El Gobierno ha evitado este martes criticar a Marruecos por la llegada masiva de migrantes a Ceuta en el último día, asegurando que la «crisis migratoria» que se está produciendo obedece a diversas circunstancias que se están analizando y que hay contactos con el país vecino.

Ni la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha entrado a valorar si los últimos acontecimientos serían la materialización de las «consecuencias» de las que advirtió Rabat por la acogida por motivos humanitarios del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

«Estamos analizando las circunstancias de los hechos que acontecieron ayer y que todavía se están produciendo», ha comentado Marlaska, apostando por no sacar conclusiones apresuradas

«Son circunstancias muy complejas», ha sostenido, mencionando las de tipo socioeconómico, la propia pandemia así como las situaciones humanitarias en terceros países. Dado que «son plurales», ha defendido que hay que analizarlas y evaluarlas, que es lo que se está haciendo, y «no llegar de forma un poco rápida a conclusiones que puedan obedecer en muy poco a la realidad».

En todo caso, ha incidido en que una vez que se concluya dicho análisis será cuando se puedan adoptar «decisiones necesarias y precisas dentro del marco de cooperación» existente con Marruecos «para que no se reproduzca una situación similar».

CONTACTOS DE SÁNCHEZ Y LAYA

Por otra parte, la portavoz del Gobierno ha asegurado que tanto el presidente, Pedro Sánchez, como la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, están manteniendo una «ronda de contactos y llamadas», incluida la UE ya que se trata de frontera exterior del bloque, si bien no ha ofrecido más detalles al respecto.

Montero no ha aclarado con quién se han producido los contactos, argumentando que son gestiones que se están haciendo desde la «alta diplomacia» y apostando por la discrección, aunque sí ha precisado que Sánchez va a informar al Rey Felipe VI de la situación y las medidas que se están adoptando para revertirlas.

Por su parte, Marlaska ha puntualizado que también hay contactos con Marruecos. «Claro que estamos hablando, es una cooperación y una coordinación diaria», ha defendido, insistiendo en que así ha sido en los tres últimos años. «Si no hubiera ese contacto, sería bastante difícil o no se podría entender que se hubieran materializado 2.700 devoluciones» de los más de 6.000 migrantes llegados.

En lo que se refiere a la presencia de Ghali en España, Marlaska ha evitado pronunciarse sobre si estaba en contra de su llegada, como se ha apuntado en algunos medios, mientras que Montero ha insistido en las razones humanitarias que llevaron a tomar la decisión. «España evidentemente atiende a personas que tienen problemas humanitarios», ha señalado, sin ofrecer más detalles sobre la situación de este amparándose en la ley de protección de datos.

LLAMAMIENTO CONTRA EL DISCURSO XENÓFOBO

En otro orden de cosas, los dos ministros han apelado a evitar el discurso de odio y xenófobo en las circunstancias actuales. «Lo último que necesita una crisis migratoria y humanitaria de esta característica es que los líderes políticos azuzen el miedo», ha advertido Montero, apelando al «sentido de estado» y la «prudencia».

Precisamente, para trasladar este mensaje, la portavoz ha indicado que González Laya tiene previsto mantener a lo largo del día con los distintos partidos políticos para trasladar que «se trata de una cuestión de estado y esperamos la solidaridad y el apoyo del conjunto de formaciones políticas».

«Lo que menos le interesa a este país es que se produzcan incidentes o cuestiones en la zona que puedan perturbar más la situación y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta», ha sostenido la portavoz, en aparente alusión al desplazamiento a la ciudad autónoma del líder de Vox, Santiago Abascal.

Save the Children ha lanzado la campaña #NoMeCallo con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, y especialmente a los niños y adolescentes, sobre la importancia de denunciar los abusos sexuales. Para el lanzamiento de esta iniciativa la organización ha contado con el apoyo del futbolista y embajador de Save the Children Andrés Iniesta así como de otros profesionales del mundo de la cultura.

Con el fin de llegar al máximo número de niños y adolescentes, Save the Children también ha lanzado el reto #NoMeCalloChallenge en TikTok, convirtiéndose en la primera ONG en colaborar con esta plataforma. Esta acción, que consiste en taparse y destaparse los ojos, las orejas y la boca –como los tres monos sabios)– pretende que todas las personas que participen hagan los gestos de «no cierro los ojos», «escucho» y «no me callo» frente a estas agresiones.

«Los menores de edad que sufren abusos sexuales no suelen contarlo, sienten vergüenza y esto hace que la violencia se alargue durante años. Con esta campaña queremos que sepan que pueden pedir ayuda y romper el silencio, además de concienciar a la sociedad de que proteger a la infancia es cosa de todos», ha señalado Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

La organización ha alerado de que actualmente una de cada dos denuncias por delitos sexuales en España tiene a un menor de edad como víctima y advierte de que, pese a estas elevadas cifras, aún muchos casos permanecen ocultos por la soledad que sienten las víctimas o por el encubrimiento de personas e instituciones que no detectaron o no denunciaron los abusos.

Save the Children ha explicado que los agresores manipulan a niños y niñas, sus sentimientos, debilidades o necesidades a través de una desigualdad de poder y que estos abusos pueden producirse en todo tipo de ámbitos, también en el hogar o de manera online. La organización ha apuntado a que el aumento del uso de plataformas digitales ha incrementado el riesgo de que la infancia y la adolescencia sufran esta forma de violencia.

Para evitar los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, Save the Children considera fundamental que las familias, el personal médico, el profesorado y el resto de profesionales que trabajan directamente con ellos dispongan de formación e información para saber cómo actuar frente a un posible caso de abuso.

Asimismo, la organización ha afirmado que las plataformas digitales tienen un papel fundamental a la hora de proteger a la infancia y prevenir la violencia, y que es necesario establecer alianzas para reforzar los mecanismos de protección en el entorno online.

Save the Children espera que la implementación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia permita desarrollar más herramientas de prevención, detección y protección para garantizar el bienestar y la seguridad de los niños y las niñas.

La entidad está en contacto con los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales que atienden a estos menores en España, para conocer las necesidades más inmediatas y así trasladárselo a la clase política con el fin de lograr cambios reales en la protección de la infancia víctima de abusos. Del mismo modo, Save the Children está dando formaciones a profesionales que trabajan con la infancia y proporciona atención psicológica, asesora y deriva a las autoridades competentes a los niños de sus programas que sufren o han sufrido abusos sexuales.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Noelia Vera, ha afirmado que la Ley Trans, que se debate este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados, «será ley». «Sea como sea, tiene que ser ley», ha asegurado.

Vera se ha expresado así durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta, donde ha recordado que la norma «salió del Ministerio de Igualdad» y ha destacado que «lleva mucho tiempo intentando salir al aire». El Pleno de la Cámara Baja debate hoy la toma en consideración de la Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Republicano y Plural, para la igualdad real y efectiva de las personas trans, un texto muy similar al que ha preparado el propio Ministerio de Igualdad.

Sin embargo, el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha anunciado este martes que el PSOE se abstendrá en la votación al considerar que el texto «mejorable» y necesita seguridad jurídica. Las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, además de CUP, PNV y Ciudadanos, ya han adelantado su voto a favor a este texto, que también cuenta con el apoyo de Unidas Podemos. Ante el previsible voto en contra de PP y Vox al texto, la abstención del PSOE no permitiría tramitar la ley.

Preguntada por la senadora del PNV María Dolores Etxano sobre esta cuestión, la secretaria de Estado ha dicho no entender la situación porque es «uno de los ejes de trabajo» sobre los que se ha centrado su equipo desde su llegada al Ministerio de Igualdad. «De hecho, que exista una Dirección General de diversidad sexual y derechos LGTBI es histórico y forma parte también de las ambiciones que nos pusimos por delante en materia legislativa y también que exista el Consejo de Participación», ha declarado.

En este sentido, Noelia Vera ha señalado que «son avances que son simbólicos, pero que son igualmente importantes». «Lo que se debate hoy en el Congreso no me lo tienen ni que contar porque es nuestra ley, la sentimos como nuestra ley», ha enfatizado, para después confesar su «perplejidad» ante la situación.

Así, la secretaria de Estado ha abogado por «dialogar» y por «seguir trabajando» y ha asegurado que «la voluntad es que así sea». «Ojalá esa Ley, independientemente de lo que pase hoy en el Congreso de los Diputados, salga y salga de la mano de del Gobierno de coalición, que es como nosotras esperábamos que fuese desde el segundo uno y vamos a seguir intentándolo porque es la única forma», ha zanjado.

La secretaria de Estado ha comparecido ante la Comisión de Igualdad del Senado para explicar las líneas de trabajo de su departamento. La sesión ha comenzado con un minuto de silencio por el asesinato de una mujer de 28 años en Baleares, que estaba embarazada, y de su hijo de 7 años. La secretaria ha lamentado este suceso y ha recordado que, de confirmarse como un caso de violencia de género serian 1.088 las víctimas contabilizadas desde 2003.

En su intervención ha explicado los ejes que vertebran la Secretaría de Estado: las políticas vinculadas a la lucha contra la violencia de género; las políticas relacionadas con la igualdad y la redistribución de la riqueza, el tiempo y los cuidados; políticas de diversidad sexual, LGTBI y étnico racial; y ejes de acción abiertos a nivel internacional.

A través de estos puntos se ha referido a la puesta en marcha de los trabajos para redactar la Ley Integral contra la trata, ha destacado las medidas incluidas en la Ley de prevención de la violencia en la Infancia y la Adolescencia –que se aprobará esta semana– para proteger a los menores de las violencias machistas, las medidas puestas en marcha para lograr la igualdad retributiva o una mejor redistribución de los cuidados y la creación de un Plan Estratégico para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, entre otras.

La sociedad pública Cantur, a la que pertenece el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, está analizando el informe de la Inspección de Trabajo que ha abierto acta de infracción a la empresa y propone una sanción por la muerte del trabajador Joaquín Gutiérrez Arnaiz tras ser golpeado por una elefanta el pasado mes de febrero.

Según han indicado fuentes de Cantur, dicho informe se está analizando «pormenorizadamente» y se está trabajando en las alegaciones al mismo.

Tras la investigación de los hechos, Inspección de Trabajo considera que Cantur conocía que el pastor eléctrico no funcionaba y que este hecho fue un factor determinante en el accidente mortal del trabajador, según ha informado este martes el Diario Montañés y han confirmado a esta agencia fuentes de la Delegación del Gobierno.

Por este motivo, propone una sanción grave en grado máximo (que conlleva multa de 20.491 a 40.985 euros) y pide, además, un recargo del 50 por ciento de las prestaciones que percibirá la familia del fallecido.

En el acta de infracción se señala que «el pastor eléctrico se encontraba inoperante en dos de sus tres líneas» y se explica que, en el parte diario de trabajo del departamento de elefantes del día 23 de febrero, fecha del accidente, en el apartado de incidencias figura que «fallan muelles en las puertas de la manga (pasillo). No funcionó el pastor de la manga».

Se indica que, aunque no figurara en el parte, el día 22 ya estaba averiado el pastor eléctrico, y que se dio conocimiento verbal del hecho. En todo caso, ha quedado acreditado en la documentación unida al expediente que se había puesto en conocimiento de la empresa.

La Inspección estima que la falta de reparación del pastor eléctrico posibilitó que el animal sacara la cabeza entre las cadenas del cierre de la puerta del recinto y golpeara al cuidador, ocasionándole la muerte.

Según la investigación llevada a cabo por la Inspección, el trabajador fallecido procedía a vigilar y observar a la elefanta y su cría desde una posición segura, con la lanza disuasoria (eléctrica).

Por su parte, los animales «mostraban nerviosismo» y su intención era volver a la cuadra, cuando, por circunstancias no determinadas, previsiblemente porque estuvieran a punto de sobrepasar el cierre del patio exterior, al no funcionar el pastor eléctrico, el trabajador consideró que se podían escapar y se aproximó, entrando dentro de la manga de la zona contigua al vano de entrada al patio.

En su propósito de intentar que retrocedieran hacia dentro del mismo, el fallecido fue alcanzado por la elefanta «que, indiscutiblemente, habría sacado al menos la cabeza fuera, entre las cadenas de cierre».

Para Inspección de Trabajo la embestida del animal fue posible debido a la avería no reparada del pastor eléctrico, que «la empresa conocía al menos desde el día anterior».

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a cuatro años y un día de prisión al exgerente del Festival de Teatro Clásico de Mérida entre 2008 y 2011, Pedro Salguero, por un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Además, y en concepto de Responsabilidad Civil, se le condena también a indemnizar al Consorcio ‘Patronato del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida’ con 208.600,11 euros, de la que podrá descontarse la suma que se acredite su pago en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Cuentas.

La sentencia, de fecha 12 de mayo de 2021, condena también a Salguero por un delito continuado de prevaricación administrativa, a inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de doce años.

Así, la sentencia considera probado que durante su etapa como gerente del Festival de Mérida no presentó las cuentas anuales para su aprobación por su Consejo Rector, como venía obligado por sus estatutos, y tampoco presentó las correspondientes liquidaciones del Impuesto de Sociedades en los años 2008, 2009 y 2010, lo que provocó que la Agencia Tributaria levantara acta de liquidación de cuotas por ausencia de esa tributación.

Además, durante todo el periodo que fue gerente, el ahora condenado «no atendió los numerosos requerimientos realizados por la Intervención General de la Junta de Extremadura encaminados a efectuar el control de carácter financiero» en los ejercicios 2006-2010, ni atendió los requerimientos efectuados por la Agencia Tributaria en relación con los ejercicios 2008- 2010.

Además, durante el periodo en el que fue gerente, este Consorcio «no contó con una contabilidad en forma, no reflejando la existente la realidad de su situación contable y económica», según recoge la sentencia.

Por todo ello, a fecha 27 de febrero de 2012 el Consorcio tenía una deuda estimada de 3.558.078,54 euros, más la deuda tributaria, que ascendía a 605.980,95 euros.

También la sentencia considera probado que durante los años 2008, 2009 y 2010, el acusado dispuso de «múltiples cantidades en efectivo obrante en caja, sin ningún tipo de justificación», que ascendieron a 17.090 euros; 11.700,20 euros, y 8.431,90 euros, respectivamente, así como diversas compras de material informático, en numerosos restaurantes, floristerías o librerías, todo ello «sin ingún tipo de justificación», señala.

Cabe destacar finalmente que esta sentencia no es firme, por lo que se puede interponer contra ella un recurso de Casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Administraciones y representantes políticos de Baleares han guardado, este martes, un minuto de silencio por el asesinato de violencia machista ocurrido en Sa Pobla y han coincidido en condenar el doble crimen.

En el Consolat de Mar, representantes políticos y trabajadores han guardado un minuto de silencio. Así, el Govern ha condenado el crimen y ha refirmado su compromiso «para erradicar la violencia machista». Además, ha trasladado su apoyo «a la familia y los amigos de las víctimas».

También en la puerta del Ayuntamiento de Sa Pobla, se han concentrado la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, entre otras autoridades como el alcalde de Sa Pobla, Llorenç Gelabert.

La delegada del Gobierno en Baleares ha mostrado su «más enérgica condena y repulsa» por el asesinato de la mujer de 28 años y de su hijo, de siete, cuyos cuerpos fueron descubiertos este lunes en su casa de Sa Pobla. El presunto autor de los hechos fue detenido pocas horas después.

Calvo ha subrayado que, ante este «lamentable suceso, no sólo es necesario destinar todos los esfuerzos para proteger a las mujeres que sufren malos tratos, sino también a sus hijos». «La lucha contra esta lacra social continúa y esto requiere una implicación absoluta e imprescindible de todas las administraciones y ciudadanos», ha subrayado.

Por su parte, la presidenta del Consell de Mallorca, presente en el acto de Sa Pobla, ha afirmado que «es un día muy duro y muy triste». «Hacemos una condena de un acto de violencia machista que ha acabado en un asesinato de una mujer embarazada y su hijo. Actos como estos no deben volver a pasar, ni una más», ha remarcado.

Cladera ha pedido que la sociedad reaccione: «La ciudadanía no debe permitir que estos actos se repitan una vez más. Esto, como sociedad, nos tiene que hacer reaccionar. Es muy duro encontrarnos en esta situación en el siglo XXI».

Además, autoridades de la institución insular se han reunido en las puertas de las diferentes sedes, Consell de Mallorca, Llar de la Infància, Llar de la Joventut, sede del IMAS, la Misericòrdia y Sant Ferran, para guardar un minuto de silencio en condena del crimen.

Cabe recordar que los dos fallecidos son las dos primeras víctimas de violencia machista en Baleares en 2021. Los números de alerta para denunciar violencia de género son 016, 091 o 062, de forma anónima, o en caso de urgencia está el 112.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha abogado este martes por que los políticos se centren en resolver los problemas de los españoles y no en las «cuestiones internas de los partidos» y lo que le interesa a cada uno de ellos en cada momento.

En declaraciones a los periodistas junto al Congreso de los Diputados, Arrimadas ha afirmado que a los ciudadanos les preocupan asuntos como el paro, si van a poder pagar la hipoteca, si van a poder abrir su negocio, cuándo acabarán las restricciones frente a la pandemia del coronavirus, cuándo les vacunarán y cómo se atajará el «desafío a la integridad territorial de España» en Ceuta tras la entrada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos.

Así ha respondido cuando le han preguntado por las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, que sostiene que el triunfo de la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso en las elecciones en la Comunidad de Madrid ha abierto un nuevo ciclo político en España y la legislatura ha entrado «en vía muerta», aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretenda agotarla.

También se le ha preguntado por los datos de la encuesta publicada este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la cual refleja una severa caída del PSOE, que pasa del 31,5 % al 27,9 % de estimación de voto, y un aumento del PP, que se sitúa a solo 4,5 puntos de distancia, mientras que Cs baja al 5,3 %, casi un punto y medio por debajo de su resultado del mes anterior y de los comicios de 2019, estando al filo de perder el grupo parlamentario en el Congreso.

«Creo que tenemos que estar pensando no en lo que interesa a cada partido en cada momento, no en las cuestiones internas de los partidos; tenemos que estar pensando en las cuestiones internas de los hogares de España, a los que no les importa la pelea de dos líderes políticos», ha manifestado.

En este sentido, Arrimadas ha defendido que si todos los políticos centraran sus esfuerzos «en solucionar los problemas y en no generarlos con temas de partido», a España «le iría muchísimo mejor».

Por otro lado, sobre si el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y exdirigente de Cs Ignacio Aguado podría presentarse a las elecciones autonómicas en 2023, tras haber anunciado este martes que dimite de sus cargos en el partido y deja la política, ha dicho que Aguado ha tomado ahora la «decisión personal» de volver «al sector privado».

Mientras que «en otros partidos tienen que aferrarse a los escaños», en Ciudadanos, «por suerte, tenemos una profesión fuera de la política», ha destacado, tras mostrar su agradecimiento a Aguado «por estos seis años de trabajo al frente de Cs en la Comunidad de Madrid y también como vicepresidente del Gobierno» autonómico. Después de que Díaz Ayuso convocase elecciones anticipadas, Aguado comunicó que no concurriría a las primarias para ser el cabeza de lista de la formación naranja y dio su apoyo a Edmundo Bal para que se postulase.

En cualquier caso, Arrimadas ha señalado que Ciudadanos sigue trabajando en la Comunidad de Madrid, «con grandísimos referentes y con una ilusión, que es volver a gobernar» la región dentro de dos años.

La activista y defensora de Derechos Humanos española Helena Maleno ha explicado este martes en Palma la «persecución policial» que sufren ella y su familia, según alega, por su labor humanitaria en la frontera entre España y Marruecos, donde «las relaciones bilaterales se sirven de las vidas humanas como moneda de cambio».

En una rueda de prensa organizada por la Universitat de les Illes Balears (UIB), la activista ha contado cómo desde 2012 ha sido acusada «falsamente» de narcotráfico por la policía española, ha sufrido decenas de agresiones físicas, ha perdido la residencia y ha sido deportada y tratada «como una criminal por defender los derechos humanos».

Maleno es Doctora Honoris causa por la UIB y la fundadora del colectivo Caminando Fronteras, que trabaja para reconocer el derecho de las personas inmigrantes. Por ese motivo, ha explicado, lleva viviendo 20 años en Marruecos. Sin embargo, la activista fue «expulsada violentamente» del país el 23 de enero de 2021.

«Cuando me deportaron pusieron en peligro mi vida y la de mi hija, separándome de ella durante 32 días. Mi delito ha sido llamar a Salvamento Marítimo cuando había pateras en el mar», ha asegurado.

También ha destacado que «las relaciones en la frontera entre Marruecos y España se basan en policía-policía y eso es un peligro para la democracia».

Según Maleno, le han arrebatado sus derechos, no puede volver a su casa y su hija ni siquiera puede asistir al colegio. «Le pedimos al Gobierno de España y Marruecos que esto pare y que me protejan a mí y a mi familia. He sido castigada por defender derechos y exijo que me devuelvan los que me han quitado», ha aseverado.

Para tal propósito, varias organizaciones internacionales, así como entidades y asociaciones, han creado la campaña ‘Justicia para Helena Maleno’ que se ha presentado en Baleares este martes, con el apoyo de la UIB y de la activista mexicana Marusia López.

CONDENA AL ASESINATO MACHISTA DE SA POBLA

Durante la rueda de prensa, Helena Maleno; el vicerrector de Campus, Cooperación y Universidad Saludable de la UIB, Antoni Aguiló, y la activista Marusia López han condenado el asesinato machista que se produjo ayer en sa Pobla y, por otro lado, han recordado que entre las 5.000 personas que han llegado a Ceuta en las últimas horas, hay más de 1.000 menores de edad.

Un total de 9.020 menores solos estaban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados a finales de diciembre de 2020, según datos oficiales. De ellos, 496 estaban en Ceuta.

Según el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, sólo ayer habrían entrado en la Ciudad Autónoma unos 1.500 menores tanto solos como acompañados, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaka, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no está determinado el número de menores que habrían entrado, entre las más de 6.000 personas que han accedido a la Ciudad Autónoma.

Hasta ahora, las comunidades autónomas que mayores cifras de menores solos registran son: Andalucía, con 2.507; Canarias, con 1.849, más unos 300 menores más se encontraban pendientes de registrar; y Cataluña, con 1.168. Les sigue Melilla, que tenía registrados 798; Ceuta, con los mencionados 496; Comunidad Valenciana, con 473; País Vasco, con 471; y Madrid, 356.

La llegada en pateras o embarcaciones similares de menores extranjeros no acompañados durante el año 2020 volvió a incrementarse (3.340 menores), tras el descenso de llegadas producido el año anterior (2.873 menores). El número de menores solos registrados ha venido descendiendo desde 2018, años en el que alcanzó su máxima, con 13.796 menores registrados.

ATENCIÓN SOLIDARIA Y PROHIBICIÓN DE DESNUDOS INTEGRALES

Tanto en los casos de Ceuta y Melilla, como en el de Canarias, la Oficina del Defensor del Pueblo ha venido insistiendo en la necesidad de que la Administración General del Estado, en coordinación con las comunidades autónomas, sienten las bases para que se acabe de constituir la Mesa de Coordinación Interterritorial, como marco de interactuación, coordinación y atención solidaria de todas las administraciones implicadas a estos menores.

Además, la futura Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia, a la que le falta un sólo trámite parlamentario en el Congreso para su aprobación definitiva, establece que cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de un menor extranjero no acompañado, será considerado menor, en tanto se determina su edad, prohibiéndose explícitamente los desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas para determinar su edad.

Precisamente, la pasada semana, la oficina del Defensor del Pueblo, que dirige en funciones Francisco Fernándeza Marugán, denunció la disparidad que existe en las pruebas médicas a las que estos niños, niñas y adolescentes son sometidos para la determinación de su edad.

Al respecto, el Defensor del Pueblo asegura que ha dado traslado «una vez más» a la Fiscalía General del Estado de su preocupación tras constatar «con alarmante frecuencia la insuficiencia de las pruebas médicas, la ausencia de intervención forense y la falta de notificación de los decretos».

Por otro lado, y pese a las cifras del Registro, el Defensor advierte de la «disparidad» de datos sobre el número de menores extranjeros no acompañados en España proporcionados por las entidades de protección, lo que supone la imposibilidad de conocer el número de menores tutelados en cada comunidad autónoma. Según afirma el Defensor, existe la necesidad de «mejorar» el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y en general el sistema de recogida de datos.

El optimismo de la población respecto a la actual situación de la pandemia sigue creciendo y el 62 por ciento considera que lo peor ya ha pasado, lo que supone 12 puntos por encima de abril, según muestra el barómetro de opinión realizado en mayo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El dato contrasta con los que afirma que lo peor está por llegar, que también bajan por tercer mes consecutivo, bajando del 11,2% de abril al 9,9%. Mientras que los que afirman que la situación generada por el coronavirus en España se encuentra en el peor momento, baja más de 10 puntos en dos meses. Siendo la opinión refrendada este mes por el 16,3 por ciento, hasta 8 puntos menos que en abril (24,9%).

Esta imagen positiva se estanca al ser preguntados por su preocupación por los efectos de esta crisis sobre la salud, la economía y el empleo. Al igual que en el mes de abril el 38 por ciento afirma estar más preocupado por los efectos de esta crisis sobre la salud, aunque sube dos puntos la población que afirma que su preocupación es mayor por los efectos de la crisis sobre la economía y el empleo (del 24,4% al 26,3%).

La encuesta, que ha sido realizada entre el 4 y el 13 de mayo a 3.814 ciudadanos, muestra que hasta un 26 por ciento ha tenido que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus o por otras causas relacionadas con el coronavirus; de estos el 59 por ciento contacto con su médico de Atención Primaria, el 16% con un teléfono 900 que la comunidad puso para estos caso, y hasta un 9,9 por ciento con el servicio de urgencias del Hospital.

Por otro lado, se mantiene la población que afirma que ha tenido a algún familiar no conviviente con coronavirus, con datos parecidos el mes pasado esta afirmación es confirmada por el 46,9 por ciento. Mientras los que señalan que algún amigo ha padecido el covid-19 llegan al 57,2% y hasta el 82 por ciento conoce a alguien que ha tenido el coronavirus.

En cuanto a la población que conoce a alguien que haya fallecido, el 18,9 tienen algún familiar no conviviente fallecido; el 15,9 por ciento ha perdido a algún amigo y hasta el 36 por ciento a algún conocido, lo que supone una subida de casi tres puntos.

BAJAN LOS VEN SU VIDA AFECTADA POR LA COVID

Preguntados por cómo les está afectado a su vida personal, se observa nuevamente una bajada con respecto al pasado mes. Así, el 56,8 por ciento afirma que todo lo que sucede le está afectando mucho o bastante (2 puntos menos que abril); al tiempo que sube al 18,7 por ciento (2 punto más que en marzo) al que no le está afectado nada o casi nada, y se mantiene en el 23 por ciento los que dicen que les está afectando algo).

Al hablar de la vida social, siguen siendo más los que dicen que les está afectado mucho o bastante en sus relaciones aunque baja nuevamente casi cuatro puntos este mes (del 71,6% al 67,9%), mientras los que señalan que no lo están notando casi nada o nada son el 15 por ciento y se sitúa en el 16 por ciento los que lo notan algo.

En cuanto a cuáles son los aspectos que más les afecta en la vida personal, por orden la población mantiene el distanciamiento con los seres queridos como principal aspecto (35,3%); las restricciones y libertad de movimientos (35,1%); el aislamiento y el confinamiento (14,6%); y le siguen los cambios en la vida cotidiana; el trabajo o economía personal; el estado anímico negativo (ansiedad, tristeza…); el miedo al contagio suyo o de otras personas y por el cambio de las condiciones laborales.

Finalmente, se observa una relajación en la medidas de control. Al margen de las medidas oficiales para el control de la COVID tomadas por las autoridades desde que estamos bajo lapandemia, hasta un 5,8 por ciento afirma que hace vida normal y no sigue medidas propias. Un 44,2% afirma que ha reducido el contacto social y familiar (salir menos, evitar aglomeraciones, etc.); el 30% tiene cuidado con las cosas que toca o por dónde va, pero en lo demás hace vida normal; mientras que el 14,3 permanece prácticamente en aislamiento, saliendo de casa sólo para adquirir alimentos y para ir a consultas médicas.

El grupo municipal de Más Madrid ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, «que ni se digne a contestar» la propuesta de declaración institucional por el Día Internacional del Orgullo, el 28 de junio, presentada por la formación.

Más Madrid quiere que ondee la bandera arcoirís en el Palacio de Cibeles como muestra del compromiso en la lucha contra la LGTBIfobia y con los derechos humanos de las personas LGTBI+.

El grupo municipal envió una propuesta de declaración institucional al resto de grupos municipales con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo, en la que llaman a «garantizar la seguridad de las personas LGTBI+ en la ciudad con medidas que refuercen los recursos policiales para eliminar las agresiones LGTBIfóbicas en la ciudad de Madrid y el acompañamiento a las víctimas».

Hasta el momento no han contestado ni PP, ni Cs ni Vox, han indicado en un comunicado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y la concejala Amanda Romero, que no entienden «la falta de interés de este Gobierno municipal, que ni se ha dignado a contestar».

«ALMEIDA SE PLIEGA A LOS DESEOS DE LA EXTREMA DERECHA»

«Un año más sin declaración contra la violencia de género, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y ahora tampoco del Orgullo LGTBI+», ha apuntado Rita Maestre. Con esto, «Madrid retrocede décadas con un alcalde que se pliega a los deseos de la extrema derecha».

La concejala Amanda Romero ha puntualizado que, «siguiendo el dictado de su socio de la extrema derecha», Martínez-Almeida, no quiere que haya declaración institucional en Madrid sobre el Orgullo.

«Sería el tercer año, desde su llegada a la Alcaldía, que la ciudad se queda sin este reconocimiento, descafeinando más si cabe una fecha tan importante como es el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, cuya celebración es, además, una seña de identidad del pueblo de Madrid», han remarcado.

LA POSTURA DEL PSOE

Más Madrid también ha criticado la postura del Grupo Municipal Socialista, cuyas propuestas para aprobar la declaración tenían que ver con la eliminación de las referencias relativas a la identidad de género, algo «inaceptable» para el grupo liderado por Rita Maestre, «comprometido con los derechos de las personas trans».

Precisamente este martes en el Congreso de los Diputados se votará una proposición de Ley Trans impulsada por Más País, a instancia de los colectivos, junto a otros grupos parlamentarios. La iniciativa busca ser discutida en comisión parlamentaria después de dos años de trabajo y lucha de las personas trans para garantizar sus derechos.

Los presidentes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aprovecharán el Pleno de control en el Congreso de este miércoles para censurar, una vez más, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su decisión de dejar en manos de las comunidades autónomas, y en última instancia de los tribunales, las medidas para atajar la pandemia tras el fin del estado de alarma.

Pero no se descarta, a tenor de la crisis diplomática que se vive con Marruecos, que ambos saquen a colación este asunto en sus ‘duelos’ con Sánchez, que este martes se trasladó a Ceuta para conocer ‘in situ’ la situación que se vive en esa ciudad, a la que han accedido irregularmente unos 7.000 ciudadanos marroquíes desde la madrugada de este lunes.

Desde que el pasado día 9 decayera esta medida excepcional, son diversas las ocasiones en las que el PP y Ciudadanos han acusado a Sánchez del «caos» en el que ha sumido al país por pasar la ‘patata caliente’ de la pandemia a las autonomías y tribunales, lo que ha provocado una divergencia de criterios de los tribunales superiores de justicia.

Y previsiblemente sus líderes lo volverán a hacer este miércoles, cuando volverá a llevar este asunto a la sesión de control. En concreto, Casado pedirá a Sánchez que explique las razones por las que se niega a aprobar el plan b jurídico para luchar contra la pandemia.

EL PLAN B DEL PP, PARA JUNIO

El PP registró hace semanas una proposición de ley de pandemias en la que plantea modificar la ley de 1986 de medidas en materia de Salud Pública con la que persigue dar seguridad jurídica a las autonomías.

Sin embargo, hasta la fecha el Gobierno no ha dado su visto bueno a esa propuesta, pese a que el PP le pidió por carta a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que acelerase este trámite. Así las cosas, el PP no podrá someterla a debate del Pleno este mes de mayo, como pretendía, sino que tendrá que esperar ya hasta el próximo mes de junio.

«¿Cómo valora el presidente del Gobierno la gestión que está haciendo en esta fase final de la pandemia?», reza la pregunta que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tiene reservada, por su parte, para Sánchez.

Cs viene acusando al Gobierno de «dejación de funciones» al no cumplir con su responsabilidad de atajar la pandemia y establecer una herramienta jurídica idónea para que las autoridades sanitarias autonómicas puedan establecer restricciones, un asunto que la formación naranja sostiene que debe intentar consensuar con la oposición».

La tercera pregunta que atenderá el presidente en el Pleno vendrá de la mano de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. La independentista catalana quiere que Sánchez le explique cómo puede garantizar que las pymes serán las principales beneficiadas del Plan de Recuperación que el Gobierno ha presentado en Bruselas.

VOX FORZARÁ UNA VOTACIÓN

El estado de alarma también centrará una interpelación que el grupo parlamentario de Vox dirigía en origen a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, pero que el Ejecutivo ha derivado finalmente al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Los de Abascal pedirán a Campo que explique a la Cámara qué medidas va a promover el Gobierno para poner fin al «caos» en el que, a su juicio, se halla el país tras el fin del estado de alarma. Esta interpelación dará lugar una semana después a la votación de la subsiguiente moción.

Además, tanto Vox como el PP también tienen previsto dirigir a la ‘número dos’ del Gobierno dos preguntas. Concretamente, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, pedirá a Calvo que se pronuncie sobre el «rapapolvo» que, a su juicio, el Tribunal Constitucional ha dado al Gobierno por el uso «torticero» que hace de los decretos ley.

Gamarra tenía registrada inicialmente una pregunta genérica para la ‘número dos’ del Gobierno pero decidió cambiarla después de que el Alto Tribunal cuestionara la decisión del Gobierno de incluir al que fuera vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al jefe del gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de un decreto ley.

De su lado, el portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, pedirá a la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes que explique a la Cámara si cree que su Gobierno tiene credibilidad.

Y CATALUÑA

En la misma sesión plenaria, que tendrá lugar tan sólo dos días después del principio de acuerdo sellado por ERC y Junts para la investidura de Pere Aragonés, la CUP dirigirá, por su parte, una interpelación al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta.

La formación antisistema pedirá a Iceta que dé cuenta de las propuestas que baraja el Ejecutivo para la resolución de la crisis política en Cataluña, singularmente sobre la mesa de diálogo con Cataluña, un asunto que ERC y Junts han incluido en su pacto. Esta iniciativa también derivará en la votación de la correspondiente moción la próxima semana.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que no se puede precisar el número de menores, tanto solos como en familia, que hay entre los 6.000 migrantes que han entrado en Ceuta, aunque previamente el presidente de la ciudad autónoma ha estimado que serían unos 1.500. En todo caso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Marlaska ha asegurado que no hay ningún menor entre los 2.700 devueltos a Marruecos hasta el momento.

El titular de Interior ha resaltado que los niños tienen «estatus especial», recordando que para la devolución de estas miles de personas se siguen «protocolos homolgados» entre las instituciones, como son la Fiscalía o las comunidades autónomas. De este modo, según ha señalado, «no se alberga duda objetiva» en la mayoría de edad de los migrantes que han regresado a Marruecos.

En cuanto a los posibles menores, el ministro ha explicado que en aquellos casos que existan dudas sobre la edad se le realizarán las pruebas pertinentes para su conformación. Estas pruebas, ha indicado, se empezarán a hacer «en los próximos días» y cuando la situación vivida desde el lunes esté «normalizada».

En cualquier caso, el titular de Interior ha apuntado que en la atención a los niños migrantes, el Gobierno se «guiará» por su «estatus especial» y el «interés superior del menor». «Como todo en este Gobierno, se guiará por el respeto a los derechos y libertades fundamentales», ha apuntado, en referencia a las leyes nacionales e internacionales sobre esta materia.

CASI 500 MENORES EN CEUTA EN 2020

El Registro de Menores Extranjeros No Acompañados cifra en 9.020 los niños migrantes solos que estaban acogidos en España a finales de 2020, 496 de ellos en Ceuta.

Hasta ahora, las comunidades autónomas que mayores cifras de menores solos registran son: Andalucía, con 2.507; Canarias, con 1.849, más unos 300 menores más se encontraban pendientes de registrar; y Cataluña, con 1.168. Les sigue Melilla, que tenía registrados 798; Ceuta, con los mencionados 496; Comunidad Valenciana, con 473; País Vasco, con 471; y Madrid, 356.

La llegada en pateras o embarcaciones similares de menores extranjeros no acompañados durante el año 2020 volvió a incrementarse (3.340 menores), tras el descenso de llegadas producido el año anterior (2.873 menores). El número de menores solos registrados ha venido descendiendo desde 2018, años en el que alcanzó su máxima, con 13.796 menores registrados.

ATENCIÓN SOLIDARIA Y PROHIBICIÓN DE DESNUDOS INTEGRALES

Tanto en los casos de Ceuta y Melilla, como en el de Canarias, la Oficina del Defensor del Pueblo ha venido insistiendo en la necesidad de que la Administración General del Estado, en coordinación con las comunidades autónomas, sienten las bases para que se acabe de constituir la Mesa de Coordinación Interterritorial, como marco de interactuación, coordinación y atención solidaria de todas las administraciones implicadas a estos menores.

Además, la futura Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia, a la que le falta un sólo trámite parlamentario en el Congreso para su aprobación definitiva, establece que cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de un menor extranjero no acompañado, será considerado menor, en tanto se determina su edad, prohibiéndose explícitamente los desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas para determinar su edad.

DISPARIDAD DE PRUEBAS PARA DETERMINAR LA EDAD

Precisamente, la pasada semana, la oficina del Defensor del Pueblo, que dirige en funciones Francisco Fernándeza Marugán, denunció la disparidad que existe en las pruebas médicas a las que estos niños, niñas y adolescentes son sometidos para la determinación de su edad.

Al respecto, el Defensor del Pueblo asegura que ha dado traslado «una vez más» a la Fiscalía General del Estado de su preocupación tras constatar «con alarmante frecuencia la insuficiencia de las pruebas médicas, la ausencia de intervención forense y la falta de notificación de los decretos».

Por otro lado, y pese a las cifras del Registro, el Defensor advierte de la «disparidad» de datos sobre el número de menores extranjeros no acompañados en España proporcionados por las entidades de protección, lo que supone la imposibilidad de conocer el número de menores tutelados en cada comunidad autónoma. Según afirma el Defensor, existe la necesidad de «mejorar» el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y en general el sistema de recogida de datos.

El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado que la Comunitat Valenciana se encuentra, en este momento de la pandemia, en un proceso de «apertura progresiva», no «total», por lo que avanza que las próximas decisiones que se tomen sobre las medidas de control «no serán disruptivas». «La apertura es progresiva y ha de tener sus tiempos, sin más prisa de la necesaria».

Así lo ha declarado el jefe del Consell, que hoy ha visitado varios espacios culturales con motivo de la celebración del Día de los Museos, a preguntas de los medios sobre los cambios que prevé aplicar la administración en cuanto a las restricciones antiCovid.

En este sentido, Puig ha puesto como ejemplo el toque de queda, «que ha servido para contener la pandemia y ha sido fundamental, sobre todo por lo que lanza a la atmósfera colectiva, que es que no hemos superado la pandemia y esa es una realidad».

Ha agregado que las acciones se estudian con las aportaciones que hacen los grupos de expertos y los técnicos de salud pública, al tiempo que ha subrayado que, «aunque es bien cierto que estamos en una situación de superación continua de la pandemia, la apertura ha de ser progresiva y debe tener sus tiempos».

Por ello, ha adelantado que «las decisiones que se van a tomar no van a ser disruptivas o de una profundidad que exija tener mucho tiempo para ponerlas en marcha».

«Tenemos una hoja de ruta bastante clara y predecible», ha resumido el dirigente autonómico, que ha precisado que esta pasa por una apertura progresiva en la que se puede tomar algún tipo de decisión en cuanto a la relajación de restricciones. No obstante, ha aseverado: «A partir de este fin de semana no va a haber una apertura total».

«Estamos en el camino correcto y tenemos que afianzarlo», ha insistido Puig, quien, además, ha emplazado a conocer próximamente si ha habido efectos por este pasado fin de semana.

En la misma línea, el ‘president’ ha agregado: «Lo hemos hecho muy bien, la sociedad valenciana lo ha hecho muy bien y no tenemos una prisa excesiva. Hay que llegar al verano en las mejores condiciones posibles porque eso sí va a ser un punto de inflexión fundamental».

MASCARILLA EN ESPACIOS ABIERTOS

Preguntado por las declaraciones del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, acerca de la posibilidad de dejar de llevar mascarilla al aire libre, Puig ha recordado que él es «partidario desde hace tiempo de que no sea necesario el uso en algunos espacios abiertos, naturales o las playas».

«Pero esas decisiones –ha apostillado– se tienen que tomar cuando corresponda. Por ahora es absolutamente obligatoria la mascarilla, la distancia y ventilar, si continuamos así este verano será mucho mejor que el pasado y con la perspectiva de la reactivación».

Por estas razones, ha instado a «avanzar con prudencia y máxima cautela», ya que «también hay sombras que emergen», entre las que ha citado la variante india. Aquí ha aprovechado para volver a reclamar «una vacunación global». «Esta es una pandemia global y la respuesta ha de ser global; no puede haber países marginados, es una cuestión de solidaridad, pero también de pragmatismo para la superación de la pandemia», ha argumentado.

Finalmente, ha puesto en valor que la Comunitat acaba de cumplir dos meses con la incidencia acumulada por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, algo que se debe al «enorme esfuerzo de la sociedad valenciana, a su sacrificio en relaciones personales y contención económica». Ha agradecido su comportamiento a los valencianos porque estos datos «elevan la reputación de esta Comunitat y son un activo también para la recuperación».

El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados un texto alternativo al proyecto de ley de la Fiscalía Europea ideado por el Gobierno al considerar que establece un nuevo proceso penal que se anticipa al planteado por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aún en fase de anteproyecto.

El Gobierno envió el pasado 27 de abril a las Cortes Generales el proyecto de ley de la Fiscalía Europea, por el que se adapta el ordenamiento español a las exigencias comunitarias para poner en marcha esta nueva institución, cuyo objetivo será perseguir los delitos que afecten a los intereses económicos de la UE, por lo que los fiscales delegados europeos podrán instruir en relación con dichos ilícitos.

El Ejecutivo explicó que, aunque los reglamentos de la UE –como el 2017/1939 que da vida a la Fiscalía Europea– son de aplicación directa, hay adaptar el marco jurídico para su puesta en marcha, sobre todo en casos como el español donde la investigación penal sigue en manos de los jueces de instrucción, a pesar de que el borrador de la nueva LeCrim prevé dársela al Ministerio Público.

El PP coincide en que es necesario adaptar la normativa española al Reglamento de la Fiscalía Europea para su «verdadera aplicación». Sin embargo entiende que, «encontrándose España en un proceso de revisión de la principal normal procesal penal, no es razonable incorporar ‘de facto’ y de manera precipitada y anticipada aspectos tan novedosos para nuestra tradición jurídica como la instrucción por el Ministerio Fiscal».

A este respecto, el grupo ‘popular’ subraya que «las Cortes Generales todavía no han recibido siquiera un proyecto de ley de reforma de la LeCrim y, por tanto, no han podido pronunciarse sobre el mismo».

Además, el partido de Pablo Casado entiende que «la creación de la Fiscalía Europea es perfectamente compatible con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en vigor», según su enmienda a la totalidad.

En consecuencia, ofrece un texto alternativo para adaptar el ordenamiento español al citado reglamento, «desarrollando las funciones y principios de actuación de la Fiscalía Europea en el territorio nacional» y definiendo su estatuto y el de los fiscales europeos delegados.

«UNA MARAÑA» DE AJUSTES

Para ello, el PP se apoya en la exposición de motivos del anteproyecto de ley de la nueva LeCrim, donde el Gobierno aduce la necesidad de abordar una reforma integral para sustituir un articulado que, según señala, se ha convertido en «una maraña de normas fragmentarias» por las sucesivas modificaciones parciales: un total de 77, 54 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución.

«Por lo tanto», sostienen los ‘populares’, «flaco favor haría el legislador aumentando la ‘maraña de normas fragmentarias’ añadiendo una nueva ley sobre la Fiscalía Europea que introdujera en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo procedimiento de investigación incongruente con nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal».

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha rechazado este martes que se pueda responsabilizar al Ejecutivo por los casos de explotación sexual infantil, insistiendo en que su administración ha trabajado por visibilizar este problema.

«Nosotros no somos responsables directos de la explotación sexual infantil, porque esto está pasando en todo el mundo, aunque usted lo intente obviar», ha declarado la presidenta, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Vox, Jorge Campos, respecto al escándalo de abusos a menores tuteladas por el Consell de Mallorca.

La presidenta ha defendido que el Consell de Mallorca «no se ha puesto de perfil» y que han hecho «una comisión política de investigación». En este sentido, ha reprochado a Vox que no participase de la comisión. «A la hora de trabajar con ustedes no podemos contar, como siempre», ha dicho.

Además, Armengol ha recordado a las víctimas del doble crimen machista de Sa Pobla, afeando a Vox que critiquen las políticas contra la violencia machista «igual que las que se hacen para afrontar la explotación sexual infantil», o «que criminalicen a los niños que vienen de otros países porque pasan hambre y miseria». «Ustedes de menores no me puede hablar», ha zanjado la presidenta.

Por su parte, Campos ha considerado a Armengol «doblemente responsable» de estos casos por el voto en contra de los socialistas a crear una comisión de investigación. «Por permitirlo y por no hacer nada para remediarlo», ha dicho el diputado, que ha asegurado que «algo deben ocultar cuando se niegan a investigar».

Vox ha insistido en que es necesario cambiar el sistema de tutela, que «está podrido» y «ha acabado en un estercolero moral y delictivo».

SANTIAGO INSISTE EN QUE ESTE FENÓMENO «SIEMPRE HA EXISTIDO»

También en el pleno de este martes, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha respondido una pregunta sobre los casos de abusos. La consellera, que ha recordado que la tutela de menores es competencia del Consell de Mallorca, ha insistido en que la explotación sexual infantil «siempre ha existido» pero que «desde 2015 se visualiza».

Santiago ha destacado la nueva herramienta para detectar y prevenir estos casos y ha defendido los protocolos existentes.

Por su parte, la diputada del PP Margalida Duran ha denunciado que la comisión del Consell ha sido «un teatro con un guión hecho previamente para concluir que si existe explotación sexual infantil es porque hay explotadores, y obviando que las víctimas están tuteladas por la administración pública». Por ello, ha pedido al Govern que «reflexione» sobre su estrategia ante este problema.

El secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha indicado este martes que el PSOE se abstendrá en la votación sobre la tramitación de la Ley Trans que se debate este martes en el Pleno del Congreso, con lo que esa falta de apoyo condena la iniciativa a la derrota ante una previsible oposición del PP y de Vox. El motivo, según ha dicho, es que el texto «mejorable» y necesita seguridad jurídica.

Las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, además de CUP, PNV y Ciudadanos, ya han adelantado su voto a favor a este texto, que también cuenta con el apoyo de Unidas Podemos. Ante el previsible voto en contra de PP y Vox al texto, la abstención del PSOE no permitiría tramitar la ley.

En su intervención, Simancas ha defendido el «firme e inquebrantable» compromiso de los socialistas en las Cortes con «los derechos de las personas trans» y con su «protección» antes los ataques y discriminación que sufren. «Somos la formación política que más ha hecho por el colectivo y lo seguiremos siendo», ha declarado.

Sin embargo, apunta que el Gobierno ya está trabajando en «su propia legislación» en esta materia que, a su juicio, necesita medidas tomadas «con pleno rigor y plenas garantías jurídicas» ante la previsión de que los partidos de la derecha lo recurran ante el Tribunal Constitucional.

ALTERNATIVA A LA LEY DEL CONGRESO

«Esta proposición de ley es mejorable», ha apuntado el diputado, que se ha referido específicamente a la «seguridad y garantía jurídica» del mismo.

El texto que se lleva a debate este martes al Congreso es una ley registrada por ERC, Junts, Nueva Canarias, Compromís, CUP y Más País como alternativa al texto redactado por el Ministerio de Igualdad y que, según denuncia el propio departamento de Irene Montero, el PSOE lleva «bloqueando» durante meses para su aprobación en el Consejo de Ministros.

Los socialistas se han mostrado en contra de esta iniciativa por la inclusión en su articulado de la autodeterminación de género. El principal partido en el Gobierno considera que el género no existe, sino que es una «construcción social» que se forma a través de los «roles sociales y culturales» y los «estereotipos» que se asignan a hombres y las mujeres de manera diferenciada.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha alertado en estos meses de la «inseguridad jurídica» que esta medida puede tener para «los 47 millones de españoles» y ha denunciado que el texto supone el «borrado» de las mujeres y de los derechos por los que estas llevan luchando siglos.

El Gobierno Vasco se marca como reto conseguir que el 40% de los presos cumplan condena en régimen de semilibertad y hasta el 50% en el caso de las mujeres, una vez que Euskadi asuma el 1 de octubre la competencia de prisiones.

Además, el asesor para Instituciones Penitenciarias del Ejecutivo autonómico, Jaime Tapia, ha afirmado que no se pretende favorecer a los presos de ETA, en ningún caso, porque todos los reclusos «son iguales ante la Ley y a todos hay que aplicársele de igual manera».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Tapia ha señalado que, una vez que Euskadi asuma el 1 de octubre la competencia de Prisiones, cuando se habla de ‘modelo penitenciario vasco’, se quiere significar que, con una serie de líneas de actuación y criterios, se va a «profundizar en medidas y decisiones que ya se estaban adoptando en este momento».

El que ha sido hasta ahora actual presidente de la Sección Penal de la Audiencia de Álava, ha destacado que, en los últimos dos años, «han entrado nuevos aires» en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con Juan Luis Ortiz.

«Lo que vamos a hacer es recoger todo esto que se está haciendo bien en los centros penitenciarios y en la ejecución penal, y vamos a profundizar. Vamos a observar, primero, cuáles son los déficit y problemas, aunque creemos que los tenemos identificados y abordarlos con otros operadores y entidades, Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos, las personas del Tercer Sector y los propios funcionarios de Instituciones Penitenciarias», ha añadido.

Se trata de mantener «una sensibilidad diferente, no profundamente distinta, pero que sí hace que se pueda entender» como un «nuevo modelo». Además, ha destacado que tendrá una perspectiva victimológica, en la que las víctimas serán «consideradas en este proceso y no solo las personas que están privadas de libertad».

También ha apostado por una «idea comunitaria», de forma que la comunidad se dé cuenta de que los presos «no son seres extraterrestres, sino que son ciudadanos que viven en sus barrios, ciudades y pueblos, que han cometido errores, que tienen, obviamente, que cumplir unas penas, pero que tarde o temprano van a volver».

«Y la sociedad se debe responsabilizar. Si tenemos éxito entre todos, vamos a conseguir que esas personas, cuando salgan, tengan un trabajo, una actividad, y que reincidan menos. Eso va a ser beneficioso para todos», ha precisado.

IGUALDAD ANTE LA LEY

Su planteamiento es que «todos los presos y presas son iguales ante la Ley». «En el caso de personas que han sido condenadas por delitos terroristas, el Código Penal y, tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria como el Reglamento Penitenciario, establecen unos requisitos, unas condiciones y, por otro lado, las sentencias condenatorias también establecen unas penas, unas veces con condiciones, etc», ha añadido.

Por ello, ha dicho que, una vez que se reciba la competencia, habrá que analizar el caso de cada recluso. «Hay que ver esas circunstancias de legislación y de sus propias sentencias, y abordarlas desde el principio 14 de la Constitución: todos somos iguales ante la Ley, y a todos se les debe aplicar la Ley de igual manera. Ese es el ‘leit motiv’ de una perspectiva socializadora y desde una perspectiva de la víctima y, por lo tanto, en beneficio de la sociedad en su conjunto. Es la idea clave que nos anima a todos en relación a estas personas», ha indicado.

PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS

Jaime Tapia ha manifestado que cada preso tendrá que seguir un programa individualizado de tratamiento, seguir una pautas, una serie de programas y actividades que se le proponen, y que son voluntarios. Hacerlos pueden tener su repercusión de los permisos y progresión de grados, y en su caso, cada medio año, hay que hacer una revisión de su situación, que está condicionada por la sentencia que se le haya impuesto y bajo supervisión judicial.

Asimismo, dentro del programa individualizado, hay una perspectiva restaurativa, de forma que se estudiará «cómo contempla la persona que ha cometido el delito, si lo reconoce», y cuál es su actitud respecto a la víctima, si admite que le ha causado un daño y está dispuesto a repararlo, con la satisfacción de la responsabilidad civil correspondiente.

«Esa asunción de la responsabilidad o ese acercamiento a la víctima, si ella quiere o, si no, con encuentros indirectos y una serie de medidas que hay dentro de la justicia restaurativa, hacen que esa persona cambie y se resocialice», ha apuntado. De esta forma, la posibilidad de reincidencia disminuye.

En todo caso, ha recordado que todo esto es voluntario y tampoco se tiene que tomar como el logro de un beneficio. En su opinión, «la idea es, a través de todas estas actividades y programas», llegar a «las causas y problemas que estas personas han tenido y que le han llevado a la comisión del delito».

Si como consecuencia de todo este tratamiento voluntario, la persona va evolucionando, eso va a permitir que los técnicos del centro penitenciario, las juntas de tratamiento y, por último también, muchas instancias, el propio juez o el centro directivo, el Gobierno vasco en este caso, vean que esta persona tiene un pronóstico favorable de reinserción y, al final, esto hace que, en esta línea de favorecimiento de la reinserción o la reeducación, se le dé la oportunidad de salir de permiso o progresar a régimen de semilibertad», ha apuntado.

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD

Tapia ha explicado que el cumplimiento de un régimen de semilibertad no significa que esa persona esté en libertad, sino que «sigue cumpliendo ciertas obligaciones, deberes o condicionamientos». Además, permite conseguir un mayor índice de reinserción que si el preso cumple interno toda la condena, porque, a la vez, se trabaja con esas personas en procesos socioeducativos, de reinserción laboral, etc».

En todo caso, ha aplicado que, según los parámetros de derechos humanos internacionales, se considera una «buena ratio» que el 40% de las personas puedan cumplir condenas en régimen de semilibertad. En el Estado español, en estos momentos, se está en el 25%.

«Nuestro reto es el 40%, pero tampoco es una obsesión. Esto hay que conseguirlo con todas las líneas de actuación que estamos proponiendo el salud mental, en niños, en las personas mayores de 70 años. Esto no se consigue de repente», ha destacado.

Según ha asegurado, hay que ir «poco a poco» porque la competencia «es compleja y no hay que ponerse metas inmediatas». Además, ha subrayado que, en el caso de la mujeres, por el tipo de delitos que cometen, por sus circunstancias personas, si se abordan sus problemas específicos, se podía alcanzar una cuota más alta, del 50%, del cumplimiento de penas en semilibertad.

La Comisión de Calidad Democrática del Congreso tiene previsto cerrar este miércoles la ronda de comparecencias de expertos que abrió el pasado mes de diciembre para buscar fórmulas destinadas a reforzar la independencia e imparcialidad de los organismos reguladores y las autoridades independientes.

En estos cinco meses han desfilado por la Cámara una veintena personas que han expuesto sus recetas en esta materia, unas propuestas que los grupos parlamentarios tendrán que decidir si trasladan y cómo al informe que tienen que redactar para aprobarlo primero en la comisión y después en el Pleno de la Cámara.

En concreto, el broche final a estas comparecencias lo pondrán este miércoles la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María Luisa Araújo Chamorro; el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, y Andrés García Berrio, codirector de Iridia, asociación defensora de los Derechos Humanos y denunciante de casos de ‘violencia institucional’.

En este periodo la comisión ha escuchado a los máximos responsables del Banco de España, las Comisiones del Mercado de Valores y de los Mercados y la Competencia, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).

También se han recabado las propuestas de siete profesores o catedráticos, de un magistrado de lo Mercantil y de un exmagistrado del Tribunal Constitucional y una periodista.

EN SEPTIEMBRE, DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN

Una vez concluyan las comparecencias, los grupos parlamentarios fijarán un plazo para pactar el informe con sus recomendaciones para mejorar la independencia e imparcialidad de los reguladores y las autoridades independientes.

Según han informado fuentes parlamentarias, el informe podría quedar aprobado en comisión antes del paréntesis estival, aunque parece complicado que reciba el visto bueno del Pleno antes septiembre, cuando arrancará el próximo periodo de sesiones.

También será ya después del verano cuando la comisión que preside Íñigo Errejón, inicie la segunda parte de su cometido: hacer propuestas para mejorar la protección que se presta a los denunciantes de corrupción. Para ello, se abrirá una nueva ronda de comparecencias y se seguirá el mismo procedimiento que con lo relativo a los reguladores.

La Comisión de Ética Judicial, órgano independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considera que puede existir un elevado riesgo de lesión de los principios de independencia e imparcialidad judicial en aquellos casos en los que un juez o magistrado, tras haber desempeñado funciones vinculadas al poder ejecutivo o legislativo, es reintegrado en el ejercicio de la jurisdicción.

El dictamen, que responde a la consulta formulada a la comisión por parte de un miembro de la carrera judicial, recuerda que en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados de nuestro entorno, no existe ninguna prohibición de retorno al ejercicio de la jurisdicción para el juez o magistrado que ha desempeñado cargos de naturaleza política; ni están previstos en la ley los denominados periodos de abstención o enfriamiento.

Según el dictamen hecho público ese martes por el gabinete de comunicacion del CGPJ, los principios éticos que pueden verse afectados cuando un juez o magistrado desempeña cargos políticos o de confianza en otros poderes del Estado tienen que ver con que «los jueces sean reconocibles como tales» y «no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas facetas en las que sea reconocible como juez o jueza».

Otro de los principios éticos afectados señala textualmente que «el juez y la jueza han de comportarse y ejercer sus derechos en toda actividad en la que sean reconocibles como tales de forma que no comprometan o perjudiquen la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial».

Añade este documento que «la integridad exige que el juez y la jueza observen una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas facetas en las que sea reconocible como juez o jueza o invoque su condición de tal».

REGRESO DEL JUEZ DESDE LA POLÍTICA

El riesgo de lesión de la apariencia de independencia e imparcialidad y, por lo tanto, los deberes inherentes al mismo, será mayor en los supuestos donde se produzca una mayor exposición mediática o pública, participación activa en actos de partido o petición de voto, según advierte la Comisión de Ética Judicial.

En estos casos, la sociedad puede percibir al juez o magistrado como parte misma de una ideología u opción política. Por el contrario, en aquellos empleos o cargos de naturaleza técnica o jurídica, el riesgo de lesión es sensiblemente menor. L

La propia naturaleza del cargo político o de designación política y la de los asuntos de los que el juez o magistrado deba conocer tras su reintegro en el ejercicio de la jurisdicción también pueden influir en el mayor o menor riesgo de menoscabo de los principios de independencia e imparcialidad. En aquellos supuestos donde la contienda política pueda transformarse posteriormente en judicial, dicho riesgo es especialmente sensible, añade.

Por ello, la Comisión recuerda que, en el lapso temporal en el que un juez o magistrado se encuentra desempeñando cargos relacionados con la vida política, éste sigue perteneciendo a la Carrera Judicial (bien en régimen de servicios especiales o de excedencia voluntaria) y es percibido por la sociedad como un juez.

PRINCIPIOS DEL GRECO

Según el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), de 2013, la situación aludida «plantea cuestiones desde el punto de vista de la separación de poderes y sobre la necesaria independencia e imparcialidad de los jueces en el fondo y en la forma, sobre todo ante las preocupaciones públicas por los riesgos de la politización de la función judicial en España».

El deber de lealtad institucional al Poder Judicial no desaparece y es precisamente, esta inquietud la que cuenta con un fuerte reflejo en la sociedad actual, que contempla con preocupación la posibilidad de interferencia o colonización de las decisiones de los jueces y tribunales por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por lo tanto, la Comisión concluye deberá realizarse un especial esfuerzo explicativo o pedagógico que refuerce la confianza en el sistema judicial. En similar sentido, el juez o magistrado que ha abandonado temporalmente la función jurisdiccional para dedicarse a una actividad política sigue sujeto a la obligación ética de guardar lealtad institucional al Poder Judicial para así reforzar la confianza de la sociedad en la imparcialidad de la Administración de Justicia, dado que puede ser vinculado con facilidad a la opción política que ejerció en el pasado.

En aplicación de los principios de ética judicial, la Comisión matiza en su documento que en todas aquellas facetas donde el juez o magistrado sea reconocible como tal por la sociedad, deberá abstenerse de comprometer o perjudicar la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha destacado que el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) avala el «buen trabajo» de su formación y ha emplazado al Gobierno a «ponerse las pilas», dejar de pensar en «encuestas» y demostrar que tiene «dos años largos», de cara a convertir «los grandes anuncios en grandes cambios» para la gente «que no puede esperar más».

Por tanto y tras reconocer que «a nadie le amarga un dulce» en forma de encuestas que respaldan su labor, Errejón ha dejado claro que la «prioridad» ahora es «aprovechar» la legislatura y contribuir a adoptar soluciones ante la situación «difícil» que atraviesa España.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha señalado que el último barómetro del CIS muestra que Más País prácticamente duplicaría sus resultados, con un aumento «notable» de diputados y opción de poder tener grupo parlamentario propio.

«Lo tomamos como una verificación de que estamos haciendo un buen trabajo y hay que seguir por ese trabajo, pero hay que decir algo muy importante a continuación: no estamos en temporada electoral. El PP tiene prisas y quiere estar en una campaña sin fin que dure dos años», ha subrayado.

CASADO «CONFUNDE SUS DESEOS CON LA REALIDAD»

Sobre las palabras del líder popular, Pablo Casado, que da por terminada la legislatura, el diputado ha replicado que «en política no es bueno confundir deseos con realidades», dado que aún restan dos años de legislatura que «no dependen» de lo que diga el presidente popular, sino de lo que haga el Gobierno.

Por tanto, el Ejecutivo debe preocuparse en mejorar el cobro del Ingreso Mínimo Vital, asegurar el futuro de los trabajadores cuando salgan de los ERTE y procurar que los fondos europeos de recuperación no se quedan en cinco «grandes empresas» del Ibex.

De esta forma, Errejón ha insistido en que el Gobierno debe aprovechar lo que queda de legislatura para lograr un país «más justo y verde», un objetivo en el que su formación va a estar.

Respecto a Cataluña, el líder de Más País ha valorado que finalmente se salga de la situación de bloqueo, que «no es buena» para nadie y «desprestigie» la política, y está convencido de que el nuevo Ejecutivo regional representará a la mayoría de catalanes.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a liderar una respuesta de la Unión Europea ante el «ataque a las fronteras» españolas y europeas y la crisis migratoria en Ceuta, donde miles de marroquíes han entrado de forma irregular por mar desde este lunes, y le ha exhortado a resolver la «crisis diplomática» con Marruecos.

«Esto no es solo una crisis migratoria, es un desafío a la integridad territorial de España y a las fronteras europeas», una «afrenta sin precedentes» que hay que «atajar como se merece», ha declarado a los periodistas junto al Congreso de los Diputados después de reunirse con asociaciones de guardias civiles.

Arrimadas se ha puesto en contacto con el gabinete de Sánchez para trasladarle la necesidad de «una respuesta coordinada en España», con «unidad de las fuerzas políticas», y de que «el Gobierno lidere en Europa un respuesta a la altura de la gravedad de la situación», que es, a su juicio, «extrema».

«Europa tiene que responder y tiene que estar a la altura», ha subrayado. Concretamente, cree que el Ejecutivo debería solicitar «una misión urgente de las instituciones europeas a Ceuta» y que España debería «tener más peso en Frontex», la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas: «Debemos hacer valer que somos un país que tiene fronteras con terceros países y que las fronteras de España no sólo son fronteras de España, son fronteras de la UE».

CRISIS DIPLOMÁTICA CON MARRUECOS

Según la líder de Cs, es preciso actuar desde distintas vías: «la vía diplomática, la vía de seguridad y la vía europea». Respecto a la primera, ha indicado que el origen de esta situación es una «crisis diplomática» con Marruecos que el Gobierno de España, que «no ha sido consciente del desafío» al que se enfrentaba, debe gestionar.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este martes que el Ejecutivo está dando una respuesta «conjunta» a la crisis migratoria en Ceuta, una situación que ha evitado relacionar con cualquier represalia de Marruecos ante la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

En la reunión que ha mantenido con asociaciones de guardias civiles, Arrimadas les ha transmitido el apoyo de Ciudadanos a su labor en la frontera, que ha extendido también a la Policía Nacional y a los efectivos de las Fuerzas Armadas que se han desplegado como refuerzos. Asimismo, ha dicho que se ha puesto en contacto con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para mostrarle su solidaridad con los ceutíes y con las autoridades de la ciudad autónoma.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del conocido como caso Imelsa, mantiene el procesamiento al expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus por los ‘zombies’ de Imelsa: existen «numerosas evidencias» de su participación en los presuntos contratos irregulares.

Así se desprende de un nuevo auto dictado por la jueza, en el que se desestima el recurso interpuesto por Rus contra su procesamiento en las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

Rus recurrió en base a tres motivos principales: falta de motivación del auto; cierre precipitado de la instrucción; y otras motivaciones exculpatorias que, en opinión de la jueza, son «más propias del derecho de defensa en un juicio oral que tendentes a rebatir los elementos indiciarios del auto».

La magistrada desestima estos argumentos y reitera que el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’, llevó a cabo las supuestas contrataciones irregulares «con el conocimiento y participación» de Rus, que fue quien le puso al frente de su cargo en la empresa pública.

La magistrada recuerda que, junto a las declaraciones de Benavent, existen «numerosas evidencias» de la presunta intervención de Rus, entre otras pone el ejemplo de archivos de audio que recogen conversaciones en las que intervienen, además de Rus y Benavent, otros procesados.

Y un ejemplo «clarificador» –agrega– es la contratación del futbolista del Club Olímpic de Xàtiva, Miguel Ángel Mullor, club de cuyo presidente era Rus y a quien presuntamente se le contrató para hacerle pago de las dos últimas temporadas que jugó.

Además, la jueza asevera que existen «evidencias documentales» en apoyo a estas manifestaciones, al igual que grabaciones que «evidencian» el control, que pese a no tener competencias en Ciegsa, ejercía Rus sobre las contrataciones que se llevaban a cabo.

NI VULNERACIÓN NI DILACIÓN

Por otro lado, en relación con la falta de motivación del auto, la jueza indica que se ciñe a lo recogido en la ley y «en modo alguno» puede alegarse vulneración del derecho de defensa o de la tutela judicial efectiva.

Por último, la jueza no ve justificada una mayor dilación del procedimiento: «Esta pieza separada se incoó en mayo de 2016. Desde esa fecha se han ido practicando diligencias de instrucción, hasta marzo de 2021, en que dando por finalizada la misma se dictó auto de procedimiento abreviado. Dado el tiempo transcurrido no parece que se haya producido un cierre precipitado de la instrucción», considera.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha mostrado su deseo de que la Custodia de Arfe «salga y se vea en la calle» en el Corpus Christi en Toledo, pero respetará si no se dan esas circunstancias porque suponga un riesgo de contagio o brote de COVID-19.

Hace una semana la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, señalaba que los toledanos y las toledanas podrán asistir desde la responsabilidad a contemplar la Custodia de Enrique de Arfe que albergará al Santísimo el Jueves de Corpus Christi, 3 de junio, pero no habrá procesión ni se instalarán los toldos que a modo de palio cubren el recorrido procesional, aunque la ciudad se engalanará en calles y plazas.

A preguntas de los medios en la presentación el proyecto para el cuidado y restauración de la biodiversidad en el huerto ecológico de Cáritas de Toledo, Monseñor Cerro Chaves ha desvelado que el Arzobispado está abordando con el Ayuntamiento de Toledo y la autoridad regional sanitaria en qué términos se va a poder celebrar esta fecha.

«El año pasado salí yo unos pasos. Queremos que salga la Custodia, tres pasos, cinco pasos y que la gente pase para verla», ha asegurado el arzobispo toledano, que ha avanzado que en «tres o cuatro días» se harán públicas unas indicaciones del Arzobispado que recogerán en qué términos se podrá disfrutar de «la procesión más importante del año.

La tradicional misa en la Catedral de Toledo se realizará con normalidad y acogerá a todas las personas que se puedan, respetando la normativa sanitaria y propiciando «que la gente se mueva lo menos posible», cumpliendo con el cien por cien de aforo marcado para los templos en la región y garantizando la distancia interpersonal, ha recordado Cerro.

En todo caso, ha pedido a la ciudadanía que «adorne» todos los sitios de la ciudad con signos eucarísticos para celebrar «la fiesta de Dios en la calle», aunque ha recordado que los toldos no tiene sentido instalarlos porque no se va a celebrar la tradicional procesión por las calles de la ciudad. «Queremos que el Corpus no pase desapercibido. Vamos a hacerlo bien», ha manifestado.

CEUTA Y VISITA DEL PAPA

Asimismo, a preguntas de los medios sobre la posible visita del Papa Francisco a Toledo, Cerro Chaves se ha remitido a las palabras de su Santidad en Roma afirmando que si viniera a España, iría a Toledo, aunque ha precisado que siempre que el Papa realiza una visita «va las periferias, a los lugares más pobres».

PROYECTO PARA LA BIOSIVERSIDAD

El arzobispo toledano ha visitado el proyecto para el cuidado y restauración de la biosiversidad en el huerto ecológico de Cáritas de Toledo. Se trata de una iniciativa que servirá para «restaurar los hábitat que se encuentran degradados» plantando especies que se encuentren amenazadas, como el taray Tamarix Boveana.

El proyecto se enmarca dentro de la recién creada Delegación Pastoral para el Cuidado de la Creación de la Archidiócesis de Toledo y en la línea de los actos de la Semana ‘Laudato Sí’ que se celebra del 16 al 24 de mayo.

La producción de plantas que se logre en este espacio será recogida por voluntarios y se podrán replantar en zonas «marginales, pobres y degradadas», emulando «la marginalidad social que corrige Cáritas y predicando la conexión de la naturaleza como obra de Dios».

En la presentación de este proyecto han estado presentes el delegado episcopal de Cáritas, José María Cabrero y el delegado episcopal para el Cuidado de la Creación, Javier Gómez-Elvira.

Organizaciones de migrantes han pedido al Gobierno el fin de las políticas de externalización de fronteras, unas medidas que, a su juicio, son las causantes de las crisis y de las situaciones como las vividas este lunes en la frontera de Ceuta con Marruecos.

La directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha lamentado, que el país africano «juegue» de forma «permanente» con «sus súbditos y con España», usando la migración «como medida de presión» ante la UE.

Galán cree que, ni la UE ni España deben ser conscientes de lo que supone negociar con países con Marruecos en donde «no se respetan los derechos humanos». «Están abocadas al fracaso y ponen al país en una situación de debilidad permanente», ha indicado.

Esta debilidad, ha apuntado, es consecuencia, además, de la externalización de fronteras. CEAR denuncia, en este sentido, que estas medidas suponen «convertir a otros países en gendarmes» de las fronteras españolas y, por tanto, de la «vida de seres humanos». Esta situación, ha apuntado Galán, no puede ocurrir «con la connivencia de la UE» y llama a unas políticas de «enfoque más transversal y de derechos humanos».

De forma muy similar se ha expresado Andalucía Acoge, entidad con delegación en Ceuta desde 2017, y que también denuncia la instrumentalización que Marruecos hace de las personas migrantes, como «herramientas de presión para la política internacional. En este sentido, ha pedido que no se olvide que la situación vivida en la ciudad autónoma es una «crisis humanitaria».

CUMPLIR LOS DERECHOS HUMANOS

Es por eso que pide a España que, «independientemente de los problemas diplomáticos con Marruecos», cumpla «con los derechos humanos y la legalidad establecida para el trato a las personas migrantes».

El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales,ha llamado a la responsabilidad del conjunto de los representantes políticos para no usar la pobreza y la desesperación de estas personas con fines políticos e intereses geoestratégicos. «Las disputas económicas y estratégicas de los gobiernos poco tienen que ver con los derechos humanos de estas personas», ha insistido.

En su caso, señala también como origen de esta situación «la política de externalización de fronteras» en la que, explica, «la UE lleva inmersa desde hace décadas» y que permite a Marruecos tener un papel de «gendarme» en las fronteras españolas y, por tanto, europeas.

Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha mostrado su temor ante la posibilidad de que se produzca una situación de devolución en caliente y no se respeten los derechos humanos en Ceuta. En este sentido, llaman a «no repetir» ahora «los mismos errores de anteriores crisis humanitarias ya vividas cuando el Gobierno marroquí utiliza a parte de su población como arma arrojadiza frente a la UE o España».

ATENCIÓN A MENORES

La entidad, según explica, se ha ofrecido contribuir a desplegar un contingente de entidades sociales y humanitarias que refuercen la capacidad técnica e instrumental de los operarios en terreno, así como otros vías de trabajo. Un ofrecimiento que, hasta el momento, no han sido aceptados, según indica.

Del mismo modo, han pedido al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Migraciones el traslado de forma progresiva y ordenada de los menores llegados a la ciudad autónoma este lunes y que se estiman en unos 2.000.

MENORES ACOMPAÑADOS Y SOLOS «MUY PEQUEÑOS»

Es la presencia de menores, y muy pequeños, lo que ha denunciado Cruz Roja como situación novedosa de esta crisis migratoria. La responsable de Comunicación de la ONG, Isabel Brasero, ha indicado que se han encontrado con «familias enteras», incluyendo a niños «de meses» y «muy muy pequeño», así como menores que llegan solos «de 10 años o menos.

Aunque ha calificado lo vivido este lunes como una situación «inédita», Brasero ha indicado que Cruz Roja estaba preparada para atender a estas personas y que cuenta con 150 efectivos en la zona que proporcionan servicio sanitario y social a quienes van llegando.

La Audiencia Nacional (AN) ha emplazado al día 1 de junio la deliberación sobre si obliga al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar plazo para ejecutar la limpieza definitiva de las 40 hectáreas de suelo contaminado con plutonio y americio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería).

La sala decidirá finalmente si estima el recurso contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción tras incorporar al procedimiento el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) que fue aprobado en 2010 y que el Consejo de Ministros desclasificó con condiciones en noviembre de 2020.

La Audiencia Nacional ha mantenido blindado en los últimos meses el contenido del plan objeto del pleito para «garantizar su confidencialidad» ya que su desclasificación se hizo «a los únicos efectos» de resolver el pleito.

La providencia, señala para el 1 de junio a las 10,00 horas la votación y fallo, y designa como ponente de la sentencia al magistrado José Guerrero Zaplana.

Forma parte también del tribunal el magistrado Luis Helmuth Moya Meyer, quien fue autor del voto particular en el marco de este mismo procedimiento que en febrero de 2020 consideró que la «obligación» de «descontaminar» las 40 hectáreas de terrenos con plutonio «corresponde» a España y remarcó que, «como país soberano», no podía «justificar su inacción» en la «falta de cooperación» de EEUU.

«La idea indebida de que el proyecto de rehabilitación de la zona está indisolublemente ligado a la colaboración de EEUU ha de ser negada de manera tajante», traslada el magistrado Helmuth Moya, máxime, según añade, cuando «se ha considerado que el mantenimiento de la situación puede afectar a la salud pública».

Ecologistas en Acción llevó a la vía judicial una resolución del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de enero de 2017 en el que rechazaba proceder a la «clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares «con fijación de plazo para llevar a efecto, y a la espera de encontrarles almacenamiento definitivo, el almacenamiento temporal de la tierra resultante del tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada» previstos en el citado plan de rehabilitación.

La Audiencia Nacional concluyó tras la práctica de la prueba que, en dicha resolución recurrida, el regulador atómico «reconocía» que se había «valorado la posibilidad de diversas soluciones en relación a la liberación de partículas ionizantes en los alrededores del pueblo de Palomares en 1966» y que, por tanto, era «necesario conocer los planes que se han elaborado» para descontaminar para, así, poder decidir si obligaba a su ejecución.

REBAJA DEL VOLUMEN DE TIERRA A LIMPIAR

La Audiencia Nacional rechazó el pasado año, al estar el procedimiento visto para sentencia, pedir de nuevo al Gobierno que se aportase el informe que el CSN aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados y que, según Ecologistas en Acción, modifica los criterios radiológicos contenidos en el Plan de Rehabilitación.

En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radiactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU precisamente en 2015 si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación que prevé la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido «a instancias» del Department of Energy (DOE) de EEUU y asegura que, para ello, se «han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a», lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.

El objetivo, según añade el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría «únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada», lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.

CONTROL DE LA COMISIÓN EUROPEA

España deberá informar a finales de este año a la Comisión Europea de los «progresos» alcanzados respecto al plan de limpieza «definitivo» por el que se debe «eliminar» el suelo contaminado para su «deposito de forma segura» en un almacenamiento «a largo plazo».

La CE recomendó hace una década que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación y la limpieza de la tierra «para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico» en especial en las zonas 2,3 y 6 «teniendo en cuenta la muy larga vida media» de los «contaminantes» allí presentes.

Recogía que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba «una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas a 5 mSv por año».

La misión de verificación que visitó Palomares en junio de 2019 comunicó en su informe que no se ha descontaminado «ninguna» de las áreas afectadas y aludía a que las autoridades españolas tenían «toda actividad paralizada» respecto a esta situación a la espera de un «acuerdo vinculante» con EEUU.

España sostiene que para «la solución final» al «problema» del área bajo vigilancia radiológica es «primordial» el acuerdo con EEUU ya que «no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza».

CONTAMINACIÓN EN 72 MUESTRAS RECOGIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2020

Mientras, el CSN ha reanudado la medición de plutonio en el área bajo vigilancia radiológica ambiental con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis que dieron como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.

Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y, hasta noviembre, se recogieron y trataron 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.

El informe preceptivo remitido a la CE por el regulador atómico español concluyó que estos 107 análisis dieron como resultado la identificación de «72 emisores alfa», si bien precisó que solo se había completado la medición de 25 para «determinar» la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.

En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, prevé la «recogida y análisis anual» de muestras de carne de conejo en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo tras caer de un bombardero estadounidense en 1966.

El Barómetro de Opinión de mayo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, la primera encuesta tras la victoria del PP en las elecciones autonómicas de Madrid, refleja una severa caída del PSOE, que pasa del 31,5% al 27,9% de estimación de voto, mientras que el PP sube y recorta la desventaja a la mitad situándose a sólo 4,5 puntos.

La encuesta se basa en 3.814 entrevistas telefónicas realizadas a ciudadanos de 1.248 municipios de 50 provincias entre los días 4 y 13 de mayo, inmediatamente después de las elecciones en la Comunidad de Madrid, en las que los socialistas fueron derrotados e incluso fueron superados por Más Madrid.

EL PSOE, POR DEBAJO DE LAS ÚLTIMAS GENERALES

En concreto, el PSOE marca en mayo su cota más baja de la legislatura con una estimación de voto del 27,9%, casi cuatro puntos menos que el mes anterior e incluso por debajo del 28% que logró en las últimas generales.

Por contra, el PP sube tres puntos y ahora se anota un 23,4%, su mejor resultado desde la llegada de Pablo Casado a la Presidencia del partido y e incluso casi tres puntos más que en las generales de noviembre de 2019.

Ese ajuste entre los dos grandes partidos recorta a la mitad la ventaja de la que venía disfrutando el PSOE, pues ahora ya sólo saca 4,5 puntos al PP, cuando un mes antes estaba en 10,9 puntos y en las generales se quedó en 7,1 puntos.

En la encuesta de mayo también baja Vox, que pasa del 15,4% al 13,7%, por debajo del 15% de las últimas generales, y Ciudadanos, que se anota un 5,3%, casi un punto y medio por debajo de su resultado del mes anterior y de los comicios de 2019, lo que sitúa al partido naranja al filo de perder el grupo parlamentario en el Congreso.

Unidas Podemos, en su primera cita con el CIS tras la renuncia de Pablo Iglesias, se mantiene en un 10,4%, apenas tres décimas menos que en abril. Eso sí, sigue por debajo del 12,8% que logró en las segundas generales de 2019.

EL GOBIERNO DE COALICIÓN, CUATRO PUNTOS POR DEBAJO DE PP, VOX Y CS

Así las cosas, los dos partidos del Gobierno de coalición quedan cuatro puntos por debajo de la suma del PP, Vox y Cs, con un 38,3% frente al 42,4% de los tres partidos de oposición.

Por su parte, la coalición de Más País, cuyo representante de Madrid logró superar al PSOE en las elecciones autonómicas, duplica su estimación de voto en el CIS respecto al mes anterior y ahora se anota un 3,8%, muy por encima del 1,25% que les dio tres diputados en 2019 (dos de Más País-Equo y uno de Compromís).

En cuanto al resto de formaciones territoriales, en Cataluña suben ERC y Junts, que se anotan 2% y 1,6%, mientras que la CUP sigue en el 0,6%. También sube Bildu hasta el 1,1%, logrando empatar al PNV, que cae cuatro décimas en un mes.

SIN APENAS CAMBIOS EN LA TABLA DE LÍDERES

Respecto a la valoración de líderes, apenas hay cambios. El socialista Pedro Sánchez sigue siendo el mejor puntuado, con una nota de 4,3 puntos, aunque pierde una décima respecto a abril. Detrás aparecen Pablo Casado e Inés Arrimadas, con 3,6 y 3,5 puntos, y más lejos Pablo Iglesias (3,1) y Santiago Abascal (2,6).

En todo caso, Pedro Sánchez sigue siendo el preferido para presidir el Gobierno, mencionado por un 21,7% frente al 12,5% que cita a Pablo Casado, y presenta mejores índices de confianza que el líder del PP: un 26,2% mantiene mucha o bastante confianza en el presidente frente a un 70,6% que desconfía, unas cifras que en el caso de Casado son del 11,9% frente a un rechazo del 83,7%.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados dirigido a impulsar una economía circular, que restringe los plásticos de un solo uso así como la introducción en el mercado de ciertos productos e incorpora dos nuevos impuestos dirigidos a «prevenir» la generación de residuos.

Según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el proyecto de ley, que será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación, incluye nuevas obligaciones a los productores de cara la información a los consumidores, aumenta los objetivos de reciclaje de distintos flujos de residuos de aquí a los próximos años e incorpora la obligación de recogida separada para diferentes restos municipales como el textil o los biorresiduos con un calendario de implantación.

El proyecto consta de 118 artículos entre los que se incorpora un impuesto al vertido y a la incineración, para «reducir al máximo» estos tratamientos y apostar por la prevención, la reutilización y el reciclado.

La futura ley sustituirá a la actual ley de residuos y suelos contaminados de 2011 y transpone a la legislación española las últimas directivas de la Unión Europea en materia de residuos, del Paquete de Economía Circular y de la directiva de plásticos de un solo uso.

«Es una ley largamente esperada y actualiza una norma e incorpora la última legislación europea al ordenamiento. Con el texto, vamos a dar respuesta a uno de los mayores desafíos del medio ambiente para contribuir a la sostenibilidad y la salud humana», ha manifestado.

Durante su intervención, Montero ha calificado la futura ley como la «clave de bóveda» del paquete normativo en materia de economía circular y como «una de las reformas estructurales más relevantes incluidas en la componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España ha presentado a la Comisión Europea».

La propuesta recoge las limitaciones europeas a los productos de plástico de un solo uso e incluye un nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables para «avanzar en la prevención», que se fija en 0,45 euros el kilo. Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50 por ciento en 2026 con respecto a 2022 y un 70 por ciento para 2030 con respecto al mismo año. Los agentes implicados en la comercialización deberán fomentar el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.

A partir del 1 de enero de 2023 quedará prohibida la distribución gratuita y se deberá cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta. La ley también introduce medidas para otros artículos de plástico no compostable no incluidos en la normativa comunitaria (artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico de sujeción) para avanzar en su reducción y sustitución por productos de otros materiales.

Por otro lado, con la entrada en vigor de la norma, quedará prohibida la introducción en el mercado de otra serie de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, cualquier producto hecho con plástico oxodegradable así como las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros.

Asimismo, el proyecto recoge requisitos de diseño (por ejemplo, tapas y tapones han de permanecer unidos al recipiente o las botellas PET han de contener un 25 por ciento (%) de plástico reciclado a partir de 2025 y todas las botellas de bebidas, incluidas las de PET, un 30% en 2030).

Además, para las botellas de plástico, el texto establece objetivos de recogida separada en dos horizontes temporales: en 2025 se deben recoger separadamente el 77% en peso respecto al introducido en el mercado, aumentando al 90% en 2029.

Por otro lado, incluye obligaciones de marcado para toallitas o los productos de higiene femenina el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor, así como medidas de concienciación para informar a los consumidores del impacto negativo en el medio ambiente derivados de su abandono y de la correcta gestión de los mismos.

Los residuos producidos deberán pesar udn 13% menos en 2025 y un 15% en 2025 respecto a los generados en 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10% de reducción a partir de 2020.

Además, el texto contempla actuaciones contra el despilfarro de alimentos, con el fin de reducir el 50% de los alimentos desechados per cápita a nivel de hogar, distribución minorista y consumo en el sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), y rebajar un 20% las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030.

Cuando la ley sea aprobada definitivamente, quedará prohibida también la destrucción de excedentes de productos no perecederos no vendidos, tales como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa debiendo destinarse preferentemente a reutilización, así como la liberación intencionada de globos.

Igualmente, incorpora un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización, además de la ya existente para el papel, los metales, el plástico y el vidrio. En concreto, los municipios de más de 5.000 habitantes deberán recoger los biorresiduos domésticos a partir de 2022 y a partir de 2024 el resto de municipios. Los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de 2025.

Los residuos de construcción y demolición deberán clasificarse por materiales, preferentemente en el origen a partir de 2022 y la demolición deberá ser selectiva a partir de 2024.

Asimismo, fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: un incremento del 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035, y estable porcentajes específicos de preparación para la reutilización, dentro de cada uno de esos objetivos siendo del 15% en 2035.

Por otro lado, los bares y restaurantes tendrán que ofrecer «siempre» a los clientes y usuarios la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.

El texto incluye nuevos impuestos a la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero, así como la obligación para las entidades locales en el plazo de 2 años de desarrollar una tasa o prestación patrimonial de carácter pública no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan.* Por otro lado, el proyecto de ley revisa la regulación sobre la responsabilidad ampliada del productor del residuo, la propuesta normativa revisa la regulación, explicita las obligaciones que se pueden imponer mediante Real Decreto a los productores de producto, entre las que se encontraría el sistema de depósito, devolución y retorno, y define las partidas de gestión de residuos que deben financiar los productores y los mecanismos de control para los sistemas individuales y colectivos que se creen.

En cuanto a los suelos contaminados, el proyecto de ley incluye la creación del Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos.

«Es una herramienta más para pasar de la economía lineal a la circular. El cambio va a movilizar muchos recursos de la UE y, según cálculos de la comisión, estas inversiones van a requerir 2.500 millones de euros de aquí a 2035», ha concluido la ministra portavoz.