La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el objetivo principal en la venta de ITP es mantener «la capacidad de decisión en España» y, tras indicar que hay «muchas empresas interesadas», ha anunciado que habrá un PERTE aeronáutico en el que pretende integrar a esta compañía y que garantizará «nuevas capacidades industriales y proteger el empleo» en el sector.

En declaraciones a los medios de comunicación, Maroto, que ha participado en Bilbao en la presentación del plan de empleo de la Diputación foral de Bizkaia, se ha referido también a la situación de Alcoa, con la que siguen trabajando para buscar una solución «a una situación insostenible», pero ha asegurado que la empresa está «dificultando mucho la venta a un tercero».

En relación al proceso de venta de ITP Aero por parte de Rolls Royce, Maroto ha asegurado que, desde el punto de vista de los planes de recuperación, el sector aeronáutico está «entre las prioridades del Gobierno» y eso «sin duda» va a «favorecer no solo a ITP, sino al conjunto del sector que en el País Vasco y en España se van a beneficiar de estos proyectos tractores». En este sentido, ha anunciado que habrá un PERTE (Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) aeronáutico.

En concreto, sobre la venta de la compañía, con sede en Euskadi, ha manifestado que están trabajando desde distintos ministerios con el objetivo de que «ITP mantenga la capacidad de decisión en España».

«Para nosotros es fundamental, entendemos los tiempos de la venta que nos ha trasladado Rolls Royce pero también, dado que está en un sector que es especialmente importante para la autonomía estratégica como es el sector de la defensa, nosotros también tenemos que tomar decisiones y es fundamental que la decisión que se haga, permita mantener las decisiones desde España, que mantenga los puestos de trabajo y pensar en el futuro», ha añadido.

La ministra de Industria ha manifestado que «en eso está el Gobierno de España» y ha apuntado que «hay muchas empresas que están interesadas».

«Para nosotros lo importante es mantener el carácter español de la empresa, que las decisiones se tomen desde aquí y, desde luego, integrar a ITP en ese futuro PERTE del sector aeronáutico porque eso va a garantizar nuevas capacidades industriales, proteger el empleo, que es fundamental, y, sobre todo, un futuro para toda la industria de la aeronáutica que, como consecuencia de la pandemia, es uno de los sectores principalmente afectados», ha incidido.

TUBACEX

Preguntado por la situación de empresas vascas como Tubacex, que aplicó un ERE que afectó a 128 trabajadores, Maroto ha indicado que, en general, la «red de protección ha funcionado» y se han «salvado muchos empleos y empresas» pero, en el desarrollo de la propia actividad de las empresas, «es imposible parar el tsunami que ha supuesto la pandemia».

Hemos mitigado el impacto y eso nos permite salir de la crisis sanitaria, económica y social con unas bases más sólidas, preocupados y ocupados», ha añadido.

Según ha apuntado, el ministerio de Industria siempre ha mantenido una posición «en defensa de los empleos y de las capacidades productivas» que hay en Euskadi y en conjunto del Estado español, «ayudando a la resolución de muchas crisis industriales».

ALCOA

Maroto ha indicado que podría poner «muchos ejemplos», aunque otras «están encalladas» como el caso de Alcoa, con la que siguen trabajando para que les dé «una solución a una situación que es insostenible». «Se tiene que propiciar la venta a un tercero y Alcoa está dificultando mucho esa venta», ha añadido Maroto, que ha citado otros «casos de éxito» como Vestas.

La ministra ha insistido en la defensa de los puestos de trabajo y de las capacidades y «pensando que el futuro que va a estar por venir, va a permitir gestionar proyectos muy ambiciosos, generar nuevas capacidades, nuevos empleos y reorientar los empleos obsoletos por la digitalización y la transición verde» para que «nadie se quede atrás».

«Creo que este Gobierno ha respondido al desafío, de no haber hecho nada, hubiésemos perdido tres millones de puestos de trabajo, esa red de seguridad ha funcionado y claramente en esa defensa estará claramente el Gobierno», ha añadido.

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha advertido de que la subida «sin precedentes» de las materias primas básicas para la construcción está afectado «gravemente» a la producción en curso de todas las empresas del sector, tanto en el ámbito de la edificación como en obra civil.

En este sentido, los registros de la evolución de los precios nacionales e internacionales confirman incrementos en el acero corrugado del 78%, del 102% del cobre, del 56% del aluminio, del 106% del petróleo y del 85% de las mezclas bituminosas, desde los mínimos de 2020.

Este problema en la inflación se debe a la reactivación de la demanda mundial tras la crisis sanitaria y de un histórico incremento del precio del transporte internacional marítimo de contenedores.

Esta situación coincide además con la puesta en marcha de importantes planes inversores de recuperación en las mayores economías, lo que supondrá un histórico incremento de la demanda global de inversión en construcción e infraestructuras, y en consecuencia, un nuevo factor de presión al alza en los niveles de precios futuros.

La patronal explica que esta situación coincide con una ausencia de mecanismos de revisión de precios en los contratos de obras públicas, debido a la reforma realizada en la ley de contratos públicos de 2007 que transformó el procedimiento de obligatorio a discrecional por parte de los órganos de contratación, suponiendo, en la práctica, «su casi completa desaparición de los pliegos de contratación».

Asimismo, al encarecimiento de precios se une a las tensiones que hay en la disponibilidad de determinados materiales, cuyo suministro por parte de los proveedores está condicionado en muchos casos a la aceptación de unas ofertas de suministro con cláusulas de revisión de precios semanales.

Por todo ello, Seopan urge a habilitar una norma especial que, con carácter excepcional, permita resolver esta situación mientras persista la inflación, y, para los nuevos contratos, incorporar con carácter obligatorio los mecanismos de revisión de precios recogidos en la regulación en todos los pliegos de contratación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha valorado positivamente que los procedimientos de reestructuración de los bancos se estén negociando con los representantes de los trabajadores y ha señalado que la línea correcta de negociación es orientarlos hacia reducir el número de afectados y propiciar las bajas voluntarias.

Así lo ha señalado durante la inauguración del seminario ‘La economía de la pandemia’ organizado por APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, en la que ha participado junto al presidente de BBVA, Carlos Torres, quien también ha destacado que el banco ha trabajado de forma «constructiva y dialogante» para cerrar un acuerdo con los sindicatos para el despido de 2.725 trabajadores.

Calviño ha valorado positivamente que los procesos de reestructuración de los bancos se estén realizando de forma negociada con los representantes de los trabajadores, habiendo llegado en algunos casos a un acuerdo, como es el caso de BBVA, mientras que en otros están aproximándose a él, como en CaixaBank, donde se negocian 7.400 salidas.

Sobre el ERE de CaixaBank, Calviño ha resaltado que «la voluntad que han expresado los directivos del banco es llegar a un acuerdo». «Confío, por supuesto, en que se siga avanzando en esta misma dirección y se llegue a una solución negociada con los representantes de los trabajadores», ha afirmado.

La vicepresidenta segunda ha recordado que los ajustes de empleo son procesos «tremendamente traumáticos» para el conjunto de trabajadores de estas entidades y sus familias. «Es muy importante y valoro que esté reduciéndose el número de bajas y que se estén orientando hacia las bajas voluntarias. Esa es la línea de diálogo y negociación correcta para abordar estos procesos que siempre son lamentables y negativos», ha señalado.

Por otro lado, Calviño ha reconocido que el sector bancario está inmerso en un proceso de reestructuración, marcado por la entrada de nuevos competidores y un proceso acelerado de digitalización, que exigen «una transformación ágil» por parte de las entidades financieras.

Sin embargo, cree que «no es positivo» plantear el futuro del sector sobre la base de reducir su tamaño, capacidad, plantilla u oficinas.

«Hay que desarrollar un agenda positiva donde se descubran, exploten y se expandan estas nuevas oportunidades de negocio, porque si queremos que el sector recupere una senda d rentabilidad, necesitamos entidades financieras que tengan una perspectiva también positiva de desarrollo y despliegue de nuevos ámbitos de negocios que sean rentables», ha explicado.

TORRES (BBVA) RECONOCE QUE HA SIDO UN PROCESO «DOLOROSO»

De su lado, el presidente de BBVA ha asegurado que el ERE que acaba de cerrar la entidad ha sido «un proceso doloroso, que emocionalmente tiene connotaciones importantes, pero en el que se ha trabajado muy bien, de forma constructiva y dialogante para llegar a un acuerdo con los sindicatos».

En su opinión, se trata de «un buen ejemplo» que recoge medidas que demuestran que el banco «quiere ayudar a la sociedad a reconvertirse». En esta línea, Torres ha incidido en que las entidades están reconvirtiendo actividades que antes tenían valor añadido en oficinas, mientras que ahora el cliente se relaciona de manera remota.

Según ha afirmado, el banco está en proceso de redefinir su propuesta de valor, ayudando a los clientes a contar con una mejor salud financiera y un mayor conocimiento de sus finanzas del día a día, al tiempo que trabaja en la transición hacia un negocio sostenible.

LA POLÉMICA DE LOS SUELDOS DE LOS BANQUEROS

Preguntado sobre el documento que estaría elaborando la banca para resaltar la responsabilidad social corporativa y su papel en la recuperación, el presidente de BBVA ha apuntado que la reputación de la banca es un tema en el que la entidad trabaja desde hace tiempo, para explicar el papel que el sector juega en la economía.

De su lado, Calviño ha señalado que se trataría de «una buena noticia», al trabajar en cuestiones que permitan dar más confianza a los ciudadanos respecto a cómo se van a abordar los procesos de reestructuración, cómo se articulan los sueldos de los directivos.

Este último asunto suscitó recientemente críticas por parte de miembros del Gobierno, como la propia Calviño. Sobre ello, el presidente de BBVA ha defendido que la actuación de la entidad ha sido «responsable pero susceptible de mejorar».

Según ha explicado Torres, las retribuciones recogen muchos factores que no tienen relación con la rentabilidad del banco, sino con la calidad del servicio al cliente, la satisfacción de la plantilla y el impacto de tiene en su objetivo de conseguir la descarbonización. «Lo que queremos es explicarlo mejor y seguir reforzando nuestro compromiso con esquemas de retribución responsable y acorde con los tiempos», ha recalcado.

La demanda de perfiles especializados en Cloud y Big Data aumentó un 152% y la de empleados con nociones de ciberseguridad un 366% en el primer trimestre de 2021, según un estudio realizado por la empresa tecnológica Logicalis.

El incremento de solicitudes laborales para este tipo de profesionales se sitúa en máximos interanuales y triplica sus cifras, lo que, a juicio de Logicalis, evidencia la necesidad de fomentar la formación en disciplinas informáticas innovadoras.

«En algún caso, como es el caso del Cloud, denota un claro cambio de tendencia para el mercado laboral en nuestro país y una fuerte demanda de este tipo de profesionales», han señalado desde Logicalis.

En opinión del director de Tecnología de la firma, José María Ruiz, este aumento en la demanda se debe a la emergencia de un nuevo ecosistema de tecnologías, como la computación en la nube, la Inteligencia Artificial o Internet de las Cosas, que favorecen nuevos modelos de negocio y, por ende, oportunidades sin precedentes, que permiten desbloquear nuevos valores.

Además, han recordado que las organizaciones a nivel mundial detectan la escasez de perfiles muy especializados en competencias tecnológicas como las mencionadas, al igual que en otras que surgen continuamente en el entorno tecnológico. Concretamente, los analistas de la industria estiman que los profesionales de ciberseguridad generalmente comprendían entre el 5 y 6% del personal tecnológico, pero desde hace unos años su demanda se ha disparado y las últimas previsiones para 2022 vaticinan un total de 1.8 millones de especialistas en todo el mundo, un 20% superior al pronóstico realizado en 2015.

«La mayor sensibilización de las empresas por el mundo digital y la ciberseguridad apuntan hacia una demanda más importante aún de estos perfiles hiperespecializados», han afirmado desde Logicalis, al tiempo que han recordado un estudio elaborado por la consultora Pearson en el que se menciona a la ciberseguridad como una de las seis profesiones con mayor demanda, a medio y largo plazo.

Por último, han advertido de que esta escasez de especialistas es probable que se prolongue, dado que las matriculaciones en titulaciones relacionadas con este perfil cayeron un 6,1%, cinco puntos porcentuales por debajo de la media europea, entre 2013 y 2017, según un estudio de Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, ha instado a los gobiernos de América Latina a hacer que los ricos paguen «mucho más» en términos tributarios, con el objetivo de alcanzar un sistema económico más justo en la región más desigual del mundo.

Werner, que dejará de ser el ‘jefe de América Latina’ para el FMI este año, ha explicado que las recientes protestas sociales en la región han puesto de relieve la necesidad de una distribución de ingresos «mucho más justa».

En este escenario, el representante del Fondo ha enfatizado en la necesidad de unos mayores aportes tributarios por parte de la población más rica. En especial, Werner ha apuntado que América Latina puede ser un buen lugar para comenzar a aplicar los «subutilizados» impuestos sobre la propiedad.

Werner ha subrayado que es necesario un sistema tributario «mucho más progresivo» de cara a tener un sistema y una competitividad económica «mucho más sólida de lo que es hoy». «Latinoamérica no puede ser la región más desigual en el mundo y saltar a la próxima etapa de desarrollo económico», ha destacado Werner en una entrevista con ‘Financial Times’.

Después de una contracción del 7% en 2020, el FMI proyecta una recuperación del 4,6% para este año y se espera que esta previsión se revise al alza en los próximos meses, debido, principalmente, a que varias economías han sido capaces de mantener altos niveles de actividad a pesar de los continuos de casos de Covid-19.

«La correlación entre la actividad económica y la tasa de contagios es mucho más débil ahora que el año pasado», ha añadido Werner.

Las dos principales economías de la región, Brasil y México, han dado prioridad a reabrir sus economías a pesar de los altos registros de fallecidos, ayudando así a una recuperación más rápida que en algunos países vecinos que han persistido con los confinamientos.

A lo largo de la pandemia, los países de la región adoptaron diferentes estrategias en materia de gasto público, con Brasil, Perú y Chile como alguna de las naciones que asumieron significativos niveles adicionales de deuda para ayudar a los sectores de la población más afectados por el virus.

México fue la notable excepción y a pesar de que los bancos de Wall Street están proyectando un crecimiento por encima del 5% este año, no será suficiente para compensar la contracción del 8,5% experimentada el año pasado. Werner ha dicho que «habría sido mucho mejor» estrategia apostar por un paquete de estímulos frente a la austeridad promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con motivo de la elección de Pedro Castillo en las presidenciales de Perú, Werner ha indicado que los cambios vistos en las elecciones políticas de la ciudadanía «son el reflejo de que hay una demanda muy fuerte para una mucho mejor distribución de ingresos, y más allá de eso, un sistema social y económico mucho más justo».

En abril, Colombia trató de llevar a cabo una reforma tributaria para impulsar los ingresos y ensanchar su base tributaria. Sin embargo, el gobierno se vio forzado a cancelar la propuesta días después por las olas de protestas violentas en todo el país.

Werner ha dicho que los cambios fiscales para impulsar los ingresos son necesarios para reparar las finanzas públicas a lo largo de la región, pero ha añadido que la experiencia vivida en Bogotá ha mostrado la necesidad de acuerdos amplios en las reformas económicas que vayan más allá de la clase política tradicional.

«El ambiente político es muy duro para la implementación de reformas y por ello los países tendrán que tener mucho cuidado en el diseño de estas reformas», ha advertido Werner, que ha recomendado a los Gobiernos tener en cuenta a la población en estas reformas a través de amplios consensos.

«De no ser así, veremos una inestabilidad significativa que dañará al empleo, dañará la recuperación, dañará los indicadores sociales. Es un muy difícil panorama», ha concluido Werner.

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha asegurado que el acuerdo en materia de pensiones está en disposición de cerrarse «en cuestión de días o en cuestión de horas», y aunque queda «flecos por cerrar», ha confiado en que ese acuerdo sea tripartito entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicales.

«Eso le daría una fortaleza enorme a ese acuerdo y mandaría un mensaje muy positivo a la sociedad española«, ha indicado Sordo, que se ha pronunciado así en declaraciones a los medios minutos antes de la apertura del 13 Congreso estatal de la Federación de Pensionistas y Jubilados que se celebra en Toledo.

En este contexto, ha asegurado que el acuerdo posiblemente «se va a dar a lo largo de esta semana», aunque aún no está cerrado totalmente, y se ha mostrado «optimista» al respecto, pues «va a ser cuestión de pocos días que esto finalmente vea a la luz».

Un acuerdo, ha detallado, que «necesariamente tiene que conllevar la derogación de la reforma de las pensiones del PP de 2013 y que tiene que lanzar el mensaje de que el sistema público de pensiones es viable, con pensiones públicas suficientes, siempre y cuando haya voluntad política y recursos económicos para que esas pensiones futuras suficientes sean insertadas dentro del sistema público».

Además, tendría que incluir, según el secretario general de CCOO, la derogación del índice de revalorización de las pensiones, volver a garantizar su revalorización con el IPC, la eliminación del factor de sostenibilidad y acometer «todo un paquete de medidas» sobre ingresos, que puede llegar al 2% del PIB, que se tendrán que desarrollar en los próximos años para reforzar la estructura de ingresos de la Seguridad Social y lanzar un mensaje de «certidumbre», el de que las políticas públicas se van a ocupar de la situación de las pensiones actuales pero también de las de las próximas tres décadas, hasta el año 2048.

En cuanto a los flecos que quedan por cerrar, ha admitido que los acuerdos de pensiones «son complejos de trasladar a un acuerdo», pues «tienen tirones en cada coma y cada punto», pero ha precisado que sobre los grandes elementos centrales en los que habían tenido disputa «las cosas están muy avanzadas».

Cosas que básicamente tienen que ver con una derogación de aspectos de la reforma de las pensiones de 2013, con un paquete de medidas que se tienen que desarrollar en próximos meses y años sobre los ingresos del sistema, otros como el régimen de cotización de los trabajadores y trabajadoras autónomas, o medidas sobre las jubilaciones anticipadas o demoradas, ha explicado.

PACTO INTERGENERACIONAL

Al margen de este asunto, Unai Sordo ha defendido la necesidad -que se abordará durante la cita congresual- de que en el futuro las políticas públicas atiendan al envejecimiento de población española y, en este sentido, ha apuntado que uno de los grandes retos del país y toda Europa es hacer frente al envejecimiento paulatino que se ha dado en las sociedades.

«Creemos que los fondos europeos son una magnífica oportunidad para consolidar ese gran pacto intergeneracional que necesita nuestro país, que pasa por reconstruir un modelo de contrato social donde la situación de la atención a personas en situación de dependencia que necesiten cuidados es un pilar fundamental del que se está hablando demasiado poco», indicó.

Según el dirigente de CCOO, para hacer frente a ese pacto hay que «reformar de forma muy intensa los sistemas sanitarios y sociosanitarios, desde una perspectiva de que la salud tiene que abordarse desde la prevención», así como mejorar los recursos para la sanidad pública, elevar el gasto en sanidad por encima del 7% del PIB y destinar un cuarto de este gasto público a reformar los servicios de proximidad y la Atención Primaria.

Igualmente, hay que «recomponer» un modelo de atención a los ciudadanos y la situación de dependencia, donde la ayuda domiciliaria y las residencias «tienen un papel fundamental», así como «repensar» el papel de las residencias en el futuro, y los distintos modelos de atención a situaciones de vejez pues «no todo el mundo va a moverse en el binomio de estar en su casa o en residencia, se tienen que buscar otras fórmulas».

El sindicato demanda también una auditoría sobre cómo han funcionado las residencias en esta pandemia para fundamentalmente conocer qué ratio había, qué gestión se ha hecho desde el ámbito público y también desde el privado, «que se ha comido la tarta los últimos años», y rehacer el modelo.

El recibo de la luz de un usuario medio se ha disparado un 46,5% en las tres primeras semanas de junio, frente al mismo periodo del año pasado, apuntando así a la factura más cara de toda la historia, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

Según estimaciones realizadas por la asociación sobre la evolución de la tarifa regulada (PVPC), si se extrapolan a un mes completo los precios aplicados del 1 al 21 de junio, el recibo del usuario medio sería el más caro de la historia, alcanzando los 88,76 euros (impuestos incluidos). De esta manera, la factura superaría su importe más alto hasta la fecha, los 88,66 euros del primer trimestre de 2012.

Con los datos de las tres primeras semanas de junio, la factura del usuario medio sufriría una subida interanual de 28,18 euros, un 46,5% por encima de los 66,58 euros que representó el recibo en junio de 2020. La factura del usuario medio del pasado mayo fue de 82,13 euros.

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el actual perfil de usuario medio sin discriminación horaria publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

EL PRECIO MEDIO DEL KWH, DISPARADO.

El precio medio del kWh del 1 al 21 de junio fue de 13,66 céntimos en horario valle (siempre con los impuestos incluidos), 18,45 céntimos en horario llano y 30,66 céntimos en horario punta. En junio del año pasado, el precio medio sin discriminación horaria fue de 11,31 céntimos y en junio de 2019 de 13,78 céntimos. En cuanto a la media del pasado mayo, fue de 17,20 céntimos.

Si se ponderan los consumos del usuario medio en cada tramo horario, el precio medio del kWh estos primeros 21 días de junio asciende a 19,83 céntimos, un 75,3% por encima de los 11,31 de junio de 2020. El precio se acerca al pico histórico de la segunda semana de enero de 2021 (del 8 al 14), cuando alcanzó los 20,64 céntimos, según los cálculos de la asociación.

Con independencia de los picos diarios que se han alcanzado en determinados momentos, el precio mensual más elevado de la historia se dio durante todo el primer trimestre de 2012, cuando el kWh se situó en 20,85 céntimos. En estas fechas, era el Gobierno el que fijaba el precio, que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Facua reclama al Gobierno soluciones ante «los brutales incrementos» tarifarios que continúan aplicando las eléctricas y un cambio en el nuevo sistema de facturación por tramos horarios en vigor desde el 1 de junio, que representa por sí solo un incremento en el precio de la energía consumida para un altísimo porcentaje de consumidores y «perjudica especialmente a las economías más desfavorecidas».

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido los indultos a los condenados por el 1-O por la contribución de esta medida a la «estabilidad política, económica y social».

En una entrevista en ‘El Periódico’ ha afirmado que la estabilidad es un activo económico al que todos deben contribuir: «Este objetivo tiene que guiar al Gobierno para tratar de orientar las relaciones entre los distintos territorios de España sobre la base del dialogo, del reencuentro, del respeto, y de la concordia».

«El camino alternativo nos lleva a un callejón sin salida y a un choque de trenes improductivo», y ha confiado en que el Govern tenga también una actitud constructiva que permita a ambos ejecutivos trabajar juntos por el interés general, en sus palabras.

Por otro lado, ha puesto en valor los avances en la negociación de los ERES en marcha en el sector bancario para reducir los despidos, pero ha pedido no «ignorar que el sector financiero y el comercio minorista, entre otros, están inmersos en un proceso de reconversión estructural por la competencia de nuevos operadores digitales».

«Tienen que adaptarse para seguir operando de forma rentable en el futuro, encontrando nuevas oportunidades. Porque necesitamos financieras sólidas que puedan jugar el papel que les corresponde de canalizar el crédito al conjunto de la sociedad y apoyar la recuperación económica», ha dicho.

Y sobre la investigación de la CNMC a varios bancos por presuntas malas prácticas en la tramitación de los créditos ICO, ha pedido dejar trabajar a la comisión: «Pero si ha habido ese tipo de conductas por supuesto tienen que corregirse».

CAIXABANK Y NATURGY

También ha descartado que en «horizonte» del Gobierno esté previsto desinvertir en CaixaBank, tras la fusión con Bankia, y ha defendido que como accionista el Estado quiere defender el interés general, maximizar el valor de su participación y contribuir a reforzar al sector financiero español, objetivos que cree que de momento se han cumplido.

Además, ha abogado por «seguir avanzando en la unión bancaria» dentro de la Unión Europea (UE) para que redunde en operaciones transnacionales que refuercen el sector financiero europeo en su conjunto.

Y ha rechazado avanzar qué decidirá el Gobierno en la oferta pública de adquisición (opa) lanzada sobre Naturgy: «El procedimiento está en curso y no quiero especular con comentarios que puedan afectar a la evolución de empresas cotizadas».

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha destacado los «buenos progresos» realizados en la reconfiguración de la estrategia del banco central durante las discusiones mantenidas durante el fin de semana por el Consejo de Gobierno en su retiro de tres días en los alrededores de Fráncfort.

«Me alegra que pudiéramos tener discusiones en profundidad y que hicimos buenos progresos en la configuración de las características concretas de nuestra futura estrategia de política monetaria», señaló la francesa.

Desde el pasado viernes y durante todo el fin de semana, los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, que forman los seis miembros del directorio del banco central, con Christine Lagarde y Luis de Guindos a la cabeza, además de los banqueros centrales nacionales de los 19 países del euro, mantuvieron su primer encuentro en persona desde el inicio de la pandemia para debatir cuestiones relacionadas con la revisión estratégica de la institución.

«Fue bueno reencontrarnos en persona y la campiña montañosa de Taunus (cerca de Fráncfort) fue ideal para reconectar después de meses de reuniones únicamente digitales«, dijo la presidenta del BCE.

Esta revisión de la estrategia del BCE, la primera llevada a cabo por la institución desde 2003, dio comienzo a principios de 2020, pero tuvo que ser aplazada por el impacto de la pandemia.

Entre las cuestiones que han sido abordadas por el BCE, además de un nuevo enfoque de la definición del objetivo de estabilidad de precios del banco central, se espera que haya una toma de posición respecto de cuestiones como el cambio climático y la desigualdad.

Cuba comenzará este lunes la suspensión de los depósitos de dólares en efectivo en la isla para hacer frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre el país, que le han generado pérdidas de 9.157 millones de dólares (unos 7.683 millones de euros) entre abril de 2019 y diciembre de 2020.

La gobernadora del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, indicó en una rueda de prensa que ante el recrudecimiento de las medidas impuestas por Washington, el banco suspenderá el depósito de dólares de forma temporal a partir de hoy, 21 de junio.

En este escenario, el Banco Central de Cuba abrió las sucursales de los bancos ayer domingo para depositar dólares en efectivo antes de que entre en vigor la suspensión decretada por la misma institución central.

La suspensión temporal de los ‘billetes verdes’ en Cuba disparó el precio de los euros tanto en la isla como en Miami, donde reside buena parte del exilio cubano, hasta una conversión de 90 pesos por cada euro.

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, enfatizó que los bloqueos de Estados Unidos a Cuba implican pérdidas mensuales de 436 millones de dólares (más de 365 millones de euros). Según Rodríguez, las pérdidas totales ascienden hasta casi 150.000 millones de dólares (126.000 millones de euros) desde que el país norteamericano impuso su embargo hace seis décadas.

Rodríguez indicó que la decisión del sistema bancario de detener temporalmente la aceptación de depósitos en dólares en efectivo es «una medida indispensable de protección de la economía, mientras existan los obstáculos que impone el bloque para utilizarlos en el exterior.

El director general del Ministerio de Exteriores de Cuba para Estados Unidos, Carlos Fernández de Cossío, aseveró que el bloqueo y las crecientes medidas se enfrascan en un intento de «deprimir nuestra economía, crear inestabilidad en las condiciones de vida de la población y atacar al sector financiero».

El colocarnos en la lista de países patrocinadores del terrorismo se traduce en un impacto práctico en el proceso de pagos y cobros en nuestra actividad comercial y financiera internacional. Cuba promulga una medida de legítima defensa«, destacó.