La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han sostenido este viernes una reunión con representantes de la Comisión Europea a los que han expresado su preocupación por la actual situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), planteando la necesidad de renovarlo y de reformar el sistema por el que se elige a sus vocales.
La reunión formaba parte de la ronda de contactos que hace Bruselas con los actores relevantes de cada país para revisar su informe anual sobre el Estado de Derecho en los estados miembros, donde reflejará su análisis de la información que ha ido recabando en estas reuniones. Este viernes ha sido el turno de los jueces españoles, que han acudido representados por las cuatro asociaciones para contestar a un cuestionario prefijado.
Según han informado las asociaciones judiciales, uno de los ejes ha sido la actual situación del CGPJ, que lleva más de dos años caducado y, tras la reforma aprobada el pasado mes de marzo, tiene sus funciones limitadas, por lo que, entre otras cosas, no puede realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
En este punto, las asociaciones han coincidido en que es necesario tanto renovar como abordar una reforma sobre la forma de elección de los miembros del CGPJ en línea con las recomendaciones de la propia Comisión Europea y del Consejo de Europa, conforme a las cuales al menos la mitad de los vocales deberían ser elegidos por los propios jueces. No obstante, difieren sobre por dónde empezar.
ELEGIDOS POR LOS PROPIOS JUECES
El presidente de la APM, Manuel Almenar, ha expuesto que, aunque desearían que la renovación y la reforma fueran «algo simultáneo», llegados a este punto no se puede condicionar la primera a la segunda porque «la renovación es urgentísima» y se demoraría «innecesariamente» si tuviera que esperar a una modificación legal de tal calado.
Además, Almenar ha transmitido a Bruselas la preocupación de la APM por la reforma ya realizada para limitar las competencias de un CGPJ en funciones. «Aunque pueda parecer inocua, lo cierto es que supone una injerencia peligrosa del poder político en el Poder Judicial», ha dicho.
A este respecto, ha explicado que la reforma vigente priva al CGPJ de competencias que le reconoce la Constitución para garantizar la independencia de lo jueces y con ello la separación de poderes.
Asimismo, ha criticado que «descabeza» la carrera judicial porque paraliza los nombramientos pendientes en los altos tribunales, generando con ello «graves disfunciones en la prestación del servicio público».
Por su parte, Jorge Fernández Vaquero ha defendido la postura de la AJFV, que entiende que, tras la reforma operada, la proposición de ley para cambiar las mayorías parlamentarias por las que se elige a los miembros del CGPJ –ya retirada por PSOE y Unidas Podemos– y las «oscuras» negociaciones para renovar el Consejo, lo acuciante es modificar el sistema de elección de los doce vocales procedentes del turno judicial, para después renovar en base a ello.
En la misma línea, la presidenta del FJI, Concepción Rodríguez, ha comunicado a Bruselas que el CGPJ ya no representa a la carrera judicial como debiera porque el mecanismo de designación está agotado. «Ya son 36 años y no queremos pasar otros 5 más», ha comentado. En consecuencia, ha reivindicado igualmente la idea de primero reformar y luego renovar, apostillando que «si se volviera al sistema mixto no habría problemas de renovación» porque los jueces cumplirían.
En cambio, Juezas y Jueces para la Democracia, conforme ha señalado su portavoz, Ascensión Martín, ha respaldado ante la Comisión Europea que restringir competencias en periodo de interinidad es algo legal que ya ocurre en otros poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, al igual que sus compañeros, ha puesto de relieve la preocupación de JJpD por la «anomalía democrática» que supone que el CGPJ lleve más de dos años caducado.
En su caso, la asociación progresista ha abogado por elegir a los nuevos miembros del Consejo, sin perjuicio de que posteriormente se abra un «periodo de estudio» sobre una eventual reforma encaminada a que sean los jueces quienes designen a los doce vocales del turno judicial.
DESCALIFICAIONES A JUECES
La APM, en su valoración de conjunto sobre el panorama de la Justicia en España, ha sacado a relucir que «se empiezan a detectar actitudes difícilmente compatibles con los valores y principios que inspiran el Estado de Derecho», mencionando en particular las «descalificaciones» a jueces.
Una cosa es la crítica de las resoluciones judiciales, que es necesaria y cosustancial a una democracia, y otra muy distinta que la crítica se transforme en descalificaciones o incluso en amenazas más o menos veladas a través de los medios de comunicación o redes sociales a los jueces que llevan determinadas causas», ha denunciado.
Rodríguez también ha puesto encima de la mesa la necesidad de suprimir las «puertas giratorias», proponiendo que si un togado quiere entrar en el mundo de la política pueda hacerlo pero ya no pueda retomar su función jurisdiccional. Y ello, ha aducido, para mejorar la imagen de independencia de la Justicia entre la ciudadanía.
En cuanto a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ve como principal reto para la administración de justicia en estos momentos el riesgo que se cernería sobre el Estado de Derecho por los movimientos citados.
OTRO MODELO DE FISCALÍA
Otra de las cuestiones por las que la Comisión Europea ha preguntado a los jueces españoles es la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aún en fase de anteproyecto, que arrebatará la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales.
Las asociaciones han estado de acuerdo en que, si finalmente se implanta este modelo de proceso penal, habrá que pensar también un nuevo modelo de Ministerio Fiscal que garantice la independencia del fiscal instructor.
La APM, ha explicado Almenar, cree que deben seguir instruyendo los jueces porque «no hay razones que permitan apreciar la necesidad ni la conveniencia» del cambio. Pero, ha añadido, si se apuesta por el fiscal instructor, habrá que hacer una «profunda reforma» del Ministerio Fiscal para que haya una verdadera autonomía de quienes investigan causas penales.
«El actual diseño no ayuda a generar confianza, y menos aún cuando la actual fiscal general del Estado pasó directamente del Gobierno a la Fiscalía General del Estado», ha estimado, en posiciones similares a las de AJFV y FJI, aunque JJpD ha abogado asimismo por abordar la reforma del Ministerio Público de forma paralela a la de la LeCrim.
LA JUSTICIA EN PANDEMIA
Por último, Bruselas se ha interesado por cómo ha funcionado la administración de justicia durante la pandemia de coronavirus, así como por el uso que se hace de las herramientas digitales en los juzgados y tribunales españoles.
Almenar ha manifestado que la crisis sanitaria ha provocado una ralentización del funcionamiento de la Justicia, sobre todo durante el primer estado de alarma, dando lugar a un aumento de la carga de trabajo y a una demora en la resolución de los asuntos. Frente a ello, ha reclamado, más jueces, planes de choque y medidas legislativas para agilizar procedimientos.
Martín ha puesto el acento en la brecha digital, ya que no todos los órganos judiciales ni los ciudadanos cuentan con medios telemáticos, lo cual –ha advertido– puede propiciar desigualdad en el acceso a la Justicia, exigiendo igualmente más jueces e inversiones.
