El Ministerio del Interior ha elevado a 5.600 la cifra de inmigrantes que ya han retornado a Marruecos tras acceder de forma irregular a Ceuta, de los aproximadamente 8.000 que lograron rebasar el perímetro de la frontera desde el lunes de madrugada, según los datos recopilados hasta las 13.00 horas de este miércoles.

El último dato supone que el 70% de los inmigrantes que han entrado en las últimas horas de crisis diplomática con Marruecos han retornado ya a su país de origen. El Gobierno mantiene que los menores, de los que no dan cifras oficiales, tienen un «estatus especial», por lo que muchos de ellos están siendo sometidos a pruebas para certificar su edad.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que entre los inmigrantes a los que se había devuelto a Marruecos aplicando los acuerdos bilaterales de 1992 no había ningún menor.

La Delegación del Gobierno en Ceuta ofreció a primera hora del miércoles una cifra de 4.800 retornados de acuerdo al proceso habilitado por el Ministerio del Interior, que ha dispuesto un sistema de gestión durante las 24 horas del día, además de refuerzos policiales de unidades de ‘antidisturbios’ de Policía Nacional y Guardia Civil.

Entre los retornados, por tanto, hay ciudadanos marroquíes que han tomado esta decisión voluntariamente. Desde ayer por la tarde las entradas se han reducido a prácticamente cero.

RECHAZO EN FRONTERA

Las Fuerzas de Seguridad y las unidades militares desplegadas en el entorno de la frontera del Tarajal y el resto del vallado de la localidad española norteafricana comenzaron este martes a aplicar la figura del rechazo en frontera para expulsar nada más llegar a suelo nacional a los inmigrantes indocumentados, aunque la pasividad de los agentes marroquíes permitió durante horas que muchos volviesen a intentar el cruce inmediatamente, según han informado fuentes policiales.

El establecimiento de controles de las Fuerzas Auxiliares y la Gendarmería del Reino alauita en las carreteras que llegan hasta Fnideq y Beliones para evitar la entrada en ambas localidades limítrofes con Ceuta de no residentes durante la mañana del martes contribuyó a reducir la presión migratoria sobre la ciudad española, en la que no se han registrado nuevas entradas a lo largo de la noche de este miércoles.

La expulsión en horas a través de la frontera del Tarajal de los ciudadanos marroquíes llegados irregularmente a Ceuta era la tónica habitual de abordaje de las entradas de súbditos del Reino alauita en la ciudad española hasta marzo del año pasado, cuando el paso quedó clausurado por la pandemia.

Desde entonces Rabat sólo aceptó el cruce de nacionales que habían quedado atrapados al otro lado de la valla y, a finales de abril, de más de cien jóvenes mayores de 18 años que habían cruzado a nado a lo largo de un fin de semana en el primer amago de la crisis migratoria que ahora se ha multiplicado exponencialmente.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido este miércoles en que no es necesario cambiar las leyes vigentes para dar cobertura a las medidas sanitarias contra el coronavirus tras el estado de alarma, argumentando que contamos con «los mejores instrumentos jurídicos para ello» y, además, que no se deben hacer reformas legales en «tiempos convulsos» como los actuales.

Así ha contestado el ministro a una interpelación en el Congreso en la que el diputado de Vox José María Sánchez García ha preguntado qué medidas va a promover el Gobierno para «poner fin al caos en el que han sumido a España tras el estado de alarma», aludiendo de esta forma al hecho de que ahora quede en manos de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y, en último término, del Tribunal Supremo (TS) la decisión de ratificar o aprobar las restricciones covid.

«El actual marco jurídico no se puede considerar insuficiente, al contrario, creo que contamos con los mejores instrumentos jurídicos e institucionales para vencer definitivamente al virus», ha dicho Campo.

El ministro ha defendido que las mismas leyes que permitieron enfrentar la desescalada el pasado verano sirven ahora, recalcando que «algunos de esos mecanismos provienen del Gobierno del señor Aznar», porque «fue en ese momento cuando se introdujo el cauce de la autorización judicial de medidas restrictivas de derechos fundamentales». «Que consideramos adecuado», ha apostillado.

Además, ha introducido lo que él mismo ha presentado como un nuevo argumento: que no se deben hacer reformar legales «en tiempos convulsos y tiempos de crisis». «No es el momento de introducir habilitaciones genéricas que faculten a un solo poder, sin ningún control, para afectar a derechos fundamentales», ha defendido el titular de Justicia.

«ABUSO» DEL ESTADO DE ALARMA

Campo ha explicado que en estos momentos hay dos posibles vías de actuación, el cauce de la autorización judicial de las restricciones sanitarias, esgrimiendo que el Gobierno lo ha mejorado con el recurso al Tribunal Supremo para unificar las decisiones discordantes de los TSJ, y que las comunidades autónomas soliciten a Moncloa que declare el estado de alarma para su territorio.

Sánchez García ha replicado que, si esta «panoplia de leyes» permitía aprobar las medidas restrictivas, a excepción del confinamiento total, «por qué prologaron el estado de alarma de modo abusivo». Según ha explicado, Vox no estaba en contra del estado de alarma, sino del uso que hizo el Gobierno del mismo, reprochándole especialmente que convirtiera a todos los presidentes autonómicos en autoridades delegadas.

Vox dejó de apoyarlo, ha sostenido, porque el Ejecutivo se «inclinó de rodillas» ante «esa historia que se han inventado de la cogobernanza». «De forma abusiva, acrítica y disparatada, contraria a los intereses de España y contraria a la salud y a la vida de los españoles», ha remachado.

El ministro le ha respondido que, si bien «el estado de alarma ha sido útil para doblegar al virus», la situación epidemiológica ha cambiado, por el avance de la vacunación y el descenso de la incidencia y de la presión hospitalaria. «El Gobierno ha considerado que la mejor opción no es mantener la excepcionalidad», sino reconducirse hacia la legislación ordinaria, ha expuesto.

ATAQUE CONJUNTO AL PP

Ambos han coincidido en criticar el ‘plan b’ que el PP ha puesto sobre la mesa como parapeto legal a las medidas anticovid tras el 9 de mayo. Campo ha reiterado que es una propuesta «infumable», incluso «una chapuza», porque permitiría que las autoridades sanitarias restringieran derechos fundamentales sin que el aval de un juez, según ha resumido.

Campo ha reivindicado la importancia de este ‘placet’ judicial, aduciendo que «las restricciones de derechos fundamentales no deben ser cómodas en un Estado de Derecho», dado que «se trata de decisiones delicadas que deben someterse al principio de proporcionalidad y que deben estar muy bien fundamentadas y motivadas en cada caso».

«Ni es ‘plan b’ ni es nada, en esto le tengo que dar la razón (…) sin que sirva de precedente», ha apuntado Sánchez García, cargando directamente contra el presidente del PP, Pablo Casado, y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, de quienes ha dicho que «no se enteran de nada». «No saben qué decir y, como no saben qué decir, dicen cualquier tontería que se les pasa por la cabeza», ha lanzado.

En cualquier caso, Sánchez García ha querido dejar claro que, para Vox, tanto Gobierno como PP son responsables de este «desatino jurídico». «Un desatino total en el que ustedes compiten en este duelo de titanes ridículo», ha zanjado.

AYUSO Y EL 4M

Campo y el diputado de Vox también se han enzarzado a cuenta de la victoria de Isabel Díaz-Ayuso en las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo en Madrid. Sánchez García ha acusado al Ejecutivo de usar el estado de alarma con un «propósito político», «enfrentarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, provocando la emergencia de esta señora como figura de la política nacional, cuando no lo era y estaba bastante abandonada por el aparato de Génova».

El representante parlamentario del partido de Santiago Abascal ha aludido a los malos resultados del PSOE en los comicios madrileños como supuesta prueba de que el Gabinete de Pedro Sánchez ha perdido la confianza de los españoles. «No hay filosofía política que admita que se pueda gobernar sin el consentimiento de los gobernados, y ustedes no lo tienen», ha aseverado.

El ministro ha criticado el tono del debate advirtiendo de que «esa forma de combatir la política y la democracia no es nueva ni original». Ya deberían saber, porque el escenario internacional nos da muestras claras, de que son los caminos equivocados. Le estoy hablando de Trump y Bolsonaro», ha indicado, reprochando tanto a Vox como al PP que se hayan subido al «carro» de «estigmatizar toda la gestión de la pandemia».

Ahora, ha continuado Campo, «en un doble salto mortal con tirabuzón, la oposición se niega a sí misma y defiende el estado de alarma como el Santo Grial» cuando antes clamaba contra el mismo.

Con todo, ha insistido en defender el marco jurídico actual como suficiente y en afirmar que «las autonomías han sido y deben seguir siendo uno de los principales actores en la lucha contra la COVID-19» en el uso de sus competencias.

Ha añadido a las administraciones locales para señalar que «comportamientos como los que tuvieron lugar en varios municipios el día que se levantó el estado de alarma se podían y debían haber evitado por parte de los ayuntamientos» porque cuentan con «una profusa regulación en materia de orden público».

El Congreso ha rechazado autorizar la petición del diputado que abandonó Ciudadanos y se pasó al Grupo Mixto, Pablo Cambronero, de donar la subvención mensual que otorga la Cámara por cada parlamentario, y le ha recordado que ese dinero, que ronda los 1.700 euros, es una ayuda finalista para su actividad parlamentaria, como puede ser la contratación de asistentes.

Tras abandonar Ciudadanos, Cambronero pasó al Grupo Mixto del Congreso y ha seguido percibiendo mensualmente un sueldo de 3.050,62 euros más otros 1.959,62 euros que reciben todos los parlamentarios de fuera de Madrid en concepto de indemnización para gastos de la actividad parlamentaria.

Pero también se le ingresó la subvención de algo más de 1.700 euros brutos mensuales, que era la que el Congreso abonaba a Ciudadanos por cada uno de sus escaños y que con su marcha perdió el partido ‘naranja’. Se trata de un dinero que, como la subvención fija mensual de 30.000 euros que recibe cada grupo parlamentario, se suele destinar a contratar personal de apoyo a sus señorías.

Cambronero ya renunció a la parte de la subvención fija que le correspondería en el Grupo Mixto para no mermar los recursos de los partidos que componen la agrupación parlamentaria, pero también pidió a la Mesa que le autorice formalmente a ceder esos 1.700 euros a entidades sin fines de lucro, entre las que citó a la Asociación contra el Cáncer y la Federación de Enfermedades Raras.

Sin embargo, la Mesa del Congreso que preside Meritxell Batet ya le ha comunicado que no puede atender tal petición porque esa subvención «tiene carácter esencialmente finalista y es asignada en su totalidad para el desarrollo» de la actividad parlamentaria, «de manera que constituye un concepto no disponible ni por los grupos parlamentarios ni por sus miembros individualmente considerados».

Según el escrito recogido, «las donaciones se definen como actos personales de liberalidad de disposición de lo propio», y en ese sentido «no precisan autorización», pero eso seria aplicable a las retribuciones que recibe el diputado, pero no a la subvención que tiene un cometido determinado.

BATALLA PARA TENER VOZ EN EL CONGRESO

Con su renuncia a las subvenciones, Cambronero quería dejar claro que la batalla que ha emprendido en el Grupo Mixto para poder tener voz en la Cámara no tiene motivos económicos.

El exportavoz de Interior de Cs ocupa escaño en la parte alta del hemiciclo del Congreso, con los demás integrantes del Grupo Mixto, pero no le ceden tiempo para intervenir en el Pleno del Congreso ni en las comisiones, con lo que sólo puede presentar preguntas escritas al Gobierno. Además, se queja de no tener despacho ni ordenador de sobremesa para poder acceder al registro telemático del Congreso.

Pero, a diferencia de los otros exdiputados del PP y del PSOE que en legislaturas anteriores pasaron en silencio al Grupo Mixto, Cambronero ha emprendido una batalla para defender sus derechos dejando claro que no piensa abandonar el escaño ni adscribirse a otro grupo parlamentario, aunque desde el PP o Vox ya le ofrecieron ayuda.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido en una sentencia que cuando el deudor incurra en mora deberá abonar la cantidad de 40 euros, en concepto de gastos de cobro, por cada una de las facturas abonadas fuera de plazo y no como una única cantidad por el conjunto de todas ellas.

El alto tribunal interpreta de este modo el artículo 8 de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que incorporó al derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000.

Dicho artículo fija una indemnización por costes de cobro y dispone que cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

Además, añade que el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior. También señala que el deudor no estará obligado a pagar la indemnización cuando no sea responsable del retraso del pago.

COBRAR DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

El tribunal reconoce el derecho de la entidad financiera BFF Finance Iberia, S.A.U. a cobrar del Servicio Extremeño de Salud 40 euros por cada una de las facturas emitidas por 28 empresas diferentes, más de 5000, que fueron pagadas fuera del plazo contractual o legalmente establecido.

Estas empresas emitieron facturas por suministros y servicios prestados al Servicio Extremeño de Salud y cedieron los derechos de cobro a BFF Finance Iberia, S.A.U., que las agrupó en una única reclamación.

La Sala estima el recurso de casación planteado por la citada entidad financiera contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que acordó el pago de 40 euros por el conjunto de todas las facturas al atribuir la responsabilidad de ese retraso a la Administración.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Mérida, por su parte, denegó los derechos de cobro ya que entendió que el retraso no obedecía a desidia de la Administración, que había tenido que soportar las consecuencias de la crisis económica.

La sentencia, ponencia de la magistrada María del Pilar Teso Gamella, explica que en la Ley y en la Directiva se estableció una cantidad mínima, que opera como suelo, y que es un importe fijo y asegurado de 40 euros que se paga con carácter automático sin necesidad de recordatorio, cuando el deudor incurra en mora. Recuerda que esto último ocurre cuando se presenta al cobro la factura y no se paga en el plazo contractual o legalmente establecido.

De todo ello, la Sala deduce que la cantidad fija de 40 euros ha de pagarse, cuando el deudor incurre en mora, en todo caso y sin necesidad de justificación.

A este respecto, destaca que no hay «ninguna norma, ni ninguna razón, para considerar que la indicada cantidad fija de 40 euros únicamente se devengaría en cada reclamación de pago presentada en vía administrativa, aunque agrupe miles de facturas respecto de las cuales el deudor ya incurrió en mora en cada una de ellas».

Sería, según la sentencia, «una suerte de tasa por la redacción del escrito de reclamación en vía administrativa, lo que no se compadece con la regulación contenida en la Ley 3/2004 y en la Directiva 2011/7/UE». De modo que, según la Sala, la presentación de la factura y su falta de pago en plazo determina el pago automático de la cantidad de 40 euros, sin necesidad de la presentación posterior de la reclamación de la deuda principal e intereses en sede administrativa.

Razona que en el caso examinado se produce el presupuesto de hecho al que se anuda el pago de la cantidad fija de 40 euros, pues cada factura presentada no fue pagada en plazo, lo que supone unos inevitables costes internos para la empresa relativos a la gestión del impago de cada una de tales facturas, su estudio y sistematización, y respecto de las cuales se proceda posteriormente a la presentación de la correspondiente reclamación económica.

Además, la Sala indica que el derecho al pago de esa cantidad fija de 40 euros, es para «cubrir los costes internos relacionados con el cobro», como expresamente señala la Directiva 2011/7/UE, y no para costes externos como la presentación de reclamaciones en vía administrativa.

VOTO PARTICULAR

La sentencia incluye un voto particular del magistrado Rafael Toledano Cantero, al que se adhiere el magistrado José Luis Requero Ibáñez, en el que defienden que el recurso de casación debería haberse desestimado, confirmándose la sentencia recurrida.

En este caso, creen que la solución de la mayoría impone «un coste desmesurado» a la Administración deudora, con un «enriquecimiento injusto» para el acreedor, que ha actuado con «manifiesto abuso de derecho».

Los dos magistrados coinciden con la doctrina general de la sentencia -pago de la cantidad de 40 euros por cada factura o documento equivalente en que se haya incurrido en mora-, pero reclaman un tratamiento específico para determinar el importe de los derechos de cobro cuando los créditos hayan sido cedidos a un tercero que opera como un cesionario de los créditos, al margen de aquella relación comercial, como ocurre en el caso litigioso.

En su voto, señalan que «el automatismo» que otorga la sentencia de la mayoría al conceder el derecho automático a percibir un coste de cobro de 40 euros por cada factura reclamada, puede conducir a «situaciones abusivas e incluso contrarias a la finalidad de la Directiva 2011/7UE».

Ante estas situaciones, subrayan que el reconocimiento del citado derecho «debe ser moderado por los Tribunales, mediante el contraste con los gastos en que realmente haya incurrido el reclamante para efectuar el cobro, al objeto de establecer que la compensación por costes de cobro sea proporcionada y razonable.

El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, ha presentado este miércoles en Fitur a Galicia como «uno de los destinos más seguros del mundo» para los turistas en el Xacobeo 2021-2022 ante la buena situación epidemiológica que presenta este territorio y el nivel de vacunación asegurando que «ya» están preparados para recibir a estos turistas.

Así lo ha dicho el mandatario autonómico de Galicia en la presentación del Turismo de Galicia en el stand que tiene esta Comunidad en Fitur. Desde aquí, Feijóo ha invitado a «la humanidad» a visitar el córner de Europa: «La experiencia es segura, la calidad es natural y nuestro planteamiento es duradero».

De este modo se ha presentado Galicia en la Feria Internacional del Turismo que se está celebrando estos días en Ifema Madrid con motivo de la pandemia del coronavirus. Aquí, la Comunidad ha centrado gran parte de su oferta turística en el doble año Xacobeo y en ofrecer un destino seguro para los visitantes que acudan a este territorio.

«Somos uno de los lugares más seguros del mundo para disfrutar de las vacaciones. Podemos decir que Galicia ya está preparada, porque llevamos trabajando para acreditar la seguridad de nuestras plazas, calles, hoteles, etc…», ha proclamado Feijóo.

«YA ESTAMOS PREPARADOS»

En este contexto, Feijóo ha abierto los brazos a todos los visitantes que deseen acudir a Galicia: «Con una catedral de Santiago reinaugurada, un pórtico de la gloria que ha recobrado su esplandor, la revitalización del Monte de Gozo y con el acondicionamiento de las infraestructuras de acceso a la capital y con dos mil kilómetros que vertebran el camino de Santiago».

Por ello, ha puesto en valor el turismo como uno de los «sectores claves» para la reactivación económica tras la pandemia del coronavirus. «Estamos hablando de un sector que trae siempre buenas noticias», ha asegurado Feijóo en relación a la cifra de turistas que recibió Feijóo durante el año 2019.

Durante su intervención, Feijóo ha hecho un recorrido en su discurso por todos los atractivos turísticos de Galicia, que hacen de esta tierra, según ha defendido, «el mejor lugar del mundo».

El mandatario autonómico ‘popular’ ha estado acompañado por el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y ha recibido la visita en su stand del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como de distintas autoridades y de la directora de Fitur.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha manifestado este miércoles sobre la reunión prevista esta tarde entre el Gobierno y las comunidades autónomas para estudiar la situación de los menores extranjeros llegados a Ceuta que, si se propone un reparto, van a decir que «Andalucía no puede acoger a más niños» y esperan «que la solidaridad y la equidad se vea reflejadas en la reunión, y entiendan el problema de Andalucía».

«Es que nosotros ya tenemos 3.000 niños. Yo me imagino que para que haya equidad lo que tendrá que haber es un reparto con el resto de las comunidades autónomas que no tienen el problema de la inmigración infantil como tenemos en Andalucía», ha argumentado en declaraciones a los periodistas la consejera en un acto en Madrid.

Ruiz ha dicho que quiere «la capacidad que tiene el resto de las comunidades», ya que la de Andalucía «está ya bastante saturada» y, aunque tienen plazas, «por supuesto, reservadas siempre porque las pateras llegan en cualquier momento», ahora se ha precipitado el flujo.

«En verano suele haber también muchísimas más llegadas, pero llega un momento en que no vamos a poder», ha lamentado, por lo que espera «que la solidaridad y la equidad se vea reflejadas en la reunión de hoy y que aporten soluciones y entiendan también el problema de Andalucía».

Ha subrayado que «no hay que confundir lo que es una crisis de ese tipo», la llegada de pateras en mayor o menor medida, «con situaciones de emergencia social que se está viviendo», donde «todas las comunidades autónomas tendremos que hacer un frente común y apoyar en este caso a Ceuta y Melilla, que son españolas».

También ha criticado que esta es «una crisis que se venía anunciando desde hace muchísimo tiempo y reclamando desde Andalucía», y que cuando llegaron el PP y Ciudadanos a la Junta se encontraron con que «cortaron absolutamente todas las subvenciones para atender a menores inmigrantes» y la atención realizada ha sido «a pulmón», con el presupuesto de Andalucía.

Así pues, advirtieron al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que tenían que tener una política migratoria de atención en los países de origen, de colaboración, de política exterior, de políticas diplomáticas con Marruecos y el resto de países, y «no lo han hecho».

«Al final, es consecuencia de una dejadez, de mirar hacia otro lado y lo reclamamos tanto al Gobierno de la nación como a la Unión Europea porque nos hemos encontrado en Andalucía solos, solos ante una presión migratoria, sobre todo en el caso de los menores, y sin presupuesto y sin ninguna atención cuando Andalucía es la frontera sur de Europa», ha concluido.

ESTABILIDAD DEL GOBIERNO

En otra atención a medios posterior, Ruiz ha sido preguntada por el aviso de este mismo miércoles del portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien ha sentenciado que no van a mantener el apoyo al gobierno en la Junta de PP y Ciudadanos «si esos menas (menores extranjeros no acompañados) vienen» a la comunidad.

«Si la estabilidad de un gobierno depende de que cumplamos la ley, evidentemente no podemos estar sometidos a este tipo de requerimientos», ha manifestado al respecto la consejera, quien ha subrayado que Vox es un partido que ha apoyado a la Junta en algunas cuestiones «igual que otros».

Esto lo ha ejemplificado en la Ley de Infancia, a la que el partido de Santiago Abascal se opuso con una enmienda a la totalidad, pero que fue aprobada con el apoyo del resto de partidos políticos del Parlamento de Andalucía.

«Lo que pido es responsabilidad, responsabilidad ante una situación que una crisis migratoria sin precedente que tenemos que atender desde la unidad y la responsabilidad de todos los partidos políticos y que no aprovechen esta circunstancia para sacar rédito político. Creo que ahora mismo no toca», ha subrayado.

Preguntada por la posibilidad de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), la cese si Vox lo pide, ha descartado esa opción. «El presidente es una persona que cumple siempre con la ley, una persona muy comprometida socialmente que, por supuesto, no va a dejar abandonado a los niños menores que llegan a nuestras costas», ha apuntado.

Además, ha dicho que la Junta de Andalucía «ya se ha ofrecido a Ceuta y Melilla a nivel sanitario para apoyar con PCR» y pide tener en cuenta que existe una pandemia y «la situación se puede agravar en Ceuta y Melilla».

«El Consejo de Gobierno, así lo ha apostillado, son nuestros hermanos, son pueblos de España, son ciudades españolas y tenemos que apoyarlos, no vamos a dejarlos tampoco tirados, y es el compromiso del gobierno andaluz cumplir la ley, apostar por los menores que llegan no acompañado, y apostar y apoyar a Ceuta y Melilla. Siempre estaremos a su lado», ha concluido.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a siete años de prisión por un delito de agresión sexual a un vecino de Estella que el 1 de abril de 2018 violó a una amiga suya, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, los magistrados de la Sección Segunda señalan que se dan los tres elementos de la infracción penal: «existencia de un ánimo libidinoso; violencia o intimidación y ausencia de consentimiento». Respecto de la víctima, destacan que declaró «con contundencia, seguridad, firmeza y persistencia».

Además de la pena de prisión, al procesado, natural de Ecuador y de 29 años, el tribunal le ha impuesto una medida de libertad vigilada por tiempo de 5 años, así como una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros y comunicación durante 10 años. En su conducta se ha estimado la atenuante de embriaguez debido al alcohol ingerido esa noche.

La Audiencia de Navarra considera probado que, el 31 de marzo de 2018, la víctima acudió con su novio a una fiesta que el inculpado había organizado en un bar de Estella junto con su pareja para celebrar el próximo nacimiento de su hijo.

Sobre las 5 de la madruga ya del 1 de abril, una parte de los invitados, entre los que se encontraba la denunciante, continuó la celebración en una discoteca de la localidad. Como la mujer se había quedado sin dinero, decidió ir a un cajero, al que le acompañó el acusado. Su novio se quedó en el interior del local.

En el trayecto, se quedaron hablando en un portal entre las 6.21 y las 6.42 horas. Como la mujer tenía frío, ya que había salido de la discoteca sin abrigo, desistió de ir al cajero. El procesado le ofreció que se subiera a su vehículo para calentarse y regresar en coche a la discoteca, que estaba cercana.

En lugar de llevarle allí, con la excusa de que se calentara el coche, le llevó hasta una zona próxima a unas piscinas, donde aparcó en batería. Una vez allí, como la mujer tenía frío y estaba «acurrucada», le sugirió que ambos pasaran a los asientos traseros. Entonces, el inculpado le dijo que le gustaba mucho y comenzó «a tocarla». Se colocó enfrente de la víctima, le bajó por la fuerza el pantalón y la ropa interior y la violó.

Durante la agresión sexual, la mujer se lo intentó «quitar de encima a empujones» mientras que le decía que parase, que estaba su mujer en la fiesta, que iba a ser padre. «Pero él no paraba», considera probado el tribunal. Posteriormente, también por la fuerza le practicó sexo oral a la víctima y después la violó otra vez.

Finalizadas las agresiones, la mujer telefoneó a sus suegros, que se personaron en el lugar. El propio acusado les reconoció allí mismo que había «abusado» de ella. Los cuatro se dirigieron a un hospital, en donde, a la llegada, el inculpado volvió a reconocer «de forma espontánea» a un agente de la Policía Local de Estella que había «abusado» de la mujer.

En el juicio, celebrado el pasado 30 de abril, el encausado alegó que las relaciones sexuales fueron consentidas. En sus conclusiones, el Ministerio Fiscal consideró que los hechos no eran constitutivos de delito y solicitó, al igual que la defensa, la absolución. Por su parte, la acusación particular, ejercida por la víctima, reclamó una pena de 8 años de prisión por un delito de agresión sexual.

La defensa planteó en el juicio que ella había podido inventar esos hechos para justificarse ante su novio. «Esto carece de sentido pues, si lo que quería era evitar el enfado del novio o que este le dejara por la infidelidad, caso de ser la relación consentida como afirma la defensa, lo lógico hubiera sido no contar lo sucedido, ya que, al acusado, que estaba a punto de tener un hijo con su pareja, tampoco le interesaba sacar a la luz lo sucedido. Siendo que nadie les había ‘pillado’, la conducta lógica de quien quiere ocultar una infidelidad es callar (más aún si ninguno de los dos desea que se sepa), no denunciar una violación», razona el tribunal.

La Audiencia, además de la declaración «mantenida» en el tiempo por la denunciante, enumera una serie de pruebas de corroboración, como las testificales de los suegros, la admisión de los hechos por parte del inculpado ante los agentes de policía y la prueba pericial forense, donde se objetiva un golpe en la espalda de la mujer, compatible con el mecanismo narrado de estar colocada contra una puerta trasera del vehículo, así como unos arañazos en los muslos.

En la sentencia, los jueces estiman la atenuante de embriaguez, dado que la propia víctima declaró que tanto ella como el agresor estaban afectados por el alcohol ya que esa noche los dos habían «bebido mucho».

Gema Román Viruete ha defendido en el juicio la inocencia de su hermano César, conocido como el ‘rey del Cachopo’, manifestando que no es una persona violenta ni controladora, así como que poco antes del crimen que se le imputa le comentó que tenía intención de cerrar sus negocios en Madrid e irse fuera al haber detectado un desfalco en sus negocios de sidrerías.

Las testificales han proseguido en la octava sesión de la vista oral que se celebra contra el empresario por un delito de homicidio y profanación de cadáver. El jurado popular ha escuchado el relato de varias personas del entorno de Heidi Paz, quienes han descrito la joven de 25 años como «una mujer normal, trabajadora, responsable» y sin ningún tipo de relación con el mundo de la prostitución y el tráfico de drogas, en contra de lo manifestado por el acusado.

Desde que se vinculó a César con el crimen, su hermana siempre ha defendido su inocencia. Hoy ha declarado por videoconferencia al vivir en el extranjero. Su testimonio ha arrancado relatando cómo fue la niñez del ‘Rey del Cachopo’, siendo criado junto a sus tres hermanos por su madre y su abuela al haberse separados sus padres.

Ante la insistencia de las preguntas de la abogada defensora, Ana Isabel Peña, acerca de esta cuestión para perfilar cómo había sido criado, la magistrada presidenta le ha insistido en que centrara sus preguntas al objeto del procedimiento.

La testigo no conocía en persona a la víctima pero sí que empezó una relación con su hermano en mayo de 2018 y que acabó un mes después. Gemma hablaba con César todos los días hasta que a finales de julio no logró contactar con él. Al paso de los días, se preocupó y contactó con Claudia, una de las hermanas de Heidi que vive en Miami.

«Al principio no le dimos importancia porque pensamos que se habían ido de vacaciones. Empecé a preocuparme cuando él no se ponía contacto con su hija. Hablé con mi padre para poner la denuncia», ha relatado. La denuncia se interpuso el 30 de julio de 2018. Los forenses datan la muerte de la joven en la madrugada del 5 de agosto.

Según su relato, cuando supo que Heidi estaba embarazada, el acusado se mostró contento y feliz con la noticia. A preguntas sobre si es controlador, ha contestado que para nada. «Es una persona muy abierta, que habla mucho pero no controladora», ha recalcado, a lo que ha agregado que no era violento con los animales al ser inquirida por las denuncias de una de sus exparejas por maltrato de sus perros.

La testigo ha explicado que poco antes de que desapareciera su hermano éste le comentó que quería irse de Madrid porque no se fiaba de sus socios, ya que había encontrado un desfalco económico. «¿Heidi estaba en sus planes?» le ha preguntado el fiscal, a lo que ésta ha replicado que no.

«UNA MUJER NORMAL»

Una de las amigas de Heidi. Luz Adriana C.L., ha negado ante el tribunal que la joven hondureña estuviera relacionada con alguna organización criminal o ejerciera la prostitución.

«Nunca escuché que tuvieran problemas graves. Cuidaba a niños y estaba muy contenta porque había encontrado trabajo en una sidrería e iba a poder tener los papeles. Soñaba con estar con sus hijos», ha apuntado.

El Grupo Municipal Socialista pedirá este jueves 20 de mayo en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo el rechazo de la Corporación municipal a la declaración institucional impulsada por los presidentes autonómicos de Murcia y Andalucía en defensa del trasvase.

Según mantiene la portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Servicios Medioambientales, Noelia de la Cruz, se trata de «expresar el apoyo firme y decidido en la lucha contra el trasvase del Tajo-Segura al entender que se trata de un sistema obsoleto y caduco y demostrar el compromiso férreo e inequívoco de Toledo con el Tajo y con los intereses de los municipios ribereños».

En estos términos, la moción del PSOE incluirá un llamamiento al resto de grupos políticos que integran la Corporación para «que no se pongan de perfil» en este asunto de ciudad que afecta sobremanera a la capital regional y también a numerosos municipios ribereños que llevan 42 años soportando un trasvase que «genera desarrollo económico, social y medio ambiental al Levante a costa de minar la salud del Tajo y nuestras posibilidades de crecimiento», ha informado el PSOE en nota de prensa.

En este asunto, tal y como recuerda el Grupo Municipal Socialista, en los últimos años Toledo ha contado con una alcaldesa que ha mantenido «una postura firme, decidida y comprometida con el río Tajo desde que llegara a la Alcaldía en el año 2015 entendiendo que se trata de defender a nuestro patrimonio, combatir el trato que el río ha recibido durante décadas y generar conciencia en torno a su recuperación propiciando que los toledanos vivan de cara al río».

Fruto de este compromiso con el río, el Gobierno de Milagros Tolón «impulsó la creación del Consejo del Pacto de la Ciudad de Toledo por el Tajo bajo la premisa de oponerse a más agresiones».

Lejos de algunos «titubeos» que han mantenido otros partidos en el Consistorio, «a lo largo de estos años la posición del Gobierno local ha sido clara, contundente e inequívoca, al igual que el trabajo realizado en el seno del Consejo del Pacto de la Ciudad de Toledo por el Tajo».

Y es que, tal y como recuerda De la Cruz, en el marco de este organismo se han elaborado dos documentos y alegaciones que el Ayuntamiento ha aportado para su debate y participación reglada en el proceso de reorganización de la gestión del Tajo en el seno de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio para la Transición Ecológica, a los que se han adjuntado las sentencias del Tribunal Supremo que abogan por caudales ecológicos, frente a caudales mínimos, con el objetivo de alcanzar una regeneración natural del río.

UNIDAD

Así las cosas, y ante la reciente alianza de los Gobiernos de Andalucía a favor del trasvase Tajo-Segura a propósito de la introducción de modificaciones legales que plantea el Gobierno central sobre el agua que podrá cederse a la cuenca del Segura, el Grupo Municipal Socialista apuesta por la unidad frente a quienes tratar de perpetuar esta agresión medioambiental y contraria al desarrollo de la cuenca cedente.

Los cambios que se prevén por parte del Gobierno central «vienen a arrojar luz en su apuesta por la recuperación del río y una gestión fluvial más equitativa y justa» y es que, para el Grupo Municipal Socialista, por primera vez, los toledanos y municipios ribereños apreciamos «un cambio de tendencia en la política trasvasista española y una sensibilidad que nada tiene que ver con el sinsentido y la traición consumada por el PP con su famoso memorándum que obligaba a trasvasar agua a Levante por encima de cualquier circunstancia».

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene previstas sendas modificaciones sobre el trasvase.

Por todo ello, «alegar, hoy por hoy, falta de solidaridad para criticar el ‘no al trasvase’ no deja de ser una falacia, especialmente si atendemos a un hecho: Muchas de las zonas del Levante a las que llega el agua del Tajo trasvasada cuentan ya con una red de plantas desalinizadoras en previsión de sequías. Por ello, acometer una nueva planificación que termine con una política trasvasista obsoleta y abusiva que ha expoliado y esquilmado el río Tajo no deja de ser urgente», ha finalizado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado el nuevo sistema telemático para la adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) por su «falta de transparencia y porque no garantiza los derechos de los aspirantes en la elección de su plaza».

Este nuevo sistema, que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que la elección de plazas se haga de manera exclusivamente telemática. «Advertimos de que este sistema constituye un atropello a los derechos del personal residente y exigimos que el proceso de adjudicación de estas plazas se lleve a cabo con todas las garantías», denuncian en un comunicado.

Así, el sindicato muestra su apoyo a los miles de aspirantes que optarán a una de estas plazas de FSE, tras el esfuerzo que han realizado y que se incorporarán al Sistema Nacional de Salud (SNS) entre los próximos días 29 y 30 de junio, según la Resolución del Ministerio de Sanidad que publica el BOE.

El nuevo proceso de adjudicación de plazas se basa en un modelo en el que los aspirantes deben presentar sus solicitudes de forma telemática, por tramos de fechas asignadas en función de las distintas titulaciones. Los aspirantes deben ordenar en un listado telemático todas las plazas disponibles según sus preferencias, que se irán asignando por número de orden en un solo día, con la publicación posterior de una relación de las plazas adjudicadas y sin que tengan alternativa para cambiar las posibles opciones, según las plazas realmente disponibles.

«Constituye un atropello a los derechos de los futuros residentes de nuestro país, ya que supone ir totalmente a ciegas, porque estos profesionales quedan sujetos a lo elegido previamente y sin capacidad para cambiar de centro sanitario o provincia. Tampoco tienen la posibilidad de elegir otra especialidad en función de las opciones disponibles una vez que llega su número de orden, ya que no se pueden saber las plazas vacantes cuando concluye la jornada de adjudicación», argumentan.

Así, a juicio del sindicato, esta decisión «va a suponer que existan plazas que se adjudiquen y no sean cubiertas finalmente, lo cual es un riesgo inasumible, teniendo en cuenta la necesidad de profesionales que sufre nuestro SNS».

Como alternativa, CSIF apuesta por la asignación de plazas de forma presencial y que, en el caso que se realice de forma telemática, sea en tiempo real. «En caso de no sea posible el sistema presencial (por problemas de Salud Pública u otros), debe garantizarse que se pueda ratificar o elegir una nueva plaza y destino, según la puntuación obtenida por el aspirante», esgrimen.

De la misma forma, consideran que la asignación de plazas de FSE no debe realizarse en un acto único, sino a lo largo de varios días como hasta ahora, garantizando un sistema que permita a los aspirantes elegir plaza en función de las opciones que realmente hay disponibles y evitar que queden plazas descubiertas.

Por último, reclaman a la Administración que garantice la vacunación contra la COVID-19 a todo el personal de FSE que se incorporará al sistema sanitario este verano, para garantizar su completa inmunización en sus puestos de trabajo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles que el Gobierno que preside tiene «autonomía» frente a Vox y «soberanía para tomar las decisiones que le competen», y en esa línea ha querido dejar claro que «cumplirá la normativa» en relación a la acogida y «protección» de menores extranjeros no acompañados (‘menas’).

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de inauguración del expositor de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid desde este miércoles, el presidente de la Junta ha respondido así al anuncio que ha realizado el grupo parlamentario Vox en Andalucía de que dejará de apoyar al Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) si en la comunidad se reciben menores inmigrantes que han llegado a Ceuta en las últimas horas, en el marco de la crisis abierta con Marruecos.

Juanma Moreno ha defendido que «somos un gobierno, y los gobiernos gobiernan», y «vamos a gobernar», y en esa línea ha diferenciado entre el poder ejecutivo y el legislativo, donde se sitúa Vox, que «está en su posición legítima no solamente de expresar sus desacuerdos, sino también de actuar como ellos consideren que deben actuar en el ámbito parlamentario en el apoyo al propio Gobierno andaluz».

Y el Ejecutivo de la Junta «está en su autonomía y soberanía para tomar las decisiones que le competen, que es cumplir con las normas existentes», según ha continuado el presidente andaluz, que ha incidido en que por parte de su gobierno «cumpliremos, como siempre, protegiendo a los menores no acompañados, porque es nuestra obligación», según ha remarcado.

Juanma Moreno ha aludido también a la foto que en las últimas horas se ha difundido de un agente de la Guardia Civil sosteniendo a un bebé «de muy corta edad» en brazos de los que habían llegado a Ceuta, y ha subrayado que ese pequeño «también es un ‘mena’, un menor que a veces no está acompañado a pesar de su corta edad».

«Nuestra obligación, dentro de las posibilidades que tenemos, con nuestros recursos materiales y humanos, es atenderlo», ha remarcado el presidente de la Junta, que en esa línea ha subrayado que, en una «crisis diplomática sin precedentes» como la que «hemos tenido por una concatenación también de errores del Gobierno de España, ha habido también una crisis humanitaria».

No obstante, ha realizado un llamamiento al Ejecutivo de la nación para «coordinar, planificar, y liderar, para que, si finalmente tenemos que ayudar a esos menores no acompañados, que esperemos que sean muy pocos, porque los menores deben estar con sus familias, con sus padres y hermanos», haga el «máximo esfuerzo para reincorporarlos a sus familias, y aquellos niños que no sean identificados con sus propias familias, daremos el servicio que corresponde dentro de la normativa vigente, siempre con profesionalidad y máxima humanidad», ha añadido.

El presidente de la Junta ha pedido también al Gobierno que «coordine y facilite ayudas», porque «Andalucía ya tiene 1.700 ‘menas’, y hacemos un esfuerzo económico brutal, y nuestras capacidades están al límite». «No se puede otra vez sobrecargar una red que de por sí ya está claramente sobrecargada», ha concluido Juanma Moreno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este miércoles un llamamiento al Gobierno de España para que «arregle lo antes posible la situación» de crisis generada con Marruecos «con determinación», tanto «en el ámbito policial» como de la diplomacia, así como que «reflexione» y «corrija los errores» que, en su opinión, se han producido en este conflicto.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras la inauguración del expositor de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, el presidente de la Junta se ha pronunciado así sobre la crisis con Marruecos desencadenada tras la llegada de miles de inmigrantes en cuestión de horas a la ciudad autónoma de Ceuta.

Juanma Moreno ha recordado que habló este pasado martes «a primera hora» de la mañana con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, quien le comentó «la situación tremendamente grave que estaban sufriendo» en una ciudad «con 85.000 habitantes» que recibió en unas horas la llegada de unas «8.000 personas», sufriendo así «una presión migratoria como jamás se había producido», según ha remarcado.

El presidente andaluz ha aseverado que «la responsabilidad del Gobierno es resolver esa situación», y así se debe hacer «con determinación en cada uno de los ámbitos, a la hora de movilizar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», pero también «en las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos, que hay que restablecer», porque se trata de «un país vecino con el que nos tenemos que entender siempre desde el máximo respeto a la soberanía de cada país», según ha añadido.

Juanma Moreno ha pedido también «una reflexión sobre los errores cometidos», y al respecto ha apuntado que le «sorprende mucho que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), uno de los mejores centros de información que tenemos en Europa y probablemente en el mundo, no haya tenido ningún tipo de información sobre esos movimientos de decenas de miles de personas que se querían producir en Ceuta y Melilla, y que no hubiera una información previamente, un informe en la mesa de algún alto mandatario del Gobierno».

«Y si ese informe ha llegado a algún mandatario, tenía que haber previsto esta situación con un refuerzo más que considerable», ha apostillado Moreno antes de remarcar que «lo primero es arreglar la situación en el ámbito policial» para «garantizar las fronteras de nuestro país», y también «en el ámbito diplomático».

Además, debe haber «una reflexión para ver quién ha cometido los errores y por qué se ha producido una concatenación de errores que nos ha llevado a una situación casi inédita en Europa», de «un asalto a la frontera europea parece que planificada y organizada», según ha añadido el presidente.

«Espero que el Gobierno reflexione, corrija los errores y arregle la situación lo antes posible, que no pasen ya más personas» por unas fronteras que «tienen que ser seguras» y «garantía de la soberanía de un país», según ha abundado Juanma Moreno, que ha sostenido que «no se puede ver un espectáculo como los que hemos visto, de miles de personas pasando de un lado a otro» de la frontera «sin ningún tipo de problema».

Eso «genera problemas de carácter social, humanitario, de falta de planificación», ha opinado el presidente de la Junta, que ha valorado las visitas de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Ceuta y Melilla, porque «era lo que tenía que hacer y lo hizo», pero que ha insistido en que «se han cometido errores que habrá que localizar y subsanar».

El ex Jefe del Estado Mayor del Ejército, Julio Rodríguez, ‘número 11’ de la candidatura de Unidas Podemos (UP) a la Asamblea de Madrid, no recogerá finalmente el acta de diputado, que pasará a Tito Morano, el siguiente en la lista electoral y uno de los puntales del Grupo Parlamentario en los últimos años.

Como UP cosechó 10 diputados pero en la noche electoral anunció que abandonaría todos sus cargos, también ese acta. Por tanto, el siguiente en la lista era Rodríguez su jefe de Gabinete cuando ocupaba la Vicepresidente segunda del Gobierno y el Ministerio de Derechos Sociales.

«Un lujo haber compartido camino con Pablo Iglesias, ejemplo de coherencia, generosidad y patriotismo. Seguiré haciendo política y luchando, desde la más humilde militancia, por un proyecto que sí merece la pena. Y convencido de que #SiSePuede», escribió en Twitter el día después de las elecciones, deslizando ya que no estaría en el Parlamento regional estos dos años.

SU TRAYECTORIA

Rodríguez, de 63 años, llegó a Podemos en 2015 y su fichaje causó expectación por su condición de general y haber ostentado el mayo rango de la Defensa, después del rey, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, el Ejecutivo de Mariano Rajoy le echó del Ejército «por actuar de forma partidista con sus manifestaciones» y aparecer con su uniforme en el nuevo partido.

Al quedarse en situación de retiro, se presentó a las elecciones del 20 de diciembre de 2015 al Congreso de los Diputados como número 2 por Zaragoza y no logró ser elegido. Tampoco logró revalidar en las elecciones generales repetidas del 26 de junio el segundo escaño que Podemos había conseguido en Almería medio año antes, pese a que este vez ya fueron junto a Izquierda Unida.

Pese a estos dos fracasos, Iglesias siguió confiando en el y lo lanzó como secretario de Podemos en Madrid. Su trabajó no lució y además quedó manchado por la decisión de la alcaldesa, Manuela Carmena, y de su círculo más cercano de concejales de Podemos de no permitirle entrar en la lista de las elecciones municipales de 2019. Finalmente, Carmena se alió con Errejón y Podemos decidió no presentarse para no dañar la candidatura, que resultó fracasada tras perder el poder por la suma de las derechas.

No obstante, Iglesias siguió recompensándole y en los últimos 14 meses ha trabajado como jefe de su gabinete en la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Políticas Sociales y Agenda 2030. De hecho, el líder de Podemos habló de él en el debate de candidato de Telemadrid como artífice del envío de la Unidad Militar de Emergencias a las residencias de ancianos durante el punto álgido de la pandemia.

Tras la decisión del ya exlíder de Podemos de dar la batalla en Madrid, tenía claro que debía seguir sus pasos. Y así, tras el pacto con Izquierda Unida (al que asignaron los puestos 3 y 10), otros fichajes externos y las primarias, Julio Rodríguez finalmente se colocó en el undécimo puesto de la papeleta.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha registrado en el parlamento autonómico una solicitud para crear una comisión de investigación sobre la gestión socialista del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y los controles existentes para fiscalizar el dinero público.

La portavoz ‘popular’ en la cámara legislativa extremeña, Cristina Teniente, ha informado de esta petición, para la que ha solicitado el apoyo del resto de grupos parlamentarios, con el objetivo de que se pueda constituir y determinar así las «responsabilidades políticas» y también «reforzar» los controles.

Asimismo, Cristina Teniente ha apuntado que el PP persigue que esta comisión investigue «no solo» las responsabilidades derivadas de la condena de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exgerente del certamen entre 2008 y 2011, Pedro Salguero, sino también sobre «cómo funcionan o deben funcionar los controles».

Cabe destacar que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a cuatro años y un día de prisión a Salguero por un delito continuado de malversación de caudales públicos.

La sentencia condena también a Salguero por un delito continuado de prevaricación administrativa a inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de doce años.

CONOCER POR QUÉ «NO SE HIZO NADA»

En rueda de prensa, Teniente ha señalado que su que grupo quiere conocer por qué con una fiscalización previa de la Intervención General de la Junta y una fiscalización posterior del Tribunal de Cuentas, donde se advertían de delitos, «no se hizo nada» y si esto podría seguir pasando, ha dicho.

«La sentencia demuestra que se robaba en el Festival, esto es robar, esto es sacar el dinero a espuertas y que no se rendían cuentas, a pesar de que se conocían, ni ante los consejeros, ni ante la Junta, ni ante el patronato, y da una vista estremecedora, la Intervención General de la Junta y la Agencia Tributaria, al advertir de forma reiterada al condenado y al Patronato y a la consejería sin ninguna consecuencia, nos da la clave de que estamos sin control», ha aseverado.

En su opinión el «último responsable» de esta situación es el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien antes y ahora era el presidente del Patronato del Festival de Teatro Clásico y del Ejecutivo regional.

«Si pasó entonces, y cuando se denunció esto eran tonterías y ‘changás’, pues no estamos muy tranquilos, sinceramente. Y a todos los niveles hay que continuar con una responsabilidad que es pública, que es política, que es la responsabilidad in eligiendo y la responsabilidad in vigilando, ninguna de las dos ha cumplido el señor Vara», ha destacado.

Al mismo tiempo, se ha preguntado por qué Vara no ha impedido que, después de que Salguero pasara por prisión por un caso relativo a la gestión de la Orquesta de Extremadura, fuera restituido, con un contrato de trabajo, por un alcalde socialista.

«¿Qué está tapando el señor Fernández Vara y qué está tapando el Partido Socialista?. Porque este señor ha recibido ya varias condenas. Todo es bastante sospechoso», ha recalcado.

Al mismo tiempo, Teniente ha hecho hincapié en que, tras la sentencia, las acusaciones del PP sobre la gestión del Festival de Mérida o la Orquesta de Extremadura ya no son «falsedades», como decía un portavoz socialista en el parlamento, ni «tonterías y ‘changás'», como dijo en su momento Vara, ha recordado, sino «delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos».

Estamos hablando, y esto está ya clarísimo, de corrupción al más puro estilo cortijo socialista, estamos hablando de un expolio de fondos públicos continuado, como dice la sentencia y acredita la sentencia a manos llenas, estamos hablando de hacer con el dinero público lo que le da la gana a algunos, pero de forma burda, estamos hablando de saqueo indiscriminado, estamos hablando de que esto se hizo, y esto es lo importante, y en esto me quiero centrar, ante la pasividad absoluta, reiterada y continuada del patronato y de la Consejería de Cultura«, ha reafirmado.

De igual forma, la portavoz ‘popular’ ha criticado el «desparpajo» empleado este pasado martes por la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, que dijo que ellos «habían sido los primeros» en perseguir estos delitos y la administración autonómica se había personado en el procedimiento.

«No, señora Rosiña, no hicieron nada durante años, es más, no hubieran hecho nada si el Partido Popular no denuncia los hechos a Fiscalía», ha recalcado, a lo que ha añadido que está segura de que con la voluntad manifestada por Rosiña de perseguir el delito y la corrupción el Grupo Socialista va a actuar «en coherencia» y votará a favor de crear esta comisión de investigación.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado sobre la pandemia de la Covid-19 que «lo peor ha pasado», aunque ha añadido que «quedan todavía semanas y meses» en los que hay que tener «cuidado».

Asimismo, se ha mostrado «convencido» de que si se continúa «avanzando» sin perder de vista «el seguir teniendo cuidado» entonces el segundo semestre del año será «reconocido» como el momento en el que se fue capaz de «dejar atrás un mal sueño», en alusión a la Covid-19.

Con ello, tras un «difícil» año de pandemia, ha indicado que cree que «lo peor ha pasado» y que «lo mejor está por llegar», aunque ha incidido en que «todavía nos queda un camino por recorrer».

«Creo que nos quedan todavía semanas y meses en los que tenemos que tener cuidado, pero si somos capaces de seguir avanzando sin perder de vista el seguir teniendo cuidado, estoy convencido de que el segundo semestre de este año será reconocido como el momento en el que fuimos capaces de dejar atrás un mal sueño», ha afirmado en su intervención en el acto institucional este miércoles en el stand de Extremadura en Fitur en el que se han entregado los III Premios de la comunidad al Turismo Sostenible y la Innovación.

«Probablemente esto seguirá formando parte de nuestras vidas de una u otra manera… Probablemente cada año tengamos que acudir a nuestro centro de salud para que nos pongan una vacuna que antes se llamaba de la gripe solamente y ahora se va a llamar también de la Covid-19… Probablemente todo eso ya se vaya a incorporar a nuestras vidas… Probablemente las terrazas hayan venido para quedarse… Probablemente busquemos cada día más los espacios públicos… Probablemente todo eso que hemos podido vivir o una gran parte de eso se quedará… pero habrá sobre todo una cosa que nunca nos dejará, que es la experiencia vivida», ha defendido.

APORTAR LO MEJOR DE CADA UNO

Así, ha afirmado que «esta experiencia nos ha hecho sin duda ninguna a todos mejores, porque hemos sido conscientes de que por primera vez como pueblo, como región, como país, como mundo, como civilización nos hemos enfrentado con algo para lo que no estábamos preparados, para lo que ha habido que formarse y prepararse a medida que estábamos sufriendo las consecuencias de un envite de tal magnitud como aquel al que nos hemos tenido que enfrentar».

En este sentido, Vara ha defendido que la «receta» que hay que aplicar es «ser capaces cada uno de sacar lo mejor que tengamos». «Todos juntos sacando lo mejor que tengamos, mucha gente haciendo cosas excelentes convierten el resultado final en excelente para el conjunto de la región», ha espetado.

«Somos una tierra en el que no vamos a inventarle a nadie cómo somos, somos una región de gente sencilla y humilde pero llena de talento, y el talento con la sencillez y con la humildad se lleva muy bien, lo puedo asegurar», ha espetado sobre Extremadura y sus habitantes.

El Gobierno Vasco trasladará, en la reunión de urgencia convocada por el ministerio de Asuntos Sociales para abordar la crisis generada en Ceuta, su disposición a acoger menores en lo que ha calificado de grave situación» desde el punto de vista humanitario. También va a trasladar la «urgente necesidad» de que se convoque la conferencia sectorial de migraciones y su preocupación «por el tratamiento que se está dando a las politicas migratorias por parte del Estado, cuya inacción luego tienen que parchear las políticas sociales».

Así lo ha confirmado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a preguntas de los medios sobre si Euskadi ofrecerá su colaboración para acoger a algunos menores en una comparecencia en la que ha confirmado que Euskadi «siempre ha sido solidaria y esta vez también lo será», aunque ha añadido que de momento, no cuentan con información precisa sobre el alcance y el perfil de las personas migrantes que van a necesitar ser acogidos.

Tras recordar que «más allá de situaciones concretas, como la que se ha generado en Ceuta, el de la migración es un fenómeno estructural, que requiere de análisis y trabajo compartido», en primer lugar desde las políticas migratorias porque, tal y como ha añadido, es después cuando «desde las políticas sociales recogemos lo que ya se convierte en problema».

En ese sentido, la consejera ha reiterado la necesidad urgente de que el ministro Escrivá convoque una reunión sectorial para tratar las políticas migratorias porque «en lo que va de legislatura, no se ha convocado ni una sola vez», y así lo van a trasladar en la reunión convocada por la ministra Ione Belarra.

Artolazabal ha remarcado que reclaman convocar la confederación sectorial de políticas migratorias «porque entendemos que es necesario reflexionar, establecer un canal de comunicación y aportar una respuesta rápida, humana, proporcionada, sostenible y solidaria desde espacios donde poder compartir los problemas que las politicas migratorias pueden ocasionar».

En su opinión, se trata de un «fenómeno estructural y, a veces, las políticas sociales vienen a parchear las inacciones de las políticas migratorias que, son las que tienen que poner sobre la mesa las soluciones».

PRUDENCIA Y PLANIFICACIÓN

La consejera ha confirmado que el Ministerio de Asuntos Sociales se puso este martes en contacto con el Gobierno Vasco para sondear su disposición a acoger menores migrantes.

«No tengo ni idea las necesidades desde el punto de vista humanitario que se nos pueden estar solicitando ni cuáles son las características de las personas llegadas a Ceuta, ni de sus edades, porque algunos lo veían como un juego, así que vamos a ser prudentes en cuanto se concreta y qué se nos requiere desde el Ministerio de Políticas Sociales y en función de la cifra de personas que se dispongan, planificaremos en función de la reunión de esta tarde y de la información que se nos traslade para ir adoptando decisiones».

A continuación, su Departamento mantuvo una primera reunión con las tres diputaciones forales, competentes en materia de protección de menores, para «avanzar en las posibles respuestas que sean necesarias ofrecer ante la posible llegada de personas migrantes menores no acompañadas y para analizar los recursos disponibles y sus ocupaciones actuales, con el objetivo de analizar la respuesta solidaria que podemos ofrecer».

En ese sentido ha añadido que lo que con esa reunión han pretendido es «intentar adelantarse a las circunstancias, ver en qué situación se está planificar el futuro de a qué nos podríamos enfrentar con garantías y dar una respuesta humanitaria sostenible, que atienda las necesidades tan dramáticas que algunos están viviendo en Ceuta».

«Llegarán una serie de personas a Euskadi y ante esa situación, Euskadi dará una respuesta, pero vamos a ver primero con qué información contamos, qué perfiles y qué necesitamos y necesitan las autoridades, para luego tener en cuenta la grave situación humanitaria que se está produciendo en Ceuta porque la información que llega es que es una situación muy grave», ha remarcado.

En este punto ha dicho que, desde Euskadi, su «mano» ha sido «siempre para la colaboración, porque siempre ha sido solidaria y en esta ocasión también lo será».

FOTO GLOBAL

Sin embargo, respecto al contenido de la reunión con el resto de comunidades autónomas, Artolazabal ha afirmado que primero quisiera «tener clara la situación real respecto a otras comunidades». «Habrá que ver la foto global, con toda la información que contemos y ver cual es la disposición que todos tienen a echar una mano en una situación tan complicada», ha señalado.

La consejera ha reiterado la disposición inicial del Gobierno Vasco a escuchar la información que la ministra pueda proporcionar y trasladarle su preocupación «por el tratamiento que se está dando a las políticas migratorias por parte del Estado».

En su opinión, es necesaria mayor coordinación y la puesta en marcha de un trabajo en esta materia porque, en esta legislatura, «no se ha convocado ni una sola vez la conferencia sectorial de migración y es urgente que se produzca ya ese espacio de encuentro para poder abordar cuestiones tan relevantes, y dar una respuesta que es urgente en este momento».

«Primero, vamos a atender la urgencia y después veremos cómo tenemos los siguientes paso a dar porque hay que diferenciar dos cuestiones: las políticas migratorias que no se están haciendo de la forma adecuada, y las sociales, que vienen a paliar situaciones que se dan como consecuencia de no haber hecho ese trabajo previo en las políticas migratorias», ha indicado.

La consejera ha insistido asimismo en poner sobre la mesa la propuesta Share que el Gobierno Vasco realizó ya en 2015 y que establece unas pautas para repartir los flujos de personas migrantes en función de una serie de ratios. «Por ahora, no hemos tenido conocimiento de ninguna otra propuesta ni por parte del Gobierno español ni de otras Comunidades Autónomas».

Respecto a lo ocurrido, Artolazabal ha afirmado que «los problemas políticos requieren soluciones políticas y los problemas entre países deben resolverse por vías políticas, porque no es de recibo utilizar a las personas mas vulnerables para intentar condicionar el ámbito político», ha reflexionado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado este miércoles el proyecto de orden ministerial que modificará el Real Decreto que regula el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en su anexo para incluir a «todas las poblaciones de lobo» presentes en España, lo que en la práctica supone la prohibición de cazar a estas especie en el conjunto del país algo que sucederá a más tardar el 25 de septiembre.

La orden se expone ahora a información pública durante 20 días y entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y establece que el fin de la caza del lobo –algo que se permite en algunas comunidades autónomas al norte del Duero– será a más tardar el 25 de septiembre próximo.

El borrador plantea un calendario «transitorio» hasta que una futura Conferencia Sectorial apruebe la futura Estrategia de la especie en los próximos meses.

El proyecto de orden ministerial amplía a «todos los núcleos» de población lobera el estatus de protección especial que prohíbe su caza en todo el territorio, y revierte de este modo la condición de especie cinegética que hasta ahora mantenía al norte del Duero.

No obstante, el texto determina que, en tanto no se disponga de la Estrategia Estatal del Lobo, se podrán seguir aplicando las medidas vigentes establecidas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para gestionar el manejo de sus respectivas poblaciones de lobos.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha explicado que esto supone fijar un calendario transitorio hasta que la orden surta «plenos efectos». «Será en el momento en que la Conferencia Sectorial haya aprobado la Estrategia Estatal del Lobo, no más tarde del 25 de septiembre, cuando el lobo adquiera su nuevo estatus de protección», ha precisado.

Así, ha añadido que a partir de entonces «todas» las comunidades autónomas tendrán que contar con sus herramientas de gestión «vinculadas a la especie adaptadas a la nueva situación». La propuesta de ampliar la protección del lobo se aprobó en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el pasado 4 de febrero.

La iniciativa contempla prohibir su caza pero según destaca el Ministerio, el acuerdo incluye el compromiso de refuerzo de las tareas de seguimiento y la adopción de medidas a fin de mejorar la cohabitación de una manera armonizada con las actividades de ganadería extensiva y otras en el ámbito rural.

El Ministerio está coordinando los trabajos para preparar la elaboración de un nuevo censo nacional del lobo con el fin de actualizar el número de manadas durante lo que queda de 2021 y 2022 y explora «nuevas líneas» de financiación como un pago suplementario adicional al pastoreo extensivo en zonas de convivencia con grandes carnívoros y medidas comunes de protección del ganado para evitar ataques.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha reafirmado este miércoles la apuesta del Gobierno por el diálogo para resolver el conflicto político en Cataluña, un diálogo que, según ha dicho, será «hasta las últimas consecuencias» y «sin límites», aunque ya ha dejado claro de antemano el rechazo del Ejecutivo a la autodeterminación, o a los «indultos generales» que, a su juicio, supondrían la «amnistía» que reclaman los independentistas para los condenados por el ‘procés’.

Así lo ha dicho Iceta durante la interpelación que le ha planteado en el Pleno del Congreso la diputada de la CUP, Mireia Vehí, quien le ha exigido que aclare cuál es la propuesta del Gobierno, ahora que el independentismo ha superado el 50% de los votos, y ha insistido en que la única salida es convocar un referéndum de autodeterminación.

Iceta ha dado las gracias a la CUP por ejercer como «comadrona» en el alumbramiento del pacto de gobierno entre ERC y Junts que, a su juicio, debería permitir, ahora que ya hay un interlocutor claro, retomar la mesa de diálogo sobre Cataluña.

VEAMOS QUÉ PASA

El ministro ha agradecido la disposición de Vehí a ser «paciente» con los frutos que pueda dar ese foro, ante el que la CUP, no obstante, mantiene su «escepticismo». «Veamos qué pasa y luego juzgamos», ha apuntado Iceta, defendiendo un horizonte federal y pidiendo al futuro Govern que se olvide de los «atajos» porque «fuera de la ley no hay solución».

Vehí ha recordado a Iceta que el PSOE de Suresnes defendía la autodeterminación, que él mismo habló de la posibilidad de un referéndum den 2019 y que sostuvo que si el independentismo superaba el 50% de apoyo tendría más fuerza para defenderlo.

El ministro le ha replicado que la afirmación de que, a más votos, más fuerza, es incontestable en democracia, pero le ha recordado que eso que Vehí ha llamado «lo que queda del PSC» es «la primera fuera de Cataluña».

La diputada de la CUP también ha acusado al PSOE de «renunciar a hacer política para su pueblo» y ha pedido que pare la «represión» porque «ni los golpes ni los tribunales» frenarán las demandas independentistas.

DISPUESTAS A PERDER, PERO EN LAS URNAS

Además, ha insistido en que la Constitución española «no sirve» como herramienta para enmarcar el diálogo porque, según el PSOE, no permite ni la amnistía ni el «referéndum» por el que, según la CUP, pasa la solución al conflicto. «Nosotras estamos dispuestas a perder, pero en las urnas», ha recalcado, poniendo como ejemplo el referéndum escocés.

Vehí también ha enviado un mensaje a ERC. Así, ha hablado de una «cuenta atrás» para la mesa de diálogo, apuntando que le darán una oportunidad y serán «pacientes», pero sin salir de su «escepticismo. A Podemos, le ha subrayado que su «federalismo republicanista no es viable en un «Estado español fundamentado en la Monarquía, la represión y la unidad indivisible de la Nación».

En su replica, Iceta ha agradecido la disposición de la CUP a la «paciencia», pero le ha advertido de que no se puede «confundir el diálogo con la obligación de que te den la razón» y ha insistido en que lo que quiere el Gobierno es que se vote «un acuerdo, no una ruptura».

Ante la advertencia de Vehí de que la Constitución «no sirve», el ministro ha admitido que él es partidario de reformarla, recordando que el PSOE tiene una propuesta para ello, pero ha incidido en que es «consciente» de que no es del agrado de los independentistas y que, en cualquier caso, sólo sería viable si concitara una «amplísima mayoría».

Así, las cosas, ha defendido el diálogo como el único método para «acercarse a una solución», asumiendo que ésta «no llegará de forma mágica, total ni definitiva, de un día para otro». En definitiva, ha apostado por dialogar para ir acercando posturas.

«Bienvenido sea el Gobierno que han contribuido a que se forme si es para gobernar para todos y para ponerse de acuerdo con otros sobre problemas que nos desbordan a todos. Queremos decidir entre todos y votar un acuerdo, pero para eso hay que llegar a él y no va a ser sencillo», ha reconocido.

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

En este contexto, ha reiterado que, para que sea «sincero» el diálogo debe abrirse «sin límites», aunque ha recalcado que el PSOE no cree en el derecho de autodeterminación de Cataluña, que la Constitución prohíbe «indultos de carácter general» y que la amnistía sólo se puede practicar «en momentos excepcionales de cambio de régimen».

«Fuera de la ley no hay solución, el unilateralismo no es una respuesta, no volvamos todos a intentar encontrar atajos donde no los hay porque no nos han hecho avanzar, sino retroceder», ha enfatizado, recordando que «la judicialización de la política ha dejado heridas» que todos deben » contribuir a restañar». «Ahí vamos a estar todos, en la plena disposición al diálogo que pensamos practicar hasta las últimas consecuencias», ha concluido.

La jueza y el fiscal del caso Imelsa siguen sin creer las alegaciones formuladas por el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado provincial Rafael Rubio por su procesamiento en la causa: «no existe la más mínima evidencia» del trabajo de las ‘zombies’ contratadas en la empresa pública.

Así se desprende del escrito del ministerio público y del auto de la jueza en el que se desestima el recurso interpuesto por Rubio contra su procesamiento en las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

Se da la circunstancia de que Rubio fue detenido la semana pasada en el marco de otro procedimiento, el caso Azud, por supuestamente cobrar sobornos a cambio de adjudicaciones públicas a diferentes mercantiles. Desde el sábado se encuentra en la cárcel de Picassent por estos hechos.

En Imelsa, a Rubio, diputado socialista en ese momento y consejero de la empresa pública entre julio de 2007 y junio de 2011, se le cuestionan dos contrataciones efectuadas de marzo a junio de 2011 de dos asesoras: una de ellas cobró 13.198,78 euros, y la otra, ama de casa, estuvo dada de alta en el mismo periodo y con el mismo salario.

Rubio negó cualquier tipo de irregularidad y pidió que se revocara su situación procesal. Sin embargo, ni el ministerio público –se trata del mismo fiscal Anticorrupción que lleva Azud– ni la jueza lo ven posible.

En concreto, el fiscal considera que Rubio, en su recurso, ha hecho una construcción «interesada» de los hechos «que no combaten los establecidos en el auto», sino que los sustituye por otros.

«Lo cierto es que no existe en la causa la más mínima evidencia de trabajo efectuado por las dos personas contratadas como asesoras de Rubio. Entre otras cosas, poco asesoramiento tendría que ser realizado cuando el Consejo de Administración de Imelsa se reunía apenas dos veces al año», apostilla.

Además, y en relación con los argumentos de Rubio, el fiscal advierte de que la utilización fraudulenta de la contratación en Imelsa de asesores «no es de un nuevo cuño», sino «antiguo», y por eso han sido ya condenados dos personas: «En nada afecta pues a su concreta responsabilidad la ilegalidad y responsabilidad penal cometidos por otros, que también han sido condenados», agrega.

«QUE ES QUIEN LES PAGA»

La jueza, que comparte los argumentos esgrimidos por el ministerio público, desestima el recurso de Rubio y señala que las dos supuestas asesoras percibieron salario de la empresa pública sin prestar el cometido laboral para la misma.

«No se trata solo de justificar si fichaban o no. Además se debe acreditar que realizaban tareas correspondientes al puesto de trabajo para el que se les contrata en la empresa, que es quien les paga. Y respecto de los indicios que acreditan que ello no era así, se hace referencia en las imputaciones correspondientes a las mismas, que también han sido objeto de recurso y que han sido razonadas en las resoluciones dictadas respecto de las mismas», añade.

En cuanto al resto de alegaciones realizadas por Rubio referidas a la prestación de servicio y cumplimiento de las funciones asignadas, la jueza discrepa. Indica, respecto a la primera ‘zombie’, que existe una sospecha «razonable» de que fue contratada como asesora de Rubio percibiendo un salario con cargo a Imelsa sin prestar cometido laboral que justificara dicha contratación, «sin que por su parte hubiese justificado suficientemente la prestación de servicios que ella indicó que hizo».

Y tras la instrucción practicada, señala, esta situación «no ha variado en absoluto», sin que por la recurrente se haya acreditado «mínimamente» cuál fue ese trabajo que dice que llevó a cabo y por el que percibió un salario de Imelsa.

Ocurre lo mismo, apostilla la jueza, en el caso de la otra ‘zombie’. En su declaración judicial manifestó que era ama de casa, que le dijeron que tendría que ir a la sede del partido socialista a la Diputación y estar por las tardes haciendo un trabajo de administrativa, que conocía «mucho» a Rubio, que le llamaron de Imelsa y firmó el contrato.

Y de la misma manera que la anterior, esta mujer «tampoco» ha justificado la realización de un trabajo real y efectivo para el que se la contrató como asesora de Rubio y por el que percibió un salario público.