Fundación Mujeres ha advertido este lunes en el Congreso que la Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que la semana pasada vio la luz verde en el Senado, no blinda el derecho procesal de los menores a ser escuchados y pide que en el último trámite en el Congreso se modifique este punto.

La presidenta de esta entidad, María Luisa Sotelo, ha advertido en este sentido de que cumplir con el derecho de los menores a ser escuchados no es que puedan declarar «en una sala llena de peluches», sino que se «les tenga en consideración».

Sotelo critica, por ejemplo, que, mientras en los medios de comunicación y desde los partidos se habla de que esta ley prohíbe el Síndrome de Alienación Parental (SAP), el artículo que habla de este tema recoge que se «tomen medidas» en la materia y deja «al albur» de la interpretación lo que haya que aplicar.

Sotelo cree que esta no es la manera por la que se conseguirá que en los juzgados de España se deje aplicar el SAP y señala que, mientras las autoridades pertinentes toman las medidas que reclama la Ley en este sentido, «muchas mujeres» están «esperando» como «víctimas de la terapia del alejamiento».

Preguntada por la portavoz de Vox en esta comisión, Carla Toscano, por la postura de la Fundación en relación al SAP y el por qué rechazan esta práctica y defienden la violencia vicaria, Sotelo ha explicado que el síndrome «provoca una vulneración de los derechos de la tutela judicial de los menores» a través de una idea preconcebida de que no quiere estar con uno de sus progenitores, evitando que se inventigue el caso.

Como ejemplo, ha puesto los diarios y cartas de una niña separada de su madre que, durante cinco años, reclamaba en esos escritos su deseo de verla, un mensaje que no se atendió que «por incomprensión del equipo psicosocial y de una Fiscalía no especializada en violencia de género».

TENER EN CUENTA EL TESTIMONIO DEL NIÑO

A su juicio, el SAP es un ejemplo más de las «carencias de protección» a los menores que existen en el país. Y, en este sentido, ha pedido a las diputadas que, cuando la Ley vuelva al Congreso, tras su paso por el Senado, se vuelvan a leer el texto y lo modifiquen para blindar «no solo que los menores puedan testificar», sino para que «se les haga caso» en dicho testimonio.

Sotelo ha reconocido que, aunque «tarde» se han puesto en marcha algunas medidas que eran necesaria para la «protección y reparación» específica de estos menores y apunta que, algunas de estas medidas «aún generan dudas», principalmente en lo que respecta al ámbito judicial.

En este sentido, urge a aclarar que la violencia de género sea un «elemento inhabilitante» de la patria potestad y se cumpla lo que el movimiento feminista reivindica desde hace años, «que un maltratador no es un buen padre». También ha denunciado carencias en materia de pensiones de orfandad, una ley que, ha recordado debía ser evaluada tres meses después de su puesta en marcha, según el Pacto y que, según ha indicado Sotelo, no tienen «noticias» de que esta evaluación «se haya realizado».

PROTEGER DE LOS DELITOS SEXUALES

«No estamos protegiendo adecuadamente a los niños de los entornos de la violencia de género», ha lamentado la presidenta de Fundación Mujeres, para añadir que tampoco se están desarrollando procedimientos judiciales para perseguir su ejecución.

Parte de esta falta de protección, explica la presidenta de Fundación Mujeres, se solucionaría con la puesta en marcha de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley ‘solo sí es sí’ y la reforma que realiza en su texto para unificar el delito de abuso y agresión sexual en un mismo tipo.

«Tiene que cambiar digan lo que digan el CGPJ y el Consejo de Estado», ha denunciado, antes de criticar que «no funciona este tipo penal».

Sotelo ha denunciado en su comparecencia en el Congreso que, en la actualidad, la pena es menor para quien viola a una menor, que quien pega a una paliza a una mujer para agredirla sexualmente, porque las niñas no se defienden y sería abuso.

CAMPAÑAS TAMBIÉN PARA LA JUVENTUD

La intervención de Sotelo ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Cámara Baja tenía como objetivo informar sobre la aplicación de este acuerdo años después de su aprobación y, junto a ella, también ha comparecido ante el órgano la presidenta de la Confederación Mujeres en Igualdad, Susana Camarero.

Esta última también se ha referido a la atención a la infancia víctima de violencia de género y a la necesidad de recursos para que su educación les ayude a reconocer esta lacra, para que los operadores que los atienden sepan de su sufrimiento y sepan atenderlos. El objetivo, ha indicado, es que la juventud no continúe reproduciendo «patrones discriminatorios y machistas».

En este sentido, ha reclamado más campañas o adecuarlas para que lleguen y sean más visibles a la juventud.

También se ha referido a la Ley del ‘solo sí es sí’, aunque en su caso para mostrar su preocupación por la «inseguridad jurídica» que genera entre los expertos y la «confrontación y división» que ha provocado el texto. Es por ello que ha pedido que se siga trabajando en las medidas del Pacto de Estado en esta materia y que no se trabaje en donde no hay consenso.

URGE A LA LEY DE TRATA

Esta postura ha sido criticada por la portavoz de Unidas Podemos en esta sesión, Isabel Franco, quien ha defendido la necesidad de esta norma. Para Camarero, no es necesario «entrar en un debate que no estaba en el Pacto». A su juicio las «víctimas necesitan consenso» y «unidad» y que se «priorice» aquello en donde «el acuerdo» ya esté conseguido.

Se refiere así a la puesta en marcha una ley integral contra la trata que ha reclamado al Gobierno porque, como ha indicado, así se recoge también en el Pacto. Al respecto, ha declarado la actitud, a su juicio, preocupante por la «deriva proregularización» que está llevando la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la redacción de este texto. «La ley de trata es una prioridad y necesidad e insisto a que esto se convierta en prioridad en la agenda y que por fin vea la luz en esta legislatura», ha declarado Camarero.

La presidenta de la Confederación Mujeres en Igualdad, exsenadora y exsecretaria de Estado del PP, también ha llamado a la puesta en marcha de más protocolos de actuación para la prevención de la violencia sexual para comunidades y ayuntamientos. En este sentido, ha recordad que en 2019 el dinero recibido del pacto por los consistorios sirvieron para poner puntos violeta en las fiestas, un escenario que ya no existe en estos años de pandemia, por lo que pide replantearse su uso.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha designado este lunes a Ricardo Cuesta del Castillo y Fernando Marín Castán magistrados de la Sala Quinta del Tribunal Supremo en ejecución de las sentencias de la Sala Tercera del alto tribunal que anularon sus nombramientos por no haberse solicitado durante el procedimiento varios informes preceptivos previstos en las bases de convocatoria y ordenaron retrotraer las actuaciones y formular nueva propuesta de provisión de las plazas.

En un comunicado, el gobierno de los jueces explica que la Sala Tercera señaló en sus sentencias que estas debían ser cumplidas en sus propios términos incluso «en el supuesto de que el legislador modificara la capacidad del Consejo General del Poder Judicial para hacer nombramientos antes de su renovación», lo que ocurrió con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021.

En este contexto, la sentencia añadió que «tales modificaciones, de producirse, no pueden afectar a una sentencia firme que retrotrae actuaciones a un momento anterior a tales hipotéticos cambios –los nombramientos habían sido acordados en el Pleno de 28 de noviembre de 2019– para que el procedimiento se repita conforme a derecho por el Consejo General del Poder Judicial en las circunstancias y condiciones existentes en aquel momento».

Solicitada posteriormente aclaración por uno de los candidatos sobre las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, que suprime la atribución para hacer nombramientos discrecionales cuando el CGPJ esté en funciones, la Sala dictó un auto señalando la irrelevancia para el litigio de la reforma legislativa y reiterando que las sentencias debían ejecutarse en sus propios términos en el plazo fijado.

De este modo, el Pleno del CGPJ, una vez solicitados los informes preceptivos y elevada propuesta por la Comisión Permanente, ha procedido al debate y votación de las dos plazas, correspondientes al turno jurídico militar y que habían quedado vacantes por la jubilación de los magistrados Francisco Menchén y Javier Juliani.

Para la primera de las plazas, el general consejero togado Fernando Marín Castán ha obtenido 18 de los 21 votos del Pleno. Los vocales Roser Bach, Concepción Sáez y Enrique Lucas han votado en blanco y las dos primeras han anunciado que formularán voto particular.

Así, para la segunda de las plazas, el general consejero togado Ricardo Cuesta del Castillo ha obtenido 15 de los 21 votos del Pleno y el también candidato general consejero togado Carlos Melón Muñoz, 3 apoyos. Los vocales Roser Bach, Enrique Lucas y Concepción Sáez han votado en blanco.

De esta manera, el CGPJ explica que con la designación de Marín Castán y de Cuesta del Castillo «se cumple lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica 4/1877, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, que establece que cuatro de los ocho miembros de la Sala Quinta del Tribunal Supremo deben proceder del Cuerpo Jurídico Militar».

Por otra parte, se ha rechazado la propuesta de los vocales José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona para que el Pleno se pronunciase sobre la falta de informe del CGPJ en relación con las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma. La propuesta ha sido rechazada por 12 votos a 7 -los de los proponentes. Los vocales Wenceslao Olea y Rafael Fernández Valverde han votado en blanco.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que garantice «de inmediato» la integridad de la frontera española en Ceuta ante la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma y coordine con Marruecos la devolución de inmigrantes.

Así se ha pronunciado Casado ante las últimas informaciones que se están conociendo acerca de que más de dos mil personas han entrado en Ceuta en apenas unas horas, siendo menores muchos de esos inmigrantes que están llegando a España.

«Acabo de hablar con el presidente de Ceuta para apoyarle en la grave crisis migratoria que sufre nuestra ciudad autónoma», ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El líder de la oposición ha exigido actuar al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. «El Gobierno de España debe garantizar de inmediato la integridad de nuestras fronteras y coordinar con Marruecos la devolución de los inmigrantes a su país», ha demandado.

EL PP ACUSA A MARLASKA DE SER «UN CHOLLO» PARA LAS MAFIAS

Ante esas informaciones sobre la llegada de inmigrantes a Ceuta, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha afirmado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska «se ha convertido en el mejor aliado de las mafias que trafican con personas».

«No hace nada con la crisis migratoria de Canarias y no piensa hacer nada en Ceuta», ha proclamado Beltrán, para solicitar una vez más la dimisión del ministro del Interior.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, quien se ha preguntado «dónde está Marlaska» ante esas informaciones que recogen la llegada de centenares de inmigrantes a Ceuta tras permitir Marruecos el acceso sin control por la playa.

«Es intolerable el quebranto de nuestras fronteras con la permisividad de Marruecos y la nula política migratoria de España. Marlaska es un chollo para las mafias», ha afirmado la diputada del Partido Popular, que ha avanzado que su partido exigirá «responsabilidades ya».

La diputada de Ciudadanos por Cádiz María Carmen Martínez ha anunciado este lunes que sustituirá al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado en la Ejecutiva nacional tras conocer su decisión de dejar la política.

«Es un orgullo para mí contaros que a partir de hoy formaré parte de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos», ha trasladado Martínez a través de su perfil de Twitter.

Ha aprovechado el mensaje para agradecer la confianza que le ha depositada la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, la secretaria general del partido, Marina Bravo, y el vicesecretario general y portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, así como al resto de miembros de la Ejecutiva.

«El recibimiento ha sido maravilloso. Seguimos», ha añadido la diputada por Cádiz en la citada publicación después de que se conociera que esta tarde Ignacio Aguado ha presentado su dimisión tras seis años al frente del partido en Madrid, donde será relevado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

María Carmen Martínez entró en el Congreso de los Diputados como parlamentaria por Cádiz en las elecciones de abril de 2019. Asimismo, fue una de los diez diputados de la formación ‘naranja’ que logró mantenerse en el escaño tras las generales de noviembre.

SALIDA DE AGUADO

Según han explicado fuentes próximas al exvicepresidente, este ha rechazado el encargo de la presidenta nacional de la formación, Inés Arrimadas, de organizar la convención nacional del partido.

Asimismo, mantendrá su afiliación al partido y ha deseado «mucha suerte» a sus compañeros y «acierto» en las próximas elecciones». Aguado ha rechazado «rotundamente» la posibilidad de fusionarse con el PP o el PSOE y ha agradecido a quien fuera presidente del partido Albert Rivera «la oportunidad» de estar al frente de la formación.

«Ha sido un orgullo liderar Ciudadanos en Madrid y compartir proyecto con tantas personas excepcionales. Gracias a todos, de corazón», ha añadido en sus redes sociales.

Desde el partido han asegurado que se trata de una «decisión personal», que volverá al sector privado y que ya había informado a la dirección previamente.

Asimismo, han negado que se le ofreciera organizar la convención y han apuntado que «sencillamente formaba parte de un grupo amplio junto a otros miembros de la dirección de Cs que están trabajando en la Alternativa Liberal».

El eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauza ha afirmado este lunes que Israel está respondiendo «con extrema moderación» a los cohetes que Hamás lanza contra su territorio y que este grupo es el culpable de que los bombardeos de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza causen la muerte de civiles, porque usa a los palestinos como «escudos humanos».

En una entrevista en Radio Sefarad –la radio de la comunidad judía en España–, Bauzá ha señalado que Israel es «un Estado democrático» que «está ejerciendo su legítimo derecho a defender a una población de un ataque indiscriminado que no distingue a judíos, cristianos o musulmanes».

Además, considera que las Fuerzas Armadas israelíes responden «con extrema moderación» a los ataques de Hamás, ya que «atacan objetivos militares y revisan y avisan antes» a la población palestina para que evacúen los edificios con el objetivo de «minimizar las bajas civiles».

Según el eurodiputado, expresidente del Gobierno de Baleares y exdirigente del PP, cuando mueren civiles palestinos se debe a que las fuerzas de Hamás –que gobierna la Franja de Gaza– «están buscando causar» esas bajas; por ejemplo, al ubicar junto a zonas residenciales lanzaderas de misiles, que son un objetivo militar para Israel. «Se está produciendo el uso de la población civil como escudos humanos y eso es un verdadero drama para todos», ha añadido.

«NO VALE LA EQUIDISTANCIA», SEGÚN BAUZÁ

Mientras Hamás, «que es una organización terrorista reconocida como tal en el ámbito internacional«, actúa de esta manera, el Gobierno de Benjamin Netanyahu está «buscando a toda costa evitar bajas civiles, tanto israelíes como palestinas», ha asegurado Bauzá.

Desde su punto de vista, esta es una situación ante la cual «no vale la equidistancia», sino que hay que denunciar los ataques de Hamás y no ver a Israel «como el agresor».

Asimismo, sostiene que este grupo palestino ha iniciado «una escalada deliberada» de violencia entre ambas partes, «con la excusa de los incidentes en Jerusalén», para conseguir «un rédito político» en un momento en el que se estaba criticando su gestión de la pandemia del coronavirus y que sigan sin celebrarse elecciones en Gaza.

Lo que persigue Hamás, según el dirigente de Ciudadanos, es que el Gobierno de Estados Unidos intervenga como «pacificador» del conflicto entre israelíes y palestinos y se busque una solución que trate a ambas partes como «iguales».

Las tensiones en la zona aumentaron el 9 de mayo, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron nuevamente en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén –lugar conocido como Monte del Templo por los judíos– y lanzaron gases lacrimógenos incluso en el interior de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.

En respuesta, Hamás lanzó varios proyectiles contra Jerusalén y sus alrededores, tras varias advertencias a Israel sobre la represión policial, lo que llevó a la otra parte a responder con una campaña de bombardeos contra Gaza, a la que las facciones palestinas han respondido incrementando el disparo de cohetes.

SORAYA RODRÍGUEZ SEÑALA QUE ISRAEL DEBERÍA PROTEGER A LOS CIVILES

Las declaraciones de Bauzá contrastan con la postura expresada estos días en Twitter por su compañera de Cs Soraya Rodríguez, también diputada en el Parlamento Europeo, que se ha mostrado muy crítica con la actuación de Israel en la Franja de Gaza.

«Cuando se bombardea un territorio de 360 kilómetros (poco más que la mitad de Madrid), cercado por un muro con 2 millones de personas dentro, el objetivo es la población civil. Si bombardea el Estado ocupante, quien tiene obligación de proteger a la población civil, es catástrofe humanitaria», ha escrito.

Según Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional, la población civil de Gaza «no puede huir ni protegerse» porque es «rehén de Hamas» y se encuentra «bajo las bombas de Israel». Se ha mostrado especialmente preocupada por la muerte de casi 60 menores palestinos y dos niños israelíes en la última semana.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo de Cs celebrada este lunes, se le ha preguntado a la presidenta del partido, Inés Arrimadas, cuál es la postura de la formación naranja ante este conflicto, si está más cerca de la posición de Bauzá o de la de Rodríguez, pero no lo ha aclarado.

«En general, nosotros mostramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de este terrible conflicto y lo que siempre hacemos es sumarnos a las posiciones de los organismos internacionales en este sentido», ha manifestado.

El PP ha acusado este lunes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de ser un «chollo» para las mafias que trafican con personas al no actuar ante la crisis migratoria en Canarias ni hacer «nada» ahora en Ceuta. Tras asegurar que la «única salida del ministro es la dimisión», ha calificado de «intolerable el quebranto» de las fronteras de España «con la permisividad de Marruecos y la nula política migratoria de España».

Así se han pronunciado la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, y la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, que han pedido explicaciones al Gobierno ante las últimas informaciones que se están conociendo acerca de que más de 600 personas han entrado en Ceuta en apenas unas horas, siendo menores muchos de esos inmigrantes que están llegando a España.

Beltrán ha afirmado que Marlaska «se ha convertido en el mejor aliado de las mafias que trafican con personas». «No hace nada con la crisis migratoria de Canarias y no piensa hacer nada en Ceuta», ha proclamado, para solicitar una vez más la dimisión del ministro.

«¿DÓNDE ESTÁ MARLASKA?»

En parecidos términos se ha expresado Ana Vázquez, que se ha preguntado «dónde está Marlaska» ante las informaciones que recogen la llegada de centenares de inmigrantes a Ceuta al permitir Marruecos el acceso sin control por la playa.

«Es intolerable el quebranto de nuestras fronteras con la permisividad de Marruecos y la nula política migratoria de España. Marlaska es un chollo para las mafias», ha afirmado la diputada del Partido Popular.

Además, la portavoz de Interior del PP en el Congreso ha avanzado en ese mismo mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que su partido exigirá «responsabilidades ya» en el Parlamento. «Marlaska dimisión», ha apostillado.

Los españoles expresan un mayor grado de confianza en las empresas que en otras organizaciones como ONG, medios de comunicación o el propio Gobierno, según arroja el barómetro de confianza realizado por Edelman, quien ha destacado que las compañías no habían ocupado nunca la primera posición en los 20 años que lleva realizando este estudio.

La lectura del índice de confianza se ha situado en 45 puntos, la misma cifra que el año pasado. Este nivel supone que España es el cuarto país más desconfiado de los 27 encuestados, por detrás de Reino Unido, Japón y Rusia.

Por organismos, las empresas se han situado en un índice de confianza de 52 puntos, dos más que el año pasado, mientras que las ONG se han situado en 51 enteros, lo que equivale a un descenso de seis puntos. De su lado, los medios se han mantenido sin cambios con una lectura de 42 y el Gobierno es la institución que más aumento de la confianza ha recibido por parte de los españoles respecto a 2020, al situarse su índice en los 34 puntos, cuatro más.

Según explica Edelman, ninguna de las cuatro instituciones es considerada como ética y competente (dimensiones principales de la confianza) al mismo tiempo. Las empresas son las únicas que aprueban en la dimensión de competencia y las ONG, en el ámbito del comportamiento ético.

«Si bien la crisis sanitaria y económica global puede ser tomada como el motivo principal del nivel de desconfianza en nuestro país, no ha habido ninguna variación en la puntuación con respecto al año pasado (45%). Además, países europeos como Francia, Italia, Irlanda o Alemania han aumentado sus niveles de confianza en el contexto actual», ha subrayado la co directora general de Edelman Lucía Carballeda.

En el índice global, el país cuyos ciudadanos expresan más confianza en las cuatro instituciones sobre las que se encuesta es India, con 77 puntos. Le siguen China (72), Indonesia (72) y Arabia Saudí (69). Edelman ha informado que en su informe de este año ha detectado una caída «récord» en la confianza de los ciudadanos chinos, al situarse el índice diez puntos por debajo que hace un año.

Con respecto a las principales preocupaciones de los Españoles, el organismo ha indicado que el 86% teme perder su puesto de trabajo, mientras que otro 78% siente miedo hacia el cambio climático, un 75% se ve amenazado por el riesgo de perder sus libertades como ciudadano y hasta el 75% ha expresado su miedo a contagiarse de Covid-19.

Los españoles también son muy desconfiados y escépticos con los medios. Un 69% de los encuestados considera que los periodistas «intentan engañar a la gente deliberadamente con afirmaciones falsas o exageraciones», mientras que hasta otro 72% considera que los medios «no lo hacen bien» a la hora de ser objetivos e imparciales.

El 65% de los participantes del estudio también considera que el Gobierno intente engañar deliberadamente con afirmaciones falsas o exageraciones. Ese porcentaje es del 60% en el caso de empresas.

A pesar de la baja credibilidad de los consejeros delegados (42%), el 61% de los españoles piensa que los líderes empresariales deberían dar un paso al frente cuando el Gobierno no resuelve los problemas sociales y tomar la iniciativa en el cambio (52%). El 81% pide que estos líderes hablen públicamente de los retos sociales, situando la pandemia como uno de ellos.

El Partido Popular ha saludado este lunes que el Tribunal Constitucional declare que la libertad de expresión no ampara llamar «asesino» al torero Víctor Barrio poco después de fallecer en el ruedo. A su entender, «no todo vale».

«Me alegro por este pronunciamiento del TC. No todo vale. Mi solidaridad con la familia y amigos de Víctor Barrio», ha declarado la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Así se ha pronunciado después de que la Sala Primera del TC haya desestimado el recurso de amparo interpuesto por la que fue concejal del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) Datxu Peris contra la sentencia del Tribunal Supremo que la condenó a pagar una indemnización por vulnerar el derecho al honor del torero Víctor Barrio al que se refirió como asesino (de toros) en las redes sociales a las pocas horas de fallecer.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares, subraya que, atendidas las circunstancias del caso, las expresiones utilizadas por la recurrente en amparo «se evidencia como innecesarias, desproporcionadas, así como carentes de anclaje alguno en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión». Cuenta con el voto discrepante de la magistrada progresista María Luisa Balaguer.

AYUSO Y MAÑUECO EXPRESAN SU APOYO A LA FAMILIA DEL TORERO

Más cargos del PP se han pronunciado sobre este fallo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que han trasladado a través de las redes sociales todo su apoyo a la familia de Víctor Barrio. «Hoy el TC ha confirmado que en democracia y al amparo de la libertad de expresión, no todo vale», ha agregado Mañueco.

Raquel Sanz, viuda del torero, ha señalado que desde hoy «todos» están «un poco más protegidos frente al delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor». «Así lo reconoce el TC que desestima el recurso de amparo de Datxu Peris contra la sentencia del Supremo que la condena por vulneración al honor. Se hace justicia», ha resaltado.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido de que las aglomeraciones en las calles españolas durante los dos últimos fines de semana, tras el estado de alarma, todavía podrían empeorar la evolución de la pandemia de COVID-19.

«Todavía no podemos asegurar que no vayan a tener un impacto en la evolución de la pandemia, pero las probabilidades de que el impacto sea grande son menores día a día debido al avance de la vacunación. Pero no podemos descartar un incremento de casos en los últimos días por las concentraciones del fin de semana pasado y este», ha señalado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

En cualquier caso, Simón ha calificado de «muy favorecedores» los datos de este lunes, con 11.061 nuevos casos frente a los 13.984 positivos del fin de semana anterior. Así, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 151,82, frente a 162,03 el viernes.

«Son cifras favorables. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen tendencia descendente en los últimos días», ha celebrado, aunque ha advertido sobre las «cifras importantes» de ocupación por COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), que «va reduciéndose» pero aún en valores altos.

«Los fallecidos han pasado de tener una edad media de 81 años en marzo y abril del año pasado a 68 años actualmente. Tenemos cada vez mejor protegidos a nuestra población vulnerable. Los casos graves siguen siendo los más vulnerables, pero cada vez menos. Al tener menor población vulnerable con probabilidad de fallecer, las personas que van a sobrevivir ocuparán más tiempo las camas UCI. Esto hace que las UCI desciendan más despacio», ha esgrimido.

Así, el epidemiólogo considera que «la población inmune está protegiendo a los más vulnerables que pueden generar más casos de hospitalización». «En los grupos por edades de los 60 años todavía no hay un volumen suficiente de población vacunada para impedir que pueda haber transmisión», ha recordado.

Los españoles mayores de 55 años son los más concienciados con la sostenibilidad en el hogar, frente a los jóvenes, ya que el 39 por ciento de los primeros afirma realizar «casi todas» las acciones que hacen que un hogar sea cien por cien sostenible, frente al 21 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 34 años, según concluye el estudio ‘Hogar y sostenibilidad: realidad o deseo’, elaborado por Mutua de Propietarios y Leroy Merlin.

El trabajo, refleja asimismo que, a pesar de que el 80 por ciento considera importante tener un hogar sostenible, apenas el 4 por ciento de los españoles realiza todas las acciones para que su vivienda lo sea al cien por cien.

En concreto, las tareas sostenibles más habituales en los hogares españoles son reciclar (56 por ciento) y emplear bolsas reutilizables para hacer la compra (53 por ciento). Por el contrario, las menos frecuentes son adecuar la temperatura del aire acondicionado y consumir alimentos locales o desenchufar los cargadores, de acuerdo con el estudio para el que se ha analizado las acciones sostenibles de 1.500 hogares de toda España.

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De entre los más jóvenes, apenas el 21 por ciento admite que cumple siempre con las tareas para mantener un hogar sostenible. Para el director general del Grupo Mutua Propietarios, Christopher Bunzl, el estudio pone de manifiesto la necesidad de seguir educando a las generaciones futuras sobre la importancia de adoptar hábitos de vida que contribuyan a cuidar del entorno, a comprometerse en desempeñar pequeñas acciones cotidianas que, sin embargo, tendrán un gran impacto en el futuro del planeta.

En ese sentido, ha manifestado que aunque la conciencia en materia de sostenibilidad es cada vez mayor, existe «cierta discordancia» entre lo que la gente piensa y lo que hace y queda «claro que aún hay mucho por hacer.

A ese respecto, ha añadido que, por ejemplo el estudio expone que solo el 38 por ciento fija la calefacción por debajo de 21ºC en invierno y que apenas el 28 por ciento marca la temperatura del aire acondicionado por encima de 23ºC en verano; que solo el 35 por ciento apaga los artefactos electrónicos cuando no se están usando, el 34 por ciento apaga los cargadores y el 10 por ciento consume alimentos locales.

Precisamente, el estudio pone de manifiesto también de que el desconocimiento sobre la materia y el alto coste de determinados elementos hace que solo el 10 por ciento tenga instalados todos los elementos que hacen que su vivienda cumpla con los criterios de sostenibilidad tales como bombillas leds (73%), electrodomésticos A++ (61%), aislamiento de las ventanas (61%), cisternas de doble descarga, aireadores de grifos (31%) y paneles solares (10%).

Pero la pandemia podría haber modificado los hábitos, ya que ahora los españoles han pasado y pasan más tiempo en casa y por ello, según Bunzl, se ha observado un cambio de tendencia entre los ciudadanos sobre la responsabilidad de contar con un hogar sostenible y adoptar hábitos de consumo que contribuyan a mejorar el estado del medio ambiente para las próximas generaciones.

En el encuentro ha participado el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MINETAD), David Lucas, que ha manifestado que la pandemia ha puesto en evidencia aún más la necesidad de abordar el reto de la vivienda, ya que se ha constatado la falta de espacio y la ineficiencia del parque de edificios en España que es «antiguo» y en el que 9,7 millones de viviendas necesitan ser rehabilitadas para mejorar su eficiencia.

Así, ha señalado que el Gobierno, antes de la pandemia, trabajaba con la idea de rehabilitar unas 300.000 hogares al año pero solo se ha conseguido llegar a 31.000, lo que indica que existe un «reto mayúsculo». En todo caso, ha augurado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia supone una «gran oportunidad».

De ese modo, confía que cuando lleguen esos fondos se haga posible que España entre en una acción constante y frecuente de rehabilitación y se puedan lograr esas viviendas dignas y adecuadas que eliminen la brecha social, que hace que unos españoles cuenten con viviendas amplias y eficientes y otros no.

A su juicio, la sostenbilidad puede generar «muchísima» actividad económica y generar empleo estable y de calidad durante las próximas dos décadas la sostenibilidad puede generar muchísima actividad económica y crear empleo estable y de calidad. «De los 9,7 millones de viviendas que podemos rehabilitar, encontraremos una actividad eficiente y duradera para el empleo», ha asegurado.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE VIVIENDAS REHABILITADAS

Asimismo, ha asegurado que la rehabilitación de viviendas es una de las componentes más importantes del plan ‘España puede’ puesto que se destinarán 6.820 millones de euros a rehabilitación de edificios públicos y privados, a promoción de vivienda social, entre otras actuaciones en materia de vivienda con el objetivo de rehabilitar unas 510.000 durante el periodo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (2021-2023), que generarán al menos 188.000 empleos directos.

«La próxima semana tendremos la Conferencia sectorial para, a partir de ahí, empezar a transferir fondos para implantar las acciones para, sobre la base de la eficiencia y sostenbilidad, conseguir viviendas más dignas, sostenibles, eficientes y que mejoren la calidad de vida de los españoles», ha adelantado.

Por su parte, el director general de Vivienda y Suelo del MINETAD, Javier Martín, ha ahondado en las intenciones del Gobierno en relación con el plan de recuperación europeo relativo a que los propietarios y comunidades de propietarios conozcan las ventajas en materia de rehabilitar energéticamente un edificio. «Se están rehabilitando solo unas 30.000 viviendas al año y tenemos que multiplicar esto por 10 en pocos años», ha apostillado.

Además, respecto al impacto de la pandemia en la sostenibilidad de las viviendas, Martín ha señalado que, aunque el Gobiernoya tenía un planteamiento de estrategia de rehabilitación de viviendas en el marco del Plan Nacional de Energía y Clima, «ahora es el momento de rehabilitar» por lo que ha subrayado la responsabilidad de las administraciones públicas de acercar a los agentes de las comunidades de propietarios para que «cale el mensaje».

Mientras, el presidente del Consejo de Colegios de Arquitectos de España, Lluis Comerón, ha llamado al sector, a los arquitectos y a las administraciones públicas a cooperar para aprovechar los fondos europeos porque no cree que vaya a haber «otra oportunidad como esta». «No podemos fallar. Debemos tener la capacidad de entender bien y que se genere esa ola de regeneración para otra generación», ha subrayado.

Por su parte, la responsable de comunicación institucional y negocio responsable de Leroy Merlín, Susana Posada, ha puesto de manifiesto que la empresa ha notado un «mayor interés» de los clientes en los productos sostenibles y eficientes y, en particular, en energías renovables. «Es buena señal», considera.

Finalmente, Bunzl ha ofrecido la colaboración de Mutua de Propietarios para comunicar y trasladar a las comunidades de vecinos la importancia y las ventajas de mejorar la eficiencia. «Cada vez pasamos más tiempo en casa y por eso es una responsabilidad crear un hogar sostenible tanto a través de la instalación de elementos que nos permitan aprovechar los recursos energéticos como en la adopción de hábitos de consumo que contribuyan a la preservación del medio ambiente para las futuras generaciones», ha concluido.

Dos trabajadores españoles de la Embajada de España en India y del Consulado en Quito, en Ecuador, han fallecido como consecuencia de la COVID-19, según ha adelantado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. La noticia se produce en plena polémica por los problemas para vacunarse del personal destinado en el extranjero.

Fuentes diplomáticas han confirmado que un empleado de la Consejería de agricultura, pesca y alimentación de la Embajada de España en India falleció este domingo.

Desde la Embajada, han asegurado las fuentes, se hicieron «las gestiones necesarias para su hospitalización y para obtener la medicación específica que necesitaba para su tratamiento», además de seguir de cerca su evolución y estar en permanente contacto con la familia.

Por lo que se refiere al caso de Ecuador, se trataba de una empleada del Consulado, según Exteriores, y que trabajaba como auxiliar administrativa, han indicado desde CSIF.

También en este caso, la Embajada hizo las gestiones necesarias para su hospitalización y su posterior ingreso en UCI, donde permaneció hasta su fallecimiento, y estuvo en permanente contacto con su familia desde que tuvo conocimiento de su enfermedad, han precisado las fuentes.

En este sentido, el Ministerio ha trasladado su «pésame» a las familias de los fallecidos. «La salud del personal es la máxima prioridad», han sostenido las fuentes, por lo que el departamento que dirige Arancha González Laya está «realizando gestiones con Sanidad para dar respuesta a todos los casos».

Por su parte CSIF, que ha lamentado la muerte de ambos y trasladado sus condolencias a sus familias, envió la semana pasada junto al resto de centrales sindicales con representación en Exteriores –CCOO, FEDECA/ADE, SISEX y UGT– una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, así como a la González Laya.

SINDICATOS DENUNCIAN PASIVIDAD

En ella, denunciaban la «pasividad» hasta el momento para resolver el problema de la vacunación del personal del Servicio Exterior frente a las peticiones formuladas en los últimos meses respecto a la vacunación de quienes estaban destinados en el extranjero, unas 7.000 personas, y aquellos que próximamente tendrán que asumir cargos fuera de España.

«Es lamentable que a fecha de hoy aún no hayan tomado las medidas necesarias para que, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se proceda a la vacunación de los funcionarios y empleados del servicio exterior, así como de sus familias, en aquellos países donde sea necesario», señalaban en la carta, en la que pedían «un plan de vacunación específico para el personal en el exterior, así como de sus familias, con carácter inmediato».

Desde CSIF, según ha recordado el sindicato en su comunicado de este lunes, también se había pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores la elaboración de un listado de los países más vulnerables para iniciar allí el proceso de vacunación.

Sin embargo, «las plantillas desconocen si se las vacunará en sus países de destino o en España, si tendrán que viajar por su cuenta o si la Administración se hará cargo de los gastos de su desplazamiento, entre otras cuestiones», ha lamentado el sindicato.

FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE EXTERIORES Y SANIDAD

CSIF ha denunciado que «la falta de coordinación entre Sanidad y Exteriores está dejando en el limbo a todos estos empleados públicos» por lo que ha pedido a ambos departamentos que den «una solución urgente ya que están manteniendo un servicio ejemplar en todas las misiones diplomáticas».

Por su parte, ante estas críticas, González Laya aclaró la semana pasada que la solución que planteó el Gobierno para la vacunación del personal en el exterior era la reciprocidad con los países de destino, ofreciendo a vacunar a cambio a sus trabajadores en España.

Según precisó, más de 50 países se han sumado a esta propuesta y ya han vacunado a los funcionarios españoles conforme a sus propios protocolos y sin trato prioritario, mientras que para los países con problemas de vacunación se están buscando otras soluciones.

«En unos casos se facilitará la llegada de los funcionarios a España» para su vacunación y en otros «buscaremos acercar la vacuna a esos países terceros», precisó, incidiendo en todo caso en que «hay también muchos funcionarios que no se han vacunado en nuestro país porque todavía no les ha correspondido».

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado ha dejado este lunes la política, presentará su dimisión esta tarde tanto del comité permanente como de la ejecutiva nacional de Ciudadanos tras seis años al frente del partido en Madrid y será relevado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, dirigiendo la formación en la autonomía.

Según han explicado fuentes próximas al exvicepresidente, este ha rechazado el encargo de la presidenta nacional de la formación, Inés Arrimadas, de organizar la convención nacional del partido.

Asimismo, mantendrá su afiliación al partido y ha deseado «mucha suerte» a sus compañeros y «acierto» en las próximas elecciones». Aguado ha rechazado «rotundamente» la posibilidad de fusionarse con el PP o el PSOE y ha agradecido a quien fuera presidente del partido Albert Rivera «la oportunidad» de estar al frente de la formación.

«Ha sido un orgullo liderar Ciudadanos en Madrid y compartir proyecto con tantas personas excepcionales. Gracias a todos, de corazón», ha añadido en sus redes sociales.

Desde el partido han asegurado que se trata de una «decisión personal», que volverá al sector privado y que ya había informado a la dirección previamente.

Asimismo, han negado que se le ofreciera organizar la convención y han apuntado que » sencillamente formaba parte de un grupo amplio junto a otros miembros de la dirección de Cs que están trabajando en la Alternativa Liberal».

Al hilo, han añadido que la decisión de elegir al coordinador de Madrid le corresponderá al comité permanente, quien decidirá si es Villacís o se decantan por otro perfil.

Con Aguado al frente Cs consiguió entrar en 2015 en el Parlamento madrileño y los ‘naranjas’ fueron colaboradores indispensables del Ejecutivo del PP liderado por Cristina Cifuentes y en 2019 logró pasar de 17 a 26 diputados y entrar en el Gobierno de coalición junto a los ‘populares’ hasta la convocatoria de elecciones que desembocaron en la desaparición de los ‘naranjas’ de la Asamblea tras el 4 de mayo.

Tras los comicios adelantados y la ruptura del Ejecutivo de coalición, Aguado ya dio un paso atrás para dejar que encabezase la lista naranja’ otro candidato, en este caso el portavoz adjunto de la formación en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal.

El Pabellón de España en la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia compartirá desde este viernes 21 de mayo arquitecturas interdisciplinares para el futuro de la convivencia, según ha informado el Gobierno de España.

La crisis sanitaria generada por la Covid-19 provocó el aplazamiento de la XVII edición de la Bienal Internacional de Arquitectura, programada inicialmente para mayo-noviembre de 2020, y que finalmente se inaugura este mes de mayo.

El tema propuesto por su Comisario, el arquitecto Hashim Sarkis, decano de la Escuela de Arquitectura y Planificación del MIT, parte de la pregunta: ¿Cómo viviremos juntos?. Esta cuestión planteada antes de la pandemia, y la respuesta del equipo español, suponen una cierta premonición ante los desafíos por la actual crisis sanitaria.

Por primera vez España convocó un concurso público para el comisariado del pabellón, y frente a un jurado de expertos, la propuesta ganadora resultó ser Uncertainty (Incertidumbre), del equipo formado por los arquitectos canarios Sofía Piñero, Domingo J. González, Andrzej Gwizdala y Fernando Herrera.

El pabellón presenta una selección de 34 proyectos, recogidos a su vez por el equipo a través de una convocatoria abierta, y a la que se presentaron 466 propuestas.

Uncertainty muestra arquitectura de impacto social desde distintas disciplinas, aportando nuevas reflexiones y formas de ejercer un oficio que ha sabido evolucionar para adaptarse a todas las dimensiones y necesidades de una sociedad en constante cambio.

El pabellón español presenta propuestas que valoran el proceso creativo por encima de la pieza icónica terminada, procesos ejecutados de forma multidisciplinar y con un claro impacto social positivo.

En muchas ocasiones, se trata de proyectos que no se reconocen a primera vista como arquitectura, enfatizando la noción de que el oficio ha trascendido su histórico rol de edificación, adaptándose y mezclándose con otras disciplinas como la música, la poesía, la educación, la agricultura, el cine, la danza, los videojuegos, el turismo y usando nuevas formas de comunicación, como el meme.

El Pabellón de España está promovido por el Gobierno a través de la Dirección General Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y con el apoyo de la Fundación Arquia.

Vox ha ampliado la querella presentada por el rescate a Plus Ultra, añadiendo a los delitos de prevaricación y malversación que ya apuntaba otros contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y cohecho.

El partido de Santiago Abascal presentó en abril una querella en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid por los 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) inyectó en Plus Ultra para mantenerla a flote y que Vox considera irregular.

Ahora, la vicesecretaria jurídica de la formación política, Marta Castro, ha ampliado su escrito inicial para sumar presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones, tráfico de influencias y cohecho.

Además, ha solicitado nuevas diligencias reclamando a la juez que cite como testigo al director general de Plus Ultra, así como al representante legal de la compañía aérea y de SNIP Aviation. También ha pedido que se remitan los informes realizados por Deloitte, Daiwa Corporate Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Castro ha aprovechado la ocasión para echar en cara a la instructora, Esperanza Collazos, su silencio sobre la petición de Vox para personarse en el caso Plus Ultra, lo cual le impide actuar como acusación popular, según ha informado la organización de Abascal en un comunicado.

QUERELLA EN EL SUPREMO

La responsable jurídica de Vox ha explicado en un vídeo difundido por el partido que han dado este paso tras analizar una serie de documentos que revelarían «irregularidades contables» de gran magnitud.

Así, ha enviado otro escrito al Tribunal Supremo, donde ya presentó otra querella en marzo, incorporando un análisis de la situación contable de Plus Ultra conforme al cual la aerolínea no cumpliría los requisitos para beneficiarse de un rescate.

«Es una entrega de dinero a fondo perdido a un entramado societario configurado como un ‘holding’ cuya matriz tiene sede en Panamá y de capital venezolano», afirma Castro en su escrito al alto tribunal.

Con todo ello, ha enfatizado la abogada en el vídeo, «Vox sigue y se mantiene en su compromiso con los españoles para llegar al final y depurar todas las responsabilidades políticas y también jurídicas a que haya lugar».

Collazos ya ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la SEPI y su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración por una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública a Plus Ultra.

El escritor Mario Cuenca Sandoval traza en la novela ‘LUX’ (Seix Barral) una suerte de ucronía sobre el auge de un movimiento populista y ha alertado: «La nueva extrema derecha ha conseguido poner sobre la mesa de debate temas y propuestas que antes eran de radicales».

En su novela, un integrante de ese grupo repasa en una confesión dirigida a la madre de un represaliado de signo contrario cómo se introdujo en los ideales de LUX tras perder a su hijo en paralelo a cómo se hizo esa formación populista con el poder.

Cuenca Sandoval ha enfatizado que se trata de una novela y no de un tratado sobre la extrema derecha, una hipérbole con la que ha querido analizar «qué hay de viejo y qué hay de nuevo en esta nueva extrema derecha» y cómo ha conseguido deslizar ciertas ideas como de sentido común, uno de los miedos que le impulsó a escribir el libro.

El escritor barcelonés afincado en Andalucía ha señalado que la novela traslada a un mundo paralelo que sale de una pandemia, en la que se puede percibir elementos de la realidad pero amplificados y exagerados: «No soy pesimista, yo creo que no habrá un gobierno de extrema derecha».

«En España el verdadero peligro es la banalización de ciertos prejuicios contra los que nos habíamos vacunado», ha señalado Cuenca Sandoval, tales como los ataques a los derechos de los homosexuales, la inmigración o la mujer en un estilo que ha comparado con el de Donald Trump, lanzando guiños a grupos radicales en busca de su apoyo.

VALORES DEMOCRÁTICOS

Para él, el eje del debate no es izquierda o derecha, sino la defensa de los valores democráticos, un consenso al que se ha llegado desde diversas tradiciones políticas, y ha advertido de que el populismo quiere abrir debates presentándolos como «actos de coraje y valentía» que pueden despertar simpatía entre la juventud al verlos como contracultura.

Cuenca Sandoval ha explicado que empezó a trabajar en la novela hacia 2015 y que en un principio hablar de una epidemia le parecía ciencia ficción: «En 2020 nos encontramos que la ciencia ficción entra en nuestras vidas» con el coronavirus, y que a partir de ahí ha ido adaptando el manuscrito a la realidad.

Preguntado por el motivo por el que utiliza la confesión como modo narrativo, ha dicho que le permitía que el lector mantuviera la perspicacia al no ser un narrador «confiable» y contradictorio, al que se le van sacando las motivaciones.

El autor ha señalado que quería escribir desde hace años acerca del fascismo y su mutación y que hacerlo desde el prisma de una novela le permitía hacerlo de una forma «encarnada, viva» y como una persona se desliza por la pendiente de su ideario.

LAS REDES VIRALIZAN «LO ESTRIDENTE»

Cuenca Sandoval ha explicado que los movimientos populistas se benefician de las redes sociales, un canal donde se «viraliza lo más estridente, lo más polarizado» en detrimento de las propuestas más reflexivas.

El escritor ha señalado que la escritura de la novela le ha permitido poner en orden sus ideas y emociones respecto a este movimiento, aunque también, a raíz de comentarios a primeras entrevistas sobre el libro, ver que si se critica una opción «se le sitúa en el extremo contrario, como si no hubiera un abanico de posibilidades».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de Andalucía no ha ratificado la petición de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que solicitaba la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados una vez que ha decaído el estado de alarma. En cambio, amparándose en la Ley 7/80 de libertad religiosa, sí ha ratificado el control del aforo en lugares de culto, así como el aforo para llevar a cabo el rezo en la festividad del Ramadan ‘Salat Eid Fitr’.

En un auto notificado este lunes, la Sala considera que la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados no está amparada por la Ley 3/86 de Salud Pública, «no solo porque su contenido es excesivamente vago y genérico, sino porque además, a la vista de las leyes 14/86 y 33/2011, en la adopción de lo dispuesto en los mencionados preceptos hay que concluir que lo que se permite es la adopción de las medidas sanitarias que se entiendan necesarias, sin que en ningún momento dicha autorización conlleve la posibilidad de limitar un derecho fundamental».

Respecto al aforo en lugares de culto y en el rezo en la festividad del Ramadan ‘Salat Eid Fitr’, el auto explica que «las mismas han de ser ratificadas, pues, estableciéndose en el art 3º.1 de la L.O. 7/80 de libertad religiosa que ‘el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática’, encuentra apoyo normativo suficiente para justificar la medida adoptada, lo que unido a que no se encuentra desproporcionada, permite a este tribunal su ratificación».

Por último, la Sala señala que, respecto a muchas de las medidas que aprueba la orden de la Consejería de Economía y Políticas Sociales de la Ciudad de Melilla, no tiene que pronunciarse puesto que no afectan a derechos fundamentales.

Así, indica que las medidas contempladas relativas al uso de mascarillas, distancia social, utilización de gel hidroalcohólico; horarios de cierre de las actividades esenciales, aforos en interiores de establecimientos e instalaciones; apertura de parques y jardines y consumo de bebidas alcohólicas; aforo en piscinas y playas, celebraciones y eventos en bautizos, comuniones o eventos; medidas para el sector de restauración acordando un horario de apertura y cierre, y las condiciones de la prestación del servicio; horarios y aforos de los eventos sociales , culturales, educativos, y estacionamiento de vehículos y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, «teniendo en cuenta que no afectan a derechos fundamentales, no cabe hacer ningún pronunciamiento».

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, forjaron el acuerdo del nuevo Govern tras reunirse este fin de semana en dos masías.

Fuentes conocedoras de las reuniones del fin de semana han explicado que el sábado Aragonès y Sànchez, que ha salido de la cárcel estos días con un permiso penitenciario, se encontraron en Soler de n’Hug, la masía familiar del vicesecretario general de Vertebración Territorial y Partido Abierto de ERC, Isaac Peraire, en Prats de Lluçanès (Barcelona).

Según estas fuentes, las reuniones comenzaron a las 10.00, comieron allí y las conversaciones se alargaron hasta las 20.30, aunque en algunos momentos «salieron a dar una vuelta por la finca».

Ese sábado por la mañana Aragonès y Sànchez abordaron la estrategia independentista y después de comer empezaron a hablar del programa del nuevo Ejecutivo y de la estructura del Govern, pero teniendo todavía temas por cerrar se emplazaron a continuar la conversación el domingo.

El lugar escogido para el segundo día de reunión fue la antigua masía de Can Magarola, en Alella (Barcelona), y estuvieron negociando desde las 9.30 hasta las 18.00 horas, con comida incluida.

Las fuentes ya citadas han apuntado que durante los dos días «de vez en cuando se hacía un receso de la reunión para salir a hacer llamadas», y el domingo en la masía de Alella cerraron la estructura de Govern y dejaron el pacto listo para llevarlo este lunes a las ejecutivas de los dos partidos.

Curiosamente, ese domingo por la mañana Peraire informó por Twitter que en la masía en la que el sábado Aragonès y Sànchez habían comenzado a fraguar el acuerdo se había producido un incendio por un cortocircuito en un tractor dentro de un cobertizo.

87 DÍAS DE NEGOCIACIONES

De esta manera, los dos dirigentes desbloquearon la investidura y la formación del Govern después de 87 días de negociaciones entre ambos partidos, ya que la primera reunión que trascendió entre los equipos negociadores de ERC y Junts después de las elecciones catalanas del 14 de febrero se celebró el 19 de ese mes.

Tras los comicios ambos partidos designaron sus equipos negociadores que se han reunido a lo largo de estos tres meses: Marta Vilalta, Sergi Sabrià, Josep Maria Jové y Laura Vilagrà formaban el de ERC, y en el de Junts estaba Sànchez, junto a Elsa Artadi, Josep Rius, Francesc Dalmases y Míriam Nogueras.

Durante este tiempo, las conversaciones entre los dos equipos negociadores se han bloqueado en varias ocasiones e incluso se llegaron a celebrar dos encuentros en la cárcel de Lledoners (Barcelona), en los que participó Aragonès.

Finalmente, y después de que la semana pasada se rompieran las negociaciones, este fin de semana Aragonès y Sànchez, que habían mantenido contactos permanentes durante este periodo, han acabado sellando el acuerdo, que se ha anunciado en un comunicado conjunto emitido a las 7.40 horas, que no podía publicarse hasta las 8.00.

El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla ha condenado a una mujer de nacionalidad brasileña por un delito continuado de maltrato animal, cometido por dejar morir «de hambre y sed» a 13 perros que abandonó junto a uno más que logró sobrevivir en una casa que habitaba en Salteras y que abandonó dejando «encerrados» a los animales ante la orden de lanzamiento que pesaba sobre el inmueble.

En esta sentencia fechada el pasado 16 de abril, se declara probado, por acuerdo de conformidad entre las partes del procedimiento, que la acusada, identificada como M.R.D.S., «se encargaba en 2018 del cuidado de 14 perros en su domicilio» de una urbanización de Salteras alejada del casco urbano de dicho municipio, previo acuerdo con la plataforma de protección animal Nala.

Mediante dicho acuerdo, según se declara probado a instancias de la Fiscalía, esta mujer había de «preparar» a los perros para su adopción procurándoles «vacunas, chips identificativos y alta en el registro oficial» de mascotas, toda vez que siete de los perros pertenecían a la mencionada asociación protectora y los restantes siete estaban registrados a nombre de la propia acusada.

«DEJANDO A SU SUERTE A LOS ANIMALES»

Empero, «poco antes de junio de 2018, la acusada dejó de cumplir sus compromisos y abandonó la vivienda dejando a su suerte a los animales sin suministrarles agua o comida» ni encargarse de que la asociación o alguna otra persona le sustituyera en el cuidado de los canes, según el relato de la sentencia condenatoria.

A tal efecto, la sentencia expone que la acusada era consciente de que «estaba demandada» en un procedimiento civil saldado con una orden de lanzamiento de la vivienda, previsto para el 3 de julio de 2018, contexto en el cual «atrancó la entrada de la vivienda con una lavadora y una secadora, para que nadie pudiera acceder, dejando encerrados y abandonados a los 14 perros», que «tras una lenta agonía fueron muriendo de hambre y sed». En concreto, fallecieron 13 de los canes, sobreviviendo el último de ellos.

El 3 de julio de 2018, según la sentencia condenatoria, la comisión judicial encargada de materializar el lanzamiento logró finalmente acceder a la vivienda, descubriendo en su interior los cadáveres de 13 de los perros «en muy avanzado estado de putrefacción», mientras el que seguía vivo sufría un «evidente estado de caquexia y deshidratación, pues pesaba la mitad de lo que corresponde a un animal de sus características».

DELITO CONTINUADO DE MALTRATO ANIMAL

Dado el caso, y por conformidad entre la defensa de la acusada y la acusación ejercida por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla, M.R.D.S., de nacionalidad brasileña, ha sido condenada a un año de cárcel por un delito continuado de maltrato animal, con tres años de inhabilitación especial para empleo relacionado con los animales o la tenencia de los mismos.

Además, la condenada ha de indemnizar a la plataforma de defensa animal Nala con 970 euros por los siete perros propiedad de la misma fallecidos a cuenta de los hechos y con 1.210 euros a la dueña de la vivienda por los costes de las labores de desinfección y limpieza especializada de la misma ante la putrefacción de los cadáveres de los perros fallecidos.

Eso sí, la condena implica la suspensión de la pena de cárcel, siempre que M.R.D.S. no vuelva a delinquir en un periodo de dos años y responda a las cuantías económicas impuestas.

La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha pedido, con motivo del Día Mundial de Internet que se celebra este 17 de mayo, introducir la «perspectiva de género» y los «elementos neutralizadores del sexismo» en la inteligencia artificial para «no perpetuar la desigualdad» en las sociedades del futuro.

«O se incluyen en la inteligencia artificial todos los elementos neutralizadores del sexismo, los estereotipos y los comportamientos discriminatorios o vamos a estar en un peligro serio de sufrir un retroceso de derechos y libertades», ha avisado Llop en un vídeo.

Así lo ha indicado durante un acto celebrado este lunes en la Cámara Alta y convocado por la propia presidenta del Senado y por el Comité de Impulso del Día Mundial de Internet, formado por 52 colectivos sociales, para conmemorar esta efeméride.

La presidenta del Senado ha indicado que ya son los algoritmos los que empiezan a configurar la existencia de los seres humanos y ha precisado que «ya se han levantado voces que alertan sobre sesgos discriminatorios».

Ante esta situación, Llop ha defendido que «los derechos humanos deben ser el marco referencial en el desarrollo de la inteligencia artificial» y ha subrayado la importancia de «introducir la perspectiva de género y de formar programadores y programadoras en cuestiones de igualdad».

Si no se hace así, según ha advertido, «los estereotipos se reproducirán en el mundo del futuro» creando un «serio riesgo de perpetuar la desigualdad» en las herramientas tecnológicas.

Llop ha recordado la responsabilidad de los poderes públicos y, en este sentido, en el Senado, han impulsado un grupo de reflexión con la Universidad de Salamanca para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la protección de la igualdad y los derechos humanos.

Durante el acto celebrado en el Senado, el debate central ha tratado sobre el papel de Internet «como palanca de trasformación digital y resiliencia».

PREMIADOS

Asimismo, se ha hecho entrega de premios a alumnos y profesores que han participado en las actividades escolares organizadas con motivo del Día de Internet y se ha entregado el Premio de Internet a la Trayectoria Profesional al ingeniero superior de Telecomunicación Javier Nadal Ariño.

Desde 2011, Nadal es presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), en la que, entre otras cosas, está impulsando la transformación digital del Tercer Sector. Ha colaborado en varios libros y ha publicado muchos artículos relacionados con las telecomunicaciones, tecnologías de la información, Internet, la sociedad civil y las fundaciones.

Su acción más reciente ha sido la dirección científica de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el impacto de la pandemia de la covid-19 en la transformación digital de la sociedad española y el uso de Internet, según ha informado la Asociación de Usuarios de Internet.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido a todas las personas trans de España que «sus derechos serán ley» con la norma específica que se debate este martes en el Congreso al margen de la Ley LGTBI, con el objetivo de reparar «todo el daño causado».

«Estamos llegando tarde», ha constatado en una charla de UGT en Valencia a un día de la sesión que obligará a posicionarse al PSOE sobre la Ley Trans, consensuada con otros partidos con medidas como la autodeterminación de género, el acceso a la reproducción asistida o la inclusión de una tercera casilla para el género no binario.

Montero ha defendido como «argumento muy poderoso» el acuerdo de gobierno que firmó Unidas Podemos con los socialistas y que incluía las dos leyes. También ha destacado la «fuerte carga simbólica» de la Ley Trans: «Queremos deciros que no solo sabemos que existís, que no habéis tenido los derechos que os corresponden, sino de alguna manera con vuestra propia ley que estamos llegando tarde a legislar sobre personas trans».

Es más, ha hecho hincapié en que se debe a una decisión «política» de saldar una deuda específica con el colectivo trans, sin negar que esta ley puede estar sujeta a «diferentes opiniones» y que la tramitación parlamentaria se alarga cuando parte del Gobierno.

La titular de Igualdad ha lamentado que son personas que sufren falta de reconocimiento o de acceso efectivo a sus derechos, sumado al estigma que arrastran y a «la patologización de una realidad». «Todo el mundo en nuestra sociedad lo sabe», ha recalcado.

Por todo ello ha garantizado que en el Gobierno harán «todo lo necesario» para que sus derechos estén blindados, insistiendo en que separar su ley de la LGTBI es «más justo para las personas trans».

Montero, en general, ha lamentado la «deuda» de la sociedad española y europea con las personas LGTBI, «particularmente las trans», aunque ha celebrado que 14 comunidades autónomas ya han legislado al respecto.

«Mi compromiso es firme en que esos derechos van a ser ley», ha reiterado, prometiendo utilizar todos los elementos al alcance de la Constitución para que «España vuelva a ser vanguardia de los derechos de las personas trans y LGTBI».

Ha rechazado además que derechos como el de la autodeterminación no estén «apegados a la realidad material» porque «precisamente estas leyes hablan de las cosas de comer», como el acceso a la salud, la vivienda, el transporte o a simplemente pasear por la calle. Son, a su juicio, derechos fundamentales que un gobierno está obligado a reconocer.

PRIMERA CATEDRÁTICA TRANS: «QUE LOS PARTIDOS SE RETRATEN»

En la jornada ‘Una mirada transformadora. El sindicalismo del XXI y las personas LGTBI’, a un día del 43 Congreso Confederal de UGT que se celebra durante esta semana en Valencia, también han participado Marina Sáenz, catedrática de Derecho Mercantil y activista trans, y Leo Mulio como activista trans de Transgender Europe.

Sáenz, primera catedrática trans de España, ha advertido al Gobierno que sería «indecente» que se retrasara más la ley y ha coincidido con la ministra en que es una decisión política y en que hay que defender tanto esta como la LGTBI «a muerte». «No podemos seguir esperando. Ya no permitimos que se nos trate como tontas. Exigimos a los partidos políticos que se retraten», ha enfatizado agradeciendo la posición de Igualdad.

Al margen de la ley ha repasado todos los prejuicios que han tenido que sufrir las personas trans, «de criminales a enfermas mentales, ‘lo tuyo no es normal’ o un control médico». «Alguien tenía que acreditar que nosotras éramos nosotras», ha constatado dejando claro «todos los diagnósticos científicos se han caído».

La activista ha lamentado que «últimamente» se sienten atacados y denigrados, lo que demuestra que «esos prejuicios están ahí y pesan», y ha rechazado que su colectivo interfiera en el feminismo: «Las personas trans no somos un obstáculo. Aquí no hay luchas contradictorias». También ha agradecido a UGT y CCOO que les ayudaran hace décadas cediendo sus espacios cuando «nadie» les quería prestar un sala.

Bajo el mismo prisma, el representante de Transgender Europe ha recordado que ningún derecho humano va en contra de otro —«esto no es un pastel a repartir»— y ha defendido que la autodeterminación de las personas trans simplemente es equipararlas al resto y «no puede poner en peligro a nadie».

Se ha mostrado optimista a pesar de los «discursos en contra» y el «ruido», porque cree que mucha gente en España está en «silencio» y no se posiciona claramente porque no acaba de entender los términos de sus reivindicaciones, un error que ha asumido por parte del activismo trans.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su partido va a trabajar en una «ambiciosa» ley de maternidad y familia que incluirá una prestación por desempleo mayor a aquellos que tengan más hijos, de forma que se contabilice ese incremento del paro a partir del segundo hijo.

Así se ha pronunciado en las jornadas ‘Reto Demográfico’ que ha organizado la Fundación Concordia y Libertad y que ha dedicado su primera sesión al Día Internacional de las Familias. Además, han participado en el presidente de la fundación y diputado, Adolfo Suárez, y la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor.

El líder del PP ha defendido hacer en España un «auténtico plan a favor de la maternidad» y por eso ha avanzado que su partido trabajará en una ley de familias y de maternidad que será «tremendamente ambiciosa», como la que se impulsó en Francia en los años 60 o en los países nórdicos en los años 90.

«No hay nada más progresista, más liberal y más igualitario en las oportunidades de un futuro que la política de maternidad y de conciliación para tener familia», ha avisado, para añadir que no pueden pagar sanidad y educación pública o infraestructuras si no se tienen niños.

Casado ha señalado que esa ley de apoyo a la maternidad y la familia incluirá que «la prestación por desempleo se contabilice también a partir del segundo hijo». Según ha explicado, se trata de que quien tenga tres, cuatro, cinco o seis hijos tenga una «prestación por desempleo que sea mayor que los que han tenido uno o dos».

«Por desgracia hay 400.000 mujeres más que han perdido el empleo, en este año de los brotes verdes. Muchas de ellas serán madres trabajadoras y alguna tendrá más de dos hijos y creo que es justo que tenga una prestación para que en su casa puedan llegar a fin de mes más fácilmente», ha manifestado Casado, que ha avanzado que el Grupo Popular quiere presentar antes una proposición no de ley en el Congreso con ese incremento del paro a partir de dos hijos.

«UNA REALIDAD TERRIBLE: MUEREN MÁS PERSONAS DE LAS QUE NACEN»

Casado ha afirmado que «el proyecto del PP para España es la defensa de las familias» y ha criticado que la política de familia del Gobierno sea «recortar el complemento de las pensiones de las abuelas, hacer un sablazo fiscal a los padres, abocar a un paro masivo a los hijos y dejar una deuda eterna a los nietos».

Eso no es una política de familia sino para salir del paso hoy e intentar engañarnos con planes para dentro de 30 años que ni se van a cumplir ni vamos a ver», ha denunciado, para criticar que otros partidos antepongan los intereses «partidistas» y les parezca que no es «cool» o «avanzado» hablar de la familia.

El líder del Partido Popular ha asegurado que en España hay una «realidad terrible» porque «mueren más personas de las que nacen» y «entran más personas a la jubilación de las que entran en el mercado laboral».

«Y estamos viendo cómo la pensión media está por encima del salario medio y cómo las arcas que cotizan a las arcas públicas son menores en número que las que perciben algún tipo de pensión, prestación o subsidio», ha recalcado.

BAJADAS FISCALES Y MOCHILA AUSTRIACA

Casado ha criticado que el Ejecutivo de por hecho y ponga por escrito «el egoísmo» de una generación que permite que sus hijos vayan a vivir peor que sus padres, con un 40% de paro juvenil o una tasa de fertilidad «que hace imposible la reposición para sostener el estado de bienestar».

En su intervención, Casado ha expuesto algunas de las propuestas de su partido, como la bajada fiscal a partir de la llegada de los fondos europeos; la mochila austriaca para flexibilizar el mercado laboral, como ha planteado el gobernador del Banco de España; «un ambicioso» plan de vivienda para jóvenes y familias, como ha defendido el primer ministro italiano, Mario Draghi; una reforma educativa con la gratuidad de 0-3 años; y la eliminación de la brecha digital para la racionalización del sector público.

El presidente del PP ha censurado además que Pedro Sánchez vaya a presentar esta semana el plan 2050, algo que, a su entender, supone «insultar a todas aquellas personas que lo están pasando mal ahora». Además, ha augurado que será de nuevo un acto de «autobombo y propaganda».

Finalmente, ha asegurado que el PP en la actual situación «no puede arrimar el hombro a un precipicio» porque «se caería el Gobierno, que se va a caer igual, pero también se caería su alternativa y, por tanto, el futuro del país». «Creo que esta alternativa es clara y en España ya se han visto dos modelos de hacer las cosas», ha subrayado.