El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que alcanzar un acuerdo con Junts no ha sido fácil, pero que es un buen acuerdo: «Nos asegura un Govern fuerte, cohesionado y con todas las energías renovadas».

«Hemos invertido mucho tiempo en un contexto en el que la crisis exigía un acuerdo rápido. Por eso quiero agradecer la paciencia de una ciudadanía agotada, con la que tenemos el deber de recuperar la confianza», ha añadido en el debate de su investidura en el pleno del Parlament.

Aragonès ha subrayado que pretenden con este acuerdo «poner en marcha de forma inmediata la Generalitat republicana», y ha remarcado que se debe trabajar buscando las formas de superar las diferencias y construir consensos.

El dirigente republicano ha asegurado presentarse a la investidura con la seguridad de contar con la complicidad de la mayoría de diputados progresistas e independentistas: «Por primera vez en lo que llevamos de siglo, Cataluña tendrá un presidente independentista y a la vez de izquierdas».

OTROS APOYOS

Así, ha prometido gobernar dando respuesta a la mayoría de progreso del Parlament y a la «mayoría a favor de la amnistía y la autodeterminación», y gobernar teniendo en cuenta estas mayorías pero siempre con la mano tendida a aquellos con los que se deberán entender y con los que comparte ideas y voluntad transformadora, ha dicho.

«Por eso, más allá de la complicidad de Junts y la CUP, pido el apoyo de todos aquellos con los que compartimos la misma idea de progreso y compromiso con la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados y el derecho a la autodeterminación», ha pedido en referencia implícita a los comuns.

Aragonès ha destacado que los republicanos les han dado confianza en otras ocasiones, «asumiendo costes y riesgos, pero siempre con la voluntad de no frenar los cambios», por lo que ha pedido que ahora hagan lo mismo.

«Si tiene la voluntad de ayudarnos a hacer avanzar el país, hoy tienen la oportunidad de demostrarlo no oponiéndose a mi investidura», y ha pedido que le ayuden a hacer posible una transformación social, verde, democrática y feminista.

La Comunidad de Madrid espera que no haya «efecto contagio» tras admitirse a trámite una denuncia de trabajadores del Hospital Severo Ochoa contra la dirección del mismo por «homicidio y sus formas» durante la primera ola del virus.

«No nos gustaría eso. Han sido momentos muy difíciles, tanto los trabajadores como los equipos directivos han dado lo mejor de sí mismo para dar respuesta a una situación muy dura sobre todo durante la primera ola», ha indicado el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, al ser preguntado por esa demanda tras una visita al Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Asimismo, ha indicado que saben que se ha producido la denuncia, que no quiere valorar un proceso que está «en manos de la Justicia» y que colaborarán con lo que se «dictamine».

La denuncia fue interpuesta por la ‘Plataforma por los trabajadores del Severo Ochoa’ y la Agrupación Sanitaria Española (ASAES) debido a «la gestión negligente con resultados de lesiones y muerte», ya que consideran que la gestión de la crisis sanitaria en el hospital leganense pudo derivar en una veintena de fallecimientos, incluido el de un enfermero de quirófano del centro.

La denuncia se fundamenta en la gestión de un hospital que, según los denunciantes, «carecía de un Plan de contingencia», lo que habría derivado en «una total improvisación, un descontrol y una ausencia de actuaciones por parte de los responsables a la hora de afrontar las duras condiciones».

De hecho, en lo referente a los traslados de pacientes entre UCIs, la denuncia asegura que los médicos de este departamento del Severo Ochoa desconocían los «criterios», y aseguran que «el chat del WhatsApp de los Jefes de Servicio de la UCI permanecía inactivo a partir de las 22.00 horas, no funcionando por las noches».

«Y esto –argumenta el documento– tuvo graves consecuencias para los pacientes, pues se estima entre los médicos de la UCI que de haber estado activo el WhatsApp por la noche, se podían haber salvado al menos 20 vidas de pacientes del Hospital, con nombres y apellidos».

RECORTES

La denuncia arranca con los denunciantes apelando al recorte de medios y personal durante los «últimos años» en el Severo Ochoa. Así, recuerda que fue uno de los primeros del país en colapsar por la pandemia y que el complejo hospitalario «no tenía ni siquiera los medios para atender a sus pacientes en un día a día normal», una responsabilidad que atribuyen a los «cargos de dirección que debieron haber actuado –alega la denuncia– y no lo hicieron, dejando a la deriva a todos los trabajadores».

Y tras recordar que «en la UCI no existió ningún tipo de planificación o anticipación» y que «no se transmitió ningún tipo de instrucción por vía reglamentaria», revela que en marzo hubo un brote entre profesionales que participaron en una intervención quirúrgica (4 enfermeros, dos auxiliares de enfermería y un médico) ya que «ni se llevaban Equipos de Protección Individual completos (EPI) y la mascarilla que se utilizaba era la quirúrgica».

Pasaron los días y se hicieron públicos los vídeos de los pasillos de Urgencias llenos de pacientes. El Hospital, según los denunciantes, llegó «a rechazar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando era evidente que era necesaria» porque, según esgrimen, desde la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ordenó esperar a que estuviera habilitado el hospital provisional del Ifema.

La denuncia apunta que, desde marzo hasta junio del pasado año, «hubo momentos en los que se llegó a triplicar el número de pacientes en Urgencias y el 27% del personal fue contagiado por Covid»

«La dirección se encerró en su despacho, no dio órdenes (salvo las de no hacer PCR, no dar material, aceptar pacientes de manera descontrolada y rechazar la ayuda de la UME) no se remitió a protocolos porque no existían, no atendió a su equipo de trabajadores y desoyó las peticiones de ayuda desesperadas, de quienes se encontraban bajo su orden y mando», esgrime.

El Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid ha decidido archivar la investigación sobre el supuesto cobro por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de las costas procesales en casos donde era el partido quien pagaba a abogados y procuradores, al considerar que no hay indicios delictivos.

Según han informado fuentes jurídicas, la juez Luisa María Prieto aceptó la causa, que le venía derivada del caso ‘Neurona’, y, tras un primer análisis, ha ordenado el sobreseimiento provisional al no ver delito, algo en lo que coincide la Fiscalía de Madrid, de acuerdo con las mismas fuentes.

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona fue quien llevó este asunto a sede judicial. En un escrito enviado al juez de ‘Neurona’, contó que Iglesias se habría embolsado los 7.730 euros de la condena en costas dictada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona por una demanda de Unión del Pueblo Navarro sobre derecho al honor, cuando fue el partido quien pagó los honorarios de la abogada, Marta Flor, y la procuradora, Isabel Afonso, en este caso.

Este es uno de los tres asuntos desgajados de ‘Neurona’ a raíz del testimonio escrito de Carmona. El titular del Juzgado de Instrucción Número 46, José María Escribano, ha optado, en cambio, por incoar diligencias previas contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por, presuntamente, haber usado a una asesora del Ministerio, Teresa Arévalo, como niñera de sus hijos.

La ex jefa de ‘compliance’ detalló que Arévalo, empleada del partido y estrecha colaboradora de Montero en aquella época, acompañó a la entonces candidata y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto electoral y que la dirigente ‘morada’ dejó a la niña al cuidado de Arévalo mientras intervenía en el mismo.

De momento, Escribano solo ha citado como investigada a la hoy consejera de Igualdad, ya que la ministra es aforada ante el Tribunal Supremo. Así, Arévalo deberá declarar el próximo 14 de julio. Como testigos, el juez ha llamando para el día 19 de ese mismo mes a la gerente, al tesorero y al responsable de seguridad de Podemos, Rocío Esther Val, Daniel de Frutos y Víctor Martins, respectivamente.

El tercer asunto se refiere a una donación efectuada por Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la Fundación 25-M y a las donaciones realizadas por el partido a dicha fundación, de la que es director el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El caso está en el Juzgado de Instrucción 1, dirigido por Pedro López Jiménez, que aún debe decidir si investiga, archiva o lo devuelve a ‘Neurona’.

‘NEURONA’, LA MATRIZ JUDICIAL

El origen de las tres causas es el caso ‘Neurona’, donde el Juzgado de Instrucción 42 investiga la presunta financiación ilegal de Podemos con la lupa puesta en el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El juez Juan José Escalonilla sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, de ahí que la actividad probatoria se centre en determinar si la empresa hizo el trabajo.

De los demás asuntos que constaban en la denuncia original presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, el juez ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede del partido y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor.

Escalonilla también cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.

Las ONG de infancia han celebrado la aprobación este jueves de la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, «un paso enorme» en la protección de los niños y niñas que pone a España «a la vanguardia» mundial en esta materia.

En declaraciones a los medios a las puertas del Congreso de los Diputados, la directora de Incidencia Social y política de Save The Children, Catalina Perazzo, ha subrayado que es «un paso fundamental» que se da casi 10 años después de que el Comité para los Derechos del Niño de la ONU recomendase a España adoptar una ley para proteger de manera integral a la infancia contra cualquier forma de violencia.

«Esta ley va a poner a España a la vanguardia en protección de la infancia en todo el mundo», ha asegurado Perazzo, al tiempo que ha añadido que ahora «el reto que queda por delante es la transformación social, para que la violencia contra la infancia no se tolere», al igual que tampoco se tolera la violencia de género.

«Nosotras hemos visto cómo se paran conciertos por un maltrato de un hombre a una mujer. Eso todavía no ocurre con los niños y niñas, se considera que está en el ámbito de lo privado, de la familia», ha advertido la portavoz de Save The Children.

Por su parte, la responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, ha valorado que «más allá del mensaje rotundo que esta ley manda a padres, madres, profesores y administraciones, del rechazo a la violencia», esta ley lo que va a aportar al sistema son «herramientas para prevenir, identificar y proteger a niños víctimas de violencia».

«Hoy es un día en el que vamos a dar un paso enorme pero vamos a seguir trabajando, pues ahora la ley tiene que ser desarrollada autonómicamente, hace falta una estrategia y es necesario ese cambio social», ha explicado Escorial.

Entre los avances que va a suponer la ley, ha destacado que los niños podrán denunciar directamente a la Policía sin la presencia de su tutor; el aumento del plazo para la prescripción de los delitos sexuales contra menores, que comenzará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18, como ocurre ahora; o el mandato para trabajar en una ley que pueda hacer una especialización de los juzgados que evite la revictimización de los niños.

También ha puesto de relieve que la ley identifica como forma de violencia el ciberacoso y ha destacado el mandato que se dirige a las escuelas a la hora de «cuidar las relaciones entre iguales» y de contar con «personal específico para abordarlo». En todo caso, ha precisado que la mejor forma de acabar con la violencia hacia la infancia es prevenirla y, por ello, ha instado a enseñar a los niños a ser «cero tolerantes» con la violencia de cualquier forma.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a las administraciones autonómicas y al Gobierno central que refuercen los recursos públicos destinados a atender a los menores no acompañados, ante la previsión de nuevas llegadas en los próximas semanas y meses.

Tal y como ha explicado el sindicato a través de un comunicado, el Ministerio de Derechos Sociales ha enviado un informe a las autonomías en los que reclama la acogida de estos niños basándose en criterios de renta per cápita. Así, de momento, tanto la Comunidad de Madrid, como Galicia, van a recibir cada una a 20 menores no acompañados de Ceuta.

Sin embargo, advierten, «no se descarta que esta cifra aumente según pasen los días» y que, llegado el verano, «se incremente aún más, ya que con el buen tiempo los flujos migratorios aumentan».

CSIF cree que, tanto las comunidades autónomas, como el Gobierno, «están a tiempo de diseñar una estrategia que contemple un aumento de plazas y de recursos humanos» para que los centros repartidos por toda España «no se vean desbordados y sus profesionales sobrepasados por unas ocupaciones que en muchos casos triplican la capacidad de los centros».

Esta postura, señalan, la comparte también el Defensor del Pueblo que, en respuesta a una queja del sindicato, ha rechazado también la sobreocupación de los centros que acogen a estos niños no acompañados y ha llamado a las autoridades pertinentes a realizar una atención individualizada de los menores, tal y como exige la ley.

EL PROBLEMA DE LA SOBREOCUPACIÓN

Para CSIF, la sobreocupación es el origen de conflictos como los registrados en el Centro de Primera Acogida ‘Hortaleza’ de Madrid, uno de los que más menores extranjeros no acompañados reciben de toda España, según apunta el sindicato.

La situación de estos menores en la capital fue denunciada a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, que respondió al sindicato señalando que es «fundamental» que «se reduzcan las plazas para garantizar la atención individualizada que exige el ordenamiento jurídico».

Según ha explicado CSIF, la institución estatal que dirige en funciones Francisco Fernández-Marugán indica en su informe que pasar a 90 plazas en Hortaleza en julio de 2020 «supone casi multiplicar por tres las 35 plazas para las que fue diseñado el centro» sin que haya noticia de que se haya aumentado el número de educadores en la misma proporción.

Juan Carlos Bermejo, el afiliado de Ciudadanos que demandó al partido por las primarias en las que Ignacio Aguado fue elegido candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas de 2019, ha desistido del procedimiento tras llegar a un acuerdo con la dirección de Cs, de manera que el juzgado ha sobreseído el proceso y suspendido el juicio que se iba a celebrar este mismo jueves.

Bermejo interpuso una demanda por «vulneración de principios democráticos», dirigida contra el partido y, en particular, contra Aguado, contra Fran Hervías, entonces secretario de Organización nacional, y contra César Zafra, que era el secretario de Organización en Madrid.

El militante argumentaba que Aguado, como «candidato oficial» de la dirección del partido, entonces liderado por Albert Rivera, tuvo más facilidades que sus rivales en las primarias para dar a conocer su proyecto. La demanda fue admitida por el juzgado de primera instancia número 61 de Madrid y fue aplazada de mutuo acuerdo en dos ocasiones, tras lo cual se fijó una nueva vista para el pasado 20 de mayo 2021.

BAL LE HA PROMETIDO CAMBIOS INTERNOS EN CIUDADANOS

Pero, según ha explicado el afiliado, «bastaron unas horas de conversación el pasado fin de semana» con Edmundo Bal, nombrado recientemente vicesecretario general de Ciudadanos, para que ambas partes enviaran al juzgado un comunicado conjunto exponiendo un acuerdo y la petición de desistimiento.

«El acuerdo alcanzado no supone ninguna contraprestación ni prevenda a mi persona», sino que «se ha producido única y exclusivamente por el mensaje claro, honesto y sincero que he recibido del vicesecretario general garantizando un nuevo periodo de transformación del partido donde prevalezca la participación de los afiliados, aprender de los errores, premiar la meritocracia y construir entre todos la mejor alternativa política para los españoles», ha señalado.

Bermejo considera que la conversación que ha facilitado este pacto «hubiera sido impensable antes», con la anterior dirección de la formación naranja. Pero «aquellos que usaron el partido en beneficio propio y traicionaron nuestros valores y a los ciudadanos que nos votaron son historia» y «ahora vamos todos en la misma dirección», ha destacado, convencido de que «el cambio en Ciudadanos es real».

QUIENES USARON LAS PRIMARIAS «PARA SU BENEFICIO» YA NO ESTÁN

Así se ha referido a Albert Rivera y a las personas a las que demandó, ninguno de los cuales continúa actualmente en Cs, tras la dimisión de Rivera en noviembre de 2009, la salida de Hervías el pasado marzo y la despedida de Aguado y Zafra esta misma semana.

Bermejo sostiene que «utilizaron las primarias como coartada para su beneficio personal» y, de esa manera, vulneraron el derecho fundamental de asociación de los militantes del partido. «Formaban parte de una estructura clientelar de la que se consideraban dueños y los afiliados simplemente éramos comparsas», pero finalmente «todos ellos han fracasado y la sociedad los ha puesto en su sitio», ha celebrado.

El Gobierno prevé que, en las próximas tres décadas, el número de personas mayores de 65 años beneficiarias de ayudas a la dependencia en España podría duplicarse, pasando de las 806.963 actuales a más de 1.600.000 en 2050.

Así lo pone de manifiesto el documento ‘España 2050’ presentado este jueves 20 de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que el escenario más plausible de gasto en cuidados para mitad de siglo estará entre el 2,2% y el 3% del PIB.

De este modo, cree que el sistema de cuidados cambiará «drásticamente en las próximas décadas». En este sentido, señala que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la «enorme importancia» de los cuidados y el «margen de mejora» que presenta el modelo de atención en residencias.

«Lo más probable es que las residencias se transformen, evolucionando del modelo «institucional» actual a un modelo «hogar». En paralelo, emergerán nuevas opciones, como las fórmulas de autocuidado basadas en innovaciones tecnológicas (telemedicina, apps, supervisión por Internet, adaptaciones domóticas), la cohabitación con apoyo intergeneracional entre miembros que no sean de la familia, el denominado senior cohousing en sus múltiples formas (viviendas colaborativas, cooperativas,colectivas), o los bancos de tiempo o voluntariado de acompañamiento orientados a evitar la soledad no deseada y fomentar la participación de estas personas en la sociedad», prevé.

El Ejecutivo entiende que el «reto notable» del incremento de cuidados es también una «oportunidad magnífica» para la creación de empresas y empleo, cuyo ámbito podría extenderse «incluso más allá del de la población nacional». «Nuestro país podría convertirse en un referente europeo y mundial en la prestación de servicios a personasmayores y generar en torno a ella una actividad económica notable», asegura.

2,5% DEL PIB DE GASTO EN 2050

Por ello, entre los objetivos del plan recoge ampliar la cobertura y mejorar la calidad del sistema de cuidados de larga duración, elevando su financiación hasta cotas próximas al 2,5% del PIB en 2050, y prestando especial atención a su coordinación con el sistema sanitario, así como reducir el tiempo de espera que existe entre el reconocimiento de la situación de dependencia en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la concesión de las prestaciones.

Por ello, plantea avanzar hacia una mayor profesionalización y calidad de los CLD, con una Estrategia Nacional de Formación en materia de CLD; el incremento del peso de las prestaciones en especie (centros de día, centros de noche, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros residenciales), y un acuerdo para establecer un porcentaje mínimo de las prestaciones totales destinadas a servicios de promociónde la autonomía.

Asimismo, considera que habrá que establecer condiciones claras para acceder a prestaciones económicas asociadas al cuidado en el hogar (presupuestos, inspección de la atención), y priorizar los servicios en especie.

Igualmente, plantea eliminar barreras de acceso a los servicios de CLD, a través del establecimiento de plazos máximos explícitos para la evaluación y prestación del servicio requerido, y la transmisión a la ciudadanía de información que les permita elegir el proveedorde cuidados, en función de la calidad asistencial, los servicios ofrecidos y el precio.

A la vez, propone una mejora de la coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y los CLD, a través de un desarrollo organizativo adecuado y con miras en modelos de atención a la cronicidad y centrados en la persona.

Por otro lado, plantea cuidar a las personas que cuidan, dedicando un porcentaje de los recursos del sistema a su formación, impulsando servicios de «respiro y apoyo a las personas cuidadoras», creando programas de apoyo psicológico y revisando la normativa laboral para proteger a las personas cuidadoras, entre otras medidas.

Además, ve necesario impulsar cambios en las formas de cuidados favoreciendo la elección de la ciudadanía sobre el lugar idóneo de cuidado (domicilio, institución, formas mixtas), fomentando la inclusión de nuevas tecnologías en el hogar de personas con limitaciones en su autonomía, impulsando el desarrollo de nuevas formas de vivienda (tuteladas, viviendas colectivas autogestionadas) y reinventando la atención residencial a modelos más pequeños y modulares, como las unidades de convivencia, con ambientes y entornos más hogareños y personalizados.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, ha señalado que el punto de frontera «es un punto de llegada pero no de responsabilidad exclusiva» y que «la improvisación tiene que ser asumida por Europa, porque la frontera de Ceuta es Europa, y por tanto no es un tema de Andalucía», al tiempo que ha recordado, «frente a algunos comentarios que respetamos pero que no compartimos, que no pude haber otra respuesta que la protección de los niños por el Estado».

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras inaugurar junto al consejero de la Presidencia, Administración Local e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, la jornada ‘Brecha digital: La nueva exclusión’.

Maeztu ha señalado que «está muy preocupado por esta situación improvisada pero de nuevo muy excluyente y que da mucho que pensar» y crea «situaciones muy complejas con independencia de las causas y de esa improvisación», al tiempo que ha añadido que «le ha asombrado mucho la cantidad de menores que han acudido masivamente porque ha habido puertas abiertas».

Así, ha afirmado que «tenemos que recordar, frente a algunos comentarios que respetamos pero que no compartimos, que no pude haber otra respuesta que la protección de los niños por el Estado». «Todos los ordenamientos jurídicos dicen que los niños sin referencias familiares tienen que ser protegidos por el Estado, y que si hay conocimiento de referencias familiares y estas son adecuadas y no hay riesgos, se devuelven a sus familias».

Ha apuntado que el punto de frontera «no coincide con cargar exclusivamente a ese punto las consecuencias de una emigración global, que esta permitiendo en Turquía, Grecia y otras puntos una situación muy compleja», al tiempo que ha señalado que la UE «tiene el deber de estudiar a fondo los flujos migratorios».

Por tanto, Maeztu ha insistido en que el punto de frontera «es un punto de llegada pero no de responsabilidad exclusiva» y ha aludido a la Declaración de Tarifa firmada en 2019 por los nueve defensores del pueblo autonómicos y el Defensor estatal, en la que «dijimos que esto es un problema de competencia local, autonómica, nacional y europea, y, por tanto, tiene que haber recursos y disponibilidad para no reducir las ayudas que se dio a las comunidades en 2020».

Ha indicado que «esta improvisación en el punto de frontera está impidiendo que los sistemas de acogida se consoliden, que los niños que se van a quedar aquí y los mayores de 17 que buscan una mejor situación de empleo en el País Vaso o Cataluña, se puedan diluir».

«Esta improvisación tiene que ser asumida por Europa, porque la frontera de Ceuta es Europa, y por tanto no es un tema de Andalucía, es un tema de Europa y de nuestro país», ha manifestado, y que luego las autoridades autonómicas «dispongan de recursos». Además, ha indicado que ha hablado con todos los defensores para que «propicien al Ejecutivo la asunción de un cupo de distribución equitativo, solidario, eficaz y asumible».

«Con recursos es asumible una distribución, no destrozar los planes de acogida y al mismo tiempo no crear una situación de odio» contra esos niños, ha indicado el también Defensor del Menor, quien ha lamentado «haber visto crueldad es algunos sectores de todo tipo que me estremece». «El acuerdo tiene que ser y lo vamos a hacer; no quiero esa improvisación», ha manifestado.

Por último, Maeztu ha señalado que Andalucía acogerá sus menores no acompañados procedentes de los centros de protección de Ceuta, y ha subrayado que «tiene capacidad para sumar muchos más que cualquier otra comunidad porque está en un frontera y está muy sensibilizada de siempre». «Los flujos migratorio hay que preveerlos, controlarlos, y ahí entra toda la cuestión política, y al mismo tiempo no depender de chantajes de cualquier tipo», ha concluido.

Antonio y María Carmen repiten un año más como los nombres más comunes en España, seguidos de Manuel y María, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2020 y publicados este miércoles 20 de mayo. En el caso de los recién nacidos, cuyos últimos datos corresponden a 2019, Hugo y Lucía también se mantienen como los más populares entre los más pequeños en España.

En total, en España hay 655.030 hombres que se llaman Antonio, un nombre que lidera una clasificación en cuyos primeros diez puestos aparecen Manuel (573.480), José (564.478), Francisco (479.405), David (368.520), Juan (333.527), Javier (308.131) –que sube un puesto respecto a 2019–, José Antonio (306.188), Daniel (301.362) y José Luis (288.637). Los 10 apelativos de varón más frecuentes concentran al 18% de los hombres y los 100 más comunes, al 59%

En el caso de las mujeres, hay 647.877 María Carmen a las que siguen 589.055 María, 375.835 Carmen, 271.616 Ana María, 262.571 Josefa, 260.302 María Pilar, 258.873 Isabel, 257.680 Laura –que sube un puesto respecto a 2019– 255.040 María Dolores y 248.131 María Teresa. Los 10 nombres femeninos más frecuentes agrupan al 14% de las mujeres españolas y los 100 más comunes, al 52%.

En cualquier caso, según el INE, los denominados nombres ‘clásicos’ continúan a la baja y, al igual que en 2019, en el ‘top 10’ masculino solo David, Javier y Daniel aumentan su frecuencia, mientras que en el femenino solo aumenta Laura.

Por comunidades autónomas, los nombres de hombre más comunes son Antonio en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Murcia; José Manuel en Asturias; Manuel en Cantabria, Extremadura y Galicia; David en Castilla y León y La Rioja; José en Comunidad Valenciana; Francisco Javier en Navarra y Aitor en País Vasco.

En el caso de las mujeres, María es habitual en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia; María Carmen en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja; y María Pilar en Aragón.

En cuanto a los nombres incluidos en simples y compuestos, en España hay 6,15 millones de mujeres que se llaman María y 2,69 millones de hombres que se llaman José. Ambos apelativos mantienen su tendencia a la baja, precisa el INE.

Además, de cada 1.000 hombres que residían en España en 2020, 116 llevaban José en su nombre, 61 llevaban Antonio, 56 llevaban Juan y 55 llevaban Manuel mientras que de cada 1.000 mujeres que residían en España en 2020, 255 llevaban el nombre de María, 49 llevaban Carmen, 33 llevaban Ana y 27 llevaban Isabel.

Tres de cada cuatro residentes en España en 2020 tenían un nombre único y exclusivo, mientras que cerca de 11 millones de personas compartían el mismo nombre y apellidos con, al menos, otra persona más. Además, hay 10.746 personas en España cuyo nombre coincide con su primer apellido; y 398 cuyo nombre y sus dos primeros apellidos son iguales.

Precisamente, respecto a los apellidos, García es el más frecuente con 1.462.696, seguido de Rodríguez (930.659), González (927.819), Fernández (910.545), López (871.745), Martínez (833.665), Sánchez (818.322), Pérez (779.666), Gómez (492.977) y Martin (485.649).

CAMBIOS CON EL NUEVO SIGLO: NOMBRES MÁS CORTOS E INSPIRADOS EN SERIES

Si solo se analizan los nombres de los nacidos en el siglo XXI el ránking cambia siendo los nombres más frecuentes de varón de los nacidos desde el año 2000 Alejandro (114.781), Daniel (108.494), Pablo (100.659) –por primera vez en España hay más de 100.000 varones llamados Pablo que han nacido en el siglo XXI–, David (87.929) y Adrián (83.823), seguidos de Álvaro, Hugo, Javier, Sergio y Diego.

En el caso de las mujeres, el ‘top 5’ se compone de Lucía (130.510), María (126.536), Paula (107.324), Alba (71.825) y Sara (71.597), seguidos de Laura, Marta, Carla, Claudia y Sofía.

Este siglo siguen ganando peso los nombres muy cortos, siendo los más comunes de tres letras entre las mujeres Ana, Eva, Noa, Mar y Ane; y entre los hombres, Pau, Leo, Pol, Jon y Jan en hombres. En este ‘top 10’ solo dos tienen más de seis caracteres: Alejandro y Claudia.

En cuanto a los nacidos a partir del año 2010, los nombres cuya frecuencia se ha incrementado más en 2020 respecto a 2019 son Hugo, Martín y Lucas en varones; y Lucía, Sofía y Martina en mujeres.

El INE constata que no hay cambios en los nombres más comunes por década de nacimiento. En el caso de los hombres, José es habitual entre los nacidos en 1920, 1930 y 1940; Antonio, en 1950 y 1960; David, en 1970 y 1980; Alejandro, en 1990 y 2000 y Hugo desde 2010. Los nombres femeninos más comunes por década de nacimiento son María, en 1920 y 1930; María Carmen, en 1940, 1950, 1960 y 1970; Laura, en 1980; María en 1990 y 2000; y Lucía, desde 2010.

CURIOSIDADES

La estadística también refleja la edad media de nombres que han ‘envejecido’ como Afrodisia en mujeres (con 84,9 años de media) seguida de Acracia (83,2), Fraternidad (82,5), Parmenia (81,9) y Exiquia (81,4); o Acindino en hombres (con 81,0 años) seguido de Frumencio (78,4), Vitores (77,5), Euquerio (76,3) y Adoración (75,8).

En el extremo opuesto, los nombres más ‘jóvenes’ son Aurah en mujeres y Nyan en hombres, ambos con una edad media de 0,8 años. Otros nombres ‘jóvenes’ son Vaiana (1,7), Halley (2,1), Cataleya (2,3), Khloe (2,3) y Lexa (2,3) en mujeres y Anuel (1,5), Liam Mateo (1,7), Liam Gael (2,2) y Dominic Andrei (2,2).

Entre los apelativos femeninos más ‘jóvenes’ hay muchos inspirados en series de ficción o películas como Vaiana, Lexa, Cataleya, Arya, Daenerys y Khaleesi (estos tres últimos, de la serie ‘Juego de tronos’) mientras que en los varones se inspiran en cantantes (Anuel o Darell) y futbolistas (Isco o Keylor).

Entre otras curiosidades, en España había 430 hombres que se llaman Abundio y 148 mujeres que se llamaban Restituta en 2020. Los personajes famosos también tienen su réplica y, por ejemplo, en España había 618 mujeres que se llamaban Shakira en 2020 (la mayoría nació en Málaga, además de Maradona, Serotina, Ataulfo, Masa, Telémaco, Publia, Potenciano, Lady Di o Supermán.

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves el «arresto arbitrario» de la cooperante española Juana Ruíz Sánchez y de sus compañeros Tayseer Abu Sharbak y Saeed Abbad de la organización sanitaria palestina Helth Work Committees (HWC), por parte del Gobierno israelí, «sin existir ninguna acusación sobre esta trabajadora humanitaria, vulnerando las normas mínimas internacionales de respeto por los derechos civiles y políticos», y ha exigido la «inmediata liberación» de estas personas que trabajan «en pos de mejorar la salud de la ciudadanía palestina».

La Cámara vasca ha debatido esta proposición no de ley presentada por PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU sobre la detención de la cooperante Juana Ruiz Sánchez por parte de Israel. El texto ha sido aprobado con el apoyo de los grupos proponentes, la abstención de PP+Cs y el rechazo de la parlamentaria Vox.

De esta forma, el Parlamento Vasco ha rechazado «rotundamente» el arresto «arbitrario» de Juana Ruiz Sánchez y de sus de compañeros Tayseer Abu Sharbak y Saeed Abbad de la organización sanitaria palestina Helth Work Committees (HWC), por parte del gobierno israelí «sin existir ninguna acusación sobre esta trabajadora humanitaria, vulnerando las normas mínimas internacionales de respeto por los derechos civiles y políticos».

Además, ha solicitado la «inmediata liberación» de Juana Ruiz Sánchez y del resto de las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación contra la organización HWC 3 y ha pedido a las instituciones competentes la puesta en marcha de «todos los mecanismos necesarios» para mediar en la liberación de las personas detenidas.

La Cámara vasca también ha manifestado «todo su apoyo y solidaridad» tanto a Juana Ruiz Sánchez como al resto de personas arrestadas, y a sus familias, además de agradecer su trabajo «en pos de mejorar la salud de la ciudadanía palestina», y ha reafirmado su compromiso con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

EL DEBATE

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha condenado la detención»arbitraria» de la cooperante Juana Ruíz, «que lo único que hace essalvar vidas» y ha destacado que las detenciones se produjeron por parte del Gobierno israelí, «sin existir ninguna acusación sobre esta trabajadora humanitaria, vulnerando las normas mínimas internacionales de respeto por los derechos civiles y políticos».

La parlamentaria de EH Bildu Oihana Etxebarrieta ha puesto en valor el trabajo realizado por la cooperante durante 35 años y ha denunciado «contundentemente este ataque contra la organización Health World Committees y contra Juana Ruíz y sus compañeros detenidos». «Exigimos su inmediata liberación y mostramos toda la solidaridad con ellas», ha subrayado.

La parlamentaria del PSE Miren Gallastegi ha destacado el trabajo realizado por la cooperante «en prevención de salud en mujeres y niños en Cisjordania y Gaza, donde está promoviendo la prevención sanitaria, vacunando a niños y niñas de Jerusalén Este, que es a los que el Gobierno israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar» y ha criticado la forma «arbitraria e injustificada» en la que ha sido detenida. «Su situación administrativa vulnera de plano el Derecho internacional y supone una gravísima violación de sus derechos fundamentales», ha denunciado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha denunciado que el Gobierno de Israel «usa estas detenciones para atacar la solidaridad con Palestina» y ha manifestado su solidaridad con el Frente Popular. «El Gobierno de España y la Unión Europea deberían trabajar y presionar con más ahínco, con mucha más fuerza al Estado de Israel para conseguir la libertad sin ningún tipo de condiciones de nuestra compatriota», ha reclamado.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha mostrado su preocupación por la situación de esta cooperante pero ha explicado que ha presentado una enmienda a la totalidad al texto debido a la «falta de información, o análisis previo a la actuación» que considera que es necesario que hagan las autoridades españolas en la zona o en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en la Unión Europea.

«Para pronunciarnos sobre cuestiones que afectan a la actuación de un estado democrático, como lo hace la iniciativa, debemos tener más información por parte de las autoridades diplomáticas, consulares y de exteriores de nuestro país o de la Unión Europea», ha explicado antes de abstenerse en la votación.

Por último, la parlamentaria de Vox Amaia Martínez ha criticado que el debate de una iniciativa que «excede» de las competencias de la Cámara vasca y que le compete al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. «En vez de preocuparse de los problemas que sufrimos los vascos, quieren solucionar los problemas de Venezuela, de Cuba, de Honduras, de Colombia. Ahora nos traen el conflicto entre Israel y Palestina. Estamos aquí para hablar del País Vasco», ha defendido.

Los grupos parlamentarios PP y Cs en Les Corts Valencianes han señalado este jueves que sienten «vergüenza» porque consideran que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «calló» este miércoles ante la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la defensa del agua para la Comunitat Valenciana, mientras que tanto el jefe del Consell como la vicepresidenta, Mónica Oltra, han recalcado que el trasvase del Tajo-Segura es «irrenunciable».

En ese sentido, tanto desde la bancada ‘popular’ como de Cs han vuelto a exigir a Puig que se plante ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en defensa de los intereses de los valencianos.

Al respecto, Puig en su intervención en la sesión de control ha recalcado que ante Ribera subrayó «otra vez» más que el Tajo-Segura es «irrenunciable» y, en ese sentido, ha afirmado: «La única vez que no ha llevado agua es cuando ustedes han gobernado». «Mantenemos la agenda reivindicativa gobierne quien gobierne, ni un paso atrás en la financiación ni en el agua, pero sin demagogia barata ni enfrentamiento radical, porque eso no sirve para nada», ha advertido.

Del mismo modo, Mónica Oltra ha recalcado que el Gobierno valenciano defenderá los intereses de la gente del sur de Alicante y el trasvase Tajo-Segura como «irrenunciable» como hizo ayer Puig ante Ribera. Asimismo, ha asegurado que el Consell presentará los recursos ante la Justicia que hagan falta cuando se apruebe el decreto «que invade el caudal». «¿Les ha quedado claro?», les ha exhortado.

Además, ha cuestionado «dónde estaban cuándo Rajoy–expresidente popular del Gobierno– impuso el tasazo a los agricultores del sur de Alicante». «Callados», les ha recriminado. En ese sentido, ha recalcado que también seguirán defendido que se derogue ese «tasazo» porque «está en juego el campo y el agua de boca».

Oltra ha recalcado que lo que ha caracterizado al Gobierno del Botànic es «la defensa de los hombres y mujeres que vive en esta comunidad», «al contrario que ustedes que cuando Cospedal –la ex presidenta popular de Castilla-La mancha– pactó con el Gobierno de Rajoy disminuir el caudal también estuvieron callados». «Nosotros antes y ahora vamos a seguir defiendo a los alicantinos», ha asegurado.

Sin embargo, la nueva síndica del PP, Eva Ortiz, ha apuntado: «Hoy los valencianos sentimos vergüenza de que nuestro presidente no se plantara ayer ante la ministra Ribera con el recorte del trasvase del Tajo-Segura cuando a la misma hora de su reunión aquí aprobábamos todos los grupos menos Podemos que se suspendiera el recorte del trasvase». «El trasvase es irrenunciable», ha recalcado.

Por ello, ha urgido a Puig a «alzar la voz, plantar cara al gobierno de España y exigir que se retire ese decreto». «El gobierno de Sánchez quiere acabar con el trasvase Tajo-Segura y ayer Puig agachó la cabeza y avaló con su silencio el fin del trasvase Tajo-Segura», le ha reprochado.

Del mismo modo, el diputado ‘popular’ Miguel Barrachina ha criticado que la ministra Ribera calificara de «barbaridad» el caudal ecológico aprobado por el PP con «el que se mantienen 40 millones de árboles, tres millones de habitantes de distintas comunidades y 80.000 familias de agricultores alicantinos y valencianos».

«La misma ministra que aprobó el almacén Castor con 4.600 millones de euros dilapidados», ha recriminado. «Cuándo, señor hermano del imputado Francis Puig — en referencia al familiar del ‘president’ investigado por un supuesto fraude de subvenciones– van a dejar de defenderse a ustedes mismos y defendernos», ha cuestionado.

«SERVIR A LOS VALENCIANOS»

Del mismo modo, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «elija servir a Sánchez, en lugar de servir a los valencianos» y ha considerado «esencial» defender esta infraestructura vital para los agricultores de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, el diputado ‘naranja’ Emigdio Tormo ha considerado «intolerables» las declaraciones de Ribera respecto a que mantener el caudal del trasvase del Tajo-Segura es ‘una barbaridad’. «Estas declaraciones condenan al trasvase a un final a corto y medio plazo», ha añadido. Por ello, ha pedido al Consell que exija al Gobierno que «trabaje en la dirección de asegurar un suministro de agua de calidad y a un precio asequible para los regantes de la Comunidad Valenciana.

«El campo se enfrenta a la decisión del Gobierno de reducir los aportes hídricos al sureste de España, es decir, liquidar uno de los pilares fundamentales para nuestro desarrollo de la como es la agricultura», ha concluido Tormo.

‘Seguir creando en digital’ ha solicitado que la inminente transposición de la Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital incluya la negociación colectiva, la irrenunciabilidad del derecho y una tarifa legal, «como única forma de gestión eficiente» entre titulares de derechos y plataformas tecnológicas.

Así lo ha dado a conocer este jueves la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), como una de las más de 35 asociaciones que agrupa este colectivo de creadores que defienden este modelo también como solución para promover la libre competencia en el mercado digital de contenidos protegidos.

Además, ha solicitado al Gobierno que exija a las plataformas tecnológicas que cumplan con los requisitos mínimos de transparencia establecidos en la normativa europea como por ejemplo el Reglamento 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea.

«Estas normas son aplicables a los usos digitales de los derechos de autor que las tecnológicas hacen en gran parte de sus servicios, tales como buscadores y agregadores de noticias. Su cumplimiento debería implicar, a juicio de los creadores, que el Gobierno conozca la remuneración prevista para cada tipo de titular de derechos en los contratos que suscriben las plataformas para explotar los derechos de autor de los contenidos protegidos», sostiene la FAPE en un comunicado.

‘Seguir Creando en Digital’, que agrupa a más de 35 asociaciones de escritores, periodistas, fotógrafos, traductores, músicos, creadores visuales, artistas intérpretes o ejecutantes y otros creadores, también ha reclamado al Gobierno que mantenga la gestión colectiva obligatoria y la irrenunciabilidad de los derechos de autor que ya reconoce nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

Asimismo, los creadores demandan que el Ejecutivo establezca una tarifa legal por la utilización de estos derechos de autor y el porcentaje que corresponde a los autores y a los editores. «Todo ello, con el fin de garantizar desde el inicio unos ingresos mínimos para todos los titulares, promover la libre competencia en el mercado digital y evitar controversias en la aplicación del derecho que conllevaría recurrir a la intervención de, al menos, la Comisión de Propiedad Intelectual», ha subrayado.

Manuel Rico, portavoz de ‘Seguir creando en digital’, ha subrayado el hecho de que «ya en Alemania se estableció hace unos años una tarifa por el uso digital de derechos de autor equivalente al 11 % de los ingresos de las plataformas, de la que luego debe destinarse la ‘parte apropiada’ a los autores que establece la directiva».

«Este modelo es por el que apostamos la mayoría de los autores, puesto que asegura una remuneración adecuada y de acuerdo a los criterios establecidos por la Unión Europea», ha declarado.

Por otra parte, Rico ha añadido que «un gobierno como el actual no puede olvidarse de los creadores, la parte más débil de la cadena de valor, sino que, por el contrario, debe asegurarles un sistema eficaz de gestión de derechos que les garantice una adecuada y transparente remuneración por su trabajo».

«Es de vital importancia que se mantenga una protección adecuada de la propiedad intelectual en nuestra legislación, puesto que se trata de un derecho social y estratégico para que podamos seguir creando, también en el ámbito digital», ha zanjado Rico.