Los negociadores del Parlamento europeo, el Consejo y la Comisión Europea han logrado este jueves un acuerdo para derogar de manera temporal nuevas normas en materia de privacidad en las comunicaciones electrónicas, de modo que los proveedores online puedan actuar para detectar, retirar y denunciar casos de abusos sexuales a menores distribuidos a través de sus servicios de mensajería o correos electrónicos.

Se trata de una medida temporal a la espera de que la UE cuente con legislación específica para evitar que la aplicación del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas –en vigor desde el pasado diciembre– impida a las compañías tecnológicas actuar contra este tipo de abusos.

Junto a la derogación para las compañías digitales, el acuerdo prevé salvaguardas específicas para proteger la privacidad de los usuarios de estas redes de comunicación, por ejemplo con la obligación para la plataforma de evaluar el impacto de su acción en la privacidad del usuario y también de consultar con las autoridades de control competentes.

Se incluye también la salvaguarda de que los proveedores garanticen una supervisión humana generalizada sobre el funcionamiento de las tecnologías utilizadas y los resultados que éstas obtienen.

El nuevo código incluye en la definición de servicios de comunicación electrónica aquellos de tipo «interpersonal independientes de la numeración», lo que implica unas obligaciones en materia de confidencialidad y privacidad que hubiera impedido a las compañías continuar con las prácticas actuales contra el abuso de menores en Internet.

Una vez se formalice el acuerdo, la nueva norma será de aplicación durante un plazo máximo de tres años o hasta una fecha anterior si las instituciones logran un acuerdo para una regulación permanente. La Comisión Europea prevé presentar una propuesta en esta línea en el segundo semestre de este año.

«Es un día positivo, pero la seguridad de los niños dependerá también de que logremos una solución a largo plazo», ha dicho la comisaria de Interior, Ylva Johansson, en un mensaje difundido en Twitter para celebrar el acuerdo.

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, que ha participado en la negociación por el grupo del PPE, ha querido subrayar el «consenso logrado para habilitar el uso el uso de tecnologías con las que detectar prácticas de ‘grooming'», el acoso a menores para forzarles a producir material de contenido sexual o para atraerles a un encuentro en los que se producen agresiones sexuales y abusos.

Además, las plataformas de internet podrán seguir usando herramientas tecnológicas para detectar imágenes y vídeos con contenido abusivo que ya ha sido detectado con anterioridad pero que sigue disponible en distintos lugares de la red. Este tipo de materiales produce una segunda victimización de la víctima de abusos sexuales.

El jurado considera no probado por unanimidad que el hombre de unos 95 años de edad acusado de asesinar de 46 puñaladas a su mujer de 86 años, enferma de Alhzeimer, el 29 noviembre de 2019 en la localidad cordobesa de Iznájar actuara «por un móvil humanitario», así como que tampoco diera «muerte a su esposa por amor y por evitarle la situación de deterioro progresivo a la que la misma estaba evolucionando».

No obstante, el jurado cree que el procesado cometió los hechos «con su capacidad parcialmente mermada», algo en lo que «influyó su estado de depresión y el deterioro progresivo en el que se encontraba la víctima», sobre todo, desde el incidente que días antes de los hechos la había postrado en la cama, con una herida de arma blanca, «de la que no se descarta la autolisis». «La situación le desbordaba» al acusado.

Así lo ha expuesto el jurado en el juicio de la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba, que ha quedado visto para sentencia, después de declarar culpable de «la muerte intencionada y alevosa» al varón, con «situación de alteración parcial de las facultades» que «mermaban sus facultades psíquicas», a lo que añaden que no está probada «la colaboración activa, personal y directa» por el procesado «en el suicidio de su esposa que partía de la petición expresa, seria e inequívoca de esta al padecer muy graves y permanentes padecimientos díficiles de soportar».

Además, han pedido que no se le conceda la suspensión de la pena, ni el indulto. Al respecto, la fiscal y la acusación ejercida por la Junta de Andalucía solicitan 20 años de cárcel, mientras que la defensa pide que se considere como un delito de cooperación al suicidio, con pena máxima de seis años.

Mientras, el acusado ha lamentado que «se digan cosas que en realidad no han pasado», porque «la quería con locura» y ella le pidió «varias veces que no quería vivir», según su testimonio, en el que ha manifestado que el tambien se iba «con ella». «Mi vida ya no tiene sentido», ha dicho.

Previamente, el martes declaró que cometió los hechos «por amor» tras admitir que la enfermedad que sufría ella lo «destrozó». «Me enloqueció verla en esa situación», ha subrayado. El procesado ha relatado que no sabe qué le pasó a él para llegar a asesinarla, a la vez que ha afirmado que quiso terminar con su vida tras hacerlo con la de su mujer, porque «sin ella la vida no tiene sentido».

«La quería con locura», ha mantenido el hombre, destacando que los 61 años de convivencia fueron «maravillosos y felices», pero «la enfermedad maldita me destrozó». Así, visiblemente emocionado, se ha confesado «culpable de los hechos».

LA FAMILIA PIDE QUE SE CONSIDERE «UN ACTO DE COMPASIÓN»

Mientras, sus hijas, que se han lanzado besos con su padre, entre lágrimas, han pedido que no sea considerado un caso de violencia de género, sino «un acto de compasión», porque su progenitor «no quería ver sufrir» a su madre, al tiempo que han valorado la relación de matrimonio, en la que eran «uña y carne». Ninguna está personada en la causa.

Una de ellas, quien estuvo con ambos en la casa cuando ocurrió el crimen, ha comentado que en el momento de los hechos él estaba con tratamiento de pastillas y «alguna vez ha estado depresivo». También ha precisado que su madre presentaba «Alzheimer en estado avanzado», de hecho le habían concedido la ayuda a domicilio, aunque en aquellas fechas no se había hecho efectiva.

Por su parte, el letrado de la defensa ha indicado que la mujer padecía Alzheimer y «estaba en una cama sin posibilidad de moverse», de manera que «en su desesperación decidió acabar con la vida de ella, pero también quería quitarse su vida», algo que no logró, ha apuntado el abogado, para defender la aplicación de atenuantes para que «los años que le quedan de vida le sean lo más pasajeros posibles».

De igual modo, ha insistido en que «en ningún momento hubo un entorno machista», por lo que «no hay nada que se pueda encuadrar en ese ámbito», a lo que ha agregado que «la única salida que vio ante la situación era esa». Ha destacado que la relación del padre y sus hijas es «cordial», de forma que ha pedido que le apliquen «una serie de atenuantes para que la pena sea la menor posible» al contar con 95 años de edad, de los que lleva en prisión desde noviembre de 2019.

LA FISCAL: «LOS HECHOS SON MUY CLAROS»

Por contra, la fiscal del caso ha expuesto que el procesado «nunca ha negado los hechos», al tiempo que ha indicado que su esposa «no tenía posibilidad de defenderse y oponerse a las puñaladas», por lo que «los hechos son muy claros», y ha remarcado que «no sólo utilizó el cuchillo varias veces, sino que presionaba la boca para que no pidiera auxilio y sin posibilidad de defenderse». En el caso también esta personada la Junta por la consideración de caso mortal de violencia de género.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, el procesado, que está en prisión provisional desde el día siguiente a los hechos, y su mujer llevaban casados 61 años y residían en un domicilio de dicho municipio, en el que en la planta superior vivían una hija de ambos y un hijo de ésta, de 25 años.

Al respecto, el 18 de noviembre la víctima ingresó en el Hospital de Cabra por una herida de arma blanca en el tórax, sin descartar que fuera un acto de autolisis, y regresó a la vivienda el 27 de noviembre. A partir de esa fecha, el acusado dormía en el dormitorio de matrimonio y la víctima en uno pequeño de dos camas. Desde la fecha del alta hospitalaria, la mujer no se había levantado de la cama.

En este sentido, el 29 de noviembre, el varón y la mujer se encontraban en el domicilio en compañía de una de sus dos hijas, con quien comió él y tras ello se quedaron un poco dormidos, si bien después el hombre se fue al dormitorio de la víctima y se sentó en la cama de al lado. Entró su hija y el procesado le dijo que prefería quedarse allí «que estaba más calentito», de modo que se tumbó en la cama y ella lo tapó con una manta, para acto seguido marcharse a recoger la cocina.

Sobre las 16,00 horas, el acusado, «a sabiendas de que su mujer no podía moverse de la cama» por la lesión que le llevó al hospital, «lo que mermaba toda posibilidad de defenderse», según detalla el fiscal, supuestamente cogió un cuchillo y, «con intención de acabar con su vida y a sabiendas de que así aumentaba inhumanamente el sufrimiento de la víctima, la apuñaló hasta un total de 46 veces» en distintas partes del cuerpo, a la vez que «presionaba la boca de la víctima para que no gritara».

Ante ello, la mujer, «dada su escasa movilidad y débil estado de salud, no opuso resistencia a su agresor, encontrándose una única herida defensiva en el dedo anular de la mano izquierda», según precisa el Ministerio Público.

Mientras, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmó en los siguientes días como violencia de género el crimen de la mujer, si bien desde la familia se pidió que el homicidio no se abordara como violencia de género, al relacionar lo sucedido con «un proceso eutanásico y no con un episodio de malos tratos». El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se puso en contacto con la familia y le ofreció asistencia psicológica.

Correos ha señalado este jueves que la impresión errónea del ticket de caja no afecta a la integridad del proceso del voto por correo y ha defendido que el procedimiento se cumplió «de forma escrupulosa» y de acuerdo «en todo momento» con la legalidad vigente.

Así se ha pronunciado la empresa estatal después de que la Junta Electoral Central (JEC) le emplazara a hacer pública una nota explicativa sobre la polémica de sus tickets de voto emitido, pues admite que puede generar «inquietud» en torno a los comicios autonómicos de Madrid, pero en todo caso no cree que este «error» tenga incidencia en las elecciones del 4 de mayo.

En un comunicado, Correos ha destacado que el ticket de caja no tiene «ninguna validez legal ni efecto alguno en el proceso del voto por correo, ya que se trata de una gestión posterior al proceso de voto por correo».

Asimismo, la compañía ha explicado que ya ha dado instrucciones internas para solucionar la operación informática que ha provocado esta incidencia y se ha insistido «en la obligatoriedad de entregar siempre el ticket al cliente, independientemente del importe de éste, como se detalla claramente en los procesos operativos de la compañía».

Desde Correos han incidido en que este hecho «no supone una asignación de voto a un elector distinto al que efectivamente lo depositó en Correos, como así lo acredita el resguardo donde figura la firma y los datos del votante».

En este contexto, la empresa ha narrado que a las 11.50 horas del día 27 de abril la Sucursal 3 de Cádiz admitió un voto por correo para el proceso electoral a la Asamblea de Madrid, entregando al votante el correspondiente resguardo acreditativo donde figura la firma y los datos de dicho votante.

«El voto por correo no conlleva importe y no se emitió el ticket de caja totalizando la operación. Al no imprimirse dicho ticket de caja, este quedó pendiente y se vinculó al siguiente ticket de un usuario que realizó un envío y adquirió un embalaje», ha subrayado.

Así, ha insistido en que la incidencia es «una impresión errónea» del ticket que se genera automáticamente en el sistema de gestión de actividad de Correos después de cada operación y que, en este caso, «no se entregó al cliente al que se debería haber entregado».

El Consejo de Ministros otorgará, en su próxima reunión, la Medalla al Mérito Civil a los dos periodistas asesinados en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile, el pasado lunes.

Así lo ha anunciado Vicepresidencia del Gobierno a través de la red social Twitter, mensaje que ha compartido en su perfil la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación espera que la repatriación de Beriain y Fraile se complete este viernes con su llegada a España a bordo de un avión del Ejército del Aire, que aterrizará en Torrejón de Ardoz.

Los cadáveres llegaron el martes por la noche a Uagadugú y de los trámites de repatriación se está encargando la cónsul de España en Malí, encargada también de Burkina Faso, que se ha desplazado expresamente para ello a la capital burkinesa, según ha informado Exteriores.

En cuanto a las circunstancias en las que se produjo la muerte de ambos reporteros, que trabajaban en un documental sobre la lucha contra la caza furtiva en el país, el director general de Asuntos Consulares del Ministerio, Juan Duarte, ha preferido no pronunciarse, subrayando que aún es «un poco prematuro».

POSIBLE ATENTADO TERRORISTA

«Parece que es un atentado terrorista pero hay que ser muy prudente», ha sostenido, al tiempo que ha confiado en que en última instancia se llegue «a saber lo que ha pasado», aunque «no siempre es fácil».

Según ha indicado, por ahora la colaboración con las autoridades de Burkina Faso ha sido «excelente» y la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, habló anoche con su homólogo de este país y existe «la mejor predisposición para aclarar lo ocurrido».

Los dos periodistas formaban parte de un grupo de unas 40 personas con las que se perdió el contacto hacia las 15.30 horas del lunes en un parque natural situado en la frontera entre Burkina Faso y Benín, una «zona peligrosa por ser campo de operaciones de terroristas, cazadores furtivos y bandidos», según subrayó este martes González Laya.

Junto a ellos también fue asesinado el irlandés Rory Young, fundador de la ONG Chengeti Wildlife, que se encarga de entrenar a guardias para proteger la fauna salvaje en África frente a los cazadores furtivos. En el ataque, que el Gobierno burkinés ha atribuido a terroristas, también hubo otros tres heridos.

El objetivo del ataque fue una patrulla de las fuerzas de seguridad y durante el mismo los asaltantes se hicieron con diverso material, incluidas varias motos.

ATAQUE NO REIVINDICADO

Ningún grupo ha reivindicado oficialmente la autoría, si bien en redes sociales ha circulado un audio en el que un supuesto portavoz del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel, se atribuiría los hechos.

No obstante, expertos en yihadismo han puesto en tela de juicio esta reivindicación, toda vez que en el pasado los grupos terroristas han secuestrado a occidentales para usarlos como moneda de cambio y exigir cuantiosos rescates o la liberación de combatientes, por lo que no se entendería que en este caso los hubieran ejecutado.

Otras informaciones han apuntado a que su muerte podría haberse producido en el ataque inicial, si bien por el momento no hay una versión oficial de lo ocurrido.

El Libro de Familia en formato de papel dejará de expedirse a partir de este viernes 30 de abril y será sustituido por un registro individual que se abrirá a cada recién nacido, al que se asignará un código personal, y donde se inscribirán todos los hechos relativos a la identidad y estado civil, entre otros.

Así ocurrirá a partir de mañana, cuando entra en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en secciones –nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales– y crea un registro individual para cada persona.

La nueva norma establece que «se prescindirá del Libro de Familia –que pierde sentido dentro del modelo moderno que se ha configurado–» y, por ello, se prevé que en cada registro individual conste «una hoja o extracto en la que figuren los datos personales de la vida del individuo».

En dicho registro individual de cada persona, constarán los hechos y actos relativos a la identidad, estado civil y se anotarán, «continuada, sucesiva y cronológicamente», todos los hechos y actos que tengan acceso al Registro Civil.

A cada registro individual abierto con la primera inscripción que se practique se le asignará un código personal constituido por la secuencia alfanumérica que atribuya el sistema informático vigente para el documento nacional de identidad.

La ley también establece que la adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán en el registro individual.

Asimismo, se inscribirán la emancipación y el beneficio de la mayor edad, los hechos que afecten a las relaciones paterno-filiales, la declaración judicial de modificación de la capacidad o la sujeción a la tutela por una entidad pública. También son inscribibles los actos relativos al patrimonio protegido de las personas con discapacidad. La inscripción de la defunción cerrará el registro individual.

MENOS DISCUSIONES DE PAREJAS

En cuanto a la supresión del Libro de Familia en formato de papel, los abogados de familia lo han valorado positivamente pues consideran que reducirá los motivos de discusión en las parejas.

«Tras un divorcio, el Libro de Familia se convertía en motivo de controversia porque las parejas se peleaban por tener el original. Con el nuevo formato, se podrá tener acceso a toda la información sin recurrir al Registro Civil para pedir un duplicado, un trámite que en ocasiones no resultaba sencillo», ha explicado la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano.

Asimismo, desde la AEAFA señalan que el Libro de Familia tradicional generaba inconvenientes en determinadas gestiones, sobre todo de índole internacional, ya que los ciudadanos no suelen actualizarlo e incorporar los cambios que se producen en la familia, como son las defunciones o los divorcios.

Según explican los abogados de familia, este documento es esencial para cursar el DNI o pasaporte a un menor de edad, tramitar la baja maternal, dar de alta a los hijos en la cartilla de la Seguridad Social, empadronarse en el lugar de la residencia, solicitar plaza en una guardería o en un colegio público o concertado, pedir el paro o cobrar el subsidio cuando este se termina, firmar un contrato laboral o viajar con un bebé, entre otros.

Este documento tradicional, que expedía el Registro Civil y que existía en la práctica totalidad de los hogares españoles data desde más de un siglo y acreditaba las relaciones de parentesco en el núcleo familiar, entre padres e hijos y entre cónyuges.

Los Libros de Familia expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley seguirán teniendo los efectos previstos en los artículos 8 y 75 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, según precisa la ley.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez que instruye ‘Tándem’, Manuel García-Castellón, de no abrir una investigación sobre el contenido de los chats de los abogados de Podemos de los que, según la defensa del comisario José Manuel Villarejo, podría deducirse una supuesta connivencia con los fiscales anticorrupción del caso.

El auto, explica que el origen de esta resolución se haya en una providencia del Juzgado Central de Instrucción número 6 de octubre de 2020 en la que se denegaban las peticiones tanto de la defensa del comisario como del exdirectivo de Iberdrola Antonio Asenjo –imputado en el marco de la pieza separada 17 de Tándem, donde se investigan los ‘encargos’ de la eléctrica al comisario–.

En el escrito del letrado de Villarejo se interesaba pedir al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid la declaración prestada por el exabogado de la formación ‘morada’ José Manuel Calvente, mientras que la representación de Asenjo solicitaba la apertura de una pieza separada para el esclarecimiento de los hechos y la declaración de Calvente, entre otras.

La Sala indica que el objeto de ambos escritos era valorar la actuación del Ministerio Fiscal en la causa, y que el juez instructor no acordó lo que pedían ambos al entender que carecía «de facultades para interferir en la actuación y defensa de las partes».

Dado que el juez rechazó por auto también el recurso de reforma en diciembre de 2020, la defensa de Villarejo recurrió ante la Sala buscando que la providencia fuera revocada. Tras esto, se dio traslado a las partes, y el Ministerio Fiscal se opuso interesando su desestimación. Por su parte, Podemos impugnó el recurso y también solicitó su desestimación.

LA DILIGENCIA ERA «IMPROCEDENTE»

Ahora la Sala desestima el recurso del comisario en el que alegaba la «vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…) en relación con el derecho a un juicio justo y a un proceso con todas las garantías».

Y el tribunal recuerda que el instructor en su providencia indica que esas diligencias que le pedían las partes tenían como objeto «valorar la actuación del Ministerio Fiscal», y que García-Castellón recordaba que eran improcedente para el esclarecimiento de los hechos investigados.

«Las diligencias interesadas son inútiles en cuanto absolutamente ajenas a los hechos objeto de investigación en la presente pieza separada», dijo el magistrado. Tesis que apoyó tanto la Fiscalía como Podemos al entender que las diligencias no eran útiles en la medida en que no guardaban ninguna relación con los hechos concretos de la pieza.

La Sala, para fundamentar su decisión, cita un auto de julio de 2013 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia en el que se apunta que si bien la finalidad de las diligencias es determinar si los hechos ocurrieron, «y ello sólo es posible determinarlo tras la práctica de todas las diligencias de prueba pertinentes», esto «no significa que la instructora deba sin más practicar cuantas diligencias se le propongan».

«El deber del Juez de Instrucción no es agotar las posibilidades de investigación, sino evitar alargar innecesariamente el proceso, para salvaguardar los derechos del posible implicado», dice ese auto que recoge la Sala de lo Penal.

A este ejemplo suman también el auto de fecha de 17 de junio de 2016 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia en el que se explicaba que la instructora de un caso rechazó una diligencia por «innecesaria» pero sin perjuicio de que el recurrente ejerciera el derecho de defensa en el acto de juicio oral, en el caso de que el mismo se celebrara. En esa ocasión, el Ministerio Fiscal, en su escrito de impugnación de la apelación, señaló que era «facultad del Juez Instructor la denegación de las pruebas que considere innecesarias para la averiguación del delito».

LA DEFENSA DE VILLAREJO HABLA DE FILTRACIONES

El letrado del comisario Villarejo, Antonio José García Cabrera, recurrió la providencia dictada por García-Castellón al entender que debía investigar si la Fiscalía filtró información al partido político Podemos en las piezas relativas al BBVA (pieza 9) y a Iberdrola (pieza 17) cuando aun estaban secretas. El juez se opuso aduciendo que el interés de las partes es el de valorar la actuación del Ministerio Fiscal y que él carece de facultades para interferir en la actuación.

En concreto, la defensa de Villarejo pidió que se llevaran a la investigación en la Audiencia Nacional los mensajes enviados por mensajería electrónica aportados por Calvente ante el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, donde se estudió una denuncia contra él presentada por otra de las letradas de Podemos, Marta Flor, que fueron archivadas.

También pedía que se aportara al caso Villarejo el testimonio prestado por Calvente en este asunto el pasado 10 de septiembre, según el escrito.

La Audiencia Provincial de León, en virtud del veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal del Jurado, ha condenado a O.M.G.N. a un total de 26 años y seis meses de prisión al considerarle autor de delitos de asesinato, robo con violencia y lesiones leves por unos hechos ocurridos en San Andrés del Rabanedo (León) en 2017.

Según el auto, el varón, con antecedentes penales, ha sido condenado por el delito de asesinato a 22 años y seis meses de prisión. Por el delito de robo con violencia o intimidación con utilización de instrumento peligroso, el juez le ha impuesto cuatro años de prisión, mientras que por el delito leve de lesiones ha sido sancionado con una multa de tres meses con una cuota diaria de seis euros (540 euros).

Además, el acusado indemnizará a la viuda en las cantidades de 170.000 euros por daños morales y lucro cesante, 5.715,13 euros por gastos de sepelio, 29.632,36 euros por lesiones psíquicas y secuelas sufridas, y 668 euros por facturas médicas de psicólogo.

El veredicto emitido por el Jurado Popular ha declarado probado que las 00.05 horas del 19 de agosto de 2017 el acusado O.M.G.N., se cruzó en la calle Marqués de Santillana de la localidad de San Andrés del Rabanedo, con M.E.A.A. y su marido A.M.G. (1954), cuando estos regresaban a su domicilio.

Fue en ese momento cuando el acusado se dirigió a ellos exhibiendo un objeto punzante y les espetó «dadme todo u os mato». Posteriormente, empujó a la víctima contra un garaje que había en la misma calle, cerrándole el paso, y, mostrándole el objeto punzante, le arrebató su bolso, en el cual portaba sus efectos personales, entre ellos, un móvil, una cartera con 180 euros en efectivo, tarjetas bancarias, documentación personal, un USB, juego de llaves y gafas graduadas.

Al tiempo que le arrebataba el bolso, el acusado le clavó un objeto punzante ocasionándole una herida penetrante en el tórax.

Posteriormente, se dirigió a la mujer, quien gritaba pidiendo auxilio y la empujó tirándola al suelo, momento que aprovechó para arrebatarle su bolso en el que llevaba un móvil, una billetera de piel con su documentación, tarjetas bancarias, 150 euros en efectivo y las llaves de su casa.

El acusado huyó del lugar, si bien perdió en su huida su móvil. El acusado fue localizado por la policía sobre las 07.27 horas en la Calle Juan XXIII de León, portando los móviles que había robado. Ante la presencia de los policías, el acusado intentó huir, siendo detenido por los agentes.

La herida que provocó con el objeto punzante al varón fuer «mortal de necesidad», ya que le causó la rotura de la cavidad ventricular derecha, y provocó una intensa hemorragia y su posterior muerte pese a los cuidados médicos prestados.

A consecuencia de su caída al suelo, la mujer sufrió una contusión periocular y malar izquierda con hematoma periorbitario que requirió una primera asistencia facultativa, que tardó en curar ocho días. Además, como consecuencia del asalto y la muerte de su marido, la mujer presentó un trastorno de estrés postraumático de la que precisió tratamiento médico y psicoterápico y que ha tardado en curar 479 días, si bien tiene como secuela trastorno por estrés postraumático con sintomatología moderada que ocasiona hiperactivación emocional y evitación valorada en cinco puntos por los médicos forenses, señala el fallo.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha señalado en relación a la celebración de conciertos que la vacunación es un motivo de esperanza «muy positivo». «Eso favorece siempre que miremos con optimismo las posibibidades de reducción de aforos y de una progresiva vuelta a una normalidad», ha dicho.

Rodríguez Uribes se ha manifestado así ante los medios de comunicación durante una visita que ha realizado a las obras del Archivo Histórico Provincial en Castelló, al ser preguntado al respecto.

El ministro ha destacado que los ministerios de Sanidad y Cultura han creado un grupo de trabajo interno en colaboración con las organizaciones musicales y los festivales para ir «pensando y diseñando» estos meses que hay en el horizonte.

«Es verdad que tenemos un motivo de esperanza muy positivo que es la vacunacion, que está yendo bien, y eso favorece siempre que miremos con optimismo las posibilidades de reducción de aforos y de una progresiva vuelta a una normalidad que nunca será del todo en el primer momento, pero estoy convencido de que es importante», ha dicho.

Además, ha explicado que el trabajo que se ha hecho «bien» en la Comunitat Valenciana combatiendo el virus, «que está en el top de las comunidades autónomas que han hecho ese esfuerzo y sacrificio para que el virus esté muy limitado», también ayuda.

AYUDAS

Rodríguez Uribes ha recordado que el 13 de marzo el Consejo de Ministros aprobó una partida de 7.000 millones de ayudas directas a fondo perdido para la hostelería y el pequeño comercio, donde se consiguió también que estuvieran los festivales de música, la música en vivo, los tablaos flamencos, las salas de cine y los teatros. «Eso permitirá, con las colaboración de las comunidades autónomas, que reciban unas ayudas por el daño que sufrieron el año de la pandemia», ha apuntado.

Por tanto, -ha subrayado- «vamos a intentar paliar ese daño con esas ayudas y además sentar las bases para que progresivamente podamos volver a la normalidad». Al respecto, ha resaltado que «todo dependerá de la salud y la sanidad, pues la decisión última siempre la tiene sanidad, tanto en el deporte en relación con la vuelta del público a los estadios de fútbol y al baloncesto, como en relación a la cultura y los festivales de música.

Lo importante es ir viendo cómo están las cosas y que haya mucha comunicación para ir tomando las decisiones, pero estoy esperanzado, pues la vacunación va bien, y estamos en comunicación con los sectores para que conozcan las razones que tenemos en relación a los conciertos y aforos», ha insistido.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha puntuado con un notable al Congreso y al Senado, que han alcanzado respectivamente un cumplimiento del 82% y del 87,6%, pero ha suspendido directamente al Consejo de Económico y Social, que no publica ni la mitad de la información que está obligado a recoger.

Así se recoge en los informes de evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia que el Consejo que vela por su aplicación ha hecho públicos este jueves sobre una decena de órganos constitucionales durante en el periodo comprendido entre enero de 2020 y febrero de 2021.

LA MEDIA ESTÁ EN EL 87%

De esa decena de instituciones, entre las que también figuran la Casa Real, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la media de cumplimiento de la información que están obligadas a incluir en su web se sitúa en el 87,6%.

En el informe relativo al Congreso, el órgano que preside ahora José Luis Rodríguez Álvarez apunta a la falta de publicación de algunos contenidos obligatorios así como las referencia a la fecha en la que se actualizó por última vez la información como los principales factores que explican ese 82% de índice de cumplimiento con la transparencia.

Frente a estas «carencias», Transparencia insta al Congreso a publicar su presupuesto para 2021 y, en este sentido, también le sugiere que dé cuenta sobre la ejecución del mismo con una periodicidad inferior al año. El Congreso recalca que ya publicó su presupuesto pero, eso sí, con posterioridad al lapso de tiempo analizado por esta institución.

Además, subraya la necesidad de publicitar los datos sobre la distribución porcentual en volumen presupuestario de los contratos licitados o las modificaciones de los convenios, así como a completar la información sobre las indemnizaciones por cese de los diputados al dejar su escaño dotándola de un apartado específico. Sobre esto, el Congreso alega que ésta es una información que está ubicada fuera del Portal de Transparencia, en concreto en una sección de su web dedicada a la Protección Social de los diputados.

En el informe relativo al Senado, el Consejo de Transparencia señala que su grado de cumplimiento con la transparencia es superior al del Congreso, situándose en un 86,8%, pero le aconseja revisar la organización de la información para ajustarla más al patrón de la Ley de Transparencia, sobre todo en lo relativo a la información institucional y organizativa.

De la misma forma, le insta a actualizar algunas informaciones que datan de 2019, entre las que cita, a modo de ejemplo, las retribuciones, así como a revisar los enlaces que contiene los apartados de su Portal de Transparencia u ofrecer información en formatos reutilizables.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS ROZA EL SOBRESALIENTE

Sobre el Tribunal de Cuentas, Transparencia celebra que haya incluido todos los contenidos obligatorios y aplaude el material adicional que voluntariamente añade la institución, pero lamenta que «son escasas las referencias que permitan conocer la vigencia de parte de la información publicada», por lo que tampoco se puede comprobar si cumple con los requisitos de actualización. En todo caso, saca una nota alta pues en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia alcanza un 87,4%.

Eso sí, recomienda publicar información sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas –y si no se conceden, deberá dejarse constancia– y valorar la posibilidad de ofrecer datos de ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que esta información estuviese más actualizada.

Respecto al Defensor del Pueblo, su porcentaje se sitúa en el 77,2% y se destaca «el esfuerzo realizado por el Defensor del Pueblo para hacer más transparente su gestión, publicando mucha información muy relevante que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa». Pero también presenta carencias, como la falta de datos estadísticos sobre contratos adjudicados, presupuestos de 2021 o contratos menores.

Del Consejo de Estado se indica que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia alcanza un 71,9%, pero faltan datos relativos al perfil y trayectoria profesional de sus responsables, la identificación de los titulares de los puestos directivos, las retribuciones de los altos cargos, los presupuestos en vigor y la distribución porcentual en volumen presupuestario de los contratos licitados según su procedimiento de adjudicación.

EL CES NO LLEGA A LA MITAD

Pero la peor nota la saca el Consejo Económico y Social (CES), ya que sólo recoge el 48% de la información que debía incluir en su web, sobre todo del bloque económico y presupuestario, además de no hacer referencia en el Portal a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada.

Por todo ello, el Consejo de Transparencia recomienda incluir más datos sobre las retribuciones y trayectoria profesional de los máximos responsables del CES, las indemnizaciones que cobran al dejar el cargo, los contratos y convenios de colaboración de la institución, y los informes de fiscalización de Tribunal de Cuentas sobre su funcionamiento.

También se aconseja al CES actualizar toda la información, ya que han detectado que hay datos «desfasados», y publicar cuadros resumen de su plataforma de contratación para que sean legibles par el usuario.

El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, y la secretaria de Estado para la UE de Rumanía, Iulia Matei, han inaugurado en el Palacio de Viana la exposición ‘140 años de relaciones hispano-rumanas’, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Embajada de Rumanía en Madrid.

Matei ha aprovechado su visita a España para inaugurar la muestra, que se enmarca en el conjunto de eventos que, tanto en España como Rumanía, tendrán lugar durante el presente año para conmemorar el 140 aniversario del establecimiento de las relaciones entre los dos países.

Según ha detallado Exteriores en un comunicado, la exposición se compone de 30 paneles que abarcan desde 1801 con la figura de Ignacio María del Corral y Aguirre, diplomático español en Bucarest, hasta la actualidad, pasando por el establecimiento de las relaciones en junio de 1881 y por todo un recorrido histórico desde entonces.

En concreto, los que la visiten encontrarán en los paneles la Exposición de Barcelona en 1929, las dos Guerras Mundiales, la Guerra Civil y la Transición españolas o las visitas de Estado, como la realizada por el Presidente de Rumanía en 1979.

El espacio también acoge cuatro vitrinas que presentan tratados bilaterales originales de 1908 a 1930, archivos sobre acciones humanitarias de la Legación rumana en Madrid durante la guerra civil española y sobre el rescate de judíos en Rumanía llevado a cabo por el diplomático español José de Rojas y Moreno.

La exposición se trasladará el 12 de mayo a la sede del Senado con motivo de la visita oficial al mismo de la presidenta del Senado de Rumanía, la Señora Anca Dragu, los días 13 y 14 de mayo.

RELACIÓN BILATERAL

Por otra parte, González-Barba y Matei han analizado los principales aspectos de la densa relación bilateral de España y Rumanía, socios estratégicos en el marco de la UE y la OTAN. Y es que, este encuentro se enmarca en la «intensa y creciente» interlocución política entre ambos países, «que esperan además poder celebrar una Cumbre bilateral durante el año en curso».

Asimismo, Exteriores ha puesto de relieve que tiene una gran relevancia el contenido económico de las relaciones entre los dos países ya que hay más de 350 empresas españolas en Rumanía y un comercio bilateral superior a 3.500 millones en 2020.

También ha subrayado la numerosa comunidad rumana presente en España, que suma cerca de un millón personas. «Su integración supone una historia de éxito de la que ambas sociedades estamos orgullosos», han añadido.

Los secretarios de Estado han intercambiado puntos de vista sobre la agenda europea, en especial sobre la coordinación en el contexto de la pandemia de la Covid-19, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el Mercado Interior y la transformación digital y verde, el futuro de las relaciones de la UE con el Reino Unido, la ampliación de la UE, la Asociación Oriental y la Vecindad Sur, y el Acuerdo UE-Mercosur.

Asimismo, han abordado la propuesta de Pacto de Migración y Asilo de la Comisión Europea y la reforma de la Zona Schengen. Finalmente, han podido comprobar que existe una gran sintonía entre España y Rumanía respecto de la agenda social que se tratará en la Cumbre Social de Oporto de la semana que viene.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha exigido este jueves al Gobierno que «rectifique» su posición tras el «revolcón» y el «varapalo» judicial que ha recibido y pague a las comunidades autónomas los 2.500 millones de euros que les adeuda por el IVA de 2017 y a los ayuntamientos sus 750 millones.

Así se ha pronunciado después del fallo del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Castilla y León que condena al Estado a pagar a la Comunidad la liquidación del IVA de 2017. Los gobiernos autonómicos confían que, tras esta sentencia, se puedan recuperar ese dinero en concepto de IVA que el Ministerio de Hacienda lo cifra en un total de 2.500 millones.

Este mismo jueves, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha anunciado que las entidades locales también reclamarán al Ministerio de Hacienda la devolución de un total de 753 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017.

TEROL ACONSEJA A SÁNCHEZ MENOS ASESORES Y MENOS FALCON

El vicesecretario de Política Territorial del PP ha señalado que este martes conocieron ese «nuevo varapalo y revolcón» que la Justicia ha dado al Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta del IVA del 2017, «dando la razón» al Gobierno de Castilla y León.

Ante los recursos presentados por otras autonomías, el dirigente del PP ha subrayado que no han llegado todavía sentencias pero «es un buen momento» para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «rectifique» su posición.

«Pedro Sánchez, quítese asesores, use menos el Falcon y deje de salvar aerolíneas ruinosas para pagar sus deudas con los españoles», ha aconsejado el dirigente del PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, acompañado de un vídeo con las reivindicaciones del PP.

EL PP PRESENTARÁ MOCIONES EN TODA ESPAÑA

Terol ha avanzado que el PP presentará mociones en los Parlamentos regionales y en los Ayuntamientos para que el Gobierno efectúe ese pago porque «debe 2.500 millones de euros a las Comunidades Autónomas y 750 millones de euros a los Ayuntamientos de toda España». Según ha añadido, el Gobierno no se puede «olvidar» de las entidades locales a las que, a su entender, ha «discriminado durante toda la pandemia».

Por eso, le ha pedido que «tome nota» y ha recordado que el PP le exige 3.000 millones de fondo Covid para los ayuntamientos; 1.000 millones para paliar el déficit del transporte público municipal y que los ayuntamientos puedan participar con 20.000 millones de los 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha lamentado este jueves que, a partir del próximo 9 de mayo, habrá una salida del estado de alarma vigente hasta esa fecha «a la carta de cada comunidad autónoma, de lo que cada gobierno autonómico decida», porque el Gobierno de España «no ha hecho su trabajo, no ha cumplido sus deberes y obligaciones».

Así lo ha manifestado el también coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía este jueves por la tarde a preguntas de los periodistas en una atención a medios en el marco de una reunión en Sevilla con el eurodiputado Adrián Vázquez.

Juan Marín ha insistido en señalar que las comunidades autónomas pidieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes que se celebró a finales de julio del año pasado en La Rioja, los mecanismos legislativos necesarios para que, cuando llegara el momento, «no sean los jueces los que decidan si se confina o no una población, o si se suprime o no un derecho fundamental» por cuestiones de salud pública.

Como «ese trabajo no se ha desarrollado», a partir del día 9 de mayo se va a vivir una situación «bastante complicada», según ha lamentado el vicepresidente de la Junta, que ha subrayado el «interés» del Gobierno andaluz por «coordinar con todos los órganos judiciales» de la comunidad autónoma «todas aquellas acciones que nos permitan» salir del estado de alarma «de la forma más sensata pero, sobre todo, más normalizada posible.

«Y ese es nuestro afán, fundamentalmente», según ha remarcado el también consejero andaluz de Justicia, quien ha recordado que a partir del día 9 de mayo «podemos tener problemas en materia de confinamientos» y de limitaciones de «un derecho fundamental recogido en la Constitución española como es la libre circulación de ciudadanos».

PENDIENTE DE RATIFICACIONES JUDICIALES DE RESTRICCIONES

Ha comentado que esto «ahora va a haber que hacerlo desde la Consejería de Salud, desde las delegaciones» de dicho departamento del Gobierno andaluz y «los distritos sanitarios, haciendo unas propuestas que se llevarán después al Tribunal Superior de Justicia» de Andalucía, el cual «derivará» las mismas «a las distintas salas en Sevilla y Granada», donde habrá que esperar la «aprobación o ratificación por parte de los jueces de esas medidas» que los expertos y responsables de Salud Pública «crean conveniente para evitar la expansión del virus y, en definitiva, para proteger la salud de los andaluces».

El vicepresidente ha añadido que espera que «los andaluces sigan comportándose como hasta ahora», con el «compromiso que han tenido siempre, siendo capaces de entender que, a pesar de que todos tenemos ganas de viajar, de salir de casa, de visitar a la familia, de volver a ver a nuestros hijos o, sencillamente, de pasar unos días de descanso, de vacaciones, lo hagamos con esa seriedad que exige el momento, esa rigurosidad a la hora de los distanciamientos, del uso de mascarilla, de respetar los horarios, de respetar los aforos».

«Eso contribuirá a que esa salida» del estado de alarma el próximo 9 de mayo sea bastante más normalizada», según ha abundado el vicepresidente, quien también ha subrayado la importancia que en este proceso tendrán las vacunas contra la Covid-19, de las que la Junta espera recibir durante el próximo mes de mayo «700.000 dosis semanales, lo que nos va a permitir llegar a un nivel de inmunidad de rebaño o colectiva en torno al 70 por ciento» de la población andaluza «a finales de junio», según ha celebrado.

Marín ha defendido que por eso también no se acordó por parte de la Junta la reapertura de la movilidad interprovincial en la pasada Semana Santa y sí se ha acordado ahora, porque «en Semana Santa teníamos 170.000 vacunas semanales y ahora tenemos medio millón» a la semana, lo que está permitiendo «proteger a la población diana» y llegar a niveles de «normalidad».

COORDINACIÓN CON LA JUSTICIA

Tras indicar que «tenemos por delante varias semanas todavía de adaptación a la nueva situación que se provocará a partir del día 10» de mayo, que «iremos viendo poco a poco cómo vamos resolverlo», el vicepresidente de la Junta ha defendido que desde el Gobierno andaluz quieren coordinarse «con todas aquellas instituciones que tienen responsabilidades» y con «la Administración de Justicia».

En esa línea, ha subrayado que el TSJA y la Fiscalía «van a tener que tomar decisiones a partir de después del día 9 de mayo» ante «determinadas propuestas de cierres» perimetrales en la comunidad autónoma «por motivos provocados por la pandemia».

Sobre la reunión que esta semana anunció que mantendría el próximo lunes con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y que finalmente no se va a celebrar, el vicepresidente de la Junta ha defendido que lo que pretenden desde el Gobierno andaluz es «coordinar y en ningún momento influir para nada» en decisiones judiciales.

De hecho, ha subrayado que no es el partido en el que milita, Ciudadanos, «el que propone o negocia a los miembros del Consejo General del Poder Judicial», y «nosotros sí creemos y respetamos las decisiones judiciales».

«Lo que queremos hacer son consultas para que realmente ese tránsito que va a haber del estado de alarma que está decretado hasta el 9 de mayo, al día y a las semanas después, produzca el menor problema posible, y que no tomemos decisiones que después puedan ser efectivamente revocadas por un juez y causemos un daño a los ciudadanos que es completamente innecesario», ha razonado el vicepresidente.

En esa línea, Marín ha confirmado que esa reunión anunciada con el TSJA y la Fiscalía «no se va a producir», pero ha puntualizado que «sí vamos a tener ese contacto y esas consultas y, a posteriori, una vez que pase el día 9» de mayo, «lo que pretendemos es que haya la mayor agilidad posible y que no se demoren mucho las decisiones judiciales sobre aquellas decisiones que adopte la Consejería de Salud o los distritos sanitarios en función de cómo evoluciona la pandemia en cada uno de ellos», según ha concluido el vicepresidente de la Junta.

El instructor de la causa del procés independentista en Cataluña, Pablo Llarena, ha citado este viernes, a las 10.30 horas, a la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret para comunicarle su procesamiento por desobediencia. La declaración indagatoria tendrá lugar una vez ha concluido la cuarentena por covid-19 a la que tuvo que someterse.

La comparecencia estaba prevista para el pasado 8 de abril, pero tras comunicar el contacto cercano con un positivo tuvo que aplazarse. Así, tras manifestar al alto tribunal el resultado negativo de la prueba de detección de covid-19, el magistrado dictó una providencia citándola de nuevo este viernes para practicar su declaración indagatoria.

Así, se le comunicará formalmente su procesamiento por un delito desobediencia, al decaer en principio el primer cargo que se le imputó por malversación de fondos públicos, dada la absolución de otros consejeros que actuaron de forma similar según estableció la sentencia del ‘procés’.

Serret regresó desde Bruselas para ser diputada por ERC en el Parlament de Cataluña tras los últimos comicios y compareció en el alto tribunal el pasado 11 de marzo acompañada del abogado Iñigo Iruín, un letrado histórico en la defensa de miembros de ETA y del entorno de Batasuna.

A DISPOSICIÓN DEL SUPREMO

Serret compareció ese día con la finalidad de ponerse a disposición del Tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía y Llarena la dejó en libertad en espera de cumplimentar su declaración indagatoria.

La exconsejera fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, no obstante, dado que hasta ahora no se ha atribuido que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O. Puesto que los procesados que fueron juzgados en esa misma situación fueron condenados por un delito de desobediencia y absueltos del delito de malversación, no se había cursado contra ella ninguna Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019.

Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para recibírsele declaración y continuar el procedimiento contra ella. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.

Una delegación de ERC acompañará encabezada por el coordinador nacional del partido, Pere Aragonés, y la secretaria general adjunta del partido y portavoz, Marta Vilalta, acompañará a Serret hasta el Tribunal Supremo.

En dicha comitiva estarán también la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà; y la vicesecretaria general de de Derechos, Libertades y Lucha Antirepressiva, Marta Vilaret. Asimismo, el diputado y portavoz de la CUP, Albert Botran, también se desplazará hasta el alto tribunal para apoyar a la exconsejera catalana.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, prevé convocar la reunión de la Junta de Portavoces de la próxima semana, no el martes, como suele ser habitual, sino el miércoles, para evitar que coincida con la celebración de las elecciones autonómicas madrileñas. Por contra, el Gobierno no ha modificado sus planes por los comicios y mantiene el Consejo de Ministros en su día habitual.

A diferencia de lo que es tradicional, estas elecciones autonómicas caen en martes en lugar de en domingo, ya que la ley electoral marca que, cuando los presidentes autonómicos decidan adelantar elecciones, estas deben celebrarse «el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria», que en este caso se formalizó el 11 de marzo, con la publicación en el Boletín Oficial de la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el 10 de marzo su decisión de expulsar a Ciudadanos de su gobierno de coalición y de convocar elecciones autonómicas adelantadas, tras conocerse ese día que el partido naranja había registrado una moción de censura contra el presidente del Murcia, el ‘popular’ Fernando López Miras, con el que también gobernaban en coalición.

Por lo tanto, el plazo para celebrar las elecciones autonómicas empezó a contar desde el momento en que se publicó la convocatoria al día siguiente, el 11 de marzo, lo que dio como resultado que estas tengan que celebrarse un martes, día laborable, y el día de la semana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne a su Consejo de Ministros.

También es el martes el día en que suele reunirse la Junta de Portavoces del Congreso para organizar los temas que se debatirán en la siguiente sesión plenaria. La semana que viene, primera de mes, no hay Pleno del Congreso, con lo que hay margen para que la reunión de la Junta de Portavoces tenga lugar un día después de lo habitual.

YA SE CAMBIARON LOS PLENOS

Hace unas semanas, tras la convocatoria de los comicios autonómicos, el PP ya pidió que esta cita, que motiva la comparecencia de los distintos portavoces ante la prensa, no coincidiera con las votaciones.

Según han precisado en fuentes parlamentarias, Batet vio razonable la petición trabaja con la previsión de celebrar la Junta de Portavoces el día siguiente a la cita con las urnas.

El Congreso ya modificó su calendario de Plenos tras el adelanto de las elecciones madrileñas y, como es tradicional, no convocó sesión plenaria la semana anterior a la votación para facilitar que los diputados pudieran participar en la campaña electoral.

MONCLOA NO MUEVE NADA

Por contra, fuentes gubernamentales explican que no van a mover de día el Consejo de Ministros, ni la posterior rueda de prensa que suele ofrecer la portavoz María Jesús Montero, por unas elecciones autonómicas, sino que van a seguir trabajando con normalidad.

Además, desde el Ejecutivo defienden que los comicios del próximo martes no deben interpretarse más allá del ámbito autonómico, sino como unas elecciones en una comunidad autónoma, en este caso, Madrid.

En periodo electoral, desde que se convocan unos comicios hasta la propia jornada de votación, la ley impide a los poderes públicos hacer propaganda política con medios públicos, un supuesto que ya costó una sanción al presidente Pero Sánchez en unas elecciones generales anteriores y que en estos comicios ya fue motivo de apercibimiento a Pablo Iglesias cuando lanzó su candidatura regional desde su despacho de vicepresidente.

El Gobierno reactivará, cuando decaiga el Estado de Alarma, previsiblemente el próximo 9 de mayo, la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para sustituir el término «disminuido» por el de «personas con discapacidad».

«Quiero anunciar que, una vez decaiga el Estado de Alarma, cuando constitucionalmente será viable proceder con trámites de reforma constitucional, queremos reactivar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para que algo que lleva demasiado tiempo detenido prosiga con rapidez», ha explicado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, este jueves, durante un taller virtual organizado por CERMI.

Álvarez espera poder «avanzar con la celeridad que este trámite constitucional requiere» y sobre el que, según ha recordado, «hay un amplísimo consenso en todos los niveles, administrativo y de todas las fuerzas políticas en el Congreso».

Se trata de una iniciativa que se llegó a acordar en el Congreso en 2018, pero su tramitación se vio paralizada por la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez en abril de 2019.

Esta iniciativa ya contó con el apoyo generalizado de la Comisión de Políticas para la Discapacidad de la Cámara baja. A este órgano encargó Carmen Calvo, en octubre de 2018, un texto alternativo al artículo 49 de la Carta Magna, en respuesta a la petición realizada por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El objetivo de la comisión era, además de cambiar el término ‘disminuido’ por ‘personas con discapacidad’, incluir en el artículo 49 otros puntos que incidieran en los derechos de este colectivo.

Actualmente, dicho artículo establece que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos».

El nuevo texto propuesto dice que «las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación», y encomienda a los poderes públicos la tarea de «realizar las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad».

Asimismo, establece que se regulará «la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes» y subraya que «las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».

Esta redacción fue aprobada por el Consejo de Ministros, en el mes de diciembre de 2018, un anteproyecto de reforma que debía ser convalidado por el Congreso.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Por otro lado, Nacho Álvarez ha destacado que la ley de protección a la infancia frente a la violencia, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, y que continúa su tramitación en el Senado, «pone el acento» en la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas, también especialmente de aquellos con discapacidad, y ha subrayado que la ley, que espera que se apruebe definitivamente «con la mayor rapidez posible», garantizará la «accesibilidad universal» de la infancia.

En este sentido, ha puesto en valor los fondos europeos, que permitirán una inversión de 3.500 millones de euros a derechos sociales para los próximos tres años, y quieren que parte de esta inversión esté vinculada a proyectos circunscritos al ámbito de la accesibilidad universal. Precisamente, ha dicho que una buena parte de los proyectos que les están llegando de las comunidades autónomas van en esta línea.

Además, durante el taller organizado por el CERMI este jueves bajo el título ‘La política territorial en línea con la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad’, también ha intervenido el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín, que además será el nuevo director general de Discapacidad del Gobierno.

QUE DESAPAREZCAN LOS INTERNAMIENTOS FORZOSOS

Martín ha anunciado que, tras abolir la esterilización forzosa, de haber conseguido el voto de las personas con discapacidad intelectual y de haber luchado por dar voz a las personas con discapacidad en el tráfico jurídico, ahora se van a empeñar en trabajar para «que desaparezca del ordenamiento jurídico la práctica de los internamientos forzosos».

«Estamos haciendo un trabajo intenso, no es sencillo jurídicamente, vamos a poner el foco en medidas alternativas que respeten la voluntad de las personas y den garantías a las familias y a las propias personas. Estamos realizando un trabajo de investigación con grandes expertos y esperamos poder presentarlo pronto en la agenda política», ha explicado.

Sobre la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Martín ha indicado que es «un gran acontecimiento mundial» porque «empodera» a las personas con discapacidad tras mucho tiempo en el que se las ha visto como «sujetos pasivos» y en el que «el diagnóstico colonizaba» su vida.

«Durante mucho tiempo éramos solo ciegos, sordos, parapléjicos y otras palabras que hacen daño solo con verbalizarlas», ha precisado Martín, al tiempo que ha deseado que «la discriminación deje de ser el paisaje por el que transitan las personas con discapacidad».

MÁS MUJERES QUE HOMBRES CON DISCAPACIDAD

Por su parte, la vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha llamado a garantizar la participación directa de las mujeres y niñas con discapacidad pues «todavía hay muchas CCAA que cuentan con consejos de participación de la mujer u observatorios de violencia donde no hay representación del movimiento cívico de la discapacidad».

Según ha recordado, en España, el 60% de las personas con discapacidad son mujeres. En este sentido, ha enumerado algunos factores que contribuyen a que exista una mayor prevalencia de la discapacidad entre las mujeres frente a los hombres, como «el menor estatus socioeconómico y social de la mujer, la violencia de género y las prácticas nocivas discriminatorias por motivo de género», que pueden terminar ocasionando discapacidad.

El hombre acusado de abusar sexualmente de la hija, menor de edad, de su pareja ha negado los hechos y alega que no se encontraba en la vivienda en el momento en el supuestamente la asaltó mientras dormía.

La vista judicial por estos hechos, que se remontan al año 2019, ha tenido lugar en la mañana de este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense.

Según la acusación, los abusos tuvieron lugar en una fecha no concretada en septiembre del 2019, que la víctima situó el día anterior al comienzo del curso escolar, en el domicilio que compartían con la pareja sentimental de la progenitora.

Según la versión de Fiscalía, la menor se encontraba en durmiendo en su cama en torno a las 23,30 horas de la noche, cuando, supuestamente, el acusado entró en el dormitorio y empezó a tocar las partes íntimas de la víctima.

En la vista celebrada hoy el acusado ha negado los hechos y ha alegado que se encontraba con sus amigos, en el día y hora denunciado, «tomando algo» en la zona de la piscina municipal del Ayuntamiento de Verín.

La víctima no ha tenido que declarar en la vista oral sino que se ha dado por reproducida su declaración grabada en vídeo en el juzgado de Verín.

Los hechos fueron reportados un mes y medio después, cuando la madre de la menor interpuso una denuncia por malos tratos contra la que había sido su pareja sentimental, quien ya tiene antecedentes por violencia de género.

Los forenses del Imelga que evaluaron a la menor, que en el momento de los hechos tenía 10 años, han dado credibilidad a su versión.

La Fiscalía y la acusación particular solicitan 3 años y 6 meses de prisión así como la indemnización de 1000 euros a la víctima, mientras que la defensa del acusado solicita la libre absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Expertas en violencia de género han reclamado este jueves en el Senado cambios legales tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como en los códigos Penal y Civil que permitan mejorar la protección integral de las víctimas de violencia de género cuando el maltratador utiliza a sus mascotas para inferirles daño psicológico a través del empleo de la violencia.

En el Foro Técnico ‘Violencia de Género, cuando se agrede a la víctima a través de sus animales’, organizado por el Senado junto con la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) y la ‘Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales’ (APDDA), se ha analizado desde áreas como la psicología, el derecho o la judicatura este problema que supone un «doble delito», de violencia de género y de maltrato animal.

Durante su intervención, la coportavoz de APDDA Sofía Castañón ha subrayado que en la mayoría de las ocasiones la lucha contra el maltrato animal está ligado a la defensa de los derechos humanos y ha señalado que en numerosas ocasiones, el hombre que maltrata animales también ejerce la violencia contra la mujer.

Por ello, la parlamentaria ha destacado la importancia de educar en la escuela en la empatía hacia los animales. «Cuando desarrollamos nuestro compromiso para erradicar las violencias machistas, no nos podemos olvidar de que el daño a los animales, por parte de los maltratadores, es una manifestación más de violencia contra las mujeres», ha aseverado.

Por su parte, la abogada María García, de CoPPA, una entidad que aglutina profesionales de la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, ha expuesto a través de diferentes casos reales como en algunos contextos de relaciones violentas los agresores en ocasiones se sirven del maltrato animal para coaccionar, hacer sufrir e intimidar a mujeres y sus hijos.

En su intervención, la psicóloga Soledad Montserrat ha declarado que la violencia a través del maltrato animal es un crimen que no se puede naturalizar, sino que es preciso cuestionar este vínculo que existe entre ambos.

En su turno, ha explicado los beneficios en el proceso de recuperación de la víctima de contar con un animal, al tiempo que ha relatado casos, escalofriantes y reales, de mujeres que han pasado por su consulta y que incluso llegan a evitar salir de la casa donde sufren maltrato para proteger a sus mascotas de la violencia de sus agresores como medida de «castigo» o «coacción.

Esto ocurre, según ha añadido, incluso después de que la víctima se haya decidido a denunciar o a separarse y romper esa relación tóxica, ya que los agresores usan al animal para intentar que la mujer regrese a su lado y seguir sometiéndola.

«Cuando la violencia hacia los animales tiene por fin infligir sufrimiento a la mujer, condicionar su conducta o someterla, la violencia contra los animales es una forma de violencia contra la mujer. Es maltrato físico al animal y psicológico a la mujer como un acto certificante: es un castigo o descarga de la violencia del agresor que cuando se enfada con la víctima pega al animal», ha afirmado.

En ese sentido, ha retratado el «impacto emocional» que provoca en las víctimas, más aún cuando hay menores de edad. Es entonces, cuando las víctimas temen la denuncia por las consecuencias que pueda tener sobre los propios animales y hace sentir a las mujeres responsables del daño que sufre su mascota, ya que lo perciben como producto de su «desobediencia» al agresor o como consecuencia de un fracaso en la relación.

«Lo más significativo es que estas conductas en general no son denunciadas y es fundamental el reconocimiento de este tipo de maltrato y el sufrimiento a la víctima por parte de los profesionales para no revictimizar a la mujer», ha manifestado la experta, que ha recordado que el maltrato animal es un «indicador de riesgo» a la hora de adoptar medidas de protección de la mujer.

En el foro ha intervenido también la magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Bilbao, Leticia Badiola Pérez, ha advertido de la necesidad de acometer cambios en el ordenamiento jurídico para que estas cuestiones no solo dependan de la «sensibilidad» del policía o del juzgado. «El maltrato animal es un modo de violencia vicaria, la que se usa para dañar a lo que está más ligado a la persona», ha recordado.

En la realidad, el animal en estos casos queda desprotegido y Badiola señala que en algunas ocasiones se tiene que utilizar una «ingeniería judicial» para protegerlos y evitar el doble problema. Por ello, considera fundamental que en la protección de la víctima se habilite a los jueces para proteger asimismo a sus familiares y «todo aquello vinculado a ella», como los animales o mascotas, también en las órdenes de protección.

«No puede olvidarse que una vez abandonado el domicilio el agresor puede intentar dañar lo que está más cercano a esta, como los animales», ha insistido.

En definitiva, ha instado a los profesionales a trabajar desde una perspectiva de género «lo suficientemente amplia» como para hacer sentir a las mujeres víctimas que «no están solas» y que «nada las impida denunciar».

Finalmente, María García, de CoPPA, ha propuesto una reforma legal que contemple como forma de maltrato a la mujer el maltrato animal dentro del delito de amenazas y en las conductas de coacción a los seres humanos; que permita inhabilitar al maltratador en la tenencia y convivencia con animales, así como para disponer y transportar armas tras cometer un delito animal, algo, que según ha recordado ya existe en la ley de numerosos países del mundo.

La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación por el caso de la mujer de Espinosa de los Monteros (Burgos) que falleció de cáncer sin recibir atención sanitaria presencial, según ha informado su hermana Lidia Sainz-Maza a través de un comunicado.

El órgano judicial entiende que «no hay elementos objetivos para entender acreditada la comisión de delito alguno, ni de omisión de deber de asistencia ni de homicidio imprudente por negligencia médica» y añade que «la posible irregularidad de las actuaciones referidas por la denunciante escapan en todo caso al ámbito del derecho penal».

Lidia Sainz-Maza ha asegurado que el archivo de las diligencias no ha sido una sorpresa para ella, ya que su confianza en la vía penal era «escasa», si bien ha recordado que fue la Fiscalía la que abrió la investigación de oficio, tras tener conocimiento de los hechos por parte de la Asociación del Defensor del Paciente.

En cuanto a la motivación del auto de archivo, ha trasladado su sorpresa por la «superficialidad y errores» en los que se incurre y ha reconocido que «espera mucho más» de un procedimiento como este.

Quizás lo que más le ha impactado, tal y como ha indicado, es que el informe haya indicado respecto a la actuación médica que «las consultas médicas fueron atendidas bien de forma presencial, bien de forma telemática en base al Protocolo de Actuación de Atención Primaria Covid-19».

VÍA CIVIL

Tras este pronunciamiento judicial, la hermana de la mujer fallecida ha depositado su confianza en la vía civil, a la que su familia estudia recurrir para «que se reconozca lo que es una realidad indiscutible, que jamás nadie podrá negar».

Sainz-Maza sostiene que su hermana «no recibió la atención médica que merecía», lo que la llevó «a sufrir durante tres meses» lo que ella misma, según atestigua, es incapaz de describir.

«A mi hermana no se la mató pero tampoco se la ayudó para que pudiera vivir el mayor tiempo posible y, desde luego, no se la ahorró ningún dolor. Se le realizó un diagnóstico erróneo de lumbociatalgia por teléfono y su médico de Atención Primaria no la exploró en tres meses ni le realizó una analítica», ha sostenido.

Finalmente, ha explicado que ha solicitado a la Fiscalía de Burgos poder conocer si se ha recogido declaración, verbal o por escrito, a los médicos que atendieron a su hermana, tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria, en el HUBU y en Cruces.