La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha lamentado que el informe que se dispone a adoptar este lunes la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa ponga en duda la libertad de expresión de los políticos en España y compare la situación con la de Turquía, si bien ha querido subrayar que el documento final ha sido matizado durante su tramitación y define como «fuerte, pleno, sólido» el Estado de derecho en España.

En declaraciones a la prensa tras participar en una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo, González Laya ha querido diferenciar distintos elementos del informe porque a su juicio combina recomendaciones que «sonarán de algo» a cómo está gestionando el Gobierno de Pedro Sánchez la crisis en Cataluña –en alusión al «diálogo» o a los indultos–, con otras ideas «no muy coherentes» y «confusas», porque sugieren al Ejecutivo que se «inmiscuya en decisiones que cometen al (poder) judicial».

«El ponente hace unas consideraciones un tanto incoherentes y que no son propias de un miembro de una asamblea parlamentaria que debería conocer el principio de la separación de poderes», ha razonado la jefa de la diplomacia española, al referirse al trabajo del letón Boriss Cilevics.

Así, la jefa de la diplomacia española ha insistido en la resolución que prevé adoptar la asamblea parlamentaria del Consejo de Europea está acompañada por un informe de Cilevics con consideraciones que «no tienen cabida» en un Estado de derecho en donde los jueces son independientes.

«Todo lo que viene después parte de un error inicial en el planteamiento de este informe. El propio ponente dice que ningún político es encausado por sus opiniones o por el ejercicio de libertad d expresión o por sus actos», ha argumentado González Laya, para subrayar las contradicciones del documento.

En todo caso, la ministra española ha querido destacar que el documento que llega a la sesión plenaria lo hace suavizado con respecto a su redacción inicial por el trabajo de parlamentarios españoles todos los grupos políticos con representación en este órgano consultivo, que han aportado enmiendas que «corregían, matizaban, puntualizaban» su mensaje sobre España.

A la pregunta de si teme que el movimiento independentista saque rédito de este informe, González Laya ha querido restar importancia y ha pedido que «quedarse con lo que está ocurriendo» en España y «no con lo que dice un informe», porque a su juicio se están dando pasos para relanzar el diálogo y favorecer el «reencuentro entre todos los ciudadanos».

INDULTOS EN ARAS DE LA CONCORDIA

La ministra ha enlazado la defensa de la solidez del Estado de derecho en España con la decisión sobre los indultos que el Gobierno tomará este martes, al afirmar que se trata de un esfuerzo «en el interés general de la concordia» para favorecer el «reencuentro» de los españoles.

Así, aunque González Laya ha pedido «empatía» con quienes «no se sienten cómodos» con la concesión de los indultos a los líderes del desafío secesionista pero también ha defendido la «determinación de impulsar un espíritu constitucional de entendimiento».

La titular de Exteriores, además, ha negado que haya «dificultad en explicar» ni dentro ni fuera de España la tramitación de los indultos porque, ha insistido, aunque se pueda observar con «más o menos simpatía» la situación, cree que no se puede poner en duda que sea un instrumento contemplado en la Constitución que el Gobierno ha decidido «desplegar con toda su potencialidad».

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que la Comisión Ejecutiva del partido ha aprobado una declaración que defiende que los indultos a los dirigentes independentistas presos abrirán un tiempo nuevo de reencuentro y concordia, que deberá estar guiado por el diálogo y requerirá altura de miras y «realismo».

«Ahora es el momento de decir la verdad, de ser honestos y de hacer planteamientos posibles. Es el momento de trabajar juntos para avanzar juntos» y afrontar los retos con realismo, unidad, optimismo y voluntad de ofrecer las mejores propuestas, según la declaración, que ha leído Illa en rueda de prensa.

Con el título ‘Sí a la concordia’, la declaración destaca que conceder los indultos es una decisión constitucional que demuestra magnanimidad y representa «coraje y sentido de Estado a partes iguales», ha explicado Illa, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que los aprobará el Consejo de Ministros este martes.

ANUNCIO DE SÁNCHEZ

Preguntado por el hecho de que ningún miembro del Govern haya asistido a la conferencia de Sánchez en el Gran Teatre del Liceu, Illa ha señalado: «Creo que se ha invitado a quien se tenía que invitar, y quien ha decidido no asistir tendrá que explicar las razones» por las que no lo ha hecho.

«He visto muchas asistencias, más que ausencias, y he visto que el anuncio ha sido acogido muy bien, por parte no sólo de los asistentes», ha subrayado, y ha dicho que respeta a quienes se han manifestado en contra de Sánchez, siempre que respeten los derechos del resto, como el de asistir al acto y de expresarse.

Ha calificado de trascendental e histórica la decisión de indultar a los encarcelados: «Los que no se han manifestado a su favor son extremistas de ambos lados», según Illa, que ve positivo que Sánchez haya hecho este anuncio en Cataluña.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha preguntado a las partes si desean prorrogar la instrucción de la ‘Operación Kitchen’, donde se investiga el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno, más allá del 29 de julio, cuando está previsto que finalice por mandato legal.

En una diligencia de ordenación firmada este lunes, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha dado cinco días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que indiquen si desean alargar las pesquisas.

García-Castellón ha recordado que la instrucción concluirá el próximo 29 de julio, conforme estipula el reformado artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que fija en un máximo de doce meses la duración de las investigaciones judiciales.

No obstante, el mismo precepto establece que, si antes de agotar plazo el juez constata que no es posible terminar la instrucción en ese tiempo, de oficio o a instancia de parte, pero siempre escuchando a las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

En el caso de que opte por dilatar el plazo inicial, tendrá que explicar las razones que le han impedido acabar la investigación puntualmente y precisar las diligencias que es necesario practicar, así como su relevancia para la causa.

MARATÓN DE DECLARACIONES

El propio magistrado ya advirtió en uno de sus últimos autos, por el que imputó a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, de que la investigación de esta pieza separada encaraba su recta final al afirmar que «se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria».

Sin embargo, antes de llegar al 29 de julio, García-Castellón tiene señalada una ronda de comparecencias que arrancará el próximo día 28 con el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera, seguirá ese martes con Cospedal; continuará el miércoles con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y su ex jefe de Gabinete José Luis Ortiz; y concluirá el día 1 con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Con el interrogatorio a estos acusados, el juez tratará de arrojar luz sobre los apuntes manuscritos que Villarejo hizo en las agendas personales que le fueron incautadas el pasado mes de octubre y que abarcan la línea temporal de la ‘Operación Kitchen’, cuyo punto de partida sería el 11 de julio de 2013, según ha logrado precisar García-Castellón con sus indagaciones.

Esta pieza separada número 7 de la macrocausa ‘Tándem’ –sobre los negocios turbios de Villarejo– versa sobre el dispositivo que se habría montado desde el Ministerio de Interior con recursos policiales y fondos reservados para espiar a los Bárcenas y sustraerles la documentación comprometedora que pudieran atesorar sobre el PP y sus dirigentes para impedir que llegara a manos de la Justicia.

La Comisión de Política Territorial del Congreso ha rechazado este lunes una iniciativa del PP que pretendía que el Gobierno creara un incentivo económico para los puestos de trabajo de funcionario del Estado con destino en Cataluña con el fin de favorecer el arraigo y la permanencia de estos empleados públicos frente al entorno de separatismo.

En su proposición no de ley, el PP denuncia el «hostigamiento» producido por el entorno separatista hacia «todo lo que sea representativo del Estado», lo que ha provocado, a su juicio, que Cataluña se haya convertido en una comunidad de «difícil» cobertura de las vacantes, a lo que se suma la carestía de la vida y el idioma.

De ahí que su diputada Llanos de Luna haya llamado a potenciar la presencia institucional del Estado, que actualmente es «residual», planteando un incentivo económico para los funcionarios destinados en Cataluña similar al que ya existe en otras zonas de España de difícil cobertura como Baleares, Ceuta y Melilla.

En el debate, la propuesta de los ‘populares’ ha cosechado el apoyo de Vox y de Ciudadanos, pero ha sido derrotada por el PSOE, Unidas Podemos y el PDeCAT.

VOX: EL PP NO TIENE VERGÜENZA

Desde Vox, Carlos Segura ha confirmado su respaldo a la iniciativa en tanto que persigue «fortalecer» el Estado en esa comunidad pero ha acusado al PP de «no tener vergüenza» al plantear un texto que viene a denunciar lo que él, como exdirigente del PP en Cataluña, venía alertando hace años sin que su entonces partido hiciera nada al respecto incluso estando en el Gobierno.

«Es el colmo del cinismo político», ha dicho Segura, para quien el expresidente José María Aznar ha hecho más por el independentismo catalán que el propio expresidente catalán Carles Puigdemont, haciendo alusión concretamente al Pacto del Majéstic.

Desde Ciudadanos, José María Espejo ha dicho que la propuesta del PP no va a solucionar el déficit de funcionarios del Estado que existe en Cataluña pero ha avanzado su apoyo a la misma ante la necesidad de poner en marcha soluciones «provisionales» que incentiven el traslado a esa comunidad.

EL PP Y SU VISIÓN «IMPERIAL» DEL PAÍS

Tanto el PSOE como Unidas Podemos y el PDeCAT, en nombre del Grupo Plural, han cargado contra la propuesta del PP, a la que los socialistas han presentado, sin éxito, una enmienda con algunas medidas para resolver la problemática de las vacantes funcionariales en Cataluña, entre ellas la necesidad de identificar los puestos esenciales a cubrir y el diseño de otros procedimientos de gestión con mecanismos de colaboración entre administraciones.

Desde Unidas Podemos Pedro Honrubia ha censurado la visión «imperial» que, a su juicio, evidencia el PP con esta proposición y ha lamentado que el PP haya aprovechado este asunto para presentar, no para presentar una alternativa seria, sino pra hacer un «nuevo show de ataque a Cataluña».

En la misma línea se ha manifestado el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, quien ha recalcado que el Estado no está desapareciendo de Cataluña sino que partidos como el PP les echan y ha preguntado a su ponente y ex delegada del Gobierno en Cataluña si los ‘populares’ no tienen alguna responsabilidad en esta situación.

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha rechazado este lunes que haya dado apoyo de ningún tipo al indulto de los líderes políticos catalanes del ‘procés’, asegurando que su organización no va a pronunciarse al respecto: «O no me expliqué bien o se me entendió mal, pero en ningún caso yo dije para nada que estaba apoyando los indultos», se ha defendido.

«La CEOE no va a opinar de este tema. Se ha interpretado algo que yo no dije, o me expliqué mal. La CEOE no entra en este tema», ha dicho, llegando a decir que le «entristece» las críticas recibidas y que se pueda asociar un posicionamiento a cambio de posibles reconocimientos.

«Creo que se ha utilizado una frase dentro de un contexto que estamos CEOE y yo sufriendo una serie de consideraciones que no nos merecemos», ha dicho Garamendi, durante su intervención en el seminario ‘La economía de la pandemia’, organizado por la APIE y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander (Cantabria).

«Yo no he dicho que estoy de acuerdo con los indultos, lo digo para que quede claro», ha subrayado el presidente de la patronal, asegurando que en su organización lo que quieren es «estabilidad política, la normalidad». «Estamos con la Constitución, queremos que todo funcione bajo el imperio de la ley, a través del Estado de Derecho y eso es lo que yo transmití», ha apostillado.

Asimismo, ha dicho que en su organización «hay distintas opiniones» pero que no se ha debatido ninguna postura. Como CEOE nosotros no vamos a entrar en este asunto», ha dicho. «Nosotros defendemos la unidad de España y pensamos que el problema de Cataluña lo deben de resolver entre todos los españoles, porque es parte de la soberanía del pueblo español», ha añadido, antes de disculparse por las consecuencias de sus declaraciones. «Siento el lío que se ha montado».

Respecto a las acusaciones de que las palabras de Garamendi respondieran a la condecoración militar recibida esta pasada semana ha lamentado que suponen «una falta de respeto al Ejército». «Hace tres meses el Ejército pidió darnos la Cruz del Mérito Militar, que tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Que nos digan que nos han comprado por darme una cruz tiene su gracia», ha dicho, afirmando que este reconocimiento «es un orgullo».

Asimismo, ha subrayado que la CEOE «no cobra ninguna subvención directa del Estado»: «No tiene participación institucional, y eso es lo que nos da libertad e independencia. Nadie nos ha comprado», ha aseverado el presidente de la patronal.

El diputado letón Boriss Cilevics, autor del controvertido informe en el que se defiende la reforma de los delitos de sedición y rebelión y el posible indulto de los presos del procés, ha insistido este lunes en que las penas dictadas contra ellos fueron «desproporcionadas» y ha defendido que se les puede indultar igual que se hizo con los autores del 23-F.

Cilevics ha defendido ante el pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa su informe ‘¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?’ centrado expresamente en Turquía, y en la persecución del partido kurdo HDP, y en España y la situación en Cataluña.

Aunque ha reconocido que «son dos países muy diferentes con culturas jurídicas distintas y problemas diversos», ha recalcado que «no se ha observado nada igual» en ningún otro de los 47 estados que componen el Consejo de Europa.

Asimismo ha defendido que se trata de un «texto equilibrado» que busca defender los principios de democracia y Estado de derecho y no ceder «frente a los que quieren usar este informe para promocionar el separatismo».

En todo caso, ha insistido en que las penas dictadas contra los presos del procés son «desproporcionadas», parecidas a las que se imponen a «asesinos y violadores», aunque ha reconocido que algunas de las declaraciones formuladas por los políticos independentistas «llevaron a acciones inconstitucionales», como la celebración del «referéndum ilegal».

Cilevics ha expresado sus «dudas» respecto a la interpretación amplia que tuvo que hacer el Tribunal Supremo del delito de sedición, puesto que no hubo un «elemento de violencia». «No digo que la organización de un referéndum no pueda en absoluto ser objeto de sanciones», ha añadido, insistiendo en que aunque hubo «claramente desobediencia» las penas fueron «desproporcionadas».

En su opinión, «existen muchas formas de resolver este problema como por ejemplo los indultos individuales o la reforma de las disposiciones en el parlamento. «Si el Gobierno anterior encontró una justificación suficiente para indultar a los coroneles que efectuaron una tentativa de golpe en 1981 por qué no ahora», ha preguntado.

PPE: EL INFORME CREA UN PROBLEMA

Tras él han expuesto su postura los representantes de los grupos parlamentarios europeos, que se han dividido entre apoyos y críticas al informe. Por parte del Partido Popular Europeo, la griega Theodora Bakoyannis ha defendido que no se puede situar a España y Turquía en el mismo informe porque son dos situaciones «totalmente distintas». A su juicio, Turquía tiene un problema de Estado de Derecho, algo que no sucede en España. «Si apoyamos este informe crearemos un problema», ha avisado.

En este sentido, ha sostenido de que en España no se persiguen manifestaciones sino «actos ilegales» y ha recordado que la integridad territorial es «uno de los valores más preciados para una democracia». Además, ha subrayado que las condenas se produjeron por delitos de sedición, desobediencia y malversación, no por expresar opiniones. Y prueba de ello, ha apuntado, es que los partidos independentistas gobiernan ahora en Cataluña.

En cambio, ha apoyado la concesión de indultos el representante de ALDE, grupo en el que está integrado Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Su portavoz, el francés Jacques Maire, ha reconocido que se produjeron actos contrarios a la Constitución, pero ha sostenido que las penas aplicadas fueron «desproporcionadas si se comparan con las acciones llevadas a cabo».

También se han manifestado a favor el representante de la izquierda europea, Tiny Kox, quien ha apuntado que España es «una democracia plena» en la que sin embargo «subsisten problemas». Por ello, ha calificado de «halagüeñas» las noticias sobre la concesión de los indultos en el Consejo de Ministros de este martes.

Confluencia Movimiento Feminista, que agrupa a medio centenar de organizaciones de toda España, ha convocado movilizaciones este sábado 26 de junio en contra de la Ley Trans del Igualdad que, a su juicio, supone «un retroceso en la protección» de los derechos de las mujeres.

Esta entidad considera que «la ofensiva de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal contra las mujeres en general, y contra el movimiento feminista en particular», está llegando a una situación «criminal» que está «subvirtiendo todas las reivindicaciones» del movimiento y «penetrando en todo el ordenamiento jurídico» del país.

Y señalan directamente al Gobierno actual que, recuerdan, se «autodenomina» el «»más feminista de la historia» y, sin embargo, y a su juicio, «están transformando las leyes contra la agenda feminista» por la que llevan «luchado durante los últimos 300 años».

«Ante la inacción cómplice de la presidencia del Gobierno, el ministerio de Igualdad ha ignorado y despreciado al movimiento feminista, promoviendo leyes contra las mujeres», asegura la Confluencia, que también pone el foco en las CCAA que han aprobado leyes sobre los derechos trans. Esta situación, indican, les ha llevado a «tomar las calles».

MODIFICAR LAS LEYES RODHES Y CELAÁ

En esas movilizaciones reclamarán la derogación de todas las leyes trans existentes en el territorio español en las que se «sustituye la categoría jurídica ‘sexo’ por ‘identidad de género'».

Además, quieren frenar la Ley LGTBI, o la conocida como Ley Zerolo (de Igualdad de Trato y No Discrominación) que «introducen la criminalización de las personas que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión, defiendan el uso de las palabras mujer, madre o vulva, o se equivoquen en el uso de los pronombres, imponiendo multas de hasta 150.000 euros».

También llaman a derogar las normas o la parte de ellas que atentan contra los derechos de las mujeres y de la infancia, así como contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, como la recién aprobada Ley Rhodes (de protección a la infancia contra la violencia) y algunas disposiciones de la Ley Celáa (LOMLOE), que, en su opinión, «generan confusión respecto a la obligatoriedad de educar en igualdad».

Otra de las organizaciones feministas que denuncia el daño de las normas trans a las mujeres, la organización Contra el Borrado de las Mujeres, ha advertido de que, si el Gobierno da luz verde a una ley trans con autodeterminación de género estará apoyando «una ley misógina» que «destroza» los derechos de las mujeres y que estará «rendida a los deseos de los varones».

La exdiputada socialista y activista Ángeles Álvarez, ha señalado, además, a los «grandes medios de comunicacion» que, a su juicio, «están jugando un papel preocupante» al «ocultar información sobre la deriva hacia la nueva misoginia». «Obstaculizar el acceso a información sobre el impacto de las leyes es contrario a los principios éticos de la profesión periodística», ha escrito en su cuenta de Twitter.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) celebrará este próximo miércoles 23 de junio una asamblea general ordinaria en cuyos puntos del día se encuentran la aprobación de las cuentas anuales de la entidad, así como una propuesta de modificación de Estatutos del Ministerio de Cultura relativa al voto telemático.

Además de otras propuestas de modificación de Estatutos de la Junta Directiva, el informe incluye la votación de cuentas anuales, un informe de la comisión de supervisión –que podría contar con un nuevo miembro externo– y la publicación del informe anual de transparencia.

Precisamente, en ese último documento se incluye la información financiera sobre los derechos recaudados, desglosados por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, incluida la información sobre los rendimientos derivados de la inversión de derechos recaudados, y el uso de estos (si han sido repartidos a los titulares de derechos, a otras entidades de gestión o destinados a otros usos).

En total, en el año 2020 de la pandemia, la SGAE ha recaudado 205,6 millones de euros, 52 millones de euros menos que el año anterior (258,1 millones de euros), según el documento.

Las cifras de recaudación han caído principalmente en el ámbito nacional (177,4 millones de euros en 2020 frente a los 231,5 millones de euros de 2019), mientras que en el internacional ha habido una ligera subida (de 28,1 millones de euros en 2020 frente a los 26,5 millones del ejercicio anterior).

La entidad ha convocado una rueda de prensa para este martes 21 de junio para responder «ante los ataques y acusaciones sin fundamento» de la entidad de gestión SEDA, en la que participarán Antonio Onetti, presidente de la SGAE, y Adrián Restrepo, director general.

La SGAE ha anunciado que se reserva la posibilidad de entablar acciones jurídicas en contra de Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA), nueva entidad de gestión, tras la denuncia de esta respecto a unos supuestos errores en el registro de obras de autores que impiden el cobro por derechos de autor.

La SGAE ha negado en un comunicado las acusaciones vertidas y ha reiterado que cumple con todos los requisitos normativos nacionales e internacionales. Además, ha destacado que los procesos y procedimientos internos están monitorizados y aprobados por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y regulados por la Ley de Propiedad Intelectual.

El Rey Felipe VI ha presidido este lunes en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, la reunión del Patronato de la Fundación Cotec, entidad de la que es presidente de honor.

El monarca ha dado inicio al encuentro con una bienvenida y la intervención de la presidenta del Patronato de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, quedando aprobada el acta de la reunión anterior y el nombramiento de los nuevos Miembros de Cotec, así como los cambios de representantes del Patronato y la aprobación de las Cuentas anuales 2020 e informe de auditoría. También, se ha dado a conocer el Plan Estratégico 2022-2024.

Tras finalizar la reunión del Patronato de la Fundación, de la que es presidente de honor, se ha realizado una conexión telemática con los miembros de la Fundación focalizada en el resumen de las actividades del año con una proyección de audiovisuales y la presentación de los nuevos patronos de Cotec y la intervención de varios patronos.

Han acompañado al Rey la presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, María de los Llanos Castellanos; el vicepresidente del Patronato de la Fundación COTEC y presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri; el vicepresidente del Patronato de la Fundación COTEC y presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; y los miembros del Patronato y de la Fundación COTEC.

La Fundación Cotec tiene su origen en 1990, cuando un grupo de empresarios, haciéndose eco de una sugerencia del Rey Juan Carlos I, decidió crear una organización de carácter empresarial con el fin de contribuir a promover la innovación tecnológica y a incrementar la sensibilidad social por la tecnología.

Para cumplir con su misión, Cotec se ha fijado los objetivos estratégicos de la promoción de la cultura tecnológica y de actitudes innovadoras, desarrollar el análisis de los efectos de la innovación y la presencia institucional, para que esta visión empresarial sea transmitida a las instituciones, a la hora de diseñar sus actuaciones de contenidos tecnológicos e industriales.

El Informe Cotec de Tecnología e Innovación en España, publicado anualmente desde 1996, junto a las ediciones del Libro Blanco del Sistema Español de Innovación y de los Sistemas Regionales, y el conjunto de otras muchas publicaciones agrupadas en distintas colecciones, son una manifestación de estas líneas de trabajo, cuyo objetivo final es que ayuden a mejorar la competitividad de la economía española.

COTEC EUROPA

La idea fundacional de Cotec llamó la atención de los empresarios de Italia y Portugal, hasta el punto que crearon instituciones con el mismo nombre en sus países, Fondazione Cotec y Associaçäo Cotec. Se abrió así un nuevo plan de actuación de ámbito europeo que ayudará a aprovechar mejor las políticas comunitarias de innovación, llamadas a ocupar un papel cada día más importante en la evolución de la nueva Europa. Italia se unió a esta iniciativa el 11 de julio de 2002, haciéndolo Portugal el 30 de abril de 2003, dando lugar a Cotec Europa.

En 2015, Cotec amplió sus objetivos partiendo de una definición más ambiciosa del concepto de innovación, adoptando el criterio de que innovación es todo cambio (no solo tecnológico) basado en el conocimiento (no solo científico) que genera valor (no solo empresarial o económico). Así, Cotec, incorpora nuevas áreas prioritarias dentro del mundo de la innovación, como la educación, la financiación de proyectos o la innovación social.

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación Cotec, ejercitando las facultades que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los estatutos. Los patronos ejercitan sus facultades con independencia, y sus decisiones son definitivas e inapelables.

Para auxiliar al Patronato en su gestión, como órgano de gobierno de la Fundación, están constituidos en su seno una Comisión Delegada y una Comisión de Auditoría. Los miembros de estas dos comisiones desempeñan sus respectivas labores sin recibir a cambio ninguna retribución o contraprestación por parte de Cotec.

El escritor y periodista Guillermo Busutil ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021, dotado con 20.000 euros. «Nuestro trabajo está en una precariedad absoluta, en el alambre», ha lamentado el premiado.

El galardonado ha explicado él mismo, tras 40 años trabajando como periodista cultural, está trabajando «en precario, por cantidades bajas», porque el periodismo cultural «no se paga bien» y «se prefiere tener a gente más barata».

En este sentido, ha asegurado que ahora la cultura «no tiene la misma importancia que tuvo en los años 80», cuando empezó a trabajar y cuando la cultura «fue una apuesta de progreso y casi todos los periódicos pelearon por tener un suplemento cultural o espacio de cultura».

«Creo que a partir de los 90 la cultura cayó en picado, dejó de ser una cosa importante y necesaria; y a partir del año 2000, cuando la crisis, el periodismo cultural se ha precariezado mucho», ha recordado el escritor.

El periodista ha recibido el galardón «con mucha alegría» por tratarse de un reconocimiento a una trayectoria «de muchos años»: «Son 40 años trabajando como periodista cultural, haciendo crítica de arte, de cine, de literatura, de teatro o escribiendo de urbanismo».

El jurado ha motivado la elección «por ser un periodista cultural polivalente de alta calidad, que ha cultivado con acierto disciplinas tan variadas como la literatura, las artes plásticas y el cine».

Asimismo, el jurado ha destacado que sus artículos «se caracterizan por una prosa elegante, densa y precisa». «Durante sus doce años al frente de ‘Mercurio’, la consolidó como una de las publicaciones literarias más difundidas y leídas de España. En su libro ‘La cultura, querido Robinson’, ha realizado una aportación sustancial a la reflexión sobre el periodismo cultural en España», ha señalado.

El Ministerio de Cultura y Deporte reconoce con este premio la trayectoria periodística en el ámbito de la cultura desarrollada por una persona física española cuya actividad está dedicada a la información cultural sea cual sea la lengua o lenguas del Estado utilizadas en el desarrollo de su labor.

«Es un reconocimiento a la versatilidad de mi trabajo. Que el jurado ponga en valor la transversalidad de mi trabajo es muy gratificante», ha celebrado Busutil.

Aunque el premio está dotado con 20.000 euros, para el periodista «el dinero es lo menos importante», ya que, en sus palabras, «lo importante es el reconocimiento a casi toda una vida». «Con el dinero imagino que taparé algún agujerillo y disfrutar con la gente que está siempre ahí. Hace poco parecía que no existía para gran parte de eventos de la actividad cultural y ahora de repente estás arriba», ha dicho.

UNA LARGA TRAYECTORIA DEDICADA AL PERIODISMO CULTURAL

Residente en Málaga, Busutil es profesor del Máster en Creación Literaria de la Universidad de Valencia, y autor del manual académico ‘Ficción Literaria’. Es articulista de fondo en ‘La Calma Magazine’ y en las revistas ‘Litoral’ y ‘El Maquinista de la Generación’. Colabora como crítico de arte en el suplemento Culturas de ‘La Vanguardia’ y como crítico literario en ‘Zenda’.

De 2007 a 2019 fue director de la revista ‘Mercurio. Panorama de libros’, de la Fundación José Manuel Lara. De 2003 a 2020 fue columnista de opinión y crítico literario de ‘La Opinión de Málaga’ y de otras cabeceras de Prensa Ibérica. Igualmente fue articulista de ‘Letra Global’ y ‘El País’.

Desde sus inicios en 1979, ha trabajado en diversos medios de comunicación como ‘Olvidos de Granada’, ‘el Diario de Granada’, la revista ‘Ajoblanco’ o la Cadena Cope (1991-1993) y Onda Cero Radio (1993-2002), donde dirigió durante siete años el programa semanal Onda Cultura.

Autor de los ensayos ‘El Baño en la pintura’ (Galería de arte Beneditto. Málaga 2002) o ‘La cultura, querido Robinson’(Fórcola, 2019) con prólogo de Antonio Muñoz Molina en el que reivindica el periodismo cultural.

El Consejo de la Guardia Civil ha aprobado este lunes el nuevo protocolo ante situaciones de violencia a la mujer que forma parte de la institución, así como otras normas sobre la provisión de destinos por concurso de méritos o la regulación de especialidades.

La guardia civil víctima de este tipo de violencia podrá ocupar un nuevo destino siempre que cumpla requisitos como que esté vacante; podrá valorarse la posibilidad de nombrar una comisión de servicio, con o sin ocupación de puesto de trabajo y sin derecho a indemnización; o tendrá derecha a una situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

También hay medidas como la reordenación de la jornada de trabajo y horario de servicio, con el fin de hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia integral, con independencia del régimen de prestación de servicio que tengan establecido, o para solicitar una reducción de la jornada. Si lo solicita, se le puede asignar en precario un pabellón oficial hasta que pueda obtener otro con carácter ordinario o decida residir en otro domicilio.

MEDIDAS CONTRA EL SUPUESTO AGRESOR

El protocolo establece que la jefatura de su unidad le notificará de forma inmediata que queda suspendido su permiso para acceder a las bases de datos susceptibles de contener información de la víctima, en especial si se trata del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Asimismo, no podrán desempeñar labores que tengan relación directa con infracciones de esta naturaleza.

Se le retirará inmediatamente y con carácter cautelar de sus armas oficiales y particulares. En el caso de que hubiera medidas de alejamiento, se le podrá asignar un pabellón en precario o acordarse una comisión de servicio, con o sin ocupación de puesto de trabajo, o el pase a la situación de suspensión de funciones mientras dure esta prohibición.

Mientras estén incursos en el procedimiento penal, al presunto agresor no se permitirá el acceso a cursos de perfeccionamiento relacionados con el ámbito de policía judicial. Además, podrá realizar actividades formativas o programas organizados por el Área de Igualdad y Diversidad para contribuir a su rehabilitación.

TELÉFONO GRATUITO

La directora general, María Gámez, ha destacado que para asegurar la efectividad y confidencialidad de las comunicaciones entre las guardias civiles y quienes tengan atribuidas las responsabilidades de asesoramiento estará disponible en horario laboral un teléfono gratuito, una «herramienta útil para prevenir y sensibilizar en la tolerancia cero contra esta violencia».

El protocolo deriva del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género para regular situaciones en las que la víctima comparte espacios con su agresor, así como en el Plan de Acción de la Guardia Civil contra la Violencia sobre la mujer, «que pone énfasis en la perspectiva interna», según ha destacado el Instituto Armado.

La norma recoge cualquier violencia que afecte a las mujeres «como colectivo de manera desproporcionada, que se ejerce sobre ellas en razón de su condición femenina y que no se ciñe a la producida en el ámbito de las relaciones de pareja, sino que incluye tanto la vertiente privada o doméstica como la pública», aunque se orientará especialmente a los casos de violencia de género y a las conductas que puedan quebrantar su libertad e indemnidad sexual.

En estos casos, se remitirá comunicación dirigida a la directora general de la Guardia Civil, que adoptará, en el ámbito de sus competencias contempladas en la normativa vigente de aplicación, las medidas correspondientes a los hechos puestos de manifiesto.

Los encargados de la investigación de estos casos serán unidades de policía judicial distintas a las concretas de destino del personal afectado. Para acogerse a este protocolo, las guardias civiles podrán acreditar ser víctimas de situaciones de violencia de género mediante sentencia condenatoria por delitos de esta naturaleza, a través de una orden de protección, de cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a su favor.

Excepcionalmente, hasta tanto se dicte la misma resolución, podrá valer con un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que es víctima de violencia de género. De igual manera, será válido el informe de los servicios sociales.

MENCIÓN A PROMOTORES DE ASOCIACIONES

Dentro de otros asuntos que se han abordado en el Consejo, la Dirección General ha destacado la mención especial a los guardias civiles que, desde finales de los años 70 y hasta principios de los 90, promovieron la regulación del asociacionismo profesional, que se consolidó con la aprobación de la Ley Orgánica 11/2007 de 22 de octubre.

También se han tratado temas como la regulación de los órganos de educación física y deportes de la Guardia Civil, y de las diferentes especialidades del Cuerpo. Además, se han aprobado las normas generales de régimen interior de los centros docentes y se ha expuesto la provisión de destinos por concurso de méritos en la Institución.

El vizcaíno Jaime Lafita, enfermo de Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA), y su asociación DalecandELA han culminado este lunes su ‘Desafío BrusELAs’, que les ha llevado desde Getxo hasta Bruselas, en barco de vela y bicicleta, para que «las instituciones europeas escuchen el grito de las miles de personas que sufren la Esclerósis Lateral Amiotrófica».

Los integrantes de la expedición partieron el día 11 de junio con el objetivo de entregar en el Parlamento europeo un manifiesto que recoge el mensaje de diferentes organizaciones de España y del resto de Europa que buscan, entre otras peticiones, solicitar mayor impulso e inversión en la investigación de la ELA.

Decidieron hacerlo, además, sin usar vehículos sin motor para visibilizar que «se puede seguir logrando grandes retos con las funciones motoras dañadas», la principal consecuencia que deja esta enfermedad neurodegenerativa en las personas que la padecen, han explicado desde DalecandELA.

De este modo, han navegado 190 millas en barco de vela, entre el día 11 y 13 de junio, desde el Puerto de Getxo hasta La Rochelle (Francia), y después han pedaleado los casi 900 kilómetros en bicicleta a Bruselas.

Coincidiendo con el Día Mundial de la ELA, la iniciativa ha llegado a Bruselas, donde los participantes en el reto han sido recibidos por miembros del Parlamento europeo en la explanada Solidarnosc 1980, junto a la Plaza de Luxemburgo. También han relizado la lectura del manifiesto en diferentes idiomas ante las autoridades de la Cámara presentes.

Según han precisado desde la asociación, el presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ausente este lunes por motivos laborales, recibirá el miércoles, 23 de junio, en la Eurocámara a Jaime Lafita, encargado de entregar el manifiesto firmado por más de una veintena de asociaciones como la propia DalecandELA, Dar Dar, Saca La Lengua a la ELA o la Fundación Luzón.

EL MANIFIESTO

El documento busca, por un lado, hacer visible la existencia y prevalencia de la ELA en Europa, sus características y consecuencias, y concienciar a las autoridades e instituciones europeas, nacionales y regionales de la necesidad de ofrecer una mayor cobertura a la investigación científica en este campo.

Por otro lado, insta a las instituciones a «extremar las acciones que incidan en un incremento sustancial de la financiación europea para la investigación de la enfermedad, sus orígenes, su posible prevención, y su tratamiento y cura, facilitando procedimientos e incentivos que propicien el inicio y lanzamiento de nuevos proyectos de investigación».

Por último, anima a los estados miembro y regiones europeas a que sean «innovadores» a la hora de abordar un sistema integral de tratamiento, ayuda y apoyo a los enfermos de ELA, «centrado no sólo en las necesidades puramente médicas, rehabilitadoras y psicológicas sino también en la adaptación a nuevas necesidades, la provisión de ayuda material, la educación y el aprendizaje en el uso de nuevas e imprescindibles herramientas de comunicación y movilidad.»

CINCO GRITOS

La iniciativa ‘Desafío BrusELAs’ de Jaime Lafita y DalecandELA se enmarca en ‘Los Cinco Gritos de Lucha Contra la ELA’ impulsados por diferentes asociaciones de España desde 2018, que buscan «servir de altavoz» a todas las personas que padecen su enfermedad, «desafiando los embates de esta enfermedad neurodegenerativa mediante retos aparentemente imposibles para personas con unas capacidades motoras muy limitadas como consecuencia de la ELA».

El ‘Desafío BrusELAs’ (BrussALS Challenge, en inglés) es el cuarto impulsado por estas entidades tras la expedición ELAntártida en 2018 al monte más alto en la Antártida (El monte Vinson); la aventura TeidELA, la ascensión en 2020 a la montaña más alta de España, el Teide (3.718 m); y la más reciente expedición de UrriELA (31 de mayo de 2021), en la que Miguel Ángel Roldán escaló el Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes. El quinto y último grito se prevé este próximo otoño, cuando las tres asociaciones de lucha contra la ELA ascenderán al Ama Dablam.

La sede de la Delegación de Jóvenes acogerá el próximo miércoles, día 23, un acto conmemorativo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Madrid 2011 con motivo de su décimo aniversario.

El acto, que se celebrará en el número 2 de plaza San Juan de la Cruz a partir de las 20.00 horas, tendrá como lema ‘Seguimos firmes en la fe. Memoria y envío’.

Estará presidido por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, y contará con la presencia de autoridades como el arzobispo emérito, cardenal Antonio María Rouco Varela, o el nuncio de Su Santidad en España, monseñor Bernardito C. Auza, así como de los miembros del comité organizador de la JMJ y un grupo de jóvenes representando a cada una de las vicarías de la archidiócesis debido a las limitaciones de la pandemia.

El acto, presentado por Irene Pozo y Álvaro de Juana, podrá seguirse por el canal de YouTube de la delegación por las restricciones de aforo y se estructurará en tres bloques.

En el primero de ellos, sobre Historia y significado de las Jornadas Mundiales de la Juventud, se hará memoria de estos encuentros vividos por muchas generaciones de jóvenes y de los Pontífices que los han protagonizado hasta el momento, con un vídeo introductorio, canciones y testimonios.

El segundo, Recuerdo y acción de gracias por la JMJ Madrid 2011, servirá para evocar este evento encabezado por Benedicto XVI en nuestra ciudad hace diez años, con el testimonio del cardenal Rouco y de otros protagonistas.

Finalmente, Envío hacia la JMJ Lisboa 2023 supondrá el inicio del camino hacia la próxima edición y una propuesta pastoral con el lema ‘Joven, levántate’, que arrancará con el encuentro de ‘Adoremos’ del mes de octubre, y que culminará en Lisboa en 2023.

Además de esta celebración, del 15 al 21 de agosto se realizará una campaña en medios y redes con las etiquetas #YoEstuveAllí 10AñosJMJMadrid para recordar lo vivido.

En este marco, además, en el mes de septiembre se presentará un libro homenaje con una intervención del Coro y Orquesta de la JMJ, y el 1 de octubre habrá un encuentro de oración y adoración que dará el pistoletazo de salida al recorrido de una réplica de la cruz de la JMJ por las ocho vicarías.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 30 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y agravante de género al hombre que mató a su pareja sentimental el 2 de septiembre de 2018 en la vivienda que ambos compartían en la localidad de Borriol.

La sentencia, dictada a partir del veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 11 de junio, le impone además la obligación de indemnizar con un total de 300.000 euros por daños morales a los padres, un hermano y un hijo menor de edad de la fallecida, fruto de una relación anterior. Tampoco podrá aproximarse ni comunicarse con ninguno de ellos en los próximos 40 años, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

El acusado y su compañera sentimental mantuvieron una relación de seis años de duración, pero el 1 de septiembre de 2018, tras una discusión, ella decidió dejarle. Como tenía miedo a su reacción, la mujer aprovechó que él estaba dormido para irse a casa de sus padres, en la ciudad de Castelló.

Al día siguiente, ambos mantuvieron una larga conversación a través de mensajes telefónicos en los que ella le reiteró su decisión de dejarle y le manifestaba cómo se sentía ante el trato que él le dispensaba.

Según recoge el apartado de hechos probados de la sentencia, el hombre «consideraba a su pareja como un objeto de su propiedad que le debía obediencia y debía estar a su disposición, llegando a anularla como persona».

No obstante, en esa conversación telefónica, el acusado logró convencer a la víctima para que volviera a casa, por lo que la recogió ese mismo día en el domicilio de sus padres.

AGRESIÓN

Una vez en la vivienda común, en Borriol, el penado aprovechó su superioridad física y la indefensión de su pareja y la agredió cuando esta se hallaba tumbada en posición horizontal.

En concreto, le clavó un arma blanca de unos 50 centímetros de longitud de hoja en un costado y la dejó «agonizar» hasta que falleció a causa de una hemorragia interna, tal y como precisa la resolución judicial.

Al día siguiente, el acusado, que tenía antecedentes penales -varios de ellos por violencia de género contra otras parejas-, quedó con su hijo, al que comunicó que había hecho «algo muy fuerte» y tenía por ello que abandonar el país.

Tras realizar diversas operaciones bancarias y dar instrucciones a su hijo para que se hiciera cargo del negocio de cerrajería que regentaba, el 5 de septiembre cogió un avión en Madrid y huyó a Argentina.

Dos meses y medio después, tras contactar con agentes de la Guardia Civil para manifestarles su voluntad de entregarse, fue detenido en la ciudad argentina de Posadas y extraditado con posterioridad a España.

La sentencia -que puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana- considera al acusado autor de un delito de asesinato con alevosía y la concurrencia de las circunstancias agravantes de parentesco y aprovechamiento de circunstancias de lugar, tiempo o auxilio.

También aprecia en su actuación la agravante de género, pues el jurado declaró probado que mantuvo una «actitud de dominación y control sobre su pareja, a la que trataba con desprecio, infravalorándola, dado el trato que le dispensaba, llegando a maltratarla física y psíquicamente y a anularla como persona».

Los expertos en derechos humanos de la ONU han instado al Vaticano a tomar todas las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual contra los niños en las instituciones católicas, y para garantizar que los responsables rindan cuentas y se haga una reparación a las víctimas, y le piden que «se abstenga de prácticas obstructivas».

En una carta a la Santa Sede en abril de 2021 y publicada este lunes 21 de junio, los expertos expresan su «mayor preocupación por las numerosas denuncias en todo el mundo de abuso sexual y violencia cometidas por miembros de la Iglesia Católica contra los niños, y por las medidas adoptadas por la Iglesia Católica para proteger a presuntos abusadores, encubrir delitos, obstaculizar la rendición de cuentas de los presuntos abusadores y evadir las reparaciones debidas a las víctimas».

En concreto, los expertos señalan su preocupación por las «persistentes alegaciones de obstrucción y falta de cooperación de la Iglesia Católica con los procesos judiciales internos para evitar la rendición de cuentas de los perpetradores y la reparación a las víctimas».

También se refieren a los concordatos y otros acuerdos negociados por la Santa Sede con los Estados que «limitan» la capacidad de las autoridades civiles para preguntar, obligar a la producción de documentos o enjuiciar a personas asociadas con la Iglesia Católica.

«Instamos a las autoridades de la Santa Sede a que se abstengan de prácticas obstructivas y a que cooperen plenamente con las autoridades judiciales y policiales civiles de los países interesados, así como a que se abstengan de firmar o utilizar los acuerdos existentes para evadir la responsabilidad de los miembros de la Iglesia acusados de abuso», apostillan.

También expresan su preocupación por los continuos intentos de los miembros de la Iglesia Católica de «socavar» los esfuerzos legislativos para enjuiciar a los delincuentes sexuales infantiles en las jurisdicciones nacionales, así como por «presionar» para preservar los plazos de prescripción de estos delitos, que impide que las víctimas puedan denunciar a la edad adulta.

«Instamos a los miembros de la Iglesia Católica a que se abstengan de implementar prácticas que reduzcan el acceso de las víctimas a la justicia por las violaciones que han sufrido», agregan.

Los expertos de la ONU acogen con beneplácito las recientes reglas establecidas por la Santa Sede para abolir el secreto pontificio en casos de abuso sexual y permitir la denuncia de tales casos y la presentación de documentos a las autoridades civiles de las jurisdicciones involucradas. Sin embargo, observan con pesar que la solicitud de denunciar los delitos a las autoridades civiles aún no es obligatoria y les instan a que lo hagan lo antes posible.

También se refieren a los primeros procesamientos ante el Tribunal Penal del Vaticano por abuso sexual y encubrimiento. «Instamos a las autoridades pertinentes a que procesen penalmente todos los supuestos casos de abuso sexual infantil o encubrimiento, enviando así una señal clara a todos los miembros de la Iglesia Católica de que tales violaciones nunca más serán toleradas», precisan.

Además, añaden que, «dado que estas violaciones, y su encubrimiento, supuestamente se han cometido durante décadas en un gran número de países del mundo», observan «con gran preocupación la aparente omnipresencia de la violencia sexual infantil» y «la aparente práctica sistemática de encubrir y obstruir la rendición de cuentas de los presuntos abusadores que pertenecen a la Iglesia Católica».

Al respecto, recuerdan la obligación de los Estados, tal como se establece en los estándares internacionales de derechos humanos, de asegurar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición ante las graves violaciones de derechos humanos.

Esta carta siguió a una comunicación anterior enviada por el Relator Especial sobre la venta y explotación sexual de niños en abril de 2019, y a un comunicado de prensa en diciembre de 2019 instando al Vaticano a intensificar las medidas para poner fin al abuso infantil.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) de esta semana incluye en su orden del día un asunto pendiente de resolución desde septiembre de 2018, cuando se admitieron a trámite los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados y senadores del Partido Popular (POP) contra el decreto-ley por el que se concretó con carácter urgente el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidente.

Así lo han señalado fuentes de este órgano, que señalan que la ponente a la que ha correspondido la ponencia sobre este asunto es María Luis Balaguer.

Los recurrentes consideran que se pudo vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución por falta de presupuesto habilitaste, así como por lesionar la autonomía de las Cortes Generales recogida en el artículo 72 de la Constitución en relación con los artículos 23.2, 9.3 y 1.1 de la Carta Magna.

El primer recurso sobre este asunto se presentó en julio de 2018 contra el decreto-ley para la renovación urgente del Consejo de Administración de RTVE, aprobado por el Gobierno. La resolución las directrices para renovar en 15 días a la cúpula de la Corporación en el Congreso y en el Senado.

La principal queja de la formación ‘popular’ en dicho momento era que, en este decreto ley, el Gobierno «ordena» a las Cámaras un proceso, lo que, a su juicio, supone una «invasión de su autonomía», y que además, determina que si el Senado no consigue las mayorías necesarias, sería el Congreso quien se ocupe de la elección de los consejeros que le corresponden. Doce días después, el 18 de julio, fue el Grupo Parlamentario Popular en el Senado el que presentó un segundo recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley.

El Gobierno había aprobado el 22 de junio de ese año renovación urgente y transitoria –hasta que se resuelva el concurso público– del Consejo de Administración de RTVE, que exige que los diez consejeros que forman parte de dicho órgano estuvieran elegidos «en el plazo de 15 días naturales» desde su entrada en vigor.

De los diez consejeros, seis debían ser elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, en ambos casos por una mayoría de dos tercios en primera vuelta, y por mayoría absoluta, en segunda. Los consejeros del Congreso fueron elegidos, pero los que debía nombrar la Cámara Alta no lograron el apoyo suficiente ni en el Senado ni tampoco en la votación que se produjo después en la Cámara Baja, como establecía el documento.

Según el decreto-ley, si el Congreso no era capaz de consensuar a los 10 miembros del Consejo de Administración de RTVE, debía ser el Gobierno quien pusiera sobre la mesa un nombre para administrar, de forma transitoria, la radiotelevisión pública.

NOMBRAMIENTO DE MATEO

Así, la periodista Rosa María Mateo fue propuesta para gestionar RTVE después de que el proceso fracasara con una votación fallida en la que dos diputados se equivocaron al meter la papeleta y otros dos no acudieron a la sesión plenaria.

Mateo obtuvo el respaldo del Parlamento en una votación celebrada el pasado 27 de julio, cuando recabó un total de 180 votos a favor, cuatro más de los 176 necesarios y que suponen la mayoría absoluta del Congreso. La votación se completó con 1 voto en blanco y 131 nulos.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) que comienza mañana martes incluye en su orden del día la reanudación del debate sobre el recurso de amparo presentado por los condenados por el asedio al Parlament de Cataluña que tuvo lugar en junio de 2011. Esta vez se delibera sobre una ponencia favorable a confirmar las condenas impuestas en su día por el Tribunal Supremo, después de que a principios de este mes se rechazara la presentada por el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido favorable a la concesión del amparo, han señalado fuentes de este órgano.

El magistrado del sector conservador Antonio Narváez es el nuevo ponente de la resolución que avalará las condenas dictadas por el alto tribunal contra ocho de los acusados a 3 años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado.

La Audiencia Nacional absolvió a los 19 acusados de la comisión de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita al entender que se debe admitir «exceso» en el ejercicio de la libertad de expresión por la «dificultad» de algunos sectores para hacerse oír. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló el fallo de la Audiencia Nacional condenando a ocho de los implicados en los incidentes.

VALORES SUPERIORES DEL ORDEN DEMOCRÁTICO

El alto tribunal determinó que «paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supuso afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático».

La ponencia rechazada, la de Conde-Pumpido, se apoyaba en un cambio de criterio de la Fiscalía a la hora de proponer la estimación del recurso de los condenados en su día por el Supremo y defendía por lo tanto su absolución por haber visto vulnerados sus derechos fundamentales.

La piedra de toque de todo este asunto se encuentra en la valoración realizada por el Tribunal Supremo respecto de los derechos de reunión, manifestación y participación política de los ocho jóvenes que asediaron a los diputados y al Gobierno catalán a las puertas del Parlament en 2011.

Los once procesados fueron absueltos en su día por la Audiencia Nacional, si bien el Supremo anuló esta sentencia en marzo de 2015, condenando a ocho de ellos a 3 años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. Se da la circunstancia de que el ponente inicial de esta resolución, Perfecto Andrés, quedó en minoría al optar por confirmar la absolución y la ponencia se cambió correspondiendo al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena.

TRASCENDENCIA DEL DERECHO DE REUNIÓN

En su sentencia, el Supremo sostenía que el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión «no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional».

Con ello, el Supremo echó por tierra el criterio mantenido por los magistrados de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcarce y su compañera Manuela Fernández Prado -el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, discrepó y votó a favor de condenarles- quienes argumentaron en su resolución que la libertad de expresión y el derecho de manifestación y de reunión «gozan de una posición preferente en el orden constitucional» y por ello, deben ser objeto de «una especial protección».

Ya a finales de 2019 sorprendió el cambio de criterio en la Fiscalía una vez el asunto había llegado al TC, sobre todo teniendo en cuenta la posición especialmente dura que el Ministerio Público mantuvo durante la vista de este asunto en el Tribunal Supremo en 2015. En dicha ocasión, el fiscal Salvador Viada defendió que la sentencia inicial adolecía de un «politización extrema» y acusó a los magistrados de la Audiencia Nacional de volcar en la resolución «su ideología» en lugar de aplicar la ley.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado sentencia en la que rechaza el recurso y ratifica la pena de casi 13 años de prisión a un pontevedrés por maltratar y violar a su mujer, y que fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El acusado presentó recurso tras la sentencia condenatoria alegando, entre otras cuestiones, que pretendía la recusación de dos de las magistradas del tribunal provincial, por haber firmado durante la instrucción un auto en el que se desestimó un recurso de la acusación.

Con respecto a este argumento, el TSXG ha apuntado que no ha lugar a la recusación, ya que ese procedimiento debe plantearse con carácter previo a la celebración del juicio. Asimismo, el alto tribunal gallego ha apuntado que, en todo caso, estas juezas se limitaron, cuando acordaron ese auto, a ratificar una resolución del juzgado de instrucción.

El acusado también argumentó en su recurso que la Audiencia se había negado a admitir pruebas documentales propuestas por su defensa, como el historial clínico parcial del acusado y de la víctima, o el informe psicólogico sobre la influencia del alcohol en el comportamiento del procesado.

En respuesta a esta alegación, el TSXG ha señalado que dicha prueba no era pertinente ni necesaria, toda vez que ya la Audiencia aplicó la circunstancia atenuante de intoxicación etílica. Además, ha añadido la Sala, «no es admisible que se revictimice a la víctima mediante la exposición de su historial clínico, documento que pertenece, por esencia, al ámbito de la intimidad».

CONDENA

Por todo ello, ha desestimado el recurso y ha confirmado la condena de 12 años y 11 meses de prisión, como autor de un delito de maltrato habitual, un delito de amenazas, uno de lesiones y uno de agresión sexual.

En la sentencia de primera instancia, los magistrados consideran probado que el acusado, que estuvo casado durante 40 años con la víctima, se dirigía a su pareja de forma vejatoria y la maltrataba. Así, subrayó en la resolución que tenía un «comportamiento agresivo y controlador», que agredía y amenazaba de forma constante a su mujer, a la que le decía que la iba a matar, y esta situación generó en la mujer «un sentimiento de miedo y temor permanente».

El abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español ha decidido personarse como acusación particular en el proceso penal contra los exconsejeros catalanes de Cultura, Santi Vila y Lluis Puig, por no devolver los bienes del Monasterio de esta localidad.

El letrado ha decidido registrar su petición en el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca, tras el anuncio de hace unas semanas por parte del Ayuntamiento de Sijena de retirarlo del caso, aunque finalmente el Consistorio dio marcha atrás y decidió que siguiera como letrado.

No obstante, Español ha decidido mantener su solicitud para ejercer la acusación también en su propio nombre porque quiere asegurarse de que tanto Vila como Puig tengan una pena adecuada al delito cometido.

Así lo ha dicho el abogado, que ha apuntado que «en vista del enorme interés que ha tenido el PSOE en quitarme del medio para que Santi Vila y Lluis Puig se vayan de rositas con unas penas de multa que son las que se impondrían a un trabajador molesto, no me ha quedado más remedio que personarme a nivel individual y privado como acusación particular, para que estos señores reciban una pena adecuada al presunto delito que han cometido».

Español teme «una maniobra» de última hora del PSOE para secundar la petición del fiscal y ha manifestado que «el empeño que tiene el PSOE en que estos señores, que han desobedecido a la autoridad judicial y que no han entregado las piezas de Sijena, salgan lo más beneficados posible en el proceso penal no va conmigo y no me fío», pero «ya se pueden olvidar porque estos señores van a pagar hasta el último céntimo que tengan que pagar».

El letrado ha considerado que las penas de cárcel terminan por convertir en «mártires» a los líderes del ‘proces’ y está convencido de que lo verdaderamente disuasorio son las multas económicas que tienen que ser adecuadas al nivel de ingresos que tanto Vila como Puig tenían como consejeros de la Generalitat de Cataluña.

En este punto ha dicho que está seguro de «que el juez no les va a imponer las penas de multa que solicita el fiscal que, con todo respeto, a mi no me parecen adecuadas ni justas» y «por lo tanto, las penas que pide el Ayuntamiento creo que son mucho más justas y más adecuadas al nivel económico de estas personas».

Como abogado de Sijena, Español pide para cada uno de los dos exconsejeros catalanes 11 meses de multa, a 200 euros diarios, lo que supone 99.000 euros para Vila y 66.000 para Puig, así como dos años de inhabilitación. Además, para el primero solicita por un delito de usurpación de atribuciones judiciales 11 meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

Frente a esto la Fiscalía pide para ambos dos años de inhabilitación por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y multa de 18 euros diarios durante 11 meses. Una cantidad «ridícula» en opinión de Español, que cree que «los delitos cometidos no deben quedar impunes».