El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves la ‘Estrategia España 2050’, un documento «abierto» que se someterá a un «debate nacional» en el que ha invitado a participar a todos los españoles, también a los partidos políticos, las comunidades autónomas y los municipios, de cara a decidir «el país que queremos dentro de 30 años».

El documento, que analiza los nueve grandes desafíos a los que se enfrenta España y se marca 50 objetivos, no está «cerrado, es un documento vivo» y una «primera propuesta» que servirá de base para «un gran diálogo nacional» que se celebrará en los próximos meses.

Según ha dicho, ya se está trabajando con los partidos políticos y «vamos a continuar trabajando», mientras que ha recalcado que «los gobiernos municipales y autonómicos tendrán un papel fundamental y decisivo». «Mi compromiso como presidente es garantizar un debate libre y plural, en el que tengan cabida bodas las posturas», ha acotado.

Será, ha asegurado Sánchez, «un diálogo de abajo a arriba» y «abierto a todos» porque de lo que se trata, ha subrayado es de «alcanzar esa visión compartida de una nueva España hacia la que queremos caminar juntos».

«Necesitamos una visión que sea ambiciosa pero también realista, que nos inspire, que nos cohesione y nos ayude a cada uno a sacar lo mejor de nosotros mismos», ha puntualizado. Tiene que ser, ha añadido, una visión que «sobreviva al paso de las legislaturas» y que sea «política de Estado y no de gobierno».

Según el presidente del Gobierno, «debe nacer no de un ejecutivo o un partido en particular sino del conjunto de la sociedad porque solo así logrará abarcar varias legislatura y su objetivo».

NO ES UNA ASPIRACIÓN IMPOSIBLE

«Habrá quienes consideren que es una aspiración imposible especialmente en un mundo tan polarizado como el actual, pero no es cierto», ha reivindicado, subrayando que este documento demuestra que alcanzar el objetivo fijado es «factible» y que «el debate académico, técnico, social está muy lejos de los gestos de crispación y enfrentamiento con los que a veces nos castiga el presente».

La meta que se ha marcado el Gobierno con esta estrategia es situar a España en el grupo de los países más avanzados de Europa, que actualmente componen Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia.

Así, se ha llevado a cabo un análisis del nivel de desempeño de los 27 estados miembro en base a una serie de indicadores económicos, sociales y medioambientales estándar, lo que ha permitido dividir el bloque en tres grupos y evaluar cómo España ha pasado en 30 años del grupo de desempeño bajo. El documento trata de analizar lo que habría que hacer para situarse en el grupo de cabeza, fijando con ello los 50 objetivos.

Nuestro país, ha dicho Sánchez, tiene muchas «asignaturas pendientes» y nos enfrentamos a «retos importantísimos, formidables» pero, ha sostenido, «desde 1977 España no ha hecho más que progresar y así va a seguir haciéndolo», si bien ha reconocido que «no va a ser tarea fácil».

COMPARACIÓN CON LA ESPAÑA DE LA TRANSICIÓN

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en 40 años y quienes votaron eran «hombres y mujeres muy distintos entre sí» pero a quienes unía el «sueño de alcanzar una España democrática, pacífica, próspera y diversa, plenamente integrada en la entonces Comunidad Europea», ha recordado.

Fue ese «sueño compartido» el que permitió «cohesionar a la sociedad», «navegar entre sus diferencias» y dar «sentido a muchos sacrificios y desvelos de las generaciones que nos han precedido», ha sostenido Sánchez, subrayando que «gracias a ello España progresó a una velocidad vertiginosa que en muchos aspectos resulta única».

En este sentido, ha defendido que igual que en la España de la Transición tenía sentido hablar del país que se quería construir, en la actualidad también tiene sentido «hablar de la España que tendremos y que queremos en 30 años».

El Gobierno actual, «como los que vendrán», ha dicho, «tenemos aspiraciones sino superiores al menos igual de ambiciosas que las que hace 40 años tuvieron nuestros padres y nuestras madres» respecto al futuro.

«Sentémonos a dialogar, a conversar, unamos voluntad, confianza y capacidades y decidamos qué país, qué España queremos ser dentro de 30 años», ha conminado.

Sánchez ha puesto en valor lo novedoso de este documento, que ha calificado de «hito» por tratarse del primer ejercicio de «prospectiva estratégica» en España, resaltando que los expertos que han trabajado en su elaboración junto con la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia y el apoyo de distintas entidades lo han hecho «con total independencia y libertad, sin cobrar un céntimo movidos por vocación de servicio público y amor al país».

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la pena de 2 años de prisión, retirada del carné y el pago de una indemnización por más de 680.000 euros para un acusado de atropellar en Oviedo a un peatón, que quedó en estado vegetativo a consecuencia del accidente. La vista oral está señalada para este viernes, 21 de mayo de 2021, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 18.05 horas del día 21 de octubre de 2018, el acusado circulaba por la carretera N-634 conduciendo el vehículo de su propiedad marca Renault Scenic, matrícula.

Cuando el acusado circulaba a la altura de los kilómetros 409 a 410, a la altura del Alto de Buenavista, en un tramo con una ligera curva a la derecha, donde la calzada tiene una anchura de 7,20 metros, con doble sentido de circulación, estando separados ambos carriles por una línea central continua, calzada seca, limpia, en buen estado de conservación y rodadura, de día y con perfecta visibilidad, donde existen arcenes laterales de 0,70 metros seguidos de zona verde no asfaltada de 2,90 metros, debido a que el acusado circulaba sin prestar la mínima atención a las circunstancias de la circulación, se salió de la carretera por su derecha y, tras atravesar el arcén, invadió la zona verde lateral no asfaltada cuando por la misma caminaba correctamente en su mismo sentido de circulación la víctima, a quien arrolló por la espalda.

El hombre, de 69 años en el momento de ocurrir los hechos, resultó con lesiones graves. En el momento de elaborarse el escrito de acusación del Fiscal, se encontraba en estado vegetativo persistente con datos radiológicos de mal pronóstico, ingresado en el Sanatorio Covadonga de Gijón. Estuvo en la UVI 36 días.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delito de lesiones por imprudencia grave del artículo 152.1-2º y párrafo quinto del Código Penal, en relación con el artículo 149.1.

Y solicita que se condene al acusado a 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 2 años y 6 meses, con aplicación del artículo 47 del Código Penal.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado, y como responsable civil directo y solidario la compañía de seguros, indemnicen a la víctima con 681.803,96 euros.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado este jueves que el proyecto del AVE al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está «en condiciones» para licitarse y comenzar las actuaciones en 2022 para la primera fase del proyecto, que consistirá en el uso de trenes bitensión que compartirán trazado con las líneas de Cercanías.

Ábalos, en su visita a Fitur 2021, ha informado de que ya se ha concluido el análisis de la demanda y rentabilidad con resultados positivos. El titular de la cartera de Transportes ha indicado que la idea es iniciar el proyecto constructivo en 2022, una vez que haya sido presentado a información pública. Ábalos ha especificado que se trata de un proyecto propio de Adif, por lo que no tendrá confinanciación de las aerolíneas.

En la actualidad, el acceso ferroviario a la terminal T-4 de Barajas es utilizado exclusivamente por servicios de Cercanías. Entre la estación de Chamartín y Hortaleza, tramo que discurre en superficie, solo se dispone de vías de ancho ibérico.

Sin embargo, desde Hortaleza hasta la T-4, tramo que discurre en túnel, ya hay dos vías de ancho mixto que permitirían que se utilizara también por los servicios de ancho estándar. Para ello se debe ejecutar una nueva infraestructura en este ancho desde Fuente la Mora hasta Hortaleza.

El tramo completo desde Chamartín a Barajas se divide en dos subtramos. El primero, Chamartín-Fuente la Mora, ya está definido en el estudio informativo del nuevo complejo ferroviario de la estación de Madrid-Chamartín, que fue aprobado definitivamente el 23 de diciembre de 2020.

Por su parte, el segundo tramo, Fuente la Mora-Hortaleza, completaría la definición provisional del corredor en ancho estándar entre Chamartín y el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La segunda fase del proyecto consistirá en la creación de una línea específica para conectar Barajas con la alta velocidad ferroviaria, para la que, según ha señalado, «los análisis previos animan a seguir con las siguientes fases de los estudios».

El titular de Transportes ha indicado que desde su Ministerio apuestan «firmemente por la llegada del AVE a Barajas», lo que supondrá «un atractivo» para que el aeropuerto sea utilizado como ‘hub’ internacional y como «entrada para facilitar al turismo su desplazamiento por la alta velocidad de todo el país». «La prioridad hoy es la intermodalidad», ha declarado.

ALTA VELOCIDAD A GALICIA

Ábalos también ha puesto en valor otros proyectos, como la llegada de la Alta Velocidad a Galicia con el tramo Pedralba-Ourense, que ya está en pruebas, y que cerrará una brecha histórica.

El otro es la conexión Chamartín-Atocha-Torrejón de Velasco, cuya actuación convierte a Madrid en una sola estación con dos terminales, que serán Atocha y Chamartín-Clara Campoamor, y que permitirá la interconexión de las redes Norte y Sur abriendo el paso a nuevas rutas para la liberalización y a las reformas pendientes en las principales estaciones de la capital.

Además, está previsto presentar en otoño un nuevo Modelo de Explotación Comercial de Estaciones de Viajeros, que las convertirá en centros de vida y en aliados del progreso social, económico y medioambiental de las ciudades.

Ábalos también se ha referido a la reciente liberalización ferroviaria, para la que, asegura, Renfe está preparada y que supondrá una democratización de la alta velocidad que la hará accesible al conjunto de los ciudadanos, tras el obligado paréntesis que ha supuesto el año 2020.

El ministro, en su recorrido por Fitur 2021, ha visitado los stands de las empresas del Grupo Mitma (Renfe, Enaire, Puertos del Estado, Adif y Aena), donde ha destacado su importancia en la recuperación de la actividad turística, «dado que las infraestructuras son Marca España por excelencia y nuestra principal carta de presentación en el mundo», y ha señalado que los datos de la recuperación invitan al optimismo.

REACTIVACIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO Y AÉREO

En el caso de Renfe, las reservas de billetes para verano están incrementándose un 40% y es previsible que este impulso se mantenga en las próximas semanas. Por eso, se prevé incorporar paulatinamente más frecuencias en los trenes AVE y Larga Distancia en las rutas y destinos más solicitados.

Respecto a los servicios de media distancia y Avant, en junio alcanzarán entre el 70 y el 75% de los servicios prepandemia e irán evolucionando a lo largo del verano.

Respecto al sector aéreo, el ministro ha destacado que el avance de la vacunación permitirá una paulatina recuperación del tráfico y, para ayudar en su recuperación, Enaire ha vuelto a aplicar descuentos en las tasas de navegación aérea del 8,5% para Canarias y de un 11% para la Península.

En este sentido, ante el previsible incremento de la demanda a partir de julio y con el fin de fomentar la programación de rutas por parte de las aerolíneas, Aena ha adaptado los incentivos extraordinarios puestos en marcha desde 2020 para la temporada de verano 2021.

El Ministerio del Interior ha cifrado este jueves en 6.000 el número de inmigrantes que han retornado a Marruecos desde Ceuta, a donde llegaron a acceder desde la madrugada del lunes unas 8.000 personas de forma irregular. Son 400 más que la última cifra ofrecida ayer a las 13.00 horas.

La atención de los servicios sociales se centra ahora en los menores que siguen en la ciudad española después de que las Fuerzas de Seguridad cerraron la madrugada de este jueves sin ninguna entrada irregular en Ceuta por primera vez desde el inicio de la crisis migratoria desatada por Marruecos la noche del lunes, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

Las autoridades prevén, no obstante, mantener de momento ‘sine die’ el dispositivo de agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las unidades militares desplegado en el entorno de la playa y la frontera del Tarajal para evitar nuevas incursiones, aunque la Gendarmería y las fuerzas auxiliares del país vecino han extremado los controles que comenzaron a instalar el martes por la mañana.

En la ciudad autónoma se prioriza ahora la gestión de la acogida de los más de 700 niños y adolescentes que permanecen agrupados en una nave de los polígonos comerciales del Tarajal y de los cientos que se calcula que todavía deambulan por las calles.

La Policía Nacional ya ha reseñado a 145 de los primeros con vistas a su incorporación en el sistema de protección. El Gobierno local ha decidido reabrir con la colaboración de la Fundación SAMU el albergue provisional de Piniers, junto a la barriada del Príncipe, que tiene capacidad en 40 módulos prefabricados para unos 250 menores.

Además, se baraja acondicionar más naves anexas a la frontera o disponer de otros equipamientos como polideportivos o cuarteles para albergar al resto a la espera de que se concrete la disposición de distintas autonomías a hacerse cargo de los doscientos que ya tutelaba la administración autonómica, lo que podría liberar el Centro de Realojo Temporal ‘La Esperanza’.

UN TELÉFONO PARA REAGRUPAR A MENORES

El Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad ha puesto a disposición de las familias marroquíes que busquen a menores que saliesen solos hacia Ceuta y permanezcan en territorio español el teléfono 956.51.24.13 para reclamarlos con vistas a tramitar su reagrupación.

Los niños que han entrado junto a sus padres en territorio español podrían volver a Marruecos en su compañía, mientras que el resto de los menores recibidos, los que responden al perfil habitual en Ceuta de joven migrante no acompañado, con entre 15 y 17 años que no quiere retornar ni es requerido por sus allegados, presumiblemente quedarán bajo la tutela de la administración local.

Las consejerías de Educación de las distintas comunidades autónomas son, en general, partidarias de mantener el profesorado de refuerzo para el próximo curso escolar 2021-2022, como este miércoles solicitó la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá. Muchas de ellas se encuentran ya trabajando en ello, sin embargo, algunas atribuyen la contratación de profesores a la financiación que reciban del Ministerio, al número de alumnos que entren en clase o la situación epidemiológica que haya en septiembre.

Así, desde Andalucía se apuesta por mantener «el mayor número de refuerzos docentes extraordinarios que sea posible» de cara al próximo curso. Esta comunidad ya ha anunciado que su consejería de Educación está trabajando con la de Hacienda para ver si se pueden mantener «todos los refuerzos» activados durante el actual curso, aunque advierte de que ello dependerá de la llegada de la financiación comprometida por el Ministerio y de la «evolución de las propias necesidades presupuestarias» en Andalucía.

Castilla-La Mancha, por su parte, explica que la contratación de profesores para el próximo curso en la región dependerá del número de desdobles que se tengan que hacer en las aulas de la comunidad como consecuencia de las medidas que se tomen. En este punto, indican que los protocolos que se impongan para el curso que comenzará este otoño, con la previsible reducción de la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 metros entre alumnos, generará una reestructuración de los propios centros que ocasionará distintos desdobles, que tendrán que ser cubiertos con la correspondiente plantilla de profesores.

También Canarias es partidaria de mantener al profesorado de refuerzo, pero avisan de que la parte proporcional que se mantendría del refuerzo de la plantilla tendrá que ver con las modificaciones que se sufrirán en las aulas –como la reducción de la distancia del alumnado de 1,5 metros a 1,2, entre otras–, por lo que se podrá ajustar el número de profesorado que se va a necesitar a la realidad del próximo curso.

Fuentes del gobierno canario afirman que en estos momentos no se puede decir con qué plantilla se va a contar el próximo curso, aunque sí aseguran que los centros seguirán necesitando refuerzos, y se está trabajando ya para saber cuántos profesores van a hacer falta.

En Cantabria, tal y como se ha hecho este año, se reforzará la plantilla de docentes para que los centros puedan establecer desdobles permanentes en las aulas, con la «mayor distancia posible entre el alumnado de aquellas etapas donde no están establecidos como grupos de convivencia estable y con grupos reducidos en Infantil y Primaria».

Y ello a pesar de que el documento elaborado por el Gobierno central permite «flexibilizar el tamaño de los grupos». En este punto, el gobierno regional ha asegurado que se mantendrá el refuerzo docente en todos aquellos centros que los estén utilizando para establecer «desdobles permanentes», es decir, «grupos estables más pequeños».

Desde Extremadura también asumen que la enseñanza el próximo curso influirá en la plantilla funcional para el próximo curso. Para este Ejecutivo regional, «está claro» que tendrá que haber una contratación extraordinaria de docentes que se incorporarán el 1 de septiembre. Esta comunidad ofrecerá información más concreta al respecto «en las próximas semanas».

Por otro lado, fuentes del Ejecutivo madrileño indican que la Comunidad de Madrid todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, puesto que desconocen cuál va a ser la situación de la epidemia y la vacunación en septiembre y las necesidades que va a tener la región.

Baleares resalta también su intención de mantener las plantillas actuales de docentes –en el curso 2020-2021 se han incorporado 567 profesores– además del mantenimiento de una bolsa de 25 docentes para sustituciones express.

El dirigente kurdo, Faruk Eyyup Doru, ha reclamado a los grupos parlamentarios, en especial al PSOE, el apoyo a la proposición no de ley (PNL) registrada por Unidas Podemos y los socios del Gobierno en el Congreso para denunciar la «represión» contra el prokurdo HDP de Turquía el partido por parte del régimen de Recep Tayyip Erdogan.

En declaraciones a los medios en las inmediaciones del Congreso junto a varios diputados de los grupos que han suscrito la PNL, también ha alertado de la situación de «injusticia» que atraviesa esta formación prokurda en el país otomano, con varios diputados y alcaldes que se «encuentran en la cárcel».

Al respecto Eyyup Doru ha denunciado la «injusticia» que padece actualmente en Turquía el HDP, formación que es miembro del partido socialdemócrata europeo, y que aúna a fuerzas progresistas no solo kurdas, sino que está compuesto también por armenios y árabes.

En esta línea ha afirmado que existe un proceso para intentar «prohibir» a un partido que es la tercera fuerza del país, llave para la gobernabilidad de instituciones como la Alcaldía de Estambul, con el objetivo de «impedir» que los kurdos que «defienden la democracia» puedan tener esa representación política.

Este dirigente kurdo ha aseverado incluso que se trata de una «venganza» hacia todos los que han luchado por el Kurdistán por parte de un Ejecutivo turco que «no reconoce las leyes internacionales» ni tampoco las decisiones del Tribunal Internacional de Derechos Humanos.

«Necesitamos el apoyo de todas las fuerzas y pedimos al PSOE que apoye la iniciativa», ha ahondado para destacar también la lucha del pueblo kurdo y sus aliados contra las «masacres» del Estado Islámico.

«REPRESIÓN SISTEMÁTICA»

El documento que suscriben Unidas Podemos, Más País, Compromís, Equo, PNV, ERC, CUP, Junts y BNG censura la «represión sistemática contra políticos electos y casos motivados políticamente contra el HDP, tercera fuerza del Parlamento turco».

En concreto, se hace mención al caso de 108 detenidos, entre ellos miembros del HDP, a los que se acusa ahora de «terrorismo» por haber alentado las protestas en octubre de 2014 en defensa de Kobane, una localidad de mayoría kurda del norte de Siria asediada por Estado Islámico, que derivaron en violentos enfrentamientos.

El juicio contra los detenidos arrancó el pasado 26 de abril en Ankara con «falta de garantías», según exponen los firmantes de la propuesta, citando a observadores internacionales presentes en el mismo, entre otras cosas porque «no se tuvo en cuenta ni la inmunidad de los parlamentarios imputados».

Tampoco se tuvo en cuenta, añade el texto, «la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)» sobre Selahatin Demirtas, líder del HDP encarcelado y cuya puesta en libertad pidió el tribunal de Estrasburgo el pasado diciembre por considerar que se violaron sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión.

Por todo ello, los firmantes piden que el Congreso reclame al Gobierno que se solidarice «públicamente con el HDP» ante la «represión sistemática» de la que es objeto por parte del Estado turco y se oponga «firme y públicamente a esta violación del Estado de derecho».

«Se considera inaceptable en una democracia responsabilizar a los representantes electos y representantes de la sociedad civil por lo que sucedió en un evento cuya investigación se ve obstaculizada activamente», sostienen.

También reclaman al Gobierno que inste a Ankara a obedecer el veredicto del TEDH sobre Demirtas y que en sus contactos con el Ejecutivo turco les haga llegar «su rechazo al juicio del caso Kobane y a las medidas provisionales adoptadas hacia esas 108 personas» además de «instarle a que realice investigaciones pertinentes, con todas las garantías», como ha venido pidiendo el HDP.

El documento «España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo», que hoy presenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpa a las diferencias fiscales entre las CCAA de acentuar el reparto desigual de la población en el territorio, junto con la «complejidad del marco jurídico y normativo y la ausencia de una política territorial coordinada».

En el documento, el Gobierno asegura que «el análisis se ha realizado desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política», subrayando que «nace con vocación de país».

«No pretende avalar o refutar el programa de ningún partido político, aunque sí aspira a ayudarlos a todos, como también a las instituciones públicas, empresas, ONGs, sindicatos, universidades, fundaciones, asociaciones y demás entes de nuestra sociedad civil», subraya.

Sin embargo, es conocido el discurso que se viene realizando desde el PSOE de que en la comunidad de Madrid se produce ‘dumping’ fiscal con los impuestos bajos, ya que tiene bonificados al 99 por ciento los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio y también ha bajado en alguna ocasión el tramo autonómico del IRPF.

No obstante, el Ejecutivo afirma que este documento es «una primera propuesta que tendrá que ser mejorada y completada en los próximos meses mediante un diálogo nacional en el que participarán los principales actores sociales de nuestro país».

DIFERENCIAS FISCALES INFLUYEN EN LA UBICACIÓN DE RECURSOS

En el análisis que realiza el texto de las causas que han agudizado la desigualdad en el reparto poblacional en España, cita las diferencias fiscales a las que culpa de haber «influenciado en la ubicación de recursos productivos y sedes sociales de empresas».

También expone que la pluralidad legislativa «habría limitado la creación de sinergias en el reparto de las infraestructuras y los recursos, afectando así a la distribución de la población en el territorio».

Apunta, en este sentido, que varias comunidades autónomas todavía no disponen de directrices de ordenación territorial que sirvan de guíaestratégica dentro de la propia región y que, en materia de planeamiento urbanístico, a pesar de que cerca del 70 por ciento de los municipios dispone de un Plan General, el tiempo que requiere sumodificación no les permite responder a una realidad que cambia muy rápido.

A todo lo anterior se añade el hecho de que los procesos urbanos superan en muchas ocasiones el término municipal, sin que exista, por lo general, una coordinación efectiva de las políticas en el ámbito del área metropolitana y provincial.

EVITAR LA DESPOBLACIÓN.

El texto precisa que en la actualidad el 80 por ciento de la población española vive en ciudades y advierte de que si no se pone remedio, se estima que, en 2050, lo haga el 88 por ciento de los ciudadanos y que la España rural perderá casi la mitad de sus habitantes.

«Si no tomamos medidas, las grandes urbes y sus áreas metropolitanas se volverán más extensas y dispersas, haciéndose menos sostenibles social y ambientalmente. Mientras, muchos municipios rurales y ciudades medias y pequeñas perderán dinamismo económico y sufrirán un notable declive social y patrimonial», afirma.

No obstante, el Gobierno considera que el escenario puede evitarse si se implementan las políticas adecuadas y se aprovechan bien «megatendencias como la digitalización y la transición ecológica» para hacer las ciudades del futuro más saludables, cohesionadas y sostenibles que las de ahora.

«EQUILIBRAR» PRESENCIA DE ORGANISMOS DEL ESTADO EN EL TERRITORIO

Según el documento, para promover un desarrollo territorial equilibrado, habrá que reforzar el papel vertebrador de las ciudades medias y se marca como primer frente de actuación favorecer el desarrollo territorial mas equlibrado, que permita que la población que lo desee permanecan en ciudades medias y pequeñas y en las áreas rurales.

De hecho, y para este fin, propone «equilibrar» la presencia de organismos públicos del Estado en el territorio, sin que ello suponga la generación de duplicidades, así como mejorar y aumentar la diversificación productiva y las oportunidades económicas y laborales de los municipios de menor tamaño, aprovechando sus recursos endógenos y favoreciendo el desarrollo rural con la mejora de las conexiones de transporte y las infraestructuras tecnológicas, entre otras iniciativas.

El documento también incluye proopuestas para favorecer la salud y la sostenibilidad urbana, para lo que apuesta, entre otras medidas, por aumentar la rehabilitación de viviendas hasta 1,2 millones al año, mejorando su consumo energético, así como garantizar de forma efectiva el acceso a una vivienda digna, reduciendo el esfuerzo económico.

EVITAR CIUDADES DE RICOS PROPIETARIOS Y POBRES INQUILINOS

Esta, asegura, es una condición para mejorar las tasas de natalidad, favorecer la capacidad de consumo y ahorro de los hogares, y evitar, por esta vía, un incremento de la desigualdad, tanto de renta como de riqueza, que en España está muy condicionada por la propiedad de la vivienda.

Advierte, en este sentido, que si no se avanza en esta dirección, las grandes ciudades se podrían ir escorando hacia un modelo de «ricos propietarios y pobres inquilinos», polarizado entre hogares con una o varias viviendas en propiedad (bien porque las han comprado, o porque las han recibido en herencia) y personas viviendo en casas alquiladas o compartidas.

SUSTITUIR LAS FLOTAS DE FURGONETAS Y CAMBIAR POR DRONES

Otra de las propuestas, para desarrollar ciudades saludables, es la de que la empresas de distribución y entregas a domicilio –debido al incremeto del comercio electrónico– sustituya su flota actual de furgonetas y camionos por vehículos más ligeros y neutros en carbono, entre los quep odrían incluirse los drones de reparto.

El Gobierno justifica esta propuesta alegando que el sector de la logística «amenaza» con convertirse en una de las principales fuentes de contaminación y congestión de las ciudades del futuro.

Por ello, también plantea que encuentren nuevas fórmulas de entrega, como los puntos de recogida en los barrios (casilleros de paquetes móviles instalados en los centros urbanos), y usar las tecnologías digitales para hacer más eficiente su cadena de distribución y reducir el tráfico de mercancías.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este jueves que la desigualdad social en España «sigue aumentándose» como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 y ha destacado entre los objetivos de país reducir la pobreza y la desigualdad, reactivando el llamado ascensor social, «que se ha puesto en cuestión por parte de las generaciones más jóvenes».

Así lo ha indicado en su intervención en la presentación del informe ‘España 2050: Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo’, con el que quiere ponerse en marcha una reflexión colectiva y plural sobre el futuro de España en el mundo post-COVID.

Sánchez ha explicado que en este estudio los expertos «ayudan a vislumbrar» la España que podría ser de aquí al año 2050, «pero no lo hacen desde un voluntarismo de los deseos, sino desde la objetividad de los datos».

De este modo, el presidente del Ejecutivo ha destacado que los expertos hablan de una España que «podría invertir en Innovación no un 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), como se está diciendo ahora mismo, sino por qué no, un 4 por ciento, como de hecho hay algunos países» de su entorno que ya están haciendo.

Asimismo, Sánchez ha puesto de relieve que los expertos se refieren a «una España que podría situarse en la vanguardia educativa, garantizando así la igualdad de oportunidades y llevando a la formación superior al 50 por ciento de su población», así como a un país «sostenible, sin centrales de carbón, sin vehículos contaminantes, ni vertederos porque es cien por cien de sus residuos serían reciclados y toda la energía estaría generada a partir de las fuentes renovables».

El presidente ha hablado de un país que «generaría más riqueza y la usaría, por ejemplo, para financiar un Estado del Bienestar robusto, capaz de mitigar la desigualdad social que desgraciadamente sigue aumentándose como consecuencia, en este caso, de la pandemia» y también de «reducir los niveles de pobreza a la mitad».

«Este es el proyecto para nuestro país. Una España, que tiene que crear muchas más oportunidades, sobre todo para nuestra gente más joven, una España mucho más eficiente, una España mucho más digital, más verde y, en consecuencia, más justa», ha declarado Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha avanzado que el informe destaca 50 objetivos que España debe alcanzar en 2050 y que se agrupan en torno a 9 desafíos de país. Entre ellos, Sánchez ha destacado la conquista de la vanguardia educativa; la mejora de la formación y la recualificación; una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente a una realidad como es el cambio climático; una sociedad más longeva; y reducir la pobreza y la desigualdad, reactivando el ascensor social.

En este punto, Sánchez ha adelantado que el estudio también señala las «muchas» asignaturas pendientes que tiene España, como las dificultades de la juventud para encontrar un trabajo estable o una vivienda, o que «la población tiene todavía un nivel formativo incluso inferior a la de los países líderes europeos».

«Nos alerta de los niveles de pobreza, de desigualdad inadmisibles en una sociedad avanzada y solidaria como es la sociedad española», ha apostillado el presidente, que ha calificado estos problemas de «muy serios» y «muy graves», a los que hay que dar una «respuesta contundente, decidida desde todos los ámbitos».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este jueves que le produce «sonrojo» que el líder del PP, Pablo Casado, haga «política partidista» y «oposición» con un tema «de Estado» como la crisis en Ceuta al tiempo que le ha pedido que «reconsidere» su postura y apoye al Gobierno.

En una entrevista en La Sexta, Robles ha instado a los ‘populares’ a actuar como «un partido de Estado» y a no «buscar réditos electorales» en una cuestión que afecta a la «integridad territorial» del país.

La titular de Defensa se ha expresado así después de que Casado haya instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a romper con Podemos, a quien ha culpado de la crisis con Marruecos. «Me produce sonrojo, porque en este momento los españoles tenemos que estar unidos para decir que es innegociable la unidad territorial», le ha espetado Robles.

Así, la ministra ha cargado contra el líder de la oposición por salir «por los cerros de Úbeda» cuando la posición de Sánchez ha sido «clarísima y contundente» desde el primer momento. «Lo digo con pesar, porque creo que España no se merece que se haga oposición con temas de Estado», ha afeado.

Para Robles, las palabras de Casado suponen una «profunda decepción» que «el electorado del PP no puede aceptar». A su juicio, todos tienen que «trabajar por una España fuerte y unida que plante cara» a sus «enemigos externos».

RECUERDA A ABASCAL QUE «EL EJÉRCITO ES DE TODOS»

«Quizás a lo mejor el señor Casado hubiera querido otra cosa, ver debilidad en el Gobierno español, y no le ha gustado ver que la posición es clara. Pido al señor Casado que, con sentido de Estado, reconsidere estas declaraciones que habrán sido fruto de un error y apoye al Gobierno», le ha emplazado Robles.

Tras ser preguntada si considera a Marruecos un enemigo, Robles ha aclarado que no se refería al país vecino, sino al terrorismo que ataca a las democracias. «Hay 25 guerras declaradas, abiertas, y 70 millones de refugiados. Esos son nuestros grandes enemigos externos», ha matizado.

Por otro lado, Robles se ha referido a la presencia en la ciudad autónoma de Ceuta del presidente de Vox, Santiago Abascal, para recordarle que «el Ejército es de todos» y para afirmar que nadie «puede tener la tentación de capitalizar» su trabajo.

RESPONDE A VEHÍ: «ES BUENO QUE CUANDO UNO HABLA, SEPA DE QUÉ VA»

«El que se ha comportado como lo ha hecho en la pandemia, como siempre con absoluta neutralidad política, en Ceuta, como lo hace en Líbano y en Letonia», ha recordado la ministra, que ha insistido en que los militares están entregados en servir a los ciudadanos «sin color político».

Preguntada sobre las palabras de la portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, que le ha acusado directamente de «dejar ahogar a jóvenes» en Ceuta para defender la frontera, Robles ha sido contundente: «Realmente, se comentan por sí solas las declaraciones».

En este contexto, Robles ha señalado que han sido los soldados españoles los que han «salvado vidas» y no los que han «echado menores al mar». «Quizás no se ha enterado mucho, como están con el proceso de investidura… es bueno que cuando uno habla sepa de que va», le ha espetado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este jueves que desconoce si la ofensiva marroquí está relacionada con la presencia en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, pero ha sostenido que, en caso de desacuerdo, hay muchas vías diplomáticas para manifestarlo a través de los cauces adecuados.

En declaraciones a La Sexta, Robles ha afirmado que España «siempre ha sido un país humanitario» y, como tal, decidió a acoger al líder del Frente Polisario. Sin embargo, considera que eso no justifica la presión de Marruecos en la frontera con Ceuta porque «hay muchas formas de manifestar una protesta en caso de no estar de acuerdo».

«Lo que no puede ser es utilizar a personas poniendo en riesgo sus vidas», ha defendido recordando que muchos menores marroquíes han salvado la vida gracias a la acción de las ONGs, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército.

Robles ha aludido a la «proporcionalidad» en el ámbito de la diplomacia y ha censurado la «desproporción» de Marruecos en caso de que tuviera algún malestar con la presencia de Ghali en España.

En cualquier caso, ha insistido en que, si Marruecos quería poner en duda la integridad territorial española, debe «tener muy claro» que está «muy equivocado». En este sentido, ha subrayado que Ceuta y Melilla son españolas y España es «un país serio» con el que «no se juega desde ningún punto de vista».

Así, Robles ha confesado estar «muy sorprendida y muy molesta» con la actitud de Marruecos, a quien ha acusado de vulnerar el derecho internacional al «no respetar» las fronteras españolas y además «utilizar» a niños para ello.

«Es un enorme error e incomprensible por parte de Marruecos», ha continuado insistiendo en que asuntos como la integridad territorial o la vulneración del derecho internacional no son «negociables».

Sin embargo, espera que esta tensión no tenga consecuencias en materia de cooperación antiterrorista, ya que se trata de una lucha de carácter «global» que «no conoce de fronteras». De hecho, ha subrayado que ambos países tiene muchos «intereses comunes» y por ello ha exigido a Marruecos que «no cree más tensiones» ni utilice a sus ciudadanos «para crear una situación de conflicto».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que ahora los políticos en España deben actuar con «unidad» y no mostrar «fisuras» ante la crisis con Marruecos tras la entrada irregular de miles de inmigrantes a Ceuta y Melilla. En este sentido, ha indicado que Cs es crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez pero, al mismo tiempo, es «un partido de Estado» y va a «defender a España».

Durante una visita a la Feria Internacional del Turisimo (Fitur), en Madrid, junto a su compañero de partido y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, Arrimadas ha declarado que ha hablado con Sánchez sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en la frontera con Marruecos.

«Nosotros somos críticos en muchas cosas con este Gobierno, pero en este momento, tanto Marruecos como el conjunto del mundo no pueden ver una fisura, tenemos que dar una respuesta unánime, con unidad, ante este desafío, porque España es un gran país, con España no se juega y a España no se la chantajea», ha manifestado.

A Arrimadas le han preguntado si considera que el PP se comporta de forma «desleal» con los intereses generales del Estado, como le dijo el jefe del Ejecutivo al líder ‘popular’, Pablo Casado, en el Congreso después de que este atribuyera la crisis con Marruecos a «errores diplomáticos» y concluyera que a Sánchez «le queda grande el Gobierno».

«En estos momentos nos están mirando Marruecos, Europa y todo el mundo y van a encontrar un país unido, firme en esta respuesta, y que defiende, por encima de todo y por encima de las discrepancias, a nuestro país, a nuestros servidores públicos y a nuestros compatriotas de Ceuta y Melilla», ha contestado, añadiendo que el Gobierno «también tiene que trabajar para tener unidad política».

CIUDADANOS ES UN «PARTIDO DE ESTADO»

Sin mencionar al PP, se ha centrado en la postura de Ciudadanos, un «partido de Estado» que, según ha señalado, «va a defender a España y va a ayudar» a proyectar al exterior esa imagen de unidad que cree que se necesita ahora.

A su juicio, hay que responder a Rabat «con inteligencia pero con contundencia», defendiendo la «integridad territorial» de España, y en este asunto debe involucrarse igualmente la Unión Europea, porque «violar las fronteras españolas es violar las fronteras europeas, y desafiar a España es también desafiar a la UE».

El juicio a los dos mossos que acompañaban al ex presidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, que estaba previsto para el próximo 24 de mayo en la Audiencia Nacional, se aplaza sine die debido a la enfermedad de un familiar de una de las defensas, según confirman fuentes jurídicas. En esta vista oral se juzga a estos agentes por un presunto delito de encubrimiento por el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de tres años de cárcel.

Los mossos Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea fueron procesados en febrero de 2020 por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 al considerar que con su actuación perseguían que Puigdemont no fuese detenido después de que se reactivara la orden europea de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, señaló en abril que los mossos actuaron siendo «conscientes» de que contra Puigdemont pesaba una euroorden por hechos constitutivos de delitos de rebelión y otros. «La intención de los acusados era ayudar a Carles Puigdemont a regresar a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención», afirmó.

Por ello, reclaman para ambos una pena de tres años de cárcel y una inhabilitación especial por el mismo periodo de tiempo para empleo o cargo público y para ejercer el derecho al sufragio activo.

DE LIBRANZA PERO EN ACTIVO

Según el relato de hechos que hace el Ministerio Público, los dos agentes estaban «en servicio activo» el 25 de marzo de 2018, De Pedro en la unidad de seguridad ciudadana de la comisaría de El Prat de Llobregat y Goicoechea en el Área de Escoltas en Sabadell. Ambos se encontraban esos días «disfrutando de una semana de fiesta».

«Aprovechando los días libres de trabajo», se desplazaron el 19 de marzo a la localidad de Waterloo (Bélgica), donde se había establecido Puigdemont después de huir de España tras la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017.

El 23 de marzo, estando en Bélgica, «una persona no identificada» les pidió que fueran a buscar en coche a Puigdemont, que se encontraba en Helsinki (Finlandia) cuando el juez instructor del ‘procès’, Pablo Llarena, reactivó esos días la orden europea de detención y entrega.

PERIPLO EUROPEO

«El mismo día de la emisión de la orden, Puigdemont abandonó Helsinki», mientras que «los dos acusados salieron de Bruselas conduciendo el vehículo y llegaron a Estocolmo a una hora que no se ha determinado». Una vez allí, recogieron al ex president e iniciaron el regreso a la capital belga, explica el fiscal Carballo.

Fue el 25 de marzo, pasadas las 11.00 horas, cuando agentes de la Policía alemana interceptaron el coche en un aparcamiento de viajeros pendulares de Jagel, en la autopista BAB7, que transcurre entre la frontera con Dinamarca y la ciudad de Hamburgo.

En el vehículo, viajaban Puigdemont, los dos mossos y otras dos personas, el empresario Josep María Matamala y el historiador Josep Lluís Alay. Estos dos últimos también estuvieron imputados en esta causa, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, archivó la investigación para ellos a petición de la Fiscalía.

Mientras en el caso de los mossos ha pesado su carácter de funcionarios para continuar el procedimiento judicial contra ellos, el rol del empresario y el historiador sería equiparable al del resto de personas que acompañan al Puigdemont dentro y fuera de Bélgica cada vez que se mueve por Europa para participar en algún evento.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido este jueves que se establezcan «corredores seguros por regiones» con Reino Unido para que los turistas británicos puedan viajar sin restricciones a lugares, como Murcia, que presentan datos epidemiológicos positivos.

En una comparecencia en Fitur, López Miras ha señalado la importancia de contar con el mercado de Reino Unido para esta temporada veraniega y que con los datos actuales, «Murcia estaría en el semáforo verde» con el que Londres califica los destinos seguros «igual que Portugal», mientras que España permanece en naranja.

En este sentido ha reiterado que Murcia es «el destino más seguro de España» y ha anunciado que contarán con un «seguro covid» para cubrir a los turistas que puedan sufrir alguna complicación en sus vacaciones derivada de la enfermedad.

Así, ha subrayado que la «seguridad» será un factor «decisivo» a la hora de que los turistas elijan su destino vacacional y que según datos que maneja el gobierno autonómico «el 89%» afirma que es el «primer motivo» que tendrá en cuenta para viajar. «Hoy presentamos un nuevo concepto de turismo» ligado al «sol y playa» que tradicionalmente ofrece la región, pero «basado en la seguridad», ha explicado.

En la misma línea ha pedido al Gobierno central «celeridad y rigor» en la implantación del «certificado verde digital» una vez que la UE ha anunciado que permitirá la entrada de turistas vacunados y ha pedido unidad de actuación y que no haya «17 certificados verdes digitales».

CONEXIONES AÉREAS CON 16 CIUDADES DE 3 PAÍSES

Por otro lado, López Miras ha adelantado que Murcia va a contar con 17 conexiones aéreas de tres países: España, Reino Unido y Bélgica y 30 operaciones semanales. Así, ha confirmado que hay conexiones «cerradas» con «Asturias, Bilbao, Barcelona, Santander y Menorca», para «captar al turista nacional» ya que «nunca antes» hubo «tantas» rutas con «destinos nacionales».

Finalmente ha establecido el objetivo de la campaña de este verano entre el «75% y 80%» del turismo que llegó a la región «en 2019», el último año sin pandemia. En ese sentido ha señalado que «la totalidad» de la oferta hotelera estará abierta en el mes de junio y ha pedido al Gobierno que «se replantee» la «rebaja del IVA al sector turístico al tipo superreducido del 4 por ciento», algo que considera «imprescindible».

El líder del PP, Pablo Casado, considera que el plan para el 2050 que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un «insulto» a la inteligencia de los españoles y ha criticado que el Gobierno, en vez de ocuparse de la «España real», se centre en «la España virtual» lanzando «cortinas de humo».

«Estamos viendo que España tiene un Gobierno líquido que hace política gaseosa, es decir, cortinas de humo. Y creo que no nos lo merecemos los españoles», ha declarado Casado a los periodistas desde el stand de Ceuta en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se desarrolla en IFEMA de Madrid.

Casado ha afirmado que el PP se quiere «ocupar de la España real y no de la España virtual» y «solo hablar de la España del 2050». A su entender, los españoles necesitan en este momento «soluciones reales e inmediatas».

«NO PUEDE QUERER A ESPAÑA QUIEN INSULTA A LOS ESPAÑOLES»

«Frente a esa España virtual del 2050, yo quiero hablar de la Ceuta del 2021 porque España no se puede explicar sin Ceuta, que lleva 600 años siendo española», ha proclamado Casado, que ha emplazado al jefe del Ejecutivo a ocuparse de la crisis con Marruecos.

El presidente de los ‘populares’ ha recalcado que el país «no puede aguantar el insulto de lo que va a pasar dentro de 30 años» cuando en este momento España «ha sufrido 125.000 muertes por el Covid, tres millones y medio de contagios, tiene seis millones de desempleados, 1,2 millones de hogares con todos sus miembros en paro y un 40% de jóvenes en paro».

A su entender, el futuro es «importante, pero sobre todo si se resuelven los problemas que tienen» en este momento encima de la mesa. «Lo quiero dejar muy claro. No puede querer a España quien insulta a los españoles, su inteligencia, sus dificultades, sus problemas», ha manifestado, para añadir que la España «real necesita soluciones reales e inmediatas a lo que está pasando».

VE CUESTIONES «OFENSIVAS» EN EL PLAN DEL GOBIERNO

Casado ha afirmado que el documento para la España del 2050 incluye cuestiones que son «ofensivas», como decir en la primera página que España «tiene hambre de futuro». «Creo que es una mala expresión cuando hay dos millones de españoles que hoy están haciendo las cosas del hambre», ha apostillado.

El presidente de los ‘populares’ también ha criticado que el Gobierno hable de «libertad educativa» en ese plan que ha presentado Pedro Sánchez cuando «ha acabado» con esa «libertad de elección educativa con la Ley Celaá».

Además, ha recriminado al Ejecutivo que hable de «recuperar el empleo» cuando, según ha dicho, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, aseguró este miércoles en el Congreso que iba a derogar la reforma laboral del PP aprobada en 2012 por el PP. «Si no se ponen de acuerdo ni ellos a la hora de saber qué vamos a proponer a Europa, difícilmente podemos dar certidumbre», ha advertido.

Casado ha señalado que «el colmo» es que han «oído que para pagar las pensiones la única receta del Gobierno es que entren centenares de miles de inmigrantes en España en vez de hacer sostenible el Estado del Bienestar y financiarlo», apostando por bajar impuestos y eliminar trabas burocráticas.

APOYO AL TURISMO

En su visita a Fitur, donde ha recorrido varios pabellones visitando los stands de distintas provincias, el presidente de los ‘populares’ ha expresado su apoyo al turismo y ha afirmado que el plan del PP para España «pasa por cerrar fracturas y abrir negocios».

«El PP apoya el turismo y rechaza las declaraciones del Gobierno de España cuando dice que es de bajo valor añadido, estacional o de empleo precario. El turismo es esencial y lo vamos a seguir defendiendo», ha indicado, para asegurar que «ojalá sea bueno» este verano porque el sector «lo ha pasado fatal».

Casado ha aludido a algunas propuestas que el PP ha registrado para el sector: bajada de impuestos, creación de un IVA súper reducido hasta que acaben las afectaciones por la pandemia, eliminar las ecotasas, creación de corredores seguros, planificación de pruebas PCR y apuesta por el pasaporte turístico.

Además, ha defendido apoyar al sector turístico «de verdad» y ha añadido que la previsión que incluye el Plan de Recuperación es «una broma» al hablar de 3.400 millones al sector turístico que «han perdido más de 100.000 millones solo el año pasado».

El presidente del PP ha defendido medidas que pide el sector turístico y ha reclamado bajar impuestos para que «el sector aguante». Además, ha exigido 12.000 millones de euros en ayudas directas y certidumbre con la legislación laboral de los ERTE. «Queremos ocuparnos de la España real y no de la virtual. De la España del 2021 y no de la de 2050», ha abundado.

El Gobierno calcula que de aquí a 2050, España tendrá 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años debido a los cambios demográficos que se producirán en el futuro cercano, en los que se prevé un estancamiento en la natalidad, o casi un millón menos de estudiantes hasta los 24 años, según recoge el plan ‘España 2050’, que se ha presentado este jueves.

Sin embargo, el Ejecutivo no ve esto como un «drama» sino como una «oportunidad», según ha asegurado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, gracias a ello, España «podrá duplicar el presupuesto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo del gasto público», según recoge el plan.

Además, este hecho, unido a la generalización de las tecnologías digitales en los centros y hogares, permitirá, según el actual Gobierno, dar una educación más personalizada a los alumnos, combatir con mayor eficacia fenómenos como el abandono o la segregación escolar, y cosechar las ganancias de cobertura y aprendizaje que necesita España para situar al país en la vanguardia educativa.

«El desafío educativo es, probablemente, el más importante de todos», ha manifestado Sánchez, que afirma que para converger con los países europeos líderes en educación, España deberá hacer dos cosas. La primera de ellas, será mejorar sus niveles de aprendizaje, con un aumento de 20 puntos en el informe PISA y aumentar la proporción de población que obtiene la ESO en 3 puntos porcentuales.

En dicho plan, el Gobierno ensalza la evolución experimentada en el ámbito de la Educación en España en los últimos 40 años (de hecho, llega a decir que «España ha protagonizado la revolución educativa másespectacular de Europa»).

No obstante, el Gobierno también reconoce que el sistema educativo aún presenta «carencias importantes» que están impidiendo sacar el máximo potencial de cada estudiante y están teniendo efectos negativos sobre el empleo, el crecimiento económico y el progreso social de todo el país. «Las más preocupantes son las elevadas tasas de repetición y abandono escolar; los bajos resultados de aprendizaje; la desigualdad educativa; y los altos niveles de segregación escolar», considera.

En este punto, el Ejecutivo sostiene que si no se afrontan con decisión, estas carencias seguirán lastrando el desarrollo del país y su ciudadanía. Así, sin «reformas de calado», de aquí a 2050, unos 3,4 millones de estudiantes podrían repetir curso; 2,2 millones podrían abandonar prematuramente la escuela; y España podría verse superada en aprendizaje y calidad educativa por países como Portugal, Hungría o Letonia. «Evitar este escenario debe ser nuestra máxima prioridad. Si España quiere seguir siendo un país próspero en el futuro, tendrá que alcanzar la vanguardia educativa antes de mediados de siglo», indica.

CINCO BLOQUES SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

En el documento, el Gobierno destaca cinco bloques en los que han de abordarse reformas de aquí a 2050. El primero de ellos guarda relación con el currículo, que actualmente es «excesivamente rígido y enciclopédico», al estar más orientado a la reproducción de contenidos (datos, fórmulas, hechos históricos) que al desarrollo de competencias más relevantes para la vida y el aprendizaje profundo.

Por ello, el Gobierno propone «desarrollar un currículum centrado en la adquisición y evaluación competencial» y que desarrolle las disciplinas STEM, las capacidades necesarias para desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y el pensamiento a futuro o competencias técnicas.

Además, apuesta por que este currículum esté descentralizado, es decir, que en su creación participe el Estado (parte básica), las comunidades autónomas y los propios centros educativos, y que se hagan revisiones periódicas del currículum cada 8 ó 10 años.

La segunda reforma iría orientada a la carrera docente, pues el sistema de selección, formación y evaluación del desempeño docente presenta «varias carencias», según el Gobierno, que están limitando la capacidad para tener a los mejores profesionales posibles en cada aula.

Para mejorar esto, se recomienda que se eleven los requisitos de acceso a la profesión docente y se adapten los procesos de oposición para que se valore la motivación, habilidades comunicativas y socioemocionales, gestión de la diversidad o el liderazgo, y no solo la capacidad de memorizar temarios; la realización de prácticas continuadas y remuneradas durante dos cursos escolares en un centro educativo; la mejora de las condiciones laborales del profesorado de educación de 0 a 3 años; y pagar mejores sueldos a profesores de centros educativos en contextos socioeconómicos menos favorecidos.

Con respecto a la gobernanza educativa, el Gobierno considera que en España, la toma de decisiones educativas recae en «un sistema institucional demasiado burocratizado», que la autonomía de los centros educativos es «baja», que existe «poca profesionalización» en los equipos directivos y que existe «baja cooperación» por parte de los agentes sociales (sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de madres y padres, asociaciones de estudiantes).

Por ello, plantea la mejora de la profesionalización e internacionalización de los cargos políticos y los cuadros técnicos intermedios, ampliar la autonomía y la capacidad organizativa de los centros, establecer reglas y mecanismos de control de la admisión que aseguren una escolarización equilibrada o modernizar la inspección educativa.

En cuarto lugar, el documento propone la reforma del sistema de evaluación, ya que España «aún carece de un mecanismo eficaz para evaluar lo que ocurre dentro y fuera del aula». Así, el Gobierno propone sustituir el actual sistema de titulación al finalizar la ESO por un modelo de certificación competencial del aprendizaje, así como el rediseño de los objetivos de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) para avanzar hacia la evaluación por competencias.

Por último, el Gobierno pone el foco en la financiación, que «siguesiendo insuficiente», por lo que aboga por «incrementar progresivamente los recursos económicos que se dedican a la educación hasta alcanzar la media actual de la UE-8», tanto en gasto sobre PIB como en gasto por estudiante, con el objetivo de poder financiar las políticas propuestas.

La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha cargado este jueves contra el Gobierno «chantajeable» de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con Marruecos y ha censurado que su «debilidad» de discurso produce un efecto llamada que atrae más inmigración.

«Marruecos ha visto un gobierno débil, chantajeable, políticos que no se atreven a hacer un discurso claro como hacemos en Vox», ha subrayado Monasterio en declaraciones a ‘Telemedrid’, en las que ha llamado al Ejecutivo central a definir una política exterior.

En este sentido, ha apostado por repatriar a los menores que han llegado de manera ilegal hasta la Ciudad Autónoma de Ceuta abogando para ello por firmar «convenios para que puedan ser devueltos» y si es necesario «cambiar las leyes» en este sentido, así como por cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Y todo ello, ha indicado, para evitar que estos inmigrantes «sean víctimas y utilizados como armas» por parte de Marruecos. «No podemos ser cómplices del gobierno marroquí, que está utilizando esto como arma. No es verdad que podamos atenderlos y si no que vayan a ver las colas del hambre», ha argumentado Monasterio.

En este sentido, ha advertido del «efecto llamada» del discurso «progre» del Gobierno de Sánchez y de su «debilidad» que provoca que se use «como armas» a estos menores marroquíes «para presionar a España». «Tenemos que hablar con Marruecos y ser claros. A lo mejor este gobierno no lo sabe hacer y ese es el problema», ha criticado.

«Marruecos ha invadido España y lo hará las veces que haga falta más si ven los discursos blandos, progres y chantajeables. Tenemos que mostrar una línea clarísima, una política exterior clarísima, unas condiciones clarísimas a Marruecos y que sepa que no lo puede volver a repetir y si hay que levantar un muro altísimo habrá que levantarlo y si hay que tener a nuestros militares de forma permanente habrá que tenerlos porque no nos podemos permitir tener a 10.000 personas invadiendo Ceuta», ha justificado.

NINGÚN PACTO EN MADRID QUE PUEDA ROMPER

Finalmente, la líder regional de Vox ha eludido hacer propia la amenaza del grupo parlamentario Vox en Andalucía de que dejará de apoyar al Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) si en la comunidad se reciben menores inmigrantes que han llegado a Ceuta en las últimas horas. En este sentido, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a acoger a 20 menores no acompañados, conocidos como menas.

Así, ha indicado que en la región Vox no tiene «ningún pacto con el PP que pueda romper» y se ha limitado a señalar que en su partido están pendientes de la formación de gobierno y es la presidenta regional en funciones y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, quien tiene que decir «qué papel» quiere que jueguen en el futuro gobierno de la Comunidad.

«El día de las elecciones ya dijimos que ofrecíamos nuestros votos a cambio de nada. No hay negociación para la investidura», ha recordado Monasterio, quien ha incidido en que Vox hizo «el gesto inicial» ahorrando así «un mes de negociaciones».

En esta línea, ha indicado que Ayuso y el PP debe decir «si quieren ser generosos o no» con Vox «o si prefieren aprobar con el PSOE». «Si no son generosos tendrán que contar por qué colocan al PSOE en la Mesa de la Asamblea de Madrid. Si prefieren al PSOE o Más Madrid es una decisión de Ayuso», ha explicado.

«¿A qué aspira Vox? Si me deja, asumo todo el gobierno de la Comunidad», ha ironizado para recalcar que «Vox está aquí para quedarse y el gobierno depende de Vox» así que ha recalcado que es la futura presidenta la de la Comunidad quien debe dar el paso y «hacer una oferta». «Estamos esperando una oferta; no sabemos si estamos en la ecuación», ha indicado.

Basque Culinary World Prize (BCWP) ha organizado el próximo miércoles 26 un evento online con chefs referentes a nivel internacional para dialogar sobre el impacto de la gastronomía y compartir el testimonio y las buenas prácticas de estos profesionales «con historias inspiradoras que comunicar».

Los promotores de esta iniciativa -creada en 2016 por el Gobierno Vasco y Basque Culinary Center- impulsan la sexta edición de un premio que distingue a cocineros que «aprovechan su conocimiento, talento, creatividad y fuerza para sumarse a cambios como los que demanda nuestra sociedad».

Para impulsar el proceso abierto de nominaciones de esta edición (abierto hasta el 30 de mayo de 2021), se ha organizado esta jornada online. A través de la intervención de los distintos ponentes, BCWP espera «dar ejemplos de cómo incidir en el cambio de patrones de consumo, modelos de restauración colectiva, innovación social, inserción social y diversidad cultural o incluso cómo entendemos y le damos sentido a la creatividad culinaria.

El evento virtual reunirá a expertos gastronómicos como Mauro Colagreco (Argentina), miembro del Consejo Internacional de Basque Culinary Center, así como del jurado de BCWP, y chef propietario de Mirazur, donde ha impulsado un trabajo inspirador para fomentar la gastronomía sostenible y para entender el rol que los cocineros pueden jugar en la sociedad.

También participará Leonor Espinosa, ganadora del BCWP 2017 por su trabajo con Funleo (Colombia) en materia de Innovación Social y por utilizar la gastronomía como herramienta para diversificar el uso de la biodiversidad; Matt Jozwiak (EEUU), que conecta a restaurantes de todo tipo para alimentar a las personas más necesitadas; o Juan Llorca (España), youtuber y activista de la alimentación saludable.

Los ponentes se completan con Karin Abensur (Perú), que ha articulado una red de emprendimiento alrededor de la pesca donde las mujeres tienen mucho para aportar; Dieuveil Malonga (República Democrática del Congo), finalista de BCWP en 2018 que apoya y visibiliza el talento gastronómico africano; y Nicole Pisani, de Chefs in School (Reino Unido) que promueve la inserción de cocineros en la restauración colectiva y educación alimentaria infantil.

El evento estará moderado por la periodista y escritora gastronómica Sasha Correa y la chef-investigadora de BCC Innovation Estefanía Simón-Sasyk. También participará la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y el director de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega.

El Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha rechazado imputar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por el llamado caso ‘Dina’, argumentando que sería «precipitado» dado que no ha aflorado ningún indicio nuevo, si bien al mismo tiempo ha recordado que está a la espera de conocer el informe policial sobre la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora ‘morada’ Dina Bousselham.

«La diligencia interesada no resulta procesalmente pertinente en este momento, toda vez que este instructor está pendiente de recibir el resultado del informe interesado (…) sobre la tarjeta de memoria facilitada en su día por Dina Bousselham», ha explicado el juez Manuel García-Castellón en un auto.

García-Castellón ha respondido así a la acusación popular de Pro Lege, que en un escrito solicitó imputar a Iglesias después de que éste renunciara a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y a su acta de diputado, perdiendo con ello su aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que abrió la puerta a que pueda ser investigado en la Audiencia Nacional.

En esta pieza separada número 10 de la macrocausa ‘Tándem’ –sobre los negocios del ex comisario José Manel Villarejo– se investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham a finales de 2015 en un centro comercial y el posterior uso de los archivos que contenía. Hasta ahora, el secretario general de Podemos ostenta la condición de perjudicado.

El pasado mes de octubre, García-Castellón intentó sin éxito que el Tribunal Supremo investigara a Iglesias por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa –o simulación del delito–.

Según su exposición razonada, en enero de 2016 el periodista Antonio Asensio entregó a Iglesias en buen estado la tarjeta de memoria original mini SD procedente del móvil de Bousselham. El líder de Podemos comprobó que almacenaba archivos personales, algunos de carácter muy íntimo de ella, pese a lo cual se la guardó un tiempo hasta devolvérsela y, cuando lo hizo, estaba dañada.

REVÉS DEL SUPREMO

El Supremo devolvió la investigación a la Audiencia Nacional para que llevara a cabo varias diligencias ampliatorias, entre ellas la declaración de Bousselham, para que fuera oída acerca de si efectivamente denunciaba los hechos relacionados con el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada.

Sin embargo, en vez de llamar otra vez a la ex asesora, García-Castellón optó por poner el foco en el supuesto delito de daños informáticos volviendo a enviar la tarjeta SD a la policía científica. Ahora, las nuevas diligencias dependen de lo que arroje este informe pericial y de si realmente se puede acceder a los archivos que contiene.