El Gobierno Vasco trasladará, en la reunión de urgencia convocada por el ministerio de Asuntos Sociales para abordar la crisis generada en Ceuta, su disposición a acoger menores en lo que ha calificado de grave situación» desde el punto de vista humanitario. También va a trasladar la «urgente necesidad» de que se convoque la conferencia sectorial de migraciones y su preocupación «por el tratamiento que se está dando a las politicas migratorias por parte del Estado, cuya inacción luego tienen que parchear las políticas sociales».

Así lo ha confirmado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a preguntas de los medios sobre si Euskadi ofrecerá su colaboración para acoger a algunos menores en una comparecencia en la que ha confirmado que Euskadi «siempre ha sido solidaria y esta vez también lo será», aunque ha añadido que de momento, no cuentan con información precisa sobre el alcance y el perfil de las personas migrantes que van a necesitar ser acogidos.

Tras recordar que «más allá de situaciones concretas, como la que se ha generado en Ceuta, el de la migración es un fenómeno estructural, que requiere de análisis y trabajo compartido», en primer lugar desde las políticas migratorias porque, tal y como ha añadido, es después cuando «desde las políticas sociales recogemos lo que ya se convierte en problema».

En ese sentido, la consejera ha reiterado la necesidad urgente de que el ministro Escrivá convoque una reunión sectorial para tratar las políticas migratorias porque «en lo que va de legislatura, no se ha convocado ni una sola vez», y así lo van a trasladar en la reunión convocada por la ministra Ione Belarra.

Artolazabal ha remarcado que reclaman convocar la confederación sectorial de políticas migratorias «porque entendemos que es necesario reflexionar, establecer un canal de comunicación y aportar una respuesta rápida, humana, proporcionada, sostenible y solidaria desde espacios donde poder compartir los problemas que las politicas migratorias pueden ocasionar».

En su opinión, se trata de un «fenómeno estructural y, a veces, las políticas sociales vienen a parchear las inacciones de las políticas migratorias que, son las que tienen que poner sobre la mesa las soluciones».

PRUDENCIA Y PLANIFICACIÓN

La consejera ha confirmado que el Ministerio de Asuntos Sociales se puso este martes en contacto con el Gobierno Vasco para sondear su disposición a acoger menores migrantes.

«No tengo ni idea las necesidades desde el punto de vista humanitario que se nos pueden estar solicitando ni cuáles son las características de las personas llegadas a Ceuta, ni de sus edades, porque algunos lo veían como un juego, así que vamos a ser prudentes en cuanto se concreta y qué se nos requiere desde el Ministerio de Políticas Sociales y en función de la cifra de personas que se dispongan, planificaremos en función de la reunión de esta tarde y de la información que se nos traslade para ir adoptando decisiones».

A continuación, su Departamento mantuvo una primera reunión con las tres diputaciones forales, competentes en materia de protección de menores, para «avanzar en las posibles respuestas que sean necesarias ofrecer ante la posible llegada de personas migrantes menores no acompañadas y para analizar los recursos disponibles y sus ocupaciones actuales, con el objetivo de analizar la respuesta solidaria que podemos ofrecer».

En ese sentido ha añadido que lo que con esa reunión han pretendido es «intentar adelantarse a las circunstancias, ver en qué situación se está planificar el futuro de a qué nos podríamos enfrentar con garantías y dar una respuesta humanitaria sostenible, que atienda las necesidades tan dramáticas que algunos están viviendo en Ceuta».

«Llegarán una serie de personas a Euskadi y ante esa situación, Euskadi dará una respuesta, pero vamos a ver primero con qué información contamos, qué perfiles y qué necesitamos y necesitan las autoridades, para luego tener en cuenta la grave situación humanitaria que se está produciendo en Ceuta porque la información que llega es que es una situación muy grave», ha remarcado.

En este punto ha dicho que, desde Euskadi, su «mano» ha sido «siempre para la colaboración, porque siempre ha sido solidaria y en esta ocasión también lo será».

FOTO GLOBAL

Sin embargo, respecto al contenido de la reunión con el resto de comunidades autónomas, Artolazabal ha afirmado que primero quisiera «tener clara la situación real respecto a otras comunidades». «Habrá que ver la foto global, con toda la información que contemos y ver cual es la disposición que todos tienen a echar una mano en una situación tan complicada», ha señalado.

La consejera ha reiterado la disposición inicial del Gobierno Vasco a escuchar la información que la ministra pueda proporcionar y trasladarle su preocupación «por el tratamiento que se está dando a las políticas migratorias por parte del Estado».

En su opinión, es necesaria mayor coordinación y la puesta en marcha de un trabajo en esta materia porque, en esta legislatura, «no se ha convocado ni una sola vez la conferencia sectorial de migración y es urgente que se produzca ya ese espacio de encuentro para poder abordar cuestiones tan relevantes, y dar una respuesta que es urgente en este momento».

«Primero, vamos a atender la urgencia y después veremos cómo tenemos los siguientes paso a dar porque hay que diferenciar dos cuestiones: las políticas migratorias que no se están haciendo de la forma adecuada, y las sociales, que vienen a paliar situaciones que se dan como consecuencia de no haber hecho ese trabajo previo en las políticas migratorias», ha indicado.

La consejera ha insistido asimismo en poner sobre la mesa la propuesta Share que el Gobierno Vasco realizó ya en 2015 y que establece unas pautas para repartir los flujos de personas migrantes en función de una serie de ratios. «Por ahora, no hemos tenido conocimiento de ninguna otra propuesta ni por parte del Gobierno español ni de otras Comunidades Autónomas».

Respecto a lo ocurrido, Artolazabal ha afirmado que «los problemas políticos requieren soluciones políticas y los problemas entre países deben resolverse por vías políticas, porque no es de recibo utilizar a las personas mas vulnerables para intentar condicionar el ámbito político», ha reflexionado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado este miércoles el proyecto de orden ministerial que modificará el Real Decreto que regula el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en su anexo para incluir a «todas las poblaciones de lobo» presentes en España, lo que en la práctica supone la prohibición de cazar a estas especie en el conjunto del país algo que sucederá a más tardar el 25 de septiembre.

La orden se expone ahora a información pública durante 20 días y entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y establece que el fin de la caza del lobo –algo que se permite en algunas comunidades autónomas al norte del Duero– será a más tardar el 25 de septiembre próximo.

El borrador plantea un calendario «transitorio» hasta que una futura Conferencia Sectorial apruebe la futura Estrategia de la especie en los próximos meses.

El proyecto de orden ministerial amplía a «todos los núcleos» de población lobera el estatus de protección especial que prohíbe su caza en todo el territorio, y revierte de este modo la condición de especie cinegética que hasta ahora mantenía al norte del Duero.

No obstante, el texto determina que, en tanto no se disponga de la Estrategia Estatal del Lobo, se podrán seguir aplicando las medidas vigentes establecidas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para gestionar el manejo de sus respectivas poblaciones de lobos.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha explicado que esto supone fijar un calendario transitorio hasta que la orden surta «plenos efectos». «Será en el momento en que la Conferencia Sectorial haya aprobado la Estrategia Estatal del Lobo, no más tarde del 25 de septiembre, cuando el lobo adquiera su nuevo estatus de protección», ha precisado.

Así, ha añadido que a partir de entonces «todas» las comunidades autónomas tendrán que contar con sus herramientas de gestión «vinculadas a la especie adaptadas a la nueva situación». La propuesta de ampliar la protección del lobo se aprobó en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el pasado 4 de febrero.

La iniciativa contempla prohibir su caza pero según destaca el Ministerio, el acuerdo incluye el compromiso de refuerzo de las tareas de seguimiento y la adopción de medidas a fin de mejorar la cohabitación de una manera armonizada con las actividades de ganadería extensiva y otras en el ámbito rural.

El Ministerio está coordinando los trabajos para preparar la elaboración de un nuevo censo nacional del lobo con el fin de actualizar el número de manadas durante lo que queda de 2021 y 2022 y explora «nuevas líneas» de financiación como un pago suplementario adicional al pastoreo extensivo en zonas de convivencia con grandes carnívoros y medidas comunes de protección del ganado para evitar ataques.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha reafirmado este miércoles la apuesta del Gobierno por el diálogo para resolver el conflicto político en Cataluña, un diálogo que, según ha dicho, será «hasta las últimas consecuencias» y «sin límites», aunque ya ha dejado claro de antemano el rechazo del Ejecutivo a la autodeterminación, o a los «indultos generales» que, a su juicio, supondrían la «amnistía» que reclaman los independentistas para los condenados por el ‘procés’.

Así lo ha dicho Iceta durante la interpelación que le ha planteado en el Pleno del Congreso la diputada de la CUP, Mireia Vehí, quien le ha exigido que aclare cuál es la propuesta del Gobierno, ahora que el independentismo ha superado el 50% de los votos, y ha insistido en que la única salida es convocar un referéndum de autodeterminación.

Iceta ha dado las gracias a la CUP por ejercer como «comadrona» en el alumbramiento del pacto de gobierno entre ERC y Junts que, a su juicio, debería permitir, ahora que ya hay un interlocutor claro, retomar la mesa de diálogo sobre Cataluña.

VEAMOS QUÉ PASA

El ministro ha agradecido la disposición de Vehí a ser «paciente» con los frutos que pueda dar ese foro, ante el que la CUP, no obstante, mantiene su «escepticismo». «Veamos qué pasa y luego juzgamos», ha apuntado Iceta, defendiendo un horizonte federal y pidiendo al futuro Govern que se olvide de los «atajos» porque «fuera de la ley no hay solución».

Vehí ha recordado a Iceta que el PSOE de Suresnes defendía la autodeterminación, que él mismo habló de la posibilidad de un referéndum den 2019 y que sostuvo que si el independentismo superaba el 50% de apoyo tendría más fuerza para defenderlo.

El ministro le ha replicado que la afirmación de que, a más votos, más fuerza, es incontestable en democracia, pero le ha recordado que eso que Vehí ha llamado «lo que queda del PSC» es «la primera fuera de Cataluña».

La diputada de la CUP también ha acusado al PSOE de «renunciar a hacer política para su pueblo» y ha pedido que pare la «represión» porque «ni los golpes ni los tribunales» frenarán las demandas independentistas.

DISPUESTAS A PERDER, PERO EN LAS URNAS

Además, ha insistido en que la Constitución española «no sirve» como herramienta para enmarcar el diálogo porque, según el PSOE, no permite ni la amnistía ni el «referéndum» por el que, según la CUP, pasa la solución al conflicto. «Nosotras estamos dispuestas a perder, pero en las urnas», ha recalcado, poniendo como ejemplo el referéndum escocés.

Vehí también ha enviado un mensaje a ERC. Así, ha hablado de una «cuenta atrás» para la mesa de diálogo, apuntando que le darán una oportunidad y serán «pacientes», pero sin salir de su «escepticismo. A Podemos, le ha subrayado que su «federalismo republicanista no es viable en un «Estado español fundamentado en la Monarquía, la represión y la unidad indivisible de la Nación».

En su replica, Iceta ha agradecido la disposición de la CUP a la «paciencia», pero le ha advertido de que no se puede «confundir el diálogo con la obligación de que te den la razón» y ha insistido en que lo que quiere el Gobierno es que se vote «un acuerdo, no una ruptura».

Ante la advertencia de Vehí de que la Constitución «no sirve», el ministro ha admitido que él es partidario de reformarla, recordando que el PSOE tiene una propuesta para ello, pero ha incidido en que es «consciente» de que no es del agrado de los independentistas y que, en cualquier caso, sólo sería viable si concitara una «amplísima mayoría».

Así, las cosas, ha defendido el diálogo como el único método para «acercarse a una solución», asumiendo que ésta «no llegará de forma mágica, total ni definitiva, de un día para otro». En definitiva, ha apostado por dialogar para ir acercando posturas.

«Bienvenido sea el Gobierno que han contribuido a que se forme si es para gobernar para todos y para ponerse de acuerdo con otros sobre problemas que nos desbordan a todos. Queremos decidir entre todos y votar un acuerdo, pero para eso hay que llegar a él y no va a ser sencillo», ha reconocido.

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

En este contexto, ha reiterado que, para que sea «sincero» el diálogo debe abrirse «sin límites», aunque ha recalcado que el PSOE no cree en el derecho de autodeterminación de Cataluña, que la Constitución prohíbe «indultos de carácter general» y que la amnistía sólo se puede practicar «en momentos excepcionales de cambio de régimen».

«Fuera de la ley no hay solución, el unilateralismo no es una respuesta, no volvamos todos a intentar encontrar atajos donde no los hay porque no nos han hecho avanzar, sino retroceder», ha enfatizado, recordando que «la judicialización de la política ha dejado heridas» que todos deben » contribuir a restañar». «Ahí vamos a estar todos, en la plena disposición al diálogo que pensamos practicar hasta las últimas consecuencias», ha concluido.

La jueza y el fiscal del caso Imelsa siguen sin creer las alegaciones formuladas por el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado provincial Rafael Rubio por su procesamiento en la causa: «no existe la más mínima evidencia» del trabajo de las ‘zombies’ contratadas en la empresa pública.

Así se desprende del escrito del ministerio público y del auto de la jueza en el que se desestima el recurso interpuesto por Rubio contra su procesamiento en las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

Se da la circunstancia de que Rubio fue detenido la semana pasada en el marco de otro procedimiento, el caso Azud, por supuestamente cobrar sobornos a cambio de adjudicaciones públicas a diferentes mercantiles. Desde el sábado se encuentra en la cárcel de Picassent por estos hechos.

En Imelsa, a Rubio, diputado socialista en ese momento y consejero de la empresa pública entre julio de 2007 y junio de 2011, se le cuestionan dos contrataciones efectuadas de marzo a junio de 2011 de dos asesoras: una de ellas cobró 13.198,78 euros, y la otra, ama de casa, estuvo dada de alta en el mismo periodo y con el mismo salario.

Rubio negó cualquier tipo de irregularidad y pidió que se revocara su situación procesal. Sin embargo, ni el ministerio público –se trata del mismo fiscal Anticorrupción que lleva Azud– ni la jueza lo ven posible.

En concreto, el fiscal considera que Rubio, en su recurso, ha hecho una construcción «interesada» de los hechos «que no combaten los establecidos en el auto», sino que los sustituye por otros.

«Lo cierto es que no existe en la causa la más mínima evidencia de trabajo efectuado por las dos personas contratadas como asesoras de Rubio. Entre otras cosas, poco asesoramiento tendría que ser realizado cuando el Consejo de Administración de Imelsa se reunía apenas dos veces al año», apostilla.

Además, y en relación con los argumentos de Rubio, el fiscal advierte de que la utilización fraudulenta de la contratación en Imelsa de asesores «no es de un nuevo cuño», sino «antiguo», y por eso han sido ya condenados dos personas: «En nada afecta pues a su concreta responsabilidad la ilegalidad y responsabilidad penal cometidos por otros, que también han sido condenados», agrega.

«QUE ES QUIEN LES PAGA»

La jueza, que comparte los argumentos esgrimidos por el ministerio público, desestima el recurso de Rubio y señala que las dos supuestas asesoras percibieron salario de la empresa pública sin prestar el cometido laboral para la misma.

«No se trata solo de justificar si fichaban o no. Además se debe acreditar que realizaban tareas correspondientes al puesto de trabajo para el que se les contrata en la empresa, que es quien les paga. Y respecto de los indicios que acreditan que ello no era así, se hace referencia en las imputaciones correspondientes a las mismas, que también han sido objeto de recurso y que han sido razonadas en las resoluciones dictadas respecto de las mismas», añade.

En cuanto al resto de alegaciones realizadas por Rubio referidas a la prestación de servicio y cumplimiento de las funciones asignadas, la jueza discrepa. Indica, respecto a la primera ‘zombie’, que existe una sospecha «razonable» de que fue contratada como asesora de Rubio percibiendo un salario con cargo a Imelsa sin prestar cometido laboral que justificara dicha contratación, «sin que por su parte hubiese justificado suficientemente la prestación de servicios que ella indicó que hizo».

Y tras la instrucción practicada, señala, esta situación «no ha variado en absoluto», sin que por la recurrente se haya acreditado «mínimamente» cuál fue ese trabajo que dice que llevó a cabo y por el que percibió un salario de Imelsa.

Ocurre lo mismo, apostilla la jueza, en el caso de la otra ‘zombie’. En su declaración judicial manifestó que era ama de casa, que le dijeron que tendría que ir a la sede del partido socialista a la Diputación y estar por las tardes haciendo un trabajo de administrativa, que conocía «mucho» a Rubio, que le llamaron de Imelsa y firmó el contrato.

Y de la misma manera que la anterior, esta mujer «tampoco» ha justificado la realización de un trabajo real y efectivo para el que se la contrató como asesora de Rubio y por el que percibió un salario público.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya ha recibido respuesta al escrito que presentó en diciembre de 2019 al Defensor del Pueblo en el que, entre otras denuncias, señalaba a la sobreocupación como el origen de los conflictos en el Centro de Primera Acogida ‘Hortaleza’ de la Comunidad de Madrid.

En el escrito, esta institución da la razón a CSIF y considera «fundamental» que «se reduzcan las plazas para garantizar la atención individualizada que exige el ordenamiento jurídico».

El informe da cuenta de la respuesta de la Consejería de Políticas Sociales a la queja remitida por parte del sindicato a la institución estatal que dirige en funciones Francisco Fernández-Marugán. Así, pese a reconocer el esfuerzo para crear nuevos recursos y plazas, el Defensor subraya que no se ha seguido la recomendación de limitar las plazas en el centro de Hortaleza y en el Isabel Clara Eugenia.

En este sentido, indica que pasar a 90 plazas en Hortaleza en julio de 2020 «supone casi multiplicar por tres las 35 plazas para las que fue diseñado el centro». «La Consejería tampoco ha explicado si se ha ampliado el personal y los espacios comunes o su organización ante un aumento de capacidad», dice el informe, que da por no aceptada la recomendación formulada y que pide datos actualizados de plazas y condiciones en ambos centros así como el número de educadores para atenderlos.

El Defensor del Pueblo también pide a la Consejería de Políticas Sociales que informe de las mejoras logradas respecto al tiempo máximo de estancia en centros de primera acogida, que no debe superar los tres meses. En otro párrafo, esta institución se refiere a los informes educativos y se muestra sorprendida de que no puedan facilitarse datos sobre los mismos, «ya que desde el centro se debe llevar un registro con la información de cada menor» y con las actuaciones específicas realizadas.

Así, pide a la Consejería que aclare las razones por las que no puede facilitar esos datos y que informe de las medidas de protección que han sido adoptadas en 2018, 2019 y 2020 en el centro de menores de Hortaleza.

Sobre la investigación de las agresiones, que según afirma la Consejería suelen ser «de los menores a los trabajadores, y no al revés», el informe destaca que Políticas Sociales no remite protocolo alguno que articule específicamente qué hacer cuando se produce una agresión en este centro. Para el Defensor es necesario establecer «un protocolo interno de investigación y esclarecimiento de las agresiones denunciadas por los menores, las medidas a adoptar y la depuración, en su caso, de responsabilidades».

CSIF se dirigió en diciembre de 2019 al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid para denunciar la sobreocupación permanente del centro de Hortaleza. Lo hizo un día después de reunirse con el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

En aquella reunión, el sindicato propuso a la Comunidad dividir a todos los menores en tres grupos: los que acaban de llegar, los que están inmersos en un proyecto educativo y los que están en preparación para salir del centro. También pidió que los menores sean evaluados adecuadamente al llegar al centro, porque en muchos casos precisan de recursos institucionales adecuados y diferentes a los que ofrece ‘Hortaleza’.

Ante este informe del Defensor del Pueblo, CSIF ha solicitado una reunión urgente con Enrique Ruiz-Escudero, consejero de Sanidad en funciones con las competencias atribuidas de Políticas Sociales.

El PP ha emplazado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aclarar si va a derogar o no la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, después de que en el Congreso la vicepresidenta Yolanda Díaz haya prometido hacerlo. Según los ‘populares’, es justo «lo contrario» de los comprometido en Bruselas por la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

«Alguien miente. O miente Calviño en Bruselas o miente Yolanda Díaz en la sede de la soberanía nacional», ha asegurado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, después de que en la sesión de control al Gobierno Díaz haya prometido rendir cuentas ante el Parlamento si este mismo año no está derogada la reforma laboral de 2012.

La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social ha reiterado hasta en tres ocasiones que derogará la reforma laboral, ante el interés de Esquerra Republicana, EH-Bildu y la CUP sobre cómo y cuándo piensa acometer este compromiso suscrito en el programa de coalición con el PSOE.

GAMARRA: DÍEZ DICE «LO CONTRARIO DE LO COMPROMETIDO POR CALVIÑO»

Gamarra ha recalcado que Yolanda Díaz al afirmar que va a derogar la reforma laboral del PP sostiene «lo contrario de lo comprometido por Calviño en Bruselas». Por eso, ha señalado que el Gobierno debe aclarar si está «mintiendo» en el Congreso o en Bruselas.

La dirigente del PP ha avisado que con esta actitud se «ponen en riesgo los fondos europeos» porque Calviño acordó con Bruselas el «compromiso de no derogar la reforma laboral aprobada por el Partido Popular». «Esta mentira puede tener un coste porque pone en riesgo los fondos europeos», ha avisado.

Gamarra ha admitido la «preocupación» de su partido porque han escuchado «tres veces» a Díaz decir que va a derogar esa reforma laboral antes de fin de año, sin que después los ministros Teresa Ribera y José Luis Escrivá hayan «desmentido» esa afirmación de la vicepresidenta de Trabajo como les ha pedido el PP.

Por todo ello, ha emplazado al Ejecutivo a «aclarar inmediatamente» si van a derogar o no la reforma laboral que aprobó el Gobierno liderado por Rajoy ante la «incertidumbre» que se ha creado en sede parlamentaria este miércoles.

«Exigimos que de manera rápida, clara y rotunda se desmienta a la vicepresidenta Yolanda Díaz o se confirme que ese compromiso de derogar la reforma laboral del PP es firme porque lo que no puede permitirse este país es que el Gobierno mienta en Bruselas y ponga en riesgo la llegada a España de los fondos europeos», ha abundado Gamarra.

«BANDAZOS QUE DAÑAN LA CREDIBILIDAD DE ESPAÑA»

Más cargos del PP han criticado este «nuevo bandazo» del Gobierno y han hecho hincapié en que debe aclarar si Sánchez está con la tesis de Calviño o la de Díaz. «Alguien está mintiendo y estos bandazos dañan la credibilidad de nuestro país. Los españoles no se merecen un Gobierno que mienta», ha asegurado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

En parecidos términos se ha pronunciado el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, que ha preguntado «a quién miente Yolanda Díaz», si «a la UE a la que asegura que no derogará la reforma laboral o a los españoles a quienes asegura que la derogará». «Son el Gobierno de la mentira», ha exclamado.

Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha subrayado que «ese entusiasmo de la ministra de Podemos por derogar la reforma del PP luego no lo plasman cuando negocian con la UE». «Alguien miente, o ella o Calviño», ha manifestado en Twitter, para subrayar que esa reforma del PP «creó empleo y fue respaldada por la UE».