El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha abogado por un paquete de medidas para Justicia que lleve la eficiencia a cada persona y a cada territorio. «Queremos diseñar, entre todos, un modelo que nunca antes ha existido, un paquete de medidas que dote al sector de esa eficiencia que nunca antes ha tenido», ha afirmado.

Campo ha participado en los ‘Diálogos Institucionales’ organizados por el Ministerio de Justicia, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz (ICAC) y la Fundación Cajasol, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río Fernández, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente Aparicio.

Allí, el ministro de Justicia ha hecho una exposición de los planes en los que trabaja el Ministerio con el objetivo de conseguir una Administración de Justicia eficiente y que llegue a toda la ciudadanía y ha aludido a las tres leyes de eficiencia en las que trabaja su equipo, «tremendamente transformadoras», y que son «clave» para este objetivo: la ley de eficiencia procesal, la de eficiencia organizativa y la ley de eficiencia digital.

Campo ha hecho referencia a algunas de las principales figuras que se contemplan dentro de ellas y que darán un «giro importante» a la Justicia, ya que contribuirán a esa gestión y organización más eficientes, y ayudarán a reducir la brecha territorial, digital y ecológica, acercando al ciudadano los servicios públicos independientemente del lugar en el que habite.

Dentro de la primera de las leyes, que ya está en marcha, la de eficiencia procesal, Campo se ha referido, a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). «No hay mejor mecanismo para impulsar la cohesión social que resolver los problemas sin necesidad de un juez», ha afirmado.

En relación al trabajo que su equipo está haciendo para mejor la eficiencia procesal, se ha referido también a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). En este sentido, ha manifestado que el nuevo anteproyecto «supone un giro copernicano en lo que a la orientación del modelo del proceso penal se refiere, que es un termómetro para ver el estado democrático de un país». Según Campo, «está plenamente en consonancia con lo que exige Europa.

En cuanto a la ley de eficiencia organizativa, el ministro de Justicia ha destacado las figuras del Tribunal de Instancia, la Oficina Judicial y la Oficina de Justicia en los municipios, que supondrán herramientas básicas para llevar la eficiencia y la modernización a la Justicia en España.

«La Oficina de Justicia en los municipios es especialmente importante en las zonas rurales, ya que contribuye a vertebrar el país y a superar el reto demográfico», ha destacado Campo.

En cuanto a la Ley de Registro Civil, que este viernes entra en vigor, también ahonda en este objetivo, según ha explicado el ministro, ya que se trata de una norma «igualmente transformadora, que afecta a todos y cada uno de nosotros, porque es una ley para todos los ciudadanos, centrada en cada persona».

Las organizaciones ecologistas SEO/BirdLife y WWF han reclamado que la nueva Política Agrícola Común (PAC) garantice la viabilidad a las explotaciones con mayor valor socioambiental, que sea justa y verde y que no renuncie a la ambición ambiental y climática.

Así, consideran que la futura PAC no puede dar la espalda al Pacto Verde Europeo y, en ese sentido, piden que sus objetivos se alineen con las estrategias ‘De la granja a la mesa’ y ‘Biodiversidad para 2030’.

Este mes de mayo los Veintisiete debatirán sobre la PAC para los próximos siete años y por ello SEO/BirdLife y WWF proponen al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que la nueva política agrícola permita una transición agroecológica y una recuperación verde y justa en el mundo rural.

Para el director de conservación de WWF España, Enrique Segovia, es necesaria una nueva PAC con un «pago básico» que garantice el apoyo a la renta a las explotaciones de mayor valor socio ambiental, como las situadas en Natura 2000, en producción ecológica y las dedicadas a la agricultura y ganadería de alto valor natural.

«Necesitamos un modelo justo que reconozca la labor de todos los rebaños que pastan en nuestros campos, o de los elementos del paisaje que sirven de refugio a la fauna que, como aliada natural, nos ayuda a controlar plagas. Para ello, es requisito imprescindible eliminar los derechos históricos y seguir avanzando en la aplicación de la convergencia interna real de las ayudas», ha defendido.

Por su parte, la coordinadora de Programas de Conservación de SEO/BirdLife, Ana Carricondo, estima necesario que en la nueva PAC se programen medidas agroambientales para retos ambientales transversales, como la coexistencia con grandes carnívoros y el apoyo a la trashumancia en ganadería, y se garantice que se aplican las medidas de gestión agraria necesarias para alcanzar los objetivos de conservación de los espacios Natura 2000 en todas las comunidades autónomas.

Asimismo, señala la importancia de identificar y eliminar los efectos perversos de algunos subsidios que suponen intensificar el modelo productivo más allá de la capacidad de la naturaleza, como las inversiones destinadas a la modernización agraria, que con demasiada frecuencia generan impactos negativos sobre la biodiversidad, el suelo y el agua, elementos esenciales para el futuro de la agricultura, además de para la salud de las personas.

Por último, estiman que los ecoesquemas deberán fomentar también las cubiertas vegetales vivas en leñosos para frenar la erosión y desertificación del suelo y apoyar las prácticas que benefician la biodiversidad y el paisaje.

Al mismo tiempo, incide en que no se debe olvidar el mantenimiento de las fincas certificadas en producción ecológica, que sería una nueva medida a programar. Por último, alertan de que «en ningún caso» la nueva PAC podrá financiar prácticas que abusan de los recursos naturales y contaminan, de forma que ponen en riesgo la capacidad para producir alimentos sanos y de calidad.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha solicitado al Gobierno que establezca un criterio unificado en la estrategia de gestión y conservación de la tórtola europea que incluya su caza, para evitar las diferencias entre distintas comunidades autónomas.

Durante la celebración en Plasencia (Cáceres) de la I Jornada Monográfica sobre la Tórtola Común, organizada por la Federación Extremeña de Caza y la Real Federación Española de Caza Madrid, los expertos han coincidido en que la gestión cinegética de esta especie es «esencial» para su futuro.

En ese contexto, el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, ha solicitado un «criterio único» al Gobierno, a quien pide también que valore el esfuerzo y el trabajo de los cazadores en la conservación de la tórtola.

Durante su intervención en la inauguración de la jornada, Gallardo ha lamentado la «diferencia de criterios en este asunto entre los diferentes ministerios», lo que en su opinión provoca que cada comunidad autónoma esté adoptando estrategias de manera individual «ante el desconcierto que causa esa incertidumbre».

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, ha advertido de que la lucha del sector en defensa de la gestión cinegética de la tórtola podría llegar incluso a los tribunales.

Así, considera que existen dos realidades enfrentadas: la real, en la que la tórtola tiene una población abundante en España donde su descenso se ha frenado desde 2013 y la «realidad que intentan imponer» los ecologistas y la Comisión Europea en contra del Gobierno de España y de gobiernos regionales como el de Extremadura, que es «una moratoria sobre un ave en buena situación, con poblaciones aseguradas».

«Sólo pedimos que a través de un pequeño aprovechamiento cinegético nos dejen seguir gestionando los cotos para mejorar la situación de la especie», ha planteado.

Por su parte, en el marco de varias ponencias científicas, el director de Investigación de la Fundación Artemisan, Carlos Sánchez, ha presentado una propuesta «de caza sostenible en Extremadura» y ha dejado claro que «sin el compromiso y el trabajo de gestores y cazadores va a ser muy difícil» aplicar los planes que reclaman desde Europa para recuperar la especie.

En la misma línea, el doctor en Veterinaria Gregorio Rocha ha expuesto que después de «muchos años» trabajando con esta especie ha «comprobado» que el «único sector» que se ha preocupado por mantener las poblaciones y cuidarlas ha sido el cinegético.

«Nadie más, ni conservacionistas ni administraciones, ha hecho algo. La tórtola en muchos lugares de Extremadura se mantiene todavía en poblaciones bastante saludables por la gestión y el cuidado que hacen los cazadores en estos cotos», ha apostillado.

En cuanto a la propuesta de caza sostenible que plantea Artemisan para Extremadura, se asienta sobre tres pilares: monitorización de poblaciones y de la caza para tener un modelo poblacional; una serie de herramientas para decidir cómo y cuándo cazar; y todo sobre la base del plan de caza adaptativa de la UE.

«Pensamos que sería posible realizarlo, que el sector cinegético está preparado y que podríamos mantener el interés por la conservación de la especie», ha manifestado.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha vuelto a pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez herramientas alternativas al estado de alarma para que las Comunidades Autónomas puedan tener «seguridad jurídica» a la hora de seguir tomando medidas una vez decaiga esta norma y evitar, según ha dicho, la «judicialización de la pandemia».

Lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la reunión que ha mantenido este viernes en el Ministerio de Economía con la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño. Feijóo ha insistido en pedir al Gobierno «herramientas para seguir trabajando» porque considera que acudir a los tribunales superiores para ratificar cada medida «no es una herramienta».

Tenemos que tratar la pandemia con criterios sanitarios y no presionando a los tribunales superiores de Justicia», ha reprendido al Ejecutivo de Sánchez, que ha repetido en varias ocasiones que no cree que sea necesario prorrogar el estado de alarma y que, por tanto, acabará el próximo 9 de mayo.

Por ello, el mandatario autonómico ‘popular’ apela al Gobierno a dotar a las Comunidades de seguridad porque, según ha censurado, las autonomías se encontrarán a partir del 9 de mayo en un «limbo jurídico» que les deja sin argumentos a la hora de tomar decisiones para contener la pandemia del Covid-19.

En este contexto, ha señalado que lo que le pasa al lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, que pide al Gobierno seguridad jurídica a través del estado de alarma, es lo que le pasa «al resto» de presidentes autonómicos. «Nos vamos a meter en un contexto de limbo legal», ha recalcado.

«NI LEGISLAN, NI DEJAN LEGISLAR»

Por otro lado, Feijóo ha vuelto a criticar la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de salud gallega. Este órgano judicial admitió a trámite hace unas semanas el recurso del Gobierno y suspendió el apartado que, entre otros aspectos, recogía la vacunación obligatoria de la población.

El presidente gallego ha recriminado al Ejecutivo que sí actuara contra Galicia y no contra la ley de Aragón para gesionar la pandemia ante la eventual finalización del estado de alarma, ni tampoco la legislación en Cataluña ante este escenario.

«Ni legislan, ni dejan legislar», ha proclamado Feijóo que ha vuelto a pedir una cobertura legal suficiente porque sino, ha repetido, que las Comunidades Autónomas se meterán en un contexto de «limbo letal y de inseguridad jurídica».

Por último, ha cargado contra la «obstinación» del Gobierno por no regular mediante una ley orgánica la gestión de la pandemia: «El Ejecutivo ha optado por lo fácil, que es un estado de alarma, y se ha negado a regular por ley orgánica un estado de pandemia».

La Xunta entiende que los desplazamientos entre Galicia y Portugal estarán limitados a causas justificadas a partir de este sábado, cuando quedará reabierta la frontera con el norte del país luso, una cuestión anunciada en la noche del jueves por el primer ministro portugués, Antonio Costa, y que la Administración autonómica dice haber conocido a través de los medios de comunicación.

Así lo ha manifestado el número ‘dos’ del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, que, en declaraciones a los medios este viernes, ha lamentado la ausencia de comunicación oficial por parte del Gobierno central sobre este asunto, que afecta a «una de las fronteras más largas de una comunidad autónoma y, desde luego, la más permeable y con más tráfico».

«Ese modelo de cogobernanza del que siempre habla el Gobierno central vuelve una vez más a demostrarse que no es así. A día de hoy no tenemos información y no sabemos cuáles son los efectos de esta apertura de la frontera«, ha asegurado el vicepresidente primero de la Xunta.

En todo caso, la Adminstración autonómica interpreta que el hecho de que Galicia continúe cerrada perimetralmente supondrá que los movimientos entre el sur gallego y el norte de Portugal quedarán «circunscritos a razones justificadas», aunque Rueda ha emplazado a que el Ejecutivo central clarifique esta cuestión.

AECT RÍO MIÑO

Por su parte, también en declaraciones a los medios este viernes tras conocerse la decisión del Gobierno portugués, la AECT Río Miño ha saludado la apertura de la frontera, pero considera que tampoco supone «un día para conmemorar, sino para reivindicar» que los afectados por el cierre prolongado durante cuatro meses reciban compensaciones económicas.

«Siempre es mejor abrir un día antes que un día después», ha señalado el vicedirector de la agrupación de localidades a un lado y otro de la frontera, Uxío Benítez, que ha incidido en que es necesario «señalar» que «en esta historia hay personas que fueron directamente perjudicadas y también hubo un daño indirecto al territorio».

En este sentido, Benítez ha subrayado que, a partir de este sábado, «se abre un tiempo nuevo, el de la justicia y la reivindicación» para compensar «los daños» que ha supuesto el período de cierre de los pasos fronterizos y que, para la AECT, deben contar con compensaciones económicas que partan de los fondos extraordinarios habilitados por la Unión Europea para el escenario post-pandemia.

CARMELA SILVA

También ha mostrado su satisfacción por la reapertura de la frontera la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que ha recordado la relación que existe entre las poblaciones de ambos lados de la Raya.

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado que es «insólito» que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acuda a la manifestación del 1 de mayo cuando, según ha recalcado, en esta convocatoria los trabajadores saldrán «contra el Gobierno del paro».

Así se ha pronunciado Rodríguez, en un acto electoral por las elecciones del 4 de mayo, tras conocer que Yolanda Díaz estará en esa manifestación del 1 de mayo con motivo del Día del Trabajador. Se trata de la primera vez que un ministro de Trabajo asiste a esa convocatoria de los sindicatos.

La dirigente del PP ha mostrado su sorpresa por que la ministra de Trabajo, tras las «muy malas» cifras del paro, vaya a acudir a esa manifestación. Según ha recalcado, el principal problema que tienen los españoles es el paro y «los datos y las noticias que llegan no son nada buenas».

«Mañana es el Día del Trabajo y saldrán los trabajadores a la calle contra un Gobierno del paro. Quizá por eso nos ha anunciado la ministra que va a encabezar la manifestación», ha declarado Rodríguez que ha calificado este hecho de «insólito» porque «siempre habían sido los sindicatos los que habían sido libres de decir lo que quisieran».

Además, Elvira Rodríguez ha contrapuesto los datos de empleo de Madrid con las cifras nacionales y ha recalcado que las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han dado resultado.

«En cuatro días los madrileños nos jugamos mucho, sobre todo lanzar una señal clara de cómo se tienen que hacer las cosas», ha afirmado, para insistir en que los datos de la EPA publicados este jueves confirman que el empleo «se portó mucho mejor» en Madrid que la media nacional.

«UN GOBIERNO OSCURANTISTA QUE NO DIALOGA»

La exministra de Medio Ambiente ha señalado además que el Gobierno ha enviado a Bruselas el Plan de Recuperación y se ha quejado de que lo sigan «sin conocer», ya que, según ha agregado, los «resúmenes» que hicieron llegar hace tres semanas «no explicaban cuáles son las reformas» que se van a realizar.

«No sabemos qué va a pasar con nuestros impuesto, con nuestro sistema de pensiones ni qué va a pasar con nuestro mercado de trabajo. En fin, más de lo mismo con un Gobierno oscurantista que no dialoga, que no pacta y que ha hecho un plan a largo plazo de España por su cuenta y riesgo», ha advertido en un acto junto al vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

Finalmente, la vicesecretaria de Sectorial del PP ha criticado que, con las malas cifras económicas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente hoy unas estimaciones optimistas en comparación con las que presentan otros organismos como el Banco de España.

El secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos, ha querido subrayar «con absoluta contundencia y claridad» que los fondos europeos de recuperación «van a llegar y poner dudas sobre eso no ayuda a nadie».

Así se ha pronunciado este viernes, en Huesca, en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Gracia, y el alcalde de la capital oscense, Luis Felipe, encuentro en el que también han participado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, y la delegada del Gobierno de España en Aragón, Pilar Alegría.

Francos ha abundado al señalar que el dinero de los fondos europeos «se va a repartir en breve», con 600 millones de euros para que las comunidades autónomas modernicen y digitalicen la Administración y 400 para el mismo fin destinados a ayuntamientos y diputaciones provinciales, financiación que empezará a llegar directamente en 2021 a las capitales de provincia.

Sobre uno de los proyectos que ha conocido en Huesca para optar a estos fondos, destinado a rehabilitar el edificio del antiguo Seminario y darle usos vinculados a la universidad, el secretario de Estado ha dicho que es un «buen proyecto de futuro» que quiere «revitalizar la ciudad».

Víctor Francos ha explicado a colación que el objetivo de estos fondos es que se dediquen a proyectos «de transformación, de conocimiento y de larga mirada», evitando «hacer hoy una cosa que mañana ya no tenga vigencia», y «no hay nada de más larga mirada que la universidad, no hay nada más importante para el futuro de una ciudad que su formación y, en este caso, la formación universitaria».

VISITA A LA ZONA

El secretario de Estado ha visitado la zona del antiguo Seminario de Huesca, cuyo proyecto incluye también la recuperación del entorno, con la creación de nuevas zonas verdes y públicas, convirtiéndolo en un nuevo foco de atracción turística, además de destinar el edificio para servicios públicos, educativos y científicos.

Este proyecto está valorado en 14 millones de euros y en el también participan el Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y la Universidad de Zaragoza. Es uno de los que ha presentado el Ayuntamiento oscense, que ha optado a ocho líneas de interés para recibir fondos europeos, con actuaciones que tienen un coste total estimado de 75 millones de euros.

Francos ha dado la enhorabuena a las institución implicadas. «No dudéis en que vamos a ayudar en todo lo que podamos para que para que llegue ese deseado dinero», ha asegurado, además de mostrar la disponibilidad del Gobierno de España para colaborar con la administración autonómica y local «en todo aquello en lo que podamos ser útiles» porque «estamos para intentar resolver problemas».

El secretario de Estado ha recordado también que ha visitado en los dos últimos días las tres capitales aragonesas, donde ha conocido proyectos para recibir estos fondos. Según ha dicho, «podéis estar orgullosos de vuestra tierra» porque «lo que he visto tanto en Teruel, como en Zaragoza, como en Huesca es dinamismo y ganas de sacar adelante el futuro para esta comunidad», para subrayar que el futuro «se construye con realidad, pero con optimismo».

Por su parte, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha hecho un alegato a la necesidad de «impulsar la coordinación y la colaboración entre administraciones» ante la situación de pandemia que se vive en la actualidad. «Solos no somos capaces de resolver todas las expectativas y los problemas que plantea el territorio», ha afirmado.

Tras agradecer al secretario de Estado su «cercanía y compromiso con los problemas del territorio», Mayte Pérez ha calificado la reunión mantenida en Huesca como «muy productiva» y ha indicado que el Ejecutivo autonómico está, por su parte, «canalizando propuestas y articulando mecanismos para que Aragón esté en la mejor situación de partida en el momento en que surjan las convocatorias».

Asimismo, ha querido trasladar «a la sociedad aragonesa que hay músculo público y privado en la comunidad» ante esta importante etapa. Sobre la intervención en el Seminario oscense, ha considerado que se trata de «un proyecto estratégico para la ciudad» y ha comunicado el «compromiso» del Ejecutivo autonómico con la iniciativa.

GESTIÓN DIRECTA

Asimismo, tanto el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, como el alcalde de Huesca, Luis Felipe, han expresado al secretario de Estado el interés de la administración local en participar directamente en la gestión de los fondos europeos para poder rentabilizar la inversión en aquellas cuestiones que de verdad interesan y conocen los ayuntamientos de primera mano, ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

Miguel Gracia ha detallado que las entidades locales españolas han aportado más de 4.000 manifestaciones de interés al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «La administración local quiere que se le escuche en la toma de decisiones y ejecución de estos fondos», ha enfatizado.

Por su parte, el alcalde, Luis Felipe, ha destacado que los ayuntamientos han contribuido de una forma fundamental en la atención directa y gestión de los problemas de los municipios derivados de la pandemia del coronavirus y por eso «es necesario, fundamental y eficiente contar e implicarlos en la gestión de estos fondos».

Durante la reunión, también se han puesto de manifiesto las líneas fundamentales en las que están interesados los ayuntamientos para destinar la financiación de la UE, como son servicios básicos, desarrollo de energías renovables, rehabilitaciones que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, conectividad y movilidad eficiente y sostenible.

En este punto, Miguel Gracia ha recalcado que los ayuntamientos, y sobre todo los más pequeños, requieren solucionar los problemas diarios a los que se enfrentan cuando tienen que dar respuesta a servicios o equipamientos que no son de competencia municipal, como colegios, centros de salud, patrimonio o cuarteles de la Guardia Civil, entre otros, pero que son de interés para el día a día de los ciudadanos.

En el encuentro han participado también la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho, la Secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, la concejala del Ayuntamiento de Huesca, Cristina de la Hera, el Director General de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres Herrero, y la Subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha presentado una denuncia en la comisaría del Congreso de los Diputados contra los integrantes de un presunto chat policial en redes sociales en el que vierten insultos y amenazas contra él y su entorno familiar.

En la denuncia, se dirige contra los participantes del grupo en Facebook ‘Primavera Española del CENEPE’ y que estaría compuesto, según relata en su escrito, por 15.000 miembros, todos ellos presuntamente integrantes de las Fuerzas y Seguridad del Estado.

Concretamente, se recogen insultos como ‘hijo de la gran puta, escoria, rata basura… No digo lo que haría contigo porque voy abrochado, cerdo’, ‘Pues yo follaría a su mujer’, ‘Y siempre será el parásito amigo de terroristas’ o ‘Quien siembra vientos recoge tempestades’.

También recoge otros mensajes como ‘Se las ha mandado a la que pintó la sede de Podemos (…) No saben qué hacer para rascar más votos y crispar a la gente, son basura.

Tras tener conocimiento de estos hechos, Iglesias ha interpuesto una denuncia en la Comisaría para que se investiguen a los integrantes de este grupo, que ya habrían sido investigados en otras ocasiones, por su presunto «carácter organizado» para «realizar amenazas y apología del terrorismo».

Además, alude a que estos comentarios podrían incurrir en un delito de injurias, amenazas y calumnias especialmente graves por proceder de presuntos agentes de la autoridad policial.

FOMENTAN ODIO Y VIOLENCIA

También plantea que las «graves comentarios y amenazas» contra su entorno proceden de un «gran número de integrantes» y están dirigidos «para que públicamente fomenten, promuevan o inciten de manera directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia» por «razones de ideología o posicionamiento político, en una escala de agresividad que rebasa ya la vulneración de los derechos contra el honor».

Sobre todo por personas que ostentan la autoridad policial y pueden suponer un «riesgo de quiebra de los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» previsto en la actual ley orgánica que regula su actuación.

Finalmente, solicita que se practiquen las diligencias necesarias para abrir una investigación que esclarezca la posible comisión de delitos, se identifiquen a los autores de estos comentarios y se dé traslado de la denuncia también a la Fiscalía.

La app Hospifun, desarrollada por cinco estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) para acompañar a menores hospitalizados, ha ganado la IX edición del ‘Programa e2: Estudiante x Emprendedor’, una iniciativa impulsada por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) en la UC, con el apoyo de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

El proyecto ganador, dotado con un premio de 2.000 euros, consiste en una aplicación móvil para acompañar a niños hospitalizados que les permite sociabilizar con otros niños en su misma situación a través de videollamadas o juegos didácticos en línea, y brinda un acompañamiento continuo que les ayuda a mejorar su calidad de vida durante la estancia en el hospital; y sirve de soporte al personal médico para monitorizar el estado anímico de los menores.

Durante el evento online en el que se dieron a conocer los ganadores del programa, el vicerrector de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la UC, Daniel Pérez, recordó que en las nueve ediciones de e2 se han formado más de 500 universitarios junto a 80 empresarios que los han acompañado en el desarrollo de sus proyectos, ha explicado la UC en un comunicado.

Por su parte, el director de Estrategia y Relaciones Institucionales del CISE, Federico Gutiérrez-Solana, destacó la «creatividad y esfuerzo» de los universitarios que trabajaron hasta lograr desarrollar un proyecto real, y subrayó que esta experiencia tiene «reconocimiento a efectos de empleabilidad en un futuro».

La estudiante de Grado en Ingeniería Informática y miembro del equipo que diseñó Hospifun, Carmen Marcos, explicó que en e2 han podido aplicar su creatividad, junto con todo lo que sabían de sus carreras, poniendo todos sus conocimientos en común y empezando un proyecto de cero.

Además, resaltó el papel de su mentora en el desarrollo del proyecto, que puso a su disposición conocimientos empresariales que no tienen.

La fundadora de TIM Consulting, Teresa Iglesias, ha conseguido desarrollar un proyecto «de gran impacto social», junto a David Iglesias (graduado en Física), Pablo Jaime (cursando el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos), Savannah Casillas (doble Grado en Relaciones Laborales y ADE), Daniel Postigo (Grado en Ingeniería Informática).

Los accésits, dotados con 500 euros cada uno, han recaído en el proyectp ‘On The Roads’ sobre autocaravanas domotizadas de alta gama y en ‘E-Conforu’, una herramienta para la regulación automática de la temperatura de grandes superficies a través del registro de la sensación térmica de los usuarios.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar los próximos 5 y 6 de mayo a P.N., un acusado para el que piden cinco años de cárcel por un delito de abuso sexual hacia una mujer en la capital ciudadrealeña.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a 2018 cuando el acusado y la víctima –A.– empezaron a hablar en el bar, situado en Ciudad Real, volviendo a hacerlo varias veces durante la noche.

En el transcurso de ese tiempo el acusado invitó a A. a dos cerveza. Esa noche la víctima consumió en torno a tres o cuatro cervezas, dos vinos y un chupito de un licor.

Cantidad de alcohol que, según el Ministerio Público, en otras ocasiones había consumido y le permitía ser plenamente consciente de sus actos. A lo que añade que se fumó también menos de un porro.

Así, prosigue que cuando A. se disponía a regresar a su domicilio, dirigiéndose por la calle a coger un taxi en la parada de la calle de la Mata, el procesado la siguió dándole alcance.

A partir de ese momento, continúa, la víctima perdió la conciencia de los actos que posteriormente se desarrollaron, de modo que viajaron en el taxi ella y el procesado hasta el hotel donde P.N. se había registrado la tarde anterior con otro nombre.

Una vez en la cama de la habitación del hotel, el procesado, aprovechó el estado en que se encontraba A. para abusar sexualmente de ella pese a que le dijo en reiteradas ocasiones que no quería mantener relaciones con él.

En este sentido, el fiscal señala que la víctima trató de quitarse al procesado de encima, apartándolo de su pelvis, si bien el estado en el que se encontraba le dificultaba las acciones defensivas, a la vez que le repetía que la dejase.

MIEDO A LA REDACCIÓN

Sin embargo, apunta, «por miedo a la reacción de éste, no se resistió, esperando que terminase para poder marcharse». A lo que añade que cuando terminó, A. perdió la consciencia, encontrándose aturdida, sensación y dolencia que nunca había sentido con anterioridad.

Por lo expuesto, el Ministerio Público concluye que A. presenta sintomatología congruente con haber sido víctima de un delito de abuso sexual y seguía recibiendo en 2020 asistencia psicológica debido a la ansiedad que le provoca tener noticias en cuanto al procedimiento judicial, aunque la sintomatología que ha ido presentando se ve disminuida y progresa favorablemente.

Por auto de 19 del 12 de 2018 se prohibió al acusado acercarse a A., a su domicilio, lugar de trabajo o cualquiera que sea el lugar en que la misma se encuentre a una distancia mínima de 200 metros y establecer con ésta cualquier tipo de comunicación directa o indirecta durante la sustanciación del presente procedimiento.

El fiscal pide imponer la pena de 5 años de prisión al acusado, natural de Gambia y en situación irregular en España, que será sustituida conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal por su expulsión del territorio español, no pudiendo regresar a España en un plazo de 8 años contados desde la fecha de su expulsión.

También pide la prohibición de acercarse a A., a su domicilio, lugar de trabajo o cualquiera que sea el lugar en que la misma se encuentre a una distancia mínima de 200 metros y establecer con ésta cualquier tipo de comunicación directa o indirecta durante 8 años.

La Fiscalía ha mantenido al final del juicio a un antidisturbios de Mossos d’Esquadra acusado de presuntamente agredir y lesionar al periodista de ‘La Directa’ Jesús Rodríguez que el agente le persiguió por la calle «sin justificación, muy avanzado a la línea policial», antes de golpearlo con la porra mientras informaba sobre el desalojo del ‘Banc Expropiat’ de Gràcia, en Barcelona.

«Uno de los agentes persigue a un ciudadano que está yéndose, que no estaba teniendo ningún tipo de actitud violenta, de provocación, ni siquiera de resistencia activa o pasiva que justificase tal grado de violencia», ha relatado la fiscal en su informe final en base a los vídeos de la jornada, y ha dicho que fue una actuación desproporcionada.

Durante el juicio en la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, la defensa del policía ha cuestionado que el acusado sea el mosso de las imágenes, sosteniendo que las grabaciones corresponden a dos momentos distintos: uno en el que se ve el número de identificación del policía y otro que muestra la agresión con la que se fracturó un dedo al periodista.

Sin embargo, en su informe final la fiscal ha rechazado esta tesis: «Es la misma carga, no otra carga u otra avanzada. Si se ven los vídeos completos, ocurren los mismos eventos y están las mismas personas».

También se ha referido a la declaración de Rodríguez y a las de otros periodistas que cubrían la protesta, de las que ha dicho que todas coinciden con las imágenes que se han mostrado en el juicio.

HASTA 4 AÑOS DE CÁRCEL

La acusación particular, que ejerce Irídia representando al periodista, ha rebajado de cinco a cuatro años de prisión su petición de condena, añadiendo el atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud del procedimiento judicial.

En el mismo sentido, la Fiscalía ha añadido el mismo atenuante, por lo que finalmente reclama una pena de dos años de prisión para el policía.

Por su parte, la defensa ha pedido a los magistrados eximir de responsabilidad al agente por tratarse de unos hechos en ejercicio de su empleo, y por haber actuado «para evitar un mal propio o ajeno».

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha expresado este viernes su apoyo a la madre que ha denunciado en Tenerife la desaparición de sus dos hijas cuando estaban junto a su padre. En este sentido, ha pedido que se deje trabajar a los agentes al cargo de la investigación.

En una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, el ‘número dos’ del Ministerio del Interior no ha querido dar detalles sobre el hallazgo de una sillita flotando en el mar o el registro del domicilio del padre de las niñas.

«Desde el momento que se recibió la denuncia por parte de la madre se han puesto a trabajar los mejores profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil», ha señalado, matizando que están a la espera de cualquier «avance» en la investigación que se pueda comunicar.

Rafael Pérez ha mostrado su apoyo a los familiares de las niñas en estos «duros momentos» y ha evitado contestar si se han hallado restos biológicos por parte de los investigadores. «Cualquier prueba será objeto del análisis de los profesionales de la Guardia Civil», ha indicado, pidiendo respeto por la investigación en curso.

PERIODISTAS FALLECIDOS EN BURKINA FASO

El alto cargo del Ministerio del Interior ha trasladado igualmente su pésame a los familiares de los dos periodistas asesinados en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile, cuyos féretros han sido repatriados este viernes en un avión del Ejército del Aire desde Uagadugú, la capital burkinesa.

Pérez ha comentado que los «especialistas en terrorismo» de la Guardia Civil y la Policía Nacional que están presentes en la zona del Sahel, señalada de máxima prioridad por su inseguridad, están desde el primer momento tratando de obtener el «máximo de pruebas para la investigación».

Esta labor, ha dicho, se está llevando a cabo de forma «diaria» con el Centro de Inteligencia Nacional (CNI), dentro de la investigación abierta por la Fiscalía y el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.

Como en el anterior caso, Rafael Pérez ha evitado «avanzar cuestiones que puedan afectar al trabajo conjunto» que hacen los diferentes servicios de Información. En su opinión, no es el momento de realizar un «análisis específico» sobre estas muertes ocurridas en el sur de Burkina Faso, en un lugar de «especial importancia por las acciones terroristas».

El Partido Socialista de Galicia ha instado este viernes al Partido Popular a rectificar su voto en contra de la modificación de la Ley de Cambio Climático al considerar que «elimina toda sombra de duda» y deja claro que no habrá efecto retroactivo en el plazo de concesiones.

Así lo han reclamado en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la Cámara gallega el coordinador de la Interparlamentaria del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, y el viceportavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Pablo Arangüena.

Leiceaga, que ha recordado que tras la incorporación de las enmiendas la ley pasará al Congreso para su voto final, ha explicado que el nuevo texto cambia la expresión «actos dictados» por «actos que se dicten», siguiendo la línea sugerida por el Consejo de Estado y eliminando cualquier tipo de duda sorbe su irretroactividad sobre las concesiones de actividad en la costa.

Ante ello, el socialista ha considerado que el Gobierno gallego «debe de estar mucho más tranquilo» tras la campaña de presión contra este artículo 18.3 de la ley. Además, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que «después de haber amenazado con un recurso de inconstitucionalidad» para alcanzar esta modificación, el propio PP votase en contra.

«Tienen la opción de rectificar y votar a favor» en el debate que se producirá a continuación en el Congreso para ratificar la enmienda, ha explicado Leiceaga.

Por su parte, Pablo Arangüena ha señalado que, «si el PP decía que el problema de la ley era la retroactividad y la enmienda despeja cualquier duda sobre la misma, es incomprensible que haya votado en contra». «El problema no es un artículo ni tres palabras en la Ley de Cambio Climático, sino la irresponsabilidad del Gobierno gallego, que juega con las cosas de comer para obtener rédito político», ha dicho.

En este sentido, ha criticado la «estrategia de confrontación» a cualquier precio por parte de la Xunta que «pone en riesgo a todo un sector» al generar una «profecía autocumplida», ya que «desincentiva la inversión y provoca que el capital huya.

CRÍTICAS DE LA APDR

Por otra parte, en un comunicado remitido a los medios, la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) ha acusado al Partido Socialista de «ceder a las exigencias de Ence y de la Xunta» al permitir que se aprobasen las modificaciones de la ley que afectan a los plazos y a la permanencia de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre.

«Aceptan la formulación exigida para el artículo» y «aceptan también que los 75 años de plazo máximo para las concesiones empiecen a contar desde el momento en el que se inicia el funcionamiento de la actividad y no –como fija la legislación de Costas y mantenía este proyecto– desde la fecha de concesión», afirma la asociación.

La APDR asegura que esto supone, en el caso de Ence, que ese plazo no se finalice en el año 2033, sino en el 2037.

Con todo, en referencia a esta cuestión, el propio Leiceaga ha recordado que la prórroga de Ence está recurrida judicialmente. «Y esto no se va a decidir en sede parlamentaria ni se va a decidir por el Gobierno, se va a decidir por los tribunales de justicia», ha señalado para incidir en que el cambio «no afecta en absoluto» a este.

La futura ley de atención residencial de Castilla y León, que afecta tanto a mayores como a personas con discapacidad, eliminará las sujeciones físicas y biológicas salvo en casos extremos, establecerá un profesional de referencia y el gestor de caso y evaluaciones periódicas para vigilar la calidad de los centros y la atención, algo que irá concatenado con las inspecciones que se realizan.

Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha presentado el texto de la futura ley, que se somete a información pública desde este viernes durante el doble de plazo que el resto de textos en el Gobierno Abierto de la Junta, durante 20 días.

La consejera ha señalado que la ley se sustenta en tres ejes principales como son el de carácter ético por la protección de los más vulnerables que viven en estos centros (más de 41.500 personas) y el respeto a su propia proyecto de vida; la modernización e innovación con la adaptación a las nuevas tecnologías; y el hecho de que mire al futuro, ya que pretende ser novedosa y pionera, al ser la primera de de España, por lo que se ha hablado con el Gobierno central para que sirva de referencia.

El texto se basa en cuatro pilares principales que se concretan en el reconocimiento a la dignidad de la persona, la arquitectura y la organización de los centros, la calidad y la innovación y los profesionales.

El primer pilar, ha explicado la consejera, se centra en la persona, en que sea ella la que elija qué quiere hacer de manera autónoma y con qué apoyos quiere contar mediante su proyecto de vida. Para ello, en la elaboración del borrador, además de contar con grupos de trabajo y los diferentes interlocutores relacionados con el sector, se ha tenido en cuenta la experiencia del programa ‘En mi casa’, además de la experiencia en otros países como los nórdicos.

En este pilar se atiende también a la perspectiva ética, con la eliminación de sujeciones salvo en casos de extrema necesidad en que haya peligro para la integridad de la propia persona.

ORGANIZACIÓN

El segundo de los aspectos en los que se basa el texto es la arquitectura y la organización de los centros, que deberán distribuir sus estancias en tres áreas. La primera, de unidades de convivencia, contará con habitaciones -siempre individuales, salvo que por expreso deseo del usuario se les asigne uso doble- y zonas comunes -para cocina, comedor y sala de estar-. Estos ‘minihogares’ no podrán superar una ocupación máxima de 12 plazas, lo que permitirá gestionar posibles contingencias como la ocurrida con la COVID-19 pero también con cualquier otra que pudiera surgir.

A este respecto, la consejera ha incidido en que en Castilla y León ya están implantadas 200 unidades de convivencia (168 totalmente y 32 que lo harán próximamente), de las que una cuarta parte están en centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales.

La segunda área serán los espacios comunes, reservados para equipamientos generales, y ahí se ubicarán la sala de actividades y las dependencias de dirección y administración. La tercera se habilitará para servicios generales, como la recepción y el control, o los de carácter hotelero, comunes a todo el centro.

Además, en el ámbito de la organización, se establece cómo deben ser su estructura y los programas de intervención, la atención sanitaria a través del sistema público de Castilla y León sin perjuicio de que pueda existir un médico en función de las ratio que se marquen en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que trabajará en esta materia y también definirá los tipos de profesionales y su cualificación, ha explicado Blanco.

NUEVAS FIGURAS

Un tercer pilar se refiere al ámbito del personal y los profesionales con los que deberán contar las residencias y crea dos nuevas figuras como son el profesional de referencia de atención residencial y el gestor de caso.

El primero de ellos es el encargado de garantizar la ejecución del proyecto de vida, de manera los residentes tengan siempre la misma persona de referencia, ha explicado la consejera, quien ha enmarcado esta figura en las unidades de referencia, en las que se pretende evitar la rotación actual de profesionales.

Por su parte, el gestor de caso tendrá como función principal optimizar la coordinación entre residentes, familia, el profesional de referencia y el resto de compañeros y estructuras del centro, así como la de promocionar las actividades en la comunidad.

Otro de los pilares es el de la calidad y la innovación, ha explicado Blanco Llamas, quien ha concretado que se implantará un sistema de obligado cumplimiento que permitirá hacer una evaluación permanente en la que se tendrán en cuenta diferentes parámetros como las ratio o la percepción de los usuarios.

Además, ha añadido que se hará un informe anual sobre la situación de todos los centros y se clasificarán con una baremación y se podrá conocer cuál es el más valorado, lo que será un «factor determinante» para elegir centro a la hora de acceder al mismo por parte de los usuarios pero también a la hora de concertar plazas.

Esto, ha aclarado la consejera, será un «complemento» a la inspección, que continuará con sus funciones habituales pero en el que también se avanzará mediante la innovación, ya que se apoyará en un sistema de información que recogerá datos en tiempo real y a distancia de los requisitos de obligado cumplimiento en materia de ratios de personal y cualificaciones, organización de los servicios o documentación obligatoria, entre otros aspectos.

A este tipo de innovaciones se sumarán otras iniciativas como el proyecto piloto para implantar robots en los centros residenciales para ayudar a los cuidados o un sistema de telemonitorización para conocer el estado de salud de los residentes en tiempo real.

La consejera ha señalado que tras la presentación de posibles alegaciones a través del Gobierno Abierto, las mismas se estudiarán y se incorporarán las que se consideren para después continuar los trámites con los informes perceptivos, tras lo que se baraja que la ley pueda aprobarse en el Consejo de Gobierno de la Junta a finales de año o principios de 2022 y después ir a las Cortes.

La ley, que llevará acompañada una memoria económica, establecerá plazos para la adaptación de las residencias, ya que muchas de ellas tendrán que hacerlo tanto desde el punto de vista arquitectónico como organizativo.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha reivindicado que solo la firmeza de su espacio político conseguirá que el PSOE opte por el «camino correcto» en lugar del «fácil», pues es la única vía de movilización para «mandar a la oposición» a la derecha y «al fascismo».

En consecuencia, ha defendido que su determinación «despeja ya las incógnitas» y ha advertido de que «no van a tragar» ante la intención de los socialistas de no acometer una reforma fiscal que incremente los impuestos a las rentas más altas tras el 4 de mayo y posponerla a las siguientes elecciones.

Así lo ha trasladado durante un mitin electoral en el distrito de Usera junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y varios miembros de su candidatura como Sol Sánchez, Vanessa Lillo, Serigne Mbaye y Carolina Alonso.

En un discurso centrado en animar a la participación, Iglesias ha destacado que la trayectoria de Unidas Podemos, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo de coalición estatal, es lo que «marca la diferencia» para desplegar políticas de izquierda y, precisamente por ello, Ayuso y la derecha arremeten contra su candidatura.

¿Pensáis que vamos a tragar con que no haya reforma fiscal en Madrid que dentro de dos años ya veremos (…) que no vamos a hacer lo necesario para que entren 10.000 profesores en educación? (…) Sabemos que para llegar a acuerdos es necesario ser firmes», ha sentenciado Iglesias.

El exvicepresidente ha confesado que, durante estos años, ha aprendido que la «dureza y agresividad» es el precio a pagar por «cambiar las cosas» aunque se les dijera que era «imposible».

SU LABOR ES GARANTÍA DE GOBIERNO DE LA IZQUIERDA

Por ejemplo, ha rememorado que algunos, con «arrogancia», les dijeron al movimiento 15M que para lograr sus reivindicaciones tenían que montar un partido y ahora «se arrepienten» de ver a ministros de Unidas Podemos como Irene Montero, Alberto Garzón, Ione Belarra o Manuel Castells.

También ha aludido a que decían que no había forma de un gobierno alternativo al PP pero demostraron lograr los apoyos suficientes para que el socialista, Pedro Sánchez, fuera presidente del Ejecutivo, pese a tener que escuchar que se le llamaba «amigo de independentistas.

En esta línea, ha reivindicado que volvieron a desoír a aquellos que les invitaban por la senda «fácil» y que apoyaran un acuerdo programático pero sin entrar en el Gobierno, el «decir a ‘yo a tu izquierda pero gobierna tú'». Pero Iglesias ha ensalzado que la respuesta de su espacio político fue lograr el primer gobierno de coalición en 80 años pese a frases como «no puedo dormir si tú estás en el gobierno», en alusión a unas declaraciones del propio Sánchez,

Y esa senda ha llevado también a tener a la «mejor ministra de Trabajo de la historia», Yolanda Díaz, que logró que 3,5 millones de trabajadores no perdieran su empleo al activar el mecanismo de protección de los ERTE o impulsar la ley del ‘Solo sí es sí’ cuando la sociedad «tembló» ante la sentencia de ‘la manada’ para que ningún juez diga «que no hay violación cuando hay violación».

También ha ensalzado que hicieron lo «correcto» al llegar a un acuerdo con el PSOE para regular los alquileres aunque «no fue nada fácil» que Sánchez rubricara su firma en ese acuerdo y ahora cueste que se aplique en la nueva Ley de Vivienda ante la presión de la patronal inmobiliaria.

EL PSOE «YA NO SE ATREVE» A MIRAR A LA DERECHA

Pero Iglesias ha dejado claro al PSOE que «o se cumple lo firmado» o la Ley de Vivienda no sale con sus votos en caso de no regular el alquiler. «Tendrían que hacerlo con la derecha pero eso ahora no se atreven ya», ha exclamado Iglesias para detallar que su presencia impide que los socialistas no ve muevan de los planteamientos de izquierda.

También ha loado el papel de Unidas Podemos al conformar un bloque de investidura a raíz de los Presupuestos Generales del Estado cuando el pasado verano se abrió la «carrera» por lograr los apoyos de la izquierda o de Ciudadanos.

El resultado fue «no dejar ni una posibilidad a que en el futuro el PSOE se equivocara de lado» con una correlación de fuerzas que, a su juicio, hace que den números para que la izquierda gobierne entre 15 o 20 años el país.

«Ahora ya no pueden elegir (…) les hemos quitado el camino fácil. Ha costado mucho pero ya no hay opción», ha sentenciado el exvicepresidente para recalcar que todo el mundo «tiene la suficiente madurez» para saber que si a sus aliados se les ofrece el camino fácil, «no son como Unidas Podemos».

De hecho, Iglesias ha insistido que a Ayuso tampoco se le derrota por la senda fácil y que, pese a que digan que «están acabados», la gente sabe que «marcan la diferencia» para fraguar políticas de izquierda.

ACABAR CON EL «MALDITO CLASISMO» DE LA DERECHA

Luego ha arremetido contra esa noción de la «cultura del esfuerzo» que defiende la derecha cuando al líder del PP, Pablo Casado, «le regalaron la carrera y el máster» y el presidente de Vox, Santiago Abascal, «no puede competir en su hoja laboral con nadie» de Usera al vivir de «los chiringuitos de Esperanza Aguirre.

«¡Qué esfuerzo tuvieron los que tuvieron que irse de Cuba por explotar a los trabajadores!», ha espetado en clara referencia a la candidata de Vox a estos comicios, Rocío Monasterio.

También ha ironizado con la concepción de libertad para Ayuso, que a su juicio es «poder irse de cañas» o «no encontrarse a su ex», llegando a bromear que si eso ocurriera podía pensar que «han llegado los comunistas al Gobierno».

Frente a ello, ha reivindicado que la libertad está ligada a la igualdad de oportunidades y para ello se requiere una educación «con los mejores maestros» para que los hijos de las clases populares.

Además, ha asegurado que la derecha y los privilegiados «odian» que haya una ministra que es hija de un líder sindical, como Díaz, o que también lo sea una mujer que sacó matrículas de honor en su carrera y «trabajó de cajera», en alusión a Montero al pensar que «son puestos reservados para ellos».

Por tanto, ha reclamado una movilización de los barrios humildes para vencer a su «maldito clasismo» y que no soportan que «el hijo de una abogada de comisiones obreras que se crió en Vallecas pueda comprarse con su dinero la casa que le dé la gana en lugar que se la regale Kike Sarasola», ha lanzado para exigir luego a Ayuso que muestre la factura del apartahotel en el que estuvo residiendo en la primera ola.

Los especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hallado restos de ADN y huellas dactilares en las tres primeras cartas con amenazas enviadas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el exvicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE.

El ‘número dos’ de Grande-Marlaska ha pedido dejar trabajar a los especialistas de criminalística para dar con el autor o los autores de las cartas con balas en su interior del calibre 7,62 mm y las amenazas remitidas a diferentes cargos públicos.

«Lo que sí podría adelantarle en este momento sería que se han encontrado restos tanto de ADN como de unas huellas dactilares», ha señalado con respecto a las primeras cartas, sin detallar si estas evidencias son las mismas en todos los sobres.

En este sentido, ha solicitado que «ahora toca dejar trabajar a criminalística para ver si estas huellas y restos de ADN pueden arrojar algún tipo de resultado».

Previamente, había hablado de que las primeras cartas remitidas al Ministerio del Interior –la de Grande-Marlaska e Iglesias– y a la Dirección General de la Guardia Civil –en el caso de Gámez– eran «manuscritas pero habiendo utilizado una regla hueca».

En lo relativo a las balas, Pérez ha indicado que se ha detectado a la empresa que las fabricaba en España y el tiempo de fabricación. «Parece que se corresponde con los años 80», ha señalado, confirmando que es munición que ya está en desuso. En cuanto a los sobres, la investigación ha permitido determinar que la «empresa fabricante, en principio, no sería una española, pero sí la distribuidora en España».

POSIBLE EFECTO CONTAGIO

Las primeras cartas a Grande-Marlaska, Iglesias y Gámez se conocieron el pasado 22 de abril, en medio de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. Luego se han conocido otros envíos, de nuevo al líder de Unidas Podemos y candidato a estos comicios y, además, a la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, en este caso interceptada por Correos en Sant Cugat (Barcelona).

Al ser preguntado por un posible efecto contagio, Rafael Pérez ha señalado que su opinión como secretario de Estado de Seguridad es que desde el Ministerio y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «tienen obligación de investigar y perseguir cualquier tipo de delito, sobre todo aquellos que podemos considerar que tienen una cierta gravedad y entidad».

Esto es así para poder «neutralizar cualquier tipo de amenaza que se pueda producir contra un cargo público o cualquier ciudadano». «Tenemos que proteger a la totalidad de ciudadanía y neutralizar a aquellos que quieran amenazar a otros, y garantizar que nos podemos desenvolver libres en esta democracia que nos hemos dado».

DENUNCIA DE IGLESIAS POR CHAT POLICIAL

El ‘número dos’ del Ministerio del Interior también se ha referido a una denuncia de este mismo viernes de Pablo Iglesias por un presunto chat de policías que vertían insultos y amenazas contra él en un grupo de la red social Facebook.

«Parece ser», ha respondido, «que la denuncia se ha interpuesto en la comisaría del Congreso de los Diputados y el hecho de que se haya acudido, precisamente, a la comisaría del Congreso de los Diputados demuestra ya confianza del propio denunciante en la Policía Nacional y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, confianza y apoyo que tienen también desde la Secretaría de Estado de Seguridad».

En este sentido, ha repetido un mensaje habitual del ministro Fernando Grande-Marlaska: «Nuestros policías nacionales y guardias civiles cuando se visten de uniforme se visten con el uniforme de los valores constitucionales y actuando siempre con la mayor de las neutralidades».