Ecologistas en Acción se ha dirigido a las consejerías de Medio Ambiente y Salud, y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), para solicitar la apertura de expedientes que investiguen las causas de la contaminación del acuífero de La Aljorra, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

El colectivo ecologista ha pedido que se depuren responsabilidades y establezcan medidas que eviten este tipo de situaciones en el futuro inmediato, ante la denuncia de la Fiscalía por la contaminación del acuífero subyacente al polígono industrial de La Aljorra.

En concreto, Ecologistas en Acción señala que la Fiscalía General del Estado, en Madrid, ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena que las aguas del acuífero subterráneo de La Aljorra tienen concentraciones de cromo y otros metales, lo que supondría la clasificación del acuífero como contaminado y causaría un «riesgo inaceptable» para la salud humana.

Para la Fiscalía, esta contaminación estaría asociada a la actividad industrial de las plantas de SABIC y/o Energyworks en La Aljorra.

Señala, además, que hay indicios de la presencia de elementos químicos peligrosos que puede afectar a los cultivos del entorno, lo que podría causar problemas a los consumidores de estos alimentos.

La organización ecologista ha sostenido que los acuíferos en el Campo de Cartagena «han sido maltratados durante años ante la desidia y la falta de control de las sucesivas administraciones», y que, por ejemplo, el acuífero cuaternario, conectado con el Mar Menor, «está declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado químico, por encontrarse contaminado por nitratos de origen agrícola».

«También el acuífero bajo la zona del Hondón y los antiguos terrenos de ZINSA se encuentra contaminado por metales pesados y otros. Y ahora se destapa la contaminación del acuífero situado en la zona de La Aljorra». Por ello, para Ecologistas en Acción es «absolutamente necesario» aclarar el origen y la causa de esta contaminación, que se depuren las responsabilidades de los agentes contaminantes para que se frene su contaminación y se pueda valorar su descontaminación.

A esto, ha añadido que «en Energyworks se está quemando Bisfenol A tar (BPA tar), un residuo del Bisfenol A (BPA) que es un disruptor endocrino y un residuo toxico y peligroso». En este sentido, Ecologistas en Acción ha recordado que lleva tiempo proponiendo como alternativa a la incineración el uso solo como combustible de gas natural y el traslado del BPA y BPA tar a un gestor de residuos tóxicos y peligrosos para su inertizaciion.

Además, ha reclamado a las Administraciones implicadas el desarrollo y la implementación de medidas preventivas y precautorias que eviten el aumento la contaminación en el acuífero, así como un mayor control sobre las emisiones, vertidos y gestión de residuos de las plantas industriales de La Aljorra.

El PP ha denunciado este lunes que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ha atendido su petición de que el Ejecutivo diera conformidad antes del martes al debate en el Congreso del ‘plan b’ jurídico registrado por los ‘populares’ como alternativa al estado de alarma y que, por tanto, esa propuesta no podrá debatirse en el Pleno de la Cámara antes de junio.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, se dirigió por carta a Calvo el pasado 13 de mayo solicitándole que el Ejecutivo no agotara en este caso el plazo de 30 días hábiles que tiene para pronunciarse sobre las iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios.

El PP registró su proposición de ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública el 14 de abril y la Mesa del Congreso la calificó el día 20 de ese mes y la envió al Gobierno para que se pronunciara, a más tardar, el 1 de junio.

SE DEBATIÓ UNA SIMILAR EN NOVIEMBRE

El Ejecutivo tiene capacidad de vetar el debate de las iniciativas que supongan un incremento del gasto o una disminución de los ingresos, pero el PP no teme que el Gobierno vete la suya, puesto que no puso pegas a una similar que el Congreso ya rechazó tramitar el pasado mes de noviembre.

Ante la caducidad del Estado de alarma el pasado 9 de mayo, el PP volvió a registrar su conocido como ‘plan b’ y su intención era que el Pleno pudiera debatir su toma en consideración el próximo día 25 de mayo, dado que el primer partido de la oposición tiene cupo para incluir una proposición de ley en esa sesión.

El orden del día del Pleno que arrancará el 25 de mayo lo elaborará este martes la Junta de Portavoces. Por eso Gamarra se dirigió a Calvo pidiéndole que el Gobierno diera su conformidad a la iniciativa de su grupo a más tardar este lunes, de manera que la toma en consideración de la proposición de ley pudiera debatirse en el Pleno la semana que viene.

«Le solicitamos, por cortesía parlamentaria, que no agote el plazo para la conformidad otorgándolo antes de la próxima Junta de Portavoces, que tendrá lugar el martes 18 de mayo, permitiendo así que pueda ser debatida cuanto antes», rezaba la misiva de Gamarra.

DESCONCIERTO Y CAOS

En su carta, Gamarra insistía a Calvo en la necesidad de contar con una regulación que «provea de medios para reaccionar con agilidad y sin excepcionalidad ante situaciones de pandemia» y censuraba la actuación del Gobierno.

«Ha pretendido paliar su inacción abriendo la vía para que sean las comunidades autónomas las que recurran a los tribunales de Justicia, con el consiguiente caos», relataba la dirigente ‘popular’, quien mostraba su temor a que ese «desconcierto» pudiera «incidir en la evolución de la pandemia.

Fuentes ‘populares’ han denunciado que Calvo no ha contestado a la carta ni tampoco ha atendido la solicitud del primer partido de la oposición, puesto que este lunes seguía sin dar conformidad al debate de la iniciativa.

Así las cosas, el plan jurídico del PP, que algunos partidos de la oposición se habían mostrado dispuestos a tramitar para tomarlo de base para una futura regulación en esta materia, no podrá pasar su primer trámite en Pleno hasta el mes de junio.

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado remitir a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia cursada por Unidas Podemos contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por presunto delito de cohecho impropio al atribuirle «sobornos» a exparlamentarios de Cs en Murcia, con para hacer fracasar la moción de censura contra el Ejecutivo que dirige Fernando López Miras.

Mediante una resolución, la sección específica de Anticorrupció del Ministerio Público constata que García Egea es aforado en su condición de diputado en el Congreso, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se remite al departamento del Supremo dicha demanda.

A finales de marzo el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, detalló la interposición de esta denuncia contra el ‘número dos’ del PP al entender que tejió una «trama de corrupción» para hacer fracasar esta moción de censura que impulsaron PSOE y Ciudadanos.

Previamente el exvicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, avanzó en el Congreso que iba a denunciar a García Egea ante la Fiscalía por «comprar» diputados para abortar esta iniciativa.

A su vez, Asens avanzó que la demanda se extendía también contra el presidente murciano, Fernando López Miras, el exsenador de Cs Fernando Hervías y los tres exdiputados de la formación naranja Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez que se desmarcaron de la moción de censura y, luego, se integraron en el Ejecutivo autonómico.

Concretamente, Unidas Podemos señala a Egea como el «inductor» y «cooperador necesario» de ese presunto delito, al desplazarse específicamente a Murcia para alterar el sentido del voto de la moción de censura con la «compra de voluntades» de estos tres parlamentarios.

Para ello alude a que se les ofreció cargos ejecutivo en concepto de «pago en especie», que recoge el tipo penal de cohecho, con el fin de que se retractaran de su posición inicial favorable a desalojar de la Presidencia de Murcia a López Miras.

UNIDAS PODEMOS VE INDICIO DE COMPRA DE VOLUNTADES

De esta forma, Asens desgranó que, entre las diligencias a practicar, solicitaban a la Fiscalía Anticorrupción que también analizase las cuentas corrientes de todos los denunciados, para esclarecer si hubo también algún tipo de pago monetario a estos parlamentarios.

El diputado de la formación morada relató que indiciariamente la moción de censura, basada en el acuerdo entre Ciudadanos y PSOE, se comunicó públicamente tras su registro en el Parlamento murciano y, ante ello, el secretario general del PP maniobró para «alterar la voluntad» de estos exdiputados de Cs con la promesa que ofrecerles unos cargos mejores.

También subrayó que el «transfuguismo» es un atentado a la democracia y una «deslealtad» del voto dado por la ciudadanía, pero además es un «acto de corrupción» que en este caso, a su juicio, tiene un componente delictivo «evidente» y «dominio público», como es la «compra de voluntades» con esos puestos, que en el fondo son un «soborno», una «dádiva» o «prebenda».

El Rey Felipe VI ha instado a trabajar para que la ciencia y los científicos españoles sean reconocidos y, por tanto, «ocupen el lugar que les corresponde».

Durante su intervención este lunes en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación, el monarca ha recordado un episodio en el que los científicos Santiago Ramón y Cajal y Jaime Ferrán no fueron reconocidos.

«En 1885 estalló una epidemia de cólera en Valencia, y para combatirla Ferrán impulsó una vacuna experimental –una inyección de pequeñas dosis de la bacteria que ya había probado con él mismo y que inoculó a 30.000 personas–. Por su parte, Cajal propuso como alternativa utilizar cultivos muertos del cólera. Y precisamente este tipo de vacunas es el que se ha utilizado después contra muchas enfermedades, incluyendo la Covid-19″, ha relatado.

Según ha destacado, los trabajos de Ferrán contribuyeron a frenar aquella epidemia, «pero ni estos ni la solución correcta avanzada por Cajal obtuvieron entonces repercusión internacional«, ha lamentado Felipe VI, que recuerda que fueron finalmente dos investigadores estadounidenses los que sí obtuvieron el reconocimiento.

«No cabe duda de que debemos ser capaces de extraer lecciones de la historia, y hoy hemos de seguir trabajando para que la ciencia y los científicos españoles, también en el ámbito internacional, ocupen el lugar que les corresponde», ha instado.

LAS VACUNAS: «UN CONOCIMIENTO ACUMULADO DE DÉCADAS»

En su opinión, el trabajo que realizan los investigadores es «arduo», «de frontera», «siempre en busca de ampliar los límites» del mundo, de los conocimientos y capacidades. «La naturaleza nos obliga a ser ambiciosos y rigurosos al desentrañar sus secretos, pero también pacientes y humildes cuando no lo logramos o tardamos más de lo que esperábamos», ha advertido.

Por eso, el apoyo a la ciencia, según Felipe VI, debe plantearse a largo plazo, como «garantía de progreso» y como «un acto de solidaridad con las generaciones del futuro». «En ocasiones, desgraciadamente, el día a día puede postergar esa visión de largo plazo que representan mejor que nadie los hombres y mujeres de ciencia, pero debemos recordar y agradecer siempre a quienes sí tuvieron esa previsión en el pasado», ha afirmado al tiempo que ha recalcado que «las labores de investigación con frecuencia ofrecen sus resultados muchos años o incluso décadas después de realizarse».

«Las vacunas que ahora permiten mirar al futuro con más optimismo, incluso en este año de tanto dolor, son fruto de un conocimiento acumulado de décadas», ha recordado.

Por este motivo, el monarca ha pedido aprovechar este momento de pandemia para «dar un nuevo impulso» al sistema español de ciencia e innovación. «Todos estamos moralmente implicados –y muchos lo están materialmente–, en lograr que nuestra energía social, educativa y económica esté adecuadamente orientada a poner –y mantener– la ciencia y la investigación en el nivel que merece y que necesita nuestro país», ha señalado.

Felipe VI ha apuntado que hay años más difíciles que otros para la investigación y para los científicos que la llevan a cabo para recalcar que «la emergencia de la Covid ha puesto de relieve de manera dramática el valor de la ciencia como herramienta esencial para resolver muchos de los grandes retos de la Humanidad». «Hoy son las vacunas y la Covid, pero hay tantos retos por delante», ha advertido, reconociendo el cambio climático como uno de los más importantes.

«LA CIENCIA SUPONE UN ESPACIO PARA LA ESPERANZA»

Durante su discurso, el Rey ha puesto en valor la importancia de la ciencia para la sociedad: «La ciencia supone un espacio para la esperanza. Representa una herramienta verdaderamente poderosa que nos permite acercarnos al conocimiento de la forma más fiel posible a través de un lenguaje universal que no conoce fronteras».

Así, ha subrayado que, si tradicionalmente la ciencia y la investigación han alcanzado la excelencia y el conocimiento a partir de una fuerte competencia, es innegable también que el «éxito científico» también se debe a la cooperación y la colaboración, sobre todo «cuando de lo que se trata es de lograr el mayor bienestar de la Humanidad».

«Valor en términos de eficacia, pero también en cuanto al valor ético que implica esa búsqueda del bien común. La historia nos ha dado numerosas lecciones sobre ello; la ultima la estamos viviendo actualmente», ha añadido.

Finalmente, ha felicitado a los «mejores» científicos e investigadores españoles. «Hoy celebramos los éxitos de los premiados, así como de la ciencia y la investigación españolas; pero también es sin duda una ocasión inmejorable (…) para ensalzar el valor y la utilidad de los resultados científicos para todas las sociedades del mundo», ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha incidido en la importancia de la ciencia en España, más en estos momentos de pandemia: «La ciencia y la innovación nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para contener la pandemia en un tiempo sorprendente (…) La ciencia es esa herramienta que nos va a devolver el disfrute del presente».

Para Duque, «no es tan raro que el presente resulte insoportable», como ya sucedió, según ha explicado, con la peste negra del siglo XIV o la gripe de 1918. Sin embargo, ha añadido que en todas las ocasiones la especie humana ha mostrado «una gran capacidad para crear herramientas intelectuales con las que alimentar la esperanza en un futuro mejor». Lo que caracteriza al presente, tal y como ha apuntado, es que hoy existen herramientas «con las que cumplir de forma concreta la promesa de ese futuro mejor».

LOS DIEZ PREMIADOS

Los Premios Nacionales de Investigación, creados en 1982, suponen el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Tienen como objetivo distinguir el mérito de aquellos investigadores de nacionalidad española que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad. Los galardones tienen una dotación económica de 30.000 euros por cada premio.

En la presente edición se han recibido un total de 100 candidaturas, de las cuales 22 eran mujeres y 78 hombres. Los distintos jurados, formados por relevantes personalidades de la ciencia en las distintas áreas del conocimiento han fallado los Premios Nacionales de Investigación en sus diez modalidades. Esta es la primera edición en la que se incorporan las diez modalidades de los premios en una misma convocatoria, pues hasta ahora, se convocaban cinco modalidades cada año.

Los premiados este año han sido: Francisco Sánchez Madrid (Premio Nacional ‘Santiago Ramón y Cajal’ en el área de Biología); Susana E. Narotzky (Premio Nacional ‘Ramón Menéndez Pidal’ en Humanidades); José Capmany (Premio Nacional ‘Leonardo Torres Quevedo’ en Ingenierías); Elías Campos (Premio Nacional ‘Gregorio Marañón’ en Medicina); y Nazario Martín (Premio Nacional ‘Enrique Moles’ en Ciencia y Tecnología Químicas).

También han sido reconocidos: Xavier Querol (Premio Nacional ‘Alejandro Malaspina’ en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales); Carme Torras (Premio Nacional ‘Julio Rey Pastor’ en Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones); Laura M. Lechuga (Premio Nacional ‘Juan de la Cierva’ en Transferencia de Tecnología); Luis Ibáñez (Premio Nacional ‘Blas Cabrera’ en Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra); y Xavier Vives (Premio Nacional ‘Pascual Madoz’ en Derecho y Ciencias Económicas y Sociales).

El Partido Popular ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid que conserve las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez durante la noche que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pasó por allí, al considerar que puede haber algún tipo de conexión entre esta escala y el rescate a la aerolínea Plus Ultra, apuntando a un posible delito de contrabando.

Rodríguez estuvo en el aeropuerto madrileño la noche del 19 al 20 de enero de 2020 de camino a Qatar, a pesar de que las sanciones impuestas por la Unión Europea a la mandataria venezolana le impiden pisar el espacio Schengen. Esa madrugada se vio con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, –según explicó él posteriormente– para asegurarse de que no infringiera las directrices comunitarias.

El ‘Delcygate’ ha quedado definitivamente archivado tanto en los juzgados madrileños, donde se investigaba una presunta prevaricación por parte de los funcionarios que permitieron la presencia de Rodríguez en Barajas, como en el Tribunal Supremo, donde se tramitaba una querella de Vox y el Partido Laócratas contra Ábalos también por supuesta prevaricación.

Sin embargo, el PP cree que el caso merece una investigación desde otro prisma tras las pesquisas iniciadas por el Juzgado de Instrucción Número 15 por el rescate de 53 millones autorizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «de modo absolutamente incomprensible en términos económicos y jurídicos» a Plus Ultra, «una empresa dedicada a la navegación aérea que tiene evidentes connivencias con el régimen venezolano».

El Partido Popular ve «esencial» conocer los motivos de la SEPI para mantener a flote a Plus Ultra. «Es decir, qué servicios o beneficios están pagando los poderes públicos (y por ende todos los españoles) mediante la concesión del rescate al régimen de Venezuela, o más bien qué clase de tráfico trata de garantizarse, o encubrirse con Venezuela», dice el PP en su escrito, avanzado por ‘La Razón’.

El PP subraya que, según declaró ante notario un testigo, la ‘número dos’ del Gobierno de Nicolás Maduro introdujo en España sin control aduanero «abundantes maletas» cuyo origen y contenido se desconocen. Para los de Pablo Casado, es «evidente» que esta actuación «puede ser constitutiva de un delito de contrabando, que hasta ahora no ha sido investigado».

«No es descartable, por tanto, que anulada la posibilidad de repetir en el futuro el mismo procedimiento, empleando para ello aviones oficiales del régimen venezolano, se haya decidido emplear, para continuar introduciendo en España mercancía ilegal, la apariencia de legalidad de un tráfico aéreo ordinario, con una empresa aérea que se rescata para la ocasión», indica.

UNA POSIBLE PRUEBA

Por ello, la formación política pide a la juez Esperanza Collazos que reclame a AENA las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de Barajas esa madrugada a fin de frenar la destrucción de las mismas, argumentando que podrían llegar a ser pruebas de un ilícito penal.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 31, Antonio Serrano-Arnal, preguntó al Supremo qué hacer con estas grabaciones una vez archivado el caso en ambas sedes, a lo que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, le respondió la semana pasada que el destino de estas cintas es de la «exclusiva incumbencia» del juzgado madrileño.

En su defecto, el PP propone a la instructora conformar una Comisión Judicial integrada por policías especializados en cuestiones informáticas que acuda al aeródromo madrileño para que haga una relación de todas las cámaras de seguridad con acceso a la pista donde aterrizó y permaneció el avión de Rodríguez, y a las zonas por donde transitaron la mandataria bolivariana, el resto de pasajeros y tripulantes de su vuelo y las mercancías que llevaba.

El PP pretende que esta Comisión Judicial haga una inspección ocular de todos estos lugares y de la ubicación exacta de las cámaras de seguridad, y deje constancia fotográfica de ello; que clone los equipos informáticos donde se hayan registrados esas grabaciones para determinar si se han eliminado o manipulado imágenes; y que elabore un listado con las empresas encargadas de este circuito de videovigilancia.

Busca asimismo que la Comisión Judicial haga una relación completa de todas las personas que trabajaron los días 19 y 20 de enero de 2020 en las instalaciones aeroportuarias donde estuvieron Rodríguez y su séquito, incluidos funcionarios de la Guardia Civil y Policía Nacional, que puedan ofrecer información sobre lo ocurrido aquella noche.

Por último, los ‘populares’ solicitan «que se entreguen de manera inmediata al juzgado la totalidad de los informes que se hayan evacuado por la autoridades aeroportuarias, la fuerza actuante o las empresas intervinientes sobre los hechos investigados, incluyendo el detalle de la comunicación del plan de vuelo, pasajeros y mercancías transportadas.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha arremetido este lunes contra el PP acusándole de haber mantenido una «actitud deleznable» durante la pandemia, de comportarse con «vileza» haciendo política con las víctimas del coronavirus y de «boicotear» la recuperación económica y la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

En una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, Ábalos ha dicho que, mientras los españoles celebran el avance de las vacunas y las previsiones de recuperación económica, para el PP eso supone «una contrariedad».

Ábalos ha destacado que las últimas cifras en el número de vacunados –7 millones de españoles tienen ya la pauta completa y 15 una de las dosis– evidencian que el país camina «en línea recta» hacia la inmunidad de grupo.

«Tenemos al alcance de la mano cumplir el objetivo de que 33 millones de españoles estén protegidos antes de concluir el verano», ha proclamado el dirigente socialista, «una buena noticia» con la que, a su juicio, «todos» deberían «alegrarse» y no acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «triunfalismo», como ha hecho el líder del PP, Pablo Casado.

NO HA DEJADO DE PONER PALOS EN LAS RUEDAS

«La actitud de la derecha ha sido deleznable –ha afirmado–. No ha dejado de poner palos es las ruedas, ha criticado una cosa y la contraria y sigue cometiendo esta vileza de hacer política con las víctimas».

También ha acusado al primer partido de la oposición de intentar «boicotear» la recuperación económica, así como de impedir la renovación del Poder Judicial negándose a un acuerdo, para lo cual, según ha criticado, los de Casado buscan «cualquier excusa».

En materia económica, Ábalos ha cuestionado que para el PP suponga «una pésima noticia» los «buenos datos» para la reactivación económica que ya anticipan todos los organismos internacionales pues, a su juicio, viene a «desbaratar» su estrategia de «cuanto peor, mejor».

«Esto exaspera a la derecha, que se niega a comprometerse con el futuro de España por mero interés partidista», ha criticado Ábalos, quien ha garantizado que el Gobierno seguirá mirando el futuro y gobernando el presente «mal que le pese a la derecha», hasta el 2023 y sin que «nadie se queda atrás».

En este punto, el ‘número tres’ de los socialistas ha subrayado a Casado que aún está «a tiempo» optar o por «colaborar» en la tarea de «reconstrucción» del país que hay por delante o por «seguir en el boicot y el obstruccionismo», «embelesado con su propio ombligo y bebiendo los vientos de la ultraderecha».

Sin embargo, Ábalos sospecha que el PP ya ha elegido, teniendo en cuenta la actitud que mantiene en torno a la renovación del CGPJ, para la que buscan «cualquier excusa» con tal de no cambiar actualizar la actual composición del órgano de gobierno de los jueces.

NO LES IMPORTA «DESPRESTIGIAR» EL CGPJ

El ministro ha criticado que el PP renovara el CGPJ conforme a la legislación vigente cuando ganó las elecciones y que quiera cambiarla cuando las pierde, como ocurre ahora. El presidente del PP ha asegurado que si no hay un cambio en el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial, no habrá pacto para renovarlo.

Ábalos ha acusado a los ‘populares’ de no importarles «desprestigiar» al CGPJ ni que éste esté paralizado desde hace más de dos años pero ha recalcado que el PSOE no se plantea reactivar su iniciativa para cambiar el sistema de elección de los vocales de este órgano.

Eso sí, ha apelado al «sentido institucional» y a la «obligación política» del PP para «desbloquear» esta situación con el fin de no contribuir más al «descrédito» y «deslegitimación» de instituciones como el CGPJ.

La Unión Sindical Obrera (USO) ha pedido tipificar el delito de ciberacoso y violencia de género a través de las nuevas tecnologías con el objetivo de luchar «contra el creciente número de casos».

El sindicato señala que, según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, el 91,4% de los hogares españoles cuentan con conexión a Internet, una red que, en el ultimo año ha tenido una enorme importancia en la vida de los ciudadanos como consecuencia de la pandemia.

Este avance en la eliminación de la conocida como ‘brecha tecnológica’ tiene también sus consecuencia negativas y USO, en este sentido, pone de relieve «el crecimiento exponencial de los delitos que se están cometiendo a través de la red y, en particular, de los relacionados con el ciberacoso y la violencia de género psicológica».

A través de un comunicado, indica que las denuncias encuadradas como «cibercriminalidad» en España crecieron más del doble entre 2016 y 2019, pasando de las 92.716 a las 218.302.

Estas cifras, que recoge un estudio realizado por la Secretaría de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, determina, además, que la mayoría de estas reclamaciones se proucen por fraude informático, falsificación informática o interferencias en datos y sistemas, mientras que en materia de acoso y violencia contra la mujer «aún se presentan muy pocas denuncias».

MAYOR PORCENTAJE DE INVESTIGADOS

A pesar de ello, las que sí se producen acaban, en su mayoría, en condenas o investigaciones, según apunta la entidad. Así, mientras las 142.000 denuncias por fraude informático se sustanciaron en 5.000 investigaciones; las 13.116 por amenazas y coacciones «acabaron con 1.748 detenidos o investigados».

«Y, en el caso de los delitos sexuales, se presentaron 1.243 denuncias y más del 75% acabaron con investigaciones y detenciones: 969», ha apuntado Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.

Esta situación, explica USO, es la que le lleva a reclamar una tipificación de los delitos de ciberacoso y que aquellos que son una extensión de la violencia de género se consideren como tal. «Es muy difícil luchar contra lo que no se conoce y, por ello, no se considera un problema», indica Estévez, que se ha mostrado en contra de incluir estas violencias en el «cajón de sastre» de las «amenazas y coacciones» en cualquier ámbito.

Así, Estévez advierte que, cuando se estudian los casos de víctimas por delitos sexuales a través de la red, la ratio de mujeres se dispara. También denuncia la existencia de este acoso a muchos hombres con una «condición sexual diferente a la preestablecida». «Queda aún más claro viendo los victimarios: casi el 94% de quienes cometen delitos sexuales son hombres», explica.

USO completa el perfil de esta violencia en su estudio, destacando que quienes cometen y padecen esos delitos «se sitúan sobre todo entre los 18 y los 40 años», aunque también recoge que «hay un importante número de menores de edad, tanto entre víctimas como entre detenidos e investigados».

Es por eso que, además de la tipificación de los delitos, el sindicato pide «órganos judiciales especializados en esos delitos informáticos» que se ocupen de «la avalancha de denuncias que se prevé en los próximos años por el aumento del uso de Internet». También quieren que se desarrollen mecanismos de denuncia y probatorios avanzados; una regulación que vaya por delante o a la par de los delitos; y más formación en el buen uso de las redes sociales desde edades tempranas.

La defensa del joven que asesinó a su pareja en enero de 2019 en Laredo, en el primer crimen por violencia de género de ese año en España, ha recurrido la sentencia de la Audiencia de Cantabria que le condena a 27 años de prisión: 24 por acabar con la vida de la chica y tres por amenazas a las compañeras de piso de la víctima que intentaron, en vano, frenar la agresión.

En el recurso, el abogado del procesado pide que se rebajen de 24 a 20 los años de cárcel por el primer delito y de tres a uno los del segundo tipo delictivo, esto es, 21 en total, apreciándose para ello las atenuantes de confesión y entrega y, también, la de reparación del daño, que rechazó el juez.

Asimismo, esta parte se opone a que su cliente sea expulsado de España tras cumplir tres cuartas partes de la condena o alcanzar el tercer grado penitenciario o la libertad condicional, como se acordó en la sentencia, dictada por la Sección Primera conforme al veredicto del jurado que enjuició los hechos a mediados de abril.

El tribunal declaró al procesado culpable de asesinar -entendieron que hubo enseñamiento y alevosía- en la madrugada del 3 de enero de 2019 a quien hasta entonces y durante dos años había sido su pareja, y amenazar también a dos amigas que vivían con ella y que trataron de socorrerla.

El magistrado presidente del jurado impuso a Tomás Maestre, de 29 años y natural de Ecuador, 24 años de cárcel por un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y de género, pues fue cometido por la «superioridad» que entendía que «tenía sobre la víctima, al ser esta una mujer».

En su resolución, destacaba el hecho de que el hombre grabara videos de la agresión en su teléfono móvil, como «muestra de su deseo de mostrar o demostrar aquella acción, aumentando, si cabe, la humillación de la víctima».

Por este delito, el juez también le prohibió comunicar y acercarse a los familiares de la víctima durante 30 años y estableció una medida de libertad vigilada de diez años tras su salida de prisión. Y en concepto de responsabilidad civil, fijó una indemnización para la hija menor de edad de la fallecida de 120.000 euros, y de 72.500 euros para la madre.

Junto a ello, le impuso tres años de cárcel por un delito de amenazas a las compañeras del piso de la víctima, a las que no podrá acercarse ni comunicarse con ellas durante cuatro años.

La sentencia también acordaba la expulsión del condenado del territorio nacional, una vez cumpla tres cuartas partes de las penas de prisión, así como la prohibición de regresar a España en los diez años siguientes.

En el fallo, recurrido ahora ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el magistrado descartó las atenuantes de confesión y de reparación del daño, al no entender que se había producido el reconocimiento previo de lo sucedido con carácter previo a la actuación policial.

Y respecto a la consignación, de 500 euros antes de iniciarse el juicio, destacó que «no llega al 0,3% del total reclamado» por las acusaciones, que supera los 190.000 euros.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por la que fue concejal del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) Datxu Peris contra la sentencia del Tribunal Supremo que la condenó a pagar una indemnización por vulnerar el derecho al honor del torero Víctor Barrio al que se refirió como asesino (de toros) en las redes sociales a las pocas horas de fallecer.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares, subraya que, atendidas las circunstancias del caso, las expresiones utilizadas por la recurrente en amparo «se evidencia como innecesarias, desproporcionadas, así como carentes de anclaje alguno en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión». Cuenta con el voto discrepante de la magistrada progresista María Luisa Balaguer.

Y es que «para defender públicamente sus posiciones antitaurinas no era necesario calificar en la red social de asesino o de opresor a Victor Barrio y mostrar alivio por su muerte. Menos aún hacerlo acompañando al texto una fotografía en que se mostraba altorero malherido, en el momento en que fue corneado, con evidentes muestras de dolor, y realizar esa publicación a las pocas horas de fallecer a consecuencia de esa cornada en la plaza de toros de Teruel, ocasionando con ello un dolor añadido al que tenían sus familiares».

Entre otras manifestaciones, la concejal vertía en sus redes sociales manifestaciones como las siguientes: que era necesario «ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto… Ya ha dejado de matar»; «el negativo» «que a lo largo de su carrera ha matado mucho».

UNANIMIDAD EN LOS TRIBUNALES

La familia del torero demandó a la concejal por intromisión ilegítima en el derecho al honor, intimidad y propia imagen del fallecido. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Sepúlveda declaró que el contenido del mensaje publicado constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor del torero Víctor Barrio. La sentencia argumentaba que las redes sociales no son «un subterfugio donde todo cabe y todo vale», sin que la libertad de expresión pueda amparar el insulto (…).

Esta decisión fue recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Segovia, que confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia. «La profesión a la que se dedicaba el señor Barrio es, hoy por hoy, lícita y, por tanto, no resulta posible dirigir expresiones injuriosas a quienes la ejercen por ese solo hecho, siendo claramente vejatoria la expresión ‘asesino’ para dirigirse a un torero, por el mero hecho de serlo, aunque no se comparta su actividad».

Contra esta sentencia se interpuso recurso de casación, y el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo confirmó ambas decisiones judiciales al declarar que las manifestaciones de la concejal exceden del ámbito protegido por la libertad de expresión por su contenido gravemente vejatorio y por referirse a una persona que acababa de morir traumáticamente, mostrando un sentimiento de alegría o alivio (…).

Recurrida la sentencia en amparo, el Tribunal Constitucional entiende ahora que si la conducta es lesiva del derecho al honor fuera de la red, también lo es en ella.

LA LIBERTAD NO ES PARA MENOSCABAR DIGNIDAD DE OTROS

La libertad de expresión no puede ser un instrumento para menoscabar la dignidad del ser humano, pues ésta se erige como fundamento del orden político y de la paz social.

El Tribunal entiende que calificar al torero como «asesino» o «miembro del grupo de opresores» debe ser considerado sin el menor atisbo de duda como «una injerencia en su derecho al honor, al suponer un menoscabo de reputación personal, así como una denigraciónde su prestigio y actividad profesional, con directa afectación a su propia consideración y dignidad individual».

Para la Sala Primera del tribunal de garantías, la utilización de tales expresiones tampoco venía exigida o reclamada por un ejercicio de «pluralismo», «tolerancia» o «espíritu de apertura», sustento decualquier sociedad democrática y de la libertad de expresión.

Al contrario, precisamente tales principios reclamaban de la recurrente una mayor mesura y contención a fin de no menoscabarinjustificadamente el respeto debido a la dignidad humana, al dolor de los familiares y al honor del fallecido.

La sentencia concluye afirmando que «mostrar, al amparo de la defensa de posiciones antitaurinas, alivio por la muerte de un ser humano producida mientras ejercía su profesión, y calificarle de asesino a las pocas horas de producirse su deceso, junto con la fotografía del momento agónico, supone un desconocimiento inexcusable de la situación central que ocupa la persona en nuestra sociedad democrática y del necesario respeto de los derechos de los demás».

VOTO PARTICULAR

A la sentencia de la Sala se opone el voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer Callejón que manifiesta su discrepancia tanto respecto de la argumentación como en relación con el fallo.

En relación con la argumentación, la magistrada sostiene la necesidad de desarrollar un canon específico de juicio, relativo al ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales. El propio voto desarrolla ese canon basándose en la jurisprudencia constitucional previa y en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, teniendo en cuenta las peculiaridades del proceso de comunicación en entornos virtuales.

Y en relación con el fallo, la magistrada sostiene que el mensaje compartido en Facebook por la recurrente en amparo tenía un innegable contenido político sobre un tema polémico en España, como es el de la tauromaquia, y que ese contenido político, los efectos reales de la difusión del mensaje y del perfil en la red social de la recurrente en amparo, y el hecho de que la defensa del honor que actúa como límite de la libertad de expresión se refiriera a una persona ya fallecida, debieron ser considerados de modo que condujeran a la estimacióndel recurso de amparo.

La figura de Xela Arias enlaza directamente con los principales retos a los que se enfrenta la lengua gallega: la adaptación a los nuevos tiempos y formatos, su visibilidad en el panorama internacional y su conexión con las nuevas generaciones.

Es por ello que el papel de la autora en el mundo editorial, pionera a la hora de traducir los grandes clásicos de la literatura al idioma propio y su vocación de actualización en constante contacto con los más jóvenes a través de la docencia, han sido claves para su elección como homenajeada este 17 de mayo.

La escritora decidió dejar los estudios con apenas 18 años, un cambio de dirección que supone un ejemplo de su rebelión contra los itinerarios preestablecidos, su afán de autonomía y de llevar ella misma las riendas de su vida. Pocos después de renunciar a los exámenes de COU se integró en el equipo promotor del proyecto emergente de Edicións Xerais de Galicia bajo la batuta de su fundador y entonces director, Xulián Maure.

El presidente de la Real Academia Galega y exdirector de Xeráis, Víctor Freixanes, destacó en una entrevista que se trataba de «una época muy ilusionante», en la que Xela decidió implicarse «alrededor de este proyecto de construcción del país» en el que desarrolló «un trabajo magnífico», prácticamente «como una de las directoras de esa orquesta» y con la voluntad de potenciar y situar el sistema literario de Galicia en el mundo.

En aquel momento la editorial estaba naciendo, necesitaba gente, personal… y Xela acababa de terminar el equivalente entonces a bachillerato y le dijo a sus padres que no quería seguir estudiando. Al principio empezó haciendo un poco de todo, sobre todo facturas de los pedidos, había muchos por el tema del libro de texto, que entró con fuerza en Xeráis. Y de ahí poco a poco pasó a ser correctora de estilo, revisora y correctora de textos…», señaló, por su parte, el actual director de la editorial, Francisco Alonso.

A pesar de abandonar el sistema educativo, la joven autora contaba con una importante capacidad en gran medida por su padre, el docente y escritor Valentín Arias, un icono «fundamental» en la normalización lingüística. «Tenía una escuela en casa importante, pero era muy autónoma. No aceptaba fácilmente que otro le dijese lo que tenía que hacer. Y en Xeráis, una editorial que también nacía y que ofrecía nuevas alternativas, encontró el espacio ideal para construir ese edificio», recuerda Freixanes.

IMPULSO A LA TRADUCCIÓN

Arias era «muy meticulosa» y ejercía su papel «con muchísimo rigor», de ahí que en poco tiempo asumiese nuevas responsabilidades en el ámbito editorial y sobre todo en la traducción. La autora se encargó de llevar al gallego grandes obras de la literatura universal de James Joyce, Roald Dahl, Angela Carter, Bram Stoker o Baudelaire, iniciativas como la ‘colección Xabarín’, ‘Grandes do noso tempo’, ‘Xerais Universitaria’ o ‘Biblioteca de Autores Galegos’.

La visión de Arias partía del objetivo de incentivar la lectura en el idioma propio a partir de los grandes clásicos. La autora estaba convencida de que la disponibilidad de obras que hasta ese momento eran accesibles únicamente en castellano permitiría atraer a nuevos lectores, y especialmente entre los jóvenes. Freixanes considera que Arias entendía que era necesario apostar por la calidad, pero también traer y apostar por obras «útiles para la construcción de ese edificio de la traducción y del libro».

«Trabaja en los 80 y en los 90, cuando se estaba construyendo toda la base del edificio de la oferta literaria editorial, sobre todo para las nuevas generaciones», recuerda Freixanes. Galicia no contaba entonces con la nómina de autores «tan enorme» con la que cuenta hoy en día, especialmente para un público juvenil, añade Alonso. La poeta se situó como una de las pioneras en la profesionalización de la edición y de la traducción.

LA NORMA

En paralelo tanto ella como el resto de profesionales y autores formaron parte de un momento trascendental: la fijación de una norma ortográfica para el gallego. «Estuvo dos años trabajando prácticamente sin una orientación mínima», señala Francisco Alonso, salvo por unas bases ortográficas «que servían un poco de guía» para el día a día, hasta que se publicó finalmente la normativa en el 82.

Arias ejerció un trabajo «complejo» para cuidar los textos y defendió la necesidad de fijar ese canon ortográfico para el idioma en unos «tiempos difíciles» y «duros». «La fijación de la norma fue muy polémica. Supone la elección de un estándar y eso siempre crea discrepancias. Y en una situación en la que la lengua no estaba normalizada, crea muchas suspicacias», añade Alonso.

La autora era muy cuidadosa con el tema lingüístico, como parte de ese afán por profesionalizar la edición a través de ese diálogo con los textos. Es por ello que realizaba muchas propuestas y sugerencias a los autores, que en ocasiones «llegaban a enfadarse».

ENTRADA EN LA DOCENCIA

Tras diez años de trabajo, Arias decidió retomar sus estudios, en concreto Filoloxía Hispánica en la Universidade de Vigo (en el 91) y posteriormente Galego-Portugués. Fue entonces cuando conoció a las que serían tres de las personas más importantes de su vida: sus compañeras en la facultad Mónica Soto, actualmente profesora en el IES Castelao de Vigo; Ana Iglesias, docente de la Uvigo, y Clara Pino, docente y artista.

Iglesias recuerda como la vio en los corredores del centro y que, a través de hablar y contarse sus vivencias, empezaron a forjar una amistad que se extendería más allá de los años de la carrera, a pesar de la distancia generacional que había entre ellas.

«Ella tenía un estilo de vida y una experiencia que no teníamos. Hablábamos de literatura, de la vida, la actualidad… Tenía muy claro desde que quería dar clases y no volver a Xeráis a tiempo completo», ha señalado. Aún recuerda cuando Arias la llamó para hablarle de su primera sustitución como docente, en el IES Terra de Xallas de Santa Comba, una experiencia que le convenció aún más en su voluntad de ser profesora.

«Siempre conectó muy bien con el alumnado. Le gustaba mucho estar en contacto con las nuevas generaciones, tener acceso a otras visiones de la vida diferentes, de gente más joven», ha añadido.

Este interés enlaza, precisamente, con su afán y su conciencia de impulsar el gallego y el conocimiento con las nuevas generaciones, como ya demostró durante su paso por la editorial.

«ERA UNA PARTE DE ELLA»

Su compañera, Mónica Soto, también coincide con esa vocación de Xela por la docencia, de quien destaca su «habilidad enorme» por escuchar y aprender, como pudo comprobar tras su primera experiencia en Santa Comba.

«Ella no era consciente como en tan poco tiempo logró atraerlos. Cuando acabó le hicieron un ramo de flores, etc… y ahí se dio cuenta de que -la docencia- era una parte de ella», recuerda.

Soto cree que esta vocación de Xela Arias ya era perceptible cuando la escuchaban hablar de su familia y de su relación con sus hermanos pequeños, aunque para ella por encima de todo siempre será su amiga.

«Era nuestra Xela. Una persona que me importa y me importó mucho y en determinados momentos de mi vida me hubiese gustado mucho tenerla cerca», ha zanjado.

Hoy en día, el legado de Xela Arias pervive en todos los centros por los que pasó, como el IES A Sangriña da Guarda, que mantiene un certamen poético y todo tipo de iniciativas en homenaje a la poeta, editora y docente.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha vuelto a insistir en este lunes en que respeta el posicionamiento de sus compañeros en relación con el proceso de primarias interno y ha avisado, además, de que «quien esté pensando en cómo se garantiza su puesto o sus privilegios no tiene espacio en esta candidatura».

Díaz, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, donde ha mantenido un encuentro con UPA Andalucía, ha sido cuestionada por los periodistas en relación con los posicionamientos de compañeros en este proceso de primarias, y, en concreto, por el apoyo del senador malagueño Miguel Ángel Heredia, colaborador de Díaz, que ahora apoya al candidato Juan Espadas; insistiendo Díaz en que respeta a todos sus compañeros.

«Respeto a todos mis compañeros, profundamente. Además, así lo he manifestado a lo largo de este tiempo y es tanto el respeto que me merece que no me escucharán nunca, en ningún momento, ninguna descalificación ni a mí ni a nadie de los compañeros que me acompañan en el proyecto respecto a otros compañeros del partido», ha apostillado.

No obstante, ha incidido en que «nosotros defendemos un cambio, una renovación real, donde los militantes sean los que tengan el protagonismo. Cambiar las formas del partido para que unos cuantos no sean los que tomen las decisiones».

Yo entiendo –ha proseguido– cuando uno está planteando un cambio de ese calibre, tan profundo, pues hay gente que sabe que en el futuro, dándole la voz a los militantes, rindiendo cuentas a los militantes, pues ya este partido no se va a parecer al partido del pasado y pueden estar más preocupados por cómo le va a ir a ellos y cómo van a mantener su estatus, sus privilegios o su posición personal, de hacer un cambio de verdad, de abrir la organización, dándole la voz a los militantes para que estén los mejores al frente y con mucha generosidad.

Así, Susana Díaz ha dicho que «en este momento lo que quiero es eso, que me acompañen los militantes en libertad para elegir a los mejores».

«Evidentemente quien este pensando en cómo se garantiza su puesto o sus privilegios no tiene espacio en esta candidatura», ha advertido, añadiendo que «esta candidatura es la voz de la militancia para cambiar las formas y el fondo que nos tiene que volver a permitir gobernar en Andalucía con una amplia mayoría», ha concluido.

España, Francia y Alemania han anunciado este lunes que el futuro avión de combate europeo, el FCAS, tendrá su primer demostrador en vuelo para el año 2027.

El acuerdo ha sido alcanzado por las ministras de Defensa de España, Margarita Robles; de Francia, Florence Parly; y de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, con una participación proporcional al 33 por ciento de las industrias de cada país.

Según sostienen, este avance «contribuye directamente a la soberanía y seguridad nacionales y europeas» en el actual contexto internacional, «cada vez más desafiante en el que la superioridad aérea se ve gravemente amenazada por el rápido crecimiento de las amenazas».

Además, subrayan que el futuro avión de combate europeo contará «con tecnologías de última generació»n para proporcionar a las fuerzas armadas el nivel de rendimiento esperado y además situará a las industrias participantes «a la vanguardia de la innovación en el sector de la defensa».

En un comunicado, apuntan que la organización industrial del programa se ha estructurado «adecuadamente» para garantizar «la coherencia y la eficacia del proyecto, aprovechando las mejores capacidades de las industrias de cada nación en el marco de una asociación equilibrada, amplia y profunda».

La secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, ha celebrado tras una visita junto a la ministra a la Agrupación de la Infantería de Marina que el FCAS va avanzando según los pasos previstos hasta cumplir «una serie de hitos».

Según ha celebrado, España participa en este programa «en igualdad de condiciones», lo que Robles cree que demuestra el «compromiso» para potenciar la industria española de defensa.

La industria de medicamentos genéricos ha mostrado su compromiso con el medio ambiente ha mostrado este lunes, con motivo del Día Mundial del Reciclaje, su compromiso con el medio ambiente, recordando que forma parte de ‘SIGRE Medicamento y Medio Ambiente’, entidad sin ánimo de lucro creada para garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos de origen doméstico.

«El reciclaje es uno de los procesos clave en el ciclo de vida de productos, servicios, residuos, materiales y recursos naturales dentro de lo que llamamos la economía circular. Gracias al sencillo gesto de depositar los residuos en sus respectivos contenedores, avanzamos hacia un sistema de cero residuos y contribuimos a que el valor de estos productos se mantenga en la economía el mayor tiempo posible», ha dicho el director general de SIGRE, Juan Carlos Mampaso, en declaraciones para ‘En Genérico’, el blog de divulgación sanitaria de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG).

En este sentido, el experto ha explicado que después de que los pacientes depositan los envases vacíos o con restos de medicamentos en el ‘Punto SIGRE’ de su farmacia, llegan a la planta de clasificación de envases y residuos de medicamentos donde se separan por un lado los distintos materiales de envases para su reciclado y por otro los residuos de medicamentos. Esta planta es «pionera» a nivel mundial por ser la primera creada específicamente que permite la separación de estos materiales que, por su contenido, los medicamentos, los hace tan especiales.

El reciclaje es el proceso por el cual un producto que ya ha sido utilizado, es tratado para poder darle una segunda vida, con la creación de un nuevo producto. Debido a que los medicamentos no se pueden reciclar ni reutilizar, sus restos obligatoriamente se eliminan mediante valorización energética (conversión de residuos que no pueden ser reciclados en energía) para aprovechar su energía y además alcanzar el vertido cero.

Desde SIGRE insisten en el papel clave del ciudadano en la cadena del reciclaje, asegurando de que la sociedad ha tomado conciencia de que reciclar es una forma efectiva de contribuir a la transición ecológica y en este sentido, el reciclaje de medicamentos se ha convertido en un hábito consolidado en la sociedad.

«Año tras año vemos cómo aumenta la concienciación con el impacto sanitario y medioambiental de los residuos de medicamentos y sus envases. De hecho, la responsabilidad de los ciudadanos y su vinculación con el ‘Punto SIGRE’ de la farmacia no se ha visto afectada durante este último año, ya que el 91 por ciento de los españoles afirma que las circunstancias excepcionales de la pandemia no han influido en sus hábitos de reciclado de restos de medicamentos y envases en el Punto SIGRE», ha dicho director general de SIGRE.

Además, la actividad de concienciación y sensibilización de SIGRE y del conjunto del sector farmacéutico continúa dando sus frutos ya que nueve de cada diez hogares reciclan medicamentos, una cifra que se mantiene estable desde hace varios años.

APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la estrecha relación que existe entre economía, salud y medio ambiente y cómo la industria farmacéutica se ha convertido en un sector estratégico para la compleja recuperación que afronta el planeta y más concretamente España.

«Esta recuperación debe basarse en un sólido imperativo de sostenibilidad medioambiental. Las compañías farmacéuticas de genéricos llevan años ya ejerciendo un papel protagonista, como por ejemplo a través de la actividad de SIGRE», ha detallado Mampaso.

Así, según SIGRE, la industria fabricante de medicamentos genéricos es fiel compañera de viaje de los siete Planes Empresariales de Prevención (PEP) de envases del sector farmacéutico elaborados y coordinados desde esta entidad.

A través de estos PEP de carácter trienal se está logrando una reducción en el peso de los envases de los medicamentos, un incremento en su reutilización, el aumento de su reciclabilidad y la minimización de su impacto sobre el medio ambiente.

«Precisamente en marzo de 2021 culminó el séptimo PEP del sector farmacéutico. Gracias a estos planes sectoriales, en las últimas dos décadas, la industria farmacéutica ha conseguido reducir el peso de sus envases en más de un 25 por ciento», ha apuntado Mampaso.

Preguntado por el compromiso medioambiental de las compañías fabricantes de medicamentos genéricos, el director general de SIGRE ha asegurado que «indudablemente», y es que AESEG, como patronal de los medicamentos genéricos en España, forma parte del Consejo de Administración de SIGRE, aportando su experiencia y enriqueciendo la toma de decisiones en los principales asuntos que atañen a nuestra actividad.

«Sin ningún género de duda, en los hogares españoles cada vez hay más medicamentos genéricos elaborados con criterios sostenibles y con envases cada vez más ecológicos y respetuosos con el medioambiente y la salud de todos«, ha enfatizado Mampaso.

De igual modo, las empresas que conforman la industria farmacéutica de genéricos están adheridas a SIGRE. Mediante su participación en esta entidad sin ánimo de lucro que es SIGRE, contribuyen activamente a reforzar los aspectos ambientales relacionados con el ciclo de vida del medicamento, desde el ecodiseño del envase de un producto tan esencial para nuestra salud hasta la gestión de los residuos que se generan por el consumo de dichos medicamentos una vez finalizado el tratamiento.

La segunda fase de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística, sigue en marcha: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sigue efectuando registros, uno de ellos en la Concejalía de Urbanismo del consistorio valenciano, y se han cursado diferentes comisiones rogatorias para buscar dinero en el extranjero.

Según han informado fuentes conocedoras del procedimiento, la UCO continúa este lunes los registros en busca de más pruebas y documentación después de que el pasado jueves arrestara a un total de 14 personas en el marco de esta causa, entre ellas, al exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV) y al exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau (PP).

Además, se han tramitado diferentes comisiones rogatorias puesto que se sospecha que algunos de los arrestados pudieron esconder dinero en el extranjero.

Precisamente este último indicio es uno por los que el Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargado de la causa, decretó el sábado la prisión provisional para cinco de los 14 detenidos: Rubio, Grau y tres empresarios, entre ellos, Jaime Febrer. Otro argumento que justificó el ingreso en la cárcel fue la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga.

Los otros ocho detenidos que pasaron a disposición judicial el sábado –solo uno de ellos, la exalcaldesa de Xixona, no lo hizo– quedaron en libertad con retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en sede judicial. Ninguno los arrestados quiso declarar ante la jueza. Únicamente el responsable jurídico de Divalterra, José Luis Vera, quiso declarar ante la Guardia Civil, pero a mitad testimonio lo interrumpió y se acogió a su derecho de no decir nada más.

Sobre los registros, la vicealcaldesa de València y edil de Desarrollo y Renovación Urbana en la ciudad, Sandra Gómez, ha confirmado en rueda de prensa que se ha producido uno en dependencias del servicio de urbanismo del consistorio valenciano ubicadas en el edificio municipal de Tabacalera.

«Sí, va en la línea de las operaciones» que se investigan en el caso Azud, ha expuesto, a la vez que ha recordado que en el consistorio había ya documentación precintada tras iniciarse la primera primera de esta causa.

«Hay que recordar que ya en 2018 nos precintaron documentación por la operación Azud. Reitero, esto se conocía que estaba en marcha y hay documentación precintada en el Ayuntamiento de València desde hace tres años. Supongo que habrá sido lo que se han llevado», ha afirmado.

GRUPO CRIMINAL E INVESTIGADOS

En la causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Hasta el momento se han practicado 46 registros en empresas, despachos profesionales y domicilios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid. Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados.

Rubio (PSPV), quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, y Grau (PP), están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000.

A Rubio y a Grau le constan otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.

Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel –una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)– por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.

La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra tres doctoras, una de ellas directora a su vez de una residencia pública de mayores de Madrid, por privar a dos de sus usuarios de una «adecuada» atención sanitaria que influyó «razonablemente» en el «fatal» desenlace de sus enfermedades.

Según han informado fuentes fiscales, el representante del Ministerio Público imputa a las tres médicos los delitos de omisión del deber de socorro y de homicidio imprudente.

Dicha residencia, cuya gestión pública está adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), estaba dirigida por A. I. P. M. y en su cuadro médico estaban entre otras, las doctoras M. V. L. e I. R. T.

En este sentido, la denuncia pone de manifiesto que, a fecha 3 de marzo de 2020, el centro contaba con un total de 274 residentes, de los cuales solo 13 eran autónomos, mientras que 38 tenían una dependencia leve y 223, una dependencia moderada o severa.

91 DEFUNCIONES

Según la Fiscalía, entre el 1 de marzo y el 18 de junio se produjeron 91 defunciones en el centro denunciado, de las que 80 estuvieron relacionadas con el Covid-19.

Durante este periodo de tiempo, la residencia, con su directora al frente, se desarrollaron medidas de prevención y organización para tratar de paliar los efectos de la enfermedad Covid-19, «incluyendo el refuerzo de la atención sanitaria y el desarrollo de un sistema de comunicación diario con la Dra. B. M., del Hospital Universitario Ramón y Cajal, designada por las autoridades competentes geriatra de referencia, quien era la encargada, en base a su criterio médico».

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ninguna de las doctoras llegó activar el citado mecanismo de coordinación «a pesar de que concurrían los presupuestos para hacerlo, y sin que conste razón justificada» en relación con dos usuarios E. G. P. y J. R. B.

Ambos fallecieron en la residencia los días 6 y 1 de abril de 2020, respectivamente, «habiendo provocado con su actuación que no pudieran ser valorados por la unidad de geriatría del hospital de referencia, e incluso trasladados a sus instalaciones, al tiempo que tampoco les proveyeron en la residencia un adecuado seguimiento y control médico, de todo lo cual era conocedora la directora del centro, que tampoco realizó acción alguna para solventar la situación».

E. G. P., de 69 años de edad, fue atendido la primera vez por la doctora el 4 de abril, esto es, tres días después de comenzar con los síntomas que indicaban que podía estar contagiado por Covid-19. Así, durante una vista rutinaria la médico pautó antibiótico de amplio espectro, al tiempo que pidió que se hiciera un seguimiento del paciente.

A pesar de ello el usuario no pudo superar el cuadro y falleció dos días más tarde. «En ningún momento se realizó interconsulta con el hospital de referencia, ni para sugerir una posible derivación ni para pedir pautas de tratamiento», añade la Fiscalía.

Además, precisa que de la documentación sanitaria se desprende que «inmediatamente» después de que la doctora viera al usuario, fue cuando percibió la gravedad de la situación «pautando una mascarilla especial y un tratamiento sintomático que, lamentablemente, en este momento no surtió ya efecto».

FALTA DE SEGUIMIENTO

Para la Fiscalía el tiempo que se tardó en prestar asistencia médica, así como la falta de un seguimiento «estricto» para evitar que el usuario se quitara el sistema de oxigenoterapia, unido a la ausencia, de cualquier interconsulta sobre el paciente, pudieron incidir «razonablemente» en el resultado final, que le es «directamente imputable» a la responsable de la situación sanitaria del paciente.

El caso de J. R. B. es similar. Tenía numerosos antecedentes de broncoaspiración y el 25 de marzo sufrió uno de estos episodios sin que recibiera ningún tipo de atención médica «hasta el punto de que el usuario no fue revisado por una doctora hasta dos días después del incidente». El 26 de marzo, sin embargo, el hombre comenzó a tener fiebre y vio disminuido su nivel conciencia.

Durante esos cincos días previos a su fallecimiento, ocurrido el 1 de abril, «no consta ningún tratamiento de enfermería ni que fuera trasladado para seguimiento y control a dicho departamento».

Tampoco consta que las doctoras realizaran interconsulta alguna con los responsables de la unidad de geriatría del hospital de referencia o que solicitaran ayuda en la propia residencia, «y todo ello a pesar de que no estaban sometiendo al usuario a un control exhaustivo como el que conocían, en base a su experiencia previa, que requería en estas ocasiones».

Es más, ni siquiera valoraron la posibilidad de que el usuario estuviera contagiado de coronavirus, una circunstancia que solo valoraron el mismo día que falleció.

«La ausencia de un control y seguimiento de enfermería y médico en la residencia, unido a la falta de activación del protocolo de derivación a centro hospitalario, privaron al residente de una adecuada atención sanitaria y, razonablemente puede concluirse, que influyeron en el fatal desenlace de su enfermedad», afirma la Fiscalía.

Fundación PONS presenta COBY-1, la primera camilla robotizada patentada a nivel internacional por el español Manuel Borges y que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de personas con movilidad

reducida que se encuentran encamadas en hospitales, residencias o en el propio domicilio, tales como pacientes tetrapléjicos, parapléjicos, con obesidad mórbida o recién operados.

«La idea vino dada porque en el mundo hay unos 310 millones de personas encamadas y, en los hospitales, muchos auxiliares sanitarios acaban lesionados al manejar a estos pacientes», explica Borges, que añade que le inspiró el caso particular de su padre, encamado en un hospital de Santa Cruz de Tenerife durante 17 meses hace más de 40 años.

«La realidad es que la población está envejeciendo y con ello aumenta la dependencia y la cronicidad, cada vez con mayor número de personas encamadas en hospitales, centros de mayores y domicilios», expresa Borges, en referencia a la utilidad y vigencia de su invento.

Actualmente, este proyecto, que ahora es un prototipo, «está preparado nada más que para cualquier inversionista al que le interese este proyecto pueda apoyarlo para que sea definitivo», tal y como ha especificado Borges.

Así, la camilla COBY-1 permite recoger al paciente de la cama para trasladarlo a quirófano o donde sea necesario. En este sentido, la camilla puede poner al paciente en la mesa de operaciones y más tarde recogerlo de nuevo como el cirujano lo dejó, para después llevarlo a su cama automáticamente con la única asistencia de una persona.

Respecto a la higiene, la camilla también posibilita duchar al paciente y darle la vuelta. Al paciente se le puede duchar en la propia camilla y sin necesidad de trasladarlo a otro lugar, pues esta cuenta con una bañera que recoge aguas con secador y agua a presión. A la persona se le puede dar la vuelta de manera semi-automática mientras se ducha para poder llegar a cada una de las partes del cuerpo.

Asimismo, los actos fisiológicos también se pueden realizar desde la propia camilla, pues cuenta con un inodoro extraíble que, a su vez, tiene un sistema de limpieza y secado de las partes íntimas del paciente completamente automático, sin necesidad de que el asistente intervenga en esta acción.

Por otro lado, la camilla también permite sentar al paciente en la silla de ruedas e incluso convertirse en ella. Concretamente, la camilla se adapta a la forma de una silla de ruedas eléctrica de paseo para que el paciente pueda pasar de la camilla a la silla automáticamente. De esta forma, puede ser usada como transporte, como una silla de ruedas para trasladar al paciente a cualquier lugar de la casa u hospital para que pueda acompañar a sus amigos y familiares a hacer actividades en grupo, sentarse a la mesa o ver la televisión.

«El invento es un hito en la atención a personas encamadas en dos niveles: porque mejora las condiciones de trabajo de las personas que realizan este tipo de cuidados y porque también mejora la dignidad de los enfermos», ha resumido el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Tenerife, José Manuel de León.

El invento mejora las condiciones de trabajo tanto para cuidadores formales como informales; además, las personas encamadas en los centros sanitarios y sociosanitarios suponen una gran carga de trabajo que lleva innumerables bajas médicas del personal, consumo de fármacos, intervenciones quirúrgicas e incapacidad laboral definitiva», ha añadido el gerente de este hospital, donde Borges ha realizado las pruebas de la camilla robotizada.

COBY-1 ha sido galardonada como ‘Mejor Invención Española’ por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La designación como mejor invento de España no solo premia la capacidad de innovación, sino lo que realmente aportará a la sociedad. La camilla también ha cosechado gran éxito a nivel internacional con dos medallas de oro, una en el Salón Internacional de Invenciones de Ginebra y otra en la Asociación de Tecnologías Alternativas de Rumanía.

El inspector jefe del Grupo de Homicidios que investigó el caso de César Román, alias el ‘Rey del Cachopo’, ha desvelado en el juicio que la maleta donde se halló el 13 de agosto de 2018 el torso de Heidi Paz presentaba el perfil genético del acusado y de la joven hondureña, así como que el móvil de la chica lo tenía el empresario en el piso que alquiló en Zaragoza tras huir.

La testifical del instructor de la investigación desmonta la versión del empresario al confirmar que la identidad del torso se correspondía con el de Heidi Paz frente a la tesis de que podría estar viva. De igual modo, desvincula el crimen de un ajuste de cuentas al estar el cuerpo descuartizado mientras que la práctica habitual de una organización criminal es «pegar dos tiros en la calle».

«El ADN daba una aproximación total. El perfil genético coincidía con el de su madre. A raíz de esto, se puso a César en busca y captura. Todo estaba concatenado», ha aseverado el testigo en la sexta sesión de la vista oral. Además, ha ratificado que la chica no tenía ninguna relación con ninguna banda organizada de tráfico de drogas, echando por tierra lo dicho por el acusado en su declaración.

Al ser preguntado por si la joven colaboraba con alguna banda, ha contestado el instructor que «rotundamente no». «No se encontró ninguna relación con bandas organizadas ni tráfico de drogas. Era una persona muy normal, trabajaba de camarera», ha reseñado y ha recalcado que si hubiera sido un ajuste de cuentas, le hubieran dado dos tiros en la calle.

Seguidamente, ha apuntado que el asesino mutiló al cuerpo los senos al llevar prótesis mamarias con número de código y con la idea de dificultar si identificación.

Respecto a la maleta, ha aseverado que tenía ADN tanto de César como de Heidi. En su declaración, el acusado manifestó que esa maleta estaba entre los trastos que había en la nave de la calle Sebastián Gómez antes de que la alquilara para albergar la que sería su sexta sidrería.

CORTES EN EL TORSO

También han comparecido los agentes que realizaron la inspección ocular en la citada nave, donde recogieron vestigios y huellas en varios objetos, entre ellos dos botes de sosa cáustica.

Una de las incógnitas de la investigación es la causa de la muerte de la joven hondureña. El hecho de que el cuerpo estuviera mutilado dificulta a los médicos forenses saber cómo la pudo matar. Los cortes podrían indicar que le pudo asestar puñaladas. De hecho, se halló un cuchillo que pertenecería a unos de los restaurantes del acusado con restos de sosa cáustica.

En la sala, ha testificado una agente que participó en la inspección y que presenció la primera parte de la autopsia en el Instituto Anatómico Forense. Según ha detallado, se pudo contemplar en la pericial cómo el torso estaba cubierto de una sustancia blanquecina y estaba ya putrefacto. De ahí, que la maleta estuviera cubierta de un líquido de restos de los órganos en descomposición.

Otro policía que presenció la segunda parte de la autopsia ha relatado que el torso tenía las extremidades seccionadas y presentaba dos cortes, de 15 y 2,5 centímetros, al lado del ombligo. También tenía seccionados los senos. «El torso era muy oscuro», ha precisado.

Dos agentes de la Policía Municipal y un bombero han certificado que las ventanas de la nave estaban cerradas en contra de lo que sostiene la defensa para reforzar su teoría de que alguien pudo entrar a la nave alquilada por el acusado y no necesitar llave para acceder. El fiscal mantiene que el homicida tenía un juego de llaves.

El bombero compareciente ha explicado que el fuego era intencionado porque junto a la maleta se localizó un pequeña hoguera con restos de papeles y palés de madera. «El humo salía por la rejilla de arriba porque las ventanas estaban cerradas», ha dicho.

«SÍ, SOY EL QUE BUSCÁIS»

Raquel C. M., la dueña del bar en el que estuvo trabajando el acusado tras huir de Madrid, ha relatado que empezó como cocinero el 11 de agosto bajo la identidad falsa de José Rafael Lujano. Le comentó que había trabajado con Arzak.

La testigo ha narrado que se encargaba de la carne y que sabía deshuesar piezas de ternasco, un plato típico que se consume en Zaragoza.

«Le vi en Ana Rosa. Y estaba segura que era él. Avisé a la Policía. Entraron los agentes y le preguntaron: ¿Es usted César?, y éste les contestó: sí, sí, el que estáis buscando. Él les dijo que si podía coger las cosas y los policías le dijeron si pensaba que eran tontos», ha relatado.

El Rey Felipe VI ha instado a trabajar para que la ciencia y los científicos españoles sean reconocidos y, por tanto, «ocupen el lugar que les corresponde».

Durante su intervención este lunes en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación, el monarca ha recordado un episodio en el que los científicos Santiago Ramón y Cajal y Jaime Ferrán no fueron reconocidos.

«En 1885 estalló una epidemia de cólera en Valencia, y para combatirla Ferrán impulsó una vacuna experimental –una inyección de pequeñas dosis de la bacteria que ya había probado con él mismo y que inoculó a 30.000 personas–. Por su parte, Cajal propuso como alternativa utilizar cultivos muertos del cólera. Y precisamente este tipo de vacunas es el que se ha utilizado después contra muchas enfermedades, incluyendo la Covid-19″, ha relatado.

Según ha destacado, los trabajos de Ferrán contribuyeron a frenar aquella epidemia, «pero ni estos ni la solución correcta avanzada por Cajal obtuvieron entonces repercusión internacional«, ha lamentado Felipe VI, que recuerda que fueron finalmente dos investigadores estadounidenses los que sí obtuvieron el reconocimiento.

«No cabe duda de que debemos ser capaces de extraer lecciones de la historia, y hoy hemos de seguir trabajando para que la ciencia y los científicos españoles, también en el ámbito internacional, ocupen el lugar que les corresponde», ha instado.

LAS VACUNAS: «UN CONOCIMIENTO ACUMULADO DE DÉCADAS»

En su opinión, el trabajo que realizan los investigadores es «arduo», «de frontera», «siempre en busca de ampliar los límites» del mundo, de los conocimientos y capacidades. «La naturaleza nos obliga a ser ambiciosos y rigurosos al desentrañar sus secretos, pero también pacientes y humildes cuando no lo logramos o tardamos más de lo que esperábamos», ha advertido.

Por eso, el apoyo a la ciencia, según Felipe VI, debe plantearse a largo plazo, como «garantía de progreso» y como «un acto de solidaridad con las generaciones del futuro». «En ocasiones, desgraciadamente, el día a día puede postergar esa visión de largo plazo que representan mejor que nadie los hombres y mujeres de ciencia, pero debemos recordar y agradecer siempre a quienes sí tuvieron esa previsión en el pasado», ha afirmado al tiempo que ha recalcado que «las labores de investigación con frecuencia ofrecen sus resultados muchos años o incluso décadas después de realizarse».

«Las vacunas que ahora permiten mirar al futuro con más optimismo, incluso en este año de tanto dolor, son fruto de un conocimiento acumulado de décadas», ha recordado.

Por este motivo, el monarca ha pedido aprovechar este momento de pandemia para «dar un nuevo impulso» al sistema español de ciencia e innovación. «Todos estamos moralmente implicados –y muchos lo están materialmente–, en lograr que nuestra energía social, educativa y económica esté adecuadamente orientada a poner –y mantener– la ciencia y la investigación en el nivel que merece y que necesita nuestro país», ha señalado.

Felipe VI ha apuntado que hay años más difíciles que otros para la investigación y para los científicos que la llevan a cabo para recalcar que «la emergencia de la Covid ha puesto de relieve de manera dramática el valor de la ciencia como herramienta esencial para resolver muchos de los grandes retos de la Humanidad». «Hoy son las vacunas y la Covid, pero hay tantos retos por delante», ha advertido, reconociendo el cambio climático como uno de los más importantes.

«LA CIENCIA SUPONE UN ESPACIO PARA LA ESPERANZA»

Durante su discurso, el Rey ha puesto en valor la importancia de la ciencia para la sociedad: «La ciencia supone un espacio para la esperanza. Representa una herramienta verdaderamente poderosa que nos permite acercarnos al conocimiento de la forma más fiel posible a través de un lenguaje universal que no conoce fronteras».

Así, ha subrayado que, si tradicionalmente la ciencia y la investigación han alcanzado la excelencia y el conocimiento a partir de una fuerte competencia, es innegable también que el «éxito científico» también se debe a la cooperación y la colaboración, sobre todo «cuando de lo que se trata es de lograr el mayor bienestar de la Humanidad».

«Valor en términos de eficacia, pero también en cuanto al valor ético que implica esa búsqueda del bien común. La historia nos ha dado numerosas lecciones sobre ello; la ultima la estamos viviendo actualmente», ha añadido.

Finalmente, ha felicitado a los «mejores» científicos e investigadores españoles. «Hoy celebramos los éxitos de los premiados, así como de la ciencia y la investigación españolas; pero también es sin duda una ocasión inmejorable (…) para ensalzar el valor y la utilidad de los resultados científicos para todas las sociedades del mundo», ha zanjado.