El PSOE ha abogado este jueves en el Congreso de los Diputados por derogar la reforma que el PP aprobó con su mayoría absoluta en 2015 para dar al Tribunal Constitucional (TC) la capacidad de hacer cumplir sus sentencias, en el contexto del ‘procés’, unos poderes que el PSOE considera «exorbitantes». Sin embargo, los socialista han defendido mantener el control previo del TC a los estatutos de autonomía, pactado ese mismos año por ambos partidos.
Así lo ha manifestado el diputado socialista Odón Elorza durante el debate que se ha celebrado en la Cámara Baja sobre dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox para neutralizar la propuesta del PNV. Los nacionalistas vascos quieren acabar con las dos reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, que recuperaron el recurso previo y concedieron poderes de ejecución al TC, tales como la imposición de multas o el cese en el cargo de los infractores.
Elorza ha expuesto las mismas razones que dio el pasado 21 de marzo, cuando el Congreso acordó tramitar la propuesta del PNV. Así, ha insistido en que el recurso previo es necesario porque «se trata de evitar la situación compleja que se produce ante la eventualidad de que el TC declare inconstitucional una norma que ya ha sido sometida a consulta» en la comunidad autónoma del estatuto en cuestión.
«Esto hay que evitarlo de todo punto», ha sostenido, recordando que el limbo legal provocado por la entrada en vigor de un estatuto de autonomía recurrido ante el TC puede dar lugar a un «conflicto» institucional que se enquiste con el transcurso de los años hasta que finalmente acabe estallando cuando llegue el pronunciamiento definitivo del alto tribunal.
Asimismo, Elorza ha esgrimido que, dado que los estatutos de autonomía forman parte del llamado «bloque de constitucionalidad», parece razonable que el propio TC, como máximo intérprete de la Constitución española, dé antes su visto bueno.
No obstante, ha subrayado que «esta posición no se contrapone a la defensa del diálogo y la negociación, como ha hecho siempre el PSOE, en los procesos de reforma de los estatutos de autonomía».
«LO QUE FUNCIONÓ FUE EL 155»
Ha ratificado asimismo el rechazo socialista a los «innecesarios y exorbitantes» poderes que el PP concedió al TC para hacer cumplir sus sentencias empoderándolo de manera excesiva –a juicio del PSOE– «en el plano político, el plano procesal y el plano punitivo» hasta el punto de «cambiar la naturaleza» del TC y propiciar «un desequilibrio en el reparto de funciones entre los poderes constitucionales», con una «invasión» del TC hacia Judicial y Legislativo.
«El aspecto más problemático», para Elorza, es que atribuye al TC la potestad de apartar a altos cargos públicos de sus funciones cuando no acaten sus decisiones, lo cual «podría alcanzar al presidente del Gobierno o al de una comunidad autónoma, lo que sin duda afecta a la posición sistemática de la arquitectura constitucional española».
Además, ha criticado que esta reforma se aprobó por «conveniencias electorales» del PP de cara a los comicios catalanes de 2015 y como reacción a la consulta convocada por el entonces president Artur Mas un año antes para impedir que se repitiera, pese a los cual, «luego lo volvimos a ver en 2017» con el referéndum independentista del 1-O. «Lo que realmente funcionó fue el artículo 155» de la CE, ha recalcado.
EL PP ADVIERTE AL PSOE SOBRE UN «ERROR HISTÓRICO»
Por su parte, el diputado del PP Jaime de Olano ha puesto de manifiesto que el TC ya validó las dos reformas efectuadas por el PP, indicando que «la única interpretación posible es que la Constitución configura al TC como un verdadero órgano jurisdiccional», lo cual comprende las facultades de juzgar y hacer cumplir lo juzgado.
En consecuencia, ha entendido que la propuesta de PNV, apoyada también por Bildu y el independentismo catalán, solo puede tener como objetivo «mantener una ficticia victimización con la que alimentar sus delirios políticos». «A ustedes las consideraciones políticas no les importan, lo único que buscan es cuestionar al TC y facilitar la destrucción de nuestro sistema constitucional», ha espetado.
De Olano ha acusado al PNV y sus aliados en esta iniciativa legislativa de querer acabar con la reforma del TC porque «les dificulta sus objetivos políticos», advirtiendo en este sentido de «el peligro no ha desaparecido» y ahondando en el hecho de que ahora «todos esos partidos o bien están en el Gobierno o son socios del Gobierno».
El representante ‘popular’ ha señalado como máximo responsable a Pedro Sánchez y ha instado a los diputados socialistas a no dejarse «arrastrar» por su líder y presidente del Gobierno. «Señorías del PSOE, los intereses de España están muy por encima de los de Sánchez (…) no se dejen arrastrar, cometerían un error histórico», les ha alertado.
PSOE y PP sí han coincidido en defender la conservación del recurso de previo ante el TC para controlar la constitucionalidad de los estatutos de autonomía, si bien Elorza ha justificado su rechazo a la enmienda ‘popular’ en que lo hacen por razones distintas. De Olano ha denunciado que, con su eliminación, el PNV perseguiría que «un estatuto de autonomía pueda reformar la CE», enfatizando que los primeros deben estar sujetos a la segunda, «no al revés».
VOX Y «EL DISPARATE DE EUSKAL HERRIA»
Desde Vox, Javier Ortega-Smith ha presentado una enmienda a la totalidad de la propuesta del «partido separatista vasco» con la que pretende mantener las modificaciones de 2015 y ampliar el control previo a todas las leyes orgánicas, no solo a los estatutos de autonomía.
Ortega-Smith ha sostenido que el TC debe tener mecanismos para «proteger y defender» la Constitución, valorando específicamente la revisión ‘ex ante’ porque «vendría a ser como la vacuna preventiva frente a la contaminación del cuerpo jurídico del Estado» para evitar que entren normas que después se declaran inconstitucionales.
Para Vox, el PNV intenta «allanarse el camino para la reforma del Estatuto de Gernika» siguiendo el ejemplo catalán para colmar «el disparate sobre su Euskal Herria soñada». «Su vulneración de los derechos y libertades de los españoles, de todos en general y de los que viven en nuestras queridas provincias vascas», ha rematado.
Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha manifestado su apoyo a la enmienda del PP y su abstención frente a la de Vox, acogiendo el argumento de ambos partidos de que el PNV quería «bordear la Constitución» para hacer una reforma «patentemente» inconstitucional del estatuto vasco que culminara con un referéndum soberanista, alentando con ello un «choque de legitimidades».
UNA «OPORTUNIDAD»
Por su parte, Roberto Uriarte, de Unidas Podemos, ha rechazado las dos enmiendas y ha concebido la propuesta del PNV como «una oportunidad para empezar a hacer las cosas mejor» regulando sobre normas importantes, como los estatutos de autonomía, «en base a un consenso amplio, negociaciones y concesiones», criticando por contra la mayoría absoluta con la que los ‘populares’ operaron los cambios de 2015.
Mikel Legarda (PNV) ha reivindicado su propuesta, señalando el recurso previo como «una regulación de desconfianza hacia las cortes», las generales y las autonómicas.
Jon Iñárritu, de Bildu, le ha dado la razón hablando incluso de una «vulneración del principio de la inviolabilidad parlamentaria» y de la separación de poderes que cerraría el paso a los «anhelos» soberanistas de ciertas sociedades: «Algo maquiavélico».
En Junts, Josep Pagès i Massó ha definido las enmiendas de PP y Vox como «una involución», aplaudiendo la propuesta del PNV como «una de las muchas que tendrían que tomarse si hubiera una voluntad de acercarse a una democracia plena».
