El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha reiterado este miércoles durante una visita oficial a España su rechazo al mecanismo de reparto obligatorio de migrantes y refugiados, argumentando que generaría un «efecto llamada» y que mermaría el margen de actuación húngaro a la hora de decidir «a quién deja entrar, con quién quiere convivir».

La gestión de los flujos migratorios ha sido durante estos últimos años uno de los recurrentes puntos de fricción entre los distintos gobiernos de la UE, con países como España a favor de cuotas obligatorias y otros que, como Hungría, rechazan de plano esta posibilidad, lo que ha dejado prácticamente bloqueada dicha iniciativa.

«La solidaridad tiene diferentes formas», ha declarado Szijjarto durante una rueda de prensa en Madrid junto a su homóloga española, Arancha González Laya, que por su parte se ha limitado a decir que ambas partes siguen «negociando» el Pacto sobre Migración y Asilo.

González Laya ha explicado que han hablado de la «dimensión externa» de dicho pacto, planteando por ejemplo cuestiones de cooperación con países de origen y tránsito, una formulación con la que el Gobierno de Viktor Orban aparentemente se siente más cómodo.

Szijjarto ha señalado que, en el ámbito migratorio, «se nota la presión» tanto en los Balcanes como el Mediterráneo y ha advertido de «nuevas olas», incidiendo en que Hungría y España son a su vez fronteras exteriores de la Unión Europea y que hay cuestiones de «seguridad» en juego.

«Nos aferramos a nuestro derecho a poder decidir nosotros por nosotros mismos a quiénes dejamos entrar, con quiénes queremos convivir», ha declarado, en alusión a una capacidad de decisión que quiere limitar a Budapest –«no aceptamos que sea Bruselas», ha apostillado–.

Así, ha defendido que solo puedan entrar a Europa quienes «respetan las normas» y ha subrayado que cruzar la frontera de forma ilegal «es un delito».

NUEVAS VÍAS DE COOPERACIÓN

La de este miércoles es la segunda visita oficial que realiza Szijjarto a España en menos de un año y, con ella, los dos países aspiran a reforzar una cooperación «cada vez más estrecha», en palabras del jefe de la diplomacia húngara.

En aras de esta cooperación, González Laya ha aplaudido la decisión del Gobierno de Hungría de abrir un nuevo consulado en Málaga y la apertura a inversiones en sectores como la automoción, la hostelería, las energías renovables o los transporte. También ha confirmado la voluntad de reforzar la enseñanza del español en Hungría.

Szijjarto ha resaltado en este punto que hay 220 empresas españolas en Hungría que dan empleo a unos 5.000 ciudadanos húngaros.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha expresado este miércoles su «deseo» de que el líder opositor venezolano Leopoldo López «esté en libertad» y «se sume al camino de diálogo» en el que, según ha subrayado, ya está «buena parte» de la oposición de aquel país sudamericano.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, el expresidente socialista español se ha pronunciado así al hilo de la petición formal que Venezuela ha realizado al Ministerio de Exteriores del Gobierno de España para extraditar a Leopoldo López, que fue condenado a catorce años de cárcel por incitar a la violencia durante las protestas antigubernamentales de 2014 y tiene otras causas pendientes en la nación caribeña.

«Trabajé por la libertad de Leopoldo López y deseo que esté en libertad, y que forme parte del proceso de diálogo que concluya en todos los procesos democráticos de elecciones que tenemos por delante en Venezuela, y de recuperación del pluralismo institucional», ha manifestado Rodríguez Zapatero.

Sobre la posible extradición, ha comentado que «no creo que eso se vaya a producir ni que eso contribuya en esos momentos a una situación en la que podamos avanzar». «Se trata de un gesto más que de otra cosa», ha abundado antes de insistir en desear que Leopoldo López «se sume al diálogo, como está sumándose» ya «buena parte de la oposición venezolana».

«Eso sería muy importante y positivo», ha defendido el también ex secretario general del PSOE, quien ha sostenido que «las tesis del diálogo como única salida y de que no iba a producir ningún efecto la llamada ‘operación Guaidó’ se están abriendo paso».

Ha añadido que «Venezuela se jugaba la paz o un conflicto civil», y «se juega la confianza en que el diálogo puede abrir todos los espacios democráticos, facilitar la alternancia, y este es el camino y va a serlo a partir de ahora, ya lo está siendo».

«No quiero reivindicar que yo tenía razón, pero sí quiero reivindicar que todos los mejores productos políticos de la Historia son fruto del acuerdo», ha continuado Rodríguez Zapatero, quien ha proclamado así que «el diálogo hay que mantenerlo siempre, es un fin en sí mismo», y «la generosidad, la capacidad de integración es esencial».

Tras defender en esa línea que «si las democracias no tuvieran una gran capacidad de generosidad y de integración habría menos democracias en el mundo», Zapatero ha sostenido que, ante el «conflicto» que se vive en Venezuela, «debemos garantizar, lo primero, que no derive en violencia, y que se instauren o reinstauren todas las reglas del juego que respeten todos».

Y tras subrayar que ha «dedicado mucho tiempo y tarea a procurar la libertad de personas que están o han estado en la cárcel, incluido Leopoldo López», el expresidente también ha apuntado que «no comparte que haya intentos de subversión, de golpes de estado, o que se promuevan», porque cree que «eso conduce siempre al desastre», según ha zanjado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, en la que le ha traslado su interés por ampliar la colaboración entre España y China y su disposición a desempeñar un «papel constructivo» para mejorar las relaciones del país asiático con la Unión Europea.

Sánchez y Xi han expresado su interés de que ambos países sigan fortaleciendo sus actuales relaciones económicas, comerciales y culturales. Y además, el jefe del Ejecutivo español ha aprovechado para poner de manifiesto que el Plan de Recuperación español podría ampliar esta colaboración a la transición ecológica, la movilidad eléctrica, la economía circular y la digitalización.

El Gobierno tiene claro que China es un socio comercial de primer orden para España –es el segundo proveedor mundial de nuestro país– y, en este sentido, Sánchez ha defendido la necesidad de seguir profundizando esa relación entre España y China, y también entre el país asiático y la Unión Europea.

Por ello, el presidente español ha manifestado su confianza en que se pueda encontrar un terreno común en Europa para crear «el clima de confianza necesario» para la ratificación del Acuerdo Global de Inversiones entre la UE y China. A juicio de ambos mandatarios, este acuerdo favorecerá un mayor equilibrio entre los intereses de ambas partes a largo plazo.

LLEGADA DE TURISTAS CHINOS

Sánchez ha aprovechado la conversación para comentar personalmente con Xi la decisión de España de permitir desde el pasado 24 de mayo la llegada de turistas procedentes de China que tengan la pauta completa de una de las vacunas autorizadas por la EMA o la OMS.

Los presidentes han subrayado asimismo la importancia de fortalecer el sistema multilateral para hacer frente a la magnitud de los desafíos actuales, acelerados por la pandemia de COVID-19. A este respecto, los presidentes han abordado la cooperación mantenida durante la pandemia y han coincidido en su interés de garantizar el acceso global, equitativo y rápido a las vacunas.

En concreto, Sánchez ha vuelto a defender su iniciativa de ‘Vacunas para todos’ y su apuesta por actuar en tres frentes: facilitar la transmisión de tecnología y conocimiento, eliminar las barreras para aumentar la producción de vacunas, y acelerar su distribución, «para no dejar a nadie atrás.

Además, ambos líderes han coincidido en la urgencia de establecer una agenda climática global lo más ambiciosa posible. Por ello, el jefe del Ejecutivo ha ofrecido el apoyo de España para el éxito de la COP15 sobre Biodiversidad que se celebrará en octubre de 2021 en la ciudad china de Kunming. España, con una política muy activa en la materia, es el país con el mayor número de reservas de la biosfera del mundo, con un total de 49.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de «equivocación histórica» que el Gobierno pueda indultar a los condenados por el ‘procés’, al respecto de lo que el Tribunal Supremo ha emitido su opinión contraria, y ha manifestado que «es difícil de digerir» los planteamientos expuestos por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

En respuesta a los medios de comunicación tras la reunión del Consello de la Xunta, Feijóo ha manifestado que se trata de una decisión que «a cualquier demócrata le produce una enorme preocupación» y se ha referido en concreto a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en las que dice que los indultos hay que «verlos con naturalidad» es «una enorme preocupación para cualquier demócrata» independientemente de su ideología.

«Es difícil de digerir que un ministro de Justicia de un gobierno vea con naturalidad que se indulte a personas que han quebrado la Constitución y el Código Penal», ha afirmado el presidente autonómico, quien ha seguido con esta argumentación para indicar que es «muy difícil de digerir» que se proceda de este modo con personas «que no han pedido el indulto y que manifiestan que van a continuar con este tipo de delitos».

«Por tanto, estamos ante un indulto de personas que ni lo solicitan y que, además, nos advierten de que van a proseguir con un delito continuado. No hay precedentes en una democracia europea», ha aseverado Feijóo, quien ha insistido en que «los indultos, primero hay que pedirlos; y lo segundo es comprometer que no se vuelvan a cometer»: «Aquí se da lo contrario, ni se pide ni hay ningún interés en modificar la conducta».

«DEPENDENCIA» DE PARTIDOS

En su respuesta, Feijóo también ha admitido que es «difícil de digerir» que el Gobierno central «dependa de partidos y personas sentenciadas por el Supremo», a las que «quiere indultar».

«Y es muy difícil de digerir», ha proseguido, que «se pretenda degradar la justicia y las instituciones de nuestro país por parte del primer ministro.

«Todo esto es muy difícil de digerir y creo que es una equivocación histórica», ha proclamado el presidente autonómico en su intervención, en la que ha expresado que si el Gobierno «tiene dificultades», que se pueden «entender», este tipo de argumentos «no puede utilizarlos».

«EXPLICACIÓN DE UN PARTIDO, NO DE UN GOBIERNO»

Feijóo ha cuestionado que se diga «que un indulto hay que tomarlo con naturalidad» y ha advertido del mensaje que se lanza cuando se dice «que no hay que cumplir las sentencias» porque se consideren una «venganza». En este sentido, se ha preguntado qué pueden opinar los presos que están en las cárceles españolas ante estos argumentos y por qué «no son todos iguales».

«Espero que el Gobierno valore muy mucho lo que va a hacer. Entiendo las dificultades parlamentarias, pero no todo vale. Esta explicación no es la que merecen los demócratas en España, como mucho, será una explicación de un partido, pero no de un Gobierno», ha sentenciado.

La Mesa del Congreso ha amparado al diputado Pablo Cambronero, que abandonó Ciudadanos para pasar al Grupo Mixto, y ha exigido a los partidos que componen esta agrupación parlamentaria que le permitan intervenciones en el Pleno y las comisiones como cualquier otro.

Tras abandonar Ciudadanos, Cambronero pasó al Grupo Mixto del Congreso, donde hay nueve diputados de siete formaciones diferentes: la CUP (dos diputados), UPN (otros dos), Coalición Canaria (una), Nueva Canarias (uno), Foro Asturias (uno), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (uno), y Teruel Existe (uno).

Pero la canaria Ana Oramas ya le comunicó, en nombre de los demás partidos, que iba a tener limitadas sus funciones parlamentarias porque se le considera un ‘diputado no adscrito’, una figura que existe en corporaciones locales y asambleas autonómicas pero que el Congreso aún no ha regulado en su Reglamento. Y es que Cambronero recaló en el Mixto no por pertenecer a un partido minoritario, sino tras haber abandonado la formación con la que fue elegido.

SOLO LE DEJABAN PRESENTAR PREGUNTAS ESCRITAS

Eso implica, según se le remarcó, que no entra en el reparto de tiempos de intervención, presencia en comisiones y cupos de iniciativas en igualdad de condiciones, ya que supondría restar a los demás. Sólo le cabe registrar preguntas escritas al Gobierno –por ser éste un derecho individual de cada diputado– y estar adscrito a una comisión menor, concretamente la de Peticiones, cuyas reuniones son a puerta cerrada y casi nunca hay votaciones.

Cambronero, policía de profesión y que ejercía como portavoz de Interior de Ciudadanos, ya viene ocupando un escaño en la parte alta del hemiciclo donde se encuentran ubicados los integrantes del Grupo Mixto, pero sigue sin despacho ni ordenador de sobremesa para poder acceder al registro telemático del Congreso.

Todos los partidos del Mixto respaldaron por unanimidad esa política, según le comunicó el actual portavoz del Grupo Mixto, Isidro Martínez Oblanca, de Foro, por lo que Cambronero pidió amparo a la Mesa del Congreso, que se lo ha concedido, según informaron fuentes parlamentarias.

Y SE LE BUSCARA UN DESPACHO

El órgano de gobierno de la Cámara, según el acuerdo adoptado este martes, considera que la potestad que tiene que el Grupo Mixto para organizarse no permite llegar a acuerdos que «limiten los derechos de participación» de ningún diputado, ya que debe garantizar «el ejercicio de tales derechos en condiciones de libertad e igualdad».

Así las cosas, el Grupo Mixto deberá revisar sus acuerdos de funcionamiento interno para permitir que Cambronero tenga oportunidad de intervenir en plenos y comisiones. Y, paralelamente, la Mesa que preside Meritxell Batet se encargará de analizar los espacios disponibles en las dependencias parlamentarias para asignar un despacho al diputado, como tienen los otros 349 miembros de la cámara.

A diferencia de los otros exdiputados del PP y del PSOE que en legislaturas anteriores pasaron en silencio al Grupo Mixto, Cambronero decidió emprender una batalla para defender sus derechos dejando claro que no piensa abandonar el escaño ni adscribirse a otro grupo parlamentario.

Hana Jalloul, la que fuera secretaria de Estado de Migraciones, ha sido la elegida como nueva portavoz del PSOE-M en sustitución de Ángel Gabilondo que dimitió hace justo 20 días, han informado en rueda de presa la Gestora del PSOE-M y el Grupo Parlamentario.

Así lo han decidido en la reunión de hoy en la sede del PSOE-M, en Buen Suceso, después de llevar semanas de encuentros para ir forjando un calendario que luego vaya a dar lugar a la formación de un equipo solvente. Hana ha estado acompañando a Gabilondo durante toda la campaña electoral y ha sido su ‘número dos’ durante este tiempo.

De esta forma, se ha designado también como portavoces adjuntos a Juan Lobato, exalcalde de Soto del Real y cuarto en la lista, e Irene Lozano, expresidenta del Centro Superior de Deportes (CSD) y número 5 y como secretaria general del grupo a Carmen Mena.

Los nombramientos que realicen serán de carácter provisional, ya que la nueva dirección que surja del proceso de congreso será la que tenga que tomar las decisiones definitivas de los nombramientos para el resto de la legislatura. Es decir, el nombramiento del portavoz y del resto de miembros serán de carácter temporal antes de que se celebre el congreso regional a finales de año.

La presidenta de la Gestora, Isaura Leal, ha trasladado que el PSOE «aya está en marcha» y que arrancan su labor de oposición parlamentaria «con una dirección renovada, potente, joven y muy cualificada y experimentada».

Además, ha agradecido a Ángel Gabilondo y al ex secretario general del PSOE-M,José Manuel Franco su «generosidad y entrega» y ha asegurado que mantendrán «su espíritu de trabajo, de concordia y acuerdo».

Por su parte, Hana Jalloul ha asegurado que tiene «en el corazón» a Gabilondo y a Franco, así como a la dirección del grupo y ha asegurado que es un «honor» para ella obtener esta responsabilidad.

«Tenemos muchas ganas en estos dos años tan intensos de trabajo que tenemos. Es una etapa de estar mucho en la sociedad. Nosotros no vamos a parar de escuchar el latido de estar con las personas más vulnerables y trabajar en la eliminación de las desigualdades. Ayuso quiere ir de la mano de la ultraderecha y no vamos a permitir este tipo de discursos y vamos a lucharlo con toda nuestras fuerzas«, ha lanzado.

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia pedirá en el Pleno que se incorporen «los símbolos de la nación» en las aulas del municipio, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Y es que Vox dice dotar «de la máxima protección jurídica y del máximo respeto a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la Corona». Por ello, el partido pide que se incorpore la bandera de España en la entrada de todos los centros educativos, el retrato de Su Majestad el Rey Felipe VI en las aulas y la reproducción del himno nacional una vez que el alumnado acceda a las mismas.

«Estos símbolos son garante de la unidad y la continuidad histórica de España y desde Vox pedimos que se incorporen en los centros del municipio de cara al próximo curso», ha manifestado José Ángel Antelo, portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia y presidente provincial del partido.

Antelo ha afirmado que al igual que la lengua común es el español, «todos los símbolos de la nación deben ser conocidos por el alumnado y los docentes de Murcia, asegurando así su futuro de cara a los partidos que sin escrúpulos ni éxito intentan acabar con la institución».

A continuación, en pleno se debatirán siete mociones más entre las que destacan la del incremento de la plantilla de la Policía local como «medio necesario para alcanzar la seguridad en la totalidad de los barrios del municipio».

«Pedimos un plan completo de actuación para los próximos dos años con las fases de actuación para incrementar la plantilla de la Policía local entre 300 y 400 agentes, adecuándola a la ratio recomendada por la población del municipio de Murcia», ha explicado la edil Inmaculada Ortega, quien además insta a convocar una oferta pública en número suficiente para cubrir las plazas vacantes y aumentar al menos en un 20% la plantilla existente en la actualidad.

Asimismo, Antelo defenderá una moción sobre el fin de las restricciones del 9 de mayo en la que se pide que el Gobierno autonómico «se abstenga de imponer ningún toque de queda, ni restricciones a la movilidad en el territorio de la región o medidas que afecten a los derechos fundamentales de los murcianos».

«Desde VOX exigimos que se permita a los establecimientos hosteleros, los locales comerciales y cualquier otro tipo de actividad que puedan abrir conforme al horario y condiciones de su licencia de actividad», ha puntualizado el portavoz, recordando que los estados de excepción que se han vivido «dejaban en suspenso y restringían derechos fundamentales y libertades públicas en contra de la Constitución».

MOCIONES EN BENEFICIO DE LOS ESPAÑOLES

El Centro Municipal de control de zoonosis (perrera municipal) de Murcia se encuentra ubicado en la pedanía de La Albatalía entre dos viviendas, lo que ha generado numerosas quejas ante el ayuntamiento e innumerables llamadas a la Policía local a lo largo de los años por los vecinos de la zona.

«Además de los ruidos, los olores que desprenden son continuos e insoportables. Para evitar más riesgos innecesarios tanto para la salud humana como animal, desde Vox pedimos que se proceda a la tramitación y traslado del Centro a otro lugar del municipio que reúna las condiciones para evitar graves perjuicios a las personas y evitar posibles casos de maltrato animal», ha manifestado Ortega, quien ha acudido a las inmediaciones y ha comprobado de primera mano el malestar de los vecinos.

Vox también defenderá en pleno una moción para solucionar el grave deterioro de la pedanía de la Purísima/ Barriomar. «Existe un grave problema social debido a las altas tasas de ocupación ilegal de viviendas abandonadas que han convertido al barrio en un ghetto, siendo esto una importante fuente de conflictos con un alto nivel de inseguridad ciudadana», ha explicado el concejal José Palma, quien ha recorrido sus calles y pide, entre otras medidas, agilizar de forma prioritaria la construcción del Parque Metropolitano del Oeste.

La inclusión social de las personas con discapacidad intelectual tendrá cabida en el pleno de este jueves (con la propuesta de una Comisión Especial con la finalidad de redactar un temario específico para aquellas personas con discapacidad intelectual que opositen a plazas de empleo público del Ayuntamiento de Murcia), así como la limpieza y mantenimiento de los cauces del Río Segura, sus afluentes y todas las ramblas del municipio.

Por último, Palma defenderá que se implemente el número de plazas de Policía local «de forma que se alcance el objetivo de 700 agentes más al llegar la finalización del presente mandato, cumpliendo además con las correspondientes tasas de reposición y se proceda a la inmediata reparación y puesta en marcha de los cada vez más numerosos vehículos averiados de la flota de vehículos», ha concluido el edil de Vox.

El Gobierno ha querido dejar claro este miércoles, tras el informe del Tribunal Supremo rechazando los indultos para los presos del ‘procés’, que la decisión final sobre este asunto le corresponde tomarla al Consejo de Ministros en función del análisis que haga el Ministerio de Justicia, y que se trata además de un procedimiento legal y ajustado a derecho.

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Transportes y también secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en declaraciones a TVE, antes de volver a manifestar que el Gobierno se guiará por el espíritu de «concordia» y no por «venganza», cuando tenga que tomar esta decisión.

«Con razón de utilidad pública y de interés general es como se tiene que plantear la medida, si finalmente se adopta, que lo será en función de los informes del Ministerio de Justicia y la decisión que tome el Consejo de Ministros, que lo hará en base a un proceso reglado, no solo en ese contexto meramente legal, sino con la voluntad de convivir pacíficamente», ha explicado.

También la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles, poco antes de emitir el Supremo su informe, que el indulto es un derecho que tienen todos los españoles.

Todo ello, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzara este martes que el Ejecutivo se guiará por la «concordia», el «entendimiento» y el «diálogo» a la hora de decidir sobre los indultos, y no por la «venganza» y la «revancha». «Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia», ha reafirmado este miércoles, abriendo a puerta a esa posibilidad de conceder los indultos.

«ES UNA DECISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS»

Ábalos ha vuelto a dejar abierta esta opción, y ha asegurado que el objetivo del Gobierno es buscar el «encuentro» y alejarse de «cualquier elemento de venganza». Además, ha defendido la independencia de los diferentes poderes para pronunciarse dentro de sus competencias y tomar sus decisiones.

«Al final es un órgano el que tiene potestad para resolver finalmente. Estamos hablando de informes que tienen que acompañar a la deliberación del Consejo de Ministros, pero obviamente es una decisión del Consejo de Ministros», ha recalcado.

Asimismo, ha rechazado las acusaciones del líder del PP, Pablo Casado, de que los posibles indultos son un pago a los socios independentistas del Gobierno, y avisando de que supondrá el «finiquito» de Sánchez. «Nos han finiquitado desde un principio. Nos han tachado de ilegítimos, nos han querido finiquitar de nacimiento», ha recordado Ábalos.

Así, ha asegurado que no hay «nada nuevo» en esta actitud, y ha avisado de que fue durante el Gobierno del PP cuando la situación se degradó profundamente en Cataluña y se incrementó el independentismo. «Díganme como se construye España, dividiendo o integrando, yo solo creo que hay una forma, que es integrando», ha defendido.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado este miércoles un llamamiento a «recuperar la confianza» en la relación entre España y Marruecos, y a «rectificar errores si se han cometido».

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que el expresidente socialista ha aseverado que «la relación con Marruecos es esencial para España», y, a propósito de la crisis entre ambos países que se evidenció la semana pasada con la llegada de miles de inmigrantes del país africano a la ciudad autónoma de Ceuta, ha comentado que «si se han cometido errores hay que rectificarlos».

«Hay que recuperar la confianza, es fundamental la recuperación de la confianza en las relaciones exteriores», ha incidido Rodríguez Zapatero, que ha apostillado que eso «empieza por no hacer declaraciones durante un mínimo plazo de tiempo, unos días», un «silencio» que «parece» que en este caso ya «ha comenzado», según ha añadido.

Así «empezarán las medidas de recuperación de la confianza», según ha abundado Zapatero, quien ha indicado que no dispone de «toda la información» sobre lo que ha ocurrido, pero que en todo caso le «gustaría ver al PP y al Gobierno dialogando y trabajando juntos para recuperar» esa relación de «confianza» con Marruecos.

Ha comentado además que uno de los temas sobre los que «más a fondo» habló con Mariano Rajoy en la etapa de transición entre el Gobierno que él presidía y el que empezó a dirigir el dirigente del PP en 2011 fue Marruecos, y ha señalado que cree que el entonces presidente del PP «me escuchó, y eso llevó a que la política con Marruecos del presidente Rajoy fue razonable».

LA CUESTIÓN DEL SÁHARA

Zapatero también se ha referido al «tema de fondo» que hay en la relación con Marruecos, sobre el que él se ha «posicionado históricamente», según ha subrayado, en alusión al asunto del Sáhara.

Al respecto, ha resaltado, que, «en 2007, el Reino de Marruecos presentó un proyecto de autonomía avanzada que tuvo un buen eco», y ha opinado que es «un marco positivo que sirve de base para la negociación que ha de haber en este tema entre las dos partes, y que sólo puede terminar en un acuerdo razonable».

«Era un proyecto de autonomía muy avanzada para el Sáhara que debería ser la línea que se debería explorar», ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha abogado por que «las mejores cabezas diplomáticas diseñen ese plan de recuperación de confianza» que, en su opinión, debe llevarse a cabo «con iniciativas, con gestos», porque «es esencial la relación con Marruecos para nuestra estabilidad», según ha incidido.

Además, el ex secretario general del PSOE ha dicho que «hay que apoyar al Reino de Marruecos en su proceso de modernización en un contexto del mundo árabe tan difícil y con una región tan complicada», y ha concluido valorando que, en su etapa como presidente del Gobierno, dicho país del norte de África «fue un colaborador intenso, activo, leal» con España «en la lucha contra el terrorismo yihadista y en la política migratoria». «Hubo un entendimiento muy razonable y muy positivo» y «creo que lo podemos recuperar», ha zanjado el expresidente español.

El Juzgado de Instrucción número 18 de València ha abierto un nuevo juicio oral al expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus por otra de las piezas del caso Imelsa, la relativa a presuntas irregularidades en el servicio de ‘call center’.

Se trata de la pieza D del procedimiento y, en total, hay ocho acusados. Esta resolución se ha dictado una semana después de que el juzgado también abriera juicio oral a Rus y otras 25 personas más por las piezas de los ‘zombies’ en Imelsa y Ciegsa.

La nueva resolución, que es firme y solo puede ser recurrida en lo relativo a la situación personal de los encausados, señala como órgano competente para el enjuiciamiento de la causa la Audiencia de Valencia.

Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, audenominado ‘yonki del dinero’, le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.

Los otros seis acusados en esta pieza –bien como autores directos o como cooperadores necesarios– están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el suegro de Benavent, Mariano López, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.

En el auto, la jueza requiere a seis de los encausados para que presten una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecunarias que en su día pudieran declararse procedentes.

RUS, «JEFE» DE LA ORGANIZACIÓN

En esta pieza, tal y como desgrana el fiscal en su escrito de calificación, Rus organizó Imelsa para sus propios fines y los de sus «compinches», tanto de partido como personales, y nombró a Benavent gerente.

El ministerio público sitúa a Rus como jefe de la organización. En un momento determinado, antes de junio de 2012, el suegro de Benavent arrancó a Rus el compromiso de adjudicar a su empresa –Servimun S.L.– un contrato público de gestión tributaria de servicios.

Así, Benavent mantuvo una reunión con su suegro y otro acusado para poner en funcionamiento la maquinaria administrativa «asegurando la adjudicación fraudulenta del contrato» para que desde Imelsa no se pusiera objeción alguna a la necesidad de contratación, pliego de condiciones y adjudicación de un servicio «ineficaz» para los intereses generales pero «rentable para los investigados».

Desde el inicio se sabía, tal y como recoge el fiscal, que se contaba con la «necesaria aprobación» de Rus, «sin la cual hubiera sido impensable proceder al desarrollo administrativo de la adjudicación». Así, para «sortear» los procedimientos de contratación de la Diputación y el control financiero del interventor, Rus utilizó «de forma torticera» una encomienda de gestión a Imelsa, «siendo la primera de las vulneraciones de la legalidad cometidas para lograr su propósito».

El informe de necesidad de la contratación lo suscribió el acusado Salvador Deusa como jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia en diciembre de 2012, amigo personal de Mariano López.

En este proceso, Benavent, «conocedor de las intenciones de Rus de favorecer esta adjudicación», no puso ninguna traba ni inconveniente en el proceso administrativo de selección «como estaba ordenado y convenido por Rus con López».

En diciembre de 2012 se publicó el anuncio de licitación con un presupuesto de 1.020.000 euros. En la mesa de contratación tuvo una participación activa en el amaño el acusado Ricardo Ángel De Mari, jefe de servicio de la Diputación.

Servimun recibió la mayor puntuación para ser adjudicataria del contrato con una proposición «totalmente alejada de la verdadera realidad de lo que realmente podía y quería realizar la empresa», puesto que carecía de cualquier capacidad operativa para llevar a cabo lo señalado en la oferta, ni en medios técnicos, que eran a cargo de Imelsa, ni en medios personales, ni por experiencia en el objeto contractual.

Como coordinador del contrato se colocó al hijo de Mariano López, que se encontraba en paro, y que no contaba ni con experiencia ni con ninguna cualificación para el desarrollo de sus funciones. Pero no fue el único familiar que se benefició de las contrataciones, porque también se contrató a otro familiar del suegro de Benavent.

Finalmente, la formalización del contrato se realizó en junio de 2013 por un importe de 842.975,2 euros, sin IVA, distribuido en tres años. El trabajo fue «defectuoso» y «fracasado» desde un principio. «Imelsa se encargó no solo de formar al personal contratado por Servimun, sino de contratar el local, adecuarlo a las necesidades –tanto con medios técnicos como materiales– de tal forma que la empresa no realizó desembolsó económico ninguno para la ejecución del contrato y se limitó a realizar pagos a los trabajadores que había contratado con el único objetivo de dar una apariencia de ejecución del contrato». Se pagó por trabajos no hechos.

En 2015, pese a los intentos de Mariano López de presionar a varios diputados para que se siguiese con la «farsa» de la contratación, no fue renovada por los informes negativos y la comprobación de la «inutilidad» del servicio por el nuevo equipo directivo de Imelsa. El perjuicio económico a los fondos públicos fue de 870.811,06 euros.

DINERO «RAPIÑADO»

Mariano López creó una empresa, Técnicas Legales Administrativas S.L., para hacerse con el dinero procedente de la contrata «simulando una relación contractual de la empresa con Servimun y poder introducir en el tráfico mercantil el dinero rapiñado, disfrutando del mismo sin que apareciera como titular ni dueño ni administrador de ninguna de las empresas».

La cantidad total que se incorporó al tráfico mercantil, simulando operaciones comerciales a través de la sociedad T.L.A y proveniente de Servimun asciende a un total de 198.835,48 euros, de los que se beneficiaron tanto Mariano López, como las también acusadas Vicenta y María Concepción Torregrosa, «que no solamente aparece como administradora formal de la sociedad, sino que dispone de metálico en su beneficio sabiendo que dicha sociedad carece por completo de actividad comercial alguna que pudiera generar ingresos lícitos».

Junto a esta operativa y antes de la creación de la sociedad Técnicas Legales Administrativas, Mariano López disfrutó del dinero de la adjudicación nada más firmado el contrato el 7 de junio de 2013 a través de transferencias bancarias de la cuenta de Servimun S.L.

El fiscal concluye su escrito advirtiendo de que para la investigación de los hechos indicados ha sido «determinante y activa» las declaraciones prestadas por el acusado Marcos Benavent, que confesó los hechos ante la Guardia Civil cuando prestaba declaración por otros hechos delictivos, indicando las personas que participaban junto a él.

Unidas Podemos ha reivindicado la concesión de los indultos a los líderes del ‘procés’ en prisión al proclamar que «el tiempo de los jueces» como «guionistas de la política» ha «terminado» y, ahora, le toca al Ejecutivo dar este «primer paso» para poder solucionar el conflicto catalán.

De esta forma ha desdeñado el informe del Tribunal Supremo contrario a otorgar esos indultos, al no ser vinculante, y reivindica esta prerrogativa del Gobierno que «tiene todo el sentido» en este caso, pues concurren razones de «equidad», de «justicia» ante unas penas «desproporcionadas» y de «utilidad pública» que aconsejan este mecanismos para lograr la «concordia» en Cataluña.

Así lo ha trasladado el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, para detallar que los ministros de Unidas Podemos defenderán, cuando toque evaluar esta petición en el seno del Consejo de Ministros, otorgar esta medida de gracia para «desjudicializar» así el conflicto.

De hecho, ha subrayado que las declaraciones de ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revelan que «hay buena voluntad» a la hora de examinar los indultos y, en consecuencia, confían en que se concederán.

«RECUPERAR EL TERRENO DEL DIÁLOGO Y NO DE LA VEGÁNZA»

«Quienes fueron parte del problema sabíamos que no serían parte de la solución y los jueces dejan de ser ya los guionistas de la política, para que la política vuelva a recuperar el terreno del diálogo y no de la venganza. Ahora empieza el tiempo de la política, el tiempo de los jueces ha terminado», ha apuntado tras comparecer ante los medios en el Congreso para valorar la resolución del alto tribunal.

NO SE PUEDE EXIGIR ARREPENTIMIENTO

Y es que Asens ha explicado que no le ha sorprendido el informe del Supremo, pues sus anteriores soluciones ya avanzaban su criterio de oponerse al indulto de los condenados en el ‘procés’, y ha reprochado su «tardanza» en evacuar este trámite, que ve «intencionada».

A su vez, ha subrayado que no es necesario el requisito del arrepentimiento para dar los indultos, pues no es una «anomalía» que se otorguen pese informe en contra del tribunal sentenciador, que suele ser lo frecuente. Es más, ha sentenciado que España «no es una democracia militante» y «no se le puede exigir a nadie que renuncie a sus ideas» políticas.

De todas formas, el también dirigente de En Comú Podem ha insistido en que ahora es el turno «de los actores políticos», pues la «libertad de los presos» independentistas es necesaria para la mesa del diálogo en Cataluña, que a su juicio no podrá avanzar con dirigentes de la «contraparte» en la cárcel. Con ello, hacía una alusión concreta al líder de ERC, Oriol Junqueras.

En esta línea, ha recalcado que no existe un tiempo tasado hasta que se analice el expediente motivado de los indultos por parte del Consejo de Ministros, pero ha exhortado a cumplimentar el trámite lo antes posible.

«No podemos esperar más», ha desgranado el parlamentario para aludir, además, a que el indulto es pertinente dado que no incurrieron en violencia y los reos ya no son diputados ni miembros de la Generalitat, lo que en definitiva impide que vuelvan a repetir los hechos por los que fueron condenados.

«NO PASAR MÁS VERGÜENZA EN EUROPA»

Asens ha subrayado también que su libertad es una «exigencia» no solo de organizaciones como Amnistía Internacional sino de Europa, pues sentencias de países europeos como Bélgica indican que, lo que es «cárcel», en el ámbito político son «hechos políticos» sin relevancia penal.

Por tanto y para no pasar «más vergüenza» en Europa, ha demandado los indultos para «atemperar» una «pena desproporcionada», en línea también con los votos particulares que emitieron en su día magistrados del Tribunal Constitucional.

Mientras, Asens ha criticado que le sorprende que el PP se agarre al argumento del arrepentimiento, que no está contemplado en la ley, cuando otorgó «centenares» de indultos, algunos por crímenes «abyectos» durante su etapa en el Gobierno con informes negativo.

«HIPOCRESÍA Y CINISMO» DEL PP

Además, ha recriminado que el PP no dijo nada sobre los indultos a condenados por el golpe de estado del 23F y le preocupa su «desconocimiento» cuando alude a un eventual recurso en caso de que se concedan a los presos independentistas, pues esa opción está tasada para aquellos que tengan reconocido el interés legítimo de «víctima».

En su opinión, los populares en el caso del ‘procés’ no tienen sus derechos afectados y, por tanto, incurren en una estrategia de «confusión» mediante un «gran ejercicio» de «desmemoria, cinismo e hipocresía». «Que den lecciones de cómo indultar es como si Luis Bárcenas intenta dar lecciones de buen gobierno y transparencia», ha enfatizado Asens.

Por último y cuestionado sobre el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, el dirigente de Unidas Podemos ha señalado que el indulto no soluciona todo el problema y, precisamente por ello, han reclamado la reforma del delito de sedición para facilitar el retorno de los políticos que están ahora en Bélgica.