El trabajador de un pub de Magaluf acusado de homicidio por una agresión a un turista, que murió en el hospital días después, se ha dirigido este jueves al Jurado que juzga estos hechos para defender que es inocente. «Suplico justicia», ha dicho.

El acusado ha hecho uso de su derecho a la última palabra en un alegato en el que ha roto a llorar. «Sólo pido una cosa: justicia. No quiero misericordia. Enviarme a prisión no hará justicia para la víctima, sólo es cometer otra injusticia», ha declarado.

«No di una patada a la víctima. Jamás en la vida he hecho o haría una cosa así», ha insistido el británico, que ha incidido en que no hay «ninguna prueba» que le señale. «Nadie me ha acusado de nada, sólo la Fiscalía», ha apostillado.

El juicio, que se celebra desde la semana pasada en la Audiencia Provincial de Palma, ha finalizado este jueves. El Jurado se reunirá el lunes para comenzar a deliberar el veredicto.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 27 de abril de 2018 en Magaluf, en el local donde trabajaba el principal acusado, en la zona de Punta Ballena. La víctima es un ciudadano norirlandés de 30 años que se encontraba de vacaciones en Mallorca.

En el banquillo se sientan dos hombres, un británico de 38 años acusado de homicidio y un español de 40 años, el encargado del bar, acusado de encubrimiento. La Fiscalía pide 12 años de cárcel por el homicidio y un año y ocho meses por el encubrimiento. También solicita una indemnización de 10.000 euros para los padres de la víctima y 25.000 para cada uno de sus hijos.

En su turno de última palabra, el hombre ha asegurado que durante la investigación se han cometido «errores graves» y que la Fiscalía, en lugar de «aceptar sus errores», ha «continuado con este sinsentido». Ha mantenido que se le envió a prisión por «un vídeo falso» y que su abogado no pudo defenderle porque no tuvo acceso a las pruebas -al estar la causa declarada secreta-.

El hombre se ha emocionado visiblemente al hablar de su hijo, afirmando que se lo han «arrebatado» durante los dos años que pasó en prisión. También ha contado que tuvo ideas suicidas y que lo que le ha ocurrido «no es justo».

El trabajador ha reiterado que dio una bofetada a la víctima, pero no una patada, y que lo hizo porque quería «proteger» a una mujer con la que el ahora fallecido tenía una actitud agresiva. «Genuinamente creí que él iba a por la mujer, yo sólo quería intentar protegerla, nada más. Le di un guantazo, nunca lo he negado. Quería que se fuera», ha insistido.

También ha añadido que se sorprendió cuando la víctima se cayó, porque «no esperaba que alguien se cayera de una bofetada», y que «quería ayudar» pero rápidamente mucha gente se agolpó a su alrededor. El acusado ha expresado que tuvo «miedo» porque los turistas suelen ir a Magaluf en grupos grandes.

«Mi vida está en sus manos», ha dicho al Jurado.

LA FISCALÍA DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

En su informe final, la Fiscalía ha defendido la actuación de la Guardia Civil, cuestionada por la defensa. La representante del Ministerio Público ha rechazado que pueda haber «una conspiración de la Guardia Civil por atribuir algo a unas personas con las que no tienen nada que ver», y que su actuación ha sido «perfectamente legal».

Aunque en las cámaras no se aprecia claramente la patada que según los forenses fue la lesión letal, la fiscal considera que hay «indicios suficientes» para condenar al trabajador acusado. Entre otras cuestiones, ha aludido a que el trabajador «se cambió de ropa porque tenía miedo de que le identificaran» y a su actitud, por sus «gestos de preocupación» que se ven en un vídeo en el que habla con el encargado -unas imágenes sin sonido-.

La acusación particular ha mantenido su petición, reclamando una importante indemnización para los padres, hijos, expareja e hijastro de la víctima. «Su familia lo único que supo es que su hijo se fue de viaje y no volvió», ha dicho la abogada de los familiares.

LAS DEFENSAS PIDEN LA ABSOLUCIÓN

Por su parte, las defensas han rechazado estas tesis negando que el trabajador sea el autor de la patada o que el encargado tratara de encubrir lo sucedido.

El abogado del encargado del bar ha argumentado que cuando la Policía Local llegó, el encargado todavía no había hablado con el trabajador y por tanto no sabía lo que había pasado. También ha negado que dijera que las cámaras no funcionaban y ha remarcado que «en todo caso proporcionó la grabadora enseguida».

Además, el letrado ha razonado que el encubrimiento implica ocultar un delito grave y cuando llegó la Policía «nadie podía imaginar» que se había cometido un homicidio, puesto que la víctima seguía con vida. El hombre fue atendido por una ambulancia pero no fue trasladado al hospital, en el que ingresó en coma horas después.

Finalmente, la defensa del trabajador acusado de homicidio ha cargado contra la actuación de la Guardia Civil, criticando que descartaran la línea de investigación que apuntaba a otro posible sospechoso, según la declaración de un testigo. Este testigo afirmó que vio a otra persona dar una patada en la cabeza a la víctima, y que se lo reprochó.

Además, el abogado ha considerado que las alusiones de la Fiscalía a la «actitud» del acusado después de la agresión son interpretaciones que suponen «hacer una película» a partir de los fotogramas disponibles. Por último, ha señalado que «aquí ha habido una muerte trágica de una persona, pero no haremos justicia haciendo otra injusticia».

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha apelado directamente a los indecisos al trasladarles que si dudan a la hora de votar en estos comicios, la derecha continuará «jodiéndoles la vida» mientras persisten los «privilegios a lo multimillonarios» y les ha pedido imaginar lo que supondría que el «odio y la violencia fascista» pueda sentarse dentro del Gobierno regional.

«En estas elecciones, la neonazi que celebró el holocausto judío va a ir a votar, el exlegionario que simuló fusilar a los miembros del Gobierno va a ir a votar, los que mandan balas y navajas van a ir a votar», ha lanzado Echenique en clara referencia a las amenazas de muerte que recibió el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

En su intervención durante un acto electoral en la localidad madrileña Leganés junto a Iglesias y otros candidatos de Unidas Podemos al 4M, Echenique ha dicho que se va a dejar de «gilipolleces» y no va a pedir el voto para aquellos que dudan de si participar en estos comicios.

Eso sí, les ha trasladado que pese a que la derecha gana en el 30% de los distritos más pudientes y pierde en el 70% restantes, finalmente ganan porque tradicionalmente en esos enclaves hay mayor movilización, además de ir «dopados» a las elecciones.

Y es que ha alertado de que si optan por la abstención, la listas de espera en sanidad «serán más altas con un Ejecutivo de derechas, la Atención Primaria en centros de salud «va a empeorar», tener «buena dentadura» o atender correctamente la salud mental volverá a ser un privilegio y los alquileres continuarán en «subidas abusivas».

«Si no vas a votar te van a seguir jodiendo la vida mientras a los multimillonarios le siguen dando privilegios», ha enfatizado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos para subrayar, además, que estas elecciones «no son como las demás» porque la «ultraderecha política y mediática se ha quitado la careta».

Y es que ha vaticinado que en estas elecciones «los que insultan en la calle a los homosexuales, los que copian técnicas nazis para generar odio contra los migrantes, los que odian a los pobres y los llaman mantenidos» van a «ir a votar seguro».

«OCHO BALAS EN UNA SEMANA, OCHO BALAS JODER»

A su vez, ha reivindicado que Unidas Podemos, y en particular esta candidatura, está «poniendo todo lo que tiene» para tratar de que el conjunto de la población tenga una «vida mejor», incluso su «tranquilidad, intimidad o la seguridad de su familia».

Concretamente, ha citado los casos de Alejandra Jacinto por defender a las familias desahuciadas, a Serigne Mbaye al que los «fascistas señalan» con deportarla, la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, por tener una condena «sin pruebas» o el propio Iglesias, que ha padecido a las «cloacas del Ministerio del Interior», se han «inventado basura» contra él y ha sufrido el acoso «permanente» a las puertas de su domicilio en Galapagar. «Ocho balas en una semana, ocho balas joder», ha censurado ante el auditorio.

De hecho, Echenique ha confesado que «muchas veces» pensó en dejar la política y volver a su trabajo de científico, pero en esas reflexiones siempre le frenaba lo siguiente»: «si pablo aguanta, yo tengo que aguantar».

«MADRID SERÁ LA TUMBA DEL FASCISMO, DEL RACISMO, DEL MACHISMO»

También ha participado el coordinador autonómico de Castilla y León, Pablo Fernández, para relatar que «sabe muy bien» lo que es la «desigualdad», la «pobreza» y el «sangrante deterioro» de los servicios públicos tras 34 años de gobiernos populares en esta región, que también se han encontrado sus «paisanos» que emigraron a Madrid tras 26 años de ejecutivos autonómicos del PP.

Fernández ha insistido, en lo que es una constante en la campaña de Unidas Podemos, que los comicios del 4M van de «democracia o libertad» y que «no van a permitir retroceder ni un milímetro» en los derechos y libertades conquistados. Y es que ha enfatizado que la democracia no la trajo «un rey corrupto que tuvo que huir a Arabia Saudí», en alusión a Juan Carlos I, sino los miles de españoles que dejaron su «sangre y su sudor».

En esta línea, ha exhortado a no dar «ni un paso atrás» el 4 de mayo ante la «derecha» que encabeza la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso» y la «ultraderecha fascista» que buscan, a su juicio, «degradar y eliminar» las condiciones materiales de la democracia. Especificamente, ha augurado que Ayuso tendrá que responder por dar «órdenes» de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales cuando gobierne Unidas Podemos.

Para Fernández, en estas elecciones autonómicas la mayoría social debe decir «claramente que Madrid será la tumba del fascismo, del racismo, del machismo y la homofobia» y ha concluido con un afamado verso del poeta Rafael Alberti: «¡a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar!».

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha descartado ampliar el estado de alarma que finaliza el 9 de mayo, tal y como ha vuelto a reclamar el lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha asegurado que «en el 99% de las ocasiones los tribunales han ayudado a los ejecutivos» a la hora de aplicar una medida.

Lo ha dicho este jueves en Barcelona en declaraciones a los periodistas antes de clausurar la jornada ‘Sostenibilidad y digitalización, claves para la reactivación de la economía y el empleo en Cataluña’ de Expansión, en las que ha reprochado las críticas que ha recibido el Gobierno por parte de algunas comunidades autónomas precisamente por activar y mantener hasta ahora el estado de alarma.

«Hemos escuchado que recentralizaba competencias de las autonomías, que era una dictadura constitucional, que había que apoyarlo, que había que votar en contra… de todo», ha lamentado, y ha defendido la labor del Gobierno, que ha asegurado que con el estado de alarma ha sostenido al país protegiendo las libertades y los derechos para poder tomar decisiones económicas y políticas sanitarias buscando proteger la salud de los ciudadanos.

La vicepresidenta primera ha insistido en las críticas que han recibido de otras comunidades y ha señalado a aquellas que se «adentraron en la inconstitucionalidad, que ha tenido que parar el Tribunal Constitucional».

«¿Se acuerdan ustedes de la dictadura constitucional? ¿Cuando habíamos suplantado la Constitución? ¿Se acuerdan ustedes de cuando recentralizábamos e invadíamos competencias? Nada de esto ocurría. Ocurría que hemos asumido nosotros el peso y en exclusiva las responsabilidad, y ahora tenemos que trabajar todos juntos.», ha zanjado.

MADRID EN «REBELDÍA»

Ha centrado sus críticas en la candidata a la reelección a la Presidencia de Madrid, Isabel Ayuso, que considera que ha decidido levantarse en una «especie de rebeldía institucional continua, importándole muy poco la protección de la salud de los madrileños», y le ha advertido de que ahora es el momento de la coordinación.

«Es el momento de la política inteligente, de la política equilibrada, del respeto a las normas, de la lealtad de todos con todos y de la capacidad de coordinación», ha insistido la vicepresidenta primera del Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ha afirmado que ha trabajado para dar garantías de protección y de derechos y libertades para todos durante la crisis sanitaria.

También ha acusado al PP de pedir que esas garantías «desaparecieran con una reforma en la que pedían aflojar esas garantías judiciales»; una propuesta que ha rechazado y ha llamado al resto de partidos a mantener la lealtad institucional para salir de la pandemia más reforzados.

CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA

Repreguntada por si se descarta definitivamente la prorroga de la medida constitucional decretada el 14 de marzo de 2020, ha replicado: «Lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente. Ahora vamos trabajar para tener elementos de ayuda mutua de cogobernanza».

Clavo ha concretado que España y sus comunidades cuentan con la legislación ordinaria, con «el auxilio de los tribunales» y con el espacio de la Comisión Interterritorial, donde a través de la cogobernanza se pueden tomar decisiones.

Por todo ello, ha llamado a sacar a España de la pandemia sin merma de los valores de convivencia ni del modelo de democracia: «Si acaso saliendo mejor del modelo político en el que por fin España, tras 4 años, está consolidado».

En ese sentido, ha celebrado el mensaje del presidente de EEUU, Joe Biden, en el que llama a reforzar la democracia con políticas de igualdad y solidaridad, «haciendo pagar impuestos a los que más tienen y sin dejar a nadie sin respuesta a sus problemas, sin calidad en sus derechos, y sin respuesta a sus libertades y a su futuro».

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) han presentado este jueves ‘Periodistas y directores de comunicación: un compromiso ético para el futuro’, un documento con las mejores prácticas y principios que deben orientar ambas profesiones y las relaciones entre ambas.

Así lo han dado a conocer las citadas organizaciones, que han explicado que consideran necesario «reforzar los comportamientos éticos y deontológicos que rigen sus trabajos». La presentación del texto ha tenido lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde su presidente, Juan Caño, ha moderado una mesa en la que participaron el resto de presidentes de las entidades firmantes.

«El compromiso que hoy hemos firmado refuerza los comportamientos éticos y deontológicos que rigen nuestro trabajo y nuestras relaciones, en un contexto en el que el avance de la desinformación intenta restar valor a los principios y normas que hasta hace unos años se consideraban intocables, entre ellos la difusión de información veraz, verificada y contrastada y, el respeto de los derechos de los demás», ha dicho el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez.

Además, ha añadido que, a partir de ahora, periodistas y directivos de comunicación abren «una etapa trascendental» en sus relaciones «con una iniciativa que busca elevar la dignidad» de sus profesiones y garantizar a los ciudadanos que su derecho constitucional a la información, bajo este marco ético y deontológico, primará por encima de cualquier otro interés.

Por su parte, el presidente de APIE, Iñigo de Barrón, ha dicho que la asociación entienden «que este compromiso busca remover conciencias y recordar los principios del buen periodismo y de la correcta comunicación corporativa». «La pandemia ha elevado la exigencia social por un periodismo comprometido con la verdad y con los hechos y esta función no se puede realizar sin reglas claras entre los que emiten la información y los que tienen que transmitirla», ha declarado.

«Lo más positivo de este acuerdo es que llega como un mecanismo de autocontrol desde las cuatro asociaciones que lo firmamos. Debemos ser conscientes de que no se puede hacer periodismo a cualquier precio ni tampoco llevar la comunicación de las empresas sin principios y responsabilidad», ha manifestado.

Según el presidente de la APM, la «importancia» del protocolo de actuación que han presentado radica en que es la primera vez que los profesionales sientan «las bases del buen ejercicio de la información y la comunicación, de su convivencia, su complementariedad y su aportación a la transparencia y la búsqueda de la verdad, valores fundamentales del periodismo».

El presidente de Dircom, Miguel López-Quesada, cree que con este documento se eleva «el listón en cuestiones éticas y de deontología profesional (…) en un momento donde la transparencia, la coherencia y la verdad se deben valorar más que nunca».

UN COMPROMISO PARA EL FUTURO

El documento presentado se divide en cuatro apartados. En primer lugar, un preámbulo donde se pone de manifiesto la necesidad de actualizar una serie de retos éticos fruto de los acontecimientos y cambios que han vivido en los últimos años los profesionales de la información y la comunicación, conscientes de la especial responsabilidad que tienen de cara a una sociedad mejor informada y, por tanto, más democrática.

Un segundo apartado recoge una serie de compromisos de los directivos de comunicación, en torno a la información veraz; canalizar y facilitar los contactos entre los profesionales de los medios y los responsables de las empresas de acuerdo con la política de comunicación de éstas; conocer plazos, medios y dinámicas del trabajo de los medios para facilitar su labor, ajustando en la medida de lo posible sus respuestas a esas condiciones, trasladando claramente las expectativas de respuesta; la formación a los directivos de sus organizaciones en las dinámicas de trabajo de los medios y un uso adecuado del lenguaje, la no discriminación entre periodistas y medios; que las estrategias comerciales y publicitarias no deben condicionar el contenido informativo, y el respeto a la confidencialidad en las relaciones entre ambas partes.

El tercer apartado se centra en los compromisos de los profesionales de los medios, compuestos por publicar y difundir información veraz; contrastar las informaciones con varias fuentes solventes; actuar como cortafuegos ante bulos y rumores infundados; trasladar de forma clara plazos y características de la información que solicitan; garantizar la capacidad de empresas e instituciones de aportar su punto de vista y versión de los hechos; seguir las mejores prácticas en reconocimiento de erratas y errores factuales; que las estrategias comerciales o publicitarias de las empresas, incluidas las del medio de comunicación, no deben condicionar el contenido de las informaciones; y no utilizar nunca en beneficio propio las informaciones conocidas de forma anticipada, confidencial o privilegiada como consecuencia de su ejercicio.

El último apartado se ocupa de las relaciones informativas entre dircoms y profesionales de los medios, y se refiere en primer lugar a los acuerdos institucionales y las relaciones publicitarias entre empresas y medios, que no deberán condicionar las informaciones a difundir ni el tratamiento editorial, tampoco si no existen esos acuerdos.

Además, engloba otras cuestiones como el mutuo reconocimiento de la buena fe como punto de partida; la manifestación a la otra parte de eventuales conflictos de interés; el uso de las herramientas tecnológicas de forma responsable; y el respeto al derecho a la conciliación personal y familiar.

Finalmente, las asociaciones firmantes animan e invitan a sumarse a este compromiso a todas aquellas organizaciones, públicas y privadas, y profesionales del ámbito del periodismo y de la comunicación, que compartan su contenido.

El presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha anunciado este jueves un «plan de choque» para recuperar audiencia y la publicación de una auditoría externa sobre la situación económico-financiera próximamente.

Así lo ha indicado el máximo responsable de RTVE durante su primera comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los distintos grupos parlamentarios.

En relación con las audiencias, el presidente de RTVE ha afirmado que «se cae muy pronto y se levanta muy lento» y ha destacado que TVE es «la televisión más consultada continuamente por todos los españoles». «No hay que dar por hecho que RTVE no es influyente. Es relevante, lo sigue siendo. Esto explica también la inquietud de todos los grupos políticos por la información de RTVE», ha recalcado.

Pérez Tornero cree que la Corporación no tardará dos años en repuntar las audiencias. «Vamos a subir mucho en relevancia y poco a poco en audiencia», ha declarado al ser preguntado por el PP, que cree que la caída es consecuencia de «un marcado sesgo ideológico». Además, el presidente de RTVE ha indicado que «la crisis de credibilidad es multifactorial» y la van a resolver «de un modo global».

También desde el Grupo Parlamentario Popular han interpelado sobre el presupuesto que va a administrar en 2021 la Corporación RTVE y han anunciado la presentación de una proposición no de ley exigiendo una auditoría externa «para conocer de primera mano cuál es la salud de los recursos financieros-económicos» que tiene la Corporación y que «toda la Dirección pueda cumplir con los objetivos», así como la petición de una comparecencia monográfica sobre la cuestión.

«Naturalmente que estaremos encantados de explicar con toda claridad y con toda transparencia la situación económica. La auditoría externa que usted demanda está en marcha y la vamos tener en muy pocos días», ha contestado Pérez Tornero, que ha precisado que es un estudio del ejercicio 2020 y que pedirá otra más relativa al primer trimestre de 2021.

En este punto, el máximo responsable de la Corporación pública ha manifestado que está en las manos del Parlamento que en 2022 la empresa pueda conseguir un presupuesto «que habrá de ser forzosamente austero, responsable con la economía y la situación del país, pero que tendrá que ser correspondiente a la exigencia» del mandato-marco que elaboren las Cortes.

En otro punto, la portavoz del PP, Macarena Montesinos, ha preguntado sobre el «ritmo» al que considera que debe producirse el cambio en RTVE, a lo que el presidente ha zanjado «sin prisa, pero sin pausa». Ante esta respuesta, la ‘popular’ le ha replicado que «más bien, con prisa y sin pausa» porque «la lista de errores no ha dejado de engordar en el último mes».

En el turno de réplica, Pérez Tornero ha asegurado que se tratará de conseguir una nueva gobernanza y un tiempo de «apertura y discusión» sobre el nuevo mandato-marco, y el contrato-programa. «Probablemente, a todos nos ha acelerado la situación de campaña electoral», ha afirmado, al tiempo que ha agregado que cree que, pasada esta, se construirá «un inicio de cambio muy rotundo».

Ha asegurado que «el ritmo del cambio está trazado» y ha dicho que su reto será convertir a RTVE «en la plaza pública donde quepan todos los españoles» y se ha comprometido ante sus señorías «a que todos se sientan orgullosos de RTVE».

Pérez Tornero ha asegurado que el info-entretenimiento (mezcla de información y entretenimiento) «no» tendrá continuidad en TVE y ha subrayado que los programas informativos «son responsabilidad editorial de TVE». «El periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE, pero fundamentalmente en los informativos», ha manifestado.

«La ley dice que la información es responsabilidad interna de RTVE. Les aseguro mi compromiso con esa responsabilidad interna. Seguiremos el informe de la CNMC sobre esa idea. Es un sentir general de todos los profesionales de la casa que el periodismo de calidad vale la pena y el periodismo banal no vale la pena y menos en la televisión pública», ha defendido.

APUESTA POR EL CONTENIDO NO LINEAL

En su comparecencia ordinaria ante el Parlamento, ha explicado que RTVE va a dar un gran paso de inmediato en el contenido no lineal. «RTVE hará apuestas muy fuertes de aquí a fin de año en esta línea. Cambios que vendrán acompañados de cambios muy profundos en la producción de contenidos, un cambio que es incluso difícil de imaginar. RTVE va a transformarse a tiempo y va a ser líder en contenido no lineal en colaboración con importantes alianzas internacionales», ha señalado.

«En RTVE podemos ser el caudal digital de España en estos contenidos, podcast, textos, interactivos… sumaremos un nuevo consumo para toda la ciudadanía. Transformación, España rural, lo local, la diversidad cultural, la formación profesional, la sostenibilidad… personalizaremos nuestra oferta y se responderá a otras las demandas individuales y colectivas y a la presencia de nuestro país en el mundo», ha explicado

JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020

También se ha referido a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En este sentido, ha explicado que el acuerdo con Discovery, de 47,5 millones de euros permitirá emitir en RTVE 400 horas sin restricciones de todas las disciplinas deportivas. Se podrán ver en directo la Ceremonia de Inauguración del 23 de julio, la de Clausura el 8 de agosto y todos los deportes con participación española, además de los deportes ‘clásicos’ de los Juegos Olímpicos.

Finalmente, la Comisión Mixta ha procedido a la designación de ponentes para la Subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación RTVE.

El PSOE, el PP y Unidas Podemos han coincidido este jueves en el Congreso en la necesidad de limitar las comisiones que cobran los bancos por la retirada de dinero en efectivo en los cajeros automáticos.

Estas formaciones han acordado solicitar al Gobierno que pida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe sobre el coste de este servicio, en relación a las comisiones que se cobra, y a partir de ahí estudie medidas que garanticen la retirada de efectivo «con un precio ajustado a los costes del servicio».

Así consta en una enmienda, pactada por las formaciones del Gobierno con el PP, a partir de una proposición no de ley de Unidas Podemos sometida a debate este jueves en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

GARANTIZAR EL ACCESO, «ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO RURAL»

Concretamente, la iniciativa pactada insta al Gobierno a que solicite a la CNMC un «informe pormenorizado sobre la situación del sector bancaria que permita obtener una imagen fiable del coste del servicio de retirada de efectivo, para poder evaluar la cuantía del coste del servicio en forma de comisión».

Asimismo, también pide al Banco de España a publicar de forma periódica las comisiones que cada entidad cobra por la retirada de efectivo en cajeros automáticos.

A partir del diagnóstico de la CNMC, el Gobierno debe estudiar medidas para garantizar el acceso al servicio de retirada de efectivo en cajeros, «especialmente en el ámbito rural», incide la iniciativa acordada, «con un precio ajustado a los costes del servicio y en línea con las comisiones de los países de nuestro entorno».

EL PP RECONOCE «COMISIONES EXAGERADAS» POR PARTE DE ALGUNOS BANCOS

Durante el debate de la iniciativa, el portavoz económico de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, ha lamentado cómo la banca, ante un contexto de tipos bajos, busque compensar la aminoración de ingresos con «nuevas y abusivas comisiones», y ha instado a hacerle entender «que no todo es beneficio y que, de vez en cuando, hay que pensar en las personas».

Miguel Ángel Paniagua, del PP, ha llamado a «ser cuidadosos a la hora de limitar el cobro de comisiones» ante el riesgo de no dejar «ninguna opción de generar ingresos» a estas entidades, si bien ha concedido que «algunas entidades cobran comisiones exageradas a sus clientes y debemos poner límites».

CAIXABANK ROMPIÓ EL MODELO COLABORATIVO, RECUERDA EL PSOE

Para el PSOE, la «dispersión» entre comisiones –van de 0,5 euros a 3,90– implica que las normas de mercado no funcionan y que «se puede estar incurriendo en malas prácticas con prácticas abusivas». A juicio de su diputado Antonio Hurtado, porque no se está cumpliendo una normativa, según la cual la CNMC debe informar anualmente de las comisiones y las alianzas entre entidades –sólo se han publicado dos informes desde 2015– y que el Banco de España debe analizar e informar de esta evolución para evitar posibles abusos.

Hurtado ha recordado que fue precisamente CaixaBank –entidad a la que el Estado aceptó vender la rescatada Bankia y que ahora plantea el mayor ERE de la historia del sector, con unos 8.000 trabajadores implicados– la que «rompe el modelo colaborativo», gracias al cual las tasas de cobro «eran muy moderadas».

El vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, ha reivindicado la gestión sanitaria y económica que han llevado a cabo sobre las consecuencias de la pandemia, y ha pedido al Gobierno que no impugne el decreto ley de la Generalitat que simplifica y agiliza los trámites necesarios para gestionar los fondos europeos Next Generation EU en Cataluña.

Así lo ha manifestado en la primera sesión de control que se celebra en el Parlament desde las elecciones del 14 de febrero, después de que el diputado de los comuns David Cid le haya recordado que hace siete meses que asumió las funciones de la presidencia de la Generalitat y que han pasado más de dos meses desde los comicios y aún no hay un nuevo Govern.

Aragonès le ha replicado que si no hay presidente en Catalunya es porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) inhabilitó a Quim Torra al frente de la Generalitat, y que desde entonces han tenido que afrontar las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria del coronavirus.

En relación a los fondos europeos, la diputada de la CUP ha preguntado cómo se asegurará que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas y no a grandes compañías del Ibex 35, y Aragonès le ha respondido que en el decreto ley que aprobaron se prevén herramientas para favorecer e integrar proyectos de pymes así como iniciativas sociales y solidarias.

Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo central intente impugnar dicho decreto ley al Tribunal Constitucional porque «sólo faltaría que la Generalitat haga un decreto para que las pymes puedan participar y el Gobierno ponga pegas a ello».

«No es la manera de funcionar. Tienen que poner herramientas y flexibilidad al servicio de poder ejecutar al máximo estos recursos. Lo que no podría pasar que el Plan Marshall quede parado por la burocracia del Estado», ha advertido.

También se ha referido a los fondos europeos el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, que ha acusado al Estado de no escuchar a la Generalitat y de no querer que se gestionen desde Catalunya, lo que considera que perjudicará el bienestar de los catalanes.

Para Aragonès, el riesgo es que una parte importante de los fondos se destine a generar más gasto corriente y no a impulsar la economía productiva, y ha advertido de que «la cogobernanza no se está haciendo realidad».

«El Gobierno ha presentado un plan sin previo consenso con los territorios que tenemos que ejecutarlo. Se necesita flexibilidad en todas las convocatorias y proyectos, y la participación de la Generalitat en la selección de los proyectos tractores», ha reclamado.

FÁBRICA DE BATERÍAS

Desde los comuns, Cid también ha acusado a ERC y Junts de estar más pendientes «de discusiones del carné del Consell per la República» que de ocuparse de la futura ubicación de la planta de baterías Battery Hub, mientras que Aragonès considera que es un proyecto clave para la recuperación de Catalunya.

Por ello, ha pedido a los comuns que presionen al Gobierno central, del que forman parte, para que la batería se ubique en Catalunya porque será «una decisión que vendrá más condicionada por el Gobierno que por la Generalitat».

En materia económica, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que Catalunya lidera la huída de empresas desde el inicio de la pandemia frente a comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia, con un saldo positivo en este aspecto.

«El liderazgo se ha perdido en pleno proceso soberanista, y la culpa siempre es de los demás. ¿No será posible que hagan algo mal? La autonomía catalana se desmorona, y son incapaces de dar estabilidad. Culpando a Madrid de todo no lo podrán corregir», ha apuntado.

Pese a admitir que ha sido un año difícil, Aragonès defiende que empiezan a revertir la situación, y ha puesto como ejemplo la mejora en los datos del paro respecto a la media estatal, y ha acusado a los populares de querer trasladar «la campaña electoral en Madrid en el hemiciclo».

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha preguntado a Aragonès sobre las medidas que aplicarán en Catalunya una vez decaiga el estado de alarma el 9 de mayo, y ha emplazado a Aragonès a acelerar la vacunación, a hacer cribajes masivos y a terminar con las «restricciones indiscriminadas» a sectores como la restauración.

El vicepresidente en funciones ha explicado que han hablado con el Gobierno, y que harán cambios legislativos para que Catalunya puedan tener herramientas «para seguir aplicando medidas de control que habrá que mantener durante unas semanas más», y que tendrán que pasar por una ratificación judicial.

«MISERIA MORAL»

Desde Vox, Ignacio Garriga ha acusado al Govern de discriminar policías y guardias civiles de la vacunación y de alegar que, como consecuencia, se retrasará la vacunación de las personas mayores de 70 años: «Esto es miseria moral, es lo que representan. ¿No le da vergüenza?»

«Lo que es miseria moral es usar la angustia que genera la pandemia para profundizar en divisiones de la sociedad. Miseria moral es usar la angustia sobre el futuro económico para sembrar odio, e intentar hacer culpables de esta situación a sus enemigos políticos y a los más vulnerables. Intentar romper el país este manera y la cohesión social, esto sí que es miseria moral», ha contestado Aragonès.

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha urgido este jueves a Junts a llegar un acuerdo para su investidura como presidente del Govern y a formar el nuevo Ejecutivo catalán «lo más pronto posible».

«La necesidad es clara y no es de los que nos sentamos en este hemiciclo, la necesidad es de la gente», ha afirmado en su intervención en la sesión de control en el pleno del Parlament.

Lo ha dicho después de que el presidente de ERC en la Cámara catalana, Josep Maria Jové, que forma parte del equipo negociador de los republicanos, haya insistido en que hace falta un acuerdo con Junts y si es esta semana mejor que la siguiente: «No valen excusas, no podemos perder más el tiempo. Es responsabilidad de todos, también de nosotros».

Aragonès ha sostenido que coincide con él y ha defendido que «es esencial que pueda haber un gobierno con todas las funciones» para afrontar la crisis provocada por la pandemia, trabajar para la reconstrucción social y económica, y buscar la resolución del conflicto.

Las elecciones del 14 de febrero dejaron bien claro que hay una clara voluntad de avanzar para que este país decida, que haya plena libertad, los presos salgan a la calle y los exiliados puedan volver en libertad, y afrontar también una reconstrucción en clave de progreso de la sociedad y de la economía del país», por lo que ve urgente que haya un Govern con todas las capacidades.

DEBATE CON ILLA

En su intervención, el líder del PSC en la Cámara, Salvador Illa, ha recordado a Aragonès que ha tenido dos investiduras fallidas: «Lleva tres fracasos consecutivos. Primero en ponerse de acuerdo para sustituir al señor Torra. En segundo lugar fue su primera sesión de investidura y cuatro días después la segunda sesión de investidura».

«Cada día que pasa se debilita más su autoridad. Cada ultimátum que pone encima de la mesa sirve para restarle credibilidad. Cada sesión de negociación sirve para resaltar sus discrepancias y desencuentros. Llevan más de cinco años gobernando juntos y no saben dónde quieren llevar al país», ha criticado en referencia al útimatum de Aragonès que puso el 1 de mayo como límite para llegar a un acuerdo de gobierno de coalición con Juns y que, más tarde, ERC aclaró que aceptarían llegar a ese pacto más allá de esa fecha.

Por eso, Illa le ha instado a que dé un paso al lado y apoye «una mayoría de izquierdas existente en esta Cámara» encabezada por el PSC para liderar Cataluña.

Aragonès le ha contestado que «la realidad es tozuda» –utilizando la misma expresión que había usado Illa en su intervención– y que con los resultados electorales el candidato socialista no será presidente porque hay una mayoría absoluta independentista.

«Si usted tiene los apoyos suficiente, preséntese. Porque, a parte de su grupo, ¿tiene alguien más que quiera darle su apoyo? Usted es el candidato del no: del no al independentismo, del no a que haya una legislatura que se pueda abrir, del no a mi candidatura. ¿Y la suya?», ha replicado.

Así, ha asegurado que no dará un paso al lado ni renunciará al resultado de las elecciones porque «este país debe ponerse en marcha ya».

Un grupo de hosteleros ha vuelto a irrumpir esta mañana en un acto en el que participaba el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para protestar por las restricciones impuestas al sector por la pandemia del coronavirus.

Los hosteleros han esperado a Revilla en el exterior del Palacio de Festivales de Cantabria, donde se conmemoraba el 30 aniversario de este espacio cultural, y le han increpado con gritos de «fuera» o «dimisión» mientras desde el interior el presidente se ha dirigido a ellos y ha dicho que comprende la «crispación de tanta gente», pero ha defendido que «no se puede hacer otra cosa en este momento».

«Qué más me gustaría a mí que ver esta región libre de Covid, ver Valdecilla sin enfermos de Covid, ver las UCIs dedicadas a atender a las enfermedades cotidianas que en muchos lugares de España no pueden ser atendidas porque el Covid está ocupando esas dependencias», ha dicho.

Por ello, les ha pedido «un poco de paciencia» porque «estamos al final de esta pesadilla». Así, se ha mostrado convencido de que en el mes de junio un 60 por ciento de la población de Cantabria estará vacunada y «entonces sí estaremos en condiciones de vivir una cierta normalidad».

«Hasta este momento, no tenemos más obligación que cumplir con lo que nos dicen las normas internacionales y los sanitarios, que son, en una pandemia, quienes firman las decisiones», ha continuado.

En este sentido, ha defendido que la sanidad «ocupa ahora» el lugar que le corresponde en una pandemia y «no a los políticos», porque si éstos no cumplen con las normas sanitarias «estaremos favoreciendo a un sector que comprendo y entiendo», pero «perjudicando a toda una población» por cuya salud «tenemos que velar».

«No nos queda otra alternativa en estos momentos», ha reiterado Revilla, quien ha reconocido que «es duro» tener que gobernar en estas circunstancias, pero «un político tiene que estar a las duras y a las maduras» y actuar según los protocolos internacionales, «los que se aplican en Francia, en Alemania, en Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza y en todos los países desarrollados del mundo».

Tras señalar que en Cantabria «se está haciendo lo mismo, lo que marcan las pautas sanitarias», ha destacado que «tenemos que aguantar esta pequeña última cuarta ola para enfrentar un futuro abierto a los ciudadanos».

Así, ha recordado que, según las previsiones, el día 9 de mayo se desconfinará Cantabria, aunque no sabe si la situación sanitaria permitirá que también se puedan «abrir otro tipo de restricciones o acabar con ellas», pero desde luego, una vez acabado el estado de alarma, «será una región libre, como espero que lo sea la mayor parte del territorio de España».

Ya dirigiéndose a los asistentes al acto, Revilla les ha pedido que le permitan «este desahogo» y ha admitido que quienes protestan «tienen derecho a exteriorizar su descontento, y si insultándome a mí, se consideran en cierto modo aliviados, lo acepto con la responsabilidad que me corresponde como presidente de Cantabria», ha dicho.

«Cuando hay situaciones de éstas, la culpa hay que echársela a alguien, cómo no, yo lo entiendo», ha insistido el presidente regional, quien ha defendido que en Cantabria se está actuando «con mucho rigor, cumpliendo con todo lo que hay que hacer para salvar la salud de los ciudadanos» y que el Servicio Cántabro de Salud está «atendiendo constantemente ahora esta pandemia», lo que considera que es algo valorado «en general» por el conjunto de los ciudadanos.

«Acepto este incidente, como no puede ser de otra manera, como reacción de un sector terriblemente castigado y al cual estamos intentando ayudar, o en la medida que precisan, pero sí de manera importante y que si con estos gritos se desahogan y entienden que hay alguien que tiene que recibirlos, encantado y asumo esa responsabilidad», ha concluido Revilla en su alocución.

El Gobierno tiene previsto proceder a repatriar a Túnez a los ciudadanos de este país que se encuentran varados en Melilla tras serles denegado el asilo y que deseen regresar a su país para lo cual contará con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Así lo ha adelantado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, tras su encuentro con su homólogo tunecino, Othman Jerandi, si bien no ha dado datos concretos en cuanto al número de tunecinos interesados en regresar a su país o cuándo podrían arrancar estas repatriaciones.

La situación de los varios cientos de tunecinos que están atrapados en Melilla desde hace meses ante la imposibilidad de volver a su país ha sido uno de los asuntos abordados en el encuentro, un asunto que Jerandi ha reconocido que para su Gobierno es «muy preocupante» y para el que confía que se pueda alcanzar una solución adecuada «lo antes posible».

En este sentido, González Laya ha recordado que España no concede asilo a personas procedentes de Túnez porque entiende que es un «país democrático en el que se respetan los derechos y las libertades y por tanto no ha lugar» a su petición.

Por ello, y desde la apuesta del Gobierno por resolver las cuestiones migratorias por la vía de la cooperación, ha anunciado que se va a comenzar «con el retorno de aquellos que voluntariamente han pedido regresar a su país a través de OIM».

Dicho retorno, ha recalcado, se hará respetando sus derechos, con apoyo de la agencia de ONU y además se prevé apoyar «su reinserción socioeconómica a su vuelta a Túnez». «Será el comienzo de un retorno a su país de quienes se encuentran de forma irregular en el nuestro», ha acotado.

Según Jerandi, hay un «número importante» de tunecinos en Melilla que quieren regresar, si bien la ministra no ha dado cifras concretas. «No hay un número específico», ha afirmado, si bien ha incidido en que la cifra «aumenta a medida que estos ciudadanos entienden que no habrá posibilidad» de permanecer legalmente en España.

El ministro tunecino ha coincidido en que a medida que comiencen las repatriaciones y quienes se queden en Melilla vean que a los que regresan les va bien «seguro que también deciden volver». En este sentido, ha dicho que el Gobierno tunecino está preparando su regreso y les animado a regresar para «iniciar una nueva vida».

RELACIONES BILATERALES Y LIBIA

Los dos ministros han tenido ocasión de repasar las relaciones bilaterales en los distintos ámbitos, a los que Túnez desea que se puedan incorporar algunos nuevos, y el ministro tunecino ha confiado en que puedan impulsarse con una visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país norteafricano.

Otro de los temas abordados, además de las relaciones de la UE y la vecindad sur de la que forma parte Túnez, ha sido Libia. Los dos países, ha comentado la ministra, trabajan por la estabilidad y la paz en Libia y apoyan los esfuerzos que está haciendo el nuevo Gobierno provisional así como la celebración de las elecciones previstas para finales de este año.

«España y Túnez junto con otros socios del Mediterráneo vamos a apoyarles para que todo siga hacia buen puerto y puedan celebrarse las elecciones en diciembre», ha señalado el ministro tunecino, subrayando que el tema libio es muy importante para el Mediterráneo en general y por eso los países de la región tienen que llevar «la voz cantante» para salvar el proceso con el que dejar atrás el conflicto en el país.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que los fondos europeos son una «oportunidad» para que España acometa reformas estructurales que cree que son necesarias desde hace tiempo.

«Estamos dispuestos a acometer reformas que España lleva necesitando desde hace mucho tiempo», ha dicho este jueves en Barcelona en la jornada ‘Sostenibilidad y digitalización, claves para la reactivación de la economía y el empleo en Cataluña’ de Expansión, en la que ha defendido el carácter reformista de su Ejecutivo.

«Cuando se conoce y se entiende la historia de nuestro país, se sabe muy bien porque en muchas cuestiones hemos llegado tarde. A esta no vamos a llegar tarde», ha sostenido.

Ha defendido que el compromiso del Gobierno y las exigencias de los propios planes de los fondos europeos, «una vez que Europa que decide algo que pareciera que nunca iba a decidir», tiene que servir para poner a Europa en posición de competitividad importante.

DAR «UN GIRO» AL MODELO ECONÓMICO

«Y además de competitividad, de hacer todos los equilibrios, que el tiempo presente nos obliga pensando en generaciones futuras, para dar un giro al modelo económico tan cacareado y tan utilizado en la política española continuamente sin fondos y sin decisión para poder arrastrarlo», ha añadido.

Ha explicado que se ha producido «un giro importante» en la concepción de las crisis económicas de la mano de su Gobierno y ha recordado que han alcanzado varios acuerdos con sindicatos y patronales.

En este sentido, Calvo ha dicho que se trata de tener fondos con metas, proyectos y objetivos muy determinados y exigentes que «van a requerir una gran participación de lo público y lo privado y la estructura territorial» de toda España.

«Tenemos la oportunidad, que ha venido tristemente pero que tenemos que transformar con el entusiasmo capaz de mover a todo nuestro sistema económico, que las empresas deben entrar en la gran revolución que nos está llevando la digitalización», ha añadido.

EUROPA

Para la vicepresidenta primera, Europa tenía una encrucijada con la pandemia, en un momento en que la situación la debilitaba porque también estaba afrontando la marcha del Reino Unido de la organización comunitaria.

«Europa casi se jugaba con alguna decisión de carácter económico su existencia política en el panorama internacional«, ha añadido, y ha dicho que el rescate que ha hecho Europa de sí misma, manteniendo solidariamente el endeudamiento y los planes de futuro, forma parte también de una situación inédita.

Para Calvo, ante este conjunto de situaciones las decisiones que gravitan desde la economía a la política y viceversa han sido «impecables.

DEMOCRACIA E IGUALDAD

Ha defendido que las democracias tienen que salir reforzadas de la pandemia y ha advertido de que para que eso ocurra «hay que seguir tomando decisiones de carácter económico» que sostengan al tejido empresarial, que según ella es la única manera de sostener empleo y saber cómo enfocar futuro.

«La mejora manera de sostener la fortaleza de la democracia es hacer políticas de igualdad con un giro interesante, que tiene que ver con la equidad», ha añadido, y ha dicho que todas las oportunidades derivadas de la pandemia parten desde la premisa mayor, que es sostener la democracia.

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una proposición de ley foral para modificar la ley del Gobierno en lo referido a las renuncias de los altos cargos por causas judiciales, de modo que la dimisión o cese no se produzca en el momento de la investigación, sino cuando se abra juicio oral o se decrete prisión provisional.

En concreto, la proposición de ley modifica el artículo 68 de la ley foral del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente y ha sido propuesta por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, con cuyos votos ha sido aprobada en la Cámara, con el rechazo de Navarra Suma.

Las cuatro formaciones firmantes del acuerdo de Gobierno y EH Bildu han presentado esta ley después de la dimisión del que era consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, por la investigación judicial abierta por las ayudas públicas concedidas a la empresa Davalor.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha sido la encargada de defender esta proposición de ley con la que, según ha dicho, lo que se pretende «no es eliminar esa exigencia de transparencia, ética y de responder en el ejercicio de la acción política de un Gobierno, sino modificar el momento en el que un cargo público debe dimitir o ser cesado cuando se le atribuye en sede judicial delitos contra la administración pública».

Así, ha defendido delimitar este momento «con garantía de certeza y seguridad jurídica, sin dar lugar a interpretaciones» y «más allá de boceríos políticos y de la instrumentalización política que se ha hecho por Navarra Suma». Se ha referido, en este sentido, al caso de Manu Ayerdi, y ha afirmado que «no se encuentra en un Gobierno en base a un artículo que establecía una serie de condiciones que sabemos todos que es necesario modificar». «Este artículo no tiene pase, este artículo está mal y produce consecuencias indeseables porque permite una utilización torticera de la Justicia por parte de políticos», ha sostenido.

Por el contrario, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha calificado de «deplorable» esta propuesta y ha acusado al resto de partidos de «ocultar el motivo real» de esta modificación de ley que, según ha dicho, es «la dimisión de Ayerdi tras acordar el Tribunal Supremo, y no Navarra Suma, abrir causa penal contra él por dos delitos de corrupción».

«No pueden decir la verdad porque están llevando a cabo una modificación de la ley para servir a un interés particular», ha sostenido Sánchez de Muniáin, para quien con esta decisión buscan «beneficiar a un número concreto y determinado de altos cargos de su Gobierno», ya que «temen que en esos supuestos hechos delictivos que se están investigando» se haya contado con «la colaboración de algunos otros cargos y puedan afectarles esta normativa». A su juicio, se trata de «una indecencia» que «debería avergonzarles» y ha considerado que «han ido a salvar al soldado Ayerdi de este asunto y a los que puedan venir».

En representación de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha considerado «necesaria» la modificación de este artículo 68, si bien ha reconocido que «si de nosotros hubiera dependido, no hubiéramos escogido este momento, sino hubiéramos esperado a la resolución del tema judicial de Manu Ayerdi para poder debatir sin que se nos pudiera achacar ningún tipo de interés partidista en ello».

En todo caso, ha defendido la nueva redacción propuesta, ya que «no da lugar a interpretaciones y recoge el espíritu» inicial. Y también ha sido crítica con el «uso espurio» que, en su opinión, ha realizado Navarra Suma de este artículo «no con fines altruistas de beneficio a la ciudadanía, sino únicamente con fines partidistas». «Este texto legal ha generado una incertidumbre impropia de un texto legal», ha planteado Regúlez.

Por parte de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha afirmado que esta modificación de la ley del Gobierno y su Presidente «no es a favor ni en contra de nadie, sino que manteniendo el espíritu original del artículo, se pretende dotar al texto de una mayor seguridad jurídica para evitar diferentes interpretaciones».

«Cuando por primera vez se ha tenido que aplicar este artículo se han puesto de manifiesto una serie de dificultades para poder aplicarlo adecuadamente, la redacción técnica no era lo más adecuada y esto dificultaba su aplicación», ha sostenido Izurdiaga, quien también ha apostado por poner en marcha la Oficina Anticorrupción al ser «el mecanismo más efectivo y garantista para evitar que se den este tipo de malas prácticas».

En representación de Podemos, Mikel Buil ha remarcado que «este artículo se gestó en un momento en el que el PP ya estaba superando los 1.000 condenados por corrupción y que en los informes de la Guardia Civil comenzaba a aparecer como una organización criminal, de ahí que esta Cámara votara por unanimidad una medida contra la corrupción».

Y ha apoyado modificar ahora este artículo ante «estrategias de extender la marcha, de banalizar y apuntar a todo lo que se menea». «A Podemos se le ha denunciado 16 veces, Vox, Manos Libres… y en todas hemos salido inocentes», ha remarcado.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado que con esta modificación «estamos dando un paso adelante porque se está poniendo límites a que se utilice este tipo de denuncias con intereses puramente partidistas y que se instrumentalice esta norma con intenciones un tanto espurias».

Según ha expuesto, «un cargo público no debe ser solamente honesto, tiene también que parecerlo y la ética pública tiene que estar en este caso por encima de los conceptos jurídicos».

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 4 años de prisión y pérdida de la vigencia del carné de conducir para un acusado de un accidente de tráfico en julio de 2018 en Cangas del Narcea, en el que fallecieron tres jóvenes. El Ministerio Fiscal considera que el siniestro se produjo porque el acusado, que entonces tenía 18 años, circulaba a velocidad excesiva y sin prestar la mínima atención a la conducción.

La vista oral está señalada para este viernes, 30 de abril de 2021, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, a las 09.30 horas. El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 19.45 horas del día 15 de julio de 2018, el acusado circulaba por la carretera AS-15 en dirección a Cangas de Narcea, conduciendo el vehículo marca Citroën Xsara.

Al llegar al kilómetro 53,800, a la entrada de una curva a la derecha según el sentido de su marcha, el acusado invadió el carril contrario en el momento en que circulaba correctamente y en sentido contrario el vehículo Renault Kangoo, conducido por su propietario quien pese a apartarse a la cuneta no pudo evitar ser acometido por el vehículo conducido por el acusado.

El accidente se produjo en una zona con la calzada ligeramente mojada, en buen estado de conservación y rodadura, con doble sentido de circulación y una anchura para cada carril de 3,50 metros separados por línea central continúa, con arcén no delimitado por encontrarse en obras, con señalización vertical de advertencia por existir una sucesión de curvas e indicación de velocidad máxima aconsejable de 60 kilómetros por hora y vertical de prohibición de adelantar.

Los hechos se produjeron debido a que el acusado circulaba a velocidad excesiva y sin prestar la mínima atención a la conducción. Tras el golpe, el acusado salió despedido de nuevo hacia la carretera y rebotó contra la valla de protección del margen derecho hasta quedar detenido en el medio de la carretera.

El conductor del Renault Kangoo contra el que chocó el acusado, resultó con lesiones consistentes en contusión pulmonar derecha, hemotórax derecho y dorsalgia postraumática.

En el vehículo conducido por el acusado que resultó herido, viajaban otras cuatro personas, dos chicos y dos chicas. Uno de los chicos resultó herido y tardó 33 días en curar, el resto fallecieron. El chico nacido el 20 de mayo de 1998, de 20 años, sufrió shock traumático primario con hemorragia torácica masiva y traumatismo torácico con rotura cardiaca y aórtica, que provocaron su fallecimiento.

Las dos chicas también perdieron la vida. Una de ellas, de 18 años, que sufrió hematoma intraparenquimatoso de cerebro talámico izquierdo y edema cerebral traumático, así como posterior parada cardiorrespiratoria que provocó su fallecimiento. Y la otra mujer, de 21 años, que sufrió traumatismo primario con hemorragia torácica masiva y traumatismo torácico con rotura de arteria aorta torácica y bazo, lo que provocó su fallecimiento.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de tres delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1, párrafos primero y segundo del Código Penal, y dos delitos de lesiones por imprudencia grave del artículo 152.1.1º y párrafo cuarto del Código Penal, todos ellos en concurso ideal.

Por ello solicita que se condene al acusado a 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 6 años, lo que comporta la pérdida de vigencia del permiso.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado abone más de 170.000 euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

Nueve de cada diez mujeres (90%) trabajadoras españolas han sufrido algún tipo de discriminación relacionado con su sexo, constitutivo de algún delito de acoso, a lo largo de su vida laboral, según recoge un estudio realizado por el sindicato CC.OO a petición de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

El informe se ha realizado a través de un cuestionario realizado a 1.119 mujeres en edades de entre 16 y 64 años de todas las autonomías, así como de Ceuta y Melilla. El trabajo se ha centrado en dos tipos de discriminación o acoso: el sexual –comportamientos inadecuados, comentarios sexuales, piropos– o el acoso por razón de sexo –infravaloración del trabajo o de las opiniones de una trabajadora en relación al de sus compañeros hombres–.

De estos testimonios, se ha recogido que una misma mujer puede haber sido víctima de estos dos tipos de acoso en diferentes periodos laborales e, incluso, vivirlos al mismo tiempo. Además, este tipo de actitudes se registran en todo tipo de empresas y en todos los sectores.

En cuanto al perfil de las víctimas, el estudio señala que «no hay un perfil determinado». Tal y como ha señalado la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, «cualquier trabajadora puede ser susceptible» de ser una víctima, aunque sí existen «un serie de factores de riesgo» ante estos comportamientos: la precariedad laboral y económica de la mujer o los entornos laborales de mayor aislamiento.

En la rueda de prensa en la que se ha presentado este trabajo, Blasco ha mostrado su preocupación por la «infradenuncia» en estos casos. En este sentido, ha indicado que, el 72% de las víctimas de estas discriminaciones no lo pusieron nunca en conocimiento de la empresa o de sus compañeros y, en su mayoría (un 62%) no lo hicieron por «miedo a represalias».

NO SE HABLA EN EL ENTORNO LABORAL

La técnica de la Secretaría confederal de la Mujer de CCOO, Raquel Gómez, ha destacado, además, que la mitad de las encuestadas aseguran «desconocer si otras mujeres habían sido acosadas» anteriormente en la misma empresa. «Esto revela que estas experiencias se ocultan y no se comentan en los entornos de confianza dentro de la empresa», ha señalado.

En este sentido, Gómez advierte de que, «la realidad demuestra que es difícil aportar pruebas» de estas situaciones que, en su mayoría, se producen sin testigos. Esto, ha apuntado «desanima» a las mujeres a emprender acciones legales.

En este contexto, el estudio indica que en el caso de las trabajadoras de las pymes y micropymes tienen aún más difícil el denunciar o abordar el tema con la empresa, debido a «la falta de un marco regulador» en este sentido.

Blasco también ha destacado el hecho de que el 88% de las víctimas encuestadas no se haya cogido ningún tipo de baja por este acoso, a pesar, ha señalado, de que estas situaciones tienen consecuencias físicas y mentales para quien las sufre.

PROPUESTAS CONTRA EL ACOSO

En el mismo acto, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha comparado estas cifras con las que su departamento recogió en la macroencuesta sobre violencia machista, presentada en septiembre del año pasado. Ha recordado que, según este estudio, el 40,4% de las mujeres mayores de 16 años (más de 8 millones de españolas) habían sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, el 17% de ellas en el trabajo.

En cuanto al origen de ese acoso sexual, el 6,5% señaló a un hombre de escala superior; el 12% a otros hombres; el 0,3% a una superior mujer y el 0,9% a otras mujeres.

«El acoso sexual o por razones de sexo en el trabajo ha pasado demasiado tiempo invisibilizado», ha lamentado Blasco quien ha llamado a «reforzar la negociación colectiva» para la puesta en marcha de protocolos, planes de Igualdad y medidas que eviten estos comportamientos; una actuación más minuciosa de la Inspección laboral; o reforzar el marco normativo.

«Es necesario creer a las mujeres, asesorarlas, acompañarlas y denunciarlo», ha indicado en un llamamiento a las instituciones y los agentes sociales. En este sentido, ha llamado a ambas partes a colaborar para erradicar el acoso laboral, tanto sexual como por razones de sexo.

Gómez ha apuntado, además, que las propias mujeres proponen la formación como «clave» para prevenir estos comportamientos y como «elemento central» para corregir. A su juicio, esta formación debe realizarse a toda la empresa, en todos los niveles, y tiene que abordar acciones constitutivas de acoso, así como los efectos que este supone para la víctima y su entorno, laboral, social y familiar.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha acogido este jueves la vista contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña, hija de su entonces pareja. El procesado ha reconocido los hechos y ha aceptado dos años de prisión y ocho de libertad vigilada.

Con ello, se ha llegado a un acuerdo de conformidad y la sala no ha tenido que celebrar el juicio. Frente a los seis años de cárcel que pedía la Fiscalía, el acusado ha aceptado ser condenado a dos años de prisión y ocho de libertad vigilada por un delito de abusos sexuales continuado, con las atenuantes de confesión y reparación del daño.

Además, no podrá comunicarse con la víctima o aproximarse a ella durante ocho años y deberá indemnizarla con 6.000 euros. La pena de prisión se suspenderá con la condición de que siga tratamiento psiquiátrico, no delinca y cumpla el alejamiento durante el tiempo de la suspensión.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos por los que se le ha condenado ocurrieron desde que la víctima contaba «con tan solo cuatro o cinco años de edad», cuando el acusado «comenzó a sentirse atraído» por ella.

Entre los años 2013 y 2018, el hombre vivió con su pareja en el partido judicial de Santiago de Compostela, un periodo durante el cual, de acuerdo con el relato de Fiscalía, aprovechaba que la madre de la niña no estaba en el domicilio para buscar un contacto con ella con el que «satisfacer sus instintos sexuales».

En alguna ocasión, llegó a acudir a la cama de la menor mientras dormía «para tocarla, primero la espalda y después la zona vaginal», llegando incluso a desnudarse y a masturbarse.

Estos hechos se produjeron hasta diciembre de 2017. En mayo de 2018, el acusado decidió confesar lo que había hecho a su entonces pareja, que de este modo decidió poner fin a la relación, denunciarlo y solicitar una orden de alejamiento no solo con respecto a la menor que había sido víctima, sino también a la hija común de ambos, de cuatro años de edad.

La niña que sufrió los abusos, explica Fiscalía, acudió a terapia psicológica a raíz de estos hechos que, no obstante, «se niega a afrontar». Por esto mismo, no se pudieron determinar las consecuencias psicológicas que pudo tener en su desarrollo.

El pleno del Parlamento europeo quiere que los test PCR que se realicen los viajeros para poder desplazarse dentro de la Unión Europea con el certificado covid sean pruebas «gratuitas» para evitar la discriminación entre los europeos que podrán viajar por haber recibido sin coste la vacuna contra el coronavirus.

Es una de las líneas rojas fijadas por los eurodiputados de cara a la negociación que la Eurocámara iniciará ahora con los Veintisiete y la Comisión Europea con el objetivo de que el nuevo certificado esté a punto antes de que acabe junio, de modo que sirva de impulso al sector turístico en la temporada de verano.

El mandato de negociación, que se votó el miércoles aunque el resultado se ha conocido este jueves, salió adelante con una amplia mayoría de 540 votos a favor, 119 en contra y 31 abstenciones.

El texto pide también cambiar el nombre para que sea más descriptivo (Certificado UE Covid-19) y corrija la errónea impresión de que tiene relación con cuestiones medioambientales como ocurre con el nombre propuesto de salida (Certificado Verde Digital).

El Ejecutivo comunitario está convencido de que es «realista y factible» lograr el acuerdo a tiempo y que su desarrollo técnico esté también a punto para junio, ha dicho un portavoz comunitario tras el voto de la Eurocámara.

Sobre el precio de los test, el portavoz ha recordado que no es un asunto que Bruselas lleve en su propuesta inicial porque el precio de los medicamentos es un asunto que recae exclusivamente en las competencias de los Estados miembro.

Los eurodiputados coinciden con Bruselas y el Consejo en que debe ser un documento gratuito para todos, que se podrá expedir en formato físico o digital, y que en ningún caso deberá ser entendido como un «pasaporte» que abra fronteras, sino como un documento con información médica para adaptar al viajero las restricciones por pandemia.

El certificado servirá a su titular para certificar si ha sido vacunado -con qué suero y cuándo–, si está inmunizado porque ha superado ya la enfermedad o, como tercera opción, si cuenta con un test diagnóstico negativo realizado en las 72 horas previas al viaje.

Por eso, los eurodiputados advierten en su posición de negociación que creen que los test vinculados al certificado deben ser «universales, accesibles y gratuitos» para todos los europeos, para evitar que las personas que no han sido vacunadas sufran una discriminación de tipo económico.

En una resolución no legislativa que se adopta también este jueves en el mismo pleno, los eurodiputados van más allá y apuestan por la gratuidad también de los test que no se realizan en el marco del certificado de inmunidades, en especial en los casos de trabajadores expuestos en primera línea, como sanitarios –y pacientes– y el personal de escuelas, universidades y guarderías.

La misa resolución pide que se introduzca un límite máximo temporal de precios para las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 que no se lleven a cabo para la obtención del certificado.

Durante la negociación con los Estados miembro y Bruselas, el Parlamento defenderá además que los titulares del certificado no deberán estar sujetos a restricciones adicionales, por lo que deberán quedar exentos de la obligación de cuarentenas, autoaislamiento o test adicionales a su llegada a destino. Además avisan de que toda iniciativa adicional que un Estado miembro quiera poner en marcha apoyándose en el certificado deberá hacerlo en línea con el mismo marco legislativo.

En el debate previo a la votación, el presidente de la comisión parlamentaria de Justicia e Interior y ponente de la posición de la Eurocámara, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, avisó de que este documento de inmunidades no deberá ser utilizado por los países para filtrar, por ejemplo, el paso a restaurantes, cines u otros espacios públicos.

En cuanto a las vacunas reconocidas por el certificado, los eurodiputados piden que solo sean expedidos a pacientes que hayan sido inoculados con vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), aunque deja la puerta abierta a que cada país decida si reconoce otros certificados emitidos por Estados miembro para vacunas recogidas en la lista de la Organización Mundial de la Salud.

Finalmente, los certificados deberán estar verificados, igual que sus sellos electrónicos, para evitar el fraude y la falsificación y los datos personales obtenidos para la expedición del certificado no podrán almacenarse en el país de destino y no habrá una base de datos centralizada en la UE.

La lista de organismos que procesarán y recibirán los datos será pública, para que los ciudadanos puedan ejercitar su derecho a la protección de datos, en el marco del Reglamento General de Protección de Datos.