El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha destacado este viernes que el pueblo saharaui «tiene unos derechos» que «se deben garantizar», al tiempo que ha aludido a las «muchas declaraciones de Naciones Unidas» en favor de «un referéndum de autodeterminación» y ha resaltado la «responsabilidad» que ante ese pueblo tiene el Estado Español.

Ribó se ha pronunciado de este modo en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido esta jornada con el delegado en Valencia del Frente Polisario, Alali Emboiric Mohamed. En este encuentro, celebrado en el consistorio valenciano han participado también la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Maite Ibáñez, y la activista saharaui María Blal Azman.

En esta convocatoria, que ha servido también para recibir a los organizadores de la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, el Ayuntamiento de Valencia ha mostrado su apoyo a esta comunidad.

La marcha por la libertad del pueblo saharaui es una acción ciudadana convocada por entidades e instituciones de toda España que confluirá en Madrid el 18 de junio. La columna de Valencia comenzará su marcha el próximo 2 de junio.

«Apoyamos las reivindicaciones del pueblo saharaui, un pueblo ante el que el Estado español tiene responsabilidad», ha expuesto el primer edil.

Joan Ribó ha indicado que «el pueblo saharaui fue un pueblo español» y ha resaltado la ayuda que «durante muchos años» le han prestado los valencianos, así como las «actitudes de solidaridad» que le han mostrado. Ha insistido en que sus derechos están «avalados» por Naciones Unidas y por el derecho internacional.

En este punto, ha recordado la acogida prestada en verano por familias valencianas a niños y niñas saharauis. «El pueblo valenciano entiende que el pueblo saharaui fue un pueblo español«, ha aseverado, al tiempo que ha subrayado que es un pueblo que «tiene derechos» y ha instado a tener en cuenta las declaraciones de Naciones Unidas en este sentido.

Preguntado por si este verano se podrá acoger a menores saharauis en València, el alcalde ha comentado que este año no se dan las condiciones para ello. Ha explicado que es así, «por una parte, por el coronavirus y, por otra, porque el Sáhara se encuentra, si no en una situación de guerra, sí en una situación de pre-guerra».

«Vamos a ayudarles como hicimos el año pasado pero no estamos en condiciones de recibir a los niños y niñas. Lamentamos mucho porque es un vínculo que hemos mantenido y queremos seguir manteniendo cuando sea posible», ha agregado Ribó.

Por su parte, el delegado del Frente Polisario en Valencia, que ha presentado al primer edil y a la edil de Cooperación al Desarrollo y Migración los actos previstos con motivo de la marcha por la libertad del pueblo saharaui que recorrerá España en las próximas semanas, ha agradecido la acogida del consistorio valenciano y ha insistido en los derechos de los saharauis.

Así, Alali Emboiric Mohamed ha reclamado su libertad, ha instado a «exigir la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas» en favor de esta comunidad, y ha censurado la actitud de Marruecos hacia este colectivo.

«Marruecos emplea siempre la carta de la migración para conseguir de España la misma posición que Trump en Estados Unidos, una posición que está en contra del derecho internacional, en contra de la línea de descolonización de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana», ha expuesto, al tiempo que ha calificado esa posición de «terrorismo de Estado».

Igualmente, el delegado del Frente Polisario en Valencia ha apuntado que Marruecos es un país que «aprovecha la ausencia de medios de comunicación libres para seguir con esta posición ilegal». «Marruecos es un país ocupante y debe seguir las resoluciones de Naciones Unidas para que el pueblo saharaui pueda hacer su referéndum de autodeterminación», ha declarado.

«VOZ AL PUEBLO SAHARAUI»

Preguntado por la atención médica que está recibiendo en España el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, y por la crisis migratoria generada en Ceuta, Emboiric ha considerado que esa asistencia «es un pretexto» que «Marruecos usa» para «exigir a España». Tras ello, ha apelado de nuevo a lo marcado en el derecho internacional y ha pedido la aplicación de la resolución de la ONU, así como el referéndum de autodeterminación.

La activista María Blal Azman ha comentado que el acto celebrado este viernes en Valencia y la marcha prevista buscan «dar voz al pueblo saharaui» y ha reivindicado «un Sáhara libre», a la vez que ha criticado que no se respeten los derechos humanos.

El ex gerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón ha declarado este viernes ante el juez del caso ‘Neurona’ que durante su etapa en el cargo aprobó complementos salariales de forma puntual, valorando circunstancias personales de los trabajadores, una cuestión clave ya que una de las líneas de investigación consiste en determinar si su sucesora, Rocío Esther Val, podía acordar esos pluses, que se otorgó a sí misma y a otros compañeros.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha citado a Fernández Alarcón al reabrir la investigación por un presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar dichos pluses, a los que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente se refirió en su denuncia –de la que partió el caso ‘Neurona’– como posibles sobresueldos.

Calvente puso la lupa en los dos complementos que cobraban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, –uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros– y en el de Responsabilidad Personal (otros 210,32 euros) que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y De Frutos en concepto de gastos por desplazamiento.

«Sobre el tema de los salarios, lo que ha dicho este hombre, es que él ha implementado los complementos que tenía que hacer mientras fue gerente. Ha hablado de casos particulares, que por circunstancias familiares o circunstancias de penuria de algún empleado él decidió incrementar sueldos y reconocer complementos», ha dicho el abogado de Val, Padua Ortiz de Mendivil, en declaraciones a la prensa a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

De acuerdo con este letrado, Fernández Alarcón ha descrito el cargo de gerente como el máximo responsable de Recursos Humanos de Podemos explicando que, como tal, quedaba en sus manos la decisión de conceder esas subidas de sueldo. De hecho, preguntado directamente por ello, el ex dirigente ‘morado’ ha contestado que él no pedía autorización para aprobarlas. Así, no ha puesto en duda que Val pudiera proceder de la misma manera.

Ha habido una respuesta tajante por parte de Fernández Alarcón: ‘No conozco ninguna norma que me impidiera poner los complementos salariales que quisiera poner, no conozco ninguna norma que me lo impidiera'», ha apostillado, por su parte, el abogado de Podemos, Gorka Vellé, citando textualmente al testigo, también en declaraciones a los medios de comunicación.

VOX APUNTA A «CONTRADICCIONES»

En cambio, la abogada y vicesecretaria jurídica de de Vox, Marta Castro, ha considerado que Fernández Alarcón ha incurrido en «contradicciones» por cuanto, si bien ha señalado que en casos concretos podían aprobarse esos complementos salariales, al mismo tiempo habría dicho que, conforme a los estatutos del partido, quien los puede acordar es el Consejo de Coordinación.

«Está muy claro lo que dicen lo estatutos (…) y, como en cualquier empresa, se tienen que seguir unos protocolos», ha subrayado Castro, recalcando que la interpretación propia que ha ofrecido el ex gerente sobre la normativa interna de Podemos «en documentos legales no ha lugar». En consecuencia, para Vox, «está claro que los complementos que dice Rocío Val que se autoaprobó para ella no tenía competencia para hacerlo».

Castro ha reprochado a Fernández Alarcón que ha dado respuestas «bastante evasivas», «sin querer perjudicar al partido». Según fuentes jurídicas, se ha limitado a hablar sobre los hechos que conoció como gerente, cargo que ostentó hasta principios de 2019. La abogada de Vox ha destacado que ese fue precisamente el periodo de «máxima actividad» de Podemos, por lo que –a su juicio– «no cuadra» que no tuviera conocimiento de ciertos asuntos.

SE DESMARCA DEL DENUNCIANTE DEL CASO

Otro de los ejes de la comparecencia ha sido intentar averiguar si Fernández Alarcón fue una de las personas que comunicó a Calvente y la a ex jefa de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona las presuntas irregularidades que denunciaron, el primero en una denuncia formal y la segunda a través de sucesivas declaraciones, dando forma al caso ‘Neurona’.

Fuentes presentes en la comparecencia han indicado que el ex gerente ha negado que hablara con Calvente y Carmona, cuando los tres trabajaban en Podemos, para ponerles sobre la pista de esas supuestas ilegalidades, añadiendo además que, en el caso de que hubiera tenido conocimiento de las mismas, habría denunciado directamente, sin acudir antes al abogado y la jefa de ‘compliance’.

«Ha negado tajantemente que hubiera conocido que estuvieran haciendo algún tipo de irregularidad, ha negado básicamente todos los hechos que Calvente exponía en su denuncia», ha aseverado el abogado de Podemos. «No ha dejado matiz alguno», ha recalcado, para precisar que Fernández Alarcón ha manifestado que «en absoluto le dijo que Neurona era una irregularidad». Al parecer, ha testificado que no llegó a ver el contrato con la consultora política.

Ese contrato firmado por Podemos y Neurona por 363.000 euros para las elecciones generales de 2019 es el epicentro de la causa, ya que el juez Juan José Escalonilla sospecha que pudo ser un contrato simulado, es decir, que la empresa no hizo trabajo alguno para el partido, con la finalidad de desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.

MONEDERO Y LOS 26.000 EUROS

Sin embargo, hay otras líneas de investigación. El juez indaga también en la factura de 26.000 euros que el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero cobró de la matriz mexicana de Neurona para determinar si fue una comisión por poner en contacto al partido y la empresa para ese contrato electoral, algo que el ex dirigente ‘morado’ negó en su declaración ante Escalonilla el pasado 15 de marzo.

Sobre este punto, Fernández Alarcón ha aclarado que nunca le dijo a Calvente que Monedero hubiera ejercido de comisionista en ese negocio, contradiciendo de esta forma lo que el ex abogado de Podemos declaró ante el juez en la fase inicial de la instrucción. Tras ello, la defensa del profesor universitario ha pedido a Escalonilla que abriera otro caso para investigar al denunciante por falso testimonio, a lo que el instructor se ha negado en este momento procesal.

Fernández Alarcón habría desmentido igualmente que le dijera a Calvente: «José Manuel, están metiendo la mano en la caja y eso no lo podemos permitir», frase con la que, según el testimonio del denunciante, le habría querido alertar sobre un presunto desvío de fondos a través de las donaciones realizadas por la Casa de Solidaridad a organizaciones y movimientos populares afines al partido.

De acuerdo con el abogado de Podemos, el ex gerente ha comentado que «no era la relación que tenía con Calvente como para llegar a ese tipo de expresiones». «No es que no lo recordara, es que niega tajantemente que lo dijera», ha enfatizado.

Con todo, Vellé estima que «hoy ha sido un día clave» porque Fernández Alarcón se habría desmarcado de las versiones de Calvente y Carmona, lo que abocaría al archivo del caso. Vox, por contra, cree que el juez tendrá que requerir al ex gerente «mucha más documentación» de la que ya consta en la causa para «corroborar la versión de los denunciantes o de Podemos».

El vicesecretario de participación del Partido Popular, Jaime de Olano, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que solo pida la lealtad del PP ante la crisis en Ceuta, pero no ante el «ataque territorial» de Cataluña. Además, ha calificado de «tomadura de pelo» que el presidente del Gobierno se dedique a presentar la España de 2050″ y «no se ocupe de los problemas de 2021».

Jaime de Olano ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao, donde se ha reunido con el presidente de Cecobi, Pedro Campo, y, posteriormente con el Comité de dirección del PP de Bizkaia, encabezado por su presidenta, Raquel González, con la que ha comparecido.

En su intervención, Jaime de Olano ha aludido a la actual crisis económica que, «lejos de remitir, lo más probable es que los efectos se noten cada día más» en la vida de los ciudadanos, por lo que habrá que hacer «muchísimo hincapié» en este tema y también «estar al lado de la sociedad, dando esas batallas culturales, esa batalla ideológica frente a esos nacionalismos excluyentes, defendiendo la libertad en todos los rincones de España como hace siempre el PP».

El vicesecretario de Participación de esta formación ha asegurado que hay que seguir «abanderando esa bandera aquí y en el resto de España» porque, además de luchar contra los nacionalismos excluyentes, hay también una izquierda cada día más radicalizada, un PSOE que ha perdido ese nombre y hoy es el partido Sanchista».

A su juicio, se ve un PSOE «radicalizado» y sus socios de Gobierno y sus políticas demuestran que, en el día a día, «ha abandonado ese carácter de partido socialista» y el «adjetivo de progresista lo está perdiendo a pasos a pasos agigantados y se está escorando lamentablemente hacia la radicalidad».

CEUTA

Jaime de Olano ha añadido que resulta «curioso» que, cuando España sufre un ataque territorial, en su territorio, en Ceuta o en Melilla, el presidente, Pedro Sánchez, apele a la «lealtad» del PP y de su líder, Pablo Casado, pero sin embargo «cuando ese ataque territorial se produce en Cataluña resulta que lo producen los propios socios del señor Sánchez».

«Como bien le decía Casado el pasado miércoles los españoles, nuestro país y el presidente del Gobierno cuenta con la lealtad del PP frente a cualquier ataque a nuestra nación, ya sea interno o externo», ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que desearían que Sánchez fuera «mínimamente coherente» y que, «cuando esos mismos ataques a la unidad territorial de España se producen en Cataluña se ponga del lado de los que defienden a España y no se ponga como hace en la actualidad -y lleva haciendo desde hace dos años- del lado de aquellos que atacan esa unidad territorial porque son, en definitiva, sus socios, los que le mantienen en Moncloa».

«Nosotros decimos que lealtad, sí y por supuesto, pero coherencia también por su parte y que abandone esos partidos radicales y que definitivamente se una a los partidos constitucionalistas como somos nosotros, el PP, que nunca nos hemos movido de ese sitio».

CRISIS ECONÓMICA

Por otra parte, ha aludido a la reunión que también ha mantenido con la patronal del Comercio de Bizkaia, Cecobi, en la que han abordado diferentes asuntos con la actual crisis económica porque el pequeño comercio se siente «abandonado por este Gobierno» y son «muchas más las incertidumbres que se ciernen sobre ese sector que las certezas».

Jaime de Olano ha afirmado que Pedro Sánchez «no es capaz de acertar con unas previsiones económicas» para el trimestre actual pero «se permite el lujo de presentar con pompa y boato un proyecto para dentro de 30 años». A su juicio, es una «auténtica tomadura de pelo a todos los españoles y es inconcebible» que un presidente del Gobierno «no se ocupe de los problemas que hay en 2021 y se dedique a presentar la España de 2050».

«Le pediría al señor Sánchez que despierte de su sueño, que ponga los pies en la tierra, que baje a la calle, que escuche a los comerciantes, a los autónomos, a los empresarios y trabajadores todas las incertidumbres que tienen, que van desde los ERTEs, desde esas ayudas que no llegan de ninguna manera, desde esa subida de impuestos masivas que aventuran un verdadero infierno fiscal para los españoles y que tendrá consecuencia en el empleo y en el cierre de muchos negocios», ha añadido.

En relación a los ERTEs, ha señalado que se están negociando cada tres meses y no se da «seguridad jurídica» a empresarios y autónomos empleadores. Según ha apuntado, ahora se les quieren cambiar las condiciones de los ERTEs y «todo simple y llanamente para maquillar unas cifras que son indiscutibles y la realidad de que hay prácticamente seis millones de compatriotas que quieren trabajar y no pueden».

Jaime de Olano ha afirmado que eso es un «verdadero drama» del que el Gobierno Sánchez «no se está ocupando» porque «están más en el 2050 pero muy poco en 2021». «Incluso uno podría tener la tentación de pensar que Sánchez nos pretende convencer que, para llegar en buenas condiciones a 2050, lo que hay que hacer es arruinar a las empresas de 2021, achicharrar a impuestos a los autónomos de 2021 y empobrecer a la rentas medias de 2021 y enviar a las colas de la hambre a las rentas bajas de 2021, todo eso para llegar a ese ideal de 2050», ha apuntado.

A su juicio, todo es una «cortina de humo» para que los españoles «no hablen de la realidad que se vive hoy» y se debata «sobre qué ocurrirá en 2050». En este sentido, ha señalado que el PP quiere abordar la actual realidad y quiere estar «en la salida de esta crisis, en salvar empleos, empresas y en cuidar la salud».

El dirigente del PP también ha aludido a la actual crisis sanitaria que «parece que va remitiendo», aunque ha indicado que Euskadi «no está siendo ejemplo de una buena gestión sanitaria».

En este sentido, ha lamentado la «poca coherencia» del PNV que, después de «criticar enormemente a Pedro Sánchez por no haber dotado a las comunidades autónomas de una alternativa jurídica para tomar medidas frente a la pandemia, en el día de ayer le aprueban al señor Sánchez su plan para dejar atrás el estado de alarma sin plan jurídico alternativo que facilite a las comunidades autónomas tomar esas medidas»

«Por lo tanto dicen una cosa en público pero a la hora de la verdad en el Congreso de los Diputados siempre son la muleta de Pedro Sánchez», ha agregado.

NUEVA DIRECCIÓN DEL PP DE BIZKAIA

Olano también se ha referido a la nueva dirección del PP de Bizkaia y ha destacado que es «un equipo estupendo, que conjuga la experiencia con la ilusión y las ganas de trabajar» y el trabajo realizado está «dando sus frutos».

En este sentido, ha señalado que se están incrementando las afiliaciones en el PP de Bizkaia, lo que demuestra que el equipo de Raquel González «ha sabido conectar con la calle»

Por su parte, Raquel González ha explicado las diferentes responsabilidades de los nuevos miembros del comité de Dirección del PP de Bizkaia reunido hoy por primera vez y, sobre la situación dentro de la formación ante la existencia de un sector crítico, ha afirmado que puede que quede todavía «un pequeño remolino por algún sitio», pero, «en general las aguas vuelven a su cauce».

«Todos tenemos nuestros tiempos para reubicarnos en el sitio en el que queremos estar y la forma en la que queremos aportar al nuevo proyecto y yo estoy abierta a que todos los que vayan encontrando, poco a poco, su manera de aportar y de querer estar con nosotros, tengan un sitio en este partido», ha añadido.

Por último, ha criticado la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno vasco, que está «desnortado» y no está controlando la pandemia, sino que son los ciudadanos los que «están saliendo adelante».

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha actualizado el informe sobre las actuaciones urgentes y estructurales proyectadas para la recuperación del Mar Menor, del que se desprende que el número de expedientes sancionadores iniciados desde 2018 por uso privativo de aguas sin autorización asciende a 447 y la superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora a 3.507 hectáreas.

El informe de situación recoge los avances en la ejecución de la Hoja de Ruta, puesta en marcha en octubre de 2019 con el doble objetivo de frenar el deterioro de la laguna salada, única por su alto valor ecológico, y contribuir a la recuperación de su dinámica natural, informaron fuentes del MITECO en un comunicado.

En este sentido, el Ministerio ha anunciado que continúa trabajando en la preparación de un Programa Verde Integrado para la recuperación integral del Mar Menor que ordena, selecciona y prioriza las acciones a realizar.

La Hoja de Ruta identifica aquellas actuaciones inmediatas que permiten reducir los aportes de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas en origen y/o que contribuyen a evitar modificaciones de los ecosistemas litorales.

Estas actuaciones consisten en la vigilancia de las actividades que, o bien no tienen autorizaciones o derechos concesionales de uso de agua, o bien generan vertidos no autorizados, así como en la vigilancia y control del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).

AUMENTO DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN

Así, se han incrementado en varias áreas los efectivos dedicados a estas labores, lo que se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores. Estos expedientes se envían puntualmente a la Comunidad para su conocimiento, al efecto de que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias.

Desde hace unos meses también se comunican los del resto de la cuenca y los expedientes se trasladan a la Fiscalía Superior de la Región. En conjunto, se han remitido 161 expedientes sancionadores en toda la cuenca, de los que 129 se han trasladado también a la Comunidad.

En el entorno de la laguna, el número de expedientes sancionadores iniciados desde 2018 por uso privativo de aguas sin autorización –regadío en zonas sin derechos inscritos en el Registro de Aguas o regadío fuera del perímetro aprobado– es de 447.

La superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 3.507 hectáreas, mientras que la superficie denunciada, pero todavía sin resolución, es de 2.584. En 53 de esos 447 expedientes, la Comunidad ya ha comunicado que se inicia el proceso de restitución de cultivos.

Asimismo, los agentes medioambientales continúan las inspecciones en la cota 120 de la comunidad de regantes Campo de Cartagena, que tiene en riego 1.000 hectáreas más de las 11.220 autorizadas. Ya se ha revisado una superficie superior a las 13.865 hectáreas, de las que 11.560 (el 83%) dispone de sistema de riego.

En marzo de 2021, de la superficie obtenida por teledetección en 2019 –9.500 hectáreas iniciales con vegetación con aspecto de ser regada–, finalmente son 8.460, una vez eliminadas las superficies de cultivos de secano, montes y otras con vegetación, pero que no disponen de sistemas de riego, a lo que habría que incluir otras superficies de riego sin derechos que aparecen en las inspecciones visuales realizadas por el Servicio de Policía.

141 EXPEDIENTES POR VERTIDOS

Igualmente se ha potenciado la acción inspectora sobre los vertidos potencialmente contaminantes. También se ha redoblado el esfuerzo de inspección sobre las desalobradoras que no cuentan con autorización. En lo referente al control de vertidos, el número de expedientes sancionadores abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual a Dominio Público Hidráulico fue de 135. Desde principios de 2020 se han iniciado 141 expedientes adicionales por vertidos a cauce público.

Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor al cierre del año 2019 se elevaron a 93, lo que duplicaba la cifra de 2018. Se siguen desarrollando los trabajos de inspección de las desalobradoras ubicadas en Alicante.

Asimismo, se han precintado 192 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena y se han iniciado 91 expedientes sancionadores a las que no han realizado el mismo. Adicionalmente, los agentes medioambientales han informado de que 53 desalobradoras han sido retiradas o desmontadas, y se ha procedido al sellado de 97 sondeos.

ACUÍFERO DEL CAMPO DE CARTAGENA

La Hoja de Ruta recoge, por otro lado, la declaración el pasado julio del acuífero del Campo de Cartagena «en riesgo de no alcanzar el buen estado químico» por la elevada presencia de nitratos en su agua, lo que supone la activación de los trámites para que el organismo de cuenca elabore un plan de ordenación de esta masa de agua.

Además, el pasado octubre la Junta de Gobierno de la CHS ratificó las medidas cautelares adoptadas en julio y acordó la ampliación del perímetro de la zona afectada (4.218 hectáreas).

Para valorar la eficacia que supone la aplicación de las medidas cautelares se ha encargado a la Universidad Politécnica de Valencia la realización de los trabajos de asistencia técnica para la simulación de la evolución del contenido en nitratos de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena.

Por otra parte, se han incoado 6 expedientes de recuperación posesoria de los bienes de DPMT que estaban indebidamente ocupados, y 41 expedientes tendentes a determinar los derechos de los propietarios de ocupaciones existentes con anterioridad a la Ley de Costas. Se pretende determinar qué ocupaciones son ilegales, con la finalidad de proceder a su levantamiento.

SITUACIÓN DE LA NACRA

El pasado 23 de septiembre se reunió un Grupo de Trabajo coordinado por el MITECO para garantizar la protección de la especie en todo el litoral español. En la reunión se evaluó la situación global de la especie y las actuaciones urgentes que han de acometerse por parte de las distintas administraciones implicadas en su conservación. En espera de los resultados que pueda arrojar el informe del IEO, se realizará el balizamiento de las nacras supervivientes que se encuentran a escasa profundidad como primera medida preventiva.

El Gobierno de Murcia ha solicitado un proyecto a la convocatoria de 2021 del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO para especies en situación crítica, con el fin de realizar el seguimiento de la nacra en la laguna, reducir amenazas y colocar colectores larvarios, por un montante total de 194.000 euros y una financiación del 80% por parte del Fondo.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE SEDIMENTOS

Por otro lado, un estudio encargado por la CHS a la UPCT permitirá definir las actuaciones y medidas para reducir el riesgo de inundación de las áreas urbanas en el Campo de Cartagena, así como minimizar los sedimentos movilizados y arrastrados hacia el medio acuático receptor como consecuencia de las lluvias extremas.

El estudio se centrará en las zonas afectadas de Los Alcázares y San Javier, dejando para una siguiente fase el análisis de las demás zonas afectadas. Este estudio servirá para la preparación de un Plan de adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente al Mar Menor.

RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA Y FORESTAL DE CUENCAS MINERAS

Por otro lado, se ha elaborado, en colaboración con la UPCT, una propuesta de medidas para la restauración hidrológica y forestal de las cuencas mineras Ponce, Carrasquilla, Mendoza (Beal) y la rambla de Las Matildes, que vierten al Mar Menor. En breve se iniciarán los trabajos de contratación para la redacción de proyectos, con un presupuesto estimado de 29.905.240 de euros e incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

‘Crecer’ es el lema de la candidatura que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de cara a liderar Podemos en la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación y que presentará oficialmente este sábado en Valencia.

Un eslogan que resume, según destacan fuentes de su candidatura, su voluntad de ampliar el espacio político a múltiples niveles para esta nueva etapa. De esta forma, el lema alude a crecer en militantes, subir electoralmente, avanzar en la feminización del partido y sumar un equipo que combina destacados dirigentes del partido, cargos territoriales y nuevas voces del activismo y la sociedad civil.

En un vídeo dirigido a los inscritos en Vistalegre IV, Belarra explica que hace siete años dejó su trabajo de investigadora en la universidad pública para formar parte de Podemos y, ahora, sigue trabajando «con la misma energía del primer día» para que «cada persona de este país tenga una vida digna de tal nombre».

«Todo lo que hemos logrado estos años, pese a los obstáculos y las trabas que nos han ido poniendo, ha sido gracias a que nunca hemos olvidado ni por un segundo quienes somos, de donde venimos y a quien defendemos».

Transcurridos ya siete años desde el nacimientos de Podemos, Belarra ha subrayado que la formación morada encara una nueva etapa con «muchos retos por delante» que pueden «resumirse en una palabra, crecer».

«FEMINIZAR» UN PODEMOS «MÁS CORAL»

Y para crecer, la aspirante a relevar a Iglesias ha enumerado tres tareas fundamentales a las que quiere dedicar «con toda su energía»: «feminizar» los liderazgos Podemos, que estos sean «más corales» y dar protagonismo a la militancia.

«Creo que es la hora de las y los militantes de Podemos, sois el corazón de este proyecto. Adelante compañeros, a crecer para seguir transformando este país porque sí se puede», ha destacado Belarra.

«EL MEJOR MOMENTO PARA AVANZAR»

Fuentes de la candidatura de Belarra han explicado que el lema parte de la convicción de que Podemos se encuentra «en el mejor momento para avanzar y ampliar el espacio político».

Sobre todo desde la actual «estabilidad», su «experiencia parlamentaria» y su condición de «fuerza de gobierno» en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Ejecutivo estatal de coalición.

Y es que en el equipo de la candidatura de Belarra reivindican que ese «peso político» hace que Podemos sea «la mayor fuerza del cambio en toda la Unión Europea.

Además, la principal aspirante a liderar Podemos quiere plasmar ese crecimiento en múltiples dimensiones, al incluir «más voces», gestar un liderazgo coral y aumentar también el número de militantes para robustecer la organización en cada territorio.

«Y por supuesto, crecer también electoralmente, hasta convertirnos en la fuerza política que consiga hacer a (la vicepresidenta tercera) Yolanda Díaz la primera presidenta del Gobierno de España», enfatizan desde la candidatura.

Otro factor para esta nueva etapa será consolidar la relación con la sociedad civil y continuar reflejando que la «esencia» de Podemos es la «defensa de la justicia social, del feminismo, de la ecología, de la lucha de los de abajo. Para ello, la candidatura abandera la apertura a «todos los sectores de la sociedad que necesitan una voz».

CARGOS DESTACADOS, DIRIGENTES TERRITORIALES Y NUEVAS VOCES

La candidatura de Belarra agrupa a destacados dirigentes como la ministra de Igualdad, Irene Montero, la eurodiputada Idioa Villanueva, la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, así como los coportavoces de la formación morada, Rafa Mayoral e Isa Serra, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique y miembros de la Ejecutiva como el también secretario de Estado, Nacho Álvarez, o Ángela Rodríguez Pam (Secretaria de Derechos LGTBI del partido), entre otros.

También suma a dirigentes territoriales como la líder de los ‘comunes’ en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach, la portavoz parlamentaria en las Cortes Valencianas, Pilar Lima, y la consejera del Gobierno canario Noemi Santana y los dirigentes autonómicos Irene de Miguel (Extremadura), Maru Díaz (Aragón), Jesús Santos (Madrid) o Javier Sánchez Serna (Murcia). Con ello, la candidatura busca dar «protagonismo colectivo» a las diferentes regiones y representar a «una España que es mucho más que Madrid».

Además se nutre de activistas como Serigne Mbaye o Alejandra y las incorporaciones de la sociedad civil como la actriz María Botto o el exatleta Roberto Sotomayor, «que dan un paso adelante y demuestran su compromiso con este proyecto».

«Un equipo que conjuga la experiencia institucional de estos años con experiencia en el afuera y que pone en valor, además, la pluralidad territorial de nuestro país», concluyen dichas fuentes.

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) reclama una mayor participación de los veterinarios en la gestión de los espacios naturales y la fauna silvestre y recuerda que el medio ambiente es uno de los pilares del modelo One Health y dada la interrelación entre ganadería y especies silvestres en ecosistemas como la dehesa.

El colectivo veterinario pide que se potencien los equipos multidisciplinares en los departamentos de Medio Ambiente de las comunidades autónomas, con veterinarios que trabajen junto con biólogos e ingenieros de montes para abordar las cuestiones sanitarias.

El presidente de la OCV, Luis Alberto Calvo, ha denunciado que solo un escaso porcentaje de veterinarios se dedica profesionalmente a la gestión de espacios naturales de valor con distinto grado de protección, por lo anuncia que el colectivo va a emprender una labor institucional que aúne esfuerzos para lograr una «mayor presencia de compañeros en este ámbito».

El primero de estos esfuerzos ha sido la elaboración de un documento con información sobre la gran biodiversidad existente en España por su situación y orografía, con seis biorregiones según el tipo de paisaje predominante, y la necesidad de conservar ecosistemas, especies y variedad genética de estas últimas.

En total, de acuerdo con este documento, España posee 174 especies de mamíferos, 643 de aves, 39 de anfibios y 104 de reptiles, y se destaca, desde el punto de vista sanitario, que la fauna silvestre es relevante por su posible actuación como reservorio de enfermedades zoonósicas y de nuevos patógenos (enfermedades emergentes), en muchos casos compartidos con los animales de producción.

Por otro lado, el documneto redactado por un grupo de trabajo creado al efecto por la organización profesional recuerda la existencia de un plan sanitario de vigilancia sanitaria en fauna silvestre, desarrollado por el MAPA sobre especies cinegéticas como suidos, cérvidos, bóvidos, carnívoros y lagomorfos.

En ese sentido, destaca la «utilidad» de los planes técnicos de caza, en los que crece la relevancia de los aspectos sanitarios. En ese ámbito subraya que es oportuno elaborar planes de bioseguridad comunes pata explotaciones ganaderas y cinegéticas y en las dehesas.

Del mismo modo, defienden una mayor presencia de veterinarios en los departamentos de Medio Ambiente de las comunidades autónomas, para trabajar en equipos multidisciplinares junto a biólogos, ingenieros de montes y forestales; zoológicos; consultorías; programas de educación ambiental y en planes de salvamento de animales ante desastres naturales.

Por otro lado, pretenden fomentar la colaboración con el Seprona, la lucha contra el comercio ilegal de especies, así como el acceso progresivo a puestos de la Administración relacionados con la gestión de espacios naturales.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, no tiene constancia de que el líder del Frente Polisario Brahim Ghali haya entrado en España bajo la identidad falsa de Mohamed Bembatouche, y tampoco tiene previsto indagar en ese asunto dado que considera que no es de su competencia, según explican fuentes jurídicas.

En todo caso, este asunto podría acabar en los juzgados de La Rioja, ya que el Hospital de San Millán-San Pedro, donde fue ingresado el 18 de abril, está en Logroño, o en algún juzgado de Aragón, dado que fue enviado en ambulancia desde Zaragoza.

Así, dependiendo de la evolución del polémico ‘paciente Covid’, que ha generado una crisis diplomática entre Marruecos y España que ha derivado en una crisis migratoria en la frontera de Ceuta, Pedraz espera tomarle declaración el martes 1 de junio a las 10.30 horas «de su mañana» para que responda como investigado por la querella del activista saharaui Fadel Breica.

Las mismas fuentes consultadas indican que es probable que ese mismo día se le notifique la segunda querella, la de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) –que le acusa de genocidio– y el propio Ghali deberá decidir si responde sobre estos hechos ese mismo día o se le cita para más adelante. Es de suponer que una vez le notifiquen la querella, la defensa del líder del Polisario necesite unos días para estudiar el asunto.

Lo que parece inamovible es la decisión del juez de no adoptar medidas cautelares, como la de prisión, para asegurar que Ghali comparezca el 1 de junio, a pesar de las peticiones de los querellantes, dado que tras escuchar al fiscal del caso, Pedro Martínez Torrijos, esas medidas no son necesarias «a la vista de su estado de salud» y teniendo en cuenta que «no hay indicios claros de su participación en las conductas recogidas en la querella» de ASADEDH.

LA ENTRADA DE GHALI

Este mismo viernes el Gobierno español aclaraba que Ghali no llegó a España con pasaporte falso aunque sí utilizó otra identidad en el hospital de Logroño donde permanece ingresado. Y esta aseveración del Ejecutivo casa con el informe que redactaron el inspector y dos agentes adscritos a la Comisaría General de Información (CGI) que se desplazaron «de urgencia» al hospital el 4 de mayo.

En su informe, explicaban que en entrevista confidencial con el médico responsable de cuidados intensivos averiguaron que el paciente Mohamed Benbatouche ingresó en el centro el 18 de abril a las 22.48 horas proveniente de Zaragoza en ambulancia medicalizada del Servicio de Salud de Aragón e iba acompañado de dos personas.

Una, dice el informe, es un médico extranjero –«probablemente de nacionalidad argelina»–, y el otro es un familiar –sin más señas–. Los agentes reflejan que el doctor extranjero aportó un informe médico del paciente emitido por un tal «doctor Mohamed Seghir Nekkache, del hospital de L’Armee de Argel». Pero los agentes aparentemente cometen un error al atribuir el informe a Nekkache, dado que ése sería el nombre del centro hospitalario donde fue tratado Ghali en Argel.

No obstante, los agentes del CGI recogen que el informe médico argelino apunta en esencia que se trata de un paciente covid con severas complicaciones respiratorias, y ellos plasman en sus notas que «en efecto su estado es muy grave e ingresa en la UCI por una neumonía bilateral complicada por una polineuropatía que le impide respirar por sí mismo».

Sobre la identidad del individuo hospitalizado, ese 5 de mayo los agentes anotan que el responsable del servicio del hospital «asegura sin ningún género de dudas que Mohamed Benbatouche es Brahim Ghali». De hecho les invita a que hagan una comprobación visual pero los funcionarios policiales declinan el ofrecimiento por considerarlo innecesario dado que el paciente está crítico.

LOS ANEXOS DEL INFORME: ABDELLA O BENBATOUCHE

Con todo, apuntan que los médicos ven que Ghali mejora y que para el 16 de mayo podría recibir el alta hospitalaria. A su informe de ese 5 de mayo los agentes incorporaron una serie de anexos, entre los que está la ficha de registro en el hospital de Logroño.

Ahí se puede leer que el paciente es Mohamed Benbatouche, que nació el 19 de septiembre de 1950 y que su nacionalidad es desconocida. Un informe médico del hospital San Millán-San Pedro de fecha de 4 de mayo explica que evoluciona bien porque el día anterior fue extubado, pero avisan de que aun no es capaz de deglutir y se desorienta por momentos.

Ese diagnóstico es más favorable que el que emitió semanas antes en el hospital militar argelino, ya que el 17 de abril realizan un informe sobre un paciente denominado Mohamed Abdella, que nació el 12 de febrero de 1950, y en el que indican que su estado de salud se agrava rápidamente por Covid-19.

Dado que esos informes médicos hablan de Mohamed Abdella y no de Mohamed Benbatouche, todo apunta a que Ghali habría usado una segunda identidad distinta a la usada en España para ingresar en Argelia.

EL INFORME DEL 11 DE MAYO

Con todo, el pasado 11 de mayo, agentes de la CGI volvieron a acercarse al hospital de Logroño y entonces ya sí pudieron hablar con Ghali, le notificaron que el 1 de junio tenía que ir a la Audiencia Nacional y éste «entendió sin ningún género de dudas el contenido de la citación».

No obstante se negó a firmar el recibí de la citación aduciendo que quería contactar antes con la embajada argelina y con personas de su confianza antes de hacerlo. Además solicitó que se le entregara al doctor extranjero que le acompaña a diario en al UCI –doctor que el agente en su informe vuelve a confundir con el nombre del hospital argelino Mohamed Nekkache–.

La embajada palestina en España ha reclamado este viernes a la comunidad internacional que «trabaje desde hoy» para «poner fin a la ocupación israelí», horas después de la entrada en vigor de un alto el fuego tras los combates de los últimos once días en la Franja de Gaza.

La misión diplomática palestina ha denunciado que los palestinos hacen frente «a un genocidio y terrorismo de Estado por parte de la ocupación militar israelí», antes de dar las gracias a los países que trabajaron «para frenar la agresión» israelí, «especialmente en Gaza».

«Esperamos que la comunidad internacional trabaje desde hoy para tratar las raíces del conflicto y poner fin a la ocupación israelí de nuestra tierra y permita a nuestro pueblo ejercer sus derechos de autodeterminación», ha sostenido en un comunicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el objetivo debe ser «construir un Estado democrático en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital» tras un proceso fundamentado «en el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU.

La legación diplomática palestina ha reclamado además «resolver el problema de los refugiados en virtud de la legalidad internacional y en especial la resolución 194 de 1048 de la Asamblea General de la ONU».

Por otra parte, ha abogado por «desmantelar el apartheid, cesar la sangría y que todos los actores trabajen para conseguir la armonía de las personas de la región, independientemente de su etnia, nación o religión».

«Es hora. Basta de ocupación y agresión, basta de asentamientos y trabajemos para el futuro de nuestros hijos y volver a traer la paz y la justicia a nuestra tierra, Palestina, Tierra Santa, tierra de Jesucristo», ha remachado.

La última escalada bélica estalló el 10 de mayo después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) disparara varios proyectiles, un día después de que agentes israelíes irrumpieran en la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, e hirieran a cientos de fieles en pleno Ramadán.

Los incidentes en la mezquita llegaron además tras varios días de represión de las manifestaciones contra las órdenes de desahucio en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, que se saldaron con cientos de palestinos heridos, y después del aplazamiento de las legislativas palestinas por la negativa de Israel a permitir el voto en esta zona de la ciudad.

La campaña de bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, iniciada el 10 de mayo y que ha concluido tras la entrada en vigor de un alto el fuego, ha dejado al menos 240 palestinos muertos, entre ellos 66 niños, según lo datos de las autoridades gazacíes.

En Israel han muerto doce personas, entre ellas una mujer india y dos hombres tailandeses, balance al que hay que sumar a cerca de 30 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes durante las últimas manifestaciones en Cisjordania.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso una iniciativa en la que plantea al Gobierno la elaboración de un Plan que permita revertir la despoblación a través de la deslocalización de organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado de nueva creación a las provincias más afectadas por el éxodo rural.

Los de Inés Arrimadas han hecho este planteamiento a través de una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Política Territorial del Congreso y, con esta iniciativa, pretenden que el Gobierno diseñe este plan en coordinación con las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas.

Asimismo, piden modificar el decreto actual de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para impulsar una mejora de los derechos económicos y laborales de los funcionarios que estén desempeñando su trabajo en una provincia afectada por el éxodo rural.

De este modo, proponen establecer un complemento territorial específico para los funcionarios que estén trabajando en una de estas provincias y aumentar a siete días el permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirurgica que precise de reposo, de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad cuando el suceso se produzca en una provincia distinta a la que se encuentra el puesto de trabajo.

Para estos sucesos de un familiar del segundo grado de consanguinidad plantean un aumento de seis días en el permiso, y también ampliar a dos meses el permiso para atender el cuidado de un familiar de primer grado cuando este resida en una provincia distinta.

DESCENTRALIZAR LAS OPOSICIONES

Otro de los puntos que recoge el texto de la iniciativa de Ciudadanos es en el que plantean la reforma del sistema de exámenes para el acceso a la función pública facilitando que se puedan realizar de forma descentralizada en todo el territorio.

También piden alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas para facilitar el acceso a los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia a los familiares a cargo de los funcionarios de carrera y del personal laboral al servicio de la Administración General del Estado que decida trasladarse a un puesto de trabajo en una provincia afectada por el éxodo rural.

Por último, quieren aumentar el número de plazas destinadas a funcionarios en prácticas en la Administración Periférica del Estado y se encuentran ubicadas en provincias afectadas por el éxodo rural, así como impulsar una campaña informativa específica para captar talento en la Administración Central entre aquellas personas que residen en zonas afectadas por el éxodo rural.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo establece –en su respuesta al recurso del Gobierno de Canarias tras la no ratificación del cierre perimetral de las islas por alta incidencia de covid– que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 puede ofrecer cobertura a limitaciones puntuales de derechos de los ciudadanos, pero siempre que la Administración autonómica justifique razonablemente sus medidas.

Así lo hace en una de las primeras respuestas que ha dado a conocer este viernes y que estrenaban el nuevo recurso de casación creado por el Gobierno respecto a las medidas que pueden adoptar los diferentes territorios una vez se levantó el estado de alarma el pasado día 9.

En otras resoluciones, referidas al cierre perimetral de Montefrío (Granada), el alto tribunal ha evitado pronunciarse amparándose en una decisión «improcedente de la Junta de Andalucía, por publicar en el Boletín Oficial nuevas órdenes tras no ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia las primeras en las que dejaba sin efecto el confinamiento. Dice que las medidas sanitarias no ratificadas judicialmente «no son aplicables» y fue innecesario que la Junta las dejara luego expresamente «sin efecto».

Sobre lo que el Tribunal Supremo no se pronuncia expresamente en ninguna de las cuatro resoluciones conocidas hasta el momento es sobre el establecimiento de límites generales a estas medidas, más allá de ratificar como «razonable» la valoración realizada por el TSJ Canario que rechazó el cierre perimetral de un territorio tan amplio como es una isla. Tampoco hay un pronunciamiento sobre un eventual ‘plan b’ o necesidad de una ley orgánica que preste seguridad jurídica a las restricciones que puedan realizarse en el futuro, una cuestión que no ha sido planteada en estos términos en el debate jurídico.

RESPUESTA PARA CANARIAS

En respuesta al recurso del Gobierno Canario, la Sala Tercera (de lo Contencioso) de Supremo ha desestimado el recurso contra la decisión judicial que denegó el cierre perimetral en las islas que se encuentren en niveles de alerta 3 y 4.

Considera que el control efectuado por la Sala de Santa Cruz de Tenerife en este caso no es contradictorio con el realizado por otras Salas territoriales porque no consta que las circunstancias contempladas por ellas sean las mismas que las de las Islas Canarias.

En su resolución, el alto tribunal añade que la decisión del TSJ canario se ajusta a los parámetros de ratificación de una decisión de estas características, pues se comprobó «razonadamente la insuficiencia de la motivación ofrecida para justificar la limitación y la inconsistencia de la medida con las excepciones previstas».

CÓMO SE DEBE CONTROLAR

Así, el control judicial efectuado en el procedimiento de ratificación ha de contener estos parámetros: comprobación de que la Administración que pide la ratificación es la competente para adoptar las medidas a ratificar; invocar los anteriores preceptos legales u otros que le confieran habilitación; identificar con suficiente claridad el peligro grave para la salud pública derivado de una enfermedadtransmisible que es preciso conjurar para preservar el derecho a la salud y a la vida y establecer debidamente la extensión de ese riesgo desde el punto de vista subjetivo, espacial y temporal; además de justificar que no se dispone de otros medios menos agresivos.

También se debe valorar por los TSJ que los medios propuestos propuestos son idóneos y proporcionados a tal fin. Sobre esos presupuestos, y si dicha justificación es suficiente y si la limitación pretendida es «efectivamente idónea, necesaria y proporcionada».

Igualmente responde el Supremo al Gobierno canario que las medidas sometidas a ratificación no pueden ser aplicadas antes de haberlas obtenido, y que la ratificación no suple la imprescindible habilitación legal. Por otra parte, resuelve que ratificación no impide a los afectados por ellas recurrir las disposiciones o actos que prevean las medidas, ni predetermina la suerte de sus recursos porque el pronunciamiento judicial que conduce a la ratificación se limita al control de los aspectos externos y reglados de la actuación administrativa y al examen preliminar de su proporcionalidad.

En el plano de técnica jurídica, el Supremo también apunta que artículo tercero de la Ley Orgánica 3/1986 ha de interpretarse conjuntamente con los artículos 26 de la Ley 14/1986 y 54 de la Ley 33/2011 y, así entendido, autoriza limitaciones puntuales de la libertad de circulación siempre que se cumplan unos requisitos.

REQUISITOS PARA APLICAR LA LEY SANITARIA

Estos son, que se acredite la existencia de una enfermedad transmisible grave que ponga en peligro la salud y la vida de las personas; que se justifique que esa limitación es imprescindible para impedir dicha transmisión por no haber otros medios eficaces para lograrlo; determine en función del número de enfermos y de su localización la extensión subjetiva y territorial de la limitación; y fije fundadamente el tiempo indispensable en que ha de mantenerse la limitación para impedir la difusión de la enfermedad.

Por otra parte, el alto tribunal ha rechazado por pérdida de objeto los recursos de casación presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que denegaron el confinamiento del municipio de Montefrío (Granada). En su auto, el tribunal explica que las medidas sanitarias aún no ratificadas judicialmente «no despliegan efectos ni son aplicables» y por ello rechaza pronunciarse sobre el fondo de este este asunto.

Los autos del TSJ de Andalucía recurridos -de 10 y de 14 de mayo- denegaron la ratificación solicitada fundamentalmente por entender que las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de Andalucía en las Órdenes de 7 y 12 de mayo de 2021 restringen determinados derechos fundamentales cuyo desarrollo está constitucionalmente sometido a reserva de ley orgánica.

Tras el pronunciamiento del TSJ, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó nuevas Órdenes en las que dejaba sin efecto el confinamiento por no haber sido ratificado judicialmente.

ERROR EN GRANADA

Según el Supremo, si la ratificación judicial es denegada, no es preciso que la Administración acuerde «dejar sin efecto» el acto que recogía las medidas sanitarias, «pues se trata de un acto que nunca ha sido legalmente eficaz».

Otra cosa, según la Sala, es que la Administración «pueda -o incluso deba- dar publicidad a la denegación de ratificación judicial de las medidas sanitarias, especialmente en el supuesto de que previamente éstas hubieran tenido alguna clase de publicidad oficial».

Así, reprocha a la Junta que se pretenda que se fije doctrina sobre una norma que la Comunidad Autónoma ha dejado sin efecto sin comunicarlo al Tribunal Supremo que ha conocido tal actuación por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como veremos a continuación, ya que tampoco la letrada de la Administración autonómica ha puesto tal información en conocimiento de este Tribunal Supremo.

Una vez sentado lo anterior, la Sala aclara que las Órdenes de 7 y 12 de mayo que acordaban el confinamiento de Montefrío, a las que se refieren los autos recurridos, nunca pudieron surtir legalmente efectos y, por consiguiente, era improcedente que la Junta de Andalucía dictase nuevas Órdenes dejando expresamente aquellas sin efecto. Además, recuerda que «no es función de los jueces y tribunales contencioso-administrativos ejercer una función consultiva».

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este viernes, coincidiendo con la investidura de Peré Aragonès como presidente de la Generalitat, que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es «rehén» de unos socios que quieren «hacer añicos» la Constitución y la soberanía nacional. Dicho esto, le ha instado a «romper» los acuerdos que mantiene con los independentistas «si de verdad quiere tanto a España».

«Emplazamos a Pedro Sánchez, a que si de verdad quiere tanto a España y le interesan tanto los intereses españoles, que rompa hoy mismo acuerdos que mantiene con todas las formaciones independentistas, también en Cataluña. Esa sería la prueba del algodón de que está con el interés general y no con el interés de sus socios, con tal de seguir en La Moncloa», ha manifestado.

Así se ha pronunciado Montesinos, en su visita al pabellón de Andalucía en la feria de Fitur que se celebra en IFEMA Madrid coincidiendo con el debate de investidura de Aragonès, quien ha sido investido este viernes como 132 presidente de la Generalitat, con 74 votos de los republicanos, Junts y la CUP, y 61 votos en contra del PSC-Units, Vox, los comuns, Cs y el PP.

CATALUÑA, UNO DE LOS ASUNTOS DEL DEBATE DE LA NACIÓN

El responsable de Comunicación del PP ha urgido de nuevo al jefe del Ejecutivo a convocar ya el Debate sobre el estado de la Nación en el Pleno del Congreso. «Sánchez tiene que dar la cara», ha proclamado, para añadir que debe celebrarse ese debate «sin más demora».

A su entender, los españoles requieren ese debate de política general para «abordar cuestiones capitales del país», dejando «la propaganda del futuro» para hablar de del presente y de los problemas actuales de los ciudadanos.

Montesinos ha señalado que uno de los asuntos de ese debate será la situación de Cataluña porque han asistido en el Parlamento de Cataluña a un debate de investidura que ha evidenciado que Pedro Sánchez es «rehén de unos socios que dicen abiertamente que quieren hacer añicos la Constitución, la igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional».

«EL TIEMPO DE SÁNCHEZ ESTÁ AGOTADO»

El vicesecretario de Comuniación del PP ha acusado al presidente del Gobierno de estar en una «huída hacia adelante» porque sabe que «la cuenta atrás ha comenzado y tiene los días contados» en el Palacio de la Moncloa.

«Ayer vimos toneladas de propagada y de humo, pero no vimos propuestas concretas para los problemas de hoy de los españoles, para los problemas reales», se ha quejado, en alusión al Plan 2050 presentado por Pedro Sánchez.

Según Montesinos, «el tiempo de Pedro Sánchez está agotado» y ha empezado «el tic tac» que «escucha él mismo». «Enfrente está la alternativa de Pablo Casado y del PP, la alternativa del cambio tranquilo que como están constatando todas las encuesta va a llegar en cuanto decidan convocar elecciones», ha finalizado.

El nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha comprometido este viernes a ejercer el cargo con humildad y con determinación democrática, concluyendo su discurso tras ser investido en el cargo con el grito de «Viva Cataluña libre».

«Me comprometo a ejercer el cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña con toda la humildad personal pero con toda la ambición colectiva. Con mano tendida y con determinación democrática, con espíritu de servicio y con valores republicanos. Siempre al servicio de la ciudadanía de Cataluña. Visca Catalunya lliure», ha manifestado.

Tras ser proclamado presidente, Aragonès ha saludado a los líderes parlamentarios de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que en ese momento ha abandonado el hemiciclo, y después de su intervención ha sonado ‘Els segadors’, el himno de Cataluña.

«Es un honor y una gran responsabilidad la que siento sobre mis espaldas. Trabajaré para ejercer responsabilidad con la honorabilidad que requiere este cargo, gobernando para todo el mundo y poniendo siempre por delante el servicio a la ciudadanía de Cataluña», ha dicho al comenzar su discurso.

Aragonès ha mencionado a Junqueras, con quien se comprometieron «en este proyecto político de servir a la gente, de trabajar por la libertad de este país hace aproximadamente unos 17 años».

«Desde entonces hemos participado conjuntamente en muchos ámbitos, muchas campañas y movilizaciones», y le ha agradecido la confianza, el apoyo, el compromiso y el aprendizaje.

Además, se ha referido a Pere Horta, que fue primer concejal de ERC en Pineda de Mar (Barcelona) –el pueblo natal de Aragonès– tras la restauración de la democracia, que murió hace tres años: «Probablemente sin saberlo y probablemente inconscientemente fue para mí hace muchos años un referente político y personal», y ha asegurado que encarnaba los valores republicanos.

Aragonès ha terminado la intervención citando el fragmento de un poema de Salvador Espriu: «Si te llaman a guiar un breve momento del milenario paso de las generaciones, aparta el oro, el sueño y el nombre. También la hinchazón vacía de los motes, la vergüenza del vientre y los honores».

Un juzgado ha abierto diligencias contra la directora de la residencia DomusVi Chantada (Lugo), Petri Rodríguez, a raíz de una denuncia presentada ante la Guardia Civil por el presidente de la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias de Galicia (REDE), Paulino Campos, por supuestas «agresión, amenazas y coacciones» a uno de los usuarios.

En concreto, según confirman fuentes judiciales, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Chantada emitió el miércoles una resolución a través de la cual «ha iniciado el procedimiento penal para la investigación de los hechos» recogidos en la denuncia, una vez recibido el atestado por parte del Instituto Armado.

Esta denuncia fue interpuesta el sábado 15 de mayo por el presidente de REDE –en calidad de «amigo» del anciano supuestamente agredido– y por otra persona por unos hechos que la empresa niega.

Según consta en el escrito de denuncia, el primero de los episodios relatados data del pasado 7 de mayo, cuando la directora del centro entró en la habitación de este usuario «con un tono de voz muy alto, exaltado y agitado».

De hecho, Petri Rodríguez le reprochaba haberse «comunicado con el exterior» para denunciar que –recoge la denuncia– los 200 mayores de la residencia llevaban días «en confinamiento ilegal» por un brote de covid que afectaba a menos de una decena de personas y del que ahora ya no quedan casos.

Así pues, en ese momento, el anciano fue «empujado y arrinconado contra la pared» por la directora «en un claro acto de agresión física», mientras él le instó a «terminar inmediatamente la acción violenta y a que se pusiera a una distancia mínima de un metro como corresponde a las medidas de seguridad y prevención» ante la covid.

Según la denuncia del presidente de REDE, las 200 personas que viven en DomusVi Chantada «fueron liberadas del confinamiento» al día siguiente, cuando el supuestamente agredido «tenía la intención de denunciar» los hechos ante la Guardia Civil, algo que «no pudo llevar a cabo por los impedimentos mostrados por la residencia para poder salir de sus instalaciones.

UN TELÉFONO «INUTILIZADO»

A mayores, el escrito presentado señala cómo el pasado miércoles, 12 de mayo, a este usuario «le fue inutilizado (bloqueado) el teléfono». Así, tuvo que pedirle el terminal a un compañero del centro para llamar a Paulino Campos, a quien le aseguró que sus hijos «habían decidido bloquearle el teléfono a petición de la directora de DomusVi Chantada con amenazas y coacciones», al tiempo que solicitaba «ayuda» para que el supuesto episodio de agresiones fuese puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

Asimismo, la denuncia asegura que este usuario, que confesó estar dispuesto a llegar «hasta donde haga falta» para esclarecer los hechos, ya había sido agredido en otra ocasión «por un residente con las facultades perturbadas» sin que la dirección del geriátrico «tomase medidas preventivas» posteriormente.

«Por todo esto, se siente amenazado y perseguido, por lo que solicita la acción de la justicia, así como que se abra la posibilidad de un traslado de residencia en vista de los acontecimientos violentos recurrentes contra él y las libertades fundamentales (entre ellas las de libertad de expresión) por las que debería estar amparado», concluye el escrito.

DOMUSVI NIEGA LOS HECHOS

Tras la presentación de la denuncia ante la Guardia Civil y la apertura de diligencias, DomusVi ha emitido un comunicado en el que asegura que los hechos de los que se le acusa a Petri Rodríguez «son totalmente infundados, distorsionados y no responden a la realidad». «DomusVi Chantada y todo su equipo de dirección se reafirma en su postura y condena por completo el uso indebido de información no veraz en beneficio de terceros», recalca.

Además, la compañía destaca que «cuenta con el total apoyo» de los familiares del usuario supuestamente agredido, ya que no están de acuerdo con la interposición de esta denuncia y «no dudan de la buena gestión realizada por parte de los empleados y la propia dirección» –versa el comunicado–.

No en vano, DomusVi avanza que valorará emprender acciones legales frente a «las graves calumnias que ponen en entredicho la ética profesional» de la directora del centro de Chantada, quien de hecho «está a disposición de cualquier investigación que se lleve a cabo en torno a dichas acusaciones, con el fin de defender su inocencia».

La empresa también asegura que durante el brote de covid, superado hace casi una semana, «únicamente los residentes y empleados positivos estuvieron confinados en sus habitaciones y domicilios». Asimismo, niega haber requisado el teléfono móvil u ordenador «de ningún residente», por lo que insiste en la falsedad de las acusaciones que relata la denuncia.

En cualquier caso, el juzgado ha abierto diligencias para iniciar la investigación de los hechos, después de haber recibido el atestado con las declaraciones tomadas a los implicados y a la familia por parte de la Guardia Civil.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que, tras la reunión celebrada este viernes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se pondrá en marcha un Plan para la Mejora y Modernización de las herramientas y acciones que tienen las administraciones para la protección y atención de las víctimas de esta lacra.

Esta reunión se ha celebrado tras la convocatoria de urgencia que, este jueves realizó la ministra tras los últimos asesinatos por violencia machista, que dejaron cinco víctimas en tres días, y, especialmente, por dos de los últimos sucesos en los que las mujeres asesinadas habían denunciado a su agresor.

Estos sucesos, ha indicado la ministra, sumados «al discurso negacionista» de la violencia contra las mujeres que «por desgracia están también presentes en las instituciones» y «son emitidos por parte de representantes públicos de la ciudadanía», sitúan al país en «un escenario de alerta machista».

Frente a esta situación, el Pacto de Estado ha decidido impulsar un Plan de Mejora y Modernización de las herramientas y acciones con las que cuentan para atender a estas mujeres y este Plan comienza con «una fase de diagnóstico» de cada ámbito competencial.

Los actores implicados deberán entregar un informe, en un plazo de una semana, con un análisis de su situación y sobre los elementos concretos que piensan que pueden estar fallando.

IR «AL DETALLE»

Tal y como ha indicado la ministra, el objetivo es que esta primera fase se complete en un tiempo «lo más breve posible» para «poder pasar a una siguiente fase de evaluación».

En su intervención ha reconocido que el objetivo es ir «al detalle» de las diferentes heramientas y protocolos existentes en esta materia y que, en algunos casos no se han actualizado «desde antes» de que se firmara y aprobara el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La ministra ha destacado la disposición de los participantes en la reunión del Pacto, en la que ha estado presente la FEMP, representantes del Observatorio contra la Violencia contra la Mujer, las presidentas de las comisiones del ramo en el Congreso y el Senado, así como los portavoces de los grupos parlamentarios en las mismas, y representantes de otros departamentos del Gobierno, entre otros, a trabajar en esta materia.

«Esta reunión es la prueba fehaciente de que este Pacto funciona, es útil y, de que no solo está vivo, sino que es más necesario que nunca», ha declarado la ministra.

UN MENSAJE A LA SOCIEDAD Y A LAS MUJERES

La titular de Igualdad ha indicado que esta reunión es un mensaje a la sociedad para «reconocer» que, pese a las herramientas desplegadas en la lucha contra la violencia de género, ni se ha «llegado a tiempo» a los casos de las mujeres asesinadas; y también un mensaje para las mujeres sobre el «compromiso de las instituciones para erradicar» esta lacra y decirles que «no están solas».

«Este país está comprometido con las violencias», ha insistido, para indicar que la necesidad del Pacto no tiene que ver solo con los asesinatos, sino también con la aparición de los discursos negacionistas que, ha indicado, se están realizando desde las instituciones.