El ex consejero del Gobierno murciano Juan Carlos Ruiz, titular de Industria con Alberto Garre, del PP, será juzgado por la Audiencia Nacional en el marco de una pieza separa del denominado caso Púnica, al ser acusado por el Fiscal de haberse beneficiado de fondos públicos para mejorar su imagen y reputación.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dictado este jueves un auto, en el que abre juicio oral contra Ruiz y otras ocho personas, entre las que figura el que fuera su jefe de gabinete; la entonces directora del Instituto de Turismo; y el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso.

En concreto, el auto señala que procede la apertura del juicio oral contra las personas acusadas por el Ministerio Fiscal, al sustentarse la pretensión acusatoria en «indicios racionales de criminalidad» que permiten atribuir provisionalmente la comisión de los delitos.

En concreto, el Fiscal sostiene que, desde el mes de abril de 2014, con la intención de darse a conocer ante los ciudadanos de la Región de Murcia y transmitir una imagen positiva en las redes sociales, el entonces consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, que se postulaba para candidato para presidente de dicha Comunidad Autónoma, se interesó por el paquete de trabajos personales que le ofrecieron los acusados José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro.

Estos trabajos, según el Ministerio Público, estaban dirigidos a «cuidar su reputación en las redes sociales y promocionarle ante el Partido Popular nacional, aceptando el ‘Informe De Percepción Inicial’ que le entregaron los empresarios y que reflejaba su proyección en la red en esos momentos».

Por ello, Ruiz concertó con su Jefe de Gabinete y con los acusados De Pedro y Alonso, que la empresa EICO le gestionase sus redes sociales y le realizase trabajos personales de reputación on line, «que situasen su nombre entre los primeros puestos en buscadores de internet, transmitiendo siempre una imagen positiva, de cara a conseguir ser el candidato a presidente y ganar las elecciones».

Asimismo, el Fiscal sostiene que Ruiz también convino, accediendo a las peticiones de los empresarios, sacar a licitación «contratos públicos que simulasen la necesidad de contratación de cualquier servicio relacionado con el objeto social de las mercantiles EICO y MADIVA, y su adjudicación a esta última mercantil, para el pago velado del verdadero servicio contratado con la sociedad EICO, los trabajos reputacionales».

«En el plan cobró valor que la Consejería de Turismo tenía adscritos dos Institutos, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región, y que ambos los presidía el acusado Juan Carlos Ruiz».

Según el Fiscal, Ruiz «aprovechó en su exclusivo interés personal la participación de ambos Institutos, que no tenían fiscalización previa, y cuyos responsables eran nombrados a su propuesta».

«Los contratos simularían estar destinados a satisfacer los fines institucionales de cada uno de dichos entes públicos, a sabiendas de que a cambio las empresas de los acusados De Pedro y Alonso le realizarían, sin coste para él, sus trabajos personales de reputación», tal y como señala el escrito de acusación del Ministerio Público.

De esta forma, el Fiscal sostiene que Ruiz «consiguió facilitarse la contratación, evitando el control del Interventor de la Consejería de Turismo sobre la adjudicación de los contratos». «El ardid diseñado permitía que fuesen los fondos públicos de los Institutos de Turismo y Fomento los que sufragasen lo que debía ser un gasto personal del Consejero de Turismo», añade.

PENAS

Así pues, el Fiscal pide para Juan Carlos Ruiz la pena total de cuatro años de cárcel. En concreto, solicita dos años y seis meses de prisión por el delito de fraude; así como un año y seis meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación, así como una multa 150.000 euros.

No obstante, el abogado defensor de Ruiz, Raúl Pardo-Geijo, ha señalado que cree que ha habido un error en el establecimiento de la pena porque el Fiscal no acusaría, en principio, a Ruiz de prevaricación, lo que puede deberse a un posible «lapsus» del Ministerio Fiscal porque al resto de los acusados sí les atribuye este delito.

Pardo-Geijo ha defendido que la causa se sobreseyó parcialmente en lo que respecta a las actividades de reputación del INFO, pero se mantienen en lo que respecta al Instituto de Turismo, a pesar de que las actividades se hicieron «para el alcalde de Molina de Segura», a quien se le archivó la causa.

Además, el letrado señala que, tras sobreseerse parcialmente el procedimiento, el Fiscal añade ahora un delito más –el trágico de influencias– a pesar de que hay «menos material probatorio».

En este sentido, Pardo-Geijo ha asegurado que tanto él como su defendido están «muy tranquilos» porque «no hay nada que sustente la tesis de la Fiscalía». Además, reconoce que ya sabían que tendrían que ir a juicio, y solo lamenta «el perjuicio de que se someta a Ruiz a la pena de banquillo».

Eliminar el límite de renta para que todas las familias numerosas puedan acceder a ayudas, garantizar que su condición dependa solo del número de hijos o ampliar la duración del periodo de excedencia para el cuidado de menores en estos núcleos familiares son algunas de las medidas que el PP ha registrado en el Congreso para impulsar y ayudar a las familias numerosas españolas.

En el marco de la celebración, este sábado 15 de mayo, del Día Internacional de las Familias, los ‘populares’ han impulsado una proposición no de ley en la que reclaman de forma específica la reforma de la ley de protección de las familias numerosas con el objetivo de «ampliar» los incentivos fiscales que reciben.

Con estos cambios, el PP quiere que estas familias no dependan del límite de renta para recibir ayudas, que la categoría especial de familia numerosa se obtenga a partir del cuarto hijo, que se amplíen los plazos de excendencia por cuidado de hijos, o que los dos progenitores mantengan la categoría como miembro de una familia de estas características aunque se divorcien o separen.

En la iniciativa, también se llama modificar la regulación del complemento de maternidad eliminando la limitación del número de hijos para su cálculo; a equiparar el trato fiscal a las familias numerosas en la adquisición de la viviendas nuevas o de segunda mano mediante la reducción del gravamen del IVA; o incluir en la normativa y legislación que se apruebe la perspectiva de familia, «como ocurre con el genero».

DISCRIMINACIÓN EN LAS AYUDAS

Los de Pablo Casado recogen en esta propuesta, según señalan en el texto, algunas de las reclamaciones que desde la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) se llevan realizando desde hace tiempo y que tienen como objetivo acabar con la «discriminación» que, a juicio de esta entidad, sufren estos núcleos familiares.

La FEFN explica, por ejemplo, que en España se limita el complemento por maternidad a los cuatro hijos; que para la prestación por desempleo «cuenta lo miso tener dos que cuatro hijos»; o que para los ERTE se cobra 1.412 euros con dos o más hijos. Esto se visualiza, explican, en que el 39% de las familias españolas «tiene dificultad para llegar a fin de mes» y un 36% indica que sus ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades esenciales del hogar.

Pero no es la única iniciativa que el PP ha registrado esta semana con motivo del Día Internacional de las familias. Los ‘populares’ han impulsado también una iniciativa sobre las familias monoparentales.

En este caso, pide modificar, también, la ley de protección de familias numerosas para incluir en el concepto de familia numerosa a todas aquellas con un ascendiente integrada por dos hijos «con independencia de la causa que haya provocado la monoparentalidad». El objetivo, indica el texto registrado, es «hacer extensible» a estos núcleos familiares «todos los beneficios» de las familias numerosas.

Además, el PP quiere que el Gobierno redacte una ley específica para familias monoparentales con la que se otorgue reconocimiento, seguridad y medidas que ofrezcan cobertura social a este tipo de familias.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo ha condenado a un año y tres meses de prisión al acusado de provocar un accidente de tráfico en julio de 2018 en Cangas del Narcea, en el que fallecieron tres jóvenes. La sentencia reconoce los atenuantes de confesión y reparación del daño causado, según ha informado el despacho de abogados Veláquez & Villa.

A pesar de que la fiscalía pedía indemnizaciones por cerca de 170.000 euros para los familiares de una de las fallecidasy otro de los ocupantes que resultó herido, las familias de las dos víctimas y el otro conductor renunciaron a las mismas. Además inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba la pena de 4 años de prisión.

Los hechos sucedieron sobre las 19.45 horas del día 15 de julio de 2018, cuando el acusado circulaba por la carretera AS-15 en dirección a Cangas de Narcea, conduciendo el vehículo marca Citroën Xsara.

Al llegar al kilómetro 53,800, a la entrada de una curva a la derecha según el sentido de su marcha, el acusado invadió el carril contrario en el momento en que circulaba correctamente y en sentido contrario el vehículo Renault Kangoo, conducido por su propietario quien pese a apartarse a la cuneta no pudo evitar ser acometido por el vehículo conducido por el acusado.

El accidente se produjo en una zona con la calzada ligeramente mojada, en buen estado de conservación y rodadura, con doble sentido de circulación y una anchura para cada carril de 3,50 metros separados por línea central continúa, con arcén no delimitado por encontrarse en obras, con señalización vertical de advertencia por existir una sucesión de curvas e indicación de velocidad máxima aconsejable de 60 kilómetros por hora y vertical de prohibición de adelantar.

Los hechos se produjeron debido a que el acusado circulaba a velocidad excesiva y sin prestar la mínima atención a la conducción. Tras el golpe, el acusado salió despedido de nuevo hacia la carretera y rebotó contra la valla de protección del margen derecho hasta quedar detenido en el medio de la carretera.

El conductor del Renault Kangoo contra el que chocó el acusado, resultó con lesiones consistentes en contusión pulmonar derecha, hemotórax derecho y dorsalgia postraumática.

En el vehículo conducido por el acusado que resultó herido, viajaban otras cuatro personas, dos chicos y dos chicas. Uno de los chicos resultó herido y tardó 33 días en curar, el resto fallecieron. El chico nacido el 20 de mayo de 1998, de 20 años, sufrió shock traumático primario con hemorragia torácica masiva y traumatismo torácico con rotura cardiaca y aórtica, que provocaron su fallecimiento.

Las dos chicas también perdieron la vida. Una de ellas, de 18 años, que sufrió hematoma intraparenquimatoso de cerebro talámico izquierdo y edema cerebral traumático, así como posterior parada cardiorrespiratoria que provocó su fallecimiento. Y la otra mujer, de 21 años, que sufrió traumatismo primario con hemorragia torácica masiva y traumatismo torácico con rotura de arteria aorta torácica y bazo, lo que provocó su fallecimiento.

El despacho de abogados Veláquez & Villa considera «proporcional y equilibrada la pena». «Estamos satisfechos con el resultado porque hemos podido poner de manifiesto la doble tragedia que protagonizanuestro asesorado: Él también ha sido víctima en un desgraciado accidente en el que ha perdido a sus mejores amigos y ha reconocido su parte de responsabilidad, lo cual de por si es una condena que arrastrara de por vida».

«Esperamos que esta tragedia también impulse una toma de medidas respecto al estado de esta carretera, que presenta tres puntos negros y lamentablemente no es la primera vez que registra accidentes graves», concluyen desde el despacho jurídico.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido la «diversidad familiar» frente a los «discursos de odio» y quienes quieren «imponer un único modelo de familia tradicional», y ha anunciado que la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias llegará al Consejo de Ministros a finales de 2021 o principios de 2022.

«Todas las familias son legítimas y tienen que ver garantizados sus derechos frente a aquellos que quieren imponer un único modelo de familia y que piensan que ese modelo, mal llamado ‘tradicional’, es el único que tiene que ver garantizados sus derechos», ha explicado Belarra este viernes en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.

La ministra de Derechos Sociales ha comparecido junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para explicar el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado al plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.

En cuanto a la Ley de Diversidad Familiar, Belarra ha asegurado que van a «pisar el acelerador» para que llegue al Consejo de Ministros y se tramite antes de finales de este año o «como muy tarde» a comienzos de 2022.

En concreto, ha explicado que la ley protegerá a todas las familias «a través del reconocimiento jurídico» y ofreciendo un «apoyo especial» en forma de prestaciones para las familias monomarentales, las familias de partos múltiples, las familias LGTBI y las familias acogedoras, adecuando las ayudas a la situación de necesidad de cada una de ellas, «en función de su tamaño, características y rentas».

APUESTA POR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Sobre la petición de las familias acogedoras para que los 23.000 niños y niñas que viven en centros residenciales puedan crecer con una familia, Belarra ha asegurado su compromiso «firme» con la apuesta por el acogimiento familiar frente al residencial.

«No hay ningún modelo mejor que un niño pueda crecer en una familia», ha asegurado la ministra, mostrando su agradecimiento a todas las familias que acogen en España «en condiciones muy complicadas».

Así, ha precisado que, aunque las CCAA son las competentes en esta materia, desde el Gobierno van a apostar por el modelo de acogimiento familiar en la medida de sus posibilidades, con «recursos e iniciativa política».

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha recomendado a los españoles que se encuentran en Israel, unos 6.500, que eviten las zonas más expuestas a la actual escalada de violencia entre israelíes y palestinos y que se informen de dónde se encuentra el refugio más cercano.

El departamento que dirige Arancha González Laya ha actualizado las recomendaciones respecto a Israel en las últimas horas en su página web. Así, señala que «debido a las actuales tensiones, se recomienda evitar las zonas donde se han registrado episodios de violencia, particularmente en Jerusalén y en las proximidades de la Franja de Gaza, área esta última donde se registran numerosos lanzamientos de cohetes sobre territorio israelí».

Asimismo, también recomienda a los españoles «evitar desplazamientos innecesarios y congregaciones, así como conocer la localización del refugio más próximo a su vivienda u hotel» con la vista puesta en que puedan acudir a él en caso de ataque.

En este sentido, aconseja la app del Home Front Command, el mando del Ejército israelí encargado de la protección de la población civil en situaciones como la que se ha venido registrando en los últimos días, con lanzamientos continuados de cohetes desde Gaza contra territorio israelí.

Igualmente, Exteriores les pide que extremen «las precauciones, en particular a partir del crepúsculo, en ciudades donde se han dado enfrentamiento y actos vandálicos, evitando las zonas en que éstas han tenido lugar».

ESPAÑOLES EN GAZA

Por lo que se refiere al centenar de españoles que se encuentran en Gaza, fuentes diplomáticas han indicado este viernes que sigue sin estar previsto proceder a su evacuación por el momento. En total son 98 personas, todas ellas con doble nacionalidad y que en la mayoría de los casos llevan décadas residiendo en la Franja de Gaza.

El Consulado General en Jerusalén, que hace las veces de ‘embajada’ ante la Autoridad Palestina y gestiona todo lo relativo a los territorios palestinos, está en «contacto periódico» con todos ellos para conocer su situación, han precisado las fuentes.

Desde Exteriores se subraya que todas las embajadas y consulados de España «tienen la obligación de contar con un plan de concentración y emergencia» para la colonia española allí donde se encuentren. Su puesta en marcha, subrayan las fuentes, «responde a una serie de criterios que se evalúan permanentemente».

Por regla general, lo primero que se suele hacer es entablar contacto con las personas afectadas por la situación de emergencia, en este caso los bombardeos, y conocer sus necesidades y si estarían interesados en su evacuación.

Una vez conocida esta información sería cuando se podrían preparar posibles planes para su salida de la Franja de Gaza, en función de su número. Además, en este tipo de circunstancias es habitual que el Gobierno español actúe en coordinación con sus socios europeos, procediéndose a la evacuación conjunta de nacionales, lo cual suele facilitar los trámites y la logística, pero por ahora no se estaría en este punto.

El Partido Popular de la Región de Murcia ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para defender el Trasvase Tajo-Segura de los planes del Gobierno de Pedro Sánchez y pide «unidad y diálogo para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua».

Así lo ha anunciado el senador del PP, Juan María Vázquez, quien ha explicado que se exigirá la retirada de la modificación unilateral de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura hasta que no se haya producido la actualización de los planes hidrológicos vigentes. En la propuesta, se solicita convocar una Mesa del Agua con todas las comunidades afectadas y usuarios para plantear los distintos escenarios que contemplan los estudios hidrográficos del CEDEX y abordar soluciones desde el diálogo y el consenso.

Así, en rueda de prensa junto con los diputados nacionales, Isabel Borrego, Juan Luís Pedreño, y los senadores, Francisco Bernabé y Violante Tomás, el senador Vázquez ha señalado que el trasvase es un motivo de preocupación para todo el Levante y ha recordado que el PP lleva interpelando al Gobierno de España y al Ministerio de Transición Ecológica desde diciembre del año 2019, cuando comenzó la legislatura, por sus «intenciones» a este respecto. «Solo hemos encontrado como respuesta una actitud nada dialogante y sí autoritaria», ha aseverado.

En este sentido, el senador del PP lamenta que «no parece que les importe nada los más de 105.000 puestos de trabajo directos y los más de 200.000 puestos de trabajo indirectos que dependen del trasvase; y nada les importa el más del 50% de frutas y hortalizas que el sector produce en el conjunto de España y que exporta principalmente a Europa».

«En medio de la peor pandemia de nuestra historia reciente, nada ha detenido al Gobierno para regar, pero de incertidumbre, el futuro de nuestro trasvase», según Vázquez, quien recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez «empezó diciendo que las cuencas tenían que ser autosuficientes, como una clara tarjeta de presentación de cuales iban a ser sus intenciones».

«Nos dijeron que los recursos en este caso esenciales no podían distribuirse en el territorio español, como si no se distribuyeran otros recursos como son la electricidad o el gas», ha aseverado Vázquez, quien recuerda que han pasado meses en los que han oído a la ministra, Teresa Ribera, decir que «era ilusorio pensar que existe un derecho a desplazar grandes volúmenes de agua en España».

Asimismo, recuerda que en estos meses han escuchado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, decir que «sí o sí se le va a detraer agua al regadío; o que el trasvase Tajo-Segura se ssutenta sobre un discurso-ficción, en un desprecio absoluto a los regantes y a los agricultores murcianos».

Cuando el PP ha solicitado a Morán los estudios que «dice tener» y que demuestran que se va a producir una pérdida del 40% del recurso hídrico del trasvase Tajo-Segura», lamenta que solo han obtenido el «silencio» como respuesta. «Y cada vez que le hemos interpelado por estas cuestiones, o tenemos que reiterar nuestras preguntas o no nos contestan, como clara demostración de desprecio a quienes representamos a los ciudadanos en las cámaras parlamentarias».

Ha insistido en que el Gobierno de España anunció en primer lugar que la cuenca del Segura tenía que ser «autosuficiente», lo que fue una «carta de presentación» de cuales iban a ser sus intenciones.

Después, recuerda que «empezaron a intervenir los volúmenes de agua propuestos por la Comisión técnica del trasvase», algo que «nunca antes había sucedido, saltándose las recomendaciones técnicas y desplegando un catálogo de excusas, mes a mes, para demostrarnos que el agua que se trasvasaba no respondía a términos técnicos sino que respondía a lo que decidían el secretario de Estado y la ministra de Transición Ecológica».

«ELLOS DECIDEN LO QUE SE TRASVASA Y LO QUE NO»

Ante las «repetidas interpelaciones» del PP, lamenta que la contestación ha sido siempre que «ellos deciden lo que se trasvasa y lo que no, por encima de cualquier informe técnico, sin darnos explicaciones o alguno de los criterios seguidos». De este modo, cada vez que los volúmenes han correspondido a un nivel 3, el trasvase ha sido «intervenido», y ahora «no lo pueden hacer porque es automático gracias al memorándum y al nivel que tiene el trasvase».

Ha reprochado que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha seguido con los cambios en las reglas de explotación, porque mientras se avanza en finalizar los planes de cuenca, han decidido cambiar los volúmenes que corresponden a los diferentes niveles del trasvase».

«Y de forma unilateral, con solo 43 votos a favor de los 81 emitidos, han bajado el volumen a trasvasar del nivel 2 de los 38 hm3 a 27, demostrando una vez más que no parece que el consenso haya sido su mejor estrategia», según Vázquez.

El PP defiende que «no es el mejor momento de aplicar» este descenso porque solo incrementa la confusión y la incertidumbre en los regantes, más aún cuando ya han anunciado que pueden cambiar las reglas de explotación con los nuevos planes de cuenca».

A continuación, lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez propone modificar los caudales ecológicos, «donde realmente viene el hachazo», porque «va a significar una disminución en el agua a trasvasar», Según Vázquez.

Además, ha obtenido también la «callada por respuesta» cuando han preguntado «por los informes técnicos que hacen cambiar estos caudales ecológicos, o cuando preguntamos alternativas para incrementar estos caudales ecológicos como, por ejemplo, a partir de aguas procedentes del sur de la zona de Madrid». Tampoco han tenido «respuesta» cuando han preguntado por las sentencias del Tribunal Supremo o de la UE que obligan a detraer agua del trasvase de forma directa o indirecta.

«Incrementar los caudales ecológicos sin buscar alternativas o razones científicas es condenar al trasvase, y ahí nos van a encontrar junto a todos los murcianos, regantes, agricultores y ciudadanos», según Vázquez, quien recuerda que la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha mostrado su «preocupación» por el «nefasto resultado» que estos tendría.

«PRETENDE LIQUIDAR EL TRASVASE»

Por su parte, el secretario ejecutivo de Agua y Medio Ambiente, Jesús Cano, ha subrayado que «está claro que Pedro Sánchez pretende liquidar el Trasvase modificando el Memorándum», lo que va a suponer una subida del 30 por ciento en la factura del agua para todos los hogares y un 48 por ciento para los agricultores, «a pesar de que ya pagan el agua más cara de España».

«Nunca se han superado los caudales ecológicos previstos y no hay razones técnicas para su aumento» y si se lleva a cabo este atropello, «tal y como también ha reconocido la presidenta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, la situación se complica mucho, porque el 40 por ciento de sus recursos son del Trasvase Tajo Segura y estos son imprescindibles para el abastecimiento humano».

Cano le ha pedido a Sánchez que «escuche el clamor de la sociedad murciana y deje en paz el trasvase, respete el Memorándum y acate la Ley para acabar de una vez por todas con la guerra del agua». Así, ha dicho que «este Gobierno socialista está más centrado en avivar guerras estériles enfrentando a Comunidades Autónomas que en solucionar problemas», ha concluido el popular.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apoyado la presencialidad en todas las etapas educativas de cara al próximo curso escolar. De esta forma, ha indicado que teniendo en cuenta los niveles de inmunidad que se alcance con la vacunación, el próximo curso estará «muy cerquita» de la normalidad de la etapa precovid.

Actualmente la incidencia del covid en la educación andaluza es «muy escasa». El 98,3 por ciento de los centros educativos están libres de covid y eso ha llevado al presidente a apuntar que «el curso que viene va a ser un curso muy cerquita de la normalidad anterior a la etapa precovid».

«Cuando estamos hablando de una incidiencia tan baja a pesar de que no tenemos un nivel de inmunidad todavía alta significa que se dan las condiciones como para que el curso que viene en septiembre podamos tener un curso bastante más normalizado del que hemos tenido», ha indicado Moreno durante su comparecencia en Jaén donde ha inaugurado las urgencias del centro salud Bulevar.

El presidente ha dicho que, a falta de estudiar en profundidad las medidas propuestas por el Gobierno de España de cara a recuperar la presencialidad en el próximo curso, él comparte con la ministra de Educación, Isabel Celaá, que «la presencialidad es fundamental en el sistema educativo», aunque apostar por ello suponga «achicar» espacios y reducir las distancias entre el alumnado.

«El curso que viene si todos los datos siguen funcionando así, significa que en septiembre estaremos muy avanzados en la inmunidad colectiva», ha dicho Moreno, al tiempo que ha incidido en que «los riesgos de contagios van a ser muy inferiores o prácticamente se van a reducir a una mínima expresión respecto al curso anterior y por tanto podemos empezar a recuperar esa normalidad».

Ha señalado que medidas como mantener las mascarillas en las aulas, reducir la distancia a 1,2 metros u optar por ‘grupos burbuja’, le parecen «oportunas», aunque la Consejería de Educación está analizando las propuestas del Gobierno por «ver si hay que hacer alguna aportación».

«Hay que volver a la presencialidad porque hemos notado que el impacto de la calidad educativa no es la misma si es telemática, que si es presencial», ha señalado Moreno. En este sentido, ha subrayado que la pandemia, con el modelo telemático de enseñanza, «ha generado problemas» en cuanto que ha conllevado «más fracaso escolar y más abandono» y eso es algo que «tenemos que evitarlo».

«Una vez que lleguemos a esas cuotas de inmunidad no tiene sentido que mantuviésemos la educación telemática», ha afirmado Moreno al referirse que ya en el verano la vacunación habrá llegado al 70 por ciento de la población diana.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha pedido que los ciudadanos sigan confiando en la Estrategia de Vacunación tras el «incidente» ocurrido en Cáceres con las personas mayores de 60 años que han recibido una dosis de AstraZeneca por error.

Así, ha deseado «toda la tranquilidad» a las personas afectadas por el «incidente», al igual que también «toda la tranquilidad del mundo» a los profesionales que trabajan en los equipos de vacunación y que fueron los que «se dieron cuenta» del error, algo que a su juicio evidencia también que «los controles funcionan».

De este modo, a preguntas de los medios con motivo de su asistencia este viernes a los actos conmemorativos de La Batalla de La Albuera (Badajoz), Vergeles defendido también que «cuando ocurre un incidente en materia de seguridad de paciente» lo «mejor» que se puede hacer es analizarlo «bien» para «prevenir futuros errores».

«Lo que hay que hacer es aprender. Las investigaciones cuando se abren en Sanidad sobre determinados incidentes que pueden afectar a la administración de un medicamento, a una intervención quirúrgica, a los millones de actos sanitarios que se realizan en el sistema sanitario siempre se debe tener una visión de evaluación y de mejora, no utilizarlos desde el punto de vista punitivo sino de evaluación y de mejora para que no ocurran estos incidentes y para que tengamos un sistema sanitario cada vez más seguro», ha espetado.

Así, ha destacado que en Extremadura se han administrado más de 350.000 dosis de vacunas contra la Covid-19, y tras lamentar que puedan ocurrir «incidentes» de las características del de Cáceres, ha pedido que «entiendan que estamos en un proceso de vacunación muy complicado donde hay muchos cambios de vacunas al mismo tiempo, donde hay muchos grupos definidos», ha dicho.

En este punto, ha añadido que por eso la Junta ha apostado «siempre» por las edades, porque «las edades nos parece que es la forma más rápida, más ágil y probablemente incluso de que se tengan menos incidentes a la hora de la vacunación».

PIDE DE NUEVO DISCULPAS

En este sentido, de nuevo sobre la vacunación de Cáceres esta semana con AstraZeneca por error a personas menores de 60 años, ha dicho que «no hay ningún problema» y se ha remitido a las declaraciones de ayer por parte del gerente de Salud de Cáceres que «hizo las declaraciones oportunas», aunque ha reiterado las «disculpas que él ha pedido».

Al mismo tiempo, ha lanzado un «mensaje de tranquilidad a todas esas personas»; y tras recordar que hay «más de 30.000 personas sólo en Extremadura que estén vacunadas con esa vacuna (AstraZeneca)», ha incidido en que «es verdad que no está recomendada, pero tampoco está prohibida científicamente».

«Y por lo tanto tranquilidad, vamos a hacer un seguimiento muy estricto de los síntomas que presenten esas personas a lo largo de este tiempo», ha reiterado Vergeles, quien también ha destacado la «magnífica labor» que ha realizado el equipo de vacunación, que «como se pueden imaginar tiene un tremendo disgusto porque lógicamente a nadie le gusta que ocurran estas cosas», ha señalado.

El vicesecretario de Participación del PP y diputado en el Congreso, Jaime de Olano, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de «dejar tirados» a los trabajadores de la factoría de Alcoa en San Cibrao (Cervo).

En declaraciones a los medios frente a la Comisaría de Policía Nacional en Lugo, De Olano ha condenado la «política de la patada hacia delante» y «de no comprometerse con el futuro de esa gran industria de Lugo y de Galicia» por parte del Ejecutivo estatal.

«Una vez más, el Gobierno deja tirado a los trabajadores, después de andar mareando la perdiz. Y ya lo hicieron con el estatuto de la industria electrointensiva», ha agregado.

A su juicio, el estatuto aprobado «no resuelve en absoluto el problema del precio de la energía para este tipo de industrias y ahora da la sensación que dejan, una vez más, tirados a los trabajadores de Alcoa».

Además, Jaime de Olano ha reivindicado que el PP lleva «años del lado de los trabajadores»: «Nos hemos reunido con ellos y hemos presentado multitud de iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado, pero siempre nos encontramos con palabras vacías y compromisos huecos por parte de la ministra (de Industria) Reyes Maroto, pero muy especialmente Pedro Sánchez».

«Yo recuerdo las elecciones, cuando el señor Sánchez en A Coruña se bajó del avión para decir que el problema de Alcoa estaba solucionado. Eso lo dijo Pedro Sánchez hace dos años aquí, en Galicia, y a día de hoy el futuro de Alcoa mucho nos tememos que no es muy positivo», ha presagiado.

APELA AL PSDEG

De Olano también ha aprovechado para reclamar al Partido Socialista de Galicia y de Lugo un «compromiso claro» con la plantilla de San Cibrao: «Aquí hay dos opciones, o uno está del lado de los trabajadores, de la industria y de la creación de empleo en esta provincia, o uno está para hacer de palmero de Pedro Sánchez».

«Se está agotando el tiempo y se están agotando las excusas. Yo pido desde aquí un compromiso claro a los alcaldes de A Mariña, a los alcaldes de la provincia y de la Diputación para salvar esa gran industria en nuestra provincia», ha concluido el vicesecretario de Participación del PP nacional.

Las entidades de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) invirtieron 772 millones en Obra Social durante 2020 para mitigar el impacto económico y social provocada por la pandemia que beneficiaron a 24,6 millones de personas, según se ha dado a conocer este viernes, 14 de mayo, en la Comisión de Fundaciones y Obra Social, un encuentro anual que reúne a las fundaciones vinculadas a la asociación y que asesora al Consejo de Administración en materia de Obra Social.

En el evento se ha presentado la Memoria de Obra y Acción Social correspondiente a 2020, en la que se recogen las principales cifras y actividades que las entidades de CECA llevaron a cabo en esta materia d durante el año pasado año. El acto ha contado con la presencia del director general de la Fundación Caja Burgos y presidente del Comité de Obra Social de CECA, Rafael Barbero, que ha subrayado que la Memoria refleja que las entidades de CECA encabezan la inversión privada del país, «a pesar de un año muy duro».

Así, el documento constata un incremento en la inversión en Obra Social durante el periodo comprendido entre 2014 y 2020 del 8,04 por ciento, llegando a alcanzar el último año los 772 millones de euros. Además, se han puesto en marcha 49.000 actividades, de las que se han beneficiado un total de 24.688.140 personas.

La Memoria precisa que, a pesar de que 2020 supone un ligero descenso respecto a los 845 millones de 2019, debido a la crisis generada por la pandemia, la inversión desde 2014 se ha mantenido ascendente, con un incremento del 8,75 por ciento en seis años.

Por áreas, Acción Social recibió en 2020 el mayor porcentaje de inversión, con un 42,36%, es decir, 327 millones de euros que se traducen en 22.640 acciones y 5,3 millones de beneficiarios; seguida de Educación e Investigación, con una inversión de 208,7 millones de euros, 8,7 millones de beneficiarios, 7.363 actividades y más de 350 proyectos de investigación frente a la COVID-19.

También se han invertido 130,76 millones de euros en Cultura y Patrimonio, con 7,7 millones de beneficiarios y 9.592 actividades; 74,72 millones en Desarrollo Local y Acción de Empleo, con más de un millón de beneficiarios y 4.425 actividades; y 17,30 millones de euros en Deporte y Ocio con 876.536 beneficiarios y 3.717 actividades.

En la presentación ha intervenido telemáticamente el director general de CECA, José María Méndez, que ha destacado el compromiso de las entidades «con la inclusión, los colectivos vulnerables y la educación financiera», entre otros aspectos. Además, ha indicado que la «emergencia sanitaria» de 2020 «ha trastocado todo», al tiempo que ha enfatizado en el desafío «sanitario y social» que ha experimentado la sociedad en todas las esferas.

Pese a ello, ha subrayado que se han alcanzado «importantes resultados gracias a la adaptación de las entidades de CECA a las necesidades de la sociedad». Méndez también ha puesto en valor «la estrecha relación» existente con la sociedad para ofrecer «una respuesta inmediata», junto con la importancia de la colaboración público-privada.

El acto ha sido clausurado por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez, que también ha subrayado la «relación necesaria» entre lo público y lo privado, y ha pedido remar «juntos en una misma dirección. Por ello, ha afirmado que las entidades de CECA son «un ejemplo de solidaridad». «La labor que lleváis a cabo está impregnada de grandes valores», ha enfatizado.

INFANCIA Y JUVENTUD, A LA CABEZA EN INVERSIÓN

Como detalla la memoria, las entidades que realizan Obra y Acción Social comenzaron el año con medidas encaminadas a paliar los efectos de la crisis del coronavirus, reforzando su labor social y adaptando sus programas, a través de contenidos digitales o mediante convocatorias de ayudas extraordinarias en apoyo a sus territorios.

Así, por ejemplo, las Fundaciones de CECA llevaron a cabo diferentes acciones frente a la COVID-19 en materia de Alimentación y Necesidades Básicas, Bienestar e Inclusión Social, Educación e Investigación, Apoyo al Desarrollo Local y Tercer Sector, Cultura y Patrimonio, Salud y Medio Ambiente que se traducen en ayudas destinadas al abastecimiento de bancos de alimentos, la ampliación de becas comedor, la lucha contra la pobreza infantil, la investigación o el apoyo asistencial para colectivos en riesgo de exclusión social y personas mayores, entre otras.

Por colectivos, casi el 60 por ciento de la inversión en Obra Social se ha destinado a grupos específicos como Infancia y Juventud, Personas en Riesgo de Exclusión Social, Mayores de 65 años, Personas conNecesidades Especiales y Emprendedores, mientras que el resto, un40 por ciento, se destinó a Público General.

Los colectivos específicos en los más se ha invertido en 2020 fueron Infancia y Juventud (56,73%%, con más de 7,3 millones de niños y jóvenes beneficiarios), seguido de Personas en Riesgo de Exclusión Social (19,11%, con 2,4 millones de beneficiarios) y Personas con Necesidades Especiales (10,94%, con 2,4 millones de beneficiarios). Además, más de un millón de mayores de 65 años se han beneficiado de los programas durante 2020.

En cuanto a la acción de Bancos y Cajas ante la pandemia, se implantaron medidas para pymes y autónomos, para familias y para toda la sociedad en general relativas a paliar la falta de liquidez y financiación.

Así, se produjo un aumento en el límite de pago sin contacto hasta 50 euros; adelanto del pago de pensiones y prestaciones por desempleo por 67 millones de anticipos; aplazamiento para inquilinos del Fondo Social de Vivienda de 7.439 beneficiarios; moratoria en el pago de préstamos de 499.610 operaciones y ayudas para distribuir los avales del ICO para 286.658 operaciones.

El documento añade que, durante 2020, el 90% de oficinas del sector CECA se han mantenido abiertas durante el confinamiento.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha ratificado el cierre perimetral del municipio de La Campana hasta el día 19 de mayo, conforme a las determinaciones del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, reunido el día 12 de mayo, por razones de salud pública para la contención del coronavirus Covid-19, pues ese día La Campana arrojaba una tasa de incidencia de 1.298 contagios por cada 100.000 habitantes en la acumulación de los últimos 14 días y actualmente su tasa es de 2.214,6.

Previamente, la Fiscalía Superior de Andalucía había respaldado dicha decisión del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto, toda vez que recientemente, recordémoslo, la sala sevillana de lo Contencioso Administrativo del TSJA ratificaba el cierre perimetral ordenado por la Junta en los municipios de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz), pero la sala granadina de dicha instancia no avaló el cierre perimetral del municipio granadino de Montefrío, pese a que la Fiscalía había respaldado el cierre en todos los casos, como ahora sucede de nuevo.

En el auto emitido este viernes, la sala sevillana de lo Contencioso Administrativo del TSJA considera que, «apreciada la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas y descartadas otras menos gravosas, debe prevalecer el derecho a la salud ante el alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía, que determinó en España la declaración del estado de alarma mediante Reales Decretos 433/2020, de 14 de marzo, y 926/2020, de 20 de octubre, cuya vigencia, en este último caso, ha cesado hace apenas unos días».

«RESTRICCIÓN DE DERECHOS»

Ello, según este auto que sigue al pronunciamiento de la Fiscalía, «justifica ratificar la medida sanitaria urgente acordada aunque implique la restricción de derechos fundamentales».

En este sentido, la Sala aprecia la debida proporcionalidad de las medidas adoptadas «en cuanto imprescindibles para garantizar la salud pública de los vecinos del municipio, erradicando el alto riesgo de contagio inminente que existiría de contrario, y con un alcance temporal que se extiende durante siete días naturales, pudiendo ser revisado si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica de mantenerse las circunstancias que motivan su aprobación», punto en el que señala que «no es por otra parte una restricción de movilidad absoluta», ya que en la orden de la Junta de Andalucía «se recoge un catálogo de supuestos en los que se permiten los desplazamientos», además de que «no se establece restricción alguna para la circulación en tránsito».

«RIESGO MUY ALTO»

Especialmente, la Sala señala «los datos que expresamente se recogen en el Informe de Evaluación específica de riesgo en La Campana, revisados y estudiados por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla», un informe que concluye que «el riesgo de expansión y pérdida de control de la situación de COVID-19 en el municipio de La Campana es muy alto».

Además, el TSJA considera que «se motiva su proporcionalidad en la medida de que se trata de la ratificación de medidas de carácter temporal, limitadas a un periodo de siete días y fundamentadas en los indicados datos de contagio».

«Apreciada la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas y descartadas otras menos gravosas, debe prevalecer el derecho a la salud ante el alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía», zanja la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha asegurado que, al «desistir» en la búsqueda de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldibar, en el que desapareció tras su derrumbe, el Gobierno vasco «no ha cumplido el objetivo que se puso a sí mismo, pero ha admitido que «técnicamente, hay un momento en el que es razonable» detener. Además, ha afirmado que el «carril político» de Zaldibar «no está cerrado» y ha pedido que se «depuren responsabilidades».

En rueda de prensa en el Parlamento Vasco, Otero ha asegurado que el de hoy es «un día negro» para la historia de Euskadi y «el segundo día negro relacionado con el vertedero de Zaldibar». «El primero, evidentemente, fue el 6 de febrero 2020 cuándo cayó el vertedero y provocó una catástrofe ambiental social, personal y el segundo día negro es hoy el 14 de mayo de 2021 cuando el Gobierno ha decidido que la búsqueda de Joaquín Beltrán finaliza».

Tras mostrar su «cariño» a la familia y allegados del trabajador y «compartir el dolor», ha recordado que, precisamente «tenían una pesadilla (…) que no querían tener que terminar llevando flores a un vertedero».

El parlamentario vasco ha recordado que su grupo ha retirado de la Cámara una pregunta relativa a la búsqueda de Joaquín «porque no es el día hoy detener rifirrafes de ningún tipo», aunque sí ha mostrado su «sorpresa» por la existencia de un informe que «no se ha dado a los grupos de la oposición» -pese a que los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento han visitado el lugar recientemente- pero sí a los medios informativos.

Además, ha mostrado la sorpresa de EH Bildu por «la manera en que se ha comunicado» porque «en ningún momento se nos dijo que era una cosa inminente», y ha advertido de que «no se ha conseguido un objetivo que se puso a sí mismo tanto el anterior Gobierno como este, el compromiso de no desistir, de no parar hasta buscar los cuerpos de Alberto y Joaquín».

En su opinión, aunque a Alberto Sololuze «se le pudo dar un poco de paz», en el de Joaquín Beltrán «sin embargo se ha desistido y no se ha cumplido el objetivo». Ha admitido que la finalización de la búsqueda «era algo que podía pasar y lamentablemente ha pasado».

Ha insistido en que Zalbibar «cayó», entre otros motivos, «porque fallaron los controles y la inspección que eran responsabilidad del Gobierno Vasco» y ha considerado incomprensible «que durante todo este tiempo se hayan admitido errores una y otra vez, pero no se hayan depurado ni aclarado las responsabilidades políticas de este asunto».

Otero ha advertido de que en los últimos 15 meses «no ha cambiado absolutamente nada» en el sistema de basuras y su control, por lo que no existe «ninguna garantía adicional de que no pueda pasar una cosa similar».

En este sentido, ha recordado que cuando se derrumbó Zaldibar «había tres consejerías al frente de la emergencia», Seguridad, Medio Ambiente y Salud, y, en la actualidad, ningunos de sus entonces titulares permanece en el cargo, por lo que «es complicado apuntar los consejeros responsables». «En cualquier caso, la responsabilidad última de depurar responsabilidades sigue siendo del señor Urkullu», ha añadido.

Otero ha admitido que sí se les adelantó quy «se estaba trabajando en la cuarta fase» y «que una vez finalizada, los sitios probables de encontrar a Joaquín se les acababan». «En ningún caso dijeron que fuera una cosa inminente, de días», ha señalado. EH Bildu leerá el documento al respecto y si tiene «alguna queja sobre la metodología o las conclusiones» la pondrá «sobre la mesa».

Preguntado por si cree que la decisión de desistir de la búsqueda es acertada, ha afirmado que se trata de «una cuestión complicada» porque falta realizar un análisis del informe sobre la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos en el derrumbe.

«Nuestra primera impresión o lo que nos sale de la tripa es pedir que se vaya más allá de lo razonable, pero nos falta un poco de información para decirlo, no queremos tampoco hacer de esto un ‘casus belli’ en el que nos pongamos obsesionados con que ‘hay que seguir y seguir y seguir y seguir'», ha respondido.

A su juicio, «técnicamente, hay un momento en el que es razonable» y ha añadido que carece de «elementos para contradecir ahora mismo lo que se ha dicho esta mañana por parte de los de los consejeros».

EH Bildu analizará, según ha apuntado, si pide una comisión de investigación que «en su día aparcó» y ha recordado que se mantienen «diferentes cuestiones que están relacionadas con la investigación que está haciendo el Parlamento Europeo». «Evidentemente, Zaldibar, en cuanto su carril parlamentarios político no está cerrado», ha señalado.

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a dos individuos como presuntos autores de sendas agresiones sexuales a una menor en un inmueble abandonado de Valladolid en el que se encontró a otras tres menores, dos de las cuales se habían fugado, junto a la víctima, de un centro de internamiento.

Las detenciones de los dos individuos se han producido después de que la víctima, cuya desaparición había sido denunciada por no haber regresado a un centro de menores en Valladolid, denunció ante la Policía Local de Salamanca haber sido víctima de agresiones sexuales en sendas ocasiones por parte de dos individuos en un edificio abandonado a medio construir en el Páramo de San Isidro.

La joven también manifestó que en ese lugar se encontraban otras dos menores de edad fugadas del mismo centro, han informado fuentes policiales.

Así, efectivos de Policía Nacional y Local se personaron en el inmueble e identificaron a las personas que se encontraban en el lugar, entre las que localizaron a tres menores de edad en posible situación de desprotección, por lo que procedieron a su auxilio inmediato al objeto de salvaguardar su integridad.

Al igual que la menor de edad hallada en Salamanca, dos se habían fugado de la institución responsable de su protección y otra chica se encontraba fuera del domicilio familiar. La labor prioritaria de los agentes fue reintegrarlas al centro tutelado junto a otra niña que fue entregada a sus padres y otorgar la oportuna protección a la menor tras su desplazamiento a Valladolid.

En el transcurso de la requisa por el interior del inmueble, un individuo de 27 años y con dos antecedentes policiales fue detenido por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y otro varón de 20 años se encontraba en situación irregular en España.

ACTUACIONES

Tras la intervención, la víctima de los hechos fue trasladada al hospital para ser asistida y presentó la oportuna denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional con el ofrecimiento de todos los derechos y acciones legales y prevaleciendo el interés de la menor.

Al tratarse de una persona especialmente vulnerable y presunta víctima de un delito contra la libertad sexual, se le otorgó asistencia y protección respetando su derecho al honor, a la integridad y a la intimidad personal de conformidad con la Ley 1/96 de protección jurídica del menor y poniendo en conocimiento los hechos al Ministerio Fiscal.

Los investigadores realizaron diversas gestiones que llevaron a la localización y detención de un presunto agresor sexual a la menor. El detenido, de 32 años de edad y con 19 antecedentes policiales por diferentes hechos, pasó a disposición judicial el pasado lunes, 10 de mayo, y la autoridad judicial decretó su libertad con cargos.

Por otro lado, el día 11 de mayo se detuvo a otro individuo por otra presunta agresión sexual a la misma menor. El detenido de 27 años de edad y con dos antecedentes policiales de diferente naturaleza pasó a disposición judicial el miércoles pasado, decretando la autoridad judicial su libertad con cargos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Una encuesta realizada por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señala que la Justicia es vista por los españoles como plenamente confiable, impermeable a la corrupción y servida por jueces competentes y bien preparados.

Este es el resultado del estudio «Los españoles y la Justicia», que completa el sondeo realizado entre miembros de la Carrera Judicial publicado en octubre de 2020 («La Justicia vista por los jueces») y forma parte de los Barómetros de Opinión que el órgano de gobierno de los jueces viene realizando desde 1984.

Según el estudio, el 68 por ciento de los consultados perciben a la Administración de Justicia como la institución que representa la salvaguarda y garantía última de los derechos y libertades de los ciudadanos, siendo esta opinión expresada en la misma proporción por los españoles más jóvenes, de entre 18 y 34 años (67 por ciento); los de edad media, de entre 35 y 54 años (69 por ciento); y los mayores de 55 años (66 por ciento).

La encuesta revela asimismo que el 79 por ciento considera que en España no existe posibilidad alguna de sobornar a un juez y que esta afirmación es hecha con la misma rotundidad por los votantes del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Unidas Podemos, de VOX y de partidos nacionalistas/independentistas, siendo estos últimos –con un 82 por ciento– los que en mayor porcentaje sostienen esta opinión.

Tres de cada cuatro españoles (74 por ciento) aseguran también que, en general, los jueces son competentes y están bien preparados para el ejercicio de sus funciones, valoración en la que coinciden los encuestados de todo el arco ideológico-político y que entre los más jóvenes (18-34 años) asciende hasta el 82 por ciento.

MÁS CONFIANZA EN UN JUEZ QUE EN UN JURADO PARA DICTAR SENTENCIA

Esta opinión se refleja en la clara preferencia de los ciudadanos por un juez profesional (60 por ciento) y no por un jurado (35 por ciento) para decidir sobre su culpabilidad o inocencia en el hipotético caso de haber cometido un delito. El 74 por ciento piensa que un juez está en mejores condiciones para dictar una sentencia que un jurado compuesto por personas elegidas al azar.

Por otro lado, el estudio revela que un 48 por ciento de los encuestados opina que la Administración de Justicia funciona mal, frente al 33 por ciento que cree que lo hace bien y el 18 por ciento que estima que lo hace regular. Pese a ello, la encuesta señala que el judicial es el poder del Estado evaluado, en términos relativos, de forma más favorable en cuanto a su funcionamiento.

Así, el 26 por ciento dice que la Justicia funciona mejor que las Cortes (legislativo), frente al 18 por ciento que afirma que lo hace peor. Esta diferencia de 8 puntos aumenta hasta los 15 cuando se pregunta por el Ejecutivo: el 35 por ciento responde que la Justicia funciona mejor frente al 20 por ciento que contesta que lo hace peor.

El 72 por ciento de los españoles piensa que la Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella y un porcentaje aún mayor, el 79 por ciento, sostiene que la Justicia no cuenta con los recursos necesarios para poder actuar de forma más rápida y eficaz. Esta última creencia sube hasta el 87 por ciento entre quienes afirman haber tenido contacto como usuarios con los tribunales y se declaran satisfechos con la experiencia.

Al reconocimiento de la carencia de medios humanos y materiales de la Justicia se suma la opinión –sostenida por el 84 por ciento de los encuestados– de que todos los Gobiernos, sea cual sea su orientación ideológica, muestran más interés por tratar de controlar a la Justicia que por proporcionarle los recursos que precisa para funcionar de forma rápida y eficaz.

PRESIONES A LOS TRIBUNALES

Entre los españoles también es mayoritaria la sensación –expresada por un 66 por ciento– de que los tribunales reciben presiones de forma permanente. El 89 por ciento de quienes lo afirman las atribuyen a los grupos políticos, el 86 por ciento al Gobierno de turno, el 84 por ciento a los grupos de presión económicos y sociales y el 62 por ciento a los medios de comunicación.

Solo el 24 por ciento de los españoles, sin embargo, cree que las presiones de que son objeto los tribunales acaban realmente influyendo en sus decisiones.

La encuesta detalla además que el 56 por ciento de los españoles tiene buena opinión de la forma en que actúa el Consejo General del Poder Judicial gestionando el funcionamiento de la Justicia y decidiendo los nombramientos de quienes han de presidir los distintos tribunales.

El 87 por ciento de los encuestados se muestra además de acuerdo con la afirmación de que las actuales dificultades para renovar el órgano de gobierno de los jueces se deben a que los partidos políticos que tienen que designar a los vocales tienen más interés en tratar de nombrar a personas que les parecen ideológicamente cercanas que en seleccionar de común acuerdo a las más preparadas.

LA IMAGEN DE LA JUSTICIA

El presidente de Metroscopia y catedrático emérito de Sociología José Juan Toharia, que ha realizado el informe sobre la encuesta, señala en sus conclusiones que «la imagen de la Justicia en nuestra sociedad es, en suma, notablemente mejor de lo que suele darse por supuesto».

En este mismo sentido se pronuncian el 77 por ciento de los encuestados, que afirman que la Justicia suele tener peor imagen de la que en realidad merece porque solo son noticia sus posibles deficiencias y no los miles de casos que resuelve diariamente de forma adecuada.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha pedido depurar, «de manera urgente», las responsabilades penales y políticas por el derrumbe del vertedero de Zaldibar. Además, ha manifestado su apoyo a la familia de Joaquín Beltrán, desaparecido en el accidente y al que no se seguirá buscando, y ha indicado que le gustaría que se le siguiese buscando.

En declaraciones en el Parlamento vasco, Gorrotxategi ha trasladado, en primer lugar, un mensaje «de apoyo y cariño total» a la familia de Joaquín Beltrán después de que el Gobierno vasco haya anunciado que ha finalizado sin éxito la búsqueda de sus restos mortales, tras quedar sepultado, junto con otro trabajador, en el derrumbe del vertedero de Zaldibar hace un año.

«No quiero ni imaginar lo que están sintiendo en este momento claro, sabíamos que este momento llegaría, sin embargo, no pensábamos que llegaría hoy y de esa manera», ha indicado

Gorrotxategi ha indicado que el pasado lunes los grupos parlamentarios estuvieron en el vertedero de Zaldibar viendo las obras de estabilización de terrenos y también de búsqueda del cuerpo de Joaquín Beltrán «y no se nos dijo nada de esto». «Nos hemos enterado sorpresivamente de que las labores de búsqueda iban a finalizar», ha añadido.

A su juicio, Zaldibar es el «ejemplo de que la buena gestión de este Gobierno es un mito». Gorrotxategi ha indicado que no ha habido una «buena gestión» porque ha habido «una total falta de control de la actividad en este vertedero y en otros», además de una «falta de transparencia total».

RESPONSABILIDADES

«La opacidad es evidente en toda la gestión postaccidente y ha habido una falta también de asunción de responsabilidades penales, políticas, nadie asume ninguna responsabilidad», ha añadido.

Gorrotxategi, tras indicar que el accidente ocurrió hace más de un año y tres meses y «sigue abierta la herida» del siniestro, ha manifestado que «la responsabilidad política tiene que abarcar a todas las personas que hayan tenido responsabilidad a lo largo de todo este tiempo».

A su juicio, este tema merece «un abordaje desde la perspectiva de los derechos humanos que se base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición».

«Verdad, tenemos derecho y, desde luego ,la familia de Joaquín Beltrán tiene derecho a saber qué ha pasado, tienen que depurarse las responsabilidades penales y políticas y, además, tiene que hacerse de manera urgente, ya llevamos más de un año desde que este accidente y esta catástrofe sucedió», ha añadido.

También ha reclamado «justicia y reparación» respecto a la familia de Joaquín Beltrán y al medio ambiente porque, a su juicio, «no es suficiente con las palabras de apoyo y con los mensajes solidarios», sino «hay que reparar a la familia y hay que reparar al medio ambiente».

Además, ha asegurado que tiene que haber «garantía de no repetición» porque este accidente muestra «los problemas que ofrece un modelo de residuos que existe en Euskadi y que «debe cambiar».

En relación a si cuestionan que se hayan dado por finalizado esos trabajos de búsqueda, ha indicado que el final de la búsqueda se basa en un informe, cuyo contenido y autoría afirma desconocer y ha asegurado que ella desearía es que esas labores «no finalicen».

La hermana de Heidi Paz, Karina Z.B., y uno de sus amigos más cercanos han declarado en el juicio que poco antes del crimen la joven hondureña les confesó que tenía miedo de César Román, alias el ‘rey del Cachopo’, manifestando que nunca estuvo relacionada con la prostitución ni con el tráfico de drogas en contra de lo afirmado por el presunto homicida.

Nada más salir de la sala, la hermana ha roto a llorar y ha increpado a César, quien se ha mostrado serio durante su declaración. Durante unos minutos, se ha escuchado a la mujer gritar en los pasillos sufriendo un ataque de ansiedad y siendo atendida por médicos forenses de la Audiencia de Madrid.

En la quinta sesión han comparecido además de su hermana varios amigos de Heidi, quienes han corroborado al tribunal la relación tóxica que mantenía con César Román al controlar todos sus pasos. También ha testificado el exnonovio de la víctima, Marcelo, quien al salir se ha encarado con el acusado y le ha dicho: «Vos tiene la vida prestada, boludo».

Uno de los mejores amigos de Heidi, Álvaro F.H., ha relatado a preguntas del fiscal Miguel Méndez que la noche del crimen, la madrugada del 4 al 5 de agosto, recibió llamadas «persistentes» de su amiga que le comentaba que tenía miedo de César.

«Me dijo que había tenido un problema con César y que tenía miedo a estar sola pero no la vi. Estaba en una discoteca de Móstoles y la dije que viniera. Dijo que se lo pensaría y nunca volvió a llamar», ha relatado.

Otro de sus conocidos, de nacionalidad mexicana y que conoció poco antes en un bar donde empezó a trabajar en Perales del Río, ha relatado que esa noche salieron de marcha a una discoteca a celebrar una fiesta y la dejó en la plaza de Legazpi, donde no la esperaba nadie.

Karina Z.B. ha relatado que un día antes del crimen, el 4 de agosto, su hermana le mandó un mensaje y le dijo que tenía miedo de su pareja, afirmando que era «una persona posesiva y controladora». «Ella tenía miedo de que le hiciera algo. Le dejó una nota para dejarle», ha relatado la mujer.

A preguntas sobre si Heidi consumía o vendía droga, ha espetado que nunca y ha acusado a César de «denigrar a su hermana y a una mujer» con sus manifestaciones acerca de que ejercía la prostitución y al relacionarla con una organización criminal dedicada a trapichear con drogas.

Otro de sus amigos ha narrado que presenció numerosos ataques de celos y de acoso de César hacia Heidi. «Controlaba todo y lo que no podía lo intentaba. Yo no le soportaba. Siempre que estaba con ella, no la paraba de llamar», ha narrado.

De nuevo, otro conocido ha ratificado que Heidi recibió amenazas de César después de que ésta le dijera que no se quería casar con él. «Le dijo que si no iba a ser para él, no iba a ser con nadie», ha aseverado y ha afirmado que «esa chica se dedicaba a su trabajo y no a trapichear».

Organizaciones vinculadas al sector aeronáutico desde el ámbito profesional, laboral y social han enviado este viernes una carta al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para solicitar que se vacune de forma urgente a las tripulaciones, ante la inminente recuperación de las cifras habituales de tráfico aéreo previstas para los próximos meses.

En un comunicado, el sector aeronaútico ha destacado que «la vacunación asegura la prestación de servicios públicos esenciales vinculados al sector aéreo que deben desarrollarse en condiciones de seguridad sanitaria y garantizar la recuperación sostenible y ordenada de las operaciones aéreas de cara al inmediato periodo estival».

Estas organizaciones se basan en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y de otros organismos y entidades internacionales de referencia (Agencia Europea de Seguridad Aérea, IFALPA, ITF, IATA), que han recomendado firmemente incluir a las tripulaciones dentro de los grupos de vacunación prioritaria por la movilidad inherente a su trabajo y el riesgo que supone dicha movilidad y las condiciones de trabajo como vector de transmisión.

El sector ha explicado que los desplazamientos constantes a diferentes países y las condiciones de trabajo en entornos con alta densidad de personas de diferentes procedencias, como pueden ser aeropuertos, hoteles o vehículos de transporte aumentan exponencialmente el riesgo de contagio.

Por ello, «la vacunación de las tripulaciones aportará una mayor seguridad sanitaria al transporte aéreo y a los usuarios», han añadido.

Además, en el comunicado han recordado que el transporte aéreo es un «motor económico fundamental» para España y un «medio de transporte esencial» para el turismo internacional, ya que en 2019 el 82% del turismo internacional utilizó el avión como medio de transporte.

Entre las organizaciones que se suman a esta petición están el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC), Asociación Española de Pilotos (AEP), Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) o Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (SITCPLA), entre otras.

El Pleno del Tribunal Constitucional adoptó ayer dos decisiones similares respecto a dos decretos ley del Gobierno de Pedro Sánchez, algunas de cuyas disposiciones anuló al entender injustificada la urgencia alegada por el Ejecutivo para aplicarlos. El primero declaró inconstitucional el blindaje de los nuevos integrantes de la denominada comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras que el segundo tumbó la integración de la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social.

En ambos casos, la decisión adoptada por el tribunal de garantías no fue unánime, ya que contó con el voto discrepante del magistrado Cándido Conde-Pumpido, que considera que ambas medidas, de índole puramente administrativa, son necesarias y urgentes para hacer efectiva una competencia del Gobierno como es la modificación de los Departamentos Ministeriales y de las comisiones delegadas del propio Gobierno.

Según el voto popular que redacta el magistrado, y que se hará público previsiblemente la semana que viene junto con las sentencias acordadas por el resto, tanto la integración de determinadas personas en la comisión gubernamental del CNI como el asunto de las clases pasivas -incluida en un decreto ley de medidas laborales y fiscales- se adoptaron en un momento en el que confinamiento y el estado de alarma no permitían la tramitación urgente de una reforma legislativa, dadas las propias dificultades de funcionamiento que afectaban al Parlamento.

En cuanto a la reforma que afecta a la Seguridad Social, fuentes del Constitucional han señalado que el TC ha tumba varias disposiciones del Real Decreto de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno integró la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social.

La sentencia del TC acoge el recurso presentado por el PP contra esta disposición porque «el Gobierno hizo un mal uso del real decreto» pues «el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad», han señalado fuentes jurídicas.

SENTENCIA SOBRE COMISIÓN CNI

En cuanto al otro decreto estudiado por el TC, se declara la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición con la que el Gobierno «blindó» la presencia del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias y otras personas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro del decreto-ley que impulsó el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia.

Esta segunda sentencia, que responde a un recurso de Vox –queda pendiente resolver otro en el mismo sentido presentado por el PP– considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento.

Tras la conformación del gobierno de coalición, el presidente Pedro Sánchez decidió en febrero modificar la composición de las comisiones delegadas, entre ellas, la que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para ello, aprobó un real decreto, pero fue recurrido por Vox ante el Supremo.

Tras ese recurso, el Ejecutivo decidió aprovechar en marzo el decreto de medidas económicas contra la pandemia para realizar una modificación de la ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y blindar ese cambio en la composición de la comisión de Asuntos de Inteligencia.

No obstante, la sentencia del TC –cuyo contenido adelantó ayer el propio tribunal a pesar de no contar aún con el voto discrepante-, declara que el precepto adolece de un defecto formal determinante de su inconstitucionalidad, en cuanto su aprobación a través de la figura jurídica del decreto-ley vulnera los requisitos exigidos por la Constitución para la utilización de este instrumento legislativo.

El patrullero ‘Infanta Elena’, con base en Cartagena, efectuará entre los días 15 y 31 de mayo labores de vigilancia y seguridad marítima en el Mediterráneo, mar de Alborán y estrecho de Gibraltar, informaron fuentes de la Armada en un comunicado.

Durante esta navegación, el barco depende del Mando Operativo Marítimo (MOM) y realiza una de las misiones permanentes de las Fuerzas Armadas, como es la vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

La misión de este buque es contribuir a la acción del Estado en la mar para ejercer la soberanía y proteger los intereses marítimos nacionales en aguas españolas y en la Zona Económica Exclusiva, así como colaborar con otros órganos de la Administración que tengan competencias en el ámbito marítimo.

MARSEC 2021 Y COLABORACIÓN EN ‘JOINT SHIELD’

Al comienzo de la navegación, el ‘Infanta Elena’ participará en la Operación ‘Joint Shield’, apoyando a la Unidad de Defensa de Artillería de Costa (UDACTA) del Ejército de Tierra y al Centro de Operaciones de Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) a identificar todos los buques que estén en la costa de levante de la península.

También participará en los ejercicios MARSEC 2021 el día 18 en el puerto de Valencia y el 19 y 20 de mayo en las inmediaciones de Cartagena. El fin de estos ejercicios es aunar esfuerzos de diferentes organismos y agencias civiles y militares, para lograr el objetivo común de salvaguardar los espacios marítimos de jurisdicción e interés nacional.

MANDO OPERATIVO MARÍTIMO (MOM)

El MOM es la organización de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART) y tiene sede en Cartagena.

Las Operaciones Permanentes son una herramienta eficaz para mantener una vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Los tradicionales Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aeroespacial (MOA) y el recientemente creado Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente hay unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, bajo control operativo del Mando de Operaciones.

PATRULLERO ‘INFANTA ELENA’

El ‘Infanta Elena’ es la tercera de la clase ‘Descubierta’ y fue botada por la Empresa Nacional Bazán el 14 de septiembre de 1976. El 13 de enero de 2004 y tras finalizar las obras de remodelación, fue reclasificada a patrullero de altura P-76.

Con base en Cartagena, sus principales misiones son la seguridad marítima, la lucha contra la contaminación marítima, la detección y seguimiento de posibles actividades de inmigración ilegal y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

El Comandante del buque es el capitán de corbeta Gonzalo Escudero García y la dotación para esta navegación es de 80 personas, incluyendo un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina.

El PNV de Bizkaia ha denunciado que varias de sus sedes sociales en Bilbao, Mungia, Galdakao, Bedia y Lemoa han sufrido durante los dos últimos días diversas pintadas con «amenazas» contra la formación jeltzale y la Ertzaintza que «vuelven a estar firmadas por Ernai». La formación ha pedido que cesen estos «ataques inaceptables» y ha advertido de que, en caso contrario, será «muy difícil dar crédito a la pretendida actitud democrática» de la izquierda abertzale.

El BBB, la ejecutiva territorial del PNV, ha informado de que esta pasada madrugada se han producido «dos nuevos asaltos» en los batzokis de Bedia –localidad donde la fachada del Ayuntamiento también ha sido pintada– y Lemoa.

Según ha explicado, estos «ataques» se suman a los realizados este pasado jueves en los batzokis de Bilbo Zaharra, Galdakao y Mungia, así como en la fachada de Sabin Etxea, su sede principal en Bilbao.

En las pintadas pueden leerse frases como ‘Biolentzia zuena’ (violencia la vuestra) o ‘PNV lotu txakurrak’ (PNV ata a los perros). «Todos los mensajes tienen en común verter amenazas en contra de EAJ-PNV y la Ertzaintza, y vuelven a estar firmados por la organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai», ha denunciado el BBB.

A su entender, estas conductas «inaceptables y reprochables» muestran «la debilidad política y la falta de cultura democrática de algunas personas que insisten en devolver a la sociedad vasca a tiempos pasados.

El PNV ha señalado que «la gran mayoría de la juventud vasca es educada en valores democráticos», por lo que «estos grupos y acciones no representan los deseos y las mentalidades de esta juventud».

Asimismo, ha apuntado que estos actos evidencian también que, «incluso en la extraordinaria situación generada por la pandemia, hay quienes pretenden seguir utilizando mecanismos ya olvidados como el chantaje, la amenaza o la coacción».

«No han caído aún en la cuenta de que la ciudadanía vasca ha apostado por la convivencia y el respeto al diferente, y ha rechazado de plano cualquier actuación que alimente el conflicto», ha añadido.

PRETENDIDA ACTITUD DEMOCRÁTICA

Por ello, ha instado a los responsables de estas actuaciones a que «acaben con estos ataques organizados que solo persiguen generar un clima de crispación y malestar».

En caso contrario, ha añadido, «a la inmensa mayoría de la sociedad le va a resultar muy difícil dar crédito a la pretendida actitud democrática que la izquierda abertzale está subrayando en la tan promocionada conmemoración del décimo aniversario de su fundación».