que la entidad dio el visto bueno a que el Grupo Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca dado que «se mejoraba de deudor» y se los quedaba un grupo «altamente profesional».

Este miércoles ha arrancado el juicio oral en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y contra los empresarios Martín Gual y Javier Collado. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.

«La convicción íntima que tenía es que la operación debía llevarse a cabo sí o sí porque mejorábamos de deudor», ha señalado a preguntas de la Fiscalía para luego aclarar que el cambio se produce porque los suelos, tasados en 80 millones de euros y en zona próxima al mar y cerca del aeropuerto, eran propiedad de una compañía con riesgo hipotecario (FBEX).

«Con la compraventa –por una sociedad propiedad de Gual, Haras Gestión– se mejoró el gestor, no hubo incremento de riesgo sino compraventa de activo y con esta adquisición mejoramos las expectativas de la gestión urbanística», ha recordado apuntando que al poco tiempo ese suelo que era rústico se convirtió en urbano.

Para Batle, fue la mejor solución porque Gual tenía una amplia experiencia, ya habían trabajado con anterioridad con él, por lo que a preguntas de su defensa ha afirmado con rotundidad que si tuviera que decidir de nuevo, haría lo mismo: «Era la mejor solución y la volvería a tomar».

Con todo, ha aclarado que ese tipo de decisiones de financiación nunca se tomaban unilateralmente sino que siempre se apoyaba en los comités creados a tal fin, y ha añadido que en la caja siempre se realizaban análisis por parte del comité de riesgos. En el caso de la operación con Gual no lo ha podido asegurar taxativametne pero cree que también.

APROPIACIÓN INDEBIDA

Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. «El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, así como la causación de un perjuicio patrimonial relevante a la entidad», indicaba.

Según la acusación, en 2008, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito deocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver «se concertaron con Martín Gual para que éste secolocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras».

«El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico», sostenían el Ministerio Fiscal.

En su declaración, Batle ha reconocido que Martín Gual era un promotor conocido porque era al que la caja le financiaba más viviendas. De él ha dicho que era persona escrupulosa y que no empezaba una promoción sin un numero de ventas determinado. «Lo llevaba todo muy bien, era de los mejores promotores», ha indicado.

Los periodistas Vicente Vallés, director y presentador del informativo de Antena 3 TV, y Rocío Vidal (La gata de Schröndinger), streamer y divulgadora científica con cerca de medio millón de seguidores, han coincidido en subrayar la necesidad que tiene hoy en día el periodismo de «aceptar» y «convivir» con las redes sociales.

Ambos comunicadores han protagonizado la sesión inaugural del nuevo foro de debate ‘Enfoques’ del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que ha llevado por título ‘Y tú, ¿Cómo te informas? Periodismo vs.Periodismo’ y ha estado moderada por el consejero del CAA y periodista Paulino García, según se indica en una nota de prensa.

«La irrupción de las redes sociales en los medios no es buena ni mala, es incorregible, inevitable y hay que convivir con ella», ha dicho Vicente Vallés, para quien una de sus principales ventajas es la rapidez, su capacidad de aproximar las noticias a la gente y que las personas puedan acercar las noticias a los demás, aunque ha precisado igualmente que «un tuitero no es un periodista».

Por el lado contrario, Vallés ha apuntado la velocidad de circulación de los bulos en las redes y su dependencia de la dictadura del ‘click’, aspectos que «tienen ya también su reflejo en los medios de comunicación tradicionales». Ante ello el periodista ha pedido a los usuarios que «tengan capacidad de discernir entre las noticias que son ciertas y no, y que las contrasten a través de los medios».

Por su parte, Rocío Vidal ha afirmado que «las redes sociales han democratizado la información, y también la desinformación». La periodista ha destacado que «vivimos en una época convulsa de las redes sociales, y de transición o colaboración con los medios tradicionales que quizás no se esté dando de la forma más fluida, sino a trompicones, donde algunos periodistas no aceptan las nuevas profesiones».

La comunicadora conocida como La gata de Schröndinger ha advertido así sobre «la desconexión de la juventud con estos medios tradicionales, por su falsa objetividad, cuando todos sabemos que no existe», y ha aportado el dato de que el 82% de los jóvenes menores de 30 años utilizan las redes sociales como principal fuente de información.

BULOS Y NOTICIAS FALSAS

Según la periodista que centra parte de su trabajo en desmentir noticias falsas, sobre todo de carácter científico, «los bulos campan a sus anchas, y ésa es la parte más oscura y negativa de las redes sociales, porque además estamos en un momento en que a las mismas redes sociales no les beneficia ni quieren arreglar esa situación en la que la gente se polariza y se radicaliza en su red social.

Vallés, por su parte, ha explicado que ha renunciado a desmentir bulos, que no lo cree conveniente desde un medio generalista, «porque los promueve más, los extiende y hasta puede hacer que el público se lo crea». Considera bueno que se haga por parte de determinados espacios y periodistas, «pero no entiendo que deba dedicar una parte de mi trabajo a ello; es absurdo que algo que se haya hecho viral tenga que ser noticia en un medio de comunicación, no practico yo ese juego y no creo que tenga ser necesariamente el trabajo de todos los periodistas».

Rocío Vidal ha abogado por un periodismo diverso, plural, honesto y comprometido, «reconociendo nuestros propios sesgos porque no existe la objetividad absoluta». Y aunque Vallés admite que la objetividad e independencia son conceptos interpretables, asegura que el periodismo puede tener todo eso por la gran diversidad de medios y como fórmula «para rebajar los malhumores existentes, porque hay que escuchar todo tipo de opiniones, porque la razón no siempre está de nuestra parte, y porque es muy democrático».

Por otro lado, ambos periodistas han coincido en señalar que la «tensión» que muestran muchas redes sociales no se refleja en las calles, no llega a la sociedad en general. «Las redes son como una sociedad burbuja, que tienen capacidad de hacer mucho ruido, pero hay que pensar que en Twitter hay 2 millones de personas activas de 47 millones de españoles», ha explicado Vidal.

El CAA ha puesto en marcha ‘Enfoques’ como espacio dedicado al debate, análisis, diálogo y cotejo de ideas y propuestas sobre los profundos cambios que está experimentando el sector audiovisual, motivados principalmente por los nuevos consumos de contenidos.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles, en un alocución lanzada en redes sociales a los madrileños, que «las amenazas de los fascistas son contra la posibilidad de que la democracia sirva para que tu vida pueda mejorar».

«En las últimas horas dicen que alertar sobre que el fascismo gobierne en Madrid tras las elecciones del 4 de mayo está fatal y dicen que hay que hablar de nuestras propuestas como si fuesen dos cosas contradictorias o no tuvieran ninguna relación. Es una reflexión equivocada», comienza en el vídeo.

Y es que, según ha recordado Iglesias, llevan toda la campaña contando sus propuestas, como la de destinar 1.000 millones más para la educación pública y así poder bajar la ratio de alumnos por clases, otros mil millones para la sanidad pública, priorizando la Atención Primaria y contratando 10.000 nuevos profesionales, incluyendo «el dentista, las gafas, los audífonos, el fisioterapeuta y el psicólogo gratis».

También, ha seguido enumerando, hacer estables a todos los trabajadores públicos que lleven años encadenando contratos temporales; regular el precio de los alquileres para que no superen el 30 por ciento de los ingresos y movilizar las viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres; un abono de transportes general de 30 euros para toda la Comunidad de Madrid y de 5 euros para jóvenes, jubilados, parados de larga duración y familias monoparentales; dejar de financiar con dinero público la tauromaquia y destinarlo a protección animal; o bajar los impuestos a trabajadores y autónomos con menos ingreso y que quienes tengan patrimonios o herencias de más de un millón de euros «paguen lo que les corresponde para tener mejores servicios públicos».

A continuación, el exvicepresidente del Gobierno de España ha explicado que el fascismo «no surge porque sí». «La Historia nos enseña que es el último recurso del poder para evitar que las cosas cambien y que la democracia funciona, con todo lo que eso significa. Porque la democracia es el sistema político que surge para cambiar las cosas y el fascismo no es más que un intento de defender como sea los intereses de quienes tienen el poder de verdad para frenar los cambios», ha esgrimido.

«¿Tú crees que nos atacarían, insultarían, mentirían sobre nosotros y amenazarían si estuviéramos proponiendo bajar los impuestos, privatizar más la sanidad y la educación y protegiéramos los intereses de los especuladores inmobiliarios? Pues claro que no. Si nos llevan atacando 7 años, nos montaron las cloacas y ahora intensifican sus ataques recurriendo a la deshumanización, el odio y amenaza fascista es por las cosas que proponemos y porque saben que les podemos ganar», prosigue.

Por eso, Iglesias ha llamado de nuevo a la movilización el 4 de mayo para «defender la democracia contra el fascismo» porque asegura que está pasando tiene que ver con que pueden acabar gobernando Madrid. «Dale una vuelta porque las amenazas de los fascistas son contra la posibilidad de que la democracia sirva para que tu vida pueda mejorar», ha concluido en el vídeo.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles crear una subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano.

La iniciativa, propuesta por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana, ha sido aprobada con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido.

La diputada del PSOE Beatriz Carrillo ha indicado que no le «sorprende» que Vox no apoye esta propuesta después de su «propaganda en las paradas de metro que son las mismas que ponía el partido neonazista de Alemania». «Estamos en tiempos de democracia y los gitanos no le tenemos miedo al fascismo», ha remarcado.

Por su parte, la diputada del PP Alicia García ha destacado la labor de las entidades que trabajan por la comunidad gitana y ha subrayado la importancia de esta nueva subcomisión para «concienciar» y «visibilizar la discriminación» contra el pueblo gitano, por ejemplo, en el ámbito del empleo. «Las personas gitanas quieren y pueden trabajar, únicamente necesitan que se les ofrezcan las condiciones adecuadas», ha enfatizado.

Asimismo, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha recordado que el pueblo gitano se ve afectado por las «brechas de desigualdad educativa» pues «más del 60% de los alumnos gitanos no termina la educación secundaria», y por el chabolismo. «Una de las vertientes de esta iniciativa es el antigitanismo que lamentable sigue sufriendo el pueblo gitano y que tiene consecuencias en vivienda, educación, empleo y casos de discriminación», ha subrayado Giménez.

Además, el diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés ha añadido que «jamás se pueden olvidar las atrocidades contra el pueblo gitano» y ha recordado la historia de «luces y sombras» que han sufrido en España donde llegó a haber «300 medidas antigitanas», ya desaparecidas.

Mientras, la diputada de Vox María de los Reyes Romero ha indicado que, aunque comparten «los valores» de las comunidades gitanas, no pueden apoyar esta propuesta porque consideran «desacertado decir que existe un generalizado odio hacia los gitanos». «No hay guetos en España por motivos raciales», ha subrayado, achacando esta iniciativa a una «manipulación sectaria de la mente de la ultraizquierda».

Para la diputada de Esquerra Republicana, María Carvalho, se trata de «una iniciativa de muchísima urgencia y necesidad», y ha apostado por incluir en el Código Penal el antigitanismo «como forma específica de racismo». Por su parte, el diputado del PNV Íñigo Barandiaran ha apoyado la iniciativa, confiando en poder matizar la referencia al Pacto de Estado. Y desde Bildu, la diputada Mertxe Aizpurua ha defendido la creación de esta subcomisión para superar la «sangrante discriminación» al pueblo gitano.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que la creación de esta subcomisión es «un hito histórico» en España porque avanza hacia «la erradicación definitiva de un problema grave». Así lo ha indicado este miércoles durante su intervención en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

La ONG de la Iglesia católica Manos Unidas ha advertido de la situación «desesperada» que se está viviendo en estos momentos en la India debido al coronavirus, que los socios locales de la organización describen como peor que «una película de terror».

«El país está ahora mismo en una situación desesperada. Nuestros socios locales, que también están sufriendo en primera persona los trágicos efectos de esta nueva variante del virus, nos informan de hospitales totalmente desbordados y de enfermos que se acumulan a la entrada de los centros hospitalarios a la espera de que se ‘libere’ una cama», relata el coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia, Ramón Álvarez.

Desde Bombay, en el estado de Maharashtra, el padre Rolvin de Mello, sacerdote salesiano y socio local de Manos Unidas, lamenta que la situación que están viviendo en India con esta segunda ola del coronavirus «supera cualquier película de terror que se pueda imaginar».

Estoy seguro de que los datos que se están dando a conocer en los medios de comunicación no responden a la realidad. Yo salgo cada día a la calle y, por lo que me encuentro a cada paso, estoy convencido de que la cifra de positivos de Covid es infinitamente más elevada, al igual que el número de muertos», declara el salesiano.

El padre De Mello, a pesar de que en los últimos días ha perdido a varios de sus familiares y tiene que hacerse cargo de sus hermanos de congregación enfermos, no deja de salir a la calle para socorrer a los más necesitados.

«Hay personas muriendo en los pasillos de los hospitales y, literalmente, en las calles. Hay una gran escasez de medicamentos y de camas hospitalarias y una gran falta de oxígeno. Veo gente corriendo en todas direcciones. Gente que, desesperadamente, intenta salvar a sus seres queridos», relata.

El religioso indio, que dirige el Centro don Bosco de la ciudad de Bombay, lleva desde el inicio de la pandemia trabajando para paliar las consecuencias de la emergencia entre los sectores de población más vulnerables y asegura que no puede describir con palabras lo que he estado presenciando en esta segunda ola de Covid.

Para el padre de Mello, la situación solo mejorará si el Gobierno toma cartas en el asunto de manera inmediata, pero, en su opinión, esto no va a suceder porque «están más ocupados con las campañas políticas para ganar las próximas elecciones en cuatro grandes estados». A su juicio, este interés en «mantener la popularidad» fue lo que «llevó al gobierno a permitir que se concentraran 2,6 millones de personas en la celebración de un acto religioso sin observar la más mínima medida de prevención».

De la misma opinión es el director de los Servicios Sociales del CMI (Congregación de los Carmelitas de María Inmaculada), padre Tiju Mankottil, en el estado de Chattisgarh, otro de los más afectados por la segunda ola de la pandemia, para quien la principal razón del incremento de casos radica en el desconocimiento, las arraigadas creencias religiosas y las celebraciones, además de «la inadecuada respuesta médica para frenar la propagación del virus».

El director de los Servicios Sociales del CMI alerta de lo que puede suceder cuando el virus llegue a las zonas rurales donde la cobertura sanitaria es casi inexistente. «Dado que las dos terceras partes de la población india habita en zonas rurales, la batalla para hacer frente a la pandemia se presenta allí muy complicada», ha advertido.

Además, señala que el nuevo confinamiento decretado está incrementando el sufrimiento de las comunidades más desfavorecidas en el campo y en la selva. «Las personas con trabajos precarios, que cobran al día, van a tener que enfrentarse al hambre porque, además, el confinamiento afecta a los sistemas de abastecimiento públicos con el consiguiente aumento de los precios», denuncia el padre Mankottil.

También avisa que la llegada a las comunidades de personas que retornan desde las ciudades, a las que acuden en busca de trabajo, es un riesgo añadido para los aldeanos. «Algunos han establecido puestos de control improvisados y no dejan que los forasteros entren en sus aldeas», explica el religioso.

En este contexto, plantea diferentes iniciativas. «Debemos convertir la crisis global en una oportunidad para atraer y retener a los jóvenes de las aldeas. Estamos trabajando con los campesinos para que busquen diferentes opciones para hacer frente a la crisis: cultivar hortalizas en sus granjas y criar animales», propone.

Manos Unidas está trabajando de manera directa con sus socios sobre el terreno. «La situación es tan alarmante y desesperada que, como sucedió al inicio de la pandemia el año pasado, estamos adaptando nuestros proyectos para hacer frente a las necesidades más inmediatas», explica Ramón Álvarez.

Para ello, según expone el coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia, están autorizando que parte de los fondos de proyectos que tienen en marcha se utilicen para la compra de medicamentos que ayuden a paliar las necesidades más inmediatas de las comunidades más vulnerables.

«Nuestros socios están redoblando sus esfuerzos enfatizando en las comunidades más afectadas la importancia del distanciamiento social y la higiene, ya que en los últimos meses se habían relajado por una falsa sensación de seguridad», explica.

Desde que comenzó la pandemia, Manos Unidas ha aprobado 36 proyectos de emergencia por importe de 378.000 euros, destinados a paliar las consecuencias del coronavirus entre los sectores de población más vulnerables de India. Además, se ha autorizado el cambio de actividades en 105 proyectos para cubrir las necesidades sobrevenidas con la pandemia.