El Consejo de Transparencia ha aprobado con un notable alto la gestión en este sentido del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder de Judicial (CGPJ), alcanzando respectivamente un cumplimiento del 85,2 y del 86,1 por ciento, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha obtenido un aprobado (53,6 por ciento), según los informes de evaluación publicados este jueves.

Según el Consejo de Transparencia, el cumplimiento por parte del TC de las obligaciones de transparencia le lleva a hacer una valoración «muy positiva» del esfuerzo realizado por el órgano de garantías para hacer más transparente su gestión, «publicando mucha información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia, que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa».

No obstante, a lo largo del informe se señalan una serie de carencias, por lo que se recomienda al Constitucional que mejore la publicación de determinados aspectos, como son por ejemplo las autorizaciones de compatibilidad de altos cargos.

Igualmente se recomienda al TC que sopese mejorar la publicación de la información sobre ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que estuviese más actualizada. Insta también a incluir en la ‘web’ del TC una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información, ya que sólo de esta manera sería posible para la ciudadanía saber si la información que está consultando está vigente.

CGPJ

En cuanto al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo de Transparencia señala que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de este órgano, en función de la información disponible en su Portal de Transparencia y tras las alegaciones presentadas por este órgano, alcanza un 86,1 por ciento.

Valora de forma positiva que el CGPJ publique una gran cantidad de información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. También se resaltan en su gestión buenas prácticas que podrían incorporarse por otras organizaciones públicas.

En cuanto a las carencias, se apunta que debería informarse sobre las funciones del CGPJ sin necesidad de acudir a la normativa que resulta de aplicación, y se echa de menos además la publicación del inventario de actividades de tratamiento de datos en aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

También cree el Consejo de Transparencia que el órgano de gobierno de los jueces debe publicar la información sobre datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público; así como el presupuesto para 2021 y los os informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

FISCALÍA

En cuanto al Ministerio Público, el Consejo de Transparencia indica en su informe inicial que, en base a la información disponible en el propio portal de transparencia de la FGE, el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia alcanza un 53,6 por ciento.

El Consejo aprecia «el esfuerzo realizado por la FGE para hacer más transparente su gestión, publicando mucha información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa», así como sus «buenas prácticas».

Sin embargo, ha detectado también «una serie de carencias» y por ello recomienda incluir en su portal de transparencia «enlaces a la información del bloque institucional y organizativa, que actualmente se ubica en otros accesos de su ‘web'», y, si no existe información publicable, bien porque la Fiscalía no haya tenido medios para ello, bien porque no haya habido actividad, le aconseja generar el correspondiente ‘link’ con la explicación.

INDEMNIZACIÓN ALTOS CARGOS

Igualmente, le pide publicar información sobre las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo, y sobre las autorizaciones de compatibilidad para actividades privadas al cese de altos cargos y las concedidas al personal al servicio de la FGE.

Al Consejo General del Poder Judicial también la indica que debe informar sobre dichas indemnizaciones y sobre las autorizaciones de compatibilidad para actividades privadas al cese de estos altos cargos.

En cuanto a la calidad de la información publicada, el Consejo de Transparencia insta al CGPJ a actualizar la información que no lo esté, se encuentre o no sujeta a obligaciones de publicidad activa, y, al igual que al TC, publicar en su portal de transparencia una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información.

NOTA INICIAL

En el caso de la FGE, a diferencia del TC y el CGPJ, no presentó observaciones al informe inicial de evaluación, observaciones que en los otros dos órganos sirvieron para subirles la nota, por lo que el Consejo de Transparencia ha mantenido su calificación original.

No obstante, de oficio «se ha revisado el cumplimiento del criterio de publicación en formatos reutilizables al haberse constatado que el formato utilizado por la ‘web’ de la FGE es HTML y que permite tratamiento».

Asimismo, «se ha considerado la no aplicación de la obligación de publicar las autorizaciones para actividad privada al cese de altos cargos, dado que el artículo 15 de la Ley 3/2015, reguladora del Alto Cargo en la Administración General del Estado no es aplicable a los órganos constitucionales».

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios presupuestarios han exigido este jueves a la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, la inmediata liberación de la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, retenida desde el pasado 13 de abril en Palestina.

En concreto, la misiva lleva la firma de los diputados socialistas, del grupo confederal y de otras diez formaciones: ERC, EH Bildu, PNV, Junts per Catalunya, Compromís, BNG, Más País-Equo, CUP y Nueva Canarias.

Estos partidos han transmitido a Radian-Gordon su preocupación por la «situación agónica» de Ruiz y de sus compañeros Tayseer Abu Sharbak y Saeed Abbad, integrantes también de la organización sanitaria Health Work Committees (HWC).

Los firmantes exigen la puesta en libertad de estas tres personas y la correcta aplicación del derecho internacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario.

INTERVENCIÓN DE BORRELL

«Se está aplicando una ley militar y vulnerando el derecho internacional», ha denunciado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, quien a instado al jefe de la Diplomacia europea, el socialista Josep Borrell, a intervenir ante esta «detención ilegal». «Ayudar a la población palestina más necesitada no es delito», ha añadido en un mensaje de Twitter.

En la carta, los parlamentarios relatan la detención de Ruiz tras la irrupción en su casa de 20 soldados israelíes armados, de madrugada, en la localidad cisjordana de Beit Sahour. «Desde entonces permanece en detención sin cargos, ni juicio, ni pruebas», denuncian, incidiendo en que este proceder «contraviene el derecho internacional», que ha sido trasladada de cárcel varias veces y que únicamente se le ha prestado asistencia consular en una ocasión, concretamente, el pasado 21 de abril.

También protestan porque esta retención se ha producido en aplicación de la legislación y órdenes militares israelíes que rigen para a los residentes en Cisjordania que, según recalcan, «más de cincuenta años después de la ocupación, ha sido denunciada por organizaciones de Derechos Humanos exigiendo que se apliquen iguales derechos civiles que a la población israelí».

Estos doce partidos recuerdan que Juana Ruiz Sánchez, vive en Palestina desde hace 35 años y trabaja como coordinadora de proyetos de la organización sanitaria palestina Health Work Committees (HWC), entidad que realiza una importante labor en la zona y que está financiada por la cooperación española y por la de otros países europeos, por organizaciones internacionales como UNICEF y la y por ONG como OXFAM, Medical AID y Save the Children.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha revelado este jueves que habló con el que fuera líder del partido, Albert Rivera, «hace unos días» y se ha mostrado «convencida» de que no volverá a la política porque «está muy contento en el sector privado».

En una entrevista en Radiocable, Arrimadas ha destacado que mantiene una «buena relación» con Rivera, a quien conoce «desde hace muchísimos años». «Yo tuve un niño a la vez que él una niña. Yo me llevo bien con todo el mundo, lo importante son las personas y hablamos hace no mucho», ha explicado.

Cuando le han preguntado si cree que Rivera forma parte de la operación del PP para captar a cargos de la formación naranja, la presidenta de Cs ha asegurado que, en su despedida, Rivera señaló «que se iba de la política» y que «15 años ya eran suficientes».

«Dijo que tenía muchas ganas de hacer cosas en el sector privado, volver a trabajar y creo que todo el mundo que lo escuchó confió en su palabra. Nos lo creímos, yo me lo creo, así que no tengo ningún motivo para pensar que no va a ser así», ha dicho.

Posteriormente, en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, se le ha preguntado si en esa charla hablaron de política, a lo que ha respondido que no suele contar los detalles de las conversaciones que tiene con otras personas.

«Vamos teniendo contacto de manera periódica sobre muchas cuestiones, pero sobre todo del ámbito personal, estrictamente personal, que tenemos muchas cosas en común» y «mantenemos un contacto personal, absolutamente agradable, de vez en cuando», ha explicado.

La propia Arrimadas admitió el pasado 7 de abril que no hablaba con Rivera desde el pasado mes de diciembre. La conversación de la semana pasada habría sido la primera tras las elecciones catalanas del 14 de febrero, en las que Ciudadanos pasó de 36 escaños en el Parlament a seis, y después de la decisión de Cs de promover mociones de censura en Murcia contra el PP, que desencadenó la convocatoria de comicios anticipados en la Comunidad de Madrid.

REEDITAR UN GOBIERNO CON EL PP EN MADRID POR «SENTIDO COMÚN»

Por otro lado, Arrimadas se ha referido a los comicios del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid para insistir en su apuesta por reeditar un Gobierno con el Partido Popular. Así, ha asegurado que el «sentido común» lleva a repetir un Ejecutivo que «funcionaba bien» y que ya tenía desarrollado un programa.

Los presupuestos estaban negociados, el acuerdo de gobierno también y los procesos de licitación y ayudas estaban hechos y metidos en un cajón pendientes de salir. Ayudas directas a los comerciantes y a los hosteleros, y los equipos estaban montados. Lo lógico y razonable es que si un gobierno estaba bien, que mantenga esta línea los dos años siguientes», ha explicado.

En esta línea, Arrimadas ha incidido que esto es lo que haría «cualquier persona en su vida diaria» de no ser por la «burbujita política» en la que están metidos los candidatos. Así, y pese a apostar por el pacto con los ‘populares’, la presidenta de Cs ha dejado claro que su formación es moderada y de centro.

«Somos partidos pragmáticos, realistas. Lo más sensato no es hacer un experimento, sino seguir con un gobierno que va bien», ha continuado Arrimadas, que no quiere que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid pierdan «el tiempo».

«BILDU PUEDE SER SOCIO DE SÁNCHEZ Y NADIE DICE» QUE SEA «FILOETARRA»

Sobre si considera que manifestarse en la plaza de Colón junto a Vox es moderado, Arrimadas ha recordado que esa concentración fue convocada por Ciudadanos y después «se sumó quien le dio la gana».

En este contexto, la presidenta de Cs ha señalado que en la plaza madrileña se «pedían elecciones» y a la misma acudieron también «concejales socialistas escandalizados con los pactos de Sánchez y sus cesiones ante el nacionalismo».

«Lo que no puedo entender es qué pasa en España cuando a Sánchez se le permite pactar unos presupuestos con Bildu y no te dejan ir a una manifestación a la que también quiera venir Vox. ¿Cuándo ha cambiado esto? Bildu puede ser un socio de Sánchez y nadie dice que Sánchez se ha vuelto pseudoetarra o filoetarra», ha lamentado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado «absolutamente razonable y sensato» que el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, haya planteado que se prorrogue dos meses el estado de alarma y rechazado que esta figura se pueda aplicar «a la carta» por territorios, dado que ve España en manos de un Gobierno «que parece negacionista en lo que a legislación se refiere».

«No podemos pasar de cero a 100 en un segundo», ha argumentado, en la rueda de prensa posterior en el Consello de la Xunta, en la que ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber impulsado una ley para gestionar la pandemia como pedían Galicia y otras comunidades, y además, en el caso gallego, haber recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) parte de la reforma de la ley de salud.

A las puertas del 9 de mayo, ha afeado al Gobierno central el uso de una figura «excesiva, antigua y desproporcionada» como es el estado de alarma para después obviar la petición de que legisle y, además «culpar» a los presidentes que rechazaron esta figura inicialmente en lo que ve «una trampa impropia de un sistema democrático».

Así las cosas, se ha reafirmado en que las comunidades necesitan «una red» y, si bien ha defendido que su prioridad sería contar con la ley de salud gallega plenamente en vigor, ha advertido que, si no es posible, sería partidario de mantener el estado de alarma, de forma que cada gobierno pueda medir sus pasos «previa comunicación al Consejo Interterritorial».

Más allá, ha recordado que Urkullu ya tiene experiencia con el rechazo de los tribunales a alguna de sus decisiones, por ejemplo en lo que respecta al cierre de la hostelería. Acaba de volver a pasar, ha añadido, con el comercio en La Rioja.

«PARAGUAS LEGAL» SI NO SE SOLUCIONA EL CONFLICTO CON LA LEY GALLEGA

Así, ha manifestado que Galicia, al igual que el resto de comunidades, necesitaría «un paraguas legal» si el Gobierno «no le deja gestionar» la pandemia con su ley. «Que es lo que le pedimos», ha resaltado, para añadir que la norma autonómica le parece «suficiente» e insistir en el agravio que supone que, bajo su punto de vista, se recurra la ley gallega pero no la de Aragón, de contenido similar.

En este sentido, ha defendido que la ley no afecta «a derechos fundamentales» e incluso certifica «en un artículo» que, si alguna decisión afectase a los mismos, la Xunta debería buscar la «autorización y ratificación judicial».

En este punto, se ha referido a las conversaciones técnicas abiertas entre Xunta y Gobierno para tratar de solventar el conflicto, y ha asegurado que los «interlocutores» del Ejecutivo estatal «se quedaron muy sorprendidos» porque «ven que no hay ninguna intención de vulnerar la Constitución».

De este modo, Feijóo, quien ha recalcado que el recurso es «político, ha advertido que, si el Gobierno no acepta el acuerdo de interpretación que ha propuesto la Xunta, «no será por culpa de los interlocutores» que negocian «si no de los mandos». Y ha insistido en que Galicia seguirá sin una herramienta que le avalaría para defender cualquier decisión frente a la pandemia en los tribunales.

Coalición Canaria-PNC ha mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno de levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo y ha advertido de la incertidumbre que generaría esa decisión en el caso de que se tomara por la falta de «herramientas jurídicas» para que la Comunidad Autónoma pueda seguir tomando medidas para frenar posibles rebrotes de la pandemia.

Para los nacionalistas, «esta decisión unilateral del Gobierno central, que fue anunciada sin consultarla ni comunicarla antes a las comunidades autónomas, parece responder más a los intereses electoralistas del PSOE de cara a los comicios madrileños del próximo martes y no al interés general».

El Comité Ejecutivo Nacional, reunido este jueves, reprochó «la falta de diálogo sobre una decisión en la que está en juego tirar por tierra el esfuerzo titánico de la ciudadanía, de los profesionales sanitarios, del tejido económico, en definitiva, de la sociedad, desde que en marzo de 2020 se decretara el primer estado de alarma» y pidió al PSOE «repensar si es la decisión idónea cuando el índice de vacunación aún es muy bajo y desigual, dependiendo de cada comunidad autónoma».

«Tomar la decisión sin aprobar una alternativa, sin una herramienta clara que permita a las comunidades autónomas tomar decisiones ajustadas a la realidad sanitaria de cada territorio o de cada isla puede generar enormes problemas y retrasar el control de la pandemia ante un repunte de casos», aseguran desde CC-PNC.

Los nacionalistas canarios mostraron su preocupación por el limbo legal en el que se quedarán las comunidades autónomas y la falta de herramientas que permitan a los territorios adoptar decisiones ajustadas a su realidad sanitaria y respaldadas por una seguridad jurídica que decaerá con el estado de alarma.

En este contexto, demandaron al Gobierno del Estado una «alternativa» que dote de esa seguridad jurídica a las decisiones de las comunidades autónomas porque, de lo contrario, podrían ser recurridas, al tiempo que reprocharon su incapacidad para dotar a las comunidades autónomas de los instrumentos jurídicos necesarios que no harían necesario el estado de alarma, tal y como se comprometieron.

Asimismo, exigieron al Gobierno de Canarias un plan de acción y coordinación para dar respuesta a las situaciones que puedan derivar tras el fin del estado de alarma, para «evitar volver a la casilla de salida».

Los nacionalistas canarios insisten en la necesidad de «hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que no vean en el fin del estado de alarma el fin de una crisis sanitaria que aún no está controlada y que no podemos dar por superada hasta que contemos con una inmunidad de rebaño».

En este sentido, señalan es fundamental que el Gobierno canario doble esfuerzos en prevención y trabaje en medidas que mitiguen el vacío legal que se producirá tras el 9 de mayo. Al mismo tiempo, reclaman al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que abra el diálogo con las comunidades autónomas y no circunscriba su decisión a sus intereses de cara a la cita electoral en Madrid del próximo domingo.

DATOS DE LA EPA.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva Nacional valoró los datos de la EPA publicados hoy y que sitúa la tasa de paro en Canarias en un 25,42 % frente al 15,98 % estatal como el más claro ejemplo de que las islas «necesitan políticas específicas».

En este sentido, recuerdan que el rechazo del PSOE a un plan de rescate del sector turístico dificulta la recuperación de nuestro motor económico y, por tanto, del empleo ya que un 40 % de los puestos de trabajo en Canarias dependen de la industria turística.

Los nacionalistas canarios señalan que la ligera disminución del desempleo, motivado por la caída de activos, «no deja lugar a discursos triunfalistas porque no caben mientras 272.700 canarios y canarias no tienen un trabajo» y apelan a la «responsabilidad» y al impulso de medidas para comenzar el camino hacia la recuperación y los datos previos a la crisis sanitaria.

Cruz Roja y Media Luna Roja han reclamado este jueves un acceso equitativo de todo el mundo a las vacunas contra el Covid-19, una medida que considera «crucial» para acabar que «todo el mundo esté a salvo» y acabar con la pandemia.

La organización recuerda que, aunque nadie ha podido esquivar los efectos de esta crisis sanitaria, sus consecuencias no se han sentido de la misma manera en los diferentes puntos del planeta. De hecho, señala que esta situación se ha definido por «las profundas y persistentes desigualdades» entre las personas que se encuentran «en mayor riesgo» y las que no se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

«Desde el inicio de la pandemia, hemos visto como el impacto del virus discrimina a las personas mayores, a las personas con condicionantes previos de salud y a las personas que tienen menos medios para aislarse y protegerse», ha indicado la entidad, que señala también hacia los países «afectados por crisis humanitarias».

Según ha señalado, el despliegue de las vacunas contra el Covid-19 representa «una brizna de esperanza» para millones de personas cuya vida se ha visto drásticamente afectada. Y es por eso que considera «crucial» asegurar el acceso equitativo a este tratamiento en todo el mundo, especialmente a los más vulnerables como personas refugiadas, migrantes, en exclusión social, con discapacidades o en zonas en conflicto.

UNA INTERVENCIÓN «FUNDAMENTAL»

Desde la entidad recuerdan que esta crisis no ha sido solo sanitaria, sino social y económica, lo que ha llevado a Cruz Roja y a Media Luna Roja a poner en marcha una respuesta local y global a través de la cual se han atendido a 700 millones de personas afectadas por la pandemia, según ha explicado la directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, MaríaAlcázar.

Esta respuesta, según ha indicado la organización, se ha basado en tres pilares, la salud, la intervención frente al impacto socioeconómico y el apoyo a la respuesta local. «Nuestra intervención es fundamental en la convicción de que nadie estará a salvo hasta que todo el mundo lo esté», ha apuntado Alcázar.

Entre sus acciones, destacan medidas para reducir riesgos de trasmisión y mantener el acceso a los servicios esenciales de salud, para una recuperación, protección y diversificación de medios de vida y seguridad económica de los hogares o la distribución de alimentos.

Para poder llevar a cabo esta intervención, se ha contado con unos ingresos de 1.580 millones de euros, el 41% de los cuales proviene de fondos gubernamentales, el 40% de donaciones privadas, el 10% de fondos propios de la Cruz Roja y el 9% de otros actores como agencias de Naciones Unidas o Unión Europea, entre otras.

En este sentido, explica que el 58% de los fondos se han invertido en la intervención en materia de salud, el 36% en medidas frente al impacto socioeconómico y el 6% en el fortalecimiento de lascapacidades locales.

El sindicato CC.OO. ha denunciado este jueves que la Comunidad de Madrid permite que residencias privadas y concertadas «funcionen sin enfermeras y que les sustituya personal sin titulación», algo que niegan desde la Consejería de Políticas Sociales.

Concretamente, el sindicato ha denunciado ante la Consejería, la Dirección General del Mayor, las direcciones de las residencias y las patronales la «grave situación» los mayores en las residencias y centros de día privados y concertados de la región debido a la «alarmante falta de enfermeras para atender a los usuarios». «No se cumplen las ratios y hay centros donde se cubre este déficit con personal sin titulación o titulación no homologada», lamentan.

Según detallan, la escasez de estos profesionales ha dejado de ser estacional (vacaciones) «y se ha cronificado por el éxodo masivo a la sanidad pública y privada de estos profesionales con mejores perspectivas laborales y salariales».

«Esta grave situación es consecuencia de las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en los últimos años han mercantilizado el sector de la Dependencia, convirtiéndolo en una oportunidad de negocio para ‘fondos buitre’ e ignorando la calidad asistencial como premisa de un servicio público», aseveran.

Además, según Comisiones Obreras, esta merma de profesionales «pone en riesgo la integridad de los residentes y supone una sobrecarga de trabajo para auxiliares de enfermería y gerocultoras que se están viendo obligadas a asumir funciones para las que no tienen ni titulación ni capacitación legal».

«El incumplimiento de las ratios en las residencias es evidente. Especialmente alarmante es la situación de las residencias públicas en las que la Comunidad de Madrid ha trasladado la gestión a empresas privadas. En algunos de estos centros este incumplimiento sobre lo exigido en los pliegos de condiciones supone una importante reducción en turnos como la tarde, donde se ha reducido de tres a uno el número de profesionales», añaden en el comunicado.

El sindicato se queja de que porcentaje «muy elevado» de residencias de entre 50 y 120 usuarios no cubren las ausencias por vacaciones, permisos o excedencias de estas categorías. «En las residencias que tienen 180 o más usuarios la media es de una enfermera para el turno de noche, recurriendo en el turno de mañana y tarde a contratos de jornada parcial o con una merma de 1 enfermera por turno, llegando a reducciones de hasta dos enfermeras por turno», apuntan.

En residencias de entre 180 y 220 plazas, continúa CC.OO., se cubren las ausencias con trabajadores con titulación no homologada o en vías de homologación, alumnos en prácticas «y sobre todo se recurre a auxiliares de enfermería y gerocultoras que por supuesto no tienen ni la capacitación profesional ni legal para el ejercicio de estas funciones».

«La consecuencia es una sobrecarga de trabajo no solo para las enfermeras, sino también para el resto de categorías que asumen funciones que no les corresponden. Lo más preocupante es que se puede poner en riesgo la integridad de los residentes, algo inaceptable en cualquier caso, pero más tras los duros meses vividos con la pandemia con resultado de miles de fallecidos», esgrimen.

El sindicato es consciente de que las empresas del sector se encuentran con grandes problemas para contratar profesionales de enfermería debido «a los bajos salarios del convenio colectivo, a la elevada carga de trabajo, a la precarización de sus condiciones, a la insuficiente financiación por parte de la Comunidad de Madrid y al bloqueo de un Convenio Colectivo cuya negociación está paralizada en este momento».

Por todo ello, CC.OO. considera que «es el momento de apostar por un nuevo modelo de cuidados centrado en la persona, en la calidad de atención al usuario y del empleo, poniendo en valor el carácter de servicio público esencial». «Solo con la mejora de los ratios, apostando por la profesionalización y el reconocimiento social y con una mejora de la financiación, conseguiremos dignificar un sector tan olvidado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid», concluyen.

Analizada la denuncia, desde la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid aseguran que se cumplen las ratios, la normativa sobre número de enfermeras por plazas residenciales y que se contrata a personal con la formación homologada, y que para ello realizan inspecciones periódicas, al menos dos veces al año a cada geriátrico.

Y recuerdan que según el Régimen de autorización de servicios y centros de acción social y servicios sociales derivado de la Orden de la Consejería de Servicios Sociales del 6/12 del año 1990, los centros residenciales de más o igual a 50 plazas deben contar con una unidad adicional de Enfermería. Cuando tengan igual o más de 100 plazas la enfermería debe contra con un 5 por ciento de las plazas que tienen los centros. Y al frente de esta unidad no puede haber ningún profesional sin la titulación requerida.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha situado en más del 78 por ciento el cumplimiento que hace Casa Real de la información obligatoria que debe ofrecer en su página web, pero echa en falta datos como los relativos a indemnizaciones y compatibilidades de su personal. En todo caso, mejora en cinco puntos su nota inicial y valora la actitud de Zarzuela, que ha prometido actualizar sus contenidos antes de que acabe el año.

En el examen, se ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la página web en lo relativo a la información institucional, organizativa y de planificación, así como el contenido y la calidad de la información económica, presupuestaria y estadística disponible.

Por lo que se refiere al primer apartado, Transparencia constató que no había ninguna referencia que permitiera conocer «la vigencia de la información publicada, por lo que tampoco se puede comprobar si cumple con el requisito de que esta información esté actualizada» y además señaló que gran parte de la información se publica sobre la web, por lo que tampoco podía afirmarse que cumpliera con el requisito de reutilización.

En el segundo apartado, se mostró mucho más crítico, señalando que la información publicada no contempla la totalidad de los contenidos obligatorios por la ley. En concreto, se echó en falta información estadística sobre los contratos adjudicados según procedimiento de licitación, así como sobre las indemnizaciones percibidas por altos cargos con ocasión del abandono del cargo.

Transparencia tampoco localizó información en la web de Casa Real sobre las autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas o privadas concedidas a los empleados, ni sobre las concedidas para el ejercicio de actividades privadas al cese de altos cargos.

En cuanto a la calidad de la información analizada en ese apartado, se señaló que no se indicaba ninguna referencia a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada por última vez, que algunas informaciones se publicaban sobre la web y que no había información sobre retribuciones de altos cargos desde el ejercicio de 2019.

NOTA INICIAL DEL 73,8%

Por todo ello, el Consejo de Transparencia consideró que Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) por parte de la Casa Real era de un 73,8 por ciento, una nota que el Consejo justifica principalmente por la falta de referencias a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada y al hecho de que buena parte de la misma se publicaba directamente sobre la web, sin que se cumpla, por lo tanto, el criterio de publicación en formatos reutilizables.

No obstante, ponía de relieve el esfuerzo de transparencia voluntaria realizado, con la inclusión entre otros en la web de la normativa sobre regalos a la Familia Real o el Código de Conducta de la Casa Real, así como algunas «buenas prácticas» que considera que «podrían ser aplicables a otras instituciones».

«Este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no puede menos que valorar positivamente el esfuerzo realizado por la Casa Real para hacer más transparente su gestión, publicando información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa», remachaba el informe, en el que se formulaban algunas recomendaciones para remediar las «carencias» identificadas.

En el ámbito económico, por ejemplo, se proponía «valorar publicar la información sobre ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que esta información estuviese más actualizada».

Además, se incidía en que «debería publicarse en el Portal de Transparencia, una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información» para que los ciudadanos pudieran saber «si la información que está consultando está vigente».

RESPUESTA DE CASA REAL

En respuesta a este informe del Consejo de Transparencia, Casa Real remitió una contestación, respondiendo a algunos de los apartados señalados desde Transparencia y explicando las medidas adoptadas para subsanarlo.

Así por ejemplo, en el apartado de transparencia de la web se ha incluido una mención en la parte inferior de la web bajo el epígrafe «actualización de contenido», para saber la fecha en que fue modificada la información por última vez.

Por lo que se refiere a las retribuciones anuales altos cargos y máximos responsables, Casa Real explica que esta se publica junto a la información presupuestaria auditada por lo que la última publicada corresponde al ejercicio 2019. Este mismo argumento es válido también para las indemnizaciones percibidas por altos cargos con ocasión del abandono del cargo.

No obstante, aclara Zarzuela en su respuesta, en el segundo trimestre se publicará junto con el resto de información presupuestaria, esto es, el informe del interventor, las cuentas anuales, las retribuciones de la Familia Real, las retribuciones altos cargos e incompatibilidades e indemnizaciones.

Tras recibir la contestación de Casa Real, el Consejo de Transparencia ha publicado este jueves su evaluación final, en la que «valora muy positivamente la proactividad de la Casa Real en la aplicación de las recomendaciones efectuadas» y por ello eleva el índice de cumplimiento al 78,6 por ciento.

En todo caso, queda por debajo de la media del 87,6% de los diez órganos institucionales analizados por el Consejo, entre los que también figuran el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional o el consejo General del Poder Judicial.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado que Madrid sea una de las tres comunidades autónomas que generaron empleo en el primer trimestre de 2021 y ha animado a los madrileños a votar a la formación naranja el próximo 4 de mayo para reconocer en las urnas su gestión en la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y hacer posible que reedite el Gobierno de coalición con el PP.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro bajó en España en 65.800 personas en ese periodo respecto al trimestre anterior, pero se destruyeron 137.500 puestos de trabajo (-0,7%).

En nueve comunidades autónomas aumentó el paro y todas las regiones destruyeron empleo, salvo Madrid –que fue la que más empleo creó, 40.400 puestos–, Cataluña y Cantabria, y Madrid fue también la que más redujo el número de desempleados, concretamente en 50.300, un 10,5%.

Los de la Comunidad de Madrid son «los mejores datos de España» y «podrían ser mejores si los presupuestos, que ya estaban negociados» entre el PP y Cs y que incluían ayudas para empresas, comerciantes y hosteleros frente a la crisis del coronavirus, «se hubieran puesto en marcha», ha señalado Arrimadas en una rueda de prensa en la sede de la formación naranja.

Tras reivindicar «el modelo de éxito» que aplicó Manuel Giménez, de Ciudadanos, en la Consejería, ha afirmado que su partido tiene «muchas ganas» de volver a constituir el Ejecutivo que compartió con el PP durante los dos últimos años y que se pongan en marcha los presupuestos que acordaron.

«Lo lógico es seguir con este modelo, y nadie que defienda la gestión económica de la Comunidad de Madrid puede defender que se saque del Gobierno al partido que la ha hecho posible», ha defendido. Por tanto, «a quien le guste» esa gestión, «que vote a Ciudadanos», ha añadido.

UN GOBIERNO «MODERADO» CON Cs O UN «EXPERIMENTO» CON VOX

Arrimadas ha indicado que, «por suerte», el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos «no van a gobernar Madrid», según las encuestas electorales, porque la gestión del PP y Cs «ha sido buena».

Por ello, considera que el «dilema» para el 4 de mayo es si se podrá repetir ese Gobierno «moderado, limpio, de éxito» y que «mira al futuro» o si la presidenta autonómica en funciones y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, «va a hacer un experimento» eligiendo como socio a Vox, un partido que «cuestiona el matrimonio igualitario, el aborto o la eutanasia y que quiere imponer el pin parental» en los colegios.

Además, cree que esta segunda opción es la que prefiere el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, porque tendría «mucho más donde atacar» si enfrente tuviera a Rocío Monasterio, de Vox, que si hubiera un Ejecutivo con Ciudadanos y con Edmundo Bal dentro, que abordase cuestiones como la igualdad, el cambio climático o la corrupción.

Aunque muchas encuestas pronostican que la formación naranja no alcanzará el 5% de los votos y, por tanto, se quedará sin representación parlamentaria, su presidenta se ha mostrado convencida de que van a entrar en la Asamblea de Madrid y de que van a gobernar porque, «al final, los moderados irán a votar» y se superará «el reto de la polarización».

«Detecto muchas ganas de volver a los bandos, de mantener este bibloquismo», pero «los que estamos en Cs sabemos lo que es luchar, defender la concordia, la convivencia, el centro político, el liberalismo, la moderación y la sensatez», ha manifestado.

A su juicio, «va a haber muchos madrileños que, con esta escalada de violencia y de insultos, abran los ojos y se den cuenta de lo importante que es que Cs esté en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y aporte sensatez y cordura».

PIDE A SÁNCHEZ REFORMAS CONSENSUADAS CON LA OPOSICIÓN

Por otro lado, Arrimadas ha afirmado que para mejorar los datos de empleo en España será clave el uso de los fondos europeos que se van a recibir frente a la crisis del coronavirus y las reformas que el Gobierno de Pedro Sánchez debe presentar a la Comisión Europea.

Sobre las reformas, ha reclamado al Ejecutivo «más transparencia», ya que no se conoce el detalle de las mismas y se ha pospuesto la presentación de algunas que «son urgentes», y también que sean «estructurales», no simplemente «cosméticas», que se consensúen con la oposición en el Congreso y «que piensen en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones».

Desde su punto de vista, en España se necesitan reformas «ambiciosas» en el ámbito educativo, laboral, de las pensiones y la Administración Pública, y no cree que valgan la ‘ley Celaá’, el acuerdo con Bildu para derogar el modelo laboral que aprobó el PP o las «ocurrencias» del ministro José Luis Escrivá sobre el sistema de pensiones.

El director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, Serafín Carballo, ha advertido, este jueves, sobre «un periodo largo de las secuelas traumáticas» en niños y jóvenes por la pandemia de la COVID-19.

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament, Carballo ha indicado que la sociedad debe «estar preparada para las consecuencias psicológicas» en menores. Por este motivo, ha transmitido a instituciones, administración, sociedad civil y tercer sector «la necesidad de poner este problema en el centro de la agenda pública y política».

Carballo, quien ha comparecido a petición del grupo parlamentario Ciudadanos, ha desgranado los resultados de una encuesta realizada entre los alumnos de Baleares durante los meses de confinamiento. Analizando la participación, el director de la Oficina Balear de la Infancia y Adolescencia ha resaltado «la gran necesidad que tenían los alumnos de poder expresar su opinión y ser escuchados».

Según el estudio, el 28% de los encuestados habían pasado el confinamiento bien o muy bien, frente al 12% que había reconocido haberse sentido mal o muy mal. Respecto a la convivencia en familia, la mayoría de los encuestados valoraban este hecho y el 30% desconocía la existencia de teléfonos de ayudas a los menores.

En cuanto a la situación psicológica de los menores, Carballo ha resaltado que, en el último año, ha crecido el malestar psicológico derivado de estar privado de sus amigos y la semipresencialidad educativa. «Esto no augura un futuro nada bueno en cuanto a la situación mental de esta población», ha aseverado.

En este sentido, ha recalcado el aumento de los índices de consultas a pediatras y a los psicólogos por dolencias mentales, así como la subida de intentos de suicidios por parte de menores.

Aparte de los resultados de la encuesta, el director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia ha detallado algunas conclusiones del Informe Anual de Baleares de 2019. Además, ha concretado que en el plazo de un mes se presentarán los resultados del estudio con los datos de 2020.

Carballo ha resaltado que entre el 22 y el 25% de los menores de Baleares estaban en riesgo de pobreza en 2019 en Baleares, una cifra que ha previsto que subirá por los efectos de la pandemia. «En las Islas cada vez hay más pobres y cada vez hay pobres más pobres», ha comentado.

Esta situación, según Carballo, «es un atentado contra los derechos de niños y adolescentes. Mientras existan niños pobres, el sistema económico estará vulnerando sus derechos». Por ello, ha rechazado el sistema económico de las Islas basado en el monocultivo del turismo.

En cuanto a la situación de pobreza después de la pandemia –de la que aún no constan datos oficiales–, el director de la Oficina Balear de la Infancia ha comunicado que las estimaciones hablan de que uno de cada tres niños están en situación de pobreza en Baleares. «El modelo económico no está ayudando a Baleares. Se está creando una desigualdad crónica», ha indicado.

No obstante, ha resaltado el escudo social creado en esta crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, diferente a cómo se enfrentó la de 2008. En este sentido, ha resaltado la RESOGA, el Ingreso Mínimo Vital y el aumento de becas de comedor.

La batalla contra la pobreza, según Carballo, se debe focalizar con más trabajo, agilización del Ingreso Mínimo Vital, viviendas sociales, ayudas al alquiler y ampliación de plazas de educación infantil para niños de 0 a 3 años, entre otras medidas.

Desde Ciudadanos, el diputado Juan Manuel Gómez ha concretado que cuando pidieron la comparecencia, en agosto de 2020, ya pensaron que los datos cambiarían porque «estamos ante una crisis con mayor incerteza».

Gómez, quien ha destacado de Carballo que forma parte del Ejecutivo estando al frente de la Oficina Balear de la Infancia, ha preguntado si están preparados desde las instituciones públicas para hacer frente a la fatiga pandémica entre los menores, sobre todo, en el ámbito de la salud mental derivada de la lenta recuperación económica.

A continuación, la diputada del PP Marga Durán ha insistido en que actualmente los datos de pobreza entre menores «son más alarmantes». «No creo que se estén haciendo bien las cosas en esta crisis, sobre todo con el escudo social del Ingreso Mínimo Vital», ha asegurado.

Antes de finalizar su primera intervención, Durán se ha mostrado «muy preocupada» por las consecuencias que la pandemia tendrá entre los menores y, también, por las agresiones presenciadas dentro del ámbito familiar.

El diputado de MÉS per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’, ha recalcado que muchas familias salieron empobrecidas de la crisis de 2008. Además, ha coincidido con Carballo en que la pobreza infantil «es un atentado a sus derechos». Por ello, ha recordado que «es importante tenerlos presentes en las administraciones».

También la portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Lina Pons, ha afirmado que, seguramente, la situación de ahora será peor a la presentada hace dos años. Pons ha cuestionado a Carballo sobre qué es «más urgente y prioritario para acabar con esta situación». «¿Qué se debe solucionar? ¿Cuáles son las actuaciones que proponer para revertir esta situación?», ha preguntado.

Seguidamente, la diputada del Grupo Mixto Patricia Font ha celebrado que Carballo señale el monocultivo del turismo como una de las causas de la pobreza en las Islas y ha destacado que los jóvenes han vivido ya dos crisis, la de 2008 y la actual.

Para acabar la diputada ha reflexionado sobre la importancia de la infancia en la sociedad y ha asegurado que «si importaran tanto, no serían víctimas invisibles».

La vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, han reivindicado la presencia activa y la presencia de las mujeres en el desarrollo de la la Agenda 2030.

Lo han hecho en las jornadas organizadas este jueves por la Diputación de Pontevedra a finalizado dentro de la Escuela de Igualdad María Vinyals y que han tenido como protagonista el debate en torno al liderazgo femenino en la administración pública.

La jornada, en la que ha colaborado la Universidade de Santiago de Compostela, contó con un auditorio virtual total de más de 600 personas que siguieron el debate de una veintena de ponentes sobre las dificultades de las mujeres para tener el «protagonismo imprescindible ante uno de los retos más relevantes que tiene el planeta».

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha insistido en que «no habrá cambio de paradigma económico, social, medioambiental si la mitad de la población no está plenamente integradas y participando activamente en ese cambio».

Según los datos facilitados en esta jornada, en Galicia el 71,4% de las personas funcionarias son mujeres pero, sin embargo, hay 34 hombres en altos cargos frente a 23 mujeres, 44 hombres en el alta dirección de entes instrumentales frente a las 21 que ocupan mujeres, 4 delegados provinciales frente a 1 mujer.

Y en el ámbito local solo el 18% de los ayuntamientos gallegos tienen una alcaldesa, 14 de 61 en la provincia de Pontevedra. En España sólo hay seis presidentas de las diputaciones.

Carmela Silva ha citado el ejemplo de la Diputación de Pontevedra donde «el personal funcionario es una mayoría aplastante de mujeres, pero también son mayoría las directivas, 14 frente a 13 hombres». En cuanto al personal político de la institución provincial, la corporación está formada por 14 hombres y 13 mujeres y el gobierno por 9 mujeres y 7 hombres.

RIBERA

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recordado en su intervención el papel fundamental de las mujeres en la pandemia, y ha subrayado que «la igualdad es fundamental desde el punto de vista de la justicia social, pero también del económico».

Ribera ha destacado que «hay techos de cristal, vocación de apartar, de convertir a las mujeres en objeto más que en sujetos, en participantes más que en protagonistas de sus decisiones», y ha apelado a la importancia de «que haya espacios al menos en la misma proporción que las mujeres representan en el conjunto de la sociedad».

La ministra ha finalizado su intervención con un llamamiento a «no renunciar a las cimas que se fueron conquistando a lo largo de décadas» y a «seguir trabajando por aquellos espacios que quedaron en el ángulo muerto, con un retrovisor que se debe volver a enfocar mirando hacia el futuro».

FERNÁNDEZ DE LA VEGA

La clausura ha contado con la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, para quien el ‘Objetivo de Desarrollo Sostenible’ central «tiene que ser el número 5: la igualdad entre géneros, para empoderar a las mujeres y a las niñas».

«Hoy no necesitamos acumular, necesitamos construir movimiento social. Necesitamos riqueza en tiempo y vínculos sociales. Y dar un nuevo sentido a la vida buena, con dignidad humana, tratando bien a la tierra y reconciliando naturaleza y cultura. Y esto creedme, es lo que mejor sabemos hacer las mujeres. Las mujeres somos las guardianas de la biodiversidad, lo llevamos en nuestro ADN. Cuando se nos dan opciones de ejercer el liderazgo lo hacemos con todas las consecuencias», ha incidido.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido este jueves en su llamamiento al PP para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), argumentado que tras la retirada de la última propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales «ya no hay excusas», y le ha emplazado a retomar las negociaciones después del 4 de mayo, «haya pasado lo que haya pasado» en las elecciones madrileñas.

«Yo espero que el mismo día 5 nos volvamos a sentar con todas las energías, haya pasado lo que haya pasado el día 4, y demos al país lo que está esperando, que es la renovación de sus órganos constitucionales», ha dicho Campo en una entrevista concedida a ‘La Mesa de Análisis’ de Canal Sur, al ser interrogado sobre este asunto.

El titular de Justicia ha considerado que, después de que el Gobierno pidiera a los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos que retiraran la proposición de ley para cambiar las mayorías por las que se elige a los vocales del CGPJ, que permanecía «congelada», y de que así se haya hecho, ya «no hay excusas» para que el PP se niegue a pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

No obstante, se ha mostrado consciente de que hay cierta «incidencia» de «elementos políticos» en este tema. «Es lógico. En todo, los acontecimientos de la vida van condicionado», ha razonado, para reiterar: «El día 5, ojalá, sea el definitivo para emprender la recta final y, si no, habrá que buscarlo, porque lo que sí tengo muy claro es que no hay alternativa».

Interrogado sobre el veto del PP a los dos candidatos que habría propuesto Unidas Podemos para el nuevo CGPJ, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, Campo ha contestado que «no es un problema de vetos», sino de elegir a «los mejores» con «amplia mayoría». «Hay que trabajarlo, y el primer nombre que aparece, a lo mejor, no lo veo bien, pero hablando podemos llegar siempre a un punto de acuerdo», ha expuesto.

Sobre la posibilidad de que los partidos del Gobierno renuncien a algún candidato para favorecer el acuerdo, el ministro ha subrayado que «no es una cuestión de renunciar, porque entonces ya implica que uno ha perdido».

En cualquier caso, ha defendido que «no parece razonable que vetes a nadie por un párrafo en una resolución», en clara alusión al juez De Prada y a su sentencia sobre la primera época de la ‘Gürtel’, en la que señaló al PP como partícipe a título lucrativo.

LA IMAGEN DE LA JUSTICIA, «CULPA DE TODOS»

Por otro lado, se ha referido a la imagen de politización de la justicia, tanto entre la propia carrera judicial como entre los ciudadanos. En el primer caso, y a raíz de la movilizaciones de jueces en redes sociales y de la carta de asociaciones a instancias europeas, Campo ha aclarado que no comparte la opinión de esa «mitad» de los togados, reivindicando que según las propias encuestas del CGPJ los jueces se sienten «rabiosamente independientes».

Sí ha reconocido «un clima de tensión» que ha atribuido a «la urgente necesidad de renovar el Consejo, el Tribunal Constitucional y las altas instituciones del Estado», incidiendo –en otro mensaje al PP– en que hacerlo es una «obligación constitucional» y que «no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial».

«Por tanto, lo que está fallando no es la independencia, es la percepción de esa independencia, y en eso tenemos mucha culpa todos y tenemos que hacer un ejercicio de reflexión», ha apostillado sobre la imagen de la Justicia entre el resto de ciudadanos.

Para mejorarla, ha vuelto a lanzar su propuesta de «potenciar» la imagen de independencia a través de «tres caminos»: que la lista de candidatos que hacen los propios jueces y envían a Congreso y Senado sea más corta –de 50 a 36–, que una comisión parlamentaria haga una primera criba y que las decisiones en el seno del CGPJ se tomen por 13 votos. «Es una oferta que está hecha desde el 17 de febrero y creo que el PP la compra, la ve con buenos ojos», ha afirmado.

Si bien ha confiado en que esta oferta sirva de «preludio» para el acuerdo, ha aclarado que sobre la mesa de negociaciones no está la opción de que este CGPJ sea el último elegido por el sistema vigente, al tiempo que ha criticado que «estos mismos que quieren los cambios rápido luego, si se hacen rápido, te dicen ‘¿por qué se ha saltado los trámites’?». «O blanco o negro», ha planteado.

LOS INDULTOS DEL ‘PROCÈS’

También se le ha preguntado por el estado en el que se encuentran las solicitudes de indulto formuladas a favor de los condenados por el ‘procès’. «Tramitándose, todo en orden», se ha limitado a decir.

En estos momentos, ha recalcado, «el Tribunal Supremo es el que tiene el control y, a su vez, también lo pierde, porque tiene que pedir informes a uno y a otro». «Cuando llegue a la mesa del Ministerio es cuando esa pregunta me va a apretar, porque tendré que estudiarlo, valorarlo y hacer una propuesta al Consejo de Ministros», ha admitido.

MARLASKA, «JUEZ SENSACIONAL» Y «MINISTRO DE LUJO»

Asimismo, ha hablado sobre la polémica desatada por unas declaraciones del ministro de Interior y juez, Fernando Grande-Marlaska, en las que calificó al PP de organización criminal. «Marlaska es un juez sensacional y un ministro de Interior de lujo, y ya está. A partir de ahí, tiene su libertad de expresión», ha zanjado.

Al hilo de esta cuestión, se ha pronunciado sobre las «puertas giratorias» entre la justicia y la política para mostrarse en contra de impedir que los jueces participen en la vida política. «Creo que eso es un mal sistema porque lo lógico es que un país permita que se confluya a la política desde todos los planos de la sociedad», ha defendido.

Además, ha apuntado que «el sistema se protege a sí mismo», de modo que, poniéndose él mismo de ejemplo, ha explicado que cuando vuelva a ejercer de juez no podrá pronunciarse sobre determinados asuntos y, en el caso de que no lo haga voluntariamente, se le podrá recusar para apartarle del caso.

La Junta Electoral Central ha ordenado la apertura de sendos expedientes sancionadores a la presidenta regional y candidata del PP a las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, por incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en varios actos institucionales celebrados los pasados 8, 12 y 16 de abril en los que hizo propaganda electoral de sus logros.

En uno de los acuerdos, se estima un recurso interpuesto por Más Madrid contra la decisión de la Junta Provincia de archivar la denuncia presentada por las manifestaciones que realizó Ayuso en un acto de homenaje al torero Víctor Barrio, que tuvo lugar el pasado 8 de abril en la plaza de Las Ventas.

Ahora, los magistrados revocan el acuerdo por entender que las manifestaciones de referencia, efectuadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid «vulneraron la prohibición de realizar campaña de logros que establece el artículo 50.2 de la LOREG».

Esgrimen que dichas afirmaciones «mezclan programas presupuestarios ya ejecutados con otros que se encuentran en proyecto, así como con propuestas de beneficios tributarios hechas, al parecer, a la Administración del Estado, conformando un mensaje singularizado dentro del conjunto de la intervención de la presidenta».

«Dicho mensaje excedía del homenaje en recuerdo del torero fallecido para entrar en el ámbito propio de una campaña electoral –que es precisamente lo que prohíbe el artículo 50.2 de la LOREG en los actos institucionales públicos– en la medida en que de la lectura de las manifestaciones resulta lógico inferir un mensaje encaminado a promover en sus destinatarios una valoración favorable de la gestión del gobierno autonómico en materia taurina, lo cual es característico de lo que habitualmente se viene conociendo como campaña de logros», señala el acuerdo.

Al igual que en otras ocasiones, la Junta requiere a la cabeza de lista del PP que «en el futuro se abstenga de difundir mensajes con contenido electoralista en el curso de actos de carácter institucional, dado que ello infringe el deber de objetividad que los poderes públicos deben salvaguardar en todo momento y, con mayor intensidad, tras la convocatoria de unas elecciones, de conformidad con los artículos 103.1 de la Constitución y 50.2 de la LOREG».

Por todo ello, ordena a la Junta Provincial de Madrid que proceda a incoar expediente sancionador a Ayuso por «vulneración de la prohibición de realizar campaña de logros que establece el art. 50.2 de la LOREG».

VISITA A VALDEBEBAS

Otro de los acuerdos, se refiere a un acto denunciado por el PSOE en el que participó el pasado 16 de abril la candidata popular, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el presidente de la Junta de Compensación, para conocer el estado de las obras del puente que unirá el desarrollo de Valdebebas y la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Los magistrados recuerdan que «la Junta de Compensación de Valdebebas, como señala el artículo 1 de sus estatutos, es un ente corporativo de Derecho público, del que forman parte las Administraciones Públicas titulares de bienes afectados».

Por eso, la Junta considera que este acto queda «incurso en la prohibición establecida en el artículo 50.3 de la LOREG, en la medida en que bajo la cobertura formal de una «visita a las obras de un puente», se está realizando de forma encubierta un acto de inauguración del proyecto de una obra pública no concluida».

«Se advierte una connotación electoralista, dado que permite inferir que se trata de un logro realizado por quienes han estado administrando la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid».

Agrega que ello se ve confirmado por la intervención de Ayuso en la que se refirió a otras iniciativas urbanísticas llevadas a cabo por su Gobierno como «Madrid Nudo Norte, que va a ser el mayor desarrollo urbanístico del sur de Europa en los próximos años, o como por ejemplo, el Plan de vivienda joven en Madrid, que ya va a empezar a construirse con 6.000 viviendas para personas que quieren dar un paso adelante, independizarse y que ahora mismo no pueden.

ANUNCIOS LEGÍTIMOS EN CAMPAÑA QUE NO PUEDEN INCLUIRSE EN ACTOS INSTITUCIONALES

Según la Junta, estos anuncios son legítimos «en el marco de actos de campaña electoral pero no pueden incluirse en actos institucionales de los poderes públicos, en los que debe respetarse estrictamente la neutralidad de estos durante los periodos electorales». «Al hacerlo, vulneró también el art. 50.2 de la LOREG», recoge el acuerdo.

El PSOE denunció igualmente un acto de presentación de un avión de Iberia celebrado el pasado 12 de abril de 2021 en el que Ayuso realizó manifestaciones, que la Junta entiende que «vulneraron la prohibición de realizar campaña de logros que establece el artículo 50.2 de la LOREG».

El acuerdo recoge también que la reseña en la web institucional de los dos actos indicados, así como los mensajes difundidos por el canal de mensajería WhatsApp de la Comunidad de Madrid resultan contrarios «al artículo 50.2 de la LOREG y a los principios de objetividad y neutralidad de los poderes públicos consagrados en el artículo 103.1 de la Constitución».

De igual modo, ordena a la Junta Electoral Provincial que proceda a incoar expediente sancionador a Ayuso por vulneración de la prohibición de realizar campaña de logros respecto de los actos celebrados los días 12 y 16 de abril de 2021.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias para investigar el asesinato de los periodistas David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso, según han informado fuentes fiscales.

Las fuentes consultadas han señalado que dichas diligencias de investigación se han abierto después de recibir una comunicación policial sobre lo sucedido, si bien apuntan que de momento «poco se puede hacer».

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha confirmado este mismo jueves que, «si todo va bien», los cuerpos de Beriain y Fraile llegarán este viernes por la mañana, sobre las 09.00 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión del Ejército del Aire.

Fuentes jurídicas han precisado que está previsto que dicho avión salga esta medianoche desde Burkina Faso y que será a su llegada cuando se practique la autopsia para identificar los cadáveres y la causa de la muerte.

APERTURA DE INVESTIGACIÓN

Una vez se conozca el resultado, la Fiscalía, si lo considera oportuno, podrá solicitar a la Audiencia Nacional que abra una investigación para esclarecer la muerte de los dos periodistas en el este de Burkina Faso tras un ataque por hombres armados al grupo en el que iban para documentar los esfuerzos de lucha contra la caza furtiva, señalan las mismas fuentes.

Al tratarse de un presunto delito de terrorismo cometido contra españoles en territorio extranjero, el órgano competente para investigar estos hechos es la Audiencia Nacional, recuerdan las fuentes jurídicas consultadas.

Así, dado que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, estaba de guardia en el momento del asesinato, será el encargado de decidir si abre causa para investigar los hechos.

«INDICACIONES INICIALES DE LO OCURRIDO»

Según ha contado la ministra de Asuntos Exteriores en rueda de prensa, su homólogo burkinés le ha transmitido «algunas indicaciones iniciales sobre lo que había ocurrido». «Son muy preliminares y por eso hemos acordado que continúen investigando para que puedan darnos detalles adicionales» sobre qué pasó, cómo y quién está detrás de los hechos, ha concretado.

En este punto, se ha referido al «comunicado de un grupo yihadista que se ha hecho cargo del atentado», en referencia al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel que habría publicado un mensaje de audio atribuyéndose lo ocurrido. «Pero esto no es suficiente», ha añadido.

Por ello, el Gobierno ha pedido a las autoridades de Burkina Faso que «investiguen los hechos, los esclarezcan y que identifiquen a los responsables para que estos puedan comparecer ante la justicia», ha indicado González Laya.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha asegurado este jueves que el Gobierno presentará la carta de derechos digitales durante el próximo mes de junio.

Artigas ha señalado, en la IV edición del foro de Ametic ‘Artificial Intelligence Summit 2021’, que en la carta se contemplarán derechos de la inteligencia artificial, como que no te discriminen algorítmicamente, y derechos vinculados a la ‘neurotecnología’ y se recogerán principios como el derecho a no dar los datos cerebrales o a no ser aumentado cerebralmente.

«Estamos hablando ya de problemas que la gente ve como futuro, pero que si no se abordan desde el presente, en ese futuro ya no estás a tiempo de tener una segunda vuelta», ha señalado.

Para Artigas, Europa puede marcar una diferencia en cómo se desarrolla la inteligencia artificial respecto a otros países como Estados Unidos y China.

La secretaria de Estado ha señalado la importancia de generar «confianza» en torno a la inteligencia artificial para lo que considera clave la ciberseguridad, para la que el Gobierno reserva una dotación de 500 millones de euros de inversión.

Artigas ha hecho hincapié en explicar el cambio de paradigma que supondrá la digitalización, que se espera que duplique su peso en el PIB europeo en cuatro años, y ha puesto como ejemplo que el 85% de los datos que existirán en la red en 2025 aún no se ha generado.

Asimismo, ha señalado que si la «ejecución» es el único problema que se percibe de los planes para el uso de los fondos europeos, cree que podrá resolverlo.

En eses sentido, ha celebrado el ambiente «positivo» que percibe respecto a la recuperación y ha señalado que en España «levantas una piedra y hay un proyecto» y la dificultad será el «alinear» cien proyectos pequeños para llevar a cabo uno grande.

Artigas ha insistido en que hay que aprovechar la tecnología para «escalar» proyectos y que tengan impactos y se ha mostrado «convencida de que España no va a perder esta oportunidad y va a salir reforzada con un modelo económico más resiliente.

Para ello, ha repasado la importancia de tomar medidas para compensar la brecha digital de conocimiento y de acceso.

La presidenta del Govern, Francina Armengol; el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir; y la delegada del Gobierno central, Aina Calvo, han participado este jueves, junto a otras autoridades, en el acto institucional para conmemorar la creación hace 30 años del Parque Nacional Maritimoterrestre de Cabrera, el más extenso del Estado y el espacio protegido de esta categoría más grande del Mediterráneo occidental.

Durante la visita a Cabrera, la presidenta ha recordado el valor ecológico del archipiélago, un espacio que ha calificado como ejemplo de compromiso del Govern con la protección de la biodiversidad.

Armengol ha explicado que, en un año marcado por la pandemia, el Govern, volcado en la urgencia de salvar vidas, no ha dejado de pensar sin embargo en el medio y largo plazo, como, por ejemplo, en la manera de mejorar la gestión del Parque Nacional.

En ese sentido, ha recordado que actualmente hay en marcha un proyecto financiado por el impuesto de turismo sostenible para convertir Cabrera en una isla autosuficiente y sostenible y lo ha definido como un hito más dentro de toda una serie de proyectos de protección de la biodiversidad que se vienen impulsando desde 2015, como el decreto de posidonia o la ley de residuos, y otros que están en marcha ahora mismo, como la colaboración con la Comunitat Valenciana para financiar con fondos europeos la investigación y la protección de las especies marinas del Mediterráneo.

El conseller, por su parte, ha destacado la importancia de celebrar los 30 años de Cabrera como parque nacional con una «victoria de país», como ha definido el reconocimiento de la gestión unitaria del espacio natural protegido por parte del Govern.

Mir ha destacado el «hito histórico» que esto supone, un «orgullo añadido» al de tener en Baleares el parque nacional más grande del Estado, «gracias a la lucha compartida, impulsada desde la sociedad civil y cristalizada a través de las instituciones».

Actualmente, el Parque Nacional de Cabrera es un enclave pionero en la investigación sobre los efectos del cambio climático en el Mediterráneo.

Desde 2008, el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Fundación Biodiversidad trabajan en el seguimiento del cambio global en la Red de Parques. En Cabrera hay instalada una estación meteorológica para poder hacer este seguimiento.

Sus condiciones también han permitido que se hayan llevado a cabo diversos estudios, como los del Instituto Español Oceanográfico (IEO), que ha desarrollado, por ejemplo, un visor que permite recrear los fondos marinos y estudiar los hábitats vulnerables y cómo conservarlos, con la adquisición de datos vitales para el análisis de los efectos del cambio climático sin dañar el medio.

También se han impulsado proyectos como ‘Plastic Busters’, que estudia los plásticos que llegan de los fondos marinos a las costas, para preservar así los ecosistemas. Las tareas desarrolladas en Cabrera servirán de modelo a otras áreas marinas protegidas que participan en el proyecto, de ámbito europeo.

Desde hace tres años, además, se organizan jornadas de investigación en el Parque Nacional, un encuentro que tiene como objetivos principales mejorar la transferencia de conocimientos entre el mundo científico, las administraciones y los agentes sociales y económicos; generar conciencia y compromiso social sobre la importancia de los valores de Cabrera, y crear sinergias entre los diferentes actores implicados, para diseñar políticas públicas.

La directora del Parque Nacional, Francesca López, ha destacado que Cabrera es un espacio idóneo para llevar a cabo la evaluación y el seguimiento de los impactos que se pueden generar a causa de la emergencia climática y conseguir que el entorno que propicia el Parque, así como las personas que trabajan en él, «sean generadores de conocimiento que permitan seguir trabajando en la conservación de los valores del Parque».

Para celebrar el aniversario, el Parque Nacional ha organizado diversas actividades, como el estreno de un documental, la presentación del libro ‘Archipiélago de Cabrera: historia natural’, una jornada de vela latina u otra destinada a la observación de aves.

Cabe recordar que, des de febrero de 2019, el Parque Nacional Maritimoterrestre tiene 80.000 hectáreas más, gran parte de las cuales son marítimas.

Con esta ampliación se protegen 12 de los 13 sistemas marinos que incluye la Ley de parques nacionales, entre los cuales se encuentran los bancos profundos de coral y los corredores de cetáceos, y se multiplica por nueve la extensión del parque.

La Federación de Mujeres Rurales (Femur) ha firmado una alianza con la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales (RED LAC) con el objetivo de mejorar la situación de las mujeres rurales a través del impulso de acciones físicas e intelectuales como son la formación, cultura, atención social, educativa, asistencial, medio ambiente, agrario, agroalimentario, de salud, investigación, laboral, económica y política.

El acuerdo, que ha sido firmado por la Presidenta Nacional de Femur, Juana Borrego, y la secretaria ejecutiva de la RED LAC, Luz Haro, quién ha sido nombrada Socia de Honor de Femur, promoverá, además, la igualdad de oportunidades, luchando por erradicar cualquier forma de violencia de género, siempre preservando la dignidad y la integridad de las personas, potenciando las tecnologías más avanzadas, señala la federación.

En este sentido, ambas entidades se han comprometido a generar un espacio de convergencia y empoderamiento de las mujeres rurales de Latinoamérica y el Caribe y Femur para una efectiva participación y liderazgo de las mujeres rurales en los espacios de construcción ciudadana y acceso a espacios de toma de decisiones.

La presidenta de Femur, Juana Borrego, ha apuntado que las actuales condiciones de vida que afectan a la mayoría de las mujeres rurales de Latinoamérica y el Caribe y de España frente a la pandemia global han dejado en evidencia las inequidades y carencias de bienes y servicios básicos que afecta con las brechas de desigualdades sociales, políticas y económicas.

«Por ello creemos que es muy importante estrechar lazos de confraternidad entre las dos organizaciones sociales que agrupa a las mujeres organizadas RED Lac y FEMUR-España, de modo que juntas podamos tener puentes de diálogo, gestión y exigibilidad de nuestros derechos, en el marco de los Acuerdos internacionales, como ODS y la Agenda 2020-2030, así como post Beijín», señala.

Desde ambas entidades han matizado que las mujeres rurales aportan silenciosamente desde sus campos y se sienten estrechamente ligadas a la madre tierra y a la naturaleza. Son las proveedoras de la seguridad alimentaria de los países y del mundo, a pesar de no contar con la propiedad de la tierra. Producen la alimentación fresca y saludable para pueblos y ciudades, trabajando incluso a riesgo de pérdidas económicas por una infinidad de limitaciones durante la crisis sanitaria 2020.

Por ello es esencial fomentar estas Alianzas Estratégicas que, según Borrego, son canales que permiten desarrollar procesos conjuntos de incidencia y activismo, generando acciones que promuevan el empoderamiento, liderazgo y actoría ciudadana, política y económica de las mujeres rurales.

«El pronunciamiento de la RED LAC a partir del III ENLAC 2012, ratificado en la IV ENLAC sobre la necesidad de valorar y retribuir el aporte silencioso de las mujeres de zonas rurales, como justo resarcimiento a los de exclusión y olvido, se viene pidiendo a la ONU y los gobernantes del mundo ‘Declaratoria de la Década de las Mujeres Rurales’, como una acción de largo alcance que beneficie a las mujeres rurales de los cinco continentes» ha concluido la presidenta de Femur.

Un total de 10.153 personas han encontrado trabajo durante el año 2020 a través de los programas de Empleo y Economía de Cáritas, según se recoge en el Informe anual de Economía Solidaria que este jueves ha presentado la entidad.

Tal y como explica el informe, Cáritas lleva cuatro décadas acompañando a las personas más vulnerables en sus procesos de búsqueda de empleo, unas iniciativas que el año pasado se «complicaron» como consecuencia de la pandemia.

En total, indica el informe de la organización, se acompañó a un total de 60.055 personas en estos programas de empleo, de las que 10.153 lograron acceder a un puesto de trabajo, es decir más del 17% del total de personas participantes.

«Toda esta acción fue posible gracias a una inversión 85.685.576 euros en el conjunto de las 70 Cáritas Diocesanas de toda España», ha reconocido la propia entidad.

En cuanto al perfil de los participantes en estos programas, Cáritas explica que el 65,6% son mujeres (39.381) y el 34,4% hombres (20.674). Por origen nacional, el 45,8% son españoles (27.492), el 48,5% de origen extracomunitario y otro 5,7 % de países de la Unión Europea (3.417).

OBJETIVO: FAVORECER LA EMPLEABILIDAD

Sobre la actividad de los programas de empleo, Cáritas explica que contó con el apoyo profesional de 1.195 personas contratadas y 2.166 voluntarios, liderando actividades en cuatro ejes complementarios: acogida y orientación laboral, formación, intermediación laboral e iniciativas de autoempleo.

A través de esta iniciativa, la entidad se pone como objetivo favorecer la empleabilidad a través de la mejora de las competencias personales; fomentar la realización de acciones formativas adaptadas a las características y necesidades reales demandadas por el tejido productivo; potenciar las experiencias de aprendizaje a través de prácticas; acercar a las personas al tejido empresarial; y generar empleo protegido poniendo en marcha iniciativas de Economía Social.

Pero, además de las actividades orientadas hacia el empleo inclusivo, el Informe de Economía Solidaria de Cáritas detalla la acción que se viene impulsando en los ámbitos del Comercio Justo, la Economía Social y las Finanzas Éticas.

COMERCIO JUSTO

De este modo, a través de la Red Interdiocesana de Comercio Justo, la organización impulsa un modelo de relaciones comerciales basadas en la justicia social para transformar las prácticas injustas de comercio internacional y para apoyar a miles de productores desfavorecidos.

Esta red, integrada por 28 Cáritas Diocesanas, cuenta con 36 tiendas y 72 puntos de venta repartidos por toda España, que funcionan no solo como lugares de comercialización de productos, sino que generan espacios de sensibilización para que los consumidores visibilicen las personas y procesos que hay detrás de cada producto y contribuyan a fomentar un consumo responsable.

Cáritas ha explicado, además, que se acompaña a grupos de productores y cooperativas en países en los que la organización está presente desde su modelo de cooperación fraterna, trabajando en red y en alianza con otros actores del movimiento de Comercio Justo a nivel local, estatal e internacional. La inversión de Cáritas en el apartado de Comercio Justo en 2020 fue de 464.692 euros.

ECONOMÍA SOCIAL

Otra vía por la que Cáritas genera empleo protegido y digno para personas que no encuentran una oportunidad en el mercado laboral son sus entidades de Economía Social que, actualmente, son unas 70 en todo el país.

Entre ellas desarrollan 207 líneas de negocio en 35 sectores diferentes, comprometidos especialmente con la mejora de la calidad de vida y la sostenibilidad medioambiental, como son la gestión de residuos, agricultura ecológica, recuperación y reciclado textil, jardinería y viverismo, gestión de residuos, o restauración y catering, apunta la entidad.

En este sentido, indica que en 2020, 235 personas accedieron a un empleo en el mercado laboral ordinario tras su paso por las iniciativas de Economía Social de Cáritas, que sostienen un total de 1.917 puestos de trabajo.

Por otra parte, el Informe de Economía Solidaria dedica una parte a las consecuencia de la crisis del Covid que, a su juicio, tiene que ver con una nueva visión de lo que es «verdaderamente esencial» para las personas: la vida, la salud, los cuidados, el apoyo de la comunidad y el cuidado del planeta.

En este sentido, Cáritas pone en calor su apuesta decidida por el modelo de economía solidaria, un método que «escucha y atiende las necesidades tanto de las personas trabajadoras y consumidoras como de las empresas». «Una economía que cuida que se ocupa de las personas y sus condiciones de trabajo al tiempo que cuida el medio ambiente», ha indicado.

Ante el escrito de la Fiscalía de Sevilla que pide excluir de la investigación del brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria a la inspectora veterinaria del Ayuntamiento hispalense imputada en la causa, dada la «falta de medios del servicio de inspección» municipal y la «sobrecarga de trabajo por la escasa dotación de personal», el PP ha manifestado que dicho documento corrobora sus advertencias sobre «el agujero en el control alimentario» que padece el Consistorio.

En el mencionado escrito de la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, el Ministerio Público expone que la actuación del servicio en el que trabaja la inspectora veterinaria del Ayuntamiento «fue sin duda deficiente» a la hora de supervisar a esta empresa, precisando en ese sentido que la exención de responsabilidad que se solicita para la trabajadora «deriva de una falta de medios del propio servicio de inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de sólo nueve veterinarios oficiales para todo el distrito de Sevilla».

«Con la frecuencia de las inspecciones con los referidos medios, es evidente que nunca podrá hacerse según las exigencias de la normativa sanitaria», indica la Fiscalía, que además de pedir que sigan las actuaciones contra los responsables de Magrudis y sus familiares investigados en la causa, apuesta por continuar el procedimiento para determinar la responsabilidad civil» contra estas personas, sus empresas y compañías aseguradoras de las mismas y contra el Ayuntamiento hispalense, «por responsabilidad patrimonial derivada de funcionamiento normal o anormal del servicio público», dado el «deficiente control sanitario y de la licencia de actividad».

Ante ello, el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, defiende que este escrito confirma las denuncias políticas de su grupo respecto al «agujero en el control alimentario» revelado por este caso, tras lo cual ha asegurado que el Gobierno local del PSOE no ha «hecho nada para solucionarlo».

«Desde el Partido Popular hemos alertado en reiteradas ocasiones los incumplimientos normativos que Magrudis ha cometido ante la pasividad de los controles del Ayuntamiento», rememora, exponiendo la Fiscalía que los responsables de Magrudis investigados «no pusieron los hechos (del brote) en conocimiento de las autoridades sanitarias ni del Ayuntamiento de Sevilla ni de la Junta de Andalucía, desprendiéndose que lo ocultaron de forma deliberada».

LA REGULARIZACIÓN

Así, mientras la empresa habría comenzado a funcionar en 2013, dándose no obstante de alta en 2015 en el registro autonómico de empresas alimentarias sin licencia municipal de actividad y funcionar sin autorización hasta presentar en diciembre de 2018 una declaración responsable en la que se ha detectado un delito de falsedad documental, Beltrán Pérez avisa de que «el Gobierno municipal estuvo tres años sin detectar la ausencia de licencia de actividad». Ni siquiera durante la inspección de 2016 que aseguran haber realizado», ha enfatizado.

Respecto a la mencionada declaración responsable, por la cual está investigado el arquitecto autor de la misma, el portavoz del PP insiste en que «Magrudis no cumplía los requisitos» para acudir a dicha vía de legalización sin control previo, es decir que «no estaba entre los supuestos que permiten la actividad por declaración responsable, sino por calificación ambiental». «La prueba es que mucho después, al saltar el caso, se anuló por defectos de forma y fondo», ha enfatizado, pues en efecto dicha declaración responsable fue anulada después de ser atribuido a Magrudis el brote.

Esta situación, según avisa el portavoz del PP, «ha puesto en entredicho a los funcionarios de los servicios de consumo y control a posteriori». «Sus profesionales están desbordados y en muchos casos no pueden dar respuesta al volumen de trabajo al que están sometidos por la incapacidad de este alcalde de dotar de medios a estas áreas.

«EL AGUJERO SIGUE ABIERTO»

En paralelo, ha alertado de que «el agujero por el que se coló Magrudis sigue abierto y se suma a la larga lista de asuntos no resueltos por el alcalde en los seis años que lleva al frente del gobierno municipal».

Es más, según alerta, «las últimas modificaciones en el anexo de la ordenanza no acompañan en este sentido, ya que de un plumazo han eliminado la presentación del cumplimiento de la legalización de las instalaciones que acompañan una actividad». Por ejemplo, «una empresa cárnica podría estar sacando productos al mercado sin la legalización de sus instalaciones en materia de vertidos, contra incendios, entre otros extremos», advierte.

«Esto ahondará en la dificultad que tendrá el área medioambiental para llegar el control posterior de las mismas, volviendo a aumentar la inseguridad jurídica para el usuario final de estas instalaciones», concluye el PP.