La fiscal General del Estado, tras escuchar al Consejo Fiscal celebrado esta tarde, propondrá a Antonio Romeral, el fiscal que acusa en la causa por la ‘caja b’ el PP al puesto de teniente fiscal Anticorrupción, han informado fuentes de la Fiscalía General.

Romeral, con una importante trayectoria en este departamento, competía para el puesto con la actual teniente y encargada de la causa ‘pujol’ Belén Suárez y con María Teresa Gálvez, que lleva otra trama corrupta del PP, la denominada ‘Púnica’.

Fiscal desde 1989, forma parte de la Fiscalía Anticorrupción desde el año 2000.Participó en el Convenio de Hermanamiento con Croacia como experto en la creación de una Fiscalía con similares funciones.

Según la nota hecha pública por la Fiscalía General al término de la reunión, de Romera destaca «su profundo conocimiento de Anticorrupción, su capacidad de trabajo y calidad jurídica, además de un brillante currículum y la confianza que en él deposita el fiscal jefe, Alejandro Luzón».

En la reunión de este martes se han discutido un total de 20 vacantes de libre designación que incluyen además de la plaza ‘número 2’ de Anticorrupción puestos clave en el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía Anticorrupción.

El BOE del pasado 10 de abril publicó la convocatorias de plaza en los siguientes destinos : Inspección Fiscal de la FGE, Tribunal Constitucional (2 vacantes), Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Fiscalía del Tribunal Supremo, Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Fiscalía Especial contra la Corrupción (5) y la Criminalidad Organizada, y los departamentos de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Andalucía, Canarias, La Rioja, Comunidad Valenciana y la Fiscalía Provincial de Burgos, Provincial de Castellón y Fiscalía Antidroga.

ACUSACIONES DE FAVORITISMO A UPF

Las designaciones se producen tras el cruce de reproches que se han hecho durante los últimos días dos de las asociaciones profesionales que integran a miembros de este colectivo, después de que Asociación de Fiscales (AF), acusa a Delgado de tener «querencia» por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que perteneció antes de ser nombrada ministra de Justicia– a la hora de realizar nombramientos discrecionales en los altos estratos de la FGE.

UPF por su parte niega ese favoritismo y asegura que la mayor parte de los nombramientos se hace con el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal.

Ahora, el actual fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink ha sido propuesto como nuevo fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y será sustituido por Almudena Lastra, quien en su día fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE.

Otro puesto clave designado este martes es el de fiscal de Sala contra la Violencia Sobre la Mujer, para el que se ha propuesto a Teresa Peramato Martín, actualmente fiscal de la Fiscalía ante elTribunal Constitucional, cargo que ocupa desde 2018 y que le proporciona a juicio del Consejo Fiscal «una visión más profunda y avanzada de la igualdad y los derechos humanos con el imprescindible enfoque de género». Actualmente actúa como portavoz de la Asociación Progresista de Fiscales.

DESIGNACIONES

En cuanto al resto de aspirantes, para la Inspección Fiscal se ha designado a María Antonia Sanz Gaite, que ingresó en la carrera fiscal en 1990 y ha estado destinada en las Fiscalías de Barcelona y Madrid y en la Audiencia Nacional.

Para el puesto vacante como fiscal de Sala del Supremo se propondrá a uno de los fiscal del ‘procés’, Fidel Cadena, que se confirma en su puesto ; mientras que para la cúpula de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió ser reelegido Miguel Ángel Torres, que alcanza su objetivo y para Antidroga se designará a María Jesús Armesto, de quien Fiscalía General destaca «el buen trabajo realizado, como la llevanza de complejos procedimientos que aconsejan su continuidad y el respaldo del fiscal jefe», José Ramón Noreña.

El resto de aspirantes que alcanzan puesto, y serán nombrados próximamente por el Consejo de Ministros pertenecen a la Fiscalía de Aragón (María Asunción Losada), Cantabria (Pilar Jiménez Bados), Castilla-La Mancha (Emilio Manuel Ferández García), Extremadura (Francisco Javier Montero), Galicia (Fernando Suánces Pérez), Andalucía (José Rogelio Muñoz), Canarias (Demetrio Pintado), La Rioja (Santiago Herráiz), Comunidad Valenciana (renueva como teniente fiscal Gonzálo A. López Ebri) y a la Fiscalía Provincial de Burgos (José Fernández Mérida), Provincial de Castellón (María Díaz Berbel).

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a trece años de cárcel a un hombre que intentó asesinar a su expareja en mayo de 2019 acuchillándola cuando se encontraba en el interior de las oficinas en las que trabajaba, situadas en Vimianzo (A Coruña).

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), además de la pena de prisión, el tribunal le ha impuesto siete años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima y de aproximarse a ella durante quince años, así como la prohibición, durante el mismo periodo, de residir en el mismo término municipal que su excompañera sentimental.

Los jueces, que han tenido en cuenta la agravante de discriminación por razón de género, también le han impuesto el pago de una indemnización de 30.500 euros por el daño moral y las lesiones y secuelas que le quedaron a su exnovia.

La Audiencia relata en la sentencia que el sospechoso y la víctima mantuvieron una relación sin convivencia desde 2017 hasta el mes de febrero de 2019, cuando terminó, a pesar de que el condenado seguía insistiendo en retomarla.

El 15 de mayo de ese año, sobre las 0910 horas, «con la intención de acabar con la vida» de su excompañera sentimental, accedió al lugar donde trabajaba armado con un cuchillo de cocina oculto entre sus ropas.

Los magistrados destacan que escogió esa hora porque sabía que las oficinas «se hallarían, con toda probabilidad, sin afluencia de gente, por lo que le sería más difícil pedir ayuda, pues, además, era la única empleada presente». Además, portaba una maleta propiedad de la víctima, la cual se había comprometido a devolverle el día anterior, evitando, con ello, que pudiera desconfiar de su presencia en las oficinas.

ATAQUE DE FORMA SORPRESIVA

Una vez dentro, según relatan los jueces, «de forma sorpresiva, la empujó con la maleta para, acto seguido, agarrarla por el cuello y cabellos, consiguiendo así arrojarla al suelo y colocarse a horcajadas encima de ella».

En ese momento, «comenzó a lanzar diversas cuchilladas al cuello de su expareja, alcanzándola en la zona cervical, concretamente en la zona de la vena yugular, logrando, en alguna ocasión, la víctima parar alguna de las cuchilladas con sus manos».

Finalmente, el acusado fue sorprendido por una mujer que accedió a la oficina. «Ante lo inesperado de su presencia, reaccionó levantándose momentáneamente y diciéndole que se marchara, lo que permitió a la víctima pedirle a esa mujer que llamase a la Guardia Civil, zafarse del acusado y escabullirse hasta el exterior».

Agentes de la Guardia Civil se presentaron en el lugar de los hechos en escasos segundos y taponaron las heridas que la afectada tenía en el cuello, al tiempo que reclamaron la presencia urgente de los servicios sanitarios, los cuales evacuaron rápidamente a la mujer en helicóptero a un centro sanitario de Santiago de Compostela.

«Fue solo debido a esta rápida intervención de los agentes y de los servicios sanitarios por lo que consiguió salvar la vida, habiendo fallecido si la intervención se hubiera dilatado escasos minutos, dada la naturaleza y gravedad de las heridas causadas por el acusado», subraya el tribunal, quien asegura que el sospechoso «realizó la acción al no tolerar que su exnovia hubiera puesto fin a su común relación de pareja en el libre ejercicio de su libertad como mujer».

«El acusado actuó de forma alevosa», destacan los magistrados, quienes describen el ataque como «súbito, repentino, inesperado, por sorpresa y sin dar opción real a la víctima, desarmada, a defenderse». Por ello, han condenado al acusado como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, en lugar de homicidio.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de 3 de junio de 2020, que estimó parcialmente una demanda planteada por el sindicato ErNE y condenó al Gobierno Vasco por «vulnerar el derecho a la integridad física» de los agentes de la Ertzaintza, al haber «omitido total o parcialmente las medidas de protección laboral» que le eran «exigibles» con motivo de la pandemia generada por el Covid-19.

En su demanda, ErNE pidió declarar vulnerado el derecho fundamental a la integridad física y a la salud de los funcionarios de la Ertzaintza «al no haberse aplicado las medidas de prevención necesarias» para preservar ese derecho.

En el fallo de la sentencia, –ahora confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y que rechaza el recurso de casación presentado por el Gobierno vasco–, se asegura que el Ejecutivo autonómico «vulnera el derecho fundamental» que tiene el personal funcionario de la Ertzaintza a la integridad, en su vertiente exclusivamente física, al considerar que ha «omitido total o parcialmente las medidas de protección laboral» que le eran «exigibles» con motivo de la pandemia.

Por ello, le condenaba a realizar las actuaciones omitidas y que, en el momento de la celebración de la vista oral, se concretaban «en la necesidad de suministrar a todos los agentes los medios de protección consistentes en mascarillas, gafas, guantes desechables, buzos y contenedores de residuos infecciosos».

Sin embargo, el alto tribunal vasco rechazó otras medidas solicitadas por ErNE relativas a desinfección de coches y comisarías, porque ya se estaban realizando.

En la sentencia, el TSJPV determina la «infracción» del Gobierno Vasco en materia de prevención de riesgos laborales. La resolución judicial indica que, el hecho de que la conducta del Gobierno haya evolucionado positivamente en materia de prevención y que, incluso, «algunos temas los haya solventado al momento del juicio», no impide al alto tribunal su análisis.

En este sentido, cree que el Ejecutivo «ha vulnerado el derecho a la integridad física del personal que forma parte de la Ertzaintza». A su juicio, «su actuación, o mejor dicho, su conducta omisiva durante un determinado periodo», ha supuesto un «riesgo relevante de que la lesión puede llegar a producirse» y «ha generado un peligro grave y cierto para la salud de los funcionarios afectados por esta demanda».

No obstante, el TSJPV reconoce que hay circunstancias que «atemperan la trascendencia de su inactividad» como, por ejemplo, que esta situación era «difícil de prever», en un primer momento, sobre todo, en relación a los efectos «tan negativos». «Pero, una vez que se conocen, en mayor o menor grado, existe un claro retroceso a la hora de reaccionar de una manera rauda y eficaz», añade.

RECLAMACIONES

En su demanda, ErNE solicitaba, en primero lugar, que se obligara a practicar las pruebas de Covid-19 al personal funcionario que en su momento dio positivo, así como al que hubiera finalizado la cuarentena por haber tenido contacto con algún contagiado. Además, consideraba extensible esta prueba a los agentes en contacto con la ciudadanía.

En segundo lugar, planteaba que se proporcionasen mascarillas, gafas, buzos y guantes desechables, y la tercera petición era la desinfección de los vehículos policiales y las comisarías.

Por su parte, el Gobierno alegaba que no había vulnerado la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, ya que ha seguido «en todo momento las instrucciones del Ministerio de Sanidad». Por ello, entendía que había cumplido «con la deuda empresarial de seguridad» y consideraba que no hay infracción de «derecho fundamental alguno», algo en lo que coincidió el ministerio fiscal.

En relación a los test de detección del coronavirus, la resolución del TSJPV entiende que el Gobierno vasco ha infringido su obligación en materia de prevención de riesgos laborales y «no ha satisfecho la deuda de seguridad» que tiene contraída con el personal a su servicio.

En la sentencia, se recuerda que el 12 de marzo el Gobierno vasco estableció el «Protocolo de Vigilancia Epidemiológica», en el que se preveían realizar estas pruebas, y el 24 de ese mismo mes, ErNE pidió su extensión a todo el personal.

Por parte del Ministerio se elaboró una «Guía para la utilización de tests rápidos de anticuerpos para Covid-19 el 7 de abril y el 11 de este último mes redactó el «Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus, donde incluía las «Indicaciones para la realización del test diagnóstico para la detección».

La sentencia indica que ErNE volvió a solicitar el 15 de abril quese efectuaran pruebas de detección y que «solo es al día siguiente, y coincidiendo con la solicitud de medidas cautelares por el sindicato, cuando la empresa decide extender esa actuación a una serie de supuestos y, una vez dictado el auto de medidas cautelares, se habrían ya efectuado ya test serológicos al conjunto de la plantilla».

En los hechos probados, se indica que los resultados recibidos eran los correspondientes a 6.585 agentes, en ese momento, y existían 287 positivos, es decir un 4,38% sobre ese total. El TSJPV entiende que este «discurrir cronológico» demuestra que la conducta del Gobierno Vasco fue «insuficiente para intentar preservar la salud del cuerpo policial, tal como era su obligación normativa».

En la sentencia se indica que el número de contagiados puede calificarse de «significativo» y alude a los agentes que se reincorporaron al servicio activo «sin verificar de manera fehaciente su curación, fehaciencia solo obtenible por una nueva prueba de PCR». Además, entiende que esa conducta «inapropiada» se extendía igualmente a los agentes que estaban en cuarentena y no se verificaba su estado al finalizar la misma.

El alto Tribunal vasco asegura también que la «inactividad» del Gobierno no puede justificarse en que seguía directrices del Ministerio de Sanidad, ya que eran «meras recomendaciones o instrucciones» y, aunque, se les dieran carácter «reglamentario», no, por ello, el Gobierno Vasco quedaría «exonerado de su obligación».

El obispo emérito de Arecibo (Puerto Rico) y religioso pasionista, monseñor Iñaki Mallona, natural de Fruiz (Vizcaya) y tercer obispo que tuvo la Diócesis arecibeña, desde que el Papa San Juan XXIII la erigió el 30 de abril de 1960, falleció este pasado lunes, según ha informado el Obispado de Bilbao.

El obispo emérito de San Sebastián, Monseñor Juan María Uriarte, tuvo mucho trato con él a lo largo de sus vidas, ya que ambos habían nacido en la localidad de Fruiz, a la que Mallona solía regresar todos los veranos a pasar una temporada y visitar a su familia, mientras su salud se lo permitió. Uriarte ha destacado que fue una persona «sumamente amable y muy educado, y un sacerdote piadoso y entregado».

Monseñor Iñaki Mallona nació en Fruiz el 1 de julio de 1932. Profesó sus votos como religioso pasionista en Angosto, el 23 de julio de 1950. Fue ordenado sacerdote en Roma el 17 de marzo de 1956, nombrado tercer obispo de Arecibo el 14 de diciembre de 1991 y ordenado Obispo por San Juan Pablo II el 6 de enero de 1992. Tomó posesión el 25 de enero de 1992.

Antes de su etapa en Puerto Rico, siendo sacerdote, fue párroco en los Pasionistas de Deusto. Después, por propio deseo, fue enviado a Puerto Rico por su provincial y, cuando le llamó el nuncio en Puerto Rico, anunciándole su nombramiento como obispo «se llevó un gran susto y lo acepto», ha explicado Monseñor Uriarte, para añadir que «inquieto y en cuestión dogmática, equilibrado, desarrolló una gran labor en la pastoral hasta su jubilación y, por carácter era un hombre muy expresivo y de una facilidad de diálogo y comunicación muy grandes».

MUY QUERIDO EN LA DIÓCESIS DE ARECIBO

Desde hace varios meses, su enfermedad de alzheimer se había agravado, por lo que el obispo actual, Monseñor Daniel Fernández Torres, había hecho múltiples llamados públicos a la oración por su salud. En el último, destacó: «Monseñor Iñaki es muy querido en nuestra diócesis de Arecibo. Mucha gente está orando por él».

Recordó «que su llegada como obispo de Arecibo fue acogida con gran alegría después de un tiempo largo de espera, sin un obispo nombrado en propiedad. En poco tiempo se ganó el corazón de todos, con su corazón de pastor. Muy pronto llamaron la atención su sencillez, su cercanía y sus excelentes predicaciones».

FALLECIMIENTO DEL RELIGIOSO CLARETIANO PATXI SÁDABA

También hace unos días falleció en Lima (Perú) el religioso misionero claretiano y sacerdote, Patxi Sádaba. Tenía 75 años de edad y pertenecía a la Provincia de Sanctus Paulus.

En la Diócesis de Bilbao, Sádaba fue párroco de las parroquias del Corazón de María y de San Rafael Arcángel durante nueve años: desde 2007 hasta 2016, y durante ese periodo estuvo muy vinculado al clero de Bilbao, y también estuvo ligado al colegio Askartza Claret de Leioa. Este próximo domingo, 9 de mayo, se celebrarán dos Eucaristías en su memoria, en la iglesia de San Rafael a las 11.30 horas y en la del Corazón de María, a las 12.00 horas.

El Consejo de Ministros ha acordado hoy prorrogar durante tres meses las medidas socio económicas que se aprobaron durante la pandemia, entre ellas, el bono social, la imposibilidad de llevar a cabo desahucios, o la ampliación del plazo para que sigan trabajando los médicos jubilados o los controles en puertos y aeropuertos para los pasajeros que lleguen a España. Pero también da la posibilidad de prorrogar otros seis meses los contratos de alquiler que venzan entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de este año.

Todo ello va incluido en un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, que se aplicarán tras la finalización del estado de alarma, declarado por el Gobierno el pasado 25 de octubre y que decaerá a las cero horas del próximo 9 de mayo.

En el decreto han intervenido, a propuesta de la Vicepresidencia primera los ministerios de Justicia; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo y Economía Social; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El objetivo de este Real Decreto es dar la necesaria cobertura jurídica y social a distintas situaciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de crisis sanitaria, económica y social ocasionadas por la pandemia del COVID-19.

El Real Decreto-ley se estructura en seis capítulos, quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Así, en el Capítulo I establece una serie de medidas urgentes en el ámbito sanitario, relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España.

Su objetivo es detectar de manera rápida la presencia de casosimportados de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro país, asícomo localizar a los contactos estrechos de los casos, y hacer posible la inmediata adopción de las oportunas medidas de control que impidan la difusión incontrolada de la enfermedad.

GESTIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES DE VACUNACIÓN

Para ello, el sistema de información Spain Travel Health-SpTH permitirá la gestión de la verificación de los certificados digitales, que se puedan habilitar en el marco de la Unión Europea. Mejorará la gestión de los flujos de los pasajeros, en base a las comprobaciones realizadas previas al viaje y facilitará la localización de los viajeros sobre los que haya que adoptar medidas adicionales a la llegada para disminuir el riego de importación de casos.

El Gobierno considera que para llevar a cabo estas medidas resulta «prioritaria» la máxima colaboración de las agencias deviaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo.

SE SUSPENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE PROPIETARIOS

En el Capítulo II del Real Decreto se establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. Mediante estas medidas se suspende la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios hasta el 31 de diciembre de 2021, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual, y durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno.

Según el nuevo Real Decreto Ley también se permite que la juntapueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, y la posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática.

Por su parte, el Capítulo III establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social por las que prorrogan por un plazo de 3 meses, medidas adoptadas para dar cobertura a dichas situaciones.

Así, se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-Ley del 22 de diciembre de 2020.

También se extiende esta prórroga a los perceptores del bono social.Se extienden a 3 meses más las medidas de protección en situaciones devulnerabilidad en materia de vivienda, establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, referidas a la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda.

PRÓRROGA EXTRA DE 6 MESES EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Además, se amplía la posibilidad de aplicar una prórrogaextraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021.

También se extiende, hasta esa fecha, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y se amplían por ese mismo periodo los contratos de alquiler que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses.

Además, se extiende hasta el 9 de septiembre de 2021 el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria, puedan presentar la solicitud de compensación.

En el Capítulo IV se aborda la situación de las víctimas de violencia de género y se prorroga por 3 meses la consideración como servicios esenciales de los servicios públicos de información, asesoramiento, teleasistencia, seguimiento por medios telemáticos, asistencia social integral y acogida para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Junto a ello, las CCAA y las entidades locales podrán destinar los fondos que les corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a desarrollar los programas para prevenir, asistir y proteger a las víctimas de violencia de género.

El Capítulo V recoge otras medidas extraordinarias de caráctersocioeconómico. Así, se prorroga el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, de 36 meses a 24 meses más para evitar que la crisis provocada por la pandemia obstaculice su continuidad y su consolidación como fórmula empresarial clave de la economía social y de la generación de empleo.

Además, se minimizan los riesgos ante la pérdida de la calificación de Sociedad Laboral o ante su desaparición y se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario, el uso del Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas.

Esta medida permite destinar su Fondo de Educación y Promoción a cualquier actividad que ayude a paliar los efectos de la covid mediante acciones propias o por medio de donaciones a otras entidades, públicas o privadas, o a dotar de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

Finalmente y ante la necesidad de personal sanitario para luchar contra la pandemia, se mantiene la vigencia de la medida que permite que los profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente permitiendo la compatibilidad de la jubilación.

El último capítulo se dedica a regular el recurso de casación que tendrá que resolver el Tribunal Supremo contra los autos de los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA en las medidas que adopten contra la pandemia.

La Junta Electoral Central ha rechazado este martes la queja formulada por funcionarios de prisiones por la jornada establecida por Instituciones Penitenciarias para poder ejercer el derecho al voto en las elecciones a la Comunidad de Madrid que se celebran este 4-M sin afectar a los servicios en los centros penitenciarios.

En su decisión, la Junta Electoral Central acuerda este mismo 4 de mayo que «el personal de Instituciones Penitenciarias afectado puede ejercer su derecho de sufragio durante un periodo de tiempo de cinco horas» y entiende «ajena» a su competencia «cualquier otra controversia de naturaleza laboral».

La Junta Electoral responde en concreto a la asociación Tu Abandono Me puede Matar, que agrupa a funcionarios de prisiones, que mostró su disconformidad con los criterios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para facilitar el derecho al voto sin afectar al funcionamiento de los centros penitenciarios.

QUEJAS DE LOS SINDICATOS

CCOO y CSIF también han criticado que se «obstaculice» la votación durante la jornada electoral al personal de mañana de las cárceles madrileñas, un extremo que Instituciones Penitenciarias niega al haber acordado que se adopten las medidas necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio activo.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que Instituciones Penitenciarias se haya reafirmado «en las instrucciones verbales dadas la semana pasada a las direcciones de los centros penitenciarios madrileños para que no se autorizase ningún permiso retribuido para ir a votar al personal que trabaje en jornada de mañana».

La circular de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias recogía que se debían adoptar «las medidas oportunas para que el personal que deba prestar servicio el día 4 de mayo de 2021 en jornadas acumuladas de mañana y tarde y quiera hacerlo, pueda ejercer su derecho al voto, debiéndolo justificar posteriormente».

Según CC.OO., «algunos directores reunieron al personal de oficinas para darles la orden verbal de no acudir a votar en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid», dejando así expedita la «vía disciplinaria» para todo aquel que decida ejercer un derecho fundamental durante su jornada laboral.

Al respecto, ha destacado que «hay tener en cuenta la lejanía de la mayoría de centros penitenciarios respecto a los núcleos urbanos como las prisiones de Estremera o de Soto del Real, y que el personal penitenciario no suele estar empadronado en la misma localidad donde están ubicados».

«Instituciones Penitenciarias olvida que hay que conciliar el derecho democrático al voto con las medidas sanitarias por la pandemia, y que la última hora de votación, 19 a 20 horas, está reservada para los enfermos y enfermas por Covid-19», ha criticado.

Por su parte, CSIF ha criticado de igual modo que los directores de los Centros Penitenciarios, siguiendo instrucciones de la Subdirección General de Recursos Humanos, «estén denegando el permiso establecido para votar en la jornada».

Denuncian que se está supuestamente incumpliendo el mandato de dos órganos superiores con competencias en este tema como son la Delegación de Gobierno y la Junta Electoral Provincial de Madrid, mencionando resoluciones a favor de todos los trabajadores fechadas el pasado 29 de abril por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y el 2 de mayo, por el presidente de la Junta Electoral Provincial.

«En ambas resoluciones vienen a decir que los trabajadores interesados, tienen a su disposición un máximo de 4 horas retribuidas e instan a los Centros Penitenciarios y a los trabajadores a acordar una franja laboral en la que podrán ejercer tal derecho», señala el sindicato.

VERSIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han señalado que «la decisión adoptada por la Secretaría General es coincidente con el criterio mantenido por la Delegación del Gobierno en Madrid en una resolución emitida en mayo de 2016», que contaba con el visto bueno de la Abogacía del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La resolución establecía que «la Administración debe facilitar a sus empleados el ejercicio del derecho de sufragio activo, cuando la jornada laboral dificulte el mismo, pudiendo conceder un permiso de hasta cuatro horas, bien el mismo día de la jornada electoral, o con anterioridad para el ejercicio del voto por correo si existieran dificultades en reconocer dicho permiso en la jornada electoral».

«Se trata de garantizar el derecho al voto, y en consecuencia, se establecen medidas para que la Administración pueda facilitar tal ejercicio. Por tanto, la cuestión con arreglo al citado artículo 13 es clara. O bien se arbitran medidas para facilitar el ejercicio en horario laboral, o se facilita el voto por correo», han agregado las mismas fuentes.

La defensa del que fuera comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín-Blas –imputado en la pieza ‘Kitchen’ del caso Tándem– ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso que se incorporen a la causa las agendas y diarios intervenidos al comisario José Manuel Villarejo, así como las grabaciones y documentos que hagan referencia a su representado.

En un escrito fechado a 12 de abril, la defensa de Martín-Blas solicita estas diligencias denunciando que ha podido conocer «por medios extraprocesales una vez más» de la existencia en poder del Grupo III de la Unidad de Asuntos Internos de «mucho mas material documental relativo a los graves hechos denunciados» por el exjefe de UAI y que la actual unidad «no ha aportado a la presente pieza tal y como se le requirió».

Fundamentalmente se refiere a las agendas del comisario, y en las que Villarejo hacía múltiples alusiones a Marcelino Martín-Blas. Cabe recordar que dejó anotado en su agenda personal el día a día de sus movimientos en la conocida como ‘guerra de comisarios’ que le enfrentó a él y a su entorno con el que fuera jefe de Asuntos Internos.

Ahora, la defensa quiere que todo lo que aparezca en esa agenda en referencia a ‘Marcel’ o ‘Marce’, así denominaba Villarejo a Martín-Blas, se incorpore a la Kitchen. Y en el escrito de 20 páginas hace un recorrido por todas las anotaciones que en 2016 y 2017 hacían referencia a él.

También incluye en su escrito anotaciones de la agenda del comisario sobre Rubén Eladio López, su mano derecha en la UAI. En parte, esa animadversión entre el entorno de Villarejo y Martín-Blas surgió después de que el comisario (ahora en libertad tras su salida de Estremera en marzo) fuera investigado en el juzgado de instrucción 2 de Plaza de Castilla por su relación con una grabación a policías y agentes del CNI en una derivada del caso del ‘Pequeño Nicolás’.

Era el conocido como ‘caso Nicolay’, y el propio Martín-Blas y Rubén Eladio López dirigieron las pesquisas al frente de la comisión judicial por asignación del juez que instruía la causa, Arturo Zamarriego. Corría el año 2016 y, comparando el avance de esas pesquisas con la agenda de Villarejo, se observa que era un asunto que le inquietaba en su día a día y del que hablaba con asiduidad con sus colaboradores y allegados.

LA GRABACIÓN A JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

Entre las anotaciones que la defensa de Martín-Blas destaca de la agenda de Villarejo está la de 22 de junio de 2016, en la que se alude a la grabación realizada en el despacho del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y en la que éste departía con el responsable de la Oficina Anti Fraude de Cataluña Daniel de Alfonso. Martín-Blas lamenta que Villarejo orquestara «una terrible campaña de difamación» contra él atribuyéndole esa grabación del ministro a pesar de que ya sospechaba que el filtrador a la prensa era el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño.

De hecho, en este mes de abril, García Castaño, que en la agenda de Villarejo aparece bajo el apodo de ‘Big’, confesó ante los diputados en la comisión de investigación relativa a la Kitchen que fue él quien colocó ese micrófono en el despacho del ministro y que mientras grababa se fue a tomar unas cañas con un subalterno.

Pero además de ese apunte, el escrito hace un pormenorizado recorrido por todas las anotaciones que el comisario realizó durante meses en su agenda y en los que dejó constancia de supuestos contactos tanto con periodistas muy mediáticos como con responsables policiales (como el Director Adjunto Operativo Eugenio Pino) y con los que buscaba aparentemente quitarse de en medio a Martín-Blas.

OPERACIÓN ‘PARTY’

En el escrito, la defensa hace referencia al informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (UAI) de octubre de 2020, gracias al cual se supo que Villarejo investigó el patrimonio personal y familiar del que fuera comisario jefe de esta unidad Marcelino Martín-Blas. Al ‘proyecto’ en el que recogía documentación sobre éste lo denominó ‘Party’.

Cabe recordar que ese informe policial es fruto del requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón quien acordó que se remitieran todos los documentos depositados en esa unidad que pudieran relacionar a Martín-Blas con el operativo Kitchen.

Ahora, en el escrito de la defensa de Martín-Blas se deja constancia de que en la agenda de Villarejo también queda anotada una conversación de 18 de septiembre de 2017 con un periodista de investigación apodado ‘Lucyman’ en la que habrían hablado sobre el patrimonio del jefe de UAI y de su familia.

Tras una larga enumeración de anotaciones de la agenda en las que incluso sale a relucir el caso del ‘pendrive’ de los Pujol, y tras mencionar publicaciones en las que se habla de la animadversión de Villarejo hacia Martín-Blas, la defensa del exjefe de UAI indica que es de suponer que «existe mucho mas material que obra en manos de la Unidad de Asuntos Internos que pondría de manifiesto las maniobras de obstrucción a la justicia de la organización criminal objeto del presente procedimiento».

Esas maniobras, indica, iban encaminadas a impedir las investigaciones dirigidas por Marcelino Martín-Blas, y consistieron en el «acoso y aniquilación personal y profesional» por medio de la interposición de denuncias falsas y de orquestar junto a periodistascampañas de difamación.

La Audiencia de Barcelona ha avalado procesar de nuevo al expresidente del Govern Quim Torra por presunta desobediencia al no retirar de la fachada de la Generalitat una pancarta de apoyo a los presos del 1-O, en la que es la segunda causa del exjefe del Ejecutivo catalán por presuntamente no acatar órdenes judiciales en este sentido.

En el auto, los magistrados desestiman el recurso de apelación que la defensa de Torra presentó contra la decisión del juzgado instructor al terminar la investigación.

El 28 de diciembre de 2020, el Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona decidió procesar a Torra por un presunto delito menos grave de desobediencia por supuestamente desoír la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que en septiembre de 2019 le dio 48 horas para retirarla.

En el recurso, la defensa de Torra afirmó que la orden «no era firme ni ejecutable» cuando se le requirió quitar la pancarta, porque la decisión aún podía recurrirse, y no podría suponer un delito de desobediencia.

La Audiencia de Barcelona replica que, aunque pudiera recurrirse la resolución que ordenaba retirar la pancarta, eso «no evita su ejecución, configurándola por tanto como de obligado cumplimiento» aunque estuviera pendiente del recurso.

«CONTUMAZ REBELDÍA»

Torra también reprochó que la jueza instructora tachara su actitud de «contumaz rebeldía» al decidir procesarlo, y en el recurso afirmó que es una valoración anticipada y parcial que no respeta la presunción de inocencia.

En cambio, los magistrados de la Audiencia de Barcelona sostienen que el auto de la jueza, que avalan íntegramente, cumple con los requisitos necesarios y muestra indicios de delito, y no ven «pérdida de imparcialidad alguna».

«La mención a la contumaz rebeldía del recurrente a cumplir con lo mandado no es más que descripción del elemento subjetivo» del delito de desobediencia, según los magistrados.

Torra alegó que la decisión de mantener la pancarta en la Generalitat estaba amparada en el derecho a la libertad de expresión, de participación política y en su ejercicio del cargo de presidente, y en este punto los magistrados emplazan a valorarlo en el juicio.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado disconforme este martes con el anuncio que ha salido del Consejo de Ministros, que ha aprobado un real decreto ley para permitir a las comunidades recurrir al Tribunal Supremo si los tribunales superiores autonómicos tumban sus restricciones frente a la pandemia una vez decaiga el estado de alarma el próximo sábado por la noche.

De este modo, el Ejecutivo abre una vía para que, a partir del 9 de mayo, las comunidades puedan seguir adoptando medidas que supongan la limitación de derechos o libertades fundamentales, como los cierres perimetrales o el toque de queda. Es decir, no descarta que se puedan mantener estas restricciones, pero deja al Supremo la última palabra al respecto.

En concreto, el decreto aprobado para regular el fin del estado de alarma establece que los gobiernos autonómicos podrán interponer recursos de casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo, y que éstos deberán resolverse en cinco días hábiles.

«Se abunda en una pertinaz posición de no querer legislar ni dejar legislar a las comunidades y apostar por la judicialización de la pandemia», ha lamentado el presidente de Galicia, cuya reforma de la ley de salud ha sido recurrida en parte por el Ejecutivo estatal ante el Tribunal Constitucional (TC). Además, Feijóo ha reivindicado de forma reiterada una ley estatal para facilitar la gestión de la pandemia.

Ahora, ha recalcado que cualquier gobierno autonómico que necesite tomar decisiones frente al coronavirus «en base a datos epidemiológicos» precisará de una autorización de su tribunal superior autonómico y, si la sentencia es «negativa», acudir al Supremo.

Al respecto, ha señalado que la «tutela efectiva» de jueces y magistrados es «un principio constitucional», pero ha insistido en que él no considera que «para gestionar una pandemia» tengan que ser «jueces y magistrados los que concuerden con las propuestas del comité clínico y los epidemiólogos».

«SEGUIR LAVÁNDOSE LAS MANOS»

«Me parece que es una falta de decisión seguir lavándose las manos de la situación epidemiológica y judicializar la pandemia con sentencias que pueden ser distintas, que son efectivas desde el momento de su dictado y que tiene que casarse en el Supremo», ha esgrimido.

Aunque los recursos del Supremo tendrán que resolverse en un plazo de cinco días hábiles, Feijóo ha incidido en que, tras el fin del estado de alarma, se generará una «incertidumbre» que lamentan «todos» los presidentes autonómicos. «No es una cuestión ideológica, es un problema de gestión y administración de los servicios sanitarios en cada comunidad», ha apostillado.

«NO ARREGLA, SINO ALARGA» LOS PROCESOS DE GESTIÓN

Sobre este asunto se ha pronunciado también este martes en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, tras la Xunta de Portavoces y después de incidir en la necesidad de una ley específica como la que había impulsado la Xunta.

A su modo de ver, el paso anunciado por el Gobierno supone una modificación en el proceso que ya se hizo en su momento, puesto que los tribunales de primera instancia tampoco daban respuestas iguales ante la situación de la pandemia. A juicio de Puy, recurrir a la justicia «no arregla, sino alarga» los procesos de gestión.

La Fiscalía Anticorrupción comunicará este miércoles al tribunal de la Audiencia Nacional cual es su petición definitiva de pena para el extesorero del PP Luis Bárcenas y los otros cuatro acusados por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la caja ‘b’.

La vista oral, que se inició el pasado 8 de febrero, encara su recta final. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado sesiones este miércoles y jueves para que el Ministerio Público, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares, y después las defensas, manifiesten sus conclusiones y empiecen a exponer sus informes finales.

Antes de dar paso a esta fase, la defensa del PP ha solicitado a la Sala que se reproduzca la declaración que prestó en instrucción el extesorero ‘popular’ Álvaro Lapuerta, cuya responsabilidad quedó archivada por demencia sobrevenida en 2016, dos años antes de fallecer.

Así, la Fiscalía Anticorrupción trasladará al tribunal si mantiene su petición de pena de cinco años de prisión para el extesorero del PP Luis Bárcenas o si modifica su solicitud al tener en cuenta la disposición de éste a colaborar con la Justicia. Lo mismo ocurrirá con las acusaciones populares, quienes provisionalmente han solicitado penas de cárcel mucho más elevadas.

CARTA DE BÁRCENAS A ANTICORRUPCIÓN

Antes del inicio del juicio, Bárcenas –condenado a 29 años y un mes por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005)– remitió un escrito a Anticorrupción revelando que muchas de las donaciones de empresarios que recibió la formación política fueron a cambio de adjudicaciones públicas, si bien ello aún sigue en investigándose en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Pero en dicha carta, y así lo manifestó también durante su declaración como acusado, también afirmó que la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid se pagó con dinero procedente de la caja ‘b’ de la formación y por ello el investigado Gonzalo Urquijo, socio de Unifica –empresa que realizó la reforma–, aparece en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’.

Explicó que de la contabilidad paralela salieron fondos para que Lapuerta comprara acciones de Libertad Digital, cuyo dinero nunca fueron devueltos a la caja ‘b’. Y además, aseguró que de la caja no oficial salieron «complementos salariales» para altos cargos del partido.

Apuntó directamente al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo de haber recibido ‘sobresueldos’.

Todos ellos han declarado en este juicio como testigos, al igual que el expresidente del Gobierno José María Aznar, y han negado rotundamente las afirmaciones hechas por Bárcenas.

BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Junto al extesorero y exsenador ‘popular’ se sientan en el banquillo de los acusados el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez, para quien Fiscalía solicita un año y medio de cárcel, y los socios de Unifica –empresa que realizó la reforma de la sede del PP–, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes pide tres años y 10 meses de prisión.

También está acusada la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien Fiscalía interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de las acusaciones populares. En cuanto al PP, está presente en este procedimiento como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes mediante un Real Decreto el nuevo Estatuto para el organismo autónomo Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), derogando así el anterior que se aprobó en 2007, según ha informado el Ejecutivo.

El CNIG tiene como finalidad producir, desarrollar y distribuir los trabajos, publicaciones y servicios de carácter geográfico que demande la sociedad, bajo la dirección estratégica de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través del cual se adscribe al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Este nuevo Estatuto responde a necesidades de diversa índole que han surgido en los últimos años, entre ellas, la necesidad de adaptarse a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que modificó las características y condiciones que deben cumplir los organismos autónomos.

Por otra parte, el nuevo Estatuto actualiza las funciones del CNIG para acomodarse a las tecnologías y métodos de acceso a la información geográfica que han cambiado significativamente, del mismo modo que lo han hecho las necesidades y requerimientos de los usuarios y de las Administraciones Públicas.

Desde el punto de vista funcional, destaca la atribución de la planificación y gestión de la Infraestructura de Información Geográfica de España, así como la armonización y normalización, en el marco del Sistema Cartográfico Nacional, de la información geográfica oficial.

Además, fortalece el papel que el CNIG realiza en el desempeño de la difusión de información geográfica a través de los diferentes medios de comunicación, lo que «incrementará el conocimiento de la sociedad sobre este sector y, en particular, de los datos, productos, servicios y aplicaciones geográficas de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional».

Con este nuevo estatuto, el Centro Nacional de Información Geográfica se dota del marco normativo para afrontar los retos actuales y futuros relacionados con el sector de las tecnologías aplicadas a la información geográfica.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha hecho un llamamiento a respetar el Estado de derecho y la independencia judicial en El Salvador, donde la nueva Asamblea Nacional controlada por partidarios del presidente, Nayib Bukele, ha cesado este fin de semana a los jueces del Constitucional y al fiscal general.

González Laya ha asegurado que el Gobierno está siguiendo la situación en el país centroamericano y está en contacto con las autoridades, a las que ha trasladado un «llamamiento al respeto del Estado de derecho, a la independencia judicial y a la separación de poderes».

En este sentido, en rueda de prensa con su homólogo de Serbia, Nikola Selakovic, ha indicado que además de seguir «atentos» a la evolución de la situación el Gobierno también está trabajando ya con sus socios de la UE y en la región.

La ministra de Exteriores ha insistido en que «Estado de derecho, independencia judicial y separación de poderes (son) principios fundamentales para España pero también para un país amigo como es El Salvador».

El paso dado por la nueva Asamblea Nacional salvadoreña, que controla el partido de Bukele, ha sido duramente criticado ya por Estados Unidos, la UE y la ONU.

Precisamente, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha condenado este martes la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, así como del fiscal general, y ha alertado de que esto «socava gravemente» la democracia y el Estado de derecho en el país.

En un comunicado, ha recordado que la separación de poderes es «la piedra angular de cualquier democracia» y ha matizado que «debilitar el control que uno ejerce sobre el otro provoca la erosión de los pilares del Estado de derecho y, por ende, del sistema democrático de un país».

Las críticas, sin embargo, no parecen haber hecho mella en Bukele, quien este domingo sostuvo que los diputados solo siguen un mandato popular que no les puso en el poder para «negociar».

«El pueblo no nos mandó negociar. Se van. Todos», señaló en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que también dijo que llevan «30 años» para expulsar al «régimen» que ha tenido al país «en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza». «Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones«, denunció.

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha asegurado que su formación no mediará en las negociaciones para formar Govern entre ERC y Junts porque no le corresponde, y ha lamentado que van «demasiado lentas».

«Lamentamos que haya tantas dificultades para que se pongan de acuerdo y confiamos en que en las próximas semanas» lo logren, ha explicado en rueda de prensa este martes en el Parlament, y ha argumentado que hay prisa por la situación de crisis sangrante, en sus palabras.

Estrada ha criticado que esta situación «recuerda demasiado a la última legislatura» y ha pedido que se dejen atrás los rifirrafes y haya más celeridad en las negociaciones entre los que ya son socios del actual Govern.

La diputada ‘cupaire’ ha explicado que han mantenido reuniones con ERC y Junts para saber cómo evolucionan las conversaciones entre ellos, y ha añadido que entienden que el acuerdo entre anticapitalistas y republicanos es «asumible por Junts» y cuentan con que no se modifique durante las negociaciones.

«Partimos de la premisa de que el acuerdo se mantendrá intacto porque a eso se comprometió ERC», ha respondido cuando le han preguntado si temen que Junts y ERC lleguen a otro acuerdo que no sea compatible con el de los ‘cupaires’.

Además, ha concretado que en reuniones que han mantenido con Junts han identificado algunos escollos, relativos al ámbito de la salud y en concreto sobre la internalización de servicios como el transporte sanitario y el 061, pero confían en que «esta incomodidad será superable».

ESTRATEGIA UNITARIA INDEPENDENTISTA

La diputada ha emplazado a los partidos a encontrar un entendimiento y formar una dirección estratégica independentista que incluya a ERC, Junts y CUP, así como a la ANC y Òmnium Cultural, en lo que ha definido como un órgano colegiado donde «el Consell per la República (CxRep) puede ser un actor más».

Sobre este último organismo, Estrada ha explicado que no tienen inconveniente en debatir sobre si la CUP debe estar o no, pero se debe reformular y ahora «no hay una propuesta de reformulación sobre la mesa», ha avisado.

También ha dicho que están trabajando «para desarrollar este encuentro» entre los cinco actores políticos para confrontar las diferentes estrategias y decidir los pasos a seguir en esta legislatura, tras lo que ha añadido que desconocen la hoja de ruta de Junts y no acaban de compartir la de ERC.

Además, la diputada ‘cupaire’ ha asegurado que no ponen plazos a este posible encuentro: «Tenemos una legislatura por delante», pero ha instado a Junts a decir lo que quieren mejorar en este aspecto y así poder hacer pinza de manera conjunta, ha dicho textualmente.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha llamado este martes a los madrileños a ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad porque «si la ciudadanía se mueve, Madrid puede cambiar», y ha asegurado que tiene «buenas sensaciones».

Además, ha afirmado que el aumento de participación es «la mejor noticia de que la gente ha entendido que nos jugamos muchos en estas elecciones», aunque ha señalado que estas cifras registradas a mitad de jornada no se pueden comparar con otras citas anteriores porque este martes es día lectivo.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones después de ejercer su derecho al voto en Alcorcón. «Lo importante es que hoy hemos podido votar, hemos podido decidir y podemos decir con nuestro voto un cambio para la Comunidad de Madrid», ha afirmado la que será la vicepresidenta económica del candidato socialista, Ángel Gabilondo, si éste logra formar gobierno.

En este sentido, ha defendido que «es muy importante» que todo el mundo acuda a votar, «porque no sólo va a poder decidir con su propio voto el partido que quiere que les represente, sino que también va a poder influir en la decisión final».

Maroto ha reconocido que el hecho de que sea día laboral convierte esta votación en un «día complicado para muchos trabajadores y trabajadoras». «Nosotros les animamos a que tienen su derecho para venir a votar», ha apostillado.

Asimismo, sobre las expectativas que tiene para el PSOE en estas elecciones, Maroto ha afirmado que «las sensaciones son buenas» y que han hecho una campaña en la que han sabido «hablar de lo importante», incluso tras las amenazas que sufrieron varios miembros del Gobierno, incluida ella misma.

«EL PSOE NO LES VA A DEFRAUDAR»

«Pensamos que si la ciudadanía se mueve, Madrid puede cambiar. Hay un futuro por construir entre todos y desde luego, el Partido Socialista no les va a defraudar», ha aseverado la ministra.

En este punto, ha asegurado que se van «a dejar la piel para que estos dos años la gente deje atrás la pandemia», que en Madrid todavía tiene «índices de incidencia tan altos», y para que la «reactivación a cada familia. Además, ha reivindicado la «red de seguridad» que ha desplegado el Gobierno central para «salvar muchas empresas y muchos empleos».

«Lo importante es que la gente vaya a votar, que tiene derecho, que es un día laborable y por lo tanto, algunos pueden pensar de las dificultades para trasladarse a los colegios electorales, que están abiertos hasta las 20.00, así que los que nos oigan y todavía no hayan jercido el voto, les animamos a que lo hagan», ha enfatizado.

«Cada voto es determinante y cada voto vale lo mismo, eso es lo que hace de las elecciones siempre un día bonito, un día positivo porque podemos cambiar las cosas y está en nuestra mano», ha zanjado.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha dejado claro este martes que si el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, debe comparecer ante los jueces lo hará porque en España la justicia es independiente, al tiempo que ha considerado que ya se han dado a Marruecos las explicaciones pertinentes sobre este caso.

En rueda de prensa junto a su homólogo de Serbia, Nikola Selakovic, la jefa de la diplomacia ha puntualizado que cuando las «razones humanitarias» que permitieron el traslado concluyan «evidentemente» Ghali «se marchará de España».

El líder del Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se encuentra hospitalizado desde hace casi dos semanas en un hospital de Logroño, para recibir tratamiento contra la COVID-19. El Polisario informó este lunes de que el estado de salud de Ghali «está mejorando constantemente y avanza hacia la recuperación».

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado comprobar si el hombre identificado como Brahim Ghali es realmente esta persona antes de citarle a declarar como investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 no ha rechazado, en principio, interrogar a Ghali, tal y como solicitó la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) tras tener conocimiento de que podría haber sido trasladado hasta España para recibir un tratamiento médico. No obstante, antes de proceder a su citación, ha acordado que se compruebe su verdadera identidad.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

Preguntada sobre esta cuestión y si Ghali dejaría el país de recibir el alta de forma inmediata, González Laya ha recalcado que «en España la justicia es independiente» y el Gobierno es «exquisitamente respetuoso con la actuación de la justicia».

Así pues, ha añadido, «la justicia hará lo que tenga que hacer y el Gobierno lo respetará íntegramente como no puede ser de otra manera en un país democrático».

«Si la justica entiende que tiene que comparecer, comparecerá», ha recalcado la ministra, insistiendo en que «no será el Gobierno de España el que se interponga en el libre funcionamiento de la justicia» tanto en este caso «como en cualquier otro».

EXPLICACIONES OPORTUNAS A MARRUECOS

Por lo que se refiere al malestar que la decisión del Gobierno ha suscitado en Marruecos, país con el que hay pendiente la celebración de una reunión de alto nivel desde diciembre, la ministra ha insistido en que se han dado «las explicaciones oportunas sobre las circunstancias que nos llevaron a acoger por razones estrictamente humanitarias» a Ghali.

El Ministerio de Exteriores marroquí convocó al embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Horchleitner, el pasado 22 de abril para pedir explicaciones al Gobierno por su decisión, de la que no había sido informado con antelación. Además, este fin de semana el titular de Exteriores, Naser Bourita, no dio por suficientes las aclaraciones recibidas y, en una entrevista, planteó al Ejecutivo si está dispuesto a sacrificar su relación con Rabat por este asunto.

González Laya ha insistido en que la relación con Marruecos es «extraordinaria» y que los dos países no solo son vecinos sino «dos socios privilegiados».

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros. «Tenemos una magnífica relación de vecindad», ha afirmado, incidiendo en que ambos países «están llamados a colaborar».

PASO DEL ESTRECHO

Montero ha aclarado que por el momento no se ha tomado una decisión sobre la operación ‘Paso del Estrecho’ para este año, la cual está condicionada por la situación de la pandemia tanto en España como en Marruecos.

«Todavía no se ha tomado una decisión», ha comentado, confiando en que a medida que se acerque la fecha se pueda tomar una determinación, habida cuenta de la envergadura de la misma, que supone el paso por España de «personas que vienen de todas partes del mundo«, aunque principalmente de Europa.

Así pues, ha insistido en que es «prematuro» decir cómo se llevará a cabo y ha puntualizado que en todo caso la misma tendrá un «abordaje específico por parte de los ministerios y las comunidades autónomas responsables».