La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha defendido este lunes que «contra el discurso del odio y las falsas noticias que lo alientan» hacen falta «noticias de verdad, empatía, diversidad, una educación que enseñe a separar el trigo de la paja y algoritmos más transparentes en las redes sociales». En el día internacional de la libertad de prensa, ha lamentado que «la persecución del periodismo y la precarización de los periodistas colaboran objetivamente con este problema».

La intervención de la eurodiputada vasca se ha producido esta tarde en Bruselas en el seno de la comisión de asuntos políticos, seguridad y derechos humanos de la Delegación de EuroLat, una agrupación de parlamentarios de la eurocámara y de distintas asambleas parlamentarias de América latina y región del Caribe, como los parlamentos de Mercosur, el Parlandino, el Parlatino y el parlamento latinoamericano.

EuroLat adopta y presenta resoluciones y recomendaciones a varias organizaciones, instituciones y grupos ministeriales responsables del desarrollo de la Asociación Estratégica Birregional. En el orden del día, la parte europea ha presentado un documento de trabajo para colaborar en ambas regiones del mundo para combatir «los discursos de odio y proteger los derechos de las víctimas de la violencia y discriminación que produce», según ha informado el PNV.

Izaskun Bilbao ha comenzado su intervención emplazando a que «la prevención de los discursos de odio sea tan global, completa y compleja como las causas que los han hecho progresar». «Nuestra Unión ha demostrado que promover la diversidad como nexo entre personas muy diferentes es fuente de convivencia, de paz, de desarrollo y justicia social. El odio y sus impulsores se basan, precisamente, en la idea contraria. Pintan un mundo en blanco y negro en el que unos, nosotros, los buenos, somos los elegidos, los que tenemos derechos. El resto, los demás, los otros, no merecen respeto ni consideración», ha dicho.

Frente a ese esquema de pensamiento «que degrada el debate público, empatía y diversidad», la eurodiputada vasca ha animado a quienes tienen responsabilidades políticas a «promover el acuerdo frente a la polarización, porque la vida de verdad y la convivencia cotidiana son posibles porque hay acuerdo y negociación en cada casa, en cada comunidad de vecinos. Y ese esquema debe funcionar también en los parlamentos».

En el día internacional de la libertad de prensa, ha insistido en que «necesitamos además unos productores y difusores de noticias contrastadas» y ha lamentado que «la persecución de los periodistas y la precarización de este noble oficio colabora objetivamente con la expansión del discurso del odio. En ese sentido, ha advertido de que «las falsas noticias se colocan más fácilmente cuantos menos profesionales de la información puedan elaborar y difundir noticias de verdad».

Finalmente, ha abordado los cambios en la adquisición y difusión de conocimientos que ha traído la revolución digital y ha apostado por combatir el conocimiento superficial. «Necesitamos una educación que enseñe a separar el trigo de la paja aprovechando el acceso a la mucha información que proporciona el entorno digital. Y prestemos atención a los algoritmos que se dedican a lo contrario promoviendo en las redes el discurso más nocivo porque genera tráfico, desestabiliza o impide debates de verdad. Hay demasiados intereses aliados con esos objetivos que están destruyendo nuestra convivencia», ha defendido.

MULTILATERALISMO

En la misma reunión de esta comisión los participantes han analizado los cambios que el Covid debe introducir en las políticas de la cooperación y en el impulso del multilateralismo en las relaciones internacionales. La eurodiputada vasca ha resumido que «la crisis del Covid se convertirá en oportunidad si pone de moda en todo el mundo el crecimiento sostenible e inclusivo. Vacunar sí, pero también contra la pobreza y la desigualdad».

Ha destacado que la pandemia ha enseñado mucho sobre profesiones esenciales, deslocalizaciones y «nos ha confirmado que un sistema de salud robusto, accesible e igualitario es el tesoro que pensábamos, una de las bases de una sociedad justa». «Ha demostrado el valor de la ciencia y la investigación. Y ha puesto de relieve que las desigualdades existentes en estos aspectos entre diferentes zonas del mundo no son ni inteligentes ni sostenibles», ha agregado.

La Policía ha archivado la investigación abierta para esclarecer el robo de más de 5.000 euros, correspondientes a dinero de taquilla, en el Palau de la Música de Valencia en agosto del pasado año. La sustracción fue denunciada por el auditorio ante la Policía Nacional en septiembre de 2020.

Tras las labores de investigación llevadas a cabo desde entonces, la policía ha decidido ahora archivar el asunto al no poder «identificar a nadie como autor», según ha informado este lunes el diario Las Provincias a partir del informe policial resultante de este proceso. Asimismo, este periódico indica que no se descarta que pudiera producirse un error en el recuento del dinero.

Los responsables del Palau de la Música denunciaron la falta de esos euros tras percatarse a la vuelta de las vacaciones de que faltaban unos 5.000 del dinero de la taquilla. Entonces informaron de este hecho a los servicios jurídicos, que instaron a cumplir el protocolo en este tipo de casos e interponer la correspondiente denuncia ante la Policía.

La decisión policial de archivar la investigación ha llevado también al auditorio valenciano a cerrar el expediente informativo interno que abrió sobre el robo, según han indicado fuentes municipales. Asimismo, han recordado que este quedó paralizado –por una «cuestión legal»– ante la apertura de la investigación policial.

Las mismas fuentes han señalado que el Palau de la Música, que ha celebrado este lunes un consejo de administración en el que se han abordado estos temas, ha recibido la notificación de la Policía en la que le comunica su decisión.

Desde el PP, la concejala Julia Climent ha exigido el informe policial donde se archiva la investigación por el robo, y ha señalado en un comunicado que este hecho «no puede quedar impune, deben exigirse responsabilidades políticas».

«Si finalmente se debe a un error contable, estaríamos ante algo más grave porque estaríamos hablando de una negligencia, lo que demuestra una dirección errónea», ha mantenido la edil. En este sentido, Climent ha pedido explicaciones, acceso al informe policial y a la investigación interna que anunció el Ayuntamiento de València.

La concejal del PP ha recordado las «graves deficiencias» detectadas por la auditoría y y el interventor del Ayuntamiento «donde se pone negro sobre blanco el deficiente control en el área de tesorería», con «un insuficiente control e indebida custodia de la recaudación de la caja en efectivo» y sin la «ausencia de arqueos periódicos y/o sorpresivos, lo que supone la no detección de faltantes por robo o fraude». «Ante esta situación, exigimos más controles y restringir los movimientos en caja fija», ha pedido Climent.

DEUDAS

Por otro lado, la edil ha alertado del incremento «alarmante» de las deudas del Palau ya que en la Cuenta General de 2020, se detecta en la cuenta 4300, que recoge los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de los Deudores por Derechos Reconocidos del ejercicio corriente, un total de 1.176.972,20, «cuyo origen es reflejo de los derechos reconocidos pendientes de cobro que figuran en la liquidación del presupuesto a dicha fecha».

El PP destaca que en 2019 esta cuenta era de 31.751,52, lo que supone un aumento del 3.600 por ciento. Parte se deben a transferencias del Ayuntamiento que aún no ha llegado el Palau, señala el PP.

La congregación de los Hijos de la Sagrada Familia, responsable del colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona, ha apartado preventivamente al cura vinculado al centro a quien el informático del colegio presuntamente descubrió material pedófilo en su ordenador, y tienen abierto un expediente informativo tanto al denunciante como al párroco.

Fuentes de la congregación han explicado que se ha aislado al religioso de sus actividades con menores desde que tuvieron conocimiento de los hechos, pero no aprecian «ningún indicio» de que haya cometido ningún delito ni infracción, por lo que cerraron el expediente el 28 de abril.

«No sabemos qué ha pasado con el señor párroco porque no sabemos cuál es el contenido que han intervenido los Mossos», han concretado dichas fuentes.

En el documento, adelantado por TV3, la congregación afirma que no le consta que se haya abierto expediente de cualquier otro tipo contra el cura, ni que se le haya acusado de ningún delito ni haya sido detenido o puesto a disposición judicial, si bien los Mossos d’Esquadra informaron de su detención el 27 de marzo.

Por otro lado, el expediente relata que el informático se puso en contacto con la policía catalana por Twitter y les entregó el ordenador «sin que el sr. Párroco supiera nada».

Por ello, la congregación afirma que el denunciante «ha atentado contra los derechos a la intimidad, privacidad y propia imagen» del cura de forma injusta e injustificada –según el texto– y dice que su actitud podría constituir un delito de revelación de secretos, adjuntando las penas de cárcel previstas para esa tipificación.

El expediente informativo termina pidiendo a la dirección del colegio que valore si la actitud del informático atenta contra las obligaciones de su contrato laboral y los principios éticos de la congregación, si pone en peligro derechos de la comunidad educativa, y si es necesario denunciarle a la Fiscalía o interponerle una querella.

El informático, en un documento de alegaciones, ha explicado que se limitó a «seguir las instrucciones» de los Mossos y que no ha hablado del tema con nadie más que con la policía por discreción, ha negado haber cometido ningún delito y ha dicho que ha actuado por obligación como ciudadano.

APOYO DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICOS

El Colegio Oficial de Ingeniería Técnica en Informática de Catalunya (Coetic) y el Colegio Oficial de Ingeniería en Informática de Cataluña (Coeinf) apoyaron al denunciante en sendos comunicados.

Las entidades afirmaron que la actuación del informático constituye «un ejemplo para el colectivo» y avisaron de que las acciones sancionadoras contra dichas actitudes serían injustificadas, incorrectas y lesivas.

El desahucio de un matrimonio con tres hijos, dos de ellos menores de edad, fijado para el pasado 29 de abril en Barakaldo (Vizcaya), ha quedado suspendido por el plazo de un mes, «y ni el Ayuntamiento de Barakaldo, ni Etxebide del Gobierno Vasco han ofrecido una alternativa habitacional», según ha denunciado la plataforma Kaleratzerik EZ! Bizkaia.

Según ha informado Kaleratzerik EZ! Bizkaia, la familia tenía un alquiler privado porque Alokabide «no tenía vivienda» de alquiler social y la propia plataforma les tuvo que comprar comida la semana pasada porque «ya no tenían dinero».

La plataforma ha considerado «sorprendente» que el Ayuntamiento de Barakaldo apruebe en el pleno de noviembre de 2015 que es «un Municipio Libre de Desahucios y se olvide de atender a las familias vulnerables».

Tras afirmar que «es habitual esta forma de ignorar los derechos fundamentales de la ciudadanía», la plataforma ha informado de que el juzgado ha suspendido por un mes el desahucio. «Confiamos en que con la prórroga que ofreció el presidente del Gobierno en el Congreso se prorrogue también la suspensión del desahucio. Estaremos atentos», ha advertido.

Por otro lado, ha explicado que se le ha pedido al juez que se requiera a los organismos públicos correspondientes con competencia en la materia, especialmente a la Consejería de Vivienda de la Comunidad Autónoma Vasca y al área de Vivienda del Ayuntamiento de Barakaldo, a fin de que «provean con carácter de urgencia de una alternativa habitacional viable, digna para que ninguna familia quede en la calle».

La Plataforma Kaleratzerik EZ! Bizkaia va a notificar la situación de esta familia y de alguna otra también «vulnerable» para que den «una salida digna a su situación». «No es admisible que la mayoría de las instituciones públicas vizcaínas abandones a familias vulnerables a su suerte, el Gobierno Vasco se suma al no querer desarrollar la Ley de Vivienda de 18 de junio de 2015», ha denunciado, para criticar que «se sigue rescatando a la banca y abandonando a las familias con menores, dependientes y mayores».

También ha denunciado que desde los servicios sociales de base no se da «una salida inmediata al problema del desahucio de las familias vulnerables, que necesitan una salida inmediata al desahucio, de forma especial si hay menores, mayores o dependientes afectados», a la vez que han advertido de que «Viviendas Municipales de Bilbao o Etxebide tampoco cumplen con su fin».

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha apostado este lunes por evitar que «se idealice el historial macabro» de los presos de ETA con actos de bienvenida cuando salen de prisión. Además, cree que los ‘ongi etorris’ devuelven a los presos «a su más oscuro pasado», cuando hay que «ayudarles a rehacer sus vidas» para su resocialización.

Itxaso se ha reunido esta tarde con representantes de Gogoan-Por una Memoria Digna, Elkarbizi y la Fundación Fernando Buesa, con quienes ha compartido la necesidad de poner fin a los homenajes públicos a los presos de ETA.

La reunión, a la que han asistido Joseba Eceolaza, en representación de Gogoan-Por una Memoria Digna; Natxo Iceta y Pello Sasiain, de Elkarbizi, y Eduardo Mateo por la Fundación Fernando Buesa, coincide con el tercer aniversario del anuncio de la disolución de ETA ocurrida el 3 de mayo de 2018.

Las tres entidades, que trabajan en materia de convivencia y memoria, han entregado a Denis Itxaso el documento ‘Los victimarios en el espacio público’, un texto en el que se aboga por que «los espacios públicos en cada localidad sean un ámbito de convivencia y, por tanto, no acojan ni actos ni mensajes que idealicen a los miembros de ETA o reflejen su simbología».

Este documento también se ha trasladado a otras instituciones, como al Gobierno Foral de Navarra y a la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, que lo han apoyado. También se ha tratado, mediante mociones, en algunos ayuntamientos como el de Vitoria-Gasteiz, Donostia/San Sebastián y Zarautz, que también lo han respaldado.

Itxaso ha reconocido el trabajo que están realizando estas asociaciones, ha ratificado el compromiso del Gobierno con la memoria y la convivencia, y ha recalcado la necesidad de deslegitimar cualquier acto de homenaje, exaltación o visibilización de ETA, de sus miembros o su entorno.

SISTEMA PENITENCIARIO

«La mejor manera de legitimar un sistema penitenciario dirigido a la resocialización, con mirada humana y que confía en la rehabilitación de las personas que entran en la cárcel, es ayudarles a su salida, a rehacer sus vidas», ha apuntado.

En ese sentido, ha señalado que «devolver a ese preso su más oscuro pasado con los ‘ongi etorris’ es precisamente lo contrario» a lo que se debe hacer. «El sentido de las penas privativas de libertad es el de contribuir a que los presos, al salir, puedan reiniciar un futuro y una vida nuevas, dejando atrás ese pasado que los condenó», ha añadido.

A su juicio, «es elemental, pero todavía hay que insistir en esta pedagogía democrática para que no se idealice el historial macabro de personas que queremos rehabilitadas cuando salen de la cárcel».

Para Gogoan-Por una Memoria Digna, Elkarbizi y la Fundación Fernando Buesa, «el silencio de las armas tiene un efecto sonoro evidente; en él se oye con más nitidez el desprecio con el que a veces se ha tratado a las víctimas».

«Hoy, sin embargo, tenemos el deber histórico y ético de hacer las cosas de otra forma. En la nueva sociedad post-ETA no caben más humillaciones hacia las víctimas. En esto no podemos seguir siendo prisioneros del pasado porque, para avanzar como sociedad, necesitamos extender la cultura de la deslegitimación de la violencia en todos los espacios», ha manifestado.

Por todo ello, plantean en el texto que se pongan fin a los homenajes públicos a los presos de ETA; que los ayuntamientos garanticen que los espacios públicos de sus municipios sean un ámbito de convivencia, sin mensajes que idealicen a los miembros de ETA, y que se constituyan foros municipales para impulsar espacios y murales locales destinados a reforzar los valores de la memoria democrática, la convivencia y la deslegitimación de la violencia.

Colectivos memorialísticos, asociaciones culturales y diversas entidades han convocado una movilización para el 19 de junio en «defensa» del pazo de Meirás y contra la «rapiña» de los Franco, según informan después de que la Audiencia de A Coruña les concediese permiso para retirar los bienes-muebles.

Al respecto, Iniciativa Galega pola Memoria ha lanzado un llamamiento a la sociedad civil para levantar «un frente de oposición a la decisión de la justicia española de consentir que los Franco puedan perpetrar un último expolio en Meirás».

El grupo impulsor de la movilización, del que son portavoces los investigadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, está promoviendo adhesiones de colectivos de memoria, asociaciones culturales y entidades de todo tipo en Galicia «para reactivar el movimiento social que permitió la recuperación del pazo de Meirás», explican.

En concreto, señalan que la convocatoria del 19 de junio se está haciendo a través de la Iniciativa ‘Defende Meirás’, que nace, sostienen, «para hacer frente a la decisión de la justicia española de conceder la propiedad de los bienes muebles que siguen en el pazo y el permiso para sacarlos de allí, con el amplio plazo de un mes, a la familia Franco».

Esta iniciativa nace, añaden, «contra la pasividad del Estado y de la Xunta de Galicia, que aún no fueron quien de contestar esa decisión». «Y para exigir de los poderes públicos que respondan esta interpretación de la sentencia», señalan sobre la decisión de la Audiencia de A Coruña.

ESTRATEGIA DEL ESTADO Y XUNTA

En este sentido, apuntan que el Estado «debe establecer con carácter inmediato una estrategia que permita devolver ahora y en el futuro aquellos bienes que figuran en diferentes inventarios confeccionados a instancias judiciales».

«Por lo que respecta a la Xunta de Galicia debe incorporar, como anexo a la Declaración BIC del pazo de Meirás, el inventario de bienes muebles y vincularlos a la categoría de protección de la que disfruta en la actualidad el espacio como Sitio Histórico».

Además de instar a la Administración gallega a hacer uso de sus competencias, Carlos Babío recalca, sobre el inventario de bienes-muebles, que «solo tienen que publicarlos para que queden protegidos de la rapiña de los Franco y evitar así su salida de Meirás». «Y para hacer eso, el conselleiro –señala sobre el de Cultura, Román Rodríguez– no necesita encargar informes jurídicos ni esperar por ellos».

El colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha denunciado que, tres años después de que ETA «escenficara su autodisolución» en la localidad francesa de Campó-les-Bains, su «legado» es «el discurso del odio de la izquierda abertzale, los homenajes públicos a etarras y la manipulación de la historia».

A través de sus redes sociales, Covite ha recordado que la del 3 de mayo de 2018 «fue una celebración orquestada por sus jefes de propaganda para teatralizar su ansiado ‘final sin vencedores ni vencidos'» y ha insistido en que la izquierda abertzale es «quien siempre ha dirigido la estrategia de terror de ETA» porque son los «ideólogos» de la organización terrorista.

En esa línea, el colectivo que preside Consuelo Ordóñez ha considerado que cuando «estos estrategas» vieron que ETA «estaba muy debilitada» por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la ilegalización de sus marcas políticas, «decidieron cambiar de táctica».

Covite ha destacado que, en 2003, «el Estado de derecho estaba a punto de derrotar a ETA» y, en aquel momento, la izquierda abertzale «vio que el terrorismo había dejado de resultarles útil para conseguir sus objetivos políticos».

Tras afirmar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «decidió negociar con ETA las condiciones de su final», ha asegurado que la banda «ejerció el terrorismo porque le parecía útil para lograr sus objetivos políticos». «Si dejaron de hacerlo, y no mediante la labor de las FCSE, sino mediante una negociación -que no diálogo-, fue porque en la balanza de utilidad ETA encontró vías más eficaces que el terror», ha subrayado.

El colectivo ha criticado que Zapatero presume de la «conversión de la izquierda abertzale a la democracia» por su negociación cuando «ninguna de sus marcas políticas ha condenado el terrorismo», al tiempo que ha insistido en que «ETA ya no mata, lo cual es un logro, pero no dejó la violencia por una reflexión ética, sino por utilidad».

NEGOCIACIÓN

«Zapatero negoció la hoja de ruta del final de ETA con la propia ETA y el Gobierno de Rajoy no opuso objeción a que se cumplieran la mayoría de las exigencias de ETA», ha denunciado.

Para Covite, en el momento actual, las víctimas padecen las consecuencias de un final negociado de ETA que, a su entender, son «impunidad, legitimación del terrorismo y un poder cada vez mayor del brazo político de ETA en las instituciones». «¿Es esto una derrota?», se ha preguntado.

En ese sentido, ha denunciado la «impunidad» que supone el hecho de que hay «más de 350 asesinatos de ETA sin resolver» y ha recordado que «incluso el último crimen de ETA en España está sin resolver, el de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, cometido en 2009» y que «casi todos» los atentados con heridos también están sin resolver.

Covite ha insistido en que la izquierda abertzale «reivindica que el terror fue útil y homenajea a aquellos terroristas que salen de prisión sin haber mostrado un ápice de arrepentimiento por sus crímenes» y ha lamentado que las nuevas generaciones en el País Vasco «crecen con etarras como modelo a seguir».

«El brazo político de ETA es hoy determinante en la política nacional, autonómica y local. Todo ello sin condenar a ETA, llamando presos políticos a los asesinos y refugiados políticos a los prófugos de la Justicia», ha censurado.

Covite se ha referido a la «foto de la infamia: la auto-disolución de ETA, consentida por el Gobierno de Rajoy para satisfacer una de las exigencias de ETA para dejarnos de matar», para reiterar que «en un Estado democrático quienes disuelven las bandas terroristas son las FCSE». «¿Dónde está esa foto?», ha cuestionado.

Vox ha anunciado este lunes que amplía la querella que presentó hace dos semanas por el mitin de Vallecas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por «ocultar» las detenciones de los escoltas vinculados a Podemos. Según alega, podría haber incurrido en un presunto delito de encubrimiento y otro de infidelidad en la custodia de documentos.

El pasado 15 de abril este partido ya interpuso una querella contra Marlaska ante el Tribunal Supremo por los incidentes violentos que tuvieron lugar en la llamada ‘plaza roja’ de Vallecas durante un acto de precampaña celebrado el 7 de abril. Alegó entonces presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y delito electoral.

Ahora la Vicesecretaría Jurídica de Vox que dirige Marta Castro ha presentado ante el Supremo un escrito por el que amplía esa querella, tras conocerse que Marlaska «conocía, al menos desde el 15 de abril, la investigación realizada sobre el acto de Vox en Vallecas, donde aparecían inculpados y detenidos al menos dos personas estrechamente vinculadas con Pablo Iglesias y Podemos».

VE UN DELITO DE POSIBLE ENCUBRIMIENTO

Tras subrayar que desde el Ministerio del Interior «no se comunicó nada al respecto», Vox ha presentado esa ampliación de querella por «presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, contemplado en el artículo 413 del Código Penal, y posible encubrimiento, artículo 451 del Código Penal».

Según ha informado Vox en un comunicado, el ministro «tiene una posición de garante respecto a la documentación y a la investigación y le alcanza la responsabilidad como autoridad». Además añade que la ocultación de estos datos «parece la connivencia para perjudicar» a la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y «favorecer a otras opciones políticas».

Y por ello, el partido que lidera Santiago Abascal solicita en su escrito que se considere además «desde la perspectiva del delito electoral, que hace que tenga aplicación el artículo artículos 139.1.ª7 de la LOREG».

Esta formación desconoce si la noticia del conocimiento de Marlaska no hubiera sido publicada, hasta cuándo estaría pendiente esta comunicación y en todo caso la remisión del atestado a la sede judicial correspondiente, cuestión que deberá ser investigada a la vista de la gravedad de los hechos con evidente trascendencia en el periodo electoral, y que motiva que deba ser contemplado el delito electoral», concluye Vox en el citado comunicado.

La Universidad de Navarra ha obtenido el respaldo de la Comisión Europea para liderar un consorcio de 23 instituciones españolas y portuguesas que crearán un observatorio para investigar los medios digitales y monitorizar las amenazas de la desinformación. Con una financiación de 1,47 millones de euros, IBERIFIER es uno de los ocho ‘hubs’ regionales que formarán parte del European Digital Media Observatory de la Comisión Europea.

El observatorio está integrado por doce universidades, cinco organizaciones de verificación y agencias de noticias, y otros seis centros de investigación multidisciplinar. El equipo que liderará el consorcio desde la Universidad de Navarra lo constituyen el investigador principal (IP) del proyecto, Ramón Salaverría, junto con Ángel Arrese, Ana Azurmendi, Mª Carmen Erviti, Javier Serrano, Pilar Martínez Costa, Bienvenido León y Charo Sádaba. Este proyecto se integra en la línea estratégica de investigación de la Universidad sobre ‘Sociedad y comunicación en el entorno digital.

El nuevo observatorio centrará sus investigaciones en cinco líneas de trabajo. En primer lugar, investigará sobre las características y tendencias del ecosistema ibérico de los medios digitales. También desarrollará tecnologías computacionales para la detección temprana de la desinformación. Además, verificará y desmentirá desinformación en el territorio ibérico, reportando a la Comisión Europea. Preparará también informes estratégicos sobre amenazas de desinformación, tanto para su conocimiento público como para las autoridades de España y Portugal. Por último, trabajará también en iniciativas de alfabetización mediática dirigidas a periodistas e informadores, jóvenes y la sociedad en su conjunto.

Según el catedrático de Periodismo Ramón Salaverría, la puesta en marcha de IBERIFIER «supone un hito en la investigación sobre los medios digitales, pues creará un observatorio de máximo nivel, compuesto por más de 70 investigadores, especializados en áreas como la comunicación digital, las ciencias de la computación y los datos, y el análisis estratégico».

IBERIFIER es uno de los ocho observatorios de medios digitales y desinformación recién aprobados por la Comisión Europea. Los otros siete son el Ireland Hub, de la Dublin City University (Irlanda); EDMO BE/NL, de Stichting Nederlands Institute voor Beeld en Geluid (Holanda); Central European Digital Media Observatory (CEDMO), de Univerzita Karlova (República Checa); NORDIS – NORdic observatory for digital media and information DISorders, de Aarhus Universitet (Dinamarca); Belgium-Luxembourg Research Hub on Digital Media and Disinformation (EDMO BELUCOX), de Vrije Universiteit Brussel (Bélgica); DE FACTO Observatory of Information, de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (Francia); y el Italian Digital Media Observatory, de la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Italia).

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dedicado este lunes, jornada de reflexión, a leer libros pendientes y a ver a sus hijos y a su nieto Mauro, de tan sólo tres meses.

En un encuentro con los medios, ha señalado que las elecciones de mañana son «muy importantes» y a preguntas de los periodistas ha respondido que ha comenzado el día leyendo alguno de sus libros acumulados, entre ellos ‘El hilo de oro’, de David Hernández de la Fuente, que compara los discursos políticos clásicos y los actuales, y sus influencias. Y ha puesto como ejemplo que el expresidente estadounidense Donalt Trump había utilizado algunas referencias de Pericles en sus discursos.

Asimismo, también ha dedicado la mañana a conocer las instalaciones del hotel en el que mañana harán el seguimiento electoral y comprobar «cómo se han concebido los espacios». «Me gustan que se hagan las cosas con sencillez y accesibilidad. Y las personas que trabajan a mi alrededor tienen ese concepto de las cosas», ha dicho.

Por último, el aspirante socialista también destinará un tiempo hoy a la familia «y que se acuerden que les quiero mucho». «Tengo dos hijos de treitaytantos, Tienen dos, pero eso no quiere decir que no tenga la ternura de siempre con ellos. Además, voy a ver a mi nieto Mauro, que cumple tres meses y hace veititantos días que no le veo y no quiere quedarme con la idea de que es una foto de Whatsapp», ha revelado.

Gabilondo quiere hacer este día festivo «la vida sencilla que siempre le ha gustado. Sin embargo, ha apostillado, no para de sonarle el teléfono, con personas dándole consejo y ánimo. «Supongo que eso le pasa a todos los candidatos. Como es jornada de reflexión, les digo reflexionar, pero no les digo lo que tienen que votar, porque no es día de ello», ha comentado.

Y preguntado por los medios que si va a tener algo de tiempo tras lo que ha indicado para descansar, el candidato del PSOE ha respondido que «no se acuerdo cómo era eso de descansar ni sabe cómo se hace». «Creo que muchas veces se hace tumbado y a ser posible consiste en no pensar demasiado en lo que te acucia. Yo no tengo ninguna queja del trabajo. Me preguntan si estaré cansado, pero mucha gente esta más cansado de trabajar y otros de no encontrar trabajo. Así que no voy a hacer ostentación de estar cansado», ha zanjado.

El juicio con jurado popular a dos hermanos acusados de matar a puñaladas a un hombre por una supuesta deuda de cinco euros en un parque de Maracena, en el área metropolitana de Granada, ha dado comienzo este lunes con la declaración de ambos procesados, que han reconocido los hechos.

Así lo han indicado fuentes del caso, después de la declaración de los dos hermanos, que ha tenido lugar, en el edificio de la Real Chancillería de la capital granadina, tras la constitución del jurado que enjuiciará este caso, en el que la Fiscalía pide inicialmente 19 años de prisión por supuesto asesinato.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha acogido, y tras cambios de última hora, el inicio del juicio este lunes, cuando en principio estaba previsto solo la constitución del jurado. Una vez han declarado los dos procesados, este martes está previsto que la jornada comience con la declaración de tres testigos, también en Plaza Nueva, según han precisado fuentes judiciales.

La sede de la Audiencia en la Chancillería será finalmente la que acoja todo el juicio, pese a que en principio se había previsto que desde este martes se celebrara en el edificio judicial de Caleta por razones de seguridad en el mantenimiento de las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión del coronavirus.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, sobre las 20,30 horas del 24 de junio de 2019, la víctima, «portando un cuchillo», supuestamente «entabló una discusión» en dicho parque con un tercero por la mencionada deuda de cinco euros, que «huyó del lugar».

Más tarde, retornó a este lugar y uno de los procesados supuestamente «se abalanzó sobre él, le quitó el cuchillo, lo redujo e inmovilizó en el suelo», momento en que su hermano habría aprovechado para coger el arma blanca.

Entonces, según prosigue el fiscal, «con la intención de acabar con la vida» del que había iniciado la discusión, «lo apuñaló dos veces en la parte superior del muslo de la pierna izquierda», de tal modo que una puñalada alcanzó una profundidad de 13 centímetros y atravesó toda la masa muscular, y otra, de 16,5 centímetros, le «seccionó la femoral causándole la muerte».

En ese momento, la víctima «tenía totalmente anulada la posibilidad de reacción o defensa frente a sus agresores, ya que se encontraba reducido e inmovilizado en el suelo por la acción coordinada entre ambos acusados», finaliza el fiscal su relato de los hechos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que, salvo que el Gobierno central reconsidere su decisión de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, este próximo viernes firmará un decreto para adaptar las medidas preventivas frente al coronavirus a la nueva situación que se producirá una vez decaiga ese instrumento jurídico a partir del próximo lunes.

Urkullu, en declaraciones a los periodistas en una visita a unas instalaciones de Eroski en Vitoria, ha explicado que, si no se producen modificaciones importantes en la situación epidemiológica, el nuevo decreto mantendrá las restricciones actuales, aunque siempre «dentro de la capacidad» que tenga el Gobierno Vasco una vez se pierda la cobertura jurídica del estado de alarma.

En todo caso, el lehendakari ha reiterado su petición de que el estado de alarma se prorrogue y, en referencia a un posible cambio de postura del Gobierno central, ha recordado que aún quedan varios días hasta el 9 de mayo, por lo que permanece «a la espera».

SITUACIÓN «PREOCUPANTE»

Tras recordar que la situación epidemiológica sigue siendo «preocupante» a escala global, ha explicado que el Gobierno Vasco ya está trabajando para hacer «lo que está en su mano» para tratar de asegurar el mantenimiento de unas medidas que preserven la salud «individual y colectiva» en el caso de que se confirme el decaimiento del estado de alarma a partir del 9 de mayo.

El lehendakari ha reconocido que el Ejecutivo autonómico sigue «a expensas» de lo que pueda decidir el Gobierno central, del que depende plantear en el Congreso de los Diputados el mantenimiento del estado de alarma, una medida que ya ha sido descartada por el gabinete de Pedro Sánchez.

De esa forma, ha explicado que el Gobierno Vasco trabajará a lo largo de esta semana en la elaboración de un decreto que entraría en vigor el 10 de abril. El texto tendría el objetivo de adaptar las medidas preventivas frente a la pandemia a una situación en la que ya no se cuente con la cobertura del estado de alarma.

VIGENCIA DE HASTA SEIS SEMANAS

El decreto, que según ha indicado Urkullu debería aprobarse el viernes con el fin de que entrara en vigor el 10 de mayo, contemplaría las medidas que se consideran «eficaces» para evitar contagios, y tendría vigencia para un periodo de entre cuatro y seis semanas, según ha explicado Urkullu.

Aunque la firma de un texto de este tipo corresponde al propio lehendakari, Urkullu ha explicado que, al igual que viene haciendo con el resto de decretos de medidas frente a la pandemia, «compartirá» la decisión con el resto de instituciones representadas en el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (Labi).

NEGOCIACIÓN DE ALTERNATIVAS

El máximo responsable del Gobierno Vasco no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el PNV negocie con el Ejecutivo central una posible alternativa al final del estado de alarma a partir del 9 de mayo.

En todo caso, ha reafirmado que él sigue siendo partidario de la prórroga de este instrumento jurídico, una posición que –según ha destacado– también ha defendido públicamente la formación ‘jeltzale’. Urkullu ha explicado que no se han producido novedades respecto a la petición que dirigió por carta a Sánchez para alargar el estado de alarma.

Además, ha recordado que al igual que ocurriría con las fórmulas alternativas que plantea el PP, cualquier iniciativa que pudiera aprobarse al estado de alarma «no entraría en vigor» antes del 10 de mayo.

REFRENDO JUDICIAL

Respecto a la posibilidad de que el decreto que prepara el Gobierno autonómico ante el previsible fin del estado de alarma deba ser sometido al refrendo de los tribunales de justicia, ha rechazado pronunciarse sobre esta cuestión.

Sin embargo, ha recordado que ya existe la «experiencia» del pasado mes de octubre. En aquel momento, antes de aprobarse el estado de alarma que aún sigue vigente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la pretensión del Gobierno Vasco de prohibir las agrupaciones sociales de más de seis personas en lugares públicos y privados, al considerar que esta restricción afectaría al derecho fundamental de reunión y que carecía de cobertura legal

El lehendakari también ha afirmado, ante las peticiones de una «mayor claridad» en los parámetros jurídicos sobre las que se basan las medidas preventivas, que esto es algo que «no corresponde» al Ejecutivo vasco, sino al central, dado que se trata de un debate que afecta a derechos fundamentales.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar el día 13 de este mes un juicio contra un varón acusado de un presunto delito de provocación al odio y a la discriminación, por publicaciones en su perfil personal de la red social Facebook en las que instaba supuestamente «al ejercicio de la violencia contra cualquiera que identificara como ideología de derechas», con alusiones directas a diversos líderes del PP o Vox, hasta el punto de desearles «un tiro».

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Miguel Ángel M.A. «ha venido publicando» en su perfil personal en Facebook, titulado «miguelmuñoz (porelculoteden)», con 227 seguidores directos y 958 con percepción de todas sus entradas; mensajes «en los que manifiesta de forma inequívoca su desprecio y animadversión hacia cualquier persona o colectivo que se identificase con una ideología política de derechas, en concreto seguidores de Vox y del PP».

A tal efecto, el Ministerio Público desgrana toda una serie de publicaciones del acusado colgadas en Facebook entre el 30 de marzo de 2020 y el 24 de mayo de ese mismo año, es decir en pleno primer estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19.

En uno de ellas, por ejemplo, junto a una fotografía del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, incluía el comentario en mayúsculas «derecha, ar!!», tachándole de «impresentable» y achacándole un «complot con los bárbaros e hijos de puta de Vox». En otra de las publicaciones, apostaba por que el Gobierno crease «un grupo paramilitar» que se «cargase uno a uno con un tiro en la cabeza a toda esa gente del PP y Vox».

También habría dedicado una entrada al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, con una fotografía del mismo y el mensaje «tiro en la cabeza o bomba bien puesta, no como te la pusieron».

«QUE LES PEGUEN UN TIRO EN LA CABEZA»

Igualmente, en otro de sus comentarios habría descrito como «puta» y «asesina» a la derecha, mientras en otro habría llamado a señalar públicamente a los votantes de Vox para «que les peguen un tiro en la cabeza». «Estos hijos de puta, como sus votantes, se merecen no vivir ni un minuto más», remataba dicho comentario.

En otra de sus publicaciones, acompañaba una fotografía de la presidenta de la comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, indicando que le «gustaría que alguien o un grupo le pegase un tiro», descalificándola como «pedazo de bazofia» e insultando a sus familiares.

En esa misma línea, en otro mensaje acompañaba una información con declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre la excarcelación de presos de la banda arma ETA, ya disuelta, exponiendo que él es «más de tiros» y desearía «que no se equivocaran nunca a la hora de seleccionar y no dejaran uno vivo».

«IR A LOS REMEDIOS A DAR PALIZAS»

«Una bomba para todos esos hijos de puta fachas», figuraría en otra de las publicaciones señaladas por la Fiscalía; mientras en otro comentario el acusado apostaría por «formar patrullas e ir a Los Remedios a dar palizas»; y en uno más difundía una imagen del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, abogando por «que vuelva ETA y le pegue un tiro en la cabeza».

«El acusado pretendía fomentar el odio y la hostilidad de quienes le leyeran, contra cualquier que identificara como ideología de derechas, instando al ejercicio de la violencia contra todos ellos», resume el Ministerio Público, apreciando un presunto delito de provocación al odio y a la discriminación, por el que reclamara para Miguel Ángel M.A. tres años de prisión, una multa de 3.000 euros, la eliminación de los comentarios señalados y el cierre de su perfil de Facebook.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este lunes que Galicia estará «muy atenta» a la actuación del Gobierno que dirige Pedro Sánchez con respecto a las reformas legislativas de otras comunidades autónomas, después de que la reforma de la norma gallega fuese recurrida al Tribunal Constitucional y ahora esté suspendida en lo que respecta al apartado segundo del artículo 38 (38.2).

En respuesta a los medios en Pontevedra, en donde presidió la ampliación del hospital de Montecelo, Feijóo se ha referido a que ahora «se abre una nueva etapa», cuando se confirme el fin del estado de alarma el próximo día 9. En este sentido, ha indicado que hay que esperar a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) –en donde están representadas las comunidades y el Estado– del próximo miércoles para determinar las medidas que seguirá la Comunidad gallega.

Hasta ahora, como recordó el propio Feijóo en su intervención, fuera del estado de alarma Galicia encontró el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ratificó medidas como cierres perimetrales. El primero de España, de hecho, se hizo en la comarca de A Mariña en julio de 2020.

Feijóo destacó la «experiencia» de la Xunta a la hora de motivar las medidas y reconoció la experiencia «siempre positiva» en cuanto a las sentencias del alto tribunal gallego, lo que atribuyó a que «ciertamente» el comité clínico y el Sergas «siempre motivan sus decisiones en base a criterios epidemiológicos» y «lo hacen de forma clara, amplia y concreta», con una «metodología concreta».

Dicho esto, se ha mostrado expectante ante lo que va a ocurrir, también en comunidades como Euskadi o Cataluña, ante las nuevas normativas sanitarias. «Me gustaría saber qué va a hacer el Gobierno central con las leyes que se van a aprobar», ha manifestado, para advertir de que Galicia estará «muy atenta» ante lo que ocurra, después de la suspensión del artículo 38.2.

El mandatario autonómico se ha quejado, de nuevo, de que las comunidades se quedan sin un «instrumento» para adoptar medidas y, singularmente, se ha referido a Galicia por también tener suspendido un apartado de su normativa sanitaria, aprobada en febrero.

PUBLICADO EN EL DOG

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la confirmación de la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado, que salió recogido en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves 29.

De esta manera, y tal y como recogía la providencia del Tribunal Constitucional (TC) en el recurso con petición de suspensión presentado por el Gobierno central, una vez completado este trámite, ha entrado en vigor la paralización de la ley con efectos a terceros. Por ejemplo, las multas siguen vigentes, pero no en cuanto a los artículos suspendidos.

Paralelamente, se abrieron negociaciones entre los gobiernos central y autonómico en el marco de la comisión bilateral. La última novedad se remonta a un texto interpretativo que propuso la Xunta al Ejecutivo central, que permitiría la retirada del recurso de inconstitucionalidad y evitaría la reforma del texto legislativo.

Con todo, fuentes de la Xunta han ratificado que por el momento no se ha recibido contestación por parte del Gobierno central y, por lo tanto, no hay avances en las conversaciones.

Isabel Bonig ha movido ficha este lunes al anunciar que decide no presentarse al congreso autonómico para seguir como presidenta del PPCV, pese a que, de forma reiterada, había anunciado su intención de hacerlo. Con este movimiento deja atrás seis años intensos como líder de la oposición desde que en julio de 2015 se puso al frente del partido en un momento muy complicado, tras la derrota electoral que puso fin a 20 años de hegemonía ‘popular’.

Esta política «guerrera», como le gusta definirse, ha mostrado durante estos años su orgullo por ser «de derechas, española y valenciana» y no ha dejado de defender una oposición útil y basada en la gestión frente al tripartito del Botànic o ‘Titanic’ –como han acuñado desde el PPCV– que comparten PSPV, Compromís y Unides Podem.

La decisión se ha dado a conocer en un comunicado, sin que Bonig haya hecho declaraciones, en el que se anuncia una junta directiva del PPCV para este jueves, 6 de mayo, para trasladar la propuesta de acuerdo de convocatoria del congreso regional.

Mientras desde ‘Génova’, la sede del PP nacional, se ha agradecido a Isabel Bonig su «esfuerzo» y «dedicación» al frente del PPCV y se ha subrayado, en día festivo y previo a las elecciones a la Comunidad de Madrid, que Bonig seguirá siendo un «actor clave para el partido a nivel autonómico y nacional».

Desde la dirección nacional se apunta como relevo a Carlos Mazón, presidente de la Diputación y del PP de Alicante. Un candidato que ya se ha postulado es el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya.

En unos días con menos agenda, fue notoria la apelación de Bonig a los «satélites de Génova» de la semana pasada. Sin especificar a quién se refería, les pidió «tranquilidad» porque los veía «muy preocupados y con demasiada prisa para que se convoque el congreso regional del partido». «Yo hablo con Génova y a mí no me han dicho nada», recalcó el pasado martes, mientras advertía que «no por apretar más» se celebrará antes.

En los últimos meses, muchos han sido los rumores respecto a su sustitución por Carlos Mazón. De hecho, en una entrevista en enero, consideraba que el presidente de la Diputación de Alicante no era un «rival político» sino un «aliado».

Bonig ha destacado por su defensa de las primarias en un partido que no celebraba habitualmente. De hecho, las considera un «revulsivo»: «Yo soy una gran defensora de la política americana y anglosajona y de la libertad». De cara a los militantes, solo pedía «dos cosas»: «Los que ganaban tenían que tener generosidad con la gente que no les votó y los que perdieron tenían que tener la responsabilidad y la lealtad con quien ganase».

Respecto a Pablo Casado, Bonig afirmaba que «siempre ha tenido y sigue teniendo» una «muy buena relación» y destacaba que «siempre ha valorado el trabajo que se ha hecho en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana». «Me consta que lo hace en público y en privado», explicaba.

‘LA THATCHER DE LA VALL D’UIXÓ’

‘La Thatcher de la Vall d’Uixó’, un apelativo que aceptó con gusto como admiradora de la ‘Dama de Hierro’, no ha ocultado que le encantan los mítines y el «cuerpo a cuerpo», que es «hija de socialista», que estudió Derecho por vocación y que siempre que puede disfruta del FIB porque le encantan grupos como The Killers.

«Mediterráneo, libertad y British rock», reza su biografía de Twitter y ha mostrado también su gusto por el rock reivindicativo vasco. De hecho, en televisión se la ha visto entonar el ‘Sarri, sarri’ de Kortatu.

La todavía presidenta del PPCV cogió las riendas del partido en 2015 y se convirtió en la primera mujer en dirigirlo, en sustitución de Alberto Fabra y en un momento difícil para los ‘populares’ tras perder el gobierno de la Generalitat después de más de 20 años. Y lo hizo también asumiendo la portavocía del PP en Les Corts para ofrecer un discurso unitario en el partido y el grupo parlamentario.

El nombre de Bonig tiene mucho peso en Castellón, donde nació, y cobró relevancia cuando el ‘expresident’ Francisco Camps la nombró consellera de Infraestructuras en 2011. Así, fue consellera en la legislatura en la que Camps tuvo que dejar la Presidencia de la Generalitat, a los pocos días de revalidar el cargo, por el conocido como ‘caso de los trajes’.

Isabel Bonig, de 51 años, fue dejándose ver más en el partido durante los años previos, en los que compaginó la alcaldía de la Vall d’Uixó con la coordinación del partido. Así, entre los congresos de 2008 y 2012, desempeñó esta responsabilidad junto a Mª José Catalá –actual portavoz del PP de València–, Rita Barberá –exalcaldesa fallecida en 2016– y Mercedes Alonso.

Fue tras las elecciones de 2015 cuando asumió tanto la presidencia del partido como la portavocía del grupo ‘popular’, una decisión que adoptó el PP valenciano «por aclamación» en sustitución de Alberto Fabra, que renunció al cargo.

Dos años después fue reelegida en el XIV Congreso del PPCV con el 94,49% de los votos. Era la única candidata tras el proceso de primarias al que inicialmente también se presentó el expresidente de NNGG José Luis Bayo, quien se retiró ante acusaciones de falta de juego limpio a la dirección. «Hoy dejamos atrás lo peor del pasado, recordamos solo lo bueno del pasado y empieza el futuro. Así que a trabajar y a por ellos», proclamó Bonig entonces.

«MANO TENDIDA» Y «CLIN CLIN»

En estos últimos cuatro años se ha dedicado a lo que ella define como «política en mayúsculas» basada en defender el «progreso» económico de los valencianos, ante una Generalitat que ve desnortada y perdida en sus batallas internas. Se ha mostrado especialmente combativa en defender la «doble alma» de los ciudadanos de la Comunitat, como valencianos y españoles, ante los «ataques al castellano».

Bonig ha repetido que el PP ofrece la «mano tendida» al ‘president’ Ximo Puig para mejorar su gobierno, una idea que ha venido reforzando especialmente este último año desde el estallido de la pandemia y en el que las críticas más repetidas han sido por la «falta de gestión» sanitaria y económica y los «ximoanuncios».

Otro de los puntos de fricción entre Bonig y Puig es la investigación al hermano del ‘president’, que utiliza habitualmente en sus intervenciones en Les Corts, para el que suele utilizar una onomatopeya: «Clin, clin». «Clin, clin, clin, cae la subvención, a ver si clin, clin, clin, cae el hospital», ironizó en un pleno en el que acusó a Puig de otorgar más subvenciones a su hermano que a la rehabilitación del Hospital Militar de Mislata.

«ACTOR CLAVE PARA EL PARTIDO»

En su despedida, la dirección nacional del PP ha agradecido a Bonig su «esfuerzo» y «dedicación» y ha subrayado que seguirá siendo un «actor clave para el partido a nivel autonómico y nacional».

Queda por dirimir desde dónde ejercerá este papel ya que, ahora, al no revalidar la presidencia del PPCV se abren cuestiones sobre su futuro y si se mantendrá al frente del grupo parlamentario en Les Corts o si cederá el mando a otro u otra diputada. Mientras llega el congreso, mantiene el cargo de presidenta del PPCV. Así también lo refleja su biografía de Twitter, donde añade: «Dicen que gano de cerca y sé que no me rindo ni de lejos».

La Policía Nacional detuvo la semana pasada a diez personas como presuntas integrantes de un ‘talde’ de ‘kale borroka’ del entorno de Gazte Koordinadora Sozialista-GKS, según ha informado el propio Cuerpo Nacional de Policía.

La investigación se viene desarrollando desde hace aproximadamente un año para determinar la actividad presuntamente delictiva de varios jóvenes que conformarían un grupo de ‘kale borroka’, con carácter de grupo criminal, dedicándose supuestamente de forma prolongada en el tiempo a la comisión de hechos violentos de una forma organizada y coordinada, llevando a cabo sabotajes y ataques contra diversos objetivos, según ha explicado la Policía Nacional. Aunque las detenciones tuvieron lugar la semana pasada, ha sido este lunes cuando la Policía ha informado de ellas.

El análisis de la información, datos y evidencias obtenidas durante el tiempo que ha durado la investigación ha permitido identificar, entre otros, a los presuntos dinamizadores de estos sabotajes y altercados en los que se atacaron cinco sucursales bancarias y dos comercios, además de cruzar y quemar contenedores y atacar con piedras y otros objetos contundentes a la policía, «todo ello de una forma organizada y con una perfecta planificación de guerrilla urbana», ha añadido la Policía Nacional.

La actividad delictiva del grupo investigado «estaría al parecer directamente ligada a la militancia de sus miembros en organizaciones políticas secesionistas radicales, concretamente al entorno de la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), organización juvenil incardinada en el sector disidente más radical de la izquierda abertzale, simpatizando con la causa de Amnistía Ta Askatasuna (ATA)», ha explicado la Policía Nacional.

En el transcurso de las detenciones se han realizado tres registros en domicilios de algunos de los detenidos, en los cuales se han intervenido entre otros efectos, manuales para la confección de explosivos, un esquema gráfico para la confección de cóctel molotov tipo químico, cinco cohetes modelo trueno, un puño americano, dos defensas extensibles metálicas, información para evitar el control policial, propaganda de GKS y numeroso material informático.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Información, en coordinación con la Comisaría General de Información, siendo dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, que decretó el secreto de las mismas. Tras pasar a disposición judicial, los detenidos fueron puestos en libertad con cargos.

Entre otros hechos violentos presuntamente llevados a cabo por este grupo la Policía Nacional ha destacado la violencia desplegada en los incidentes ocurridos en la tarde-noche del 7 de noviembre de 2020 en el barrio de la Rochapea, después de haberse celebrado una manifestación en el Casco Viejo de la ciudad, convocada por la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). Finalizada la misma, un numeroso grupo de manifestantes presuntamente dirigidos y coordinados por varios de los detenidos, se trasladó al barrio de la Rochapea, donde encapuchados protagonizaron graves incidentes de orden público, conformando barricadas y atacando a la policía que acudió al lugar de los hechos a controlar los incidentes.

Durante los citados disturbios, los manifestantes dirigidos presuntamente por algunos de los detenidos atacaron un cajero de una entidad bancaria en cuyo habitáculo se había refugiado un matrimonio con sus cuatro hijos menores de edad, los cuales padecieron un episodio de pánico por la situación vivida, al sufrir la entidad el lanzamiento de piedras, botellas y objetos contundentes, así como el golpeo de los cristales con un martillo. A raíz de este suceso, uno de sus hijos de muy corta edad se niega a pasar desde entonces por el lugar debido al pánico generado al recordar los hechos.

La Policía Nacional ha explicado que el núcleo más radical y beligerante de este grupo criminal compuesto de cuatro personas conformaba la base de otro grupo más amplio de individuos conexos con los investigados, los cuales participaron al parecer de forma conjunta con todas o parte de las acciones violentas o agresiones que se han registrado en la investigación.

«El citado ‘talde’, integrado en estas estructuras de la disidencia más radical de la izquierda abertzale, conformaría un ‘grupo criminal’, moviéndose en los espacios políticos de estas otras organizaciones, desarrollando su actividad violenta hasta el punto de hacer de ella una forma de vida, dedicándose de forma prolongada en el tiempo a la comisión de hechos violentos de una forma organizada y coordinada, llevando a cabo ilícitos penales principalmente sabotajes: desórdenes públicos, quemas de contenedores, daños en mobiliario urbano y enfrentamientos contra la Policía», ha añadido el Cuerpo Nacional de Policía.

En el transcurso de la investigación se ha ido constatando la actividad de los investigados quedando patente su compromiso y militancia en la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), participando en numerosos actos de dicha plataforma juvenil abertzale u organizando y publicitando los mismos, según ha señalado la Policía Nacional.

Asimismo, tanto de las actuaciones practicadas previamente, como una vez judicializada la investigación, se han venido acumulando una serie de indicios y hechos constatados que vienen a determinar las características del grupo investigado.

Por un lado, la existencia de un grupo radical violento, conformado por los cuatro principales investigados, que se conciertan eventualmente para la comisión de ilícitos penales contra el orden público, más allá de la mera codelincuencia.

Por otro lado, un objetivo criminal común, consistente en la comisión de hechos violentos de una forma organizada y coordinada, llevando a cabo ilícitos penales, principalmente desórdenes públicos, quemas de contenedores, daños en mobiliario urbano y enfrentamientos contra la Policía.

Otra de las características del grupo es su estabilidad en el tiempo, avalada por la propia genealogía del grupo y sus componentes, fuertemente cohesionados por la amistad que les une desde la infancia y por hechos tales como su militancia en diferentes estructuras de la izquierda abertzale radical (actualmente en la Gazte Koordinadora Sozialista -GKS) y por su pertenencia al grupo Indar Gorri.

Otros rasgos que cita la Policía Nacional son la existencia de una estructura donde claramente se evidencia el liderazgo de alguno de sus miembros y la planificación previa de las acciones violentas. Uno de los detenidos asumió la responsabilidad impartiendo instrucciones claras en los incidentes del pasado 7 de noviembre, ordenando qué objetivos atacar, cuándo, dónde y cómo, lugares donde conformar las barricadas o momento de atacar a la policía.

La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de los electores casi cinco millones de mascarillas quirúrgicas, además de 124.000 FFP2 para los miembros de las mesas, así como 55.000 litros de gel hidroalcóholico, dos millones de guantes y 45.000 pantallas de protección facial.

El consejero de Sanidad del Gobierno regional, Enrique Ruiz Escudero, ha informado este lunes, a través de una rueda de prensa celebrada en Ifema Madrid, donde está situado el Centro de Difusión de Datos de los comicios autonómicos, de que un dispositivo de 3.300 efectivos de limpieza se encargarán de la desinfección de los locales electorales cada tres horas; 2.168 personas encargadas de distribuir las mascarillas; y 4.032 representantes de la Administración que velarán para que la jornada electoral transcurra con «normalidad y seguridad».

Además, se dispondrá de un equipo humano formado por 18.000 personas, de las que 2.800 son responsables Covid que han recibido formación específica para realizar su labor durante la jornada electoral y que estarán dotados de equipos móviles para la gestión y el control de incidencias.

Entre otras funciones, se encargarán de controlar el acceso ordenado y el flujo de los votantes dentro el local electoral, velar por el cumplimiento de las distancias y el resto de medidas de seguridad.

Igualmente, dentro del protocolo, se han entregado 7.300 bandejas ‘porta-documentos’, para colocar el DNI y evitar así el contacto físico entre los electores y los miembros de las mesas electorales; 4.500 carteles informativos; y 254.000 metros lineales de señalética para facilitar el mantenimiento de las distancias de seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Escudero ha explicado que en los locales electorales se respetarán las distancias mínimas interpersonales de seguridad entre todas las personas presentes, tanto en los accesos como en las zonas de votación, se mantendrán las ventanas y puertas abiertas y en las mesas se establecerán distancias mínimas de seguridad entre los votantes y las personas integrantes.

La Comunidad de Madrid ha recomendado a las personas vulnerables y a los mayores de 65 años que acudan a votar preferentemente en la franja horaria de 10 a 12 horas y ha aconsejado a las personas con enfermedad activa o con sospecha de Covid-19 que acudan preferentemente de 19 a 20 horas.

Asimismo, aunque se debe acudir a votar sin acompañantes, habrá excepciones para aquellos que requieran el auxilio de otra persona por razones de disfuncionalidad, o bien en el caso de los menores que estén a cargo del votante.

Para minimizar los contactos, los electores colocarán su documento identificativo sobre una bandeja con la foto hacia arriba y mostrarán el sobre a los miembros de la mesa para que puedan comprobar que solo hay un voto. No se deberán retirarán la mascarilla a excepción de que la mesa se lo requiera para facilitar su identificación.

Si durante el proceso alguno de los presentes en el interior del local electoral manifiesta síntomas de infección por Covid-19, el responsable de seguridad sanitaria le acompañará a una sala habilitada para el aislamiento de posibles casos de infección y se activará el protocolo correspondiente por sospecha de contagio.