La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el edil en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Esteban Tettamanti, y el militante crítico Fernando Barredo se perfilan como candidatos oficiales a liderar Podemos en la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación.

Los tres, según se recoge en la web del partido, han cumplido el trámite de reunir al menos 500 avales requeridos en este proceso asambleario para formalizar sus respectivas candidaturas.

También están en disposición de completar, como ya apuntaron desde sus candidaturas, los otros dos requisitos exigidos en el reglamento de la cuarta Asamblea Ciudadana para formalizar su candidatura: la presentación de documentos (la propuesta política y organizativa para el partido) y tener una lista para el Consejo Ciudadano Estatal vinculada como equipo.

Otros dos precandidatos, Emilio García Palacios y Rafael Garde, también figuran en el umbral de los 500 apoyos de inscritos o próximos a esa cifra, y deberán confirmar también si cuentan con lista asociada y documentos que someter al debate de la militancia, que deben registrarse hoy.

El comité electoral de la cuarta Asamblea Ciudadana evaluará si las candidaturas han completado esos tres pasos, dado que este jueves ya se publicarán los equipos que acompañan a los candidatos.

BELARRA, CLARA FAVORITA

La ministra de Derechos Sociales parte como clara favorita a ser la nueva secretaria general del partido morado, pues recibió los avales necesarios a la hora de abrirse el proceso para recibir apoyos y en poco más de 24 horas superó la cifra de 4.100.

Bajo su candidatura, con el lema ‘Crecer’, Belarra cuenta con el respaldo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, los principales dirigentes del partido y destacados coordinadores autonómicos. Además, ha sumado a su equipo a la actriz María Botto y al exatleta Roberto Sotomayor, que precisamente hoy han publicado sendos vídeos para destacar su apoyo a la titular de Derechos Sociales.

El pasado sábado Belarra afirmó que «no se conforma» con ser «fuerza minoritaria» en el Gobierno y su objetivo es situar a la formación morada como primer partido progresista del país.

PROYECTO DE LOS OTROS ASPIRANTES

Mientras, el edil Esteban Tettamanti reunió en 24 horas los 500 avales necesarios y explicó que presentaba su candidatura ante la convocatoria «absolutamente intempestiva» y «precipitada» de la cuarta Asamblea Ciudadana, cuando era necesario un debate «interno sosegado y profundo» en el seno de la formación tras la marcha de Iglesias.

Entre las propuestas de cara a Vistalegre IV bajo la candidatura ‘Por un Podemos horizontal’, Tettamanti apuesta por recuperar la máxima de que un miembro de Podemos pueda detentar un solo cargo –orgánico o institucional–, así como la limitación a tres salarios mínimos interprofesionales. También demanda eliminar el sistema de votación interna ‘Desborda’ y las «listas plancha».

Mientras, Fernando Barredo ya se midió a Iglesias en Vistalegre III y lidera la candidatura ‘Nuevo Impulso’ que, como explica, pretende recuperar «el proyecto original» de Podemos, en el que «la participación, la horizontalidad y la transparencia se prediquen con el ejemplo».

También proclama que «toca regenerar» Podemos «desde el reconocimiento de los aciertos pero relevando a quienes vulneran los derechos fundamentales de los disidentes o críticos».

El expresidente José María Aznar entregará este jueves el X Premio FAES de la Libertad al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en un acto en el que también participarán la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Además, está prevista la asistencia del líder del PP, Pablo Casado, según han informado fuentes del partido.

El patronato de FAES, a propuesta de su presidente, José María Aznar, concedió por unanimidad el X Premio FAES de la Libertad al presidente encargado de Venezuela, por prestigiar la causa democrática de Venezuela y concitar la solidaridad internacional con ella, así como en reconocimiento a su resistencia y respeto a la institucionalidad, según un comunicado de la fundación.

El acto, fijado a partir de las 18.00 horas en el Auditorio de CaixaForum, comenzará con unas palabras de bienvenida de Isabel Estapé, patrona de la Fundación La Caixa, para después dar paso al director de FAES, Javier Zarzalejos.

Tras ellos intervendrán de manera consecutiva Almeida, Díaz Ayuso y Aznar, para finalmente tomar la palabra Juan Guaidó. Las circunstancias en Venezuela impiden que Guaidó viaje a España para recoger el premio, de modo que su participación será virtual, según FAES.

Fuentes del PP han señalado que Casado tiene previsto acudir a la entrega de este premio a Guaidó. El pasado mes de enero, tras las elecciones del 6 de diciembre que ganó el chavismo, el líder del PP ya pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que mantuviera el reconocimiento a Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, ya que, según dijo, «ningún país del entorno había aceptado la farsa electoral del dictador» Nicolás Maduro.

Fue en ese mes de enero, el pleno debate de la UE sobre el estatus del líder opositor tras la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional, cuando FAES anunció que otorgaba el su X Premio de la Libertad a Juan Guaidó.

Casado, Aznar, Ayuso y Almeida ya coincidieron con Guaidó en enero de 2020, cuando viajó a Madrid –en el marco de una gira europea– para recibir la Llave de Oro de la ciudad y la Medalla internacional de la Comunidad de Madrid.

OTROS PREMIO FAES DE LA LIBERTAD

En 2009, al cumplirse el vigésimo aniversario de su creación, la Fundación FAES instituyó el Premio FAES de la Libertad en reconocimiento a las personalidades internacionales que se hubieran distinguido en la promoción y defensa de la democracia y la libertad, valores con los que esta fundación se ha identificado desde su nacimiento en 1989.

En ediciones anteriores, el premio ha sido entregado a D. Juan Carlos, Margaret Thatcher, Shimon Peres, Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze, Giovani Sartori, ex-aequo a los think tanks estadounidenses National Democratic Institute (NDI) e International Republican Institute (IRI), la OTAN y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

La comisión de investigación del Congreso sobre la ‘Operación Kithcen’ interrogará este jueves al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en lo que será la recta final de las comparecencias que tiene programadas hasta finales de junio.

Cuando la comisión acordó citar a Villarejo el pasado mes de enero, éste todavía estaba en prisión, pero en marzo recobró la libertad, con lo que podrá asistir presencialmente a la Cámara para someterse a las preguntas de los comisionados.

El comisario jubilado dejó la cárcel de Estremera tres años y cuatro meses después de su detención por la operación ‘Tándem’, una de cuyas piezas es la relativa a la operación parapolicial en la que supuestamente participó y que se activó desde Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas comprometedoras para dirigentes del partido.

SESIÓN MONOGRÁFICA

Aunque inicialmente se había barajado citar para el mismo día al ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, la comisión decidió que Villarejo protagonizara una sesión monográfica, máxime cuando él ha expresado públicamente su voluntad de colaborar con la inbvestigacion de los diputados.

Eso sí, Villarejo ha remitido un escrito al Congreso pidiendo que su comparecencia se desarrolle conforme al «protocolo de la Comisión de Secretos» y que se le permita tener sentado a su lado a su abogado en todo momento.

En el escrito, el excomisario alega que el contenido de todas el contenido de las notas que elaboró como «agente de inteligencia» en la Policía está considerado «secreto» en la ley vigente, por lo que «difícilmente» podrá hablar de ello sin que pese sobre él otra acusación de ‘violación de secretos’.

Por ello, solicita que su testimonio «se realice bajo el protocolo de la Comisión de Secretos». Fuentes jurídicas apuntan a que se refiere a la Comisión de Gastos Reservados y de control de actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyas reuniones son secretas.

UNA COMISIÓN NO CREADA Y UN PROTOCOLO QUE NO CONSTA

Pero esa comisión no ha llegado a crearse esta legislatura ya que la elección de sus miembros, uno por grupo parlamentario, exige unas mayorías reforzadas en el Pleno que no se dan. Además, en la Cámara tampoco consta que exista un «procotolo» de esa comisión. En todo caso, no es ese órgano quien ha citado a Villarejo, sino la comisión de investigación de la ‘Kitchen’, que tiene acordado que sus reuniones son públicas.

Además de esa reserva, Villarejo reclama que durante toda su declaración pueda estar asistido por su abogado Antonio José García Cabrera, pero no en cualquier asiento de la sala, sino a su vera, para poder asesorarle ante cada pregunta que le hagan los diputados por las consecuencias que pudieran tener sus respuestas.

«Su mera presencia en la sala, lejos del estrado y separado del compareciente, impediría que cumpliera las funciones de asistencia reconocidas en la ley de comparecencias ante comisiones de investigación», asegura.

EVITARLE PROBLEMAS CON EL JUEZ

En ese sentido, recuerda las consecuencias que su testimonio en el Congreso puede tener en la macro causa penal en la que está incurso y la necesidad de evitar que sus respuestas puedan interpretarse como menoscabo a la autoridad judicial.

En todo caso, el comisario jubilado mantiene que su voluntad es colaborar con la comisión de investigación «para esclarecer la verdad de los hechos» y como «una oportunidad» para ofrecer su versión.

La mesa de la comisión de investigación, que preside la socialista Isaura Leal, estudiará el escrito de Villarejo y resolverá antes de la comparecencia, pero fuentes parlamentarias ya descartan que el testimonio vaya a celebrarse a puerta cerrada.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha acordado este miércoles prisión para tres de los nueve detenidos en la operación de la Unidad de Central Operativa de la Guardia Civil contra la mafia china. A todos ellos se les atribuyen hechos que puede ser constitutivos de los delitos de fraude a la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que a los tres que van a prisión también se les atribuyen los delitos de prostitución y explotación sexual, y que a dos de ellos también un delito contra la salud pública. El resto de las personas que pasaron este miércoles a disposición judicial han quedado en libertad pero con al medida cautelar de la retirada del pasaporte.

Este mismo martes, Tardón interrogó a los dos que fueron detenidos en Barcelona y acordó dejarles en libertad e investigar si efectivamente les robaron su documentación para posteriormente utilizarla sin su conocimiento.

Esta operación de la UCO se conoció el lunes, cuando se realizaron una treintena de registros principalmente en Madrid, incluyendo el polígono de Cobo Calleja. Según las fuentes consultadas, el operativo tiene que ver con la salida de fondos ilícitos al extranjero a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles, y se calcula que la cantidad blanqueada podría ser superior a los 100 millones de euros.

Además, ha trascendió que esa salida de fondos iría con destino a China y Hong Kong y que la trama operó entre los años 2000 y 2017. Si bien la mayoría de las entradas y registros se realizaron en la Comunidad de Madrid, también se produjo alguno en Cataluña.

PARALELISMOS CON EMPERADOR

El método usado por esta trama recuerda al de Gao Ping en sus actividades ilícitas. Fue en 2020 cuando el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dictó auto en el que proponía juzgar a un total de 105 personas en la causa denominada ‘operación Emperador’. Ya entonces Calama apuntó que la macroorganización criminal liderada por ese ciudadano chino tenía por objeto llevar a cabo una «actividad sistemática» de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012.

Al igual que ahora, en esa ocasión el polígono Cobo Calleja jugó un papel importante en la trama porque era una de las vías que se utilizaba para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, explicaba el magistrado. Consistía en la recogida de dinero centralizada en ese polígono, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha decidido archivar las diligencias informativas abiertas el pasado mes de enero contra el ex consejero de Salud, Manuel Villegas, y su cúpula directiva por haberse vacunado contra el Covid-19 saltándose presuntamente el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, el Fiscal también ha decidido archivar las diligencias informativas abiertas por la vacunación de obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y otros prelados en las residencia de ancianos ‘Hogar de Betania’, según el decreto.

Cabe recordar que la polémica suscitada en torno a este asunto provocó la dimisión de Villegas y la investigación de la Fiscalía atendía a las denuncias presentadas tanto por PSOE como por Podemos.

Ahora, el Fiscal estima en el decreto que procede acordar el archivo de estas diligencias de investigación, por estimar que «no existen indicios de delito alguno», debiéndose comunicar esta decisión a los denunciantes, haciéndoles constar que contra la misma no se puede interponer recurso alguno, si bien se puede reproducir ladenuncia ante el Juzgado de Instrucción competente si se estimaoportuno.

A su vez, el Fiscal estima que procede remitir testimonio de lo actuado en relación con las vacunaciones realizadas en la residencia ‘Hogar de Betania’, a la Consejería de Salud para queproceda, en su caso, a incoar los expedientes administrativos sancionadores pertinentes.

«Saltarse el orden en el proceso de vacunación, puede suponer reproche político, social o ético, pero no penal», según sostiene la Fiscalía. Para ello, añade, «sería necesario, en primer lugar, que se regule expresamente en una norma que sea publicada en un boletín oficial; en segundo lugar, que se tipifique expresamente esa conducta como infracción administrativa; y, en tercer lugar, que se modifique, en su caso, el código penal para tipificarlo como delito».

ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

En concreto, la Fiscalía recibió un escrito de denuncia presentado por el PSOE que, en síntesis, decía en el proceso de vacunación contra el Covid-19 se habían inmunizado un gran número de personas integrantes de la Consejería de Salud y del Servicio Murciano de Salud, entre ellos el consejero y altos cargos, saltándose todos el orden que estaba fijado en los protocolos que se habían aprobado para tal fin.

Posteriormente se recibió otra denuncia del partido político Podemos Región de Murcia en los mismos términos, si bien añadía la vacunación del obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, junto a otros prelados en la residencia de personas mayores Hogar de Betania, igualmente sin cumplir el orden fijado en el protocolo para la vacunación.

La Fiscalía pidió a la Consejería de Salud un informe sobre la vacunación llevada a cabo en sus dependencias, protocolos seguidos, listado de la identidad de todas las personas vacunadas y su puesto de trabajo en la Consejería y en el Servicio Murciano de Salud (SMS). También solicitó copia de las resoluciones que se hubiesen adoptado, y el posible régimen sancionador a aplicar para los que incumplan el protocolo de vacunación.

La Consejería remitió la información y la Fiscalía comprobó que había sido vacunado todo el personal de la Consejería de Salud y del SMS, tanto cargos directivos como personal funcionario y laboral que presta sus servicios en sus edificios.

La Fiscalía también solicitó el listado de vacunación a la Consejería de Salud, a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, así como a la residencia de ancianos ‘Hogar de Betania’. Entre ellos aparecía todo el personal contratado por la residencia y, a su vez, se incluía a un total de cuatro capellanes y 17 personas que aparecen como «cuerpo superior de administración-gestión», siendo la mayoría de éstos miembros del ‘Patronato’ de la fundación, y otros considerados como «colaboradores» habituales de la residencia

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una recompensa de 10 millones de dólares (8,2 millones de euros) para lograr el arresto del exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Carvajal, detenido en abril de 2019 en Madrid y en paradero desconocido desde noviembre de ese mismo año.

Carvajal tiene varias causas pendientes en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas a nivel internacional, una trama en la que se habría servido de las posiciones de poder que ocupó dentro del Gobierno de Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado norteamericano ha explicado que, desde que inició el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) en 1986, ya ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas para lograr detenciones de narcotraficantes, por lo que confía en que pueda surtir efecto el llamamiento en el caso de Carvajal.

A un nivel más amplio, Washington, que no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente, ha reiterado que «el pueblo venezolano merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades de la gente y que no traicione la confianza al condonar o emplear a funcionarios públicos que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes.

«Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas que les proporcionarán un liderazgo nacional honesto y competente», ha añadido el Ministerio que encabeza Antony Blinken en un comunicado.

EL CASO DE CARVAJAL

Carvajal dirigió durante ocho años la Dirección de Contrainteligencia militar de Venezuela, cargo al que llegó cuando Hugo Chávez aún era presidente. Estados Unidos le reclama por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019 cuando presuntamente pertenecía al llamado ‘Cártel de los Soles’, dedicado al transporte de cargamentos de droga.

El Gobierno español dio el visto bueno definitivo a su entrega al país norteamericano en marzo de 2020, aunque para entonces ya llevaba varios meses en paradero desconocido.

Carvajal ha reaparecido hace tan solo unos días, con un comunicado publicado en redes sociales y en el que denuncia «graves irregularidades» tanto por parte del Gobierno como de la Audiencia Nacional en su proceso de extradición. Así, declaró que pasó a la «clandestinidad» buscando «justicia y resguardo de una implacable persecución política».

A pesar de todas las «irregularidades» que alega, ha depositado su confianza en «lo más alto del Estado de Derecho español». En concreto, en el Tribunal Supremo, donde su defensa presentó un recurso el año pasado, «el cual debería ser resuelto próximamente».

La Fiscalía ha anunciado un recurso de casación contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que autorizó, por segunda vez, el toque de queda en la Comunidad y las limitaciones a las reuniones sociales aprobadas por el Govern.

Así lo han indicado fuentes fiscales y del Govern. El auto del TSJIB, notificado el pasado jueves, contó de nuevo con el voto particular de dos magistradas, que consideran injustificados el toque de queda y las limitaciones a encuentros sociales en espacios privados.

El Tribunal ya había autorizado el 7 de mayo restricciones similares, y en la última actualización el Govern había introducido solamente algunos cambios: retrasar el toque de queda a la medianoche y ampliar las reuniones sociales -hasta ocho personas en exterior y seis en interior sin importar núcleos de convivencia-.

La Sala vuelve a concluir por mayoría que la administración autonómica tiene cobertura legal suficiente en la legislación ordinaria para adoptar estas medidas.

RECURSO

Precisamente, la novedad en esta ocasión es que el segundo auto sí contemplaba la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en un plazo de tres días hábiles. Cuando se notificó la autorización anterior no había entrado en vigor el decreto estatal que habilitaba esta posibilidad.

La Fiscalía de Baleares se había opuesto a mantener el toque de queda y las limitaciones a encuentros sociales en espacios privados en la Comunidad, entendiendo que estas restricciones vulneran derechos fundamentales y que no procede adoptarlas sin el paraguas legal del estado de alarma. Cabe matizar que el recurso ante el Tribunal Supremo recae en el fiscal de Sala del Supremo.

CONSIDERA LAS MEDIDAS JUSTIFICADAS

El auto del TSJIB considera que el Govern ha justificado adecuadamente las medidas que solicita autorizar puesto que «el número de personas vacunadas actualmente no alcanza un porcentaje de inmunidad suficiente para llegar a la inmunidad colectiva».

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Pablo Delfont, razona que «la incertidumbre sanitaria justifica decisiones cuya idoneidad y necesidad relativa son inciertas».

Así, apela al «principio de precaución» para proteger los bienes fundamentales de la vida humana y la salud, y argumenta que este principio «actúa en el espacio no colonizado por la certidumbre científica».

VOTO PARTICULAR

Por segunda vez, la resolución cuenta con la discrepancia de dos de los cinco miembros que componen la Sala. Las magistradas Carmen Frígola y Alicia Ortuño han emitido un voto particular conjunto en el que consideran que sólo se debía haber avalado parcialmente el acuerdo del Consell de Govern, sin autorizar el toque de queda y las limitaciones a encuentros sociales en espacios interiores privados.

Estas magistradas entienden que, atendiendo a la buena situación epidemiológica actual en Baleares, se trata de medidas «drásticas» que no son «proporcionales».

El voto particular comprende las consecuencias de una desescalada «desordenada» y que es «necesario seguir unas pautas de prudencia», pero advierte de que «ese celo no pasa por prohibir a todos los ciudadanos y en todo el territorio balear, aquello que jóvenes y adultos responsables, libres y solidarios que con su esfuerzo han contribuido decisivamente a mejorar la crisis sanitaria, tienen derecho a disfrutar en el ejercicio pacífico de sus derechos constitucionales».

«No es admisible que, para evitar conductas incívicas, de ciudadanos insolidarios y absolutamente irresponsables, se adopten medidas que a todos coartan, cuando tales conductas, del todo reprobables, pueden y deben ser perseguidas por la Administración con la autoridad que la ley les otorga para ello», apuntan las magistradas.

El voto particular avisa de que además el toque de queda «tampoco es absolutamente eficaz como evidencia la realidad ante comportamientos contumaces que ignoran y desprecian descaradamente tal prohibición».

La Universidad Católica de Murcia y Mensajeros de la Paz han unido fuerzas a través de esta nueva Cátedra Iberoamericana de Cooperación al Desarrollo, con el objetivo de ayudar a los más desfavorecidos, contra la pobreza infantil, en apoyo a familias con escasez de recursos, a inmigrantes y refugiados en situación o riesgo de exclusión.

Para ello desarrollarán proyectos de cooperación en países con graves problemas sociales, económicos y ambientales, así como investigaciones que permitan la transferencia de resultados para darles respuesta.

Ha firmado el acuerdo José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y el Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, en la sede de la Universidad, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

«La Cátedra va a ayudar a los pobres y recoge lo que ya hace la Universidad Católica de Murcia. Lo principal de este mundo es hacer el bien, y de una manera especial con los más vulnerables, los pobres, los que no tienen trabajo, los mayores», ha asegurado el Padre Ángel, quien ha destacado la necesidad de amor que tiene la sociedad.

«Hoy he gozado con el presidente de la UCAM, que es un hombre de Dios; quien insiste en la necesidad de dar testimonio de amor, y el Papa Francisco habla siempre de la dignidad de las personas, y es lo que debemos dar», ha remarcado.

La Cátedra está dirigida por Víctor Meseguer, director de la Cátedra en Responsabilidad Social de la UCAM, y José Osuna, vicepresidente de Mensajeros de la Paz, quienes han destacado que ésta será un instrumento por el que estas dos instituciones «van a crear sinergias para el desarrollo sostenible y la economía circular e inclusiva, así como ayudar a la población que sufre por falta de alimentos, enfermedades derivadas del agua en mal estado, sequia, pobreza energética, etc.

Esta plataforma integrará las iniciativas de cooperación al desarrollo que surjan desde los ámbitos público y privado, y gestionará proyectos de mecenazgo para que cualquier persona física o jurídica pueda participar. Además, «nos gustaría seguir avanzando con el desarrollo de la Escuela de Misiones, para formar a religiosos y laicos que cuidan de los más vulnerables, y se promoverá la función social del periodismo», han afirmado Meseguer y Osuna.

La Universidad Católica de Murcia y Mensajeros de la Paz son instituciones inspiradas en los valores del humanismo cristiano, que prestan servicios en los ámbitos formativos y social a los más vulnerables, tanto en España como en numerosos países de todo el mundo; labor que se va a potenciar especialmente en Latinoamérica a través de esta Cátedra.

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado este miércoles por unanimidad y con competencia legislativa plena el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

La propuesta ha sido aprobada con 34 votos favorables, sin votos contrarios ni abstenciones y sin enmiendas, en los mismos términos del informe de la ponencia de la comisión parlamentaria, ya que las enmiendas que quedaban vivas, presentadas por Cs, han sido retiradas al reconocer la formación política que aunque mejoraban el texto no iban a contar con el apoyo necesario.

El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves se ubica en Málaga y con la nueva figura de protección el enclave, donde viven más de 63.000 habitantes, gozará del máximo nivel de protección ambiental por albergar valores naturales y culturales excepcionales.

El nuevo espacio que se suma a la Red de Parques Nacionales, cuenta con una superficie de 22.979,76 hectáreas en Málaga, el extremo oeste de la Cordillera Bética. Su declaración culmina un largo proceso de planificación destinado a garantizar la conservación de una singular riqueza natural, paisajística y cultural, así como de los usos y actividades que históricamente han contribuido a conformar dichos valores.

En total, este espacio cuenta con la presencia de al menos 10 de los 27 sistemas naturales terrestres recogidos en la Ley de Parques Nacionales de 2014.

El nuevo parque, el decimosexto de la red, destaca por su sistema natural de abetales y pinsapares ya que integra más de la de la mitad del total de la superficie ocupada por esta especie en el conjunto del país. Se trata de las formaciones más extensas de bosques de pinsapo conservadas en la Península Ibérica. También incorpora una representación de otras interesantes formaciones, como los pinares de pino negral peridotíticos del sector occidental malacitano, los sabinares negrales interiores, los alcornocales húmedos gaditanos y los matorrales almohadillados espinosos y tomillares de pradera.

Las primeras iniciativas de conservación de esta zona están datas en 1917 y tuvo que pasar buena parte de ese siglo para que el enclave fuera declarado en 1989 Parque Natural y años después Reserva de la Biosfera al contar con singularidades ecológicas con una elevada diversidad de especies de flora, algunas amenazadas de extinción, y más de 120 especies de aves, entre las que figura, por ejemplo el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), que está en peligro. Asimismo destaca la presencia de cabra montés, quirópteros, reptiles como la largartija andaluza (Podarcis vaucheri) y los eslizones tridáctilo (Chalcides striatus) e ibérico (Chalcides bedriagai) y una subespecie de salamandra (Salamandra salamandra subsp. longirostris) que solo está presente en las provincias de Cádiz y Málaga.

No solo cuenta con valores ambientales sino culturales, ya que los once pueblos en los que se asienta alberga un rico patrimonio de castillos, torres, cortijos, necrópolis, junto con gastronomía, folclore y artesanía.

Una vez entre en vigor la Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, la administración autonómica contará con un plazo máximo de tres años para que el nuevo enclave disponga de un Plan Rector de Uso y Gestión.

La Ley incluye el apoyo a las poblaciones locales residentes en el interior del parque, en particular mediante el fomento del desarrollo de actividades comerciales y económicas ligadas con el turismo rural sostenible.

UNANIMIDAD EN EL CONGRESO

Durante el debate de la Ponencia en la Comisión parlamentaria ha reinado la visión unánime de que este es un día de celebración para el medio ambiente, para felicitar a la población afectada por la declaración de la nueva figura de protección ambiental y para subrayar el impulso de la población local en la conservación de los valores y la riqueza de este enclave desde hace más de un siglo.

Para el diputado de Teruel existe, Tomás Guiarte, espera que tras este sean muchos más y ha lamentado que en la actualidad solo dos provincias en España, Teruel y Valladolid, no cuentan con ningún Parque Nacional a pesar de que ambas cuentan con riqueza natural. Así, ha confiando en que se puedan alcanzar acuerdos para lograr establecer esta figura de protección ambiental en ambos territorios.

En su turno, la diputada de Cs, María Carmen Martínez ha celebrado que esta es una «buena ley para la comarca» que tiene una «riqueza que merece ser protegida». «En términos generales es una ley muy positiva», ha celebrado.

En la misma línea, la diputada de Más País Verdes Equo Inés Sabanés, ha coincidido en que la declaración del Parque es «muy positiva» porque incorpora «el ecosistema andaluz y marroquí» aunque considera que los límites «podrían haber sido más grandes». «Esperamos que la Junta de Andalucía pueda asumir la posibilidad de ampliación», ha manifestado.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde, la incorporación de un nuevo parque nacional a la red, que «debe ser una salvaguarda de la biodiversidad» porque según ha recordado, España es el país más biodiversidad de España, lo que obliga al país a adoptar una «responsabilidad añadida» y confía en que la zona como el resto de parques nacionales se conviertan en zona de atractivo turístico.

«La protección de la biodiversidad es una cuestión de patriotismo», ha apostillado López de Uralde que considera que eso es algo que «no abunda» en el Parlamento. En todo caso, aunque a partir de «mañana» se empezará en trabajar en una ampliación del parque, este es un día de celebración.

En la misma línea, la diputada de Vox Patricia Rueda cree que este miércoles es «un día importante» en el que Andalucía brilla tras un «largo proceso» que respalda a los municipios que durante décadas han reclamado esta declaración. Rueda ha reconocido el trabajo de quienes han colaborado en su protección y ha defendido que Vox «siempre» está al lado de quienes protegen el valor de los ecosistemas naturales y para garantizar el patrimonio natural, cultural e histórico y de estar al lado del mundo rural.

Mientras, la diputada del PP Carolina Rueda ha calificado de «histórico» este 26 de mayo porque «se hace justicia» con la Sierra de las Nieves y en el que se llega al principio del final de una larga tramitación que comenzó en 2011 aunque los primeros estudios de conservación datan de 1917.

Rueda ha elogiado la implicación de la población de cerca de 64.000 habitantes a quienes ha definido como «auténtica mecenas» para que el enclave haya llegado al momento actual en este estado de conservación. En esa línea ha puesto de relieve que la declaración cuenta con el apoyo de todos los municipios, de todas las administraciones que han «remado a favor de este sueño», fruto de la «voluntad férrea de su población».

Ahora, según ha destacado, se abre en la zona una «oportunidad histórica» para el desarrollo económico y social de estos municipios basado en los valores ambientales así como para fijar población rural.

Por último, el diputado del PSOE José Carlos Durán, ha defendido la «joya de valor incalculable» de este nuevo parque nacional que alberga el 65% del pinsapo de España, y una riqueza natural que la hace merecedora de esta declaración que conllevará consecuencias positivas en la gestión sostenible y la conservación del enclave natural y para el desarrollo de la comarca. «La palabra Parque Nacional se ha convertido en una marca de turismo sostenible», ha manifestado.

El director de gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, presentará este jueves en el Congreso el informe de Seguridad Nacional de 2020, que ya sitúa el riesgo de epidemias y pandemias a la cabeza de las amenazas para España durante los próximos tres años, después de que ocupara el penúltimo puesto de la tabla en el análisis de hace tan solo un año.

Redondo comparecerá ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional para dar cuentas del informe que evalúa la situación de las amenazas para España en el año 2020 y, además, analiza el riesgo para los próximos tres años.

El documento, fue aprobado el pasado 9 de marzo y está protagonizado en su mayoría por la crisis del coronavirus, aunque también analiza el resto de amenazas incluidas en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.

La primera consecuencia es que el riesgo de pandemias y epidemias escala desde el final de la lista de amenazas en el que estaba en 2019 al primer puesto de la tabla. Se trata de un análisis de los riesgos a la Seguridad Nacional a corto y medio plazo (2021-2023), elaborado mediante una encuesta realizada a dos centenares de expertos de diversos ámbitos entre los meses de octubre y noviembre de 2020.

2020 MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS

El informe reconoce que el año 2020 ha marcado «un antes y un después» en el paradigma de la seguridad internacional y el impacto del coronavirus «ha superado todas las expectativas», con efectos en todos los ámbitos de la seguridad nacional. Por ejemplo, el aumento del teletrabajo ha incrementado la exposición a los ciberataques, o el crimen organizado ha aprovechado la pandemia para encontrar nuevas formas delictivas.

Pero además, el informe de Seguridad Nacional asume que las «oportunidades» de un sistema global «altamente interdependiente e interconectado» también conllevan vulnerabilidades. Y constata en la respuesta a la crisis una «tensión» entre el unilateralismo y la cooperación, «con un deterioro del multilateralismo en todas sus facetas».

En cualquier caso, alaba el papel de la Unión Europea, que «ha sido capaz» de aprobar los fondos de recuperación para hacer frente a la situación económica y negociar la adquisición conjunta de vacunas.

DEPENDENCIA DEL EXTERIOR

Uno de los aspectos que el Consejo de Seguridad Nacional subraya es la necesidad de disminuir el grado de dependencia del exterior de recursos que se volvieron esenciales durante la pandemia, como las mascarillas o los equipos de protección. Y sostiene que fue el Gobierno de España fue el que «tuvo que dar una respuesta coordinada ante la ausencia de planificación» por parte de las comunidades autónomas «y de una reserva estratégica».

La compra de estos materiales se vio «enormemente dificultada» por «importantes intereses internacionales y tensiones geopolíticas y comerciales», según reconoce, y pone a España ante el reto «de desarrollar la capacidad industrial nacional para autoabastecerse bajo condiciones excepcionales y garantizar el suministro de recursos esenciales en situaciones de crisis».

Además, apunta que los sistemas autonómicos de vigilancia de enfermedades y de traspaso de información no estaban «dimensionadas» para el volumen generado por la pandemia, lo que llevó durante los primeros meses a «utilizar información parcial o poco actualizada para la gestión de la pandemia, con la consiguiente incertidumbre sobre la toma de decisiones».

Por ello, señala la necesidad de una actualización y una mayor digitalización y automatización de los procesos de vigilancia, de la mano de las comunidades autónomas, «que faciliten la interpretación y comunicación de resultados para informar la toma de decisiones.

Y también reclama la necesidad de un «dimensionamiento adecuado de los recursos humanos que trabajan en Salud Pública», una vez vista la «enorme presión» que ha puesto a los centros sanitarios «al límite de sus capacidades».

«Su refuerzo, tanto de atención primaria como hospitalaria, y el desarrollo de estructuras y mecanismos que permitan al sistema una capacidad de reacción adecuada ante incrementos de la demanda asistencial como los vividos en 2020, son un segundo reto en el ámbito de la seguridad ante epidemias y pandemias», incide.

También pone el foco en la ciencia y señala la necesidad de garantizar una capacidad de investigación española «estable» y «de alta calidad». Además, aplaude los avances para lograr una vacuna contra el Covid-19, entre ellos los de equipos españoles.

«Sin embargo, y pese a la gran velocidad con que se está llevando a cabo toda la investigación en vacunas, sigue siendo un reto para España el conseguir una integración eficaz entre los grupos de investigación y desarrollo y la industria, de forma que se minimicen los plazos de traslación de los resultados de las investigaciones a su disponibilidad como herramientas para el control de epidemias», asume.

IMPACTO EN EL ESCENARIO ECONÓMICO

En cuanto al impacto de la pandemia en la economía española, el informe de Seguridad Nacional marca como «principal reto» alcanzar una recuperación «sostenible» y defiende que «la reacción de España frente al desafío de la COVID-19 ha sido decidida.

Según reconoce, el impacto de la pandemia cambió «por completo» el escenario de la economía mundial, pero celebra las acciones adoptadas por la Unión Europea y marca el Plan de Recuperación para Europa como «un hito» en el proceso de integración europeo.

En el plano nacional, pone en la diana la necesidad de hacer frente a las derivadas económicas del virus e identifica como «retos a la seguridad económica» los elevados niveles de deuda, el desempleo, la despoblación rural y las acciones delictivas.

ECONOMÍA, CIBERESPACIO E INMIGRACIÓN, ENTRE LOS RIESGOS

El informe establece, junto a las pandemias, cuatro amenazas y los desafíos que se sitúan de forma destacada en la zona más alta de la tabla en el mapa de riesgos: la inestabilidad económica y financiera; la vulnerabilidad del ciberespacio; el espionaje; y los flujos migratorios irregulares.

No obstante, la práctica totalidad de los riesgos a la Seguridad Nacional analizados se encuentran en la zona de peligro definida por unos niveles de impacto y probabilidad altos o muy altos: los efectos del cambio climático, las amenazas para las infraestructuras críticas, las emergencias y catástrofes, los conflictos armados, la vulnerabilidad energética, el crimen organizado, la vulnerabilidad aeroespacial el terrorismo y la vulnerabilidad marítima.

La proliferación de armas de destrucción masiva es la única amenaza para la Seguridad Nacional que no se sitúa dentro de la zona de peligro muy alto, percibiéndose con una probabilidad de ocurrencia media.

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha recomendado, este miércoles, a Vox que no use «términos militares» cuando se refiera a la migración porque, ha indicado, «afecta al sufrimiento y al anhelo de miles de personas» que dejan atrás sus países por no tener «alternativas de vida en ellos».

Pardo ha realizado estas declaraciones en la Comisión de Interior del Congreso, después de que la portavoz de Vox en esta materia, Macarena Olona, se haya referido en varias ocasiones a las crisis de Canarias y Ceuta como «invasión».

La migración, ha apuntado el director de la Policía, es «un problema» en el que, si Vox «quiere colaborar» debería «arrimar el hombro» con «propuestas» y un tema «delicado» que requiere «políticas de Estado» y «consenso de Estado» con una oposición que «apoye al Gobierno».

En este sentido, ha rechazado las que, hasta ahora, ha realizado el partido de Santiago Abascal, como «usar los navíos de la Armada» o hacer «campañas xenófobas que alimentan odio al inmigrante. «Necesitamos que en materia migratoria, su partido en vez de ser un incendiario sea un bombero», ha declarado.

UNA CUESTIÓN DE «SOBERANÍA NACIONAL»

En la sesión de la Comisión de Interior, la diputada de Vox ha preguntado a Pardo por la gestión realizada por el Ministerio ante la crisis migratoria ocurrida en Canarias en 2020 en donde, ha señalado, se vieron imágenes «dantescas» y de «enorme sufrimiento», como así ocurrió también, a su juicio, la semana pasada en Ceuta y Melilla.

Olona ha indicado que, mientras lo ocurrido en Ceuta es una «crisis diplomática» para el PP, y una «crisis humanitaria» para los socios de Gobierno, para Vox es «una invasión» y una «cuestión de soberanía nacional» y ha señalado que la «obligación de todo Estado es defender sus fronteras».

«Solo así podemos dar debido tratamiento a quien viene bajo un estatuto legal, como el estatuto del refugiado o de asilo», ha declarado Olona, que ha defendido para ello una «política firme de la soberanía nacional».

En su intervención, la portavoz de Interior de Vox ha insistido en la «auténtica invasión migratoria» vivida por España y la situación de «inseguridad» que, en su opinión, ha causado tanto en Canarias como en Ceuta y Melilla. Sobre el caso de las ciudades autónomas, Olona ha criticado el uso de niños y jóvenes por parte de Marruecos para «chantajear» a España.

Un requisito formal, la falta de legitimación para acudir al Tribunal Supremo, podría ser el obstáculo que encuentre el PP si finalmente los condenados por el ‘procés’ independentista en Cataluña son indultados por el Gobierno y el partido liderado por Pablo Casado decide, tal y como ha anunciado, presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. La posibilidad de que lo haga Vox parece más clara, ya que fue parte en el proceso penal.

Así lo han señalado tanto fuentes del propio Supremo como juristas consultados, que insisten en la ausencia de antecedentes jurídicos sobre este asunto, ya que habitualmente los indultos son recurridos por las víctimas del delito en cuestión.

De este modo, adelantan que la falta o no de legitimación del PP y otros partidos para recurrir la decisión que pueda adoptar en su día el Consejo de Ministros constituirá un capitulo jurídico más en toda esta historia.

Con carácter general, en el orden contencioso-administrativo están legitimados «los titulares de un derecho o de un interés legítimo» (artículo 19 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa). A ello se añade que no hay acción pública salvo que lo reconozca expresamente una ley, y por ello el Supremo ha declarado la falta de legitimación activa para interponer recursos de los partidos políticos en muchos asuntos.

Entre estos asuntos no se encuentra la presentación de indultos, por lo que se carece de jurisprudencia. Además, esta Sala no es muy proclive a la legitimación de los partidos, si bien se trata de un asunto a estudiar y la decisión final dependería mucho del razonamiento expuesto por el partido en cuestión, apuntan las mismas fuentes.

Otros juristas consultados añaden que además del «interés legítimo» antes apuntado, la legitimación en el orden Contencioso se define por el denominado «interés directo», y en este punto el debate debería centrarse en determinar si los políticos tiene interés directo en el indulto de otros políticos que han sido condenados. La falta de antecedentes llevan de nuevo a entrar en materia poco clara.

RECURSOS DE ASOCIACIONES

Existen casos en los que sí se han aceptado los recursos de asociaciones, como fue en 2015 el presentado contra el indulto del empresario canario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

En este caso no se estimó la petición de unos perjudicados directamente por el delito, sino la de la asociación Ecologistas en Acción-CODA contra la decisión del Consejo de Ministros de conmutar la condena de tres años y un día de prisión que le fue impuesta por un delito contra la ordenación del territorio, por otra de dos años.

En otro asunto de 2018 , sin embargo, el alto tribunal rechazó que la asociación Víctimas de la Ley de Violencia de Género (Avilegen) tuviera interés legítimo para recurrir el indulto parcial concedido a María Salmerón, una mujer sevillana maltratada condenada a seis meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez por malos tratos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha sido rotundo al pronunciarse en contra del proyecto de ley que pretende cobrar una plusvalía a aquellos herederos que se deshagan de parte de lo recibido en vida de sus progenitores si todavía no han fallecido. «Una ley ilegal», ha calificado el mandatario autonómico si se llega a aprobar, que «atenta contra el derecho civil gallego», el «Estatuto», «autogobierno» y las «competencias» autonómicas.

Así, sobre lo que ha llamado «amenaza de subir impuestos en Galicia», Feijóo ha manifestado que es «francamente sorprendente». «Detrás hay una vulneración de los derechos civiles de los gallegos amparados en el derecho civil de Galicia, que tiene base en el Estatuto de Autonomía, y hay claramente una vulneración del autogobierno y una subida de impuestos. No es un tema menor», ha advertido.

El mandatario gallego, cuyo Gobierno ha defendido y aprobado la exención de impuestos de sucesiones, censura que en este proyecto de ley –que ahora pasa a debate en la Cámara Alta– «se establece una presunción de fraude» sobre los herederos.

«PORQUE SE NECESITA»

Que un padre o una madre que deja un piso o una cantidad económica a un hijo que está empezando a salir adelante, automáticamente, si ese piso o ese dinero se entrega o se vende antes de que fallezca el padre o la madre, hay un fraude; y sin embargo, si se vende después, no hay un fraude», ha expuesto Feijóo, para manifestar, de nuevo, que se trata de «un planteamiento cuando menos, muy sorprendente.

Es más, el jefe del Ejecutivo autonómico alertó de que, si alguien vende su herencia, se «supone» que es «porque lo necesita», «no porque le guste». «Si lo vende si muere, sí; si no, hay que pagar. Es una cuestión que es sorprendente, una presunción general de fraude. No hay antecedentes al respecto», ha aseverado Feijóo, quien ha concluido que «es difícil castigar más a los que más lo necesitan».

El mandatario autonómico también ha esgrimido que «no hay ningún dato» de la Agencia Tributaria que avale esta cuestión. Recordó que en Galicia hay 142.000 ciudadanos que recibieron una parte de la herencia en vida.

«PERJUDICAR A LOS JÓVENES»

«Esto va a perjudicar a los jóvenes gallegos que ahora van a tener que pagar impuestos. Es difícil castigar más a quienes más lo necesitan», ha enfatizado Feijóo, quien ha recordado que las exenciones son para herencias «no ilimitadas», sino para bienes que «no superan una cantidad concreta» (un millón de euros).

«Lamento mucho esta falta de respeto al autogobierno de Galicia y esta acusación de fraude. Es una subida de impuestos y una vulneración del autogobierno que no podemos aceptar», ha remarcado el presidente autonómico.

Feijóo ha avisado de que «empieza a llover sobre mojado» y de que, «en el caso de que se apruebe, será una ley ilegal porque atenta contra el Estatuto de Autonomía y las competencias» gallegas, lo que podría acabar derivando –si bien no lo mencionó expresamente en su intervención– en un nuevo conflicto de competencias entre Xunta y Estado.

El nuevo Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios ha entrado en aplicación este miércoles, el cual introduce numerosas novedades como la mejora de la trazabilidad de estos productos, la creación de una gran base de datos como garantía de transparencia o la petición de requisitos más estrictos en lo referente a los datos preclínicos y clínicos.

Como resultado del trabajo realizado a lo largo de más de cuatro años, por los estados miembros y la Comisión Europea, en colaboración con los sectores implicados en productos sanitarios, el 5 de abril de 2017 se publicó el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) 178/2002 y el Reglamento (CE) 1223/2009 y por el que se derogan las directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo.

Tras un trabajo de preparación continuo durante estos cuatro años, finalmente entra en aplicación este reglamento, un año después de la fecha inicialmente prevista. Esta decisión de retrasar su aplicación ha sido como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 y con el objetivo principal de garantizar el abastecimiento de los productos sanitarios necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria.

El campo de los productos sanitarios está en continuo desarrollo y los avances en innovación en este sector siguen una progresión exponencial. Es por esto que el reglamento (UE) 2017/745 viene, por un lado, a dar respuesta a una preocupación generalizada respecto a la seguridad de los productos sanitarios y a su marco regulatorio basado en el nuevo enfoque, y por el otro, a establecer una regulación que garantice la disponibilidad en el mercado de productos sanitarios eficaces y seguros.

El principal objetivo es proporcionar un marco legal a los productos sanitarios que garantice un elevado nivel de calidad, seguridad y de protección de la salud, apoyando también a la innovación. Entre las numerosas novedades que introduce el Reglamento 2017/745, se puede destacar la creación de una nueva base de datos llamada EUDAMED, como garantía de transparencia y para posibilitar el acceso a las autoridades, la industria, los profesionales sanitarios y el público general a información de los productos sanitarios disponibles en el mercado Europeo.

Asimismo, mejora en la trazabilidad de los productos sanitarios, mediante la implantación de un número de identificación único (UDI); refuerza el proceso de designación y supervisión de los organismos notificados; requisitos más estrictos en lo referente a los datos pre-clínicos y clínicos que deben tener los productos sanitarios antes de la obtención del marcado CE; y creación de los paneles de expertos que darán el correspondiente apoyo técnico en la evaluación de productos innovadores.

También crea nuevas obligaciones de los distintos agentes económicos; la posibilidad de regular a nivel nacional el reprocesamiento de productos de un solo uso; refuerza los requisitos de vigilancia y control mercado; una mayor coordinación entre las autoridades competentes de productos sanitarios; y la inclusión de determinados productos sin finalidad medica listados en el anexo XVI del reglamento.

Aunque el reglamento 2017/745 es de aplicación directa, hay determinados aspectos como el reprocesamiento, el régimen lingüístico o cuestiones de la fabricación en centros sanitarios, entre otros, que el reglamento determina que serán los estados miembros los que establecerán la regulación a nivel nacional. Es por esto que en la actualidad se está elaborando el nuevo Real Decreto de Productos Sanitarios.

En la actualidad, las autoridades competentes de los estados miembros, que en el caso de España es la AEMPS, y la Comisión, en colaboración con la industria, continúan con el intenso trabajo iniciado en 2017 para la elaboración de legislación de desarrollo establecida en el reglamento, así como en el desarrollo de directrices y documentos de preguntas y respuestas.

Esta información se desarrolla con el objeto tanto de facilitar la implementación del reglamento, como de resolver las dudas que surgen a nivel de autoridades competentes, industria, y profesionales sanitarios y usuarios. Para ello, se ha dedicado un espacio en la página web de la Comisión Europea con información sobre reglamento dirigida a los diferentes sectores involucrados.

En la misma línea de comunicación, en la web de la AEMPS, tanto en la sección de productos sanitarios, como a través de los boletines trimestrales del departamento de productos sanitarios, se publican documentos de interés sobre este nuevo reglamento.

El 5 de abril de 2017 también se publicó el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión. Este reglamento tiene prevista su entrada en aplicación el próximo 26 de mayo de 2022.

La Unión Europea reclama a la compañía farmacéutica AstraZeneca multas millonarias si sigue incumpliendo con su obligación de entregar a los Estados miembros las dosis pactadas de su vacuna contra la COVID-19, según han confirmado a Europa Press fuentes comunitarias.

En particular, los abogados de la Comisión Europea y de los países del bloque exigen en los tribunales una sanción de 10 euros diarios por cada dosis no entregada a partir del 1 de julio. Además, reclaman otra multa de 10 millones de euros diarios si el laboratorio no respeta sus obligaciones contractuales, como utilizar todas las plantas de producción recogidas en el contrato, a contar desde el día en el que los jueces belgas den su veredicto.

Estas son las dos pretensiones que el lado europeo ha llevado este miércoles a la primera vista en la disputa que enfrenta a la UE y sus Estados miembros con la farmacéutica anglosueca. Se trata del procedimiento de urgencia con el que Bruselas pretende forzar a AstraZeneca a llegar a los 120 millones de dosis entregadas a los países europeos antes de que acabe junio.

En el primer trimestre, AstraZeneca distribuyó 30 millones de unidades entre los socios comunitarios. Por lo tanto, en la práctica, la UE está reclamando al laboratorio que entre abril y junio suministre otros 90 millones más. De no llegar a esa cifra, la UE exige a la firma anglosueca una multa de 10 euros diarios por cada dosis.

Es decir, si llegado el mes de julio AstraZeneca sólo ha repartido 70 millones de dosis y el tribunal da la razón a los abogados de la UE, el laboratorio tendrá que pagar una sanción de 10 euros al día por cada una de las 20 millones de dosis que quedarían por repartir entre los Estados miembros.

Por otro lado, la segunda parte de las exigencias de Bruselas consta de una multa diaria de 10 millones de euros si la compañía no respeta todas las obligaciones recogidas en el contrato de compra de dosis, como utilizar todas las plantas de producción recogidas en el mismo para distribuir dosis entre los Estados miembros.

En este caso, las sanciones diarias no se empezarían a acumular desde el 1 de julio, sino a partir del día en el que el tribunal se pronuncie, siempre y cuando dé la razón a la Unión Europea.

La Comisión Europea remarca en todo caso que su pretensión en este procedimiento de urgencia no es obtener una compensación económica por los retrasos en las entregas de dosis, sino forzar a AstraZeneca a acelerar la distribución de sueros a los socios comunitarios.

La UE y AstraZeneca tiene también un segundo pleito que evalúa el fondo de la cuestión y cuya primera vista no tendrá lugar hasta septiembre. Mientras que con el primero Bruselas busca la entrega efectiva de las dosis pactadas, en el segundo quiere que los tribunales confirmen que el laboratorio ha incumplido el contrato.

El senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha conseguido sumar a casi todos los grupos de la Cámara Alta, salvo el PP, para pactar una iniciativa para instar al Gobierno a impulsar medidas que favorezcan la movilidad terrestre, marítima y aérea en las Islas Baleares y Canarias, entre la que destaca excluir a estos territorios de los posibles mecanismos para pagar el mantenimiento de las vías de gran capacidad del Estado.

Según han ido avanzando los grupos durante el debate en la sesión plenaria, esta moción consecuencia de interpelación saldrá adelante con la mayoría de la Cámara Alta, incluyendo el apoyo del PSOE, y con la abstención del Partido Popular y del PNV, tras haber pactado el texto con casi todos los grupos.

La iniciativa del senador balear, nace a raíz de una interpelación que hizo al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre este asunto hace dos sesiones plenarias.

En concreto, el texto pactado hace referencia a las tres vías principales de movilidad de estos territorios insulares. Sobre el transporte aéreo y sus infraestructuras, se pide al Gobierno seguir garantizando el mantenimiento de la bonificación del descuento del 75% entre la Península y los territorios extrapeninsulares.

Asimismo, también se reclama seguir realizando un control continuo de la evolución de los precios, mantener el cumplimiento de la normativa asociada a las bonificaciones del 75% a residentes, seguir velando por la conectividad aérea adecuada de los territorio extrapenínsulares, continuar con los planes de mejora y modernización de las infraestructuras en el Aeropuerto de Palma, y que Aena continúe cumpliendo con la legislación vigente relativa a los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

EVITAR LA EXCLUSIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

En lo que respecta al transporte terrestre y sus infraestructuras, la moción plantea el cumplimiento en los Presupuestos Generales con las disposiciones del artículo 15 del REB, seguir impulsando las prioridades insulares de movilidad y transporte ferroviario en el territorio y continuar trabajando con los Consells insulares para liquidar los importes pendientes de los respectivos convenios en materia de carreteras.

También se pide acordar nuevos convenios de carreteras con los Consells insulares y evitar la exclusión de los territorios insulares por lo que respecta a las oportunidades en movilidad sostenible de los fondos next generation.

Es en este punto, donde se propone excluir las carreteras de los territorios insulares de los posibles mecanismos para pagar el mantenimiento de las vías de gran capacidad del Estado, como el pago de los peajes, tal y como planteó el Gobierno en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas.

Sobre el transporte marítimo, se pide continuar con el impulso a nivel comunitario de cambios en los regímenes de ayuda, así como implantar protocolos de bioseguridad para evitar la entrada de especies invasoras.

La Reina Letizia, que ostenta la Presidencia de Honor de los Premios FEDEPE, ha presidido este miércoles la reunión de trabajo con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), dentro del marco de los actos conmemorativos del XXX aniversario de sus Premios, que reconocen el liderazgo femenino en el país.

En el encuentro, se han presentado los resultados del estudio ‘Visión y medidas de las mujeres directivas y empresarias al salir de la crisis del Covid-19 y reanudarse la economía’ que, en palabras de la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, «refleja el gran impacto de la pandemia sobre el desarrollo profesional y personal de las mujeres».

En intervención, Bujaldón ha destacado algunas de las conclusiones del estudio como que el 98% de las encuestadas cree que las fuerzas políticas españolas deberían ponerse de acuerdo para aumentar y fortalecer las medidas que nos permitan alcanzar la igualdad de género real. La presidenta de FEDEPE ha subrayado «el enorme» coste profesional y personal que ha tenido la pandemia sobre las mujeres y la necesidad de «escuchar nuestra voz para poder acometer una recuperación económica transversal y profunda».

Para la presidenta de Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, Profesionales, Directivas y Gerentes (ARAME), María Jesús Lorente, este barómetro FEDEPE ofrece la oportunidad de «tener una visión global de lo que opinan mujeres profesionales y empresarias para salir de la crisis. Lorente ha llamado la atención sobre la necesidad de tener en cuenta además singularidades de comunidades como Aragón donde conviven «dos mundos en uno, lo urbano vs lo rural y dos realidades distintas y con necesidades muy diversas».

Por su parte, la presidenta de Las Mujeres Nos Movemos, Ana Calderón, ha destacado durante su intervención el hecho de que «el 80% de las encuestadas cree que las mujeres deberíamos encontrar tiempo para nosotras mismas». Calderón ha asegurado que las mujeres dedican gran parte de su tiempo a cuidar de otros. «Si a esto le sumamos el trabajo fuera y dentro del hogar, la crianza de los hijos, etc. la ecuación no sale», ha apostillado.

Mientras, la secretaria general de Unión de Asociaciones de Mujeres Autónomas y Emprendedoras de España (UATAE Mujer), María José Landaburu, ha denunciado durante su intervención la falta de ayudas que tienen las mujeres para emprender en España. Según Landaburu, «se emprende porque no queda otra, no por una vocación sobrevenida con la madurez» y eso significa que «muchas mujeres aterrizan en el trabajo autónomo sin el acompañamiento y el apoyo necesarios para que los diferentes proyectos de pequeños negocios sean viables». Además, la representante de UATAE ha manifestado su preocupación por «la vulnerabilidad estructural en términos de protección social que sufren las autónomas».

La directora de la Unidad Ginecología GEDEON RITCHER, Rosa Vázquez, ha resaltado el fuerte impacto de la pandemia sobre la salud de las mujeres, destacando el dato del barómetro FEDEPE que señala que «el perfil de mujeres de edad más joven es la que más ha sufrido ansiedad (35%) o ha visto afectado su estado de ánimo durante la pandemia (41%)». Vázquez también ha señalado «el salto cualitativo de varios años en temas como la telemedicina».

La presidenta de Periodistas del Mediterráneo, Rosa María Montañés, ha trasladado los resultados del barómetro FEDEPE al ámbito de las mujeres periodistas, denunciando la falta de medidas de conciliación y flexibilidad laboral y pidiendo un cambio de mentalidad empresarial «porque hay vida (personal y familiar) fuera del trabajo». También ha alertado de la necesidad de regular el teletrabajo «por la hiper conectividad y el estrés, incluido el desgaste mental, que comporta trabajar en remoto».

La presidenta de Women in Real Estate Spain, Carmen Panadero, ha manifestado durante su intervención que la crisis ha supuesto un gran reto para las mujeres y para el sector inmobiliario. «No debemos desaprovechar este momento para afrontar los grandes retos que ya teníamos por delante: acceso a la vivienda, el correcto diseño de nuestras ciudades, nuestra huella energética, sostenibilidad o digitalización», ha afirmado.

A su llegada al auditorio ESADE de Madrid, la Reina ha sido recibida por la ministra de Igualdad, Irene Montero; la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, y el director de ESADE, Mario Lara. A la reunión han asistido las vocales de la Junta Directiva de FEDEPE, Elsa Gonzalez, Carmen Martínez Sarmiento y Victoria Gómez Vivar; la tesorera de FEDEPE, Begoña Muñoz; la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Mujeres Autónomas y Emprendedoras de España (UATAE-Mujer), María José Landaburu; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA), Cristina Sotro; y la presidenta de la Asociación Tricantina de Mujeres Empresarias (ATRIME), Luz María López Izquiero.

También han estado presentes la presidenta de la Asociación de Empresarias de A Coruña (AECO), Ana Isabel Ulloa.la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Hellín (AMEDHE), Ana María Oliva; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Castilla La Mancha (AMEDCAM), Carmen Díaz de la Cuerda; la presidenta de Women in Real Estate Spain (WIRES), Carmen Panadero; la presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas, Profesionales y Empresarias de la Comunidad de Madrid (AMDIPECAM), Julia Santana; y la presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, Profesionales, Directivas y Gerentes (ARAME), María Jesús Lorente.

El listado de asistentes se completa con la presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA), Marcela Fernández Losada; la presidenta de la Asociación Mujeres Periodistas del Mediterráneo (MPM), Rosa María Montañés; la presidenta de la Asociación Las Mujeres Nos Movemos (LMNM), Ana Calderón; la presidenta de la Asociación Executivas de Galicia (Executivas), Carla Reyes; la directora de la Unidad de Ginecología de Gedeon Ritcher, Rosa Vázquez.

FEDEPE agrupa bajo sus siglas a diversas asociaciones de mujeres, que trabajan en múltiples sectores empresariales y de la Administración Pública, unidas por metas comunes: trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, erradicar la discriminación de género y fomentar modelos liderazgo femenino inclusivos y sostenibles.