La Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica este fin de semana la vigilancia en las carreteras más frecuentadas por motoristas con el fin de controlar el cumplimiento de las normas más importantes que afectan a la conducción de motocicletas.

Así lo ha dado a conocer este viernes el departamento que dirige Pere Navarro, que ha detallado que el objetivo de esta campaña especial es intentar reducir los accidentes mortales de este tipo de vehículos ya que en los 18 fines de semana que llevamos de año han fallecido 51 motoristas. Para ello, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil divulgarán la importancia que tiene el respeto de las normas y comprobarán que éstas se cumplen.

Tráfico tiene previsto en 2021 la realización de tres campañas específicas para motocicletas. La primera de ellas tendrá lugar este fin de semana (29 y 30 de mayo) y las otras dos el 24-25 de julio y el 4-5 de septiembre.

PELIGROSIDAD DE LOS FINES DE SEMANA

En este contexto, ha recordado que en 2019 –año de referencia– se produjeron 36.143 accidentes con víctimas en los que se vieron implicadas motos o ciclomotores y en los que fallecieron 466 usuarios (conductores o acompañantes). Esta cifra, la más alta desde el año 2010, supuso el 27% del total de fallecidos en ese año y un incremento del 11% con respecto a 2018.

Además, ha añadido que el aumento de víctimas mortales se produjo mayoritariamente en vías interurbanas. Las cifras anuales muestran que, aunque en ellas se produjeron el 22% de los accidentes de moto, el 68% de los fallecidos eran usuarios de este tipo de vehículos.

En este tipo de vías, la accidentalidad y la mortalidad no fueron uniformes sino que se concentraron especialmente en los fines de semana en los que ocurrieron casi un 50% del total de accidentes y un 55% de los accidentes mortales.

En 2019, la cifra de motoristas fallecidos en fin de semana aumentó un 20%, frente al incremento del 10% el resto de días. Además, los accidentes que suceden en fin de semana son más graves ya que por cada 100 ciclomotores y motocicletas implicados en accidente fallecen 5 personas, frente a las 3 que lo hacen de lunes a viernes.

Dentro del periodo temporal considerado fin de semana (desde las 15.00 horas del viernes a las 24.00 horas del domingo), el domingo por la mañana, de 7.00 a 14.00, es el momento tanto con mayor número de accidentes (21%), como con mayor número de motoristas fallecidos (36 de 176, el 20%).

PERFIL DE LOS ACCIDENTES

El 85% de los accidentes mortales ocurrieron en carreteras convencionales, razón por la cual este tipo de vías necesitan de una especial vigilancia de conductas inapropiadas por parte de este tipo de usuarios, según ha explicado la DGT.

Más de la mitad de los accidentes (57%) son salidas de vía o caídas, es decir, accidentes en los que no hay colisión con otro vehículo. Además, si tenemos en cuenta el trazado de la vía en el lugar del accidente, el 86% de los que resultaron mortales se produjeron fuera de una intersección y el 53% de éstos en tramos de curva.

En cuanto al tipo de vehículo implicado en accidentes, la gran mayoría (71%) son motocicletas de gran cilindrada, 500 cc o más y el 55% de las implicadas en accidentes mortales tiene 10 o más años de antigüedad.

En cuanto al perfil de los conductores, la práctica totalidad (el 98% de los accidentes mortales) son hombres, principalmente entre los 35 y los 44 años. Un 63% de los implicados en accidentes mortales tiene permiso clase A y, más de la mitad de ellos con 20 años o más de antigüedad.

Finalmente, en relación a los comportamientos inadecuados de los conductores, las cifras reflejan que el 95% de los implicados en accidentes llevaban el casco en el momento del mismo y, con las pruebas de las que se disponen, 1 de cada 4 conductores fallecidos habían consumido alcohol o drogas antes de sufrir el accidente.

La ONG WWF ha celebrado el aumento «récord» de la población de lince ibérico en España pero avisa de que la especie no estará «fuera de peligro» hasta que sus números se multipliquen por tres y lleguen a 3.000 o 3.500 ejemplares en 2040, para lo que consideran necesario acabar con el furtivismo, los atropellos y reconectar las diferentes colonias.

Para el experto en la conservación del lince de la ONG, Ramón Pérez de Ayala, los buenos datos del censo de 2020 publicados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, son «absolutamente esperanzadores y positivos» y suponen un «hito histórico».

La población ha superado los 1.000 ejemplares ya que se ha «multiplicado por diez en apenas 20 años», desde los 94 en 2002 a los 1.111 en 2020. Si bien, alerta de que aunque los números totales son «importantes», destaca que aún es más relevante el número de hembras reproductoras, que marcan la viabilidad de la especie.

Ellas han pasado de 27 a 239 ejemplares. «El censo del lince del año 2020 es un hito histórico (…)», celebra Pérez de Ayala que, recuerda que se partía de cien individuos «nada más».

En este éxito, considera que ha sido fundamental el trabajo de «muchísimas» instituciones, administraciones oenegés, empresas privadas del sector cinegético y muchos propietarios privados que han participado.

No obstante, avisa de que queda aún mucho trabajo por hacer ya que la especie no estará fuera de peligro hasta multiplicar la población actual y que al menos 750 de los ejemplares sean hembras reproductoras y subraya que es clave conseguir la transferencia de individuos de unas poblaciones a otras para evitar problemas de endogamia.

«Tenemos otros problemas añadidos, además, como la mortalidad, que hay que seguir trabajando en ella y el furtivismo, si no reducimos estas causas de mortalidad», ha expuesto.

Para el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, elogia el «gran éxito para la conservación en España y en el mundo».

«Pocas especies son capaces de escapar de una situación tan crítica como ha estado el lince ibérico. Este gran avance responde a un trabajo continuo y conjunto de más de 20 administraciones y organizaciones, además de muchos particulares, y donde WWF ha trabajado sin descanso en los últimos 20 años con un papel muy destacado», ha valorado.

Por último, ha incidido en que para multiplicar por tres en 2040 el número de linces en la naturaleza es necesario seguir trabajando «intensamente» para erradicar amenazas como los atropellos y perseguir legalmente las muertes por disparos, lazos o cepos, que suponen todavía una «pérdida irreparable de linces cada año».

La ONG ha trabajado en los últimos 25 años en la recuperación de la especie y actuó in extremis en los últimos núcleos de población. A finales de los años 90 comenzó a trabajar directamente sobre el terreno a través de acuerdos de custodia con las fincas cinegéticas donde sobrevivían los últimos linces en Sierra Morena, Montes de Toledo y Doñana.

Al mismo tiempo, dio la voz de alarma en España y en Europa sobre la dramática situación del lince ibérico, participó en el censo nacional del año 2002 y durante años ha realizado una labor de intermediación continua entre administraciones y creando alianzas entre diferentes sectores.

En la actualidad, la ONG participa como socio en los proyectos LIFE que se han desarrollado, mantiene acuerdos de custodia con 18 fincas y en más de 25.000 hectáreas que albergan unos 12 territorios de hembras con cachorros, y desarrolla trabajos de mejora de hábitat y recuperación de las poblaciones de conejo.

Además, WWF trabaja activamente en la reducción de sus amenazas, desarrolla campañas de sensibilización, participa activamente en el seguimiento científico y está desarrollando nuevas plataformas para mejorar el conocimiento de la especie, como es las webcam de Territorio Lince.

El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado que la Comunitat Valenciana recomienda Pzifer como segunda dosis para los menores de 60 años a los que se administró AstraZena porque «siempre» sigue las directrices de las autoridades sanitarias, en este caso el Ministerio, «se esté o no de acuerdo».

En ese sentido, en una entrevista a la cadena SER, ha explicado: «Yo no voy a entrar en ese debate porque, tomada la decisión, lo que se recomienda en Pzifer». No obstante, se abre la puerta a que puedan recibir la segunda dosis de AstraZenaca «sabiendo que tiene contraindicaciones muy puntuales». En cualquier caso, ha recalcado que de «lo que se trata es de vacunar, vacunar y vacunar y dar seguridad a la ciudadanía».

Puig ha admitido que se ha generado «una confusión en todo el proceso» y ha puesto el ejemplo de Alemania, que ha cambiado hasta en cinco ocasiones de opinión respecto a la administración de AstraZeneca, mientras que la EMA (Agencia Europea del Medicamento en sus siglas en inglés) «tampoco ha sido del todo clara». «Al final, se toma esta decisión, se puede estar o no de acuerdo, pero es la que tenemos que seguir», ha recalcado.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por el repunte de casos que se está registrando en la Comunitat Valencianana –ayer subió la incidencia acumulada dos puntos y la cifra de contagios se situó en 210– y que ha atribuido a «una relación objetiva» de las medidas y a que se ha abierto la movilidad». «En una tierra de acogida como la nuestra va a tener riesgos porque sabemos que la movilidad genera mayores contagios», ha advertido.

No obstante, se ha mostrado confiado en poder contenerla porque ya se está a «la ofensiva» con la vacunación y porque se mantiene la estrategia de rastreo de los brotes con más de mil rastreadores.

Puig ha atribuido «el éxito» de la situación epidemiológica de la Comunitat, que lleva casi 11 semanas con una incidencia acumulada menor a 50 casos por cada 100.000 habitantes, riesgo bajo, y es la autonomía con mejor tasa, a la «responsabilidad» de la ciudadanía, pero ha advertido: «No hay que confiarse».

REACTIVACIÓN DEL TURISMO

Con todo, ha mostrado su convicción de que si se cumplen los compromisos de envío de dosis se llegará al mes de julio en unas condiciones «óptimas» para la llegada de turistas y la reactivación económica.

De hecho, las perspectivas son «positivas» y las reservas están aumentado mucho en los últimos días: se espera medio millón más de visitantes españoles que el verano pasado y casi cuatro millones de extranjeros.

No obstante, ha señalado que estas previsiones dependerán «mucho» de si en «la percepción semafórica» del Gobierno británico «España está en verde». Al respecto, ha insistido, como le reclamó al embajador británico, en que debe verse a España desde una posición «más regionalizada» porque en estos momentos la Comunitat Valenciana tiene una menor incidencia que el Reino Unido. Y más, ha subrayado, cuando los turistas británicos que «vienen a la Comunitat Valenciana, fundamentalmente a la Costa Blanca, no se mueven por España, se quedan aquí».

LIBERALIZACIÓN DE LAS VACUNAS

Por otra parte, respecto a los escasos avances en la liberalización de las vacunas, –la Comunitat Valenciana ya lo reclamó el 2 de abril– ha insistido en que esta crisis es «global y la respuesta debe ser global» y que «hay que prepararse para futuras pandemias».

Además, ha esgrimido que ha habido «una inversión pública muy importante» que debe tener «un retorno, también en la democratización de la vacuna». «No se trata de expropiar nada, sino de que si tenemos una vacuna y se puede producir en más partes el mundo se llegue a la inmunización del planeta porque es la única solución», ha expuesto.

En ese sentido, ha advertido de que aunque Europa «esté mejor» la pandemia «no está superada». Puig, preguntado por qué no se aborda este debate, ha expuesto que las grandes empresas farmacéuticas tienen «un poder mucho más grande que muchísimos países».

Al respecto, se ha mostrado como un firme defensor del mercado, pero ha matizado que «los beneficios son muy altos y, al igual que está habiendo una redistribución impositiva y fiscal de las grandes corporaciones, se debería poner en la democratización de las patentes».

La comisión del Congreso que investiga la llamada ‘operación Kitchen’ recibirá la próxima semana a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido Ignacio López del Hierro, así como a los primeros responsables políticos del Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy de la primera legislatura, concretamente a quienes fueron director de la Policía, Ignacio Cosidó, y secretario de Estado, Francisco Martínez.

Ya que la próxima semana no está previsto celebrar Pleno del Congreso, la comisión ha decidido dar un acelerón a las comparecencias y ha convocado reuniones tanto el martes como el miércoles, en sesiones de mañana y tarde. La previsión es finalizar los interrogatorios acordados la semana siguiente, concretamente el 10 de junio, con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Esta recta final de comparecencias la abrirá el próximo martes, por la mañana Ignacio Cosidó, que este jueves fue señalado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo como el alto cargo que le encargó la llamada ‘operación Kitchen’. Según explicó en la comisión, fue Cosidó quien le encargó que captara al chófer de Luis Bárcenas para espiar al extesorero del PP y recuperar documentación comprometida para el PP.

Villarejo también confirmó que una de las personas a las que más veces reportó sobre sus indagaciones fue al secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno del PP, Francisco Martínez, que ya confesó ante el juez instructor su participación en el operativo, y que comparecerá en la comisión justo después de Cosidó.

CONFESOR DE FERNÁNDEZ DÍAZ

Para el martes por la tarde se ha citado al sacerdote y ex policía Silverio Nieto. El que fuera confesor de Fernández Díaz tenía que haber acudido al Congreso el pasado 6 de mayo, pero excusó su presencia al tener que confinarse por un contacto estrecho con un enfermo de Covid-19.

En su declaración como testigo en la Audiencia Nacional, Nieto se desvinculó de la trama, aunque Francisco Martínez le informó vía Whatsapp de que había depositado ante notario los mensajes que se cruzó con el ministro sobre la ‘Kitchen’. Las comparecencias del martes las cerrará Jorge Sanchís Bordetas, que fue jefe de Gabinete de Martínez.

La comisión retomará los interrogatorios el miércoles con el marido de María Dolores de Cospedal como protagonista y, después desfilará José Antonio Nieto, que fue secretario de Estado de Seguridad con Juan Ignacio Zoido, el sucesor de Jorge Fernández Díaz como ministro.

La comparecencia de Cospedal, primera dirigente del PP que tendrá que rendir cuentas ante este órgano, se ha fijado para la tarde del miércoles. Su voz ya se escuchó este jueves en la comisión, a instancias del PSOE que, para el interrogatorio a Villarejo, recurrió a una grabación en la que se le oía hablando la también exministra de Defensa y con su marido.

MENSAJES ENTRE VILLAREJO Y RAJOY

El comisario jubilado reconoció que conoce a ambos, aunque trató de relativizar la importancia de dicha relación, y respondió con un «no» al ser preguntado si la ex secretaria general del PP le encargó algún trabajo. Sí admitió que Andrés Gómez Gordo, el policía que fue jefe de seguridad de Cospedal en su etapa en Castilla-La Mancha, fue la persona que «preparó la cita» con Sergio Ríos para su captación.

Pero, además, Villarejo apuntó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, con quien se mensajeaba con un teléfono debido al interés que tenía de sustraer los documentos de Bárcenas sobre el PP y también «altas instituciones del Estado».

Según el listado de comparecientes acordado por la comisión, una vez se sustancien los interrogatorios de la semana que viene, ya sólo quedará citar a Fernández Díaz y a Rajoy, cuya comparecencia se prevé para el 10 de junio, aunque aún no se les ha cursado citación.

En principio, el expresidente del PP será el último compareciente, aunque la comisión tiene facultad para abrir una nueva ronda de interrogatorios si lo juzga conveniente. Tras las comparecencias será el momento de redactar las conclusiones para cerrar la comisión antes del verano.

Los principales dirigentes de la Ejecutiva Federal del PSOE han salido a defender este viernes la responsabilidad que tiene su partido de «sanar heridas», ser «valientes» y trabajar por «el bien común por encima del bien propio» para resolver el conflicto catalán, ante el rechazo que ha generado en algunos sectores del partido la posibilidad de que el Gobierno conceda el indulto a los condenados por el procés.

En concreto, ‘barones’ como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o los históricos socialistas Felipe González y Alfonso Guerra, han alertado del daño que puede suponer tanto para el país como para el partido la concesión de esos indultos, que además el Tribunal Supremo ya ha rechazado en su informe.

Ante estas críticas, los principales dirigentes del PSOE tratan de rebajar la tensión interna y hacer pedagogía para explicar una postura que, aunque defienden como necesaria, admiten que es «difícil» y que puede generar «desgaste», según señalan fuentes gubernamentales.

En este sentido, tanto Moncloa como Ferraz justifican el giro que dio el presidente Pedro Sánchez el martes al abrir la puerta a los indultos, y aseguran que es el camino correcto para solucionar el «conflicto» catalán y reconstruir los «puentes» que se destruyeron, recuerdan, durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

«ESPAÑA NECESITA SANAR HERIDAS»

«España necesita sanar heridas. Necesita estabilidad, confianza y diálogo. Y ese es el compromiso del Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español», ha asegurado la vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, en un mensaje en Twitter.

En la misma línea, el secretario de Coordinación Territorial y Relaciones Gobierno-PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado que «si el PSOE ha cumplido 142 años es por su valentía histórica a la hora de tomar decisiones en beneficio del interés general, también en Cataluña». «Pensar en el bien común por encima del bien propio es nuestra seña de identidad», ha respondido.

Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que «para alcanzar sueños que parecen imposibles se requiere determinación, capacidad de asumir riesgos y voluntad de entendimiento». «Nuestro empeño es una Cataluña libre de fracturas: plena confianza y apoyo a Pedro Sánchez. El PSOE ha ganado ya otras batallas, mantengamos la unidad», ha reclamado.

Y el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha defendido que «la fortaleza del Estado también está en la magnanimidad y en la audacia para encontrar vías para el entendimiento y la convivencia». «Hoy más que nunca necesitamos diálogo, valentía y entendimiento para encarar un nuevo futuro. Ahí estuvimos y estaremos siempre los socialistas», ha ahondado.

«Por encima de intereses partidistas, está la responsabilidad de mantener la unidad y cohesión de España. La búsqueda de soluciones a un conflicto enquistado por la derecha debe primar, con actuaciones valientes que consigan la convivencia y el entendimiento. En ello está el PSOE», ha reivindicado la secretaria de Política Social y de Educación y Universidades del PSOE, Mari Luz Martínez Seijo.

LOS INDULTOS, «HERRAMIENTA VALIENTE Y NECESARIA», SEGÚN SILVANA

La secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad, Mónica Silvana, ha ido incluso más allá al asegurar, en otro mensaje en Twitter, que «después de tantos años de confrontación», ha llegado «el momento de la política», y que «los indultos son una herramienta valiente y necesaria en este momento».

En la misma línea, el secretario de Cultura y Deportes, Ibán García, ha afirmado que «un movimiento generoso con los políticos catalanes presos reforzaría la posición internacional de España extraordinariamente», porque «mucha propaganda antiespañola se volvería obsoleta de repente». «Me ha tocado gestionar políticamente esa realidad, sé de lo que hablo», ha afirmado.

A su vez, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha defendido que es necesario «buscar la concordia» porque lo contrario, a su juicio, «es buscar la discordia». «Y porque la discordia nunca nos hizo mejores españoles, ni ayudó nunca a construir un futuro en común», ha apostillado.

EL GOBIERNO TAMBIÉN SE DEFIENDE

Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defendido que el Ejecutivo «tiene que intentar por todos los medios tomar decisiones que ayuden», y ha argumentado que ya no se trata de un «debate jurídico» sino de una cuestión política «que decide» el Ejecutivo.

Y ante las críticas internas, la también secretaria de Igualdad del PSOE ha avisado de que la posición del partido la marcha al Ejecutiva Federal, y que «todo lo demás son opiniones particulares, respetables». «Pero son instrumentos completamente legales», ha defendido en una entrevista en Canal Sur.

También eludió las críticas este jueves la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, e insistió en que ahora es el momento de la política y que hay que «pasar página», durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tras afirmar que el PSOE es un partido plural, democrático y en el que se respetan todas las posiciones que se puedan trasladar, Montero insistió en que la decisión de conceder los indultos es una «prerrogativa del Consejo de Ministros», al que corresponde velar por el interés general, que es la «concordia, la convivencia y el fortalecimiento de la democracia».

«A un Gobierno siempre le toca esa defensa del interés general, que está por encima de cualquier consideración, como saben los militantes de mi formación», apostilló la también dirigente socialista, tras señalar que es la obligación del Ejecutivo «sustanciar y ponderar que sus decisiones estén presididas por los valores constitucionales».

A este respecto, fuentes gubernamentales aseguran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido que no puede quedarse de brazos cruzados sino que es su responsabilidad trabajar para solucionar un conflicto en Cataluña que además ha heredado, según denuncian.

De este modo, defienden que aunque se trate de una decisión difícil que puede implicar desgaste, es su deber actuar y no hacer dejación de funciones. Además, señalan que cualquier decisión conlleva pros y contras.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este viernes en un encuentro sobre despoblación celebrado en Soria que se debe apostar por el emprendimiento y la innovación como uno de los ejes de desarrollo de las zonas rurales y ha defendido que «lo rural no solo es ganadería y no solo es campo».

«La innovación tiene que llegar a los pueblos, generando esa creación de ecosistemas de emprendimiento en el ámbito rural, de nuevas necesidades y oportunidades empresariales en lo rural», ha dicho Chivite en PRESURA20, la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural.

Este foro ha reunido en Soria al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el presidente del PP, Pablo Casado, así como a representantes de distintos Gobiernos autonómicos, Diputaciones provinciales y partidos políticos.

Chivite ha participado en una mesa redonda junto con José Luis Martínez, vicepresidente de la Junta de Castilla La Mancha; Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, y Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso.

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo foral se ha reivindicado como «rural». «Soy de pueblo y algunas opiniones que se han traslado aquí de pueblo solamente vinculado al campo o las vacas y poco menos que a esa imagen que vamos en pantalones de pana y camisa de cuadros es algo que tenemos que dejar atrás, porque los pueblos, igual que nuestro país, son plurales, son diversos y creo que esa imagen tiene que ir cambiando», ha apuntado.

María Chivite ha afirmado que afrontar el reto de la despoblación es «una cuestión de prioridades políticas y de manera de entender las cosas». «Yo tuve claro cuando llegué al Gobierno que no quería una Navarra que creciera a dos velocidades y por eso creamos la consejería de Cohesión Territorial y esa consejería tiene la dirección general de Obras Públicas, entendiendo obras pública como parte de los servicios públicos que generan esas infraestructuras que vertebran y cohesionan el territorio, y también tiene la dirección general de Administración Local y Despoblación», ha señalado.

Además, la presidenta del Gobierno foral ha asegurado que «desde el minuto uno nos pusimos a trabajar en la creación de una comisión interdepartamental» porque este reto «no solo tiene que ser cosa de un departamento, para atajar el problema de despoblación tiene que haber políticas en muchos sentidos, bien sea en vivienda, educación o sanidad».

María Chivite ha explicado que esta comisión interdepartamental ha puesto sobre la mesa «los problemas y las políticas que tienen que acompañar a estos problemas». En ese sentido, ha apuntado que una de las líneas principales de trabajo es el «emprendimiento y la innovación social».

La jefa del Ejecutivo ha señalado que se debe «cambiar esa asociación de valores de lo rural y llevarlo a una modernización». «Lo rural es vanguardia. El Covid-19 nos ha abierto una ventana de oportunidad, de poner en valor lo rural, pero también creo que esa ventana de oportunidad es un peligro si no conseguimos aterrizar los fondos europeos en lo rural, porque generaremos una mayor brecha», ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que se pueda alcanzar un pacto de Estado en torno a despoblación, Chivite ha afirmado que «la idea de un pacto de Estado siempre puede estar bien, es verdad que cuando alcanzas un pacto de Estado hay una unidad, una uniformidad y una adherencia en lo que tiene que ver con las acciones, para que no haya un desequilibrio en el país con respecto a si se toman medidas o no sobre despoblación».

No obstante, ha subrayado que «tenemos que avanzar». «No esperemos a que haya un pacto de Estado para que las comunidades vayamos tomando esas soluciones», ha planteado.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha reivindicado este viernes el «respeto a la diversidad lingüística», recordando que en la Unión Europea «no se cae en la tentación de querer imponer una lengua, sino que se respetan».

En su intervención, García Montero ha erigido a Europa, «más que ningún otro lugar del mundo», en «referente de los valores de la democracia, la libertad y la igualdad». «¿Por qué digo esto? Porque cuando se pone en marcha la Unión Europea, no se cae en la tentación de querer imponer una lengua, se respetan las lenguas», ha señalado.

García Montero ha lanzado este mensaje durante su participación en las jornadas sobre las instituciones estatutarias organizada por el Parlamento gallego con motivo de la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Galicia.

A su entender, es importante defender el «respeto a la diversidad lingüística» como «mejor respeto a las identidades» y ha erigido a Europa en «referente de los valores de la democracia, la libertad y la igualdad» por su «respeto» a las lenguas.

Así, ha recordado que en Europa se hablan, «teniendo en cuenta las distintas variedades, en torno a las 200 lenguas» y ha contrapuesto este respeto europeo a lo ocurrido en Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump.

A este respecto, ha afirmado que el Instituto Cervantes pasó «años malos» con la «antigua administración norteamericana Trump» cuando «desde la Casa Blanca se borró la página web en español, se puso en marcha la consigna ‘solo inglés’ y se elaboraron políticas para humillar a los hispanos que hablaban español, por ejemplo, en los colegios». «Más de 50 millones de personas y la mayoría con pasaporte americano», ha censurado.

«No entender que el respeto a una lengua es el respeto a una persona es optar por fundamentalismos, por identidades cerradas, por nacionalismos trasnochados y por una falta de valores democráticos que es lo que respeta Europa cuando respeta su diversidad lingüística», ha subrayado.

García Montero ha señalado que el Instituto Cervantes quiere celebrar el «orgullo en un sentido de pertenencia que se duplica cuando respeta la diversidad, el diálogo y evita los dogmas». «Y esto se hace a través de la cultura, y no solo a través de la alta cultura que tiene pretensiones de universalidad, sino a través de la cultura popular», ha sostenido.

EL DEBATE CULTURAL DEBE ACOMPAÑAR AL DEBATE DEL AUTOGOBIERNO

«La pertenencia y el orgullo de pertenencia es democrático cuando se abre al entendimiento, porque es la única manera de evitar que identidad sea fanatismo, y por eso es tan importante que el debate cultural acompañe al debate del autogobierno y por eso es tan importante que Galicia pusiese en marcha un Consello da Cultura Galega al poner en marcha su Estatuto de autogobierno», ha afirmado.

García Montero ha participado en una mesa redonda en la Cámara gallega junto a la presienda del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, y la directora de la Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura en Portugal, Ana Paula Laborinho.

CULTURA EN ESPAÑOL Y CULTURA ESPAÑOLA

En su discurso, García Montero ha recordado que el Instituto Cervantes tiene como líneas fundamentales de trabajo «la difusión y apoyo de las culturas de las distintas nacionalidades y regiones de España», así como «la difusión de la cultura en la lengua española».

«Para hacerlo legítimamente había que tener un orgullo democrático que se alejase de cualquier tipo de lectura imperial, reduccionista con falta de respeto», ha manifestado para señalar que «sería ridículo haber empezado a defender la cultura española con cualquier tipo de idea patrimonial, imperialista, colonizadora, propia de la dictadura».

En esta línea, ha dicho que la «tarea» del Cervantes «no es solo la cultura en español, sino la cultura española». «La diversidad es una riqueza y, en ese sentido, nuestro trabajo está presente no solo en la cultura en español, sino en la cultura española que se habla en gallego, en euskera y en catalán».

Para ello, ha dicho que la red del Cervantes formada por 88 centros en 46 países «está al servicio de todas las comunidades y de todas las culturas españolas» y ha enmarcado en la «normalidad» la colaboración con el Consello de la Cultura Galega, así como en las instituciones culturales catañalas y vascas.

Xnet, Wikimedia España, Creative Commons España, la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) e Interferencias han alertado sobre los efectos de una transposición «sesgada» de la Directiva europea de Copyright y han criticado la «opacidad del proceso llevado a cabo por el Gobierno».

Así lo han advertido este viernes las mencionadas entidades culturales y de la sociedad civil, que han recordado que el plazo para trasponer la directiva europea finaliza el próximo 7 de junio.

En un comunicado, las organizaciones han subrayado que dicha transposición «implica ámbitos muy delicados para la salvaguarda de los derechos de libertad de expresión, de acceso a la información y al conocimiento y de protección del patrimonio cultural en el ecosistema digital, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía si estos no se tienen en cuenta».

Asimismo, las entidades han criticado que «sólo se tenga en cuenta el sector más monopolístico y comercial de las entidades culturales» en la redacción de un proyecto de ley que debe presentar el Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Propiedad Intelectual.

En este sentido, han argumentado que el Directive Implementation Tracker (DSM), que ha puesto en marcha la asociación europea Communia, permite seguir el proceso de transposición en todos los Estados miembros de la Unión y comparar las metodologías utilizadas. «En España no tenemos información oficial sobre el proceso», han alertado.

«Una transposición poco respetuosa con los derechos fundamentales puede transformar la directiva en una aberración legislativa digna de la lista de libros prohibidos de la Inquisición», ha declarado Simona Levi, de Xnet, quien ha apuntado las implicaciones del polémico Artículo 17, que «podría implicar la implementación de filtros automáticos de contenido».

La nueva Directiva contempla también los usos digitales de las publicaciones de prensa en su Artículo 15. En este punto, Virginia Díez, de Wikimedia España, alerta sobre los efectos que las medidas propuestas pueden tener en el acceso al conocimiento y la información. «Pedimos que se proteja el derecho de acceso a la información y a la verificación de fuentes. Es fundamental que existan en Internet noticias verificables e imparciales, que ayude a la sociedad a tomar decisiones y a luchar contra la desinformación», ha comentado.

Los artículos 3 y 4 de la directiva tratan sobre la minería de datos y textos. Ignasi Labastida, de Creative Commons España, ha reivindicado una excepción que permita extraer información a partir de los datos y los textos a los cuales pueden acceder investigadores y la ciudadanía en general. «Debemos velar para que en la transposición de la directiva no se restrinjan el tipo de obras ni la forma de acceder ni se impongan condiciones que limitan esta extracción tan necesaria para avanzar en la generación de conocimiento», ha reclamado.

Por su parte, Ariadna Matas, de FESABID, ha insistido en «la necesidad de proteger a las excepciones y limitaciones de disposiciones contractuales contrarias o de medidas tecnológicas de protección». «Es necesario corregir las dificultades de poner a disposición del público este patrimonio tan valioso pero inaccesible por razón del derecho de autor», ha apostillado.

Finalmente, en relación con el Artículo 14, Lorena Sánchez, de Interferencias, ha reclamado que «todo aquello que sea de dominio público en el mundo offline, debe mantenerse de dominio público en el mundo online, como es el caso de la digitalización de obras de arte».

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, defiende que promover los indultos a los condenados por ‘el procés’ «ayuda a resolver el conflicto» en Cataluña y considera que hay que dejar al Gobierno de Pedro Sánchez «pilotar» este proceso. No obstante, sostiene que «también es exigible un gesto a los independentistas».

Puig, en una entrevista a la cadena SER, ha mantenido que «ahora es el tiempo de la política». «El tiempo de la Justicia fue, y la respetamos, pero ahora es el tiempo de la política porque este es un conflicto de naturaleza política que debe tener una solución política y para eso sí que ayuda que el Gobierno promueva los indultos».

Así, ha indicado que el Gobierno «tiene el derecho y la obligación de pilotar la transición a una recuperación de la confianza de Cataluña y España» porque se trata de «una cuestión de Estado» al igual, ha recordado, que la oposición y las comunidades autónomas «apoyaron» al Gobierno de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 o ante el terrorismo. No obstante, también exige un gesto a los independentistas.

Puig ha señalado que la concesión de indultos es «un tránsito que hay que explorar» aunque los independentistas no den ese paso porque «sin coraje y sin convicciones no saldremos». «El estado de enfrentamiento puede ser más útil en términos electorales pero este bloqueo al país no ayuda», ha recalcado.

Por contra, «hay que entender la realidad de Cataluña y empatizar porque elecciones tras elecciones hay unos resultados y no se puede decir que los ciudadanos se equivocan, hay que respetarlos, por supuesto siempre desde el Estado de Derecho. Por eso estamos en contra de lo que hicieron», ha aclarado.

REVISIÓN DE TIPOS PENALES

Además, ha razonado que plantear indultos es «una visión acertada teniendo en cuenta que los condenados llevan cuatro años en la cárcel» y ha abogado también por una revisión de los tipos penales «como ha quedado bastante claro en el contexto internacional.

En esta línea, ha insistido en que «no abrir espacios de diálogo no es una alternativa» y ha apuntado que «las derechas españolas son muy irresponsables con su país porque, si de verdad se quiere recuperar la armonía, tenemos que intentar entender al otro».

Preguntado por si considera también irresponsables a los cargos socialistas que critican los indultos, ha insistido: «En este momento es exigible la máxima confianza en el Gobierno y, si decide ese tránsito porque ve posibilidades de mejorar la cohesión en España, hay que apoyarle».

EXPRESIDENTES

Así, sobre qué presidente socialista prefiere, Felipe González –que se ha mostrado contrario a los indultos– o José Luis Rodríguez Zapatero –que los ha apoyado– ha comentado que tiene «muchísimo respeto» por los dos. «A uno y a otro, yo les apoyé siempre y lo que me gustaría es que ellos apoyaran al actual presidente», ha defendido.

Puig ha apuntado que el debate de los indultos debe acometerse dentro del PSOE como también es «una conversación pendiente dentro de la sociedad española» desde una perspectiva «pedagógica» porque «hay mucha gente con buena voluntad que no lo entiende y puede pensar que se está subvirtiendo la Constitución, cuando es todo lo contrario».

Así, ha señalado que el Tribunal Supremo con «toda la legitimidad ha tomado una decisión, como la que tomó tan legítima con la propuesta de los indultos del 23-F, que aquello sí que fue un golpe de Estado, y lo avaló por la concordia y convivencia y por la superación de unos hechos que hay que olvidar». «Esa misma argumentación sirve ahora», ha señalado.

RELACIÓN CON LA COMUNITAT

Por otro lado, sobre las relaciones bilaterales con Cataluña, ha apuntado que la Comunitat Valenciana tuvo «un desencuentro bastante palpable» con el expresident Quim Torra, que ni siquiera acudió a la reunión que se mantuvo en Barcelona por una iniciativa empresarial para defender el Corredor Mediterráneo, lo que demostró que «no tenía ningún interés por una relación leal con la Comunitat Valenciana».

«Espero que esto cambie», ha confiado. De hecho, ha destacado que las conversaciones previas que ha mantenido con el actual presidente, Pere Aragonés, «desde luego son de un talante diferente».

«Está claro que las relaciones tenemos que vivirlas desde la autonomía de cada comunidad porque en la Comunitat Valenciana no existe ningún proyecto soberanista que tenga que ver en términos políticos con Cataluña, pero queremos ser buenos vecinos y tenemos intereses comunes», ha constatado. Por ello, es «absurdo» no tener una relación institucional «razonable».

«‘PROCÉS’ MADRILEÑO»

Del mismo modo, ha apostado por reactivar la Conferencia de Presidentes y todos los mecanismos federales. En ese sentido, ha ha insistido en que hay «un ‘procés’ invisible» en Madrid que afecta a «una recentralización y a un identitarismo que acaba también siendo bastante negativo para la cohesión de España». «Esta partida que se está jugando Madrid-Cataluña a muchos españoles ya no nos interesa, no queremos que este debate oculte las España, que son mucho más que Madrid y Cataluña».

En ese sentido, ha criticado que Madrid «se ha convertido en una aspiradora» en lo económico, político y mediático cuando «se necesita repensar España y su arquitectura institucional».

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari segunda del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, se ha mostrado este viernes convencida de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será «valiente» a la hora de tomar una decisión sobre los indultos de los dirigentes independentistas catalanes del ‘procés’ encarcelados con el fin de sacar a Cataluña «del atolladero» en el que está, y ha destacado que el PSOE siempre ha actuado con «responsabilidad histórica» y asumiendo «riesgos» por el bien de la ciudadanía.

Tras lamentar que «la derecha y la ultraderecha quieran tomar las calles» nuevamente, ha recordado que al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero le hicieron lo mismo y le acusaron de «traidor», pero «acabó con ETA».

En declaraciones realizadas antes del pleno celebrado en el Parlamento Vasco, Mendia ha asegurado que, cuando en el PSOE se han tomado decisiones a lo largo de la historia, todos los líderes socialistas, desde Felipe González hasta Pedro Sánchez, han sido «muy conscientes de la responsabilidad histórica» que asumían.

Tras asegurar que es el partido con la trayectoria más larga en el país porque «navega sobre tres siglos» y cuenta con 150 años de historia, ha afirmado el PSOE ha pasado, por lo tanto, «por casi todo». «Cuando España lo ha necesitado, nosotros hemos estado ahí. Ahí estuvo Felipe González, ahí estuvo el presidente Zapatero, apostando por la paz y arriesgando», ha señalado en alusión a ETA.

Idoia Mendia ha subrayado, «ahora que nuevamente la derecha y la ultraderecha están a favor de tomar las calles», que al presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero «le acusaron de traicionar a las víctimas, de traidor, llenaron la Castellana de Madrid y, sin embargo, acabó con ETA».

«Y hoy Pedro Sánchez se enfrenta a algo parecido. Todavía no ha tomado una decisión el Gobierno. Por lo tanto, yo en ese sentido no me voy a pronunciar porque no me corresponde a mí, sino al Gobierno, que es una medida de gracia. Por lo tanto, el Estado y el PSOE siempre han utilizado todas las herramientas a su alcance para el beneficio de la ciudadanía española», ha manifestado.

EL RETO DE CATALUÑA

A su juicio, en la actualidad, «el reto en España es cómo conseguir romper el bucle de los independentistas, cómo sacar a Cataluña del atolladero y volver a hacer política para los catalanes». «Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez desde el minuto cero en el que asumió la presidencia del Gobierno de España. Es la única garantía de éxito tomar decisiones valientes. Y ahí Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras de valentía y de ser una persona decidida», ha añadido.

En todo caso, ha recordado que el PSOE «nunca ha tenido la comprensión de la derecha», ha indicado que los socialistas siempre han estado «al lado de la presidencia del Gobierno cuando lo necesitó». «Aznar tuvo un pacto antiterrorista que hizo avanzar la lucha contra el terrorismo, y Rajoy tuvo el apoyo del PSOE cuando tuvo que aplicar el 155 después de que le hicieran dos consultas independentistas, no una, dos», ha concluido.

El PDeCAT, Lliures, PNC, la Lliga y Units han iniciado conversaciones para aglutinar este espacio y presentarse juntos a las elecciones municipales de 2023 a través de una plataforma común que evite la dispersión del voto.

Así lo han explicado diversas fuentes consultadas, que precisan que se han dado «los primeros pasos» con reuniones preliminares durante las últimas semanas y que todo indica que van por buen camino.

El objetivo que persiguen es crear una plataforma que les permita presentarse a las municipales bajo una marca determinada, sin descartar una «fusión más orgánica» de las formaciones del denominado catalanismo moderado.

«Hay conversaciones, pero no hay nada cerrado», añaden otras fuentes, que insisten en la necesidad de buscar la suma, y más después de los resultados de las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Y es que formaciones como el PDeCAT y PNC, que se presentaron a los comicios al Parlament, no lograron el 3% de los votos requeridos para tener representación parlamentaria.

El partido que preside actualmente David Bonvehí cosechó más de 75.000 votos y la formación que lidera Marta Pascal, como secretaria general, no superó los 5.000.

Lliures, que encabeza Antoni Fernàndez Teixidó, decidió no presentarse a las catalanas tras fracasar una coalición con PSC, PDeCAT y PNC; la Lliga, que lidera Àstrid Barrio, renunció también a presentarse tras no llegar a un acuerdo con los socialistas, y Units, con el exconseller Ramon Espadaler, se presentó con el PSC.

Sin embargo, las citadas fuentes han explicado que Units ha participado de forma «menos activa» en estas conversaciones dada su vinculación con los socialistas.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha intervenido en la Feria para la Repoblación de la España Rural, ‘Presura’, celebrada este viernes en Soria, donde ha apostado por un sistema de cuidados para que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus casas y en el medio rural.

La ministra Ione Belarra, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, el presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López y el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitare, han protagonizado la primera mesa de debate en Presura, moderada por el periodista Raúl Conde.

La ministra de la Agenda 2030 ha comenzado su intervención recordando que, en el marco de la estrategia de Desarrollo Sostenible, «uno de los retos es la revitalización del medio rural».

«El cuidado a los dependientes es un trabajo que no se puede deslocalizar del mundo rural para que las personas mayores puedan seguir viviendo en su casa, el sistema de cuidados en España ha estado sistemáticamente excluido de la política pública y ha recaído completamente sobre la espalda de las mujeres», ha lamentado Belarra.

ESCUCHAR A LOS TERRITORIOS

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha recalcado que para tomar medidas «hay que escuchar a los territorios» aunque «no hay soluciones sencillas» y ha incidido en la importancia de que el desarrollo «proteja el paisaje rural y apueste por energías renovables».

Asimismo, ha recalcado que en su comunidad cuentan con cuatro ejes como son el «mantenimiento de la población; la transformación digital en todas las zonas; medidas para la igualdad de género y el acceso a los servicios públicos».

Andreu ha recalcado la complejidad del reto demográfico ya que la despoblación es un problema «de muchos países de Europa».

RENOVACIÓN LEGISLATIVA

Juan López de Uralde ha señalado que la «renovación legislativa es imprescindible, especialmente la parte sobre cómo apoyar la recuperación del mundo rural».

Asimismo, ha subrayado que otra «ley importante» es la de la cadena alimentaria, porque «tiene que ver con la supervivencia de las pequeñas explotaciones».

«Estamos poniendo al día una legislación ambiental que había quedado obsoleta, todas las leyes se fueron reduciendo, y en ese cambio de modelo el principal reto que tiene nuestro país es la utilización correcta de la biodiversidad», ha señalado el presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Uralde ha apuntado que este foro, en el marco de Presura, «ha hecho posible que este problema de la despoblación del mundo rural se haya hecho visible».

«MOMENTO DE CONSEGUIR EL IMPULSO»

Tomás Guitarte ha incidido en que «este debe ser el momento en el que consigamos el impulso para en los próximos años revertir la situación del mundo rural».

«Para nosotros todo el problema es un problema de desigualdad entre todos los territorios, tenemos que romper la idea de que lo rural es el patio trasero de las ciudades», ha señalado el Diputado de Teruel Existe, que ha recordado que en el Congreso no solo defienden a su provincia «sino a todas las zonas de la España Vaciada» por lo que ha pedido al Gobierno «que evite que todos estos pueblos mueran».

Guitarte se ha referido durante su debate a la irrupción de la despoblación y el equilibrio territorial en la agenda política y mediática.

El Ministerio de Justicia ya ha comenzado a tramitar la petición de indulto de Juana Rivas, cuya entrada en prisión fue acordada este pasado jueves por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a raíz de que el Tribunal Supremo la condenara a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores. Esta condena se produjo después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, al que acusa de malos tratos.

Fuentes del Ministerio de Justicia ha confirmado que la tramitación del indulto total solicitado por esta madre de Maracena (Granada) ya se ha iniciado, con la petición de informe al tribunal sentenciador.

Sobre este asunto se pronunció ayer a través de Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien defendió la necesidad de una «justicia feminista» para Juana Rivas y señaló que están «a tiempo» de conseguirlo, pues trabajan «para que así sea».

El letrado de Rivas, Carlos Aránguez, ha trasladado en declaraciones a los medios su «indignación» con que el Juzgado haya decretado el ingreso «inmediato» en prisión para su cliente, por entender que es una «actuación sorpresiva» frente a una persona que solicitó el indulto el pasado 4 de mayo al Gobierno y que «tiene derecho a la suspensión de una pena que no alcanza los tres años de prisión» siendo además «delincuente primaria con una buena red de apoyo familiar y laboral».

La defensa de Rivas ha anunciado que recurrirán la decisión del juez, primero en reforma y luego en apelación ante la Audiencia de Granada por entender que «no está siendo escuchada» por la justicia. «No es que no se le esté aplicando una perspectiva de género que en este tipo de procedimientos judiciales está expresamente previsto en la Ley de Igualdad y en el convenio de Estambul, es que no se le está dando el mismo trato que a otros reos a los que se les da un plazo y posibilidades de recurrir».

Rivas, que también ha sido condenada a inhabilitación especial para ejercer la patria potestad respecto de sus hijos durante seis años, ha solicitado al Gobierno el indulto total alegando que delinquió por un motivo «comprensible desde el punto de vista humano» como es «proteger a sus hijos» y recalca que «como víctima de violencia de género recibe la atención adecuada de los servicios municipales de Maracena», mientras que en Italia se «continúa investigando las denuncias interpuestas por violencia familiar».

La defensa de la expareja de Juana Rivas, ejercida por el letrado Enrique Zambrano, mantiene que concederle el indulto sería «un auténtico escándalo» y un «descrédito» para esta medida de gracia. Censura de hecho que se haya catalogado como una víctima de violencia de género en la petición de indulto y que se «criminalice» a su cliente cuando no existe «ni una sola resolución judicial» ni en España ni en Italia «que les de la razón sino todo lo contrario, a pesar de la interminable colección de procedimientos» presentados en este tiempo y que han sido archivados, según señaló hace unos días en declaraciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que España será uno de los países que desde el próximo 7 de junio participará en la prueba general para poner en marcha el denominado Certificado Verde UE Covid, que comenzará a funcionar el 1 de julio para reactivar el turismo internacional.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la inauguración de la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural ‘Presura 20’ en Soria, en la que ha puesto en valor el turismo interior y rural en España que se impulsó ya durante el pasado verano y que espera que este verano también siga creciendo.

«Quiero comenzar anunciando que España va estar también entre los países que van a realizar la prueba general que se inicia a partir del 7 de junio y que va a ser decisiva para poner en marcha el certificado verde digital antes de que comience el verano», ha asegurado.

Según Sánchez, se trata de una «gran noticia para la industria turística», pero «no sólo para los destinos turísticos de sol y playa, sino también para la oferta interior que crece en número y atractivo».

El jefe del Ejecutivo ya anunció la semana pasada en Fitur que ese Certificado Verde UE Covid se pondrá en marcha el próximo 1 de julio y que facilitará la movilidad de los ciudadanos europeos vacunados, que presenten anticuerpos o prueba con resultado negativo dentro de la UE.

También anunció que España permitirá a partir del próximo 7 de junio la entrada a los viajeros de todos los países que acrediten haber recibido la pauta completa de una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Todo ello significa, según ha defendido Sánchez este viernes, que entramos ya en «una nueva etapa de superación de la pandemia, de reparación de daños y de transformación» del país. «Una nueva etapa de recuperación de indicadores muy positivos», ha apostillado.

En este sentido, ha asegurado que ya cuentan con datos para afirmar que este mes de mayo los afiliados a la Seguridad Social van a superar los que había en febrero de 2020, antes de que estallar la pandemia del coronavirus.

CAMINANDO A LA INMUNIDAD DE GRUPO

Y es que Sánchez ha aprovechado la presencialidad de este evento, al que acudirán a lo largo del día distintas figuras políticas, para reivindicar la recuperación paulatina de los «espacios de normalidad» que había antes de la pandemia del Covid-19.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor el proceso de vacunación, poniendo sobre la mesa los datos de vacunación alcanzados hasta el momento y recalcando que España va «caminando a la inmunidad de grupo».

Así, con datos del Ministerio de Sanidad, hasta este jueves, España ha administrado 25.745.178 vacunas contra la Covid-19, de las cuales han servido para que 17.487.591 personas tengan una dosis de estas vacunas, y 8.614.678 personas hayan recibido ya la pauta completa, lo que supone un 18,2% de la población.

El anterior Govern liderado por el presidente Quim Torra y después el vicepresidente Pere Aragonès –ahora jefe del Ejecutivo– ha terminado su mandato obteniendo su peor valoración, ya que los catalanes lo suspenden con una nota media de 3,39, según la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat.

Así lo refleja la encuesta sobre contexto político en Cataluña de 2021, publicada este viernes y que se ha elaborado con una muestra de 1.200 personas entre el 11 y el 19 de mayo –se comenzó a elaborar tras la ruptura de las negociaciones de ERC y Junts para formar Govern y se terminó ya con acuerdo entre las dos formaciones y antes de constituirse el nuevo Ejecuvio– y tiene un margen de error de 2,83.

Si se compara con las notas medias de valoración de las encuestas de los últimos años, el Govern que acaba de abandonar sus responsabilidades obtiene su peor puntuación de toda la legislatura: comenzó con un 4,31 en julio de 2018, bajó hasta un 3,72 en octubre de ese año y en 2019 se mantuvo en esos valores llegando a un 3,43 en noviembre, mientras que en 2020 mejoró ligeramente alcanzando su máximo en julio con un 4,07, y finaliza con un 3,39, ya en funciones y sin presidente tras la inhabilitación de Torra.

El 62,1% de los encuestados suspenden la gestión del Govern –le ponen una nota por debajo del ‘5’– y destaca que la valoración que más ponen –el 23,2% de los participantes en la encuesta– es el ‘0’.

El 36,3% ponen una nota por encima del ‘5’ aprobando la gestión del Ejecutivo catalán, mientras que el 1,1% no lo sabe y el 0,6% no contesta.

Respecto a la última encuesta, publicada en enero justo antes de las elecciones del 14 de febrero, ha habido grandes cambios: en ese momento el 45,9% suspendía al Govern, es decir, que la desafección ante el Ejecutivo ha aumentado 16,2 puntos en cuatro meses, mientras que el 51% aprobaba su gestión, 14,7 puntos más que ahora.

GOBIERNO CENTRAL

La encuesta también muestra la valoración de los catalanes a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que también suspenden con un 3,33 de nota media, parecida a la última vez que el CEO preguntó por esta cuestión en octubre de 2020, cuando obtuvo un 3,34.

En el caso del Ejecutivo central, el 62,2% de los encuestados le ponen una nota inferior al ‘5’, destacando el 22,3% que pone un ‘0’, mientras que el 37,1% lo aprueban, el 0,4% no lo sabe y el 0,3% no contesta.

El sindiacto UGT ha reclamado este jueves a la UE una política migratoria que esté basada en el respeto a los derechos humanos y que impulse la corresponsabilidad entre los estados miembros en esta materia.

UGT hace esta petición tras conocer el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, sobre la ausencia de protección de los derechos humanos de los migrantes en Libia, ya sea en tránsito por ese país, durante su estancia en él o cuando intentan abandonarlo por la ruta del Mediterráneo Central.

El documento responsabiliza de esta situación a las decisiones políticas y medidas adoptadas por las autoridades libias, las instituciones de la Unión Europea y sus Estados Miembros, entre otros actores.

Desde el sindicato advierten de que la política migratoria comienza «en los puertos seguros» y que «contravenir las leyes del mar no prestando asistencia a personas en peligro» o «no garantizando la llegada a un puerto», cuesta vidas además de suponer también la violación de otros derechos humanos.

EL RESCATE NO ES POLÍTICA, ES OBLIGACIÓN

«Subcontratar, tal como ha hecho la UE, la contención de la migración con países que reiteradamente violan los derechos humanos de las personas migrantes, como es el caso de Libia, es inaceptable y no puede considerarse parte de una política migratoria», denuncia UGT.

A su juicio, buscar y rescatar a personas en peligro en el mar, no debe ser considerado parte de la política en materia de inmigración porque, apuntan, «es una obligación, para la UE y para cada uno de sus estados miembros».

En este sentido, señala que, la política y las decisiones en materia de migraciones «comenzarán después», cuando esas personas sean «desembarcadas en un puerto seguro». «Pero seguro de verdad, un puerto comunitario, y no el de un país tercero que, a la vista de todo el mundo, viola reiteradamente los derechos humanos de los migrantes», ha advertido UGT.

El sindicato considera además que es necesaria la corresponsabilidad real de todos los estados miembros, objetivo que, denuncia, tampoco se cumple con el Nuevo pacto europeo de migración y asilo, y la garantía de que una vez en territorio comunitario las condiciones de acogida, y la identificación de las personas responden a las obligaciones marcadas por la normativa internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de «inaplazable, urgente e impostergable» la tarea de revitalizar los pueblos, en todas esferas de actividad, para alcanzar la máxima cohesión social » y dar «oportunidades a todos los territorios» y se ha mostrado convencido de que «entre todos, revertir la despoblación es posible».

Así, lo ha puesto de manifiesto Sánchez durante su intervención en la inauguración de la IV Feria Nacional de Repoblación de la España Rural (Presura) que se celebra en la capital soriana y que ha contado con la presencia, entre otros, del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; de la presidenta de Navarra, María Chivite; de La Rioja, Concepción Andreu; de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero; la de Derechos Sociales, Ione Belarra; el presidenta nacional del PP, Pablo Casado; el portavoz de Cs, Edmundo Bal, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, Sánchez ha recalcado que desde el Gobierno llevan cerca de tres años «apostando por la defensa del mundo rural» a través de una «escucha activa de todas sus demandas» y también «elevando el reto demográfico a la vicepresidenta cuarta, vinculandolo a la sostenibilidad y la transformación energética».

Asimismo, ha subrayado que la despoblación es un «fenómeno generalizado» que afecta a 6.245 municipios, con especial incidencia en los de menos de 5.000 habitantes, pero también se extiende «ya» a algunas pequeñas y medianas ciudades del interior, y ha reivindicado que aunque es un «desafío complejo que va a implicar muchos años» no tiene una respuesta ni una única solución, pero el Gobierno de España «está actuando con el mayor compromiso del que nunca se ha puesto».

El presidente del Gobierno ha recordado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 140.000 millones para «avanzar en un modelo de desarrollo socieconómico y social y de transformación del país» y ha reconocido que la pandemia ha acelerado la transformación económica y el desarrollo tecnológico, pero se necesitan tres elementos «vitales» como es «la triple vertiente integradora de lo social, de género y territorial».

PLAN DE MEDIDAS DEL RETO DEMOGRÁFICO

Asimismo, ha anunciado que, desde Moncloa, de la mano del Plan de Resilencia, se ha presentado un «Plan de Medidas ante el Reto Demográfico destinará más de 10.000 millones al medio rural con y 130 líneas de acción y que tiene como objetivos «garantizar la igualad de derechos y crear oportunidades de emprendimiento y de impulso de la actividad económica»

En esta línea, ha anunciado el cien por cien de conectividad para la población de la mano del Plan España Digital 2025, primer objetivo garantizar conectividad para el 100 por cien de la población.

En cuanto a los ejes de las acciones de dicho Plan, ha destacado la «transición ecológica justa, inclusiva, innovadora, hacer de la transformación digital un elemento de bienestar, crear empleo para la gente joven especialmente, transformar los pueblos en espacios atractivos para los trabajadores, garantizar servicios públicos básicos, continuar el proceso de desconcentración institucional y apoyar a las personas en sus proyectos.

En relación al proceso de desconcentración institucional, ha recordado la llegada a la ciudad de Soria del Centro de Procesamiento de Datos, de carácter estatal.

REVITALIZAR LOS PUEBLOS.

Asimismo, Pedro Sánchez ha subrayado la necesidad de «revitalizar los pueblos en todas las esferas con el fin de alcanzar la máximas cohesión social y territorial y dar la oportunidad a todos los territorios», una tarea que «no se puede prolongar más» con el fin de evitar que España sea un país «donde los habitantes sientan que no tienen las mismas seguridades y oportunidades en función del lugar donde han nacido o les ha tocado vivir».

En este sentido, ha pedido que no se asocie rural y urbano a «pasado y futuro» y ha recordado que cerca de 4.000 municipios cuentan «con densidad inferior 12,5 km habitante», umbral que la Unión Europea reconoce como «riesgo demográfico».

Asimismo ha recordado a Miguel Delibes quien escribió: «Primero conocí mi provincia, después la amé y cuando la vi acosada por la injusticia intenté defenderla» para aseverar que el Gobierno central siempre ha apostado por la defensa del medio rural.

Para el presidente del Gobierno, hablar de despoblación, es hablar «de realidades, de personas que dejan su casa para probar suerte lejos de su tierra, de personas que se quedaron aisladas en su tierra, niños que tienen que recorrer 30 kilómetros para ir al colegio y pueblos donde las defunciones superan a los nacimientos».

«Al mismo tiempo, el reto demográfico una gran oportunidad para nuestro país porque representa opciones de vida de una comunidad que cuida de sí misma, que integra lo mejor de nuestra propia historia, la despoblación no es un fenómeno irreversible» ha subrayado Sánchez.

En este sentido, ha señalado que los pueblos «hoy más que nunca», pueden convertirse en «una alternativa de vida real para los ciudadanos», en parte por el aumento del teletrabajo.

El presidente del Gobierno ha recalcado que, «cuando las condiciones se dan», la gente «elige permanecer en su tierra y vivir en el medio rural, en una dimensión más humanas».

La comisión del Congreso que investiga la llamada ‘operación Kitchen’ recibirá la próxima semana a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido Ignacio López del Hierro, así como a los primeros responsables políticos del Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy de la primera legislatura, concretamente a quienes fueron director de la Policía, Ignacio Cosidó, y secretario de Estado, Francisco Martínez.

Ya que la próxima semana no está previsto celebrar Pleno del Congreso, la comisión ha decidido dar un acelerón a las comparecencias y ha convocado reuniones tanto el martes como el miércoles, en sesiones de mañana y tarde.

El primero en someterse al interrogatorio de los comisionados, el martes, será Cosidó, que este jueves fue señalado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo como el alto cargo que le encargó la llamada ‘operación Kitchen’. Según explicó en la comisión, fue Cosidó quien le encargó que captara al chófer de Luis Bárcenas para espiar al extesorero del PP y recuperar documentación comprometida para el PP.

Villarejo también confirmó que una de las personas a las que más veces reportó sobre sus indagaciones fue al secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno del PP, Francisco Martínez, que ya confesó ante el juez instructor su participación en el operativo, y que comparecerá en la comisión justo después de Cosidó.

CONFESOR DE FERNÁNDEZ DÍAZ

Para el martes por la tarde se ha citado al sacerdote y ex policía Silverio Nieto. El que fuera confesor de Fernández Díaz tenía que haber acudido al Congreso el pasado 6 de mayo, pero excusó su presencia al tener que confinarse por un contacto estrecho con un enfermo de Covid-19.

En su declaración como testigo en la Audiencia Nacional, Nieto se desvinculó de la trama, aunque Francisco Martínez le informó vía Whatsapp de que había depositado ante notario los mensajes que se cruzó con el ministro sobre la ‘Kitchen’. Las comparecencias del martes las cerrará Jorge Sanchís Bordetas, que fue jefe de Gabinete de Martínez.

La comisión retomará los interrogatorios el miércoles con el marido de María Dolores de Cospedal como protagonista y, después desfilará José Antonio Nieto, que fue secretario de Estado de Seguridad con Juan Ignacio Zoido, el sucesor de Jorge Fernández Díaz como ministro.

La comparecencia de Cospedal, primera dirigente del PP que tendrá que rendir cuentas ante este órgano, se ha fijado para la tarde del miércoles. Su voz ya se escuchó este jueves en la comisión, a instancias del PSOE que, para el interrogatorio a Villarejo, recurrió a una grabación en la que se le oía hablando la también exministra de Defensa y con su marido.

MENSAJES ENTRE VILLAREJO Y RAJOY

El comisario jubilado reconoció que conoce a ambos, aunque trató de relativizar la importancia de dicha relación, y respondió con un «no» al ser preguntado si la ex secretaria general del PP le encargó algún trabajo. Sí admitió que Andrés Gómez Gordo, el policía que fue jefe de seguridad de Cospedal en su etapa en Castilla-La Mancha, fue la persona que «preparó la cita» con Sergio Ríos para su captación.

Pero, además, Villarejo apuntó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, con quien se mensajeaba con un teléfono debido al interés que tenía de sustraer los documentos de Bárcenas sobre el PP y también «altas instituciones del Estado».

Según el listado de comparecientes acordado por la comisión, ya una vez se sustancien los interrogatorios de la semana que viene, ya sólo quedará citar al ex ministro Jorge Fernández Díaz y a Mariano Rajoy. En principio, el expresidente del será el último compareciente, aunque la comisión tiene facultad para abrir una nueva ronda de interrogatorios si lo juzga conveniente.