La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este viernes que su partido ha cometido errores, pero que, ahora que España está en la fase final de la pandemia del coronavirus, su objetivo es seguir desarrollando el proyecto que inició el año pasado, cuando asumió el liderazgo del partido y se celebró la V Asamblea General, con el reto de volver a ilusionar a los españoles.

«Llevamos solo un año de este nuevo proyecto y un año de pandemia, en el que no nos ha dado tiempo a poner en marcha nuestro proyecto, y hay que seguir trabajando, como todos los ciudadanos que se han enfrentado a dificultades en sus negocios y en sus familias», ha declarado a los medios al asistir a la inauguración de la exposición sobre el Bosque Metropolitano en el Parque del Retiro junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Arrimadas, que ha evitado aclarar si en Cs se plantean cambiar el nombre o la imagen del partido o potenciar su definición como partido liberal, más que de centro, ha dicho que en los próximos meses, hasta que se celebre la convención política programada para julio –que debía haberse celebrado en 2020–, habrá «muchísimas especulaciones».

LA NUEVA ETAPA DE Cs «TIENE QUE EMPEZAR A ANDAR»

Ha transmitido a los militantes y a los votantes de Ciudadanos que, tras «un año muy duro», se ha llegado a la última fase de la crisis del coronavirus y el partido ha iniciado un «proceso participativo» de cara a la reunión de julio en el que ya se han recibido más de 300 propuestas de los afiliados.

«Esta nueva etapa del partido tiene que empezar a andar», ha defendido, añadiendo que ahora toca «trabajar, trabajar y trabajar» con el fin de que España «siga contando con un partido liberal, moderado, de centro, moderno y europeísta, que tiende puentes y que sabe gestionar».

Arrimadas ha insistido en que Cs es «muy necesario» porque ha demostrado «buena gestión» en las comunidades autónomas y municipios donde gobierna y ha tenido un comportamiento «responsable y constructivo» allí donde está en la oposición.

«Era un reto para nosotros incorporarnos a gobiernos muy importantes, hemos pasado la prueba y el siguiente paso es volver a ilusionar a la ciudadanía. Y, sobre todo, el reto que tenemos es trasladar toda la buena gestión que hacemos desde las administraciones», ha manifestado.

MAL RESULTADO EN MADRID

Precisamente, cree que esa es una de las razones por las cuales se quedaron sin representación en la Asamblea de Madrid en las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo, que no supieron explicar adecuadamente «toda la buena gestión» que hizo Cs desde el gobierno de coalición con el PP.

Por ejemplo, cree que muchos madrileños votaron a la presidenta en funciones y candidata ‘popular’, Isabel Díaz Ayuso, porque estaban satisfechos con la gestión económica de la Comunidad de Madrid sin saber que la Consejería de Economía y Empleo la ostentaba la formación naranja, no el PP.

En su opinión, el resultado «malo» que obtuvo Ciudadanos el 4-M se debe a «muchos factores», pero no a la campaña electoral que se hizo, centrada en hacer propuestas y «tender puentes», ni al cabeza de lista que presentaron, Edmundo Bal, de los cuales en el partido se sienten «orgullosos».

«Pero es verdad que tenemos que hacer autocrítica» para «encontrar la manera de no perder la esencia y el talante» de Ciudadanos y, al mismo tiempo, «ser capaces de ilusionar a la ciudadanía y hacer que eso se traduzca en votos», ha señalado, agregando que todos los partidos cometen «errores» y que Cs debe asumir los suyos y seguir trabajando.

«UNOS NOS DICEN ‘FACHAS’ Y OTROS, ‘SANCHISTAS'»

Por otro lado, a Arrimadas le han preguntado por los cargos y militantes que abandonan el partido acusando a la dirección de haberlo convertido en «muleta del sanchismo» y por quienes sostienen que a Ciudadanos solo le queda acordar su disolución.

La afición favorita de mucha gente es apuntar al centro, al partido liberal de España, a Cs. Por una parte nos dicen que somos fachas y por otra parte nos dicen que somos sanchistas. Esa es la verdadera explicación de que somos un partido que está en el medio de esa disputa de trincheras», ha respondido.

Aunque «siempre va a haber gente criticando», la presidenta de la formación naranja ha dicho que prefiere pensar en «la gente que sigue trabajando». A su juicio, el problema es que «a los que critican se les ha dado siempre mucha atención» y se habla menos de quienes «siguen trabajando por este proyecto», ya sean militantes que instalan carpas del partido o concejales y diputados que continúan desarrollando sus funciones.

Además, Arrimadas considera que en España «hay mucho interés en volver al bipartidismo», a un «bifrontismo» donde no esté Ciudadanos. A la pregunta de si el expresidente de Cs también desea eso, ha contestado que está «convencida de que no»: «Creo que Albert Rivera le tiene mucho cariño a este proyecto, lo ha presidido durante quince años y estoy convencida de que se alegra de sus éxitos y sufre cuando no los tenemos».

La Universidad de Cantabria recupera este año sus cursos de verano, suspendidos el pasado por la pandemia del coronavirus, y que volverán a ser presenciales, adaptándose en todo caso a la situación sanitaria del momento.

La XXXVI edición de la cita académica estival incluirá más de un centenar de actividades, que se desarrollarán en 19 sedes de la UC, a las que este 2021 se suma Santillana del Mar.

La programación, con 104 propuestas -57 cursos monográficos y 47 de carácter formativo y cultural- arrancará el 18 de junio con una reflexión sobre el mundo postpandémico, a cargo del escritor José María Ridao, que pronunciará la conferencia inaugural en Laredo, y concluirá el 3 de septiembre abordando los retos de una sociedad digital, con una charla de la periodista Montserrat Boix.

Los cursos, para los que ya está abierto el plazo de matriculación, han sido presentados este viernes por el rector de la UC, Ángel Pazos; el vicerrector de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales, Tomás Mantecón; y la directora del Área de Cursos de Extensión Universitaria, Raquel Gómez.

En rueda de prensa, han destacado que la presente programación es «homologable en cantidad y calidad» a la de los ejercicios anteriores, pero adaptada a la situación actual, y contando con la experiencia que ha supuesto el desarrollo de las actividades académicas y de extensión universitaria este curso. Dentro de las culturales, se han organizado 38 conferencias; dos jornadas, mesas redondas y exposiciones; y un concierto, otro coloquio y un espectáculo de danza.

PROTAGONISTAS, TEMAS Y SEDES

Entre las novedades, destaca la nueva sede de Santillana del Mar, que albergará con un concierto de la Camerata Coral de la UC en la Colegiata Santa Juliana, una jornada sobre museos y patrimonio cultural en la que participará el exministro de Cultura José Guirao, y una conferencia y exposición sobre platería religiosa del barroco en Cantabria a cargo de Salvador Carretero, director del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS).

También participarán los escritores y periodistas Carmen Posadas, Pilar de Río, Marc Martín o Manuel Pimentel, los chefs Sergio Bastard y Floren Bueyes, las investigadoras Berta Casar (bióloga) y Elena García Armada (ingeniera industrial) o la escritora Espido Freire.

Entre los temas a tratar este verano en los cursos y actividades de la UC figuran la empleabilidad en entornos digitales, la robótica y manejo de big-data, los desafíos en torno a la igualdad y el trabajo, la actividad física y el envejecimiento activo, nutrición, abordaje multidisciplinar de patologías, la creación literaria y el manejo de la desinformación en el periodismo narrativo, la comunicación y la divulgación científica.

El cambio climático y economía circular, nuevos materiales para hacer frente a las necesidades de la sociedad, la sostenibilidad del turismo y del patrimonio cultural, herramientas de transformación social dirigidas a crear espacios artísticos y culturales inclusivos, música y capacidades diversas la eficiencia energética en la edificación y la electrificación en el automovilismo son otras materias sobre las que debatir, en una edición que también repasará los cambios sociales en el tiempo histórico: desde las relaciones entre las personas del Paleolítico y sus entornos hasta los retos entre la integración y la exclusión social.

Todo ello en 19 sedes localizadas en Laredo, Torrelavega, Suances, Santander, Colindres, Ramales de la Victoria, Camargo, Noja, Los Corrales de Buelna, Comillas, Castro Urdiales, Potes, Bareyo, la Hermandad de Campoo de Suso, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, la Asociación Santa Leocadia y Aguilar de Campoo, a las que este año se suma Santillana del Mar.

PARÉNTESIS

El rector ha mostrado su «satisfacción» al presentar la programación tras el «paréntesis» de 2020, que fue «la primera vez en 36 años en la que hubo que suspender los cursos» por la pandemia.

Ha destacado que el objetivo de esta cita es «extender» la actividad docente de la UC a toda la sociedad cántabra en verano, a través de monográficos y actividades culturales por toda la región.

Este año, la oferta se complementa con la retransmisión en streaming de las conferencias programadas en Laredo, donde se contará con un bucle magnético, que facilitará que personas con discapacidad auditiva puedan también disfrutar de las actividades.

Por su parte el vicerrector del área ha expresado «la felicidad de poder volver a intentar reanudar la programación» de los cursos estivales y de extensión universitaria, que constituyen «una actividad más» de la UC, que este verano ofrece un programa «muy cuidado».

MATRÍCULAS Y PRECIOS

El período de matrícula para los cursos monográficos está abierto desde este 14 de mayo y las tasas de matrícula continúan siendo «de las más reducidas» del país.

Así, los precios, como en ediciones anteriores, oscilan entre los 53 euros de los cursos de 20 horas y los 32 euros para los de 10 horas, en la modalidad de matrícula anticipada. Se aplica además una tarifa única súper-reducida (32 euros para todos) dirigida a personas mayores de 65 años, familias numerosas y personas con discapacidad.

La información sobre los cursos y actividades culturales de la programación 2021, así como sobre los reconocimientos académicos y los trámites de matriculación online, se puede consultar en la web de Cursos de Verano y de Extensión Universitaria o en el teléfono 942 200 973.

La consejera vasca de Justicia, Beatriz Artolazabal, ha asegurado que el modelo penitenciario que se aplicará en Euskadi será «totalmente respetuoso» con la «dignidad y los derechos» de las víctimas, y ha lamentado que la coalición PP+Cs recurra a la «manipulación» para cuestionar la labor que vaya a realizar el Gobierno Vasco en este campo, utilizando «en beneficio propio» el «dolor» de los damnificados por el terrorismo de ETA.

Artolazabal ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a sendas preguntas de Elkarekin Podmos-IU y de PP+Cs sobre el modelo penitenciario que prevé aplicar el Ejecutivo autonómico una vez que asuma la competencia sobre la gestión de las prisiones ubicadas en la comunidad autónoma.

El traspaso de esta competencia, que aparece recogida en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, fue acordado el pasado lunes por los gobiernos central y vasco, aunque la transferencia no se hará efectiva hasta el próximo 1 de octubre.

Este pasado martes, el Ejecutivo vasco remitió al Parlamento un documento que recoge las bases sobre las que se articulará dicho modelo, en el que se contempla el establecimiento de un régimen de semilibertad inicial para penas de hasta cinco años, se prevé la posibilidad de crear de módulos mixtos en los que puedan convivir ambos sexos, y se establece que el tratamiento de los presos de ETA será «sustancialmente idéntico» al que reciban el resto de los reclusos. El modelo incluye la resocialización de los presos y el respeto a las víctimas entre sus objetivos principales.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha aplaudido el enfoque «restaurativo» que el Ejecutivo prevé para el sistema de gestión de las prisiones, aunque ha advertido de que para que las «buenas intenciones» no se queden «en papel mojado» hay que adoptar medidas concretas.

«COMPETIR» CON EH BILDU

Por su parte, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha acusado al Gobierno Vasco de hacer «trampas» a la hora de hablar sobre sus intenciones respecto al modelo penitenciarios. Además, ha afirmado que con esta transferencia, el Ejecutivo ha tratado de «apuntarse un tanto» en un momento político «de debilidad», y que lo que pretende es utilizar el tema de los presos para «competir» en esta materia con EH Bildu.

La consejera se ha mostrado muy crítica con la posición mantenida por PP+Cs respecto a la transferencia de esta competencia al País Vasco. De esa forma, ha reprochado a la coalición que realiza una interpretación» sesgada e interesada» del acuerdo para el traspaso, llegando incluso a «faltar a la verdad» para «hacer ruido» y para «soliviantar» a la opinión pública. «Qué pretenden con esas insidias continuas? ¿Amedrentar, condicionar?», ha preguntado.

Artolazabal ha explicado que el Gobierno Vasco trabajará para reducir las tasas de reincidencia y para aportar a los reclusos «nuevas oportunidades de integración». Todo ello, a través de un modelo «que piensa respetuosamente en las víctimas». «No puede ser de otra manera; las víctimas se sitúan en el epicentro de este modelo, que no perderá de vista sus necesidades y derechos», ha señalado.

La consejera ha afirmado que las víctimas «son y serán el centro» de la política de convivencia y derechos humanos del Gobierno Vasco, dado que la «deuda» contraída con ellas «está lejos de ser saldada todavía». En este sentido, y en referencia a los damnificados por el terrorismo, ha destacado que las víctimas «nos ha dado un ejemplo de resiliencia, generosidad y de una mirada al futuro sin odio ni venganza». «Las víctimas son, sin duda, un gran activo para la convivencia», ha manifestado.

«NO SON TÉRMINOS ANTAGÓNICOS»

Por todo ello, ha advertido a PP+Cs de que «víctimas y política penitenciaria no son términos antagónicos ni confrontados». Artolazabal ha añadido que la vía restaurativa «ofrece un camino a explorar», aunque siempre «desde el total respeto a la preservación de la dignidad y los derechos de las víctimas».

Artolazabal ha reprochado a PP+Cs que centren «toda su atención» en «cuatro decenas de encarcelados» –en referencia a los reclusos de ETA internados en cárceles vascas–, y ha subrayado que el Gobierno Vasco se dedica a pensar en el conjunto de presos que cumplen condena en Euskadi, que ha cifrado en un millar.

En esta línea, ha denunciado que PP+Cs no dediquen «ni una palabra» a los 960 presos condenados «por delitos no terroristas». «No parece que entren en sus prioridades», ha censurado Artolazabal, quien ha reprochado al Partido Popular y a Ciudadanos que recurran a «insinuaciones burdas» y actúen de forma «irresponsable».

La consejera ha acusado a la coalición de tratar de obtener «rédito político» de la situación «terrible» que han padecido los damnificados por el terrorismo, y ha reclamado a PP+Cs que se abstenga de darle «clases de moral, empatía y cercanía» hacia las víctimas ni de «lejanía y condena» a ETA. «A eso tampoco me van a ganar», ha advertido.

Artolazabal ha avisado de que PP+Cs «ni puede ni debe usar el dolor de miles de personas en beneficio propio», y ha reclamado a la coalición que no «cuestione» su «respeto» hacia las personas que han sufrido «el azote del terrorismo».

En su respuesta a Elkarrekin Podemos-IU, Artolazabal ha afirmado que la asunción de esta competencia es una «oportunidad» para mejorar la gestión de los centros penitenciarios. Además, ha reafirmado su apuesta por la vía de la resocialización de los reclusos.

La dirección de Izquierda Unida Madrid y del Partido Comunista de Madrid (PCM) ha elaborado dos propuestas de informes de análisis de situación política tras las elecciones del 4M que censura el «ataque» a su autonomía «sin precedentes» y de «deslealtad» de las ejecutivas de ambas formaciones de ámbito estatal, a raíz de las negociaciones para conformar la candidatura de Unidas Podemos a estos comicios.

En ambos borradores, y adelantados por ‘eldiario.es’, también se deslizan críticas a la campaña realizada en dichas elecciones, al señalar que se pecó de un «exceso de discurso metapolítico», cuestiona que se centrara el mensaje en la «dicotomía fascismo y libertad» y observa que la presencia del espacio político dentro del Gobierno de coalición «ha pasado factura».

Precisamente esta tarde la Coordinadora Regional de IU se reúne para abordar esta propuesta de informe de coyuntura elaborado por la dirección autonómica y decidir si finalmente es aprobado. Mientras, el documento del PCM se someterá a consideración del Comité Regional la semana que viene. Además, la federación de IU en Madrid avanza que llega el momento de desplegar su Asamblea regional.

Los principales reproches a la dirección federal de IU y a la del PCE se acentúan en el proceso de configuración de la coalición de Unidas Podemos, una vez que no fue posible una lista unitaria con Más Madrid, que rechazó esa opción.

El análisis de la dirección de IU Madrid, que encabezan los coportavoces Álvaro Aguilera y Calorina Cordero, describe conflictos a la hora de conformar la coalición y alude a ausencia de negociación con Podemos Madrid para concretarla.

CONFLICTO INTERNO EN IU PARA CERRAR LA COALICIÓN

Según este relato, a falta de dos días para cumplirse el plazo de registro de la coalición, la dirección estatal de Podemos remitió a IU federal una «propuesta, planteada en términos no negociables, que distaba en mucho del acuerdo que ambas organizaciones firmaron dos años atrás y que constituía una clara falta de respeto al peso y la representatividad de IU Madrid».

También el documento del PCM alude a esta cuestión al tildar de «atropello» que se pasara de tener el número tres en la lista, en lugar del dos, y se les asignara el puesto 10 en lugar del seis, o el 15 en lugar del 11. De hecho, describe que esa oferta «rebajaba enormemente» el punto de partida de aquel acuerdo, con la asignación del 15% de los recursos del futuro grupo parlamentario cuando hace dos años se pactó el 33%, sin mencionar tampoco el reparto de las comisiones que se formarán en la Asamblea madrileña.

Ante ello, la Coordinadora Regional valoró dicha oferta como «claramente insuficiente» y decidió por un 87% de sus miembros mantener el planteamiento de 2019.

Posteriormente, revela que «a pocas horas de la finalización» del plazo para registrar la coalición, la dirección federal de IU convocó una reunión de la Comisión Colegiada con intervenciones de coordinadores de todas las federaciones para abordar «de manera urgente» la situación que se estaba viviendo en Madrid. En ese encuentro, los coportavoces de IU Madrid defendieron su postura y se comprometieron a que si Podemos no aceptaba, no habría candidatura alternativa de IU para no fragmentar el voto de izquierda.

No obstante y según su informe, la dirección federal decidió «firmar la coalición en los términos planteados» por la formación morada, en lo que «supone un ataque a la federalidad de la organización sin precedentes». Pese a esa discrepancia, los dirigentes de IU Madrid y el PCM decidieron por «responsabilidad» mantener en el ámbito interno lo ocurrido y «no airear los trapos socios» de cara a que la candidatura pudiera tener los mejores resultados posibles.

«Esta situación no puede volver a repetirse», ahonda la propuesta de informe político del PCM para recriminar a la dirección estatal del partido, que lidera Enrique Santiago, de «claros síntomas de deslealtad» a la militancia y organización madrileñas.

CRÍTICAS A LA CAMPAÑA

Respecto a la campaña electoral, el análisis preliminar de la dirección de IU Madrid destaca el paso dado por Iglesias al mostrar que la confluencia apostaba por estos comicios, pero constata que no han podido «influir en el discurso» y que la «dicotomía fascismo o democracia» que centró el mensaje benefició a Ayuso, que salió «airosa» con ese planteamiento que situó «a Unidas Podemos solo frente a Vox».

«Entendemos que la campaña de Unidas Podemos ha pecado en exceso de discurso metapolítico y que, para conectar con la mayoría social y la clase trabajadora, es preciso regresar a la materialidad (que hahabido, pero en un plano secundario) y a la propuesta concreta por encima de otras cuestiones», razona el documento de la federación madrileña y que es muy similar al balance que hace el PCM también en su propuesta.

Por todo lo expuesto, la propuesta de la dirección de IU apela a la «necesidad imperiosa de democratizar Unidas Podemos» y tampoco comparte la apuesta por el «hiperliderazgo» que se realizó.

A su vez, relata que los resultados generales del 4M suponen un «mazazo» para los intereses de las clases trabajadoras y que en el caso de la candidatura de Unidas Podemos «no han sido los esperados», si bien reconoce que la presencia de Pablo Iglesias afianzó un determinado sector de voto, aunque también generó una «gran movilización del voto a la derecha».

LA PRESENCIA EN EL GOBIERNO PASÓ FACTURA

«A pesar de que subimos de 7 a 10 diputadas, los resultados son mediocres y muy alejados de las expectativas generadas», ahonda el documento que, en gran parte, lo achaca al «terrible acoso mediático» al que Iglesias ha «sido sometido en los últimos años».

La propuesta de informe de la dirección de IU relata que la «pertenencia al Gobierno nacional ha pasado factura» y que «no ha ayudado el tono excesivamente autoconcesivo con los logros realizados». También diagnostica que Más Madrid «ha sabido movilizar el voto del descontento con la gestión del PP estos dos últimos años».

EL AUDIO DE VANESSA LILLO

En ese contexto se circunscribe el audio de Whatsapp protagonizado por la representante de IU y ‘número tres’ de la lista de Unidas Podemos en las elecciones, Vanessa Lillo, donde llamaba «ratas y sinvergüenzas» a compañeros de Podemos por no avisarle en la noche electoral de las intenciones de Pablo Iglesias, al quien acusa de «ni siquiera mencionarle» en su despedida pese a «haber puesto el gepeto» y acompañarle en esa puesta en escena.

Según comentaba Lillo, que se sintió «tapada» durante la campaña electoral, los miembros de IU no participaron en la reunión de la Ejecutiva improvisada de Podemos, en la que tras los primeros resultados iniciales Iglesias tomó la decisión anunciar que dejaba la política activa, por lo que sería la única que no conocía sus intenciones cuando subió al atril esa noche.

«Lamento que el audio, sacado de conversaciones desarrolladas en la intimidad, pueda haber hecho daño u ofendido a alguien. De ser así, pido disculpas por ello. Dicho audio corresponde a una conversación privada de un ámbito completamente ajeno a la política que consideraba «de confianza» desde hace muchos años. Lo que hace todo más doloroso, si cabe», se explicó luego Lillo en Twitter, que calificó el audio como «desahogo tras una campaña difícil».

Y recalcó que no se trata, por tanto, de declaraciones, ya que «nunca he hecho declaraciones públicas ni he filtrado nada relativo a diferencias internas, normales en cualquier espacio político, habiendo utilizado siempre los cauces internos para solucionarlas, y seguirá siendo así».

El PDeCAT aprobará este sábado la nueva estructura del partido que pasa por recuperar la figura de una secretaría general de carácter ejecutivo, con una presidencia más representativa e institucional, para relanzar el proyecto, a falta de elegir más adelante su nueva ejecutiva.

Bajo el nombre de ‘Hi érem. Hi som. Hi serem’ (Estábamos. Estamos. Estaremos), la asamblea nacional extraordinaria, que se hará de forma telemática, votará la nueva estructura que recoge la ponencia organizativa de la formación, que preside actualmente David Bonvehí.

La ponencia aboga por una reestructuración que mantendría la presidencia del partido, pero sus funciones ejecutivas las asumiría el futuro secretario general, y se crearían seis secretarías más: de Organización; de Acción Política y Comunicación; de Política Municipal; de Pensamiento y Ámbitos Temáticos; de Asociados y Simpatizantes y Participación, y de Internacional.

Además, la secretaría general podrá habilitar una permanente para agilizar trabajo, y la dirección pasaría de 30 a 20 personas.

En la ponencia también se apuesta por fortalecer el papel del Consell Nacional en todo lo relativo a las dinámicas políticas y electorales así como en lo que afecte a órganos como la comisión de claridad democrática, económica o en los reglamentos de primarias y para elegir cabezas de lista.

Sobre el régimen de incompatibilidades, se mantienen pero con una configuración y unas reglas «más sencillas, ágiles y claras», y en la ponencia proponen recuperar la nomenclatura de ‘congresos’.

Según el orden del día de la asamblea, la dirección actual rendirá cuentas de la gestión que ha llevado a cabo, y también se presentará el informe de gestión de la comisión económica y se votarán los informes de gestión.

También intervendrán en la asamblea, a través de un video, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que dejó la presidencia del partido en enero de 2018 y que sigue como militante de base, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

El sábado por la tarde se hará el debate de las enmiendas vivas a la ponencia organizativa, y en la asamblea se abordará también la próxima elección de la ejecutiva, que se aplazó porque desde el territorio les pidieron más tiempo por «democracia interna».

CHACÓN Y ORTEGA

Tras las elecciones del 14 de febrero, en las que el PDeCAT no logró representación en el Parlament, todo apuntaba a que la sustituta de Bonvehí en la presidencia fuera la candidata del partido a los comicios, Àngels Chacón, pero finalmente dio marcha atrás.

Posteriormente, la exvicepresidenta del Govern y exdirigente de Unió, Joana Ortega, tampoco dio el paso definitivo de presentar su candidatura para encabezar el PDeCAT, un perfil que tenía que acompañar desde esta posición al actual portavoz del partido, Marc Solsona, en la secretaría general.

Ortega comunicó que, pese a no aspirar a la presidencia del partido, seguirá próxima al proyecto y añadió que no ocuparía «ningún puesto de responsabilidad estructural en el partido».

La Sala de Contencioso Administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha dado su visto bueno al decreto que el Gobierno regional revisó este jueves ante el fin del estado de alarma al no afectar a derechos fundamentales.

Según el auto del TSJCM, el auto declara que no es precisa la ratificación de las medidas acordadas en el decreto sobre prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 «por no afectar a derechos fundamentales».

El auto tiene en cuenta que se han suprimido de este decreto las medidas que no fueron ratificadas en el anterior auto emitido por el TSJCM, que hay una nueva redacción en el artículo 30 y que hay una nueva redacción en el artículo 33 sobre actividad física en instalaciones deportivas.

«Estas nuevas medidas no precisan ratificación al no afectar a derechos fundamentales, en el sentido de que se trata de medidas a aplicar en establecimientos, instalaciones o actividades abiertas al público, sujetas a autorización administrativa ordinaria», reza el auto.

MAYORES Y RESIDENCIAS

De otro lado, el TSJCM ha dictado un auto por el que no valida que los residentes salidos de los centros de mayores de la región sólo puedan permanecer en un domicilio.

Dicho auto, se produce después de que el Gobierno regional solicitase al alto tribunal castellanomanchego ratificación judicial de la resolución de la Consejería de Sanidad por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y sociosanitarios de Castilla-La Mancha a fin de hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En este sentido, la única medida que la sala no ratifica es la contemplada en el apartado 4, sobre las salidas en las residencias de personas mayores, y en concreto el inciso b) que se refiere a que el residente debe permanecer en un ámbito estable (un solo domicilio).

Para el TSJCM esta matización constituye «una restricción del derecho fundamental de libre circulación y residencia, y que tiene un carácter genérico y no individualizado, dirigido a personas que no tienen la enfermedad».

Por contra, la Sala sí valida las medidas contempladas en los apartados 6 a), 6 b) y 7, ya que tienen amparo en la LO 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, concretamente en lo regulado en los artículos 2 y 3 de dicha ley.

En concreto, el apartado 6 se refiere a los nuevos ingresos, reingresos, traslados y estancias temporales a las residencias de personas mayores y centros de atención a personas con discapacidad grave y el 7 que a las personas trabajadoras que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación una PCR para descartar la infección por COVID-19.

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e HIRU han insistido en que es «imprescindible» que se «depuren responsabilidades políticas» sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar y se llegue «hasta las últimas consecuencias».

En un comunicado, los sindicatos han lamentado que el Gobierno Vasco haya decidido finalizar la búsqueda de Joaquín Beltrán, uno de los dos trabajadores desaparecidos durante el deslizamiento del vertedero de Verter Recycling el 6 de febrero de 2020.

A su entender, es «evidente» que el Gobierno Vasco quiere «quitarse este asunto de encima, eludiendo responsabilidades y presentando a Verter Recycling como único culpable ante la opinión pública».

«¿Y dónde está el lehendakari Iñigo Urkullu? Al igual que estuvo desaparecido los días posteriores a la catástrofe de Zaldibar, tampoco ha dado la cara en el día de hoy», ha denunciado.

Los sindicatos han recordado que, «desde el principio», han exigido que se encuentre a Joaquín Beltrán, pero han subrayado que «esto no es suficiente». «Es imprescindible depurar las responsabilidades políticas y llegar hasta las últimas consecuencias, para asegurar que se conozca la verdad, que haya justicia y que no vuelva a ocurrir», han subrayado.

Para ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e HIRU, la gestión del vertedero ha sido «nefasta, en el momento en que se produjo el desprendimiento y tanto antes como después de la catástrofe».

En esta línea, han señalado que, en la actividad de Verter Recycling, «además de la falta de control y la ausencia de sanciones, ha habido acumulación ilegal de amianto y de residuos peligrosos de diferentes tipos que se han llevado sin control a lo largo de los años, que debían haberse controlado caso por caso».

«El Gobierno Vasco y el Departamento de Medio Ambiente, también entonces, no hicieron nada. Y hoy Arantxa Tapia ha hablado de que se han estado realizando los trabajos en beneficio del medio ambiente», han censurado.

Para los sindicatos, la empresa Verter Recycling «tiene responsabilidad directa sobre los trabajadores fallecidos y ante la actividad clientelar, opaca, no sostenible y peligrosa que durante años ha existido en el vertedero de Zaldibar».

En todo caso, han defendido que «la responsabilidad no puede limitarse al ámbito privado, porque el ámbito público ha tenido una responsabilidad política sobre lo que estaba ocurriendo».

«Estos responsables tienen nombres, apellidos y responsabilidades políticas. El Gobierno Vasco dirigido por Iñigo Urkullu y el consejero Iñaki Arriola tienen una responsabilidad política directa sobre lo ocurrido en Zaldibar. Más aún, si tenemos en cuenta la relación directa que existe entre la empresa y varios cargos políticos», han insistido.

Asimismo, han opinado que, «entre los principales responsables, sin duda alguna, está también la patronal, incumpliendo la legislación vigente». En este sentido, ha afirmado que, mientras las enfermedades y muertes de trabajadores sigan saliendo «baratas», no va a cambiar «nada».

CÓMPLICE

Las centrales nacionalistas han señalado que «la privatización de la gestión de la basura y la falta de control público han convertido el actual modelo de gestión de residuos en un negocio en el que la patronal también saca beneficios a espaldas tanto de la clase trabajadora como de la naturaleza».

«Ante esta trágica situación, no denunciar a la patronal ha convertido a la propia Administración pública en cómplice, ya que no adopta las medidas de vigilancia, control y protección necesarias para revertir la situación, para garantizar la vida y la salud de los trabajadores o para hacer la transición hacia un modelo de gestión de residuos sostenible», han afirmado.

Finalmente, ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e HIRU han mostrado su apoyo y solidaridad a la familia de Joaquín Beltrán, así como a todos los trabajadores fallecidos este año «en el trabajo o a consecuencia del mismo». «Es hora de que cese la masacre que provocan las muertes laborales», han reivindicado.

El ex consejero del Gobierno murciano Juan Carlos Ruiz, titular de Industria con Alberto Garre, del PP, será juzgado por la Audiencia Nacional en el marco de una pieza separa del denominado caso Púnica, al ser acusado por el Fiscal de haberse beneficiado de fondos públicos para mejorar su imagen y reputación.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dictado este jueves un auto, en el que abre juicio oral contra Ruiz y otras ocho personas, entre las que figura el que fuera su jefe de gabinete; la entonces directora del Instituto de Turismo; y el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso.

En concreto, el auto señala que procede la apertura del juicio oral contra las personas acusadas por el Ministerio Fiscal, al sustentarse la pretensión acusatoria en «indicios racionales de criminalidad» que permiten atribuir provisionalmente la comisión de los delitos.

En concreto, el Fiscal sostiene que, desde el mes de abril de 2014, con la intención de darse a conocer ante los ciudadanos de la Región de Murcia y transmitir una imagen positiva en las redes sociales, el entonces consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, que se postulaba para candidato para presidente de dicha Comunidad Autónoma, se interesó por el paquete de trabajos personales que le ofrecieron los acusados José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro.

Estos trabajos, según el Ministerio Público, estaban dirigidos a «cuidar su reputación en las redes sociales y promocionarle ante el Partido Popular nacional, aceptando el ‘Informe De Percepción Inicial’ que le entregaron los empresarios y que reflejaba su proyección en la red en esos momentos».

Por ello, Ruiz concertó con su Jefe de Gabinete y con los acusados De Pedro y Alonso, que la empresa EICO le gestionase sus redes sociales y le realizase trabajos personales de reputación on line, «que situasen su nombre entre los primeros puestos en buscadores de internet, transmitiendo siempre una imagen positiva, de cara a conseguir ser el candidato a presidente y ganar las elecciones».

Asimismo, el Fiscal sostiene que Ruiz también convino, accediendo a las peticiones de los empresarios, sacar a licitación «contratos públicos que simulasen la necesidad de contratación de cualquier servicio relacionado con el objeto social de las mercantiles EICO y MADIVA, y su adjudicación a esta última mercantil, para el pago velado del verdadero servicio contratado con la sociedad EICO, los trabajos reputacionales».

«En el plan cobró valor que la Consejería de Turismo tenía adscritos dos Institutos, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región, y que ambos los presidía el acusado Juan Carlos Ruiz».

Según el Fiscal, Ruiz «aprovechó en su exclusivo interés personal la participación de ambos Institutos, que no tenían fiscalización previa, y cuyos responsables eran nombrados a su propuesta».

«Los contratos simularían estar destinados a satisfacer los fines institucionales de cada uno de dichos entes públicos, a sabiendas de que a cambio las empresas de los acusados De Pedro y Alonso le realizarían, sin coste para él, sus trabajos personales de reputación», tal y como señala el escrito de acusación del Ministerio Público.

De esta forma, el Fiscal sostiene que Ruiz «consiguió facilitarse la contratación, evitando el control del Interventor de la Consejería de Turismo sobre la adjudicación de los contratos». «El ardid diseñado permitía que fuesen los fondos públicos de los Institutos de Turismo y Fomento los que sufragasen lo que debía ser un gasto personal del Consejero de Turismo», añade.

PENAS

Así pues, el Fiscal pide para Juan Carlos Ruiz la pena total de cuatro años de cárcel. En concreto, solicita dos años y seis meses de prisión por el delito de fraude; así como un año y seis meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación, así como una multa 150.000 euros.

No obstante, el abogado defensor de Ruiz, Raúl Pardo-Geijo, ha señalado que cree que ha habido un error en el establecimiento de la pena porque el Fiscal no acusaría, en principio, a Ruiz de prevaricación, lo que puede deberse a un posible «lapsus» del Ministerio Fiscal porque al resto de los acusados sí les atribuye este delito.

Pardo-Geijo ha defendido que la causa se sobreseyó parcialmente en lo que respecta a las actividades de reputación del INFO, pero se mantienen en lo que respecta al Instituto de Turismo, a pesar de que las actividades se hicieron «para el alcalde de Molina de Segura», a quien se le archivó la causa.

Además, el letrado señala que, tras sobreseerse parcialmente el procedimiento, el Fiscal añade ahora un delito más –el trágico de influencias– a pesar de que hay «menos material probatorio».

En este sentido, Pardo-Geijo ha asegurado que tanto él como su defendido están «muy tranquilos» porque «no hay nada que sustente la tesis de la Fiscalía». Además, reconoce que ya sabían que tendrían que ir a juicio, y solo lamenta «el perjuicio de que se someta a Ruiz a la pena de banquillo».

Eliminar el límite de renta para que todas las familias numerosas puedan acceder a ayudas, garantizar que su condición dependa solo del número de hijos o ampliar la duración del periodo de excedencia para el cuidado de menores en estos núcleos familiares son algunas de las medidas que el PP ha registrado en el Congreso para impulsar y ayudar a las familias numerosas españolas.

En el marco de la celebración, este sábado 15 de mayo, del Día Internacional de las Familias, los ‘populares’ han impulsado una proposición no de ley en la que reclaman de forma específica la reforma de la ley de protección de las familias numerosas con el objetivo de «ampliar» los incentivos fiscales que reciben.

Con estos cambios, el PP quiere que estas familias no dependan del límite de renta para recibir ayudas, que la categoría especial de familia numerosa se obtenga a partir del cuarto hijo, que se amplíen los plazos de excendencia por cuidado de hijos, o que los dos progenitores mantengan la categoría como miembro de una familia de estas características aunque se divorcien o separen.

En la iniciativa, también se llama modificar la regulación del complemento de maternidad eliminando la limitación del número de hijos para su cálculo; a equiparar el trato fiscal a las familias numerosas en la adquisición de la viviendas nuevas o de segunda mano mediante la reducción del gravamen del IVA; o incluir en la normativa y legislación que se apruebe la perspectiva de familia, «como ocurre con el genero».

DISCRIMINACIÓN EN LAS AYUDAS

Los de Pablo Casado recogen en esta propuesta, según señalan en el texto, algunas de las reclamaciones que desde la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) se llevan realizando desde hace tiempo y que tienen como objetivo acabar con la «discriminación» que, a juicio de esta entidad, sufren estos núcleos familiares.

La FEFN explica, por ejemplo, que en España se limita el complemento por maternidad a los cuatro hijos; que para la prestación por desempleo «cuenta lo miso tener dos que cuatro hijos»; o que para los ERTE se cobra 1.412 euros con dos o más hijos. Esto se visualiza, explican, en que el 39% de las familias españolas «tiene dificultad para llegar a fin de mes» y un 36% indica que sus ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades esenciales del hogar.

Pero no es la única iniciativa que el PP ha registrado esta semana con motivo del Día Internacional de las familias. Los ‘populares’ han impulsado también una iniciativa sobre las familias monoparentales.

En este caso, pide modificar, también, la ley de protección de familias numerosas para incluir en el concepto de familia numerosa a todas aquellas con un ascendiente integrada por dos hijos «con independencia de la causa que haya provocado la monoparentalidad». El objetivo, indica el texto registrado, es «hacer extensible» a estos núcleos familiares «todos los beneficios» de las familias numerosas.

Además, el PP quiere que el Gobierno redacte una ley específica para familias monoparentales con la que se otorgue reconocimiento, seguridad y medidas que ofrezcan cobertura social a este tipo de familias.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo ha condenado a un año y tres meses de prisión al acusado de provocar un accidente de tráfico en julio de 2018 en Cangas del Narcea, en el que fallecieron tres jóvenes. La sentencia reconoce los atenuantes de confesión y reparación del daño causado, según ha informado el despacho de abogados Veláquez & Villa.

A pesar de que la fiscalía pedía indemnizaciones por cerca de 170.000 euros para los familiares de una de las fallecidasy otro de los ocupantes que resultó herido, las familias de las dos víctimas y el otro conductor renunciaron a las mismas. Además inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba la pena de 4 años de prisión.

Los hechos sucedieron sobre las 19.45 horas del día 15 de julio de 2018, cuando el acusado circulaba por la carretera AS-15 en dirección a Cangas de Narcea, conduciendo el vehículo marca Citroën Xsara.

Al llegar al kilómetro 53,800, a la entrada de una curva a la derecha según el sentido de su marcha, el acusado invadió el carril contrario en el momento en que circulaba correctamente y en sentido contrario el vehículo Renault Kangoo, conducido por su propietario quien pese a apartarse a la cuneta no pudo evitar ser acometido por el vehículo conducido por el acusado.

El accidente se produjo en una zona con la calzada ligeramente mojada, en buen estado de conservación y rodadura, con doble sentido de circulación y una anchura para cada carril de 3,50 metros separados por línea central continúa, con arcén no delimitado por encontrarse en obras, con señalización vertical de advertencia por existir una sucesión de curvas e indicación de velocidad máxima aconsejable de 60 kilómetros por hora y vertical de prohibición de adelantar.

Los hechos se produjeron debido a que el acusado circulaba a velocidad excesiva y sin prestar la mínima atención a la conducción. Tras el golpe, el acusado salió despedido de nuevo hacia la carretera y rebotó contra la valla de protección del margen derecho hasta quedar detenido en el medio de la carretera.

El conductor del Renault Kangoo contra el que chocó el acusado, resultó con lesiones consistentes en contusión pulmonar derecha, hemotórax derecho y dorsalgia postraumática.

En el vehículo conducido por el acusado que resultó herido, viajaban otras cuatro personas, dos chicos y dos chicas. Uno de los chicos resultó herido y tardó 33 días en curar, el resto fallecieron. El chico nacido el 20 de mayo de 1998, de 20 años, sufrió shock traumático primario con hemorragia torácica masiva y traumatismo torácico con rotura cardiaca y aórtica, que provocaron su fallecimiento.

Las dos chicas también perdieron la vida. Una de ellas, de 18 años, que sufrió hematoma intraparenquimatoso de cerebro talámico izquierdo y edema cerebral traumático, así como posterior parada cardiorrespiratoria que provocó su fallecimiento. Y la otra mujer, de 21 años, que sufrió traumatismo primario con hemorragia torácica masiva y traumatismo torácico con rotura de arteria aorta torácica y bazo, lo que provocó su fallecimiento.

El despacho de abogados Veláquez & Villa considera «proporcional y equilibrada la pena». «Estamos satisfechos con el resultado porque hemos podido poner de manifiesto la doble tragedia que protagonizanuestro asesorado: Él también ha sido víctima en un desgraciado accidente en el que ha perdido a sus mejores amigos y ha reconocido su parte de responsabilidad, lo cual de por si es una condena que arrastrara de por vida».

«Esperamos que esta tragedia también impulse una toma de medidas respecto al estado de esta carretera, que presenta tres puntos negros y lamentablemente no es la primera vez que registra accidentes graves», concluyen desde el despacho jurídico.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido la «diversidad familiar» frente a los «discursos de odio» y quienes quieren «imponer un único modelo de familia tradicional», y ha anunciado que la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias llegará al Consejo de Ministros a finales de 2021 o principios de 2022.

«Todas las familias son legítimas y tienen que ver garantizados sus derechos frente a aquellos que quieren imponer un único modelo de familia y que piensan que ese modelo, mal llamado ‘tradicional’, es el único que tiene que ver garantizados sus derechos», ha explicado Belarra este viernes en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.

La ministra de Derechos Sociales ha comparecido junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para explicar el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado al plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.

En cuanto a la Ley de Diversidad Familiar, Belarra ha asegurado que van a «pisar el acelerador» para que llegue al Consejo de Ministros y se tramite antes de finales de este año o «como muy tarde» a comienzos de 2022.

En concreto, ha explicado que la ley protegerá a todas las familias «a través del reconocimiento jurídico» y ofreciendo un «apoyo especial» en forma de prestaciones para las familias monomarentales, las familias de partos múltiples, las familias LGTBI y las familias acogedoras, adecuando las ayudas a la situación de necesidad de cada una de ellas, «en función de su tamaño, características y rentas».

APUESTA POR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Sobre la petición de las familias acogedoras para que los 23.000 niños y niñas que viven en centros residenciales puedan crecer con una familia, Belarra ha asegurado su compromiso «firme» con la apuesta por el acogimiento familiar frente al residencial.

«No hay ningún modelo mejor que un niño pueda crecer en una familia», ha asegurado la ministra, mostrando su agradecimiento a todas las familias que acogen en España «en condiciones muy complicadas».

Así, ha precisado que, aunque las CCAA son las competentes en esta materia, desde el Gobierno van a apostar por el modelo de acogimiento familiar en la medida de sus posibilidades, con «recursos e iniciativa política».

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha recomendado a los españoles que se encuentran en Israel, unos 6.500, que eviten las zonas más expuestas a la actual escalada de violencia entre israelíes y palestinos y que se informen de dónde se encuentra el refugio más cercano.

El departamento que dirige Arancha González Laya ha actualizado las recomendaciones respecto a Israel en las últimas horas en su página web. Así, señala que «debido a las actuales tensiones, se recomienda evitar las zonas donde se han registrado episodios de violencia, particularmente en Jerusalén y en las proximidades de la Franja de Gaza, área esta última donde se registran numerosos lanzamientos de cohetes sobre territorio israelí».

Asimismo, también recomienda a los españoles «evitar desplazamientos innecesarios y congregaciones, así como conocer la localización del refugio más próximo a su vivienda u hotel» con la vista puesta en que puedan acudir a él en caso de ataque.

En este sentido, aconseja la app del Home Front Command, el mando del Ejército israelí encargado de la protección de la población civil en situaciones como la que se ha venido registrando en los últimos días, con lanzamientos continuados de cohetes desde Gaza contra territorio israelí.

Igualmente, Exteriores les pide que extremen «las precauciones, en particular a partir del crepúsculo, en ciudades donde se han dado enfrentamiento y actos vandálicos, evitando las zonas en que éstas han tenido lugar».

ESPAÑOLES EN GAZA

Por lo que se refiere al centenar de españoles que se encuentran en Gaza, fuentes diplomáticas han indicado este viernes que sigue sin estar previsto proceder a su evacuación por el momento. En total son 98 personas, todas ellas con doble nacionalidad y que en la mayoría de los casos llevan décadas residiendo en la Franja de Gaza.

El Consulado General en Jerusalén, que hace las veces de ‘embajada’ ante la Autoridad Palestina y gestiona todo lo relativo a los territorios palestinos, está en «contacto periódico» con todos ellos para conocer su situación, han precisado las fuentes.

Desde Exteriores se subraya que todas las embajadas y consulados de España «tienen la obligación de contar con un plan de concentración y emergencia» para la colonia española allí donde se encuentren. Su puesta en marcha, subrayan las fuentes, «responde a una serie de criterios que se evalúan permanentemente».

Por regla general, lo primero que se suele hacer es entablar contacto con las personas afectadas por la situación de emergencia, en este caso los bombardeos, y conocer sus necesidades y si estarían interesados en su evacuación.

Una vez conocida esta información sería cuando se podrían preparar posibles planes para su salida de la Franja de Gaza, en función de su número. Además, en este tipo de circunstancias es habitual que el Gobierno español actúe en coordinación con sus socios europeos, procediéndose a la evacuación conjunta de nacionales, lo cual suele facilitar los trámites y la logística, pero por ahora no se estaría en este punto.

El Partido Popular de la Región de Murcia ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para defender el Trasvase Tajo-Segura de los planes del Gobierno de Pedro Sánchez y pide «unidad y diálogo para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua».

Así lo ha anunciado el senador del PP, Juan María Vázquez, quien ha explicado que se exigirá la retirada de la modificación unilateral de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura hasta que no se haya producido la actualización de los planes hidrológicos vigentes. En la propuesta, se solicita convocar una Mesa del Agua con todas las comunidades afectadas y usuarios para plantear los distintos escenarios que contemplan los estudios hidrográficos del CEDEX y abordar soluciones desde el diálogo y el consenso.

Así, en rueda de prensa junto con los diputados nacionales, Isabel Borrego, Juan Luís Pedreño, y los senadores, Francisco Bernabé y Violante Tomás, el senador Vázquez ha señalado que el trasvase es un motivo de preocupación para todo el Levante y ha recordado que el PP lleva interpelando al Gobierno de España y al Ministerio de Transición Ecológica desde diciembre del año 2019, cuando comenzó la legislatura, por sus «intenciones» a este respecto. «Solo hemos encontrado como respuesta una actitud nada dialogante y sí autoritaria», ha aseverado.

En este sentido, el senador del PP lamenta que «no parece que les importe nada los más de 105.000 puestos de trabajo directos y los más de 200.000 puestos de trabajo indirectos que dependen del trasvase; y nada les importa el más del 50% de frutas y hortalizas que el sector produce en el conjunto de España y que exporta principalmente a Europa».

«En medio de la peor pandemia de nuestra historia reciente, nada ha detenido al Gobierno para regar, pero de incertidumbre, el futuro de nuestro trasvase», según Vázquez, quien recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez «empezó diciendo que las cuencas tenían que ser autosuficientes, como una clara tarjeta de presentación de cuales iban a ser sus intenciones».

«Nos dijeron que los recursos en este caso esenciales no podían distribuirse en el territorio español, como si no se distribuyeran otros recursos como son la electricidad o el gas», ha aseverado Vázquez, quien recuerda que han pasado meses en los que han oído a la ministra, Teresa Ribera, decir que «era ilusorio pensar que existe un derecho a desplazar grandes volúmenes de agua en España».

Asimismo, recuerda que en estos meses han escuchado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, decir que «sí o sí se le va a detraer agua al regadío; o que el trasvase Tajo-Segura se ssutenta sobre un discurso-ficción, en un desprecio absoluto a los regantes y a los agricultores murcianos».

Cuando el PP ha solicitado a Morán los estudios que «dice tener» y que demuestran que se va a producir una pérdida del 40% del recurso hídrico del trasvase Tajo-Segura», lamenta que solo han obtenido el «silencio» como respuesta. «Y cada vez que le hemos interpelado por estas cuestiones, o tenemos que reiterar nuestras preguntas o no nos contestan, como clara demostración de desprecio a quienes representamos a los ciudadanos en las cámaras parlamentarias».

Ha insistido en que el Gobierno de España anunció en primer lugar que la cuenca del Segura tenía que ser «autosuficiente», lo que fue una «carta de presentación» de cuales iban a ser sus intenciones.

Después, recuerda que «empezaron a intervenir los volúmenes de agua propuestos por la Comisión técnica del trasvase», algo que «nunca antes había sucedido, saltándose las recomendaciones técnicas y desplegando un catálogo de excusas, mes a mes, para demostrarnos que el agua que se trasvasaba no respondía a términos técnicos sino que respondía a lo que decidían el secretario de Estado y la ministra de Transición Ecológica».

«ELLOS DECIDEN LO QUE SE TRASVASA Y LO QUE NO»

Ante las «repetidas interpelaciones» del PP, lamenta que la contestación ha sido siempre que «ellos deciden lo que se trasvasa y lo que no, por encima de cualquier informe técnico, sin darnos explicaciones o alguno de los criterios seguidos». De este modo, cada vez que los volúmenes han correspondido a un nivel 3, el trasvase ha sido «intervenido», y ahora «no lo pueden hacer porque es automático gracias al memorándum y al nivel que tiene el trasvase».

Ha reprochado que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha seguido con los cambios en las reglas de explotación, porque mientras se avanza en finalizar los planes de cuenca, han decidido cambiar los volúmenes que corresponden a los diferentes niveles del trasvase».

«Y de forma unilateral, con solo 43 votos a favor de los 81 emitidos, han bajado el volumen a trasvasar del nivel 2 de los 38 hm3 a 27, demostrando una vez más que no parece que el consenso haya sido su mejor estrategia», según Vázquez.

El PP defiende que «no es el mejor momento de aplicar» este descenso porque solo incrementa la confusión y la incertidumbre en los regantes, más aún cuando ya han anunciado que pueden cambiar las reglas de explotación con los nuevos planes de cuenca».

A continuación, lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez propone modificar los caudales ecológicos, «donde realmente viene el hachazo», porque «va a significar una disminución en el agua a trasvasar», Según Vázquez.

Además, ha obtenido también la «callada por respuesta» cuando han preguntado «por los informes técnicos que hacen cambiar estos caudales ecológicos, o cuando preguntamos alternativas para incrementar estos caudales ecológicos como, por ejemplo, a partir de aguas procedentes del sur de la zona de Madrid». Tampoco han tenido «respuesta» cuando han preguntado por las sentencias del Tribunal Supremo o de la UE que obligan a detraer agua del trasvase de forma directa o indirecta.

«Incrementar los caudales ecológicos sin buscar alternativas o razones científicas es condenar al trasvase, y ahí nos van a encontrar junto a todos los murcianos, regantes, agricultores y ciudadanos», según Vázquez, quien recuerda que la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha mostrado su «preocupación» por el «nefasto resultado» que estos tendría.

«PRETENDE LIQUIDAR EL TRASVASE»

Por su parte, el secretario ejecutivo de Agua y Medio Ambiente, Jesús Cano, ha subrayado que «está claro que Pedro Sánchez pretende liquidar el Trasvase modificando el Memorándum», lo que va a suponer una subida del 30 por ciento en la factura del agua para todos los hogares y un 48 por ciento para los agricultores, «a pesar de que ya pagan el agua más cara de España».

«Nunca se han superado los caudales ecológicos previstos y no hay razones técnicas para su aumento» y si se lleva a cabo este atropello, «tal y como también ha reconocido la presidenta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, la situación se complica mucho, porque el 40 por ciento de sus recursos son del Trasvase Tajo Segura y estos son imprescindibles para el abastecimiento humano».

Cano le ha pedido a Sánchez que «escuche el clamor de la sociedad murciana y deje en paz el trasvase, respete el Memorándum y acate la Ley para acabar de una vez por todas con la guerra del agua». Así, ha dicho que «este Gobierno socialista está más centrado en avivar guerras estériles enfrentando a Comunidades Autónomas que en solucionar problemas», ha concluido el popular.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apoyado la presencialidad en todas las etapas educativas de cara al próximo curso escolar. De esta forma, ha indicado que teniendo en cuenta los niveles de inmunidad que se alcance con la vacunación, el próximo curso estará «muy cerquita» de la normalidad de la etapa precovid.

Actualmente la incidencia del covid en la educación andaluza es «muy escasa». El 98,3 por ciento de los centros educativos están libres de covid y eso ha llevado al presidente a apuntar que «el curso que viene va a ser un curso muy cerquita de la normalidad anterior a la etapa precovid».

«Cuando estamos hablando de una incidiencia tan baja a pesar de que no tenemos un nivel de inmunidad todavía alta significa que se dan las condiciones como para que el curso que viene en septiembre podamos tener un curso bastante más normalizado del que hemos tenido», ha indicado Moreno durante su comparecencia en Jaén donde ha inaugurado las urgencias del centro salud Bulevar.

El presidente ha dicho que, a falta de estudiar en profundidad las medidas propuestas por el Gobierno de España de cara a recuperar la presencialidad en el próximo curso, él comparte con la ministra de Educación, Isabel Celaá, que «la presencialidad es fundamental en el sistema educativo», aunque apostar por ello suponga «achicar» espacios y reducir las distancias entre el alumnado.

«El curso que viene si todos los datos siguen funcionando así, significa que en septiembre estaremos muy avanzados en la inmunidad colectiva», ha dicho Moreno, al tiempo que ha incidido en que «los riesgos de contagios van a ser muy inferiores o prácticamente se van a reducir a una mínima expresión respecto al curso anterior y por tanto podemos empezar a recuperar esa normalidad».

Ha señalado que medidas como mantener las mascarillas en las aulas, reducir la distancia a 1,2 metros u optar por ‘grupos burbuja’, le parecen «oportunas», aunque la Consejería de Educación está analizando las propuestas del Gobierno por «ver si hay que hacer alguna aportación».

«Hay que volver a la presencialidad porque hemos notado que el impacto de la calidad educativa no es la misma si es telemática, que si es presencial», ha señalado Moreno. En este sentido, ha subrayado que la pandemia, con el modelo telemático de enseñanza, «ha generado problemas» en cuanto que ha conllevado «más fracaso escolar y más abandono» y eso es algo que «tenemos que evitarlo».

«Una vez que lleguemos a esas cuotas de inmunidad no tiene sentido que mantuviésemos la educación telemática», ha afirmado Moreno al referirse que ya en el verano la vacunación habrá llegado al 70 por ciento de la población diana.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha pedido que los ciudadanos sigan confiando en la Estrategia de Vacunación tras el «incidente» ocurrido en Cáceres con las personas mayores de 60 años que han recibido una dosis de AstraZeneca por error.

Así, ha deseado «toda la tranquilidad» a las personas afectadas por el «incidente», al igual que también «toda la tranquilidad del mundo» a los profesionales que trabajan en los equipos de vacunación y que fueron los que «se dieron cuenta» del error, algo que a su juicio evidencia también que «los controles funcionan».

De este modo, a preguntas de los medios con motivo de su asistencia este viernes a los actos conmemorativos de La Batalla de La Albuera (Badajoz), Vergeles defendido también que «cuando ocurre un incidente en materia de seguridad de paciente» lo «mejor» que se puede hacer es analizarlo «bien» para «prevenir futuros errores».

«Lo que hay que hacer es aprender. Las investigaciones cuando se abren en Sanidad sobre determinados incidentes que pueden afectar a la administración de un medicamento, a una intervención quirúrgica, a los millones de actos sanitarios que se realizan en el sistema sanitario siempre se debe tener una visión de evaluación y de mejora, no utilizarlos desde el punto de vista punitivo sino de evaluación y de mejora para que no ocurran estos incidentes y para que tengamos un sistema sanitario cada vez más seguro», ha espetado.

Así, ha destacado que en Extremadura se han administrado más de 350.000 dosis de vacunas contra la Covid-19, y tras lamentar que puedan ocurrir «incidentes» de las características del de Cáceres, ha pedido que «entiendan que estamos en un proceso de vacunación muy complicado donde hay muchos cambios de vacunas al mismo tiempo, donde hay muchos grupos definidos», ha dicho.

En este punto, ha añadido que por eso la Junta ha apostado «siempre» por las edades, porque «las edades nos parece que es la forma más rápida, más ágil y probablemente incluso de que se tengan menos incidentes a la hora de la vacunación».

PIDE DE NUEVO DISCULPAS

En este sentido, de nuevo sobre la vacunación de Cáceres esta semana con AstraZeneca por error a personas menores de 60 años, ha dicho que «no hay ningún problema» y se ha remitido a las declaraciones de ayer por parte del gerente de Salud de Cáceres que «hizo las declaraciones oportunas», aunque ha reiterado las «disculpas que él ha pedido».

Al mismo tiempo, ha lanzado un «mensaje de tranquilidad a todas esas personas»; y tras recordar que hay «más de 30.000 personas sólo en Extremadura que estén vacunadas con esa vacuna (AstraZeneca)», ha incidido en que «es verdad que no está recomendada, pero tampoco está prohibida científicamente».

«Y por lo tanto tranquilidad, vamos a hacer un seguimiento muy estricto de los síntomas que presenten esas personas a lo largo de este tiempo», ha reiterado Vergeles, quien también ha destacado la «magnífica labor» que ha realizado el equipo de vacunación, que «como se pueden imaginar tiene un tremendo disgusto porque lógicamente a nadie le gusta que ocurran estas cosas», ha señalado.

El vicesecretario de Participación del PP y diputado en el Congreso, Jaime de Olano, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de «dejar tirados» a los trabajadores de la factoría de Alcoa en San Cibrao (Cervo).

En declaraciones a los medios frente a la Comisaría de Policía Nacional en Lugo, De Olano ha condenado la «política de la patada hacia delante» y «de no comprometerse con el futuro de esa gran industria de Lugo y de Galicia» por parte del Ejecutivo estatal.

«Una vez más, el Gobierno deja tirado a los trabajadores, después de andar mareando la perdiz. Y ya lo hicieron con el estatuto de la industria electrointensiva», ha agregado.

A su juicio, el estatuto aprobado «no resuelve en absoluto el problema del precio de la energía para este tipo de industrias y ahora da la sensación que dejan, una vez más, tirados a los trabajadores de Alcoa».

Además, Jaime de Olano ha reivindicado que el PP lleva «años del lado de los trabajadores»: «Nos hemos reunido con ellos y hemos presentado multitud de iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado, pero siempre nos encontramos con palabras vacías y compromisos huecos por parte de la ministra (de Industria) Reyes Maroto, pero muy especialmente Pedro Sánchez».

«Yo recuerdo las elecciones, cuando el señor Sánchez en A Coruña se bajó del avión para decir que el problema de Alcoa estaba solucionado. Eso lo dijo Pedro Sánchez hace dos años aquí, en Galicia, y a día de hoy el futuro de Alcoa mucho nos tememos que no es muy positivo», ha presagiado.

APELA AL PSDEG

De Olano también ha aprovechado para reclamar al Partido Socialista de Galicia y de Lugo un «compromiso claro» con la plantilla de San Cibrao: «Aquí hay dos opciones, o uno está del lado de los trabajadores, de la industria y de la creación de empleo en esta provincia, o uno está para hacer de palmero de Pedro Sánchez».

«Se está agotando el tiempo y se están agotando las excusas. Yo pido desde aquí un compromiso claro a los alcaldes de A Mariña, a los alcaldes de la provincia y de la Diputación para salvar esa gran industria en nuestra provincia», ha concluido el vicesecretario de Participación del PP nacional.

Las entidades de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) invirtieron 772 millones en Obra Social durante 2020 para mitigar el impacto económico y social provocada por la pandemia que beneficiaron a 24,6 millones de personas, según se ha dado a conocer este viernes, 14 de mayo, en la Comisión de Fundaciones y Obra Social, un encuentro anual que reúne a las fundaciones vinculadas a la asociación y que asesora al Consejo de Administración en materia de Obra Social.

En el evento se ha presentado la Memoria de Obra y Acción Social correspondiente a 2020, en la que se recogen las principales cifras y actividades que las entidades de CECA llevaron a cabo en esta materia d durante el año pasado año. El acto ha contado con la presencia del director general de la Fundación Caja Burgos y presidente del Comité de Obra Social de CECA, Rafael Barbero, que ha subrayado que la Memoria refleja que las entidades de CECA encabezan la inversión privada del país, «a pesar de un año muy duro».

Así, el documento constata un incremento en la inversión en Obra Social durante el periodo comprendido entre 2014 y 2020 del 8,04 por ciento, llegando a alcanzar el último año los 772 millones de euros. Además, se han puesto en marcha 49.000 actividades, de las que se han beneficiado un total de 24.688.140 personas.

La Memoria precisa que, a pesar de que 2020 supone un ligero descenso respecto a los 845 millones de 2019, debido a la crisis generada por la pandemia, la inversión desde 2014 se ha mantenido ascendente, con un incremento del 8,75 por ciento en seis años.

Por áreas, Acción Social recibió en 2020 el mayor porcentaje de inversión, con un 42,36%, es decir, 327 millones de euros que se traducen en 22.640 acciones y 5,3 millones de beneficiarios; seguida de Educación e Investigación, con una inversión de 208,7 millones de euros, 8,7 millones de beneficiarios, 7.363 actividades y más de 350 proyectos de investigación frente a la COVID-19.

También se han invertido 130,76 millones de euros en Cultura y Patrimonio, con 7,7 millones de beneficiarios y 9.592 actividades; 74,72 millones en Desarrollo Local y Acción de Empleo, con más de un millón de beneficiarios y 4.425 actividades; y 17,30 millones de euros en Deporte y Ocio con 876.536 beneficiarios y 3.717 actividades.

En la presentación ha intervenido telemáticamente el director general de CECA, José María Méndez, que ha destacado el compromiso de las entidades «con la inclusión, los colectivos vulnerables y la educación financiera», entre otros aspectos. Además, ha indicado que la «emergencia sanitaria» de 2020 «ha trastocado todo», al tiempo que ha enfatizado en el desafío «sanitario y social» que ha experimentado la sociedad en todas las esferas.

Pese a ello, ha subrayado que se han alcanzado «importantes resultados gracias a la adaptación de las entidades de CECA a las necesidades de la sociedad». Méndez también ha puesto en valor «la estrecha relación» existente con la sociedad para ofrecer «una respuesta inmediata», junto con la importancia de la colaboración público-privada.

El acto ha sido clausurado por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez, que también ha subrayado la «relación necesaria» entre lo público y lo privado, y ha pedido remar «juntos en una misma dirección. Por ello, ha afirmado que las entidades de CECA son «un ejemplo de solidaridad». «La labor que lleváis a cabo está impregnada de grandes valores», ha enfatizado.

INFANCIA Y JUVENTUD, A LA CABEZA EN INVERSIÓN

Como detalla la memoria, las entidades que realizan Obra y Acción Social comenzaron el año con medidas encaminadas a paliar los efectos de la crisis del coronavirus, reforzando su labor social y adaptando sus programas, a través de contenidos digitales o mediante convocatorias de ayudas extraordinarias en apoyo a sus territorios.

Así, por ejemplo, las Fundaciones de CECA llevaron a cabo diferentes acciones frente a la COVID-19 en materia de Alimentación y Necesidades Básicas, Bienestar e Inclusión Social, Educación e Investigación, Apoyo al Desarrollo Local y Tercer Sector, Cultura y Patrimonio, Salud y Medio Ambiente que se traducen en ayudas destinadas al abastecimiento de bancos de alimentos, la ampliación de becas comedor, la lucha contra la pobreza infantil, la investigación o el apoyo asistencial para colectivos en riesgo de exclusión social y personas mayores, entre otras.

Por colectivos, casi el 60 por ciento de la inversión en Obra Social se ha destinado a grupos específicos como Infancia y Juventud, Personas en Riesgo de Exclusión Social, Mayores de 65 años, Personas conNecesidades Especiales y Emprendedores, mientras que el resto, un40 por ciento, se destinó a Público General.

Los colectivos específicos en los más se ha invertido en 2020 fueron Infancia y Juventud (56,73%%, con más de 7,3 millones de niños y jóvenes beneficiarios), seguido de Personas en Riesgo de Exclusión Social (19,11%, con 2,4 millones de beneficiarios) y Personas con Necesidades Especiales (10,94%, con 2,4 millones de beneficiarios). Además, más de un millón de mayores de 65 años se han beneficiado de los programas durante 2020.

En cuanto a la acción de Bancos y Cajas ante la pandemia, se implantaron medidas para pymes y autónomos, para familias y para toda la sociedad en general relativas a paliar la falta de liquidez y financiación.

Así, se produjo un aumento en el límite de pago sin contacto hasta 50 euros; adelanto del pago de pensiones y prestaciones por desempleo por 67 millones de anticipos; aplazamiento para inquilinos del Fondo Social de Vivienda de 7.439 beneficiarios; moratoria en el pago de préstamos de 499.610 operaciones y ayudas para distribuir los avales del ICO para 286.658 operaciones.

El documento añade que, durante 2020, el 90% de oficinas del sector CECA se han mantenido abiertas durante el confinamiento.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha ratificado el cierre perimetral del municipio de La Campana hasta el día 19 de mayo, conforme a las determinaciones del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, reunido el día 12 de mayo, por razones de salud pública para la contención del coronavirus Covid-19, pues ese día La Campana arrojaba una tasa de incidencia de 1.298 contagios por cada 100.000 habitantes en la acumulación de los últimos 14 días y actualmente su tasa es de 2.214,6.

Previamente, la Fiscalía Superior de Andalucía había respaldado dicha decisión del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto, toda vez que recientemente, recordémoslo, la sala sevillana de lo Contencioso Administrativo del TSJA ratificaba el cierre perimetral ordenado por la Junta en los municipios de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz), pero la sala granadina de dicha instancia no avaló el cierre perimetral del municipio granadino de Montefrío, pese a que la Fiscalía había respaldado el cierre en todos los casos, como ahora sucede de nuevo.

En el auto emitido este viernes, la sala sevillana de lo Contencioso Administrativo del TSJA considera que, «apreciada la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas y descartadas otras menos gravosas, debe prevalecer el derecho a la salud ante el alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía, que determinó en España la declaración del estado de alarma mediante Reales Decretos 433/2020, de 14 de marzo, y 926/2020, de 20 de octubre, cuya vigencia, en este último caso, ha cesado hace apenas unos días».

«RESTRICCIÓN DE DERECHOS»

Ello, según este auto que sigue al pronunciamiento de la Fiscalía, «justifica ratificar la medida sanitaria urgente acordada aunque implique la restricción de derechos fundamentales».

En este sentido, la Sala aprecia la debida proporcionalidad de las medidas adoptadas «en cuanto imprescindibles para garantizar la salud pública de los vecinos del municipio, erradicando el alto riesgo de contagio inminente que existiría de contrario, y con un alcance temporal que se extiende durante siete días naturales, pudiendo ser revisado si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica de mantenerse las circunstancias que motivan su aprobación», punto en el que señala que «no es por otra parte una restricción de movilidad absoluta», ya que en la orden de la Junta de Andalucía «se recoge un catálogo de supuestos en los que se permiten los desplazamientos», además de que «no se establece restricción alguna para la circulación en tránsito».

«RIESGO MUY ALTO»

Especialmente, la Sala señala «los datos que expresamente se recogen en el Informe de Evaluación específica de riesgo en La Campana, revisados y estudiados por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla», un informe que concluye que «el riesgo de expansión y pérdida de control de la situación de COVID-19 en el municipio de La Campana es muy alto».

Además, el TSJA considera que «se motiva su proporcionalidad en la medida de que se trata de la ratificación de medidas de carácter temporal, limitadas a un periodo de siete días y fundamentadas en los indicados datos de contagio».

«Apreciada la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas y descartadas otras menos gravosas, debe prevalecer el derecho a la salud ante el alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía», zanja la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.