El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha tomado este lunes declaración como investigado al exdiputado autonómico de Vox y expresidente del Grupo parlamentario de dicha formación Francisco Serrano, por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros cosechada por una empresa que gestionaba junto a un socio también investigado en esta causa judicial.

Francisco Serrano estaba llamado a comparecer este lunes junto a su socio empresarial Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, también investigados en estas diligencias, después de que su citación inicial del pasado mes de febrero fuese suspendida por circunstancias derivadas de la pandemia.

El que fuera líder de Vox en Andalucía ha prestado finalmente declaración este lunes durante aproximadamente una hora y media, accediendo a responder las preguntas de su abogado defensor, del juez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero no las de las acusaciones populares que ejercen el secretario general de Facua, Rubén Sánchez; y Podemos.

Tras su comparecencia, Francisco Serrano ha manifestado ante los medios de comunicación su «confianza en la Justicia». «Espero que a partir de ahora, todo se pueda aclarar», ha dicho además, toda vez que fuentes del caso indican que el ex líder de Vox en Andalucía habría responsabilizado del asunto a Pelegrín y López Ballesteros, exponiendo que él no sería conocedor de las incidencias detectadas en la gestión del dinero y que eran los dos restantes acusados quienes estaban al frente de la gestión del proyecto y que le habrían «engañado.

Recordemos que la investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. «con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes», presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets.

PRÉSTAMO REINTEGRABLE

Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía.

En la causa judicial figuran como investigados Serrano, su socio Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros como «socio encubierto de Bio Wood», pesando un atestado policial según el cual del mencionado dinero del préstamo estatal reintegrable concedido a dicha empresa, un millón habría «sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada».

Al respecto, figura además una resolución de la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía emitida el 31 de agosto de 2020, dando cuenta del «procedimiento administrativo de apremio» incoado por dicha entidad estatal contra Biowood Niebla en demanda del «reembolso» del préstamo de 2,48 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria y Turismo a la entidad, a la que reclama algo más de tres millones de euros por el citado préstamo más los recargos correspondientes.

SIN «VOLUNTAD DE DEVOLVER» EL PRÉSTAMO

Y es que según dicha resolución, Biowood Niebla «no ha demostrado ninguna voluntad de devolver las cantidades percibidas, más allá de la incautación de la garantía aportada, constituida precisamente con parte de los fondos percibidos, y tampoco abonó siquiera la primera cuota de intereses del primer año de los tres de carencia, a abonar el 29 de diciembre de 2017″.

«Han sido escasamente fructíferas las acciones de embargo del líquido giradas contra la compañía, aunque sí han servido para constatar el caudal de lo distraído, y la conducta elusiva de la compañía, sus socios y sus administradores», indica la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía, que detecta «indicios de levantamiento del líquido de la compañía obtenido del préstamo reintegrable, sin que efectivamente se aplicara a la finalidad a la que estaba destinado», es decir al proyecto de fabricación de Pellets.

En concreto, «gran parte del préstamo recibido del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la construcción de la nueva industria de fabricación de pellets en Niebla se destinó inicialmente a la realización de operaciones financieras especulativas, mediante la adquisición de fondos de inversión depositados en Ibercaja», pesando además «cargos correspondientes a diversos gastos a cuenta de socios y administradores, sin que conste la justificación ni aplicación de dichos importes a actividades propias de la entidad».

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha asegurado este lunes que su formación apoyará la investidura del candidato de ERC a la Presidencia del Govern, Pere Aragonès, siempre y cuando cumpla con el acuerdo alcanzado con la CUP, también tras haber cerrado uno con Junts: «Los votos de la CUP-UNCPG no son un cheque en blanco».

«Todo lo contrario. Es necesario que nuestro acuerdo con ERC se empiece a vislumbrar en el mismo minuto que se conforme el Govern. Nuestros votos son a cambio de cambios políticos desde el minuto uno», ha advertido Pellicer en una rueda de prensa, después de que ERC y Junts hayan cerrado un principio de acuerdo para articular un Govern e investir a Aragonès.

«A cambio de desplegar acuerdo, estamos dispuestas a garantizar la gobernabilidad», ha continuado Pellicer, que ha defendido que el pacto que alcanzaron con ERC para investir a Aragonès es un acuerdo de mínimos que debe ser perfectamente asumible por el nuevo Govern.

Pellicer, que ha asegurado que no han podido estudiar el contenido del acuerdo entre ERC y Junts porque no disponen del mismo, ha agregado: «Lo queremos dejar muy claro, y queremos avisar de forma muy clara: Si ERC no despliega el acuerdo porque permite un boicot de Junts, no habrá gobernabilidad».

DERECHO A LA VIVIENDA

«El ejemplo nos parece que es evidente: si durante las próximas semanas no se detiene la represión contra el movimiento en defensa del derecho a la vivienda y se encuentra una manera de retirar a la policía militarizada de los desahucios, la CUP no podrá sostener esta mayoría parlamentaria», ha advertido Pellicer.

El diputado ‘cupaire’, que ha apostado por que la legislatura empiece lo antes posible, ha asegurado que en las próximas semanas habrá otros «hitos que alcanzar que permitirán ver la verdadera naturaleza de este Govern», como la internalización de servicios públicos y la moratoria a las incineradoras, ha citado.

Ha explicado que desde la CUP han hablado con representantes de ERC y Junts –incluido Aragonès– y que no disponen aún del acuerdo porque están acabando de cerrar algunos detalles, y ha avanzado que no prevén convocar a su militancia por ahora, aunque deberán «esperar a ver el acuerdo en concreto».

REPARTO DE ÁREAS

Preguntado por los medios por el reparto de las áreas del Govern, ha admitido que les preocupa que ámbitos como Salud, Territorio y Economía dependan de Junts: «Si el próximo Govern es continuista con las políticas del anterior, no se avanza en la defensa de los servicios públicos y se hacen pasos atrás respecto al acuerdo, la CUP no podrá sostener a este Govern».

El acuerdo de la CUP con ERC para investir a Aragonès incluye medidas como crear una banca y una energética pública e impulsar una renta universal, y da dos años a la mesa de diálogo del Gobierno central y el de la Generalitat para evaluar si funciona o si se debe apostar por un nuevo «embate» con el Estado.

El Pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de la Ley Trans registrada por ERC, Más País, Compromis, CUP, Junts per Catalunya y Nueva Canarias y que se presentó como alternativa al texto sobre este tema redactado por el Ministerio de Igualdad y «bloqueado» desde hace meses por el PSOE para su aprobación en Consejo de Ministros.

Los socialistas estarán obligados, así, a posicionarse en la Cámara Baja sobre la tramitación de este texto que recoge la autodeterminación de género, el acceso a la reproducción asistida del colectivo, medidas para la reparación de las personas trans o la inclusión de una tercera casilla para el género no binario, entre otras.

Este texto se registró el pasado marzo, tras un acuerdo de la Federación Plataforma Trans y ‘Euforia. Familias Trans-Aliadas’ con algunos de los partidos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Además, en debates en el Congreso, formaciones como PNV y Ciudadanos, han trasladado al PSOE su deseo de que esta iniciativa salga adelante.

Federación Plataforma Trans ha explicado que los nacionalistas vascos y Ciudadanos han confirmado a la organización su intención de votar al favor del texto. Así lo han asegurado también fuentes de Unidas Podemos, que han recordado que el texto que se vota es igual al redactado por el equipo del Ministerio de Irene Montero.

La presidenta de la Federación Plataforma Trans advierte al PSOE de que, si mantiene su postura contraria a la Ley Trans se encontrará solo votando igual que Vox y PP. «Tras la foto de Las Azores y de Colón, llegaría la foto del Transfachito«, ha señalado la presidenta de la entidad, Mar Cambrollé.

PIDEN AL PSOE QUE «RECUPERE EL NORTE»

Esta organización espera que «el PSOE recupere el norte». Si no apoya esta propuesta de ley, indica Cambrollé, la formación «se va a desangrar por la parte LGTB». Además, acusa a los de Pedro Sánchez de «radicalizar el discurso de la derecha y la ultraderecha» ya que, según ha explicado, estos partidos están repitiendo «como un mantra» las declaraciones realizadas en los últimos meses sobre este tema por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

Se refiere a sus palabras sobre la autodeterminación de género y que esta medida «pone en peligro la identidad de los 47 millones de españoles». A juicio de los socialistas, el género no existe, sino que es una «construcción social» que se forma a través de los «roles sociales y culturales» y los «estereotipos» que se asignan a hombres y las mujeres de manera diferenciada.

Es por eso que, alegando inseguridad jurídica, ha propuesto alternativas a Igualdad, como la posibilidad de que un testigo avale la decisión de la persona que solicita el cambio.

Los socialistas, con el apoyo de parte del movimiento feminista, advierten de que esta medida puede llevar a un «borrado» de las mujeres, porque habrá hombres que digan sentirse como tal y se pueden aprovechar de los derechos conseguidos por estas; y denuncian que textos como la Ley Trans dirigen a los menores a medicarse hormonalmente como consecuencia de una premisa que consideran falsa, que es la de nacer en un cuerpo equivocado.

PETICIÓN DESDE EUROPA

Cambrollé recuerda al PSOE comprometido con los derechos del colectivo LGTBI, pero apunta que la aprobación del matrimonio homosexual en 2005 «ya ha dado sus frutos» y ahora «hay que seguir dando pasos adelante».

Y así se lo ha pedido, recuerda la presidenta de la Federación Platafoma Trans, la comisaria europea en la materia, organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos del colectivo, así como «juristas de prestigio» de diferentes universidades españolas.

Del mismo modo, ha recordado que todas las formaciones en el Congreso en la anterior legislatura, incluido el PSOE, aprobaron de forma unánime un dictamen sobre la materia en 2019, un texto en el que, ahora se basa la Ley. De hecho, no descarta que el PP pueda volver a esa posición y apoyar la tramitación del texto este martes.

Finalmente, Cambrollé ha señalado que mañana habrá un grupo de la entidad que estará siguiendo el debate en una sala del Congreso –habilitada porque por medidas Covid no puede asistir público al Pleno– y que otros representantes de la entidad estarán también siguiendo la sesión en los alrededores de la Cámara.

En este sentido, Cambrollé ha explicado que, se tome en consideración o no el texto, la organización ya estará satisfecha de haber cumplido su objetivo: «llevar la ley al Congreso y que con luz y taquígrafos se vean los rostros de quienes están a favor o en contra de los derechos de las personas trans».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que la convención política que el partido va a celebrar en julio tendrá como objetivo «reimpulsar» a Ciudadanos como «alternativa liberal al bipartidismo» y al nacionalismo, centrada en que en España se impulsen reformas y se dejen a un lado los «intereses partidistas y personalistas».

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Ejecutivo, Arrimadas ha explicado que ese será el marco general de la convención, cuya celebración estaba prevista para el año pasado, tras las primarias en las que fue elegida presidenta y la Asamblea General realizada en primavera, pero que finalmente se pospuso a causa de la pandemia del coronavirus.

Se trata de «reimpulsar el proyecto de centro liberal en España, que es más necesario que nunca», ha manifestado, añadiendo que, a través del proceso participativo que se ha abierto, los afiliados ya han presentado centenares de propuestas. Antes de la convención, que tendrá lugar, previsiblemente, en la primera quincena de julio, miembros del Comité Permanente harán una gira por todas las comunidades autónomas para conocer «el sentir de la militancia».

La «alternativa liberal al bipartidismo y al nacionalismo» que representa Ciudadanos debe ser capaz, según Arrimadas, de «volver a ilusionar» a los españoles ofreciendo un espacio «liberal, moderado, valiente, de buena gestión, que mira al futuro», rechaza las «peleas» entre PSOE y PP y se enfrenta «al populismo y al nacionalismo».

NO PENSAR EN INTERESES PARTIDISTAS O PERSONALISTAS

Asimismo, ha apostado por luchar para que en España se hable principalmente de las políticas, los programas y las reformas, porque cuando se ha hecho eso, se ha «avanzado», mientras que cuando se ha dado más importancia a «los intereses partidistas y personalistas» o cuando las fuerzas nacionalistas han condicionado a los gobiernos, el país se ha «estancado».

Respecto a si aplica esa lección a la formación naranja, después de que su expresidente Albert Rivera se negara a pactar con el PSOE de Pedro Sánchez tras las elecciones generales de abril de 2019 cuando ambos partidos podrían haber gobernado juntos con mayoría absoluta, Arrimadas ha contestado que ella prefiere «mirar al futuro».

«Tenemos que aprender como país de lo que ha pasado y mirar al futuro. Hay muchos ciudadanos de muchas ideologías diferentes que están más pendientes de qué reformas y medidas se van a aprobar en el Congreso que no de qué insultos se van a verter», ha declarado.

En relación con la intervención del ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el programa ‘Salvados’ de laSexta sobre Ciudadanos, emitido este domingo, ha dicho que no vio el programa y no puede hacer valoraciones lo que en él se dijo.

Según Ábalos, el PSOE contactó «por vía intermedia» con Arrimadas para tantear la disposición de Cs a alcanzar un pacto tras aquellas elecciones, pero vieron que era «inviable». Arrimadas se ha limitado a decir que ella no habló con el dirigente socialista, «más allá de unas palabras de cortesía en el Congreso».

PONER EL ACENTO EN LAS POLÍTICAS

Cuando le han preguntado si en la convención se podría debatir que Ciudadanos cambie de nombre y elegir una nueva denominación que incluya la etiqueta de «liberal», la presidenta ha respondido que muchos militantes coinciden en que hay que «poner en acento en las políticas», algo en lo que ella está de acuerdo.

«Hay que seguir trabajando y centrarse mucho más en el contenido que en el continente», ha afirmado, agregando que en la reunión de este lunes, la Ejecutiva no ha hablado de ese posible cambio de nombre. Lo que no ha aclarado es si los afiliados han planteado una posible fusión o integración de Cs con el Partido Popular ni qué le parece esta idea.

Por otro lado, ha comentado la afirmación del líder del PP, Pablo Casado, de que el triunfo de la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso en las elecciones en la Comunidad de Madrid ha abierto un nuevo ciclo político en España y la legislatura ha entrado «en vía muerta», aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretenda agotarla.

«Yo no sé si la legislatura está muerta; lo que sí sé es que hay muchas empresas muertas, muchos autónomos con negocios muertos y muchas familias que han sufrido muchos fallecimientos y que deberíamos estar centrándonos en esto, no en cuestiones de partido», ha subrayado.

Aunque ha señalado que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos es «nefasto» y que Sánchez se mantiene en la Moncloa «gracias al apoyo de los nacionalistas y los populistas», considera que hay que pensar en «cómo solucionar los problemas de la ciudadanía, no únicamente en problemas de partido».

«Creo que ese ha sido el problema de España y el origen de muchísimas dificultades», ha concluido, abogando por seguir el ejemplo de otros países donde «los partidos de Estado llegan a acuerdos de Estado».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que el que haya vacunación masiva a partir de junio «va a depender del número» de vacunas, si bien no puede «confirmar que vaya a haber dosis suficientes para que pueda considerarse» como tal. «Ojalá», ha remarcado, añadiendo que desde que empezaron a dispensarlas «nunca ha habido vacunación masiva».

Así ha contestado a los periodistas al ser preguntado acerca de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes ha comunicado que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará la «vacunación masiva de las personas menores de 50 años».

Feijóo ha remarcado que Galicia se encuentra actualmente en el objetivo de «finalizar la vacunación» de las personas de entre 59 y 50 años en mayo, tras lo que en junio se empezará con las de 49-40 años. En relación con ello, ha recalcado que «la vacunación masiva va a depender del número de dosis».

Así, ha subrayado que Galicia tiene capacidad para dispensar 100.000 vacunas a la semana, si bien la cantidad máxima que ha recibido en una semana «no llega a 200.000». «Si tenemos capacidad para 100.000 diarias y nos tocarán 150.000-160.000 en siete días, de momento no tenemos vacunación masiva», ha zanjado.

Pese a ello, ha apuntado que puede que el presidente del Gobierno tenga «alguna información de la que no dispone la Xunta que indique que en junio se incrementará el número de vacunas». «Ojalá así sea», ha remarcado.

Mientras, ha incidido en que «lo importante es seguir cumpliendo los requisitos de las distancias y las profilaxis necesarias para ir ganando tiempo» de forma que se puedan mantener los índices de contagio estables y poder avanzar con la vacunación.

A pesar de la apertura de la hostelería en Galicia de hace 10 días, ha puesto en valor que en el día de hoy los índices están «un poco mejor» tanto en lo referente a los contagios –a 7 y a 14 días–, como en lo que respecta a la hospitalización de personas en planta o en las UCIs. En todo caso, ha señalado que «esta semana que entra va a ser determinante para ver los efectos que ha tenido esta apertura».

TODA LA POBLACIÓN

A continuación, Feijóo ha revalidado las declaraciones de la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, acerca de que que la vacunación de toda la población gallega puede concluir «antes de final de año» si se incrementan el número de dosis recibidas y se comercializan antígenos desarrollados por otras farmacéuticas.

El presidente autonómico ha manifestado que si se sigue «a este ritmo, lo lógico es que a finales de año» se haya vacunado a los 2,7 millones de gallegos que está previsto que se vacunen, y pueda haber inmunidad. Todo ello, ha aclarado, de acuerdo con los cálculos realizados a partir del número de vacunas que les llegan cada lunes.

En este sentido, ha apuntado que «todo parece indicar que Pfizer va a incrementar el número de entregas a países de la Unión Europea», no obstante, ha lamentado que no va a haber «AstraZeneca en la cantidad que –hubo– hace semanas». A ello se suma que, «de momento» Moderna y Jansen no han llegado «a parámetros que –les– gustaría».

En todo caso, ha remarcado que ya se ha superado el 40 por ciento de la población vacunada con la primera dosis y el 20 por ciento con la segunda. Con ello, ha destacado, «hay un antes y un después» porque «las personas que se han vacunado no han vuelto a ingresar en planta», salvo «alguna excepción excepcionalísima».

«Lo cierto es que la mortalidad se ha desplomado, llegamos a tener 30 cada día» y ahora hay «uno, dos, ningún fallecido». «Hay un antes y un después desde el punto vista mortalidad, que no desde el virus, que sigue activo y no entiende más que de la vacuna», ha sellado.

SIN MASCARILLA A PARTIR DE JULIO

Por otro lado, respecto al uso de la mascarilla, ha reiterado –como ya hizo en días previos– que cuando se circule con normalidad y al aire libre «lo lógico es que la mascarilla se vaya cayendo a partir del mes de julio-agosto».

«Los epidemiólogos que forman parte del comité clínico nos dicen que lo lógico es que a medida que avance la vacunación, entendemos que por julio-agosto las mascarillas en exterior no serán necesarias salvo en calles muy concurridas o cuando no sea posible la distancia social», ha explicado.

En todo caso, ha recalcado que esta situación «dependerá de las vacunas que se vayan dispensando y de los índices de contagio» que se registren en cada municipio, provincia o comunidad autónoma.

Fiscalía ha incoado diligencias para investigar presuntas irregularidades en el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia, tras la denuncia que presentó el grupo ‘popular’ en la corporación provincial, según ha informado esta formación en un comunicado.

Los hechos que el PP puso en conocimiento del ministerio público «describen una actuación antes, durante y después del proceso de selección, que indiciariamente podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación».

Según sostiene el PP, en el transcurso de ese proceso «se detectaron situaciones en las que los técnicos han denunciado presiones por parte de algún responsable político, principalmente por parte del presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, Ramiro Rivera».

«Desde el mismo momento en el que se determinó la persona ganadora del proceso de selección se puso en marcha una operativa para intentar revocarlo. Las alegaciones del candidato que quedó en segundo lugar se tomaron como base para paralizar la contratación, cuestión que el presidente del Consejo de Administración ordenó por escrito, amparado en los informes del jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera», señala el PP, que recuerda que este último acaba de ser detenido en la segunda fase del caso Azud y que sigue sin ser cesado de su cargo.

En esta línea, señala que, «en ningún momento», se atendió ni valoró la contestación que el tribunal de selección emitió al candidato que quedó en segundo lugar desestimando sus alegaciones. Los miembros del tribunal se han reafirmado en que el proceso de selección fue transparente y con todas las garantías legales por lo que si el candidato que alegó tenía dudas debía acudir al órgano jurisdiccional correspondiente.

En esta línea, el PP señala que los intentos «repetidos» de sacar adelante en el Consejo de Administración los informes del jefe de los servicios jurídicos «poniendo en duda lo que ninguno de los candidatos impugnó en su momento, como la composición del tribunal y la confección de las bases, no tuvieron éxito», unas actuaciones que «solo revelaron el especial interés en revertir el resultado final del proceso de selección que habían determinado los técnicos».

Finalmente derivaron en una fractura dentro del Consejo de Administracion y en una situación «de incertidumbre» entre los responsables de la empresa pública.

GRAVES IRREGULARIDADES

El portavoz del PP en la Diputación, Vicente Mompó, ha lamentado que durante este proceso de los últimos meses se han producido «graves irregularidades» y ha quedado claro que «cuando los técnicos se mantuvieron firmes frente a la injerencia política, el equipo de Toni Gaspar optó por cerrar la empresa».

Mompó ha valorado que el fiscal haya iniciado las investigaciones para poder «aclarar lo sucedido» y ha recordado que en el proceso de selección hay miembros del tribunal «que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas» y este organismo «incluso concedió a alguno de ellos la condición de testigo protegido».

Además, recuerda que hay otras denuncias recogidas en el Consejo de Administración de Divalterra por parte del gerente, Antonio Mas, en las que asegura haberse sentido «juzgado por parte del jefe de los servicios jurídicos sin ni siquiera darle la oportunidad de hablar».

«Hemos sufrido multitud de cortapisas para acceder a los expedientes y ejercer la labor de fiscalización, se han producido nombramientos de consejeros que, bajo la apariencia de técnicos, tenían una clara adscripción política, y durante meses no hemos podido expresar nuestras quejas a lo que sucedía en Divalterra, por lo que parecía inevitable que fuera la Fiscalía quien investigara todo lo que ha acontecido», ha precisado el portavoz del PP.

Mompó ha explicado que la decisión de cerrar la empresa anunciada recientemente por Gaspar «obedece más a la pérdida de control político por parte del actual equipo de Gobierno de la Diputación que a cualquier otro condicionante y el hecho de anunciarlo en una Junta cuya celebración habían forzado de los grupos de la oposición, lo evidencia aún más».

Asimismo, ha destacado que esta investigación se suma al procesamiento de Voro Femenía en el caso Alquería o al de la alcaldesa de Llaurí, Ana María González, que fue recientemente condenada por conducir en estado de embriaguez en la zona de ocio de la Marina de Valencia y subraya que ambos son asesores de la Diputación con Toni Gaspar.

A ellos se suma Raúl Pardos, que es asesor-coordinador del PSPV en la Diputación y que acaba de ser procesado en la causa de los «zombis» de Imelsa . Por ello, Mompó ha pedido a Gaspar que «rompa su silencio y actúe con la ejemplaridad que exigen los valencianos».

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de la anulación del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, con sede en Granada, que no ratificó el cierre perimetral del municipio de Montefrío como medida adoptada por la Junta de Andalucía Frente al covid. Considera que la medida era necesaria e idónea al objetivo sanitario perseguido por las autoridades.

Por ello, pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que retrotraiga las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la presentación de las alegaciones del Ministerio Fiscal en la instancia, que no fueron atendidas por una Sala que decidió en contra de las restricciones sin escuchar antes el criterio del Ministerio Público.

En un escrito de 24 páginas dado a conocer este lunes, la Fiscalía argumenta que el auto recurrido que las eventuales insuficiencias de la L.O. 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública no afectan a la posibilidad de adoptar la medida sometida a autorización judicial, «puesto que la misma tiene no excede sustancialmente, en términos de razonable interpretación de la ley, del control del medio ambiente inmediato en el que la librecirculación de las personas enfermas de COVID-19, y de las que estén o hayan estado en contacto con ellas, puede suponer un serio incremento del riesgo para la salud, la integridad física y la vida de terceros».

Ello constituye, desde el punto de vista de la proporcionalidad de sus consecuencias, «una restricción necesaria e idónea para la finalidad preventiva que se persigue». Por ello, el escrito firmado por el fiscal de Sala de lo Contencioso del alto tribunal, Pedro Crespo, señala que el TSJ debe autorizar la medida.

Subsidiariamente, y si el alto tribunal no considerara la retroacción de las actuaciones, el fiscal interesa la casación y anulación del Auto recurrido, «con declaración expresa de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del Ministerio Fiscal».

PRIMER POSICIONAMIENTO EN EL NUEVO RECURSO

Este posicionamiento de la Fiscalía es el primero que se conoce tras la creación del nuevo recurso de casación ante el Supremo, que permite que sea el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra a la hora de ratificar o no las restricciones frente al covid una vez levantado el estado de alarma.

Está pendiente conocerse la postura del Ministerio Público respecto de los cierres proyectados en las listas Canarias, pero este informe aún está pendiente de ser presentado, han señalado fuentes fiscales.

DEFENSA DEL NUEVO RECURSO

Parte del escrito dado a conocer este jueves se centra en defender el interés del nuevo recurso creado, por el «relevante interés casacional» del caso que se presenta pues servirá para fijar «fijar, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de derecho estatal en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales han establecido».

Es público y notorio, recuerda la Fiscalía, que la principal controversia suscitada en el ámbito jurídico -e incluso enel debate público- tanto con carácter previo a la declaración de estado de alarma el pasado mes de octubre como a raíz de su conclusión el pasado 9 de mayo, gira precisamente en torno «a la disponibilidad de normas legales idóneas habilitantes, en el marco constitucional, para dar cobertura a las medidas sanitarias de prevención del contagio por covid 19, cuando dichas medidas pueden afectar al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales».

Son numerosas las resoluciones judiciales -recuerda la Fiscalía- que se vienen inclinado por una solución distinta a la alcanzada por el TSJ de Andalucía en este caso y, de hecho, son manifiestamente contradictorias al sostener que la legislación mencionada, y en particular la L.O. 3/1986, constituyen una base normativa hábil y apta para la adopción de esta clase de medidas.

Esta es la tesis por la que se inclina el Ministerio Público, que recuerda en su escrito dichas resoluciones -como la del TSJ de la Comunidad Valenciana, a favor de las restricciones-.

LA DECISIÓN PUEDE PROVOCAR GRAVE DAÑO

Es más, concluye que una decisión de contrario que sea «absolutamente excluyente, sin matices, de la posibilidad misma de adoptar medidas sanitarias preventivas frente al contagio fuera del específico supuesto del control de las personas enfermas y sus contactos directos·, como la que se desprende del auto recurrido, «puede determinar un grave daño para el interés general que se concreta en la protección de la salud pública, y más específicamente en la tutela del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 43.1 de la Constitución Española».

Llega a decir que el auto recurrido «interpreta incorrectamente la Constitución en lo que se refiere al alcance, interpretación y efectos de la reserva de ley orgánica contenida en el artículo 81.1 de la Ley que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA», y con ello incurre en el error de descartar de antemano toda aproximación al examen concreto de legalidad de la medida sanitaria que la Junta de Andalucía pretendía adoptar, «por lo que, a su vez, llega a una solución equivocada del procedimiento».

Para la Fiscalía, la hipótesis de que de conformidad con el artículo 81.1 de la Constitución Española solamente mediante ley orgánica podrá regularse el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas no conduce forzosamente a que «toda previsión normativa que implique una limitación o restricción de un derecho fundamental por incidir en el ejercicio de su contenido esencial, deberá realizarse necesariamente en virtud de una ley revestida de rango orgánico, y mucho menos a convertir esa afirmación en fundamento jurídico incuestionable de la imposibilidad de que una medida restrictiva como la que se analiza en este recurso».

El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras conocerse que ERC y Junts han cerrado un principio de acuerdo para formar un Govern de coalición en Cataluña, que la legislatura «habrá acabado» si acepta indultar a los condenados por el ‘procés’ para seguir en el Palacio de la Moncloa.

«Creo que el independentismo catalán hoy avanza en este viaje a ninguna parte con Sánchez de copiloto y creo que si Sánchez acepta indultos para seguir montado en ese coche de copiloto, la legislatura habrá acabado», ha advertido Casado.

Tras asegurar hoy ya había escuchado «decir a miembros del Gobierno que no lo descartaban», el presidente del PP ha afirmado que «cuando un Gobierno hace aguas y un barco se hunde, no tiene mucho sentido que el capitán diga ‘vamos a dar la vuelta al mundo'».

Así se ha pronunciado en las jornadas ‘Reto Demográfico’ de la Fundación Concordia y Libertad y que ha dedicado su primera sesión al Día Internacional de las Familias. De hecho, ha avanzado una ley de maternidad y familia que incluirá una prestación por desempleo mayor a los que tengan más hijos y ha señalado que el PP presentará de forma «inmediata» una proposición de Ley en el Congreso para que la prestación por desempleo se contabilice también a partir del segundo hijo.

«EMPEZAR A PENSAR EN LA ESPAÑA DEL 2050 ME PARECE UN INSULTO»

Casado ha recalcado que en España la situación «económica, social, territorial y social es límite» y, por lo tanto, «no lleva a ninguna parte decir» que hay que «mirar a una España prospectiva del 2050», en alusión al plan que Pedro Sánchez quiere presentar esta semana.

A su entender, Sánchez «no puede montar otro acto de autobombo y propaganda a costa del contribuyente». «Empezar a pensar en la España del 2050 me parece un insulto a las personas que lo están pasando mal», ha proclamado, para añadir que pedir pensar en el 2050 «ocultando lo que está pasando en el 2021 es una auténtica irresponsabilidad».

El presidente del PP ha reclamado que los fondos europeos que Bruselas va a conceder a España por la crisis provocada por la pandemia tengan una traslación inmediata al bienestar actual, como hacen todos los países del entorno de todos los signos políticos, no al año 2050.

Casado ha recalcado que «no hay que rendirse» pero el Gobierno parece que lo está haciendo al «fiar todo a lo que va a pasar dentro de 30 años». Por eso, el líder del PP ha solicitado «respeto y sensibilidad» porque «no se puede hablar así a un país con 125.000 víctimas por la pandemia», «seis millones de desempleados» y «dos millones de familias en las colas del hambre».

«EL PP NO PUEDE ARRIMAR EL HOMBRO A UN PRECIPICIO»

También ha criticado que la política de familia del Gobierno sea «recortar el complemento de las pensiones de las abuelas, hacer un sablazo fiscal a los padres, abocar a un paro masivo a los hijos y dejar una deuda eterna a los nietos». «Eso no es una política de familia sino para salir del paso hoy e intentar engañarnos con planes para dentro de 30 años que ni se van a cumplir no vamos a ver», ha denunciado.

Además, ha echado en cara al Gobierno que se pueda plantear eliminar la reducción por declaración conjunta del IRPF, suprimir el IVA superreducido o reducido que afecta a productos de primera necesidad o suprimir la prestación por hijo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%. «Ahora que dicen que hay que reformar la Constitución para modificar un término, diría que menos reformas legales y más apoyo a la educación especial», ha dicho, en alusión a la propuesta para reformar el artículo 49.

Casado ha asegurado que el PP en la actual situación «no puede arrimar el hombro a un precipicio» porque «se caería el Gobierno, que se va a caer igual, pero también se caería su alternativa y, por tanto, el futuro del país».

«Creo que esta alternativa es clara y en España ya se han visto dos modelos de hacer las cosas», ha subrayado, para añadir que hay que tomarse «en serio» a los españoles, que están «muy hartos de políticos» y «debates de barra de par» porque han llegado «al límite de su paciencia».

DICE QUE LA AGENDA DEL GOBIERNO NO ES LA AGENDA DE LA GENTE

El presidente del PP ha señalado que la situación del país «contrasta con la agenda que se está viviendo día a día en los medios de comunicación» y «a veces incluso en los Parlamentos. «Creo que lo que estamos viviendo es una disociación de la realidad. Estamos viendo como se está hablando de planes que endeudan a la sociedad hasta 2058», ha criticado, en alusión al plan de recuperación remitido por Pedro Sánchez a Bruselas.

En este sentido, ha afirmado que son la «generación más egoísta» de la historia porque «nunca antes se había dado por bueno que los hijos iban a vivir peor que sus padres», cuando hay «un 40% de paro juvenil y una tasa de fertilidad que hace imposible la reposición para sostener el estado del bienestar».

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al Gobierno que asuma «la coordinación» y «la dirección global» en la lucha contra la pandemia y cumpla así «el mandato constitucional» ya que las comunidades autónomas están cumpliendo su parte prestando los servicios que tienen transferidos, al tiempo que ha apelado a la búsqueda del bien común «frente a intereses personales o particulares», ya sean de carácter político, social o de territorio.

En una comparecencia este lunes en la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, donde se ha presentado un número monográfico de la Revista de ‘Occidente’ sobre el V centenario del movimiento comunero, Fernández Mañueco ha señalado que las comunidades autónomas también deben cumplir con lo que les «manda» la Carta Magna y «prestar a pie calle» los servicios públicos que tienen «encomendados» y que a lo largo de «estos meses de pandemia» se están «ejercitando» en esa tarea.

«El Gobierno de España necesita también cumplir con ese mandato, el de la coordinación y la dirección global» ha destacado Mañueco, para hacer frente a «esta lucha» de «ámbito mundial». «Debemos cumplir todos con nuestro mandato constitucional», ha reiterado.

En la misma línea, Fernández Mañueco ha explicado que «cumpliendo con lo que el sistema establece» se «alimenta» la democracia, que es le «mejor fruto de la Transición» y no está «garantizada a perpetuidad», por lo que se debe «regar» para que no se «marchite».

UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS LÍMITES DEL PODER

El presidente de Castilla y León ha recordado que este año se cumplen los 500 años de la batalla de Villalar, «momento culmen» del movimiento comunero que «invita a reflexionar» sobre los «límites del poder» algo que ningún gobierno debería «olvidar», «incluso en las peores crisis» como la actual.

Mañueco ha señalado existe un «paralelismo» con la actualidad: «El peligro de que algunas capas sociales no son capaces de encontrar en el sistema político las soluciones que necesitan» y ha advertido contra los «populismos» y «extremismos actuales», que son un ejemplo de lo que no se debe ser.

También ha añadido que esta conmemoración del levantamiento comunero es un ejemplo de la contribución de Castilla y León «a la construcción de España» y de lo «mucho» que la comunidad tiene que aportar «al futuro de España y Europa». Al acto también ha asistido la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.