La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este jueves un juicio, contra una persona acusada de maltrato y amenazas continuadas sobre su pareja sentimental, cuya vivienda habría incendiado además provocando daños tasados en 35.820 euros en la misma, extremos por los cuales la Fiscalía reclama 20 años de cárcel para esta persona.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el juicio está previsto contra José Manuel M.E., «también conocido como Rosaura», quien mantuvo una relación durante tres años con Francisco Javier Z.C., siendo vecinos ambos de la misma calle del barrio hispalense de San Jerónimo.

En un contexto en el que la relación entre ambos se había «ido deteriorando», según la Fiscalía, el 6 de agosto de 2018 ambos habrían discutido en la vivienda de Francisco Javier Z.C., donde José Manuel M.E. habría golpeado al primero «con un tubo de PVC en la cabeza», hasta causarle un «traumatismo craneoencefálico con pérdida moderada de conciencia».

MENSAJES «AMENAZANTES»

Igualmente, la Fiscalía expone que entre el 7 de junio y el 21 de agosto de 2018, José Manuel M.E. habría enviado numerosos mensajes de texto y voz vía WhatsApp a Francisco Javier Z.C. y la hermana de este con un contenido presuntamente «amenazante», trasladando por ejemplo la idea de «descoyuntar o decapitar» a Francisco Javier, «meter fuego y derribarlo todo», «acabar» con la vida de uno de ellos o el aviso de que podía «salir ardiendo» la vivienda de Francisco Javier, extremo que causó «miedo y desasosiego» en ambas personas.

«Vas a parecer una antorcha como te prenda fuego. Te van a arder los pelos», habría avisado José Manuel M.E. a Francisco Javier Z.C. por vía WhatsApp.

INCENDIO EN LA VIVIENDA

Finalmente, el 21 de agosto de 2018, José Manuel M.E. habría despistado a Francisco Javier Z.C. para acceder a su vivienda mediante una llave que tenía de la misma. Una vez dentro del piso, según la Fiscalía, «entró en la primera habitación a la izquierda, echó gasolina sobre la ropa de cama y demás efectos y prendió fuego a la habitación», tras lo cual «el incendio estuvo a punto de propagarse a las viviendas colindantes», extremo no sucedido gracias a la intervención de los bomberos.

Las llamas, en cualquier caso, causaron daños en la vivienda tasados en 35.820 euros, apreciando la Fiscalía un presunto delito de maltrato, dos delitos continuados de amenazas y un delito de incendio, con la agravante de parentesco respecto a los delitos de incendio y amenazas, ante lo cual reclama para José Manuel M.E. un total de 20 años de cárcel.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Muros ha abierto diligencias en relación a la muerte de un menor en el embalse de A Fervenza, en el municipio coruñés de Mazaricos, durante una excursión escolar el pasado 15 de junio.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han puntualizado que, hasta el momento, no se ha llamado a ninguna persona a declarar en calidad de investigada en relación a estos hechos.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia (A Coruña) ha remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Muros el atestado sobre la muerte ahogado de un menor, alumno de primaria del CEIP Fogar de Carballo, durante una excusión escolar.

Ello ha tenido lugar tras las actuaciones de la semana pasada de la Policía Judicial con la toma de declaración de testigos, tanto escolares, profesores y trabajadores del entorno del embalse de A Fervenza, en el municipio de Mazaricos, para esclarecer la muerte del menor.

Por ello, después de tomar declaración el pasado miércoles a menores que iban en la excursión, el jueves y viernes siguieron agentes con los testimonios de trabajadores de la empresa de multiaventuras con la que tenían las actividades los escolares y de profesores.

Una vez finalizadas las diligencias de investigación y concluido el atestado con el dictamen de la Guardia Civil, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Muros, que ha abierto diligencias.

HECHOS

Durante la excursión de un grupo de escolares del CEIP Fogar de Carballo el pasado martes, 15 de junio, un grupo de jóvenes, supuestamente «con permiso para bañarse», se metió en el agua en la zona del embalse de A Fervenza y uno de ellos «durante 20 minutos faltó», por lo que se avisó a los servicios de emergencias, han indicado fuentes próximas a la investigación.

Hasta el lugar se desplazaron diferentes patrullas de la Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios, que posteriormente lograron recuperar el cuerpo sin vida del embalse –de un pozo natural de varios metros de profundidad– y, pese a los esfuerzos del personal sanitario, no consiguieron reanimarlo.

El Rey Felipe VI ha participado este miércoles en la reunión del Patronato de la Fundación SERES que, a propuesta de su Comité Ejecutivo, ha nombrado a Fernando Ruiz, presidente de Deloitte España, como presidente de SERES.

Este relevo se produce tras los dos mandatos sucesivos de su predecesor, Francisco Román, y tal y como está previsto en el seno de esta organización en aras del buen gobierno, según ha dado a conocer la instituación este 23 de junio.

El nuevo presidente de SERES, Fernando Ruiz, ha subrayado «el orgullo y la responsabilidad que suponen el importante reto que representa SERES de promover el compromiso social y el liderazgo responsable de las empresas». «La labor de Fundación SERES es esencial para defender el valor compartido como elemento estratégico indispensable en las organizaciones y conectar así el progreso social y económico», ha declarado.

«Estoy convencido y la experiencia en SERES también nos dice que las empresas tienen una gran relevancia en el desarrollo económico o social, ya sea a través de sus operaciones o de la creación de cadenas de valor. Un movimiento como SERES es de vital importancia en un momento como el que vivimos», ha destacado Francisco Román, que permanecerá en el Comité Ejecutivo y Patronato de SERES.

Bajo este nuevo mandato, y tras más de una década de trabajo con las empresas, SERES asume el reto de promover el compromiso social entre el tejido empresarial en España y hacer visible la conexión entre progreso social y económico.

SERES está constituida por unas 150 empresas que persiguen construir una sociedad mejor, promoviendo el compromiso de las empresas con ese objetivo a través de actuaciones responsables alineadas con la estrategia de la compañía y generando valor para todos.

El objetivo desde su nacimiento es garantizar la visión estratégica de los proyectos y posicionar las actuaciones sociales como iniciativas clave para las organizaciones, capaces de ofrecer valor para la empresa y para la sociedad.

Así, entre otras actividades, ayuda a las compañías a gestionar sus actuaciones sociales desde la perspectiva de generación de valor compartido, promueve el liderazgo responsable y favorece el aprendizaje individual y colectivo de las empresas que forman parte de su red.

FORTALECER Y CREAR EMPRESAS SOSTENIBLES

En este contexto, en la reunión de Patronato se han destacado dos proyectos que persiguen fortalecer y crear empresas sostenibles y de futuro. El primero es Índice SERES de la Huella Social, metodología de medición del impacto social de los proyectos económicos que ofrecerá mayores estándares en términos de conexión económica y social y ayudará a trabajar en una recuperación sin dejar a nadie atrás.

Junto a este, destaca rsc3, una herramienta para ayudar a que las empresas aporten lo que mejor saben hacer: el desarrollo de modelos de negocio, su capacidad de innovar y crear riqueza, alineada con los intereses de la sociedad.

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha revocado la readmisión de la directiva despedida de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia tras la estafa millonaria y ve procedente su despido por «falta absoluta de criterio» y «grave negligencia».

Así se desprende de la resolución, facilitada por el tribunal valenciana, en la que los jueces estiman el recurso de suplicación interpuesto por la mercantil pública y revocan la resolución dictada en primera instancia por un juzgado de lo Social que daba la razón a la directiva y declaraba la improcedencia de su cese. Condenaba a la EMT a readmitir a la trabajadora o, alternativamente, pagarle una indemnización cercana a los 199.000 euros por los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido.

La directiva, Celia Zafra, fue despedida en septiembre de 2019 por la EMT –llevaba trabajando en la mercantil desde noviembre de 1981– tras sufrir una estafa informática por un importe superior a los cuatro millones de euros. Esta estafa se investiga por vía penal.

Contra esta decisión, la afectada, que cobraba 4.800 euros mensuales, presentó una demanda y el juzgado le dio inicialmente la razón. No obstante, el TSJCV, tras estudiar la resolución, la anula en base a diferentes argumentos.

En primer lugar, estima que la conducta seguida por la trabajadora al facilitar a los presuntos estafadores documentos firmados por dos superiores jerárquicos, que eran apoderados de la sociedad, «constituye una grave transgresión de la buena fe contractual que ha ocasionado, además, un perjuicio sustancial para la empresa demandada». Igualmente, añaden las magistradas, «ha comprometido la reputación de otros trabajadores, que se vieron involucrados sin su conocimiento en la estafa sufrida por la empresa a través de la utilización fraudulenta de sus firmas». Para la Sala, el hecho de que la C.Z.R. no confirmara con sus superiores el conocimiento que éstos tenían de la Oferta Pública de Acciones (OPA) de la EMT para adquirir una empresa china, que simularon en sus correos electrónicos los presuntos estafadores, «evidencia una falta absoluta de criterio y una grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, con la consiguiente pérdida de confianza de la empresa demandada». «La actora, que es directora de Negociado de Administración de la empresa demandada y no una mera administrativa, no debió dar crédito a la OPA sin realizar antes unas mínimas comprobaciones con sus superiores jerárquicos (…) ya que resulta cuanto menos extraño que una empresa municipal de transportes realice una OPA a una empresa china», establece la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina. Por otro lado, la entrega de los documentos firmados por los apoderados de la sociedad tampoco resultaba necesaria para la supuesta OPA y «carecía de toda justificación», abunda la resolución judicial. Además, estima que la petición de dichos documentos por los estafadores «debió de haber puesto en alerta a la demandante sobre el carácter fraudulento de la operativa en la que estaba participando». «Le era exigible un mayor celo en la salvaguarda de la documentación de la empresa demandada que el que pudiera serle requerido a un trabajador no directivo», apostilla. Según el Tribunal, esa actuación implica una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza en el desempeño del trabajo tipificada en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores y que está calificada como una falta muy grave por el Laudo de Obligado Cumplimiento que establece el régimen de faltas y sanciones en la EMT.* La sala de lo Social del Alto Tribunal Valenciano concluye que la sanción de despido es por tanto «proporcionada» a la gravedad de este incumplimiento contractual. No obstante, aprecia también un motivo justificado para declarar la procedencia del despido en el hecho de que la trabajadora ocultara a la empresa, en el marco de la investigación interna del fraude, que había enviado los documentos antes mencionados, que fueron «los que se utilizaron para falsificar las firmas e incorporarlas a la cartas de pago que se cursaron junto con las órdenes de transferencia».

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, ha denunciado «las maniobras sin pudor y a plena luz del día» de la portavoz de Cs, María Cantos, y dos de los otros tres concejales de la formación naranja con el PP para llegar a la Alcaldía mediante una moción de censura que ha resultado «fallida».

Así lo ha indicado este miércoles en una nota después de que Cantos, junto con Miguel Castro y Francisco Díaz, decidieran este martes abandonar el gobierno local que Cs mantenía con los socialistas y en el que permanece la cuarta edil de la formación naranja, María Orozco.

Colomo ha afirmado que «existe constancia» de que en días pasados se intentaron recabar los apoyos para ver las opciones de la moción de censura. «Durante un tiempo creyeron que los números daban y lo hacían posible, sin embargo luego se ha demostrado que no, que la moción ha sido fallida pero la evidencia de sus contactos quedó ahí, testando a ediles que decidieron mantenerse firmes en su postura», ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que durante varios días se sucedieron reuniones con los concejales que han salido del gobierno municipal, «idas y venidas por los pasillos del Ayuntamiento que eran la comidilla general». Unas reuniones que «incluso se trasladaban a cafeterías en el Bulevar, sin pudor y a plena luz del día, porque confiaban en que los números les permitirían una moción de censura que ahora ha quedado truncada y con la que pretendían de forma miserable llegar a la Alcaldía, unos porque no se resignaban a haberla perdido y otra, María Cantos, por una cuestión de ego y personalismo».

«Todo lo que inventen para tapar esta maniobra sobra, esto simplemente se reduce a una cuestión de ansia de poder y de bastón de mando de una persona en concreto. El trabajo por Jaén no importaba, importaba llegar a la Alcaldía y lo que no sabemos si es una maniobra que traspasa las paredes del Ayuntamiento», ha comentado.

La edil socialista ha indicado que esta situación «palpable» que se produjo en los últimos días explica los movimientos previos de Cantos para presionar y facilitar esta «obscena forma de conseguir llegar a la Alcaldía».

«Los números no les salían porque no les sumaban las voluntades y no pudieron con la concejala de Hacienda, María Orozco, por eso intentaron doblegar su voluntad por la vía de la asfixia y el acoso y derribo reduciendo competencias e intentando hacer lo mismo con su asignación. Orozco no cedió a las presiones y se mantuvo en sus funciones», ha manifestado.

Para Colomo, el PP «ha hecho mutis por el foro cuando ha visto que se desmoronaba su operación contra el equipo de Gobierno de PSOE y Cs pensando que nadie iba a situarlos en esta operación». Por ello, según ha agregado, que «ya están tardando en dar explicaciones unos y otros a los vecinos y vecinas de Jaén de por qué intentaron de esta forma tan burda acabar con la estabilidad en el Ayuntamiento de Jaén».

K.K., el hombre de 32 años y de nacionalidad mauritana que fue detenido como presunto autor del crimen machista de su pareja A.B., cuyo cuerpo fue encontrado por un operario en la planta de residuos de Gádor (Almería) tres días después de su muerte en avanzado estado de deterioro, se enfrentará a un juicio con jurado a partir de los últimos días de septiembre.

En concreto, se ha programado una vista oral en nueve sesiones que se extenderá desde el 29 de septiembre hasta el 13 de octubre de este año, según han indicado fuentes judiciales. La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar para él 23 años de prisión así como otros diez años de libertad vigilada.

Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2018 y conllevaron su detención nueve días después del crimen, cuando trataba de tomar un avión con destino Casablanca (Marruecos) en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas para evadir la acción de la justicia.

Según el escrito provisional de la Fiscalía, el crimen se habría producido entre las 2,00 y las 3,00 horas del 25 de septiembre de 2018, cuando el acusado se encontraba con la mujer de 28 años en el que domicilio que ambos compartían en Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería) donde se produjo una «fuerte discusión» después de que ella anunciara que «iba a dejar la relación».

Así, como un «último acto de venganza y control» sobre la víctima y «con el firme propósito de causarle una muerte cierta», el acusado habría atacado con un cable a la víctima de manera sorpresiva cuando esta se encontraba totalmente desarmada. La mujer, a pesar de sus gritos y de su resistencia, falleció por asfixia a consecuencia de la agresión.

Según el relato policial, que no recoge el Ministerio Público, el hombre se deshizo del cadáver tras el crimen, con lo que lo arrojó a un contenedor de basura tras haber transportado el cuerpo en su coche hasta una zona diseminada del Poniente almeriense, esto es, a unos 70 kilómetros del lugar en el que apareció la mujer tres días después, cuando un camión de basura lo llevó hasta la planta de residuos ubicada en la localidad de Gádor.

El acusado habría interpuesto además una falsa denuncia por la desaparición de la mujer ante la Guardia Civil una vez que trascendió en hallazgo del cadáver a través de los medios de comunicación para tratar de montar una coartada antes de intentar fugarse del país, según trasladó en su momento el capital jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Almería.

Este aspecto levantó recelos entre los investigadores, quienes ante la aparición del cadáver ya habían realizado una consulta a la base nacional de datos de personas desaparecidas y restos humanos con la que se descartó la relación del cuerpo con casos recientes en Almería y otras provincias limítrofes. Cabe recordar el mal estado en el que se encontraba el cuerpo, en avanzada descomposición tras varios días en un contenedor, dificultó la identificación del mismo.

El sospechoso ofreció a los investigadores distintas versiones orientadas a hacer creer que la mujer «se había ido de casa» y orientado su posible presencia en Murcia. Asimismo, el hombre habría negado que su pareja, con la que llevaba apenas dos meses de relación, ejerciera la prostitución aunque «era él mismo el que iba al local, la llevaba, la recogía y permanecía a veces en el mismo mientras que ella seguía trabajando».

El hombre, que también ocultó a los agentes de la Guardia Civil el lugar de residencia donde se habría producido el crimen, se deshizo también del vehículo que había empleado para transportar el cuerpo hasta un contenedor, de forma que lo habría vendido a un amigo suyo a fin de evitar que fuera objeto de exploración.

El detenido a través de la operación ‘Dump’ de la Guardia Civil habría tratado de obtener un «salvoconducto» de la Embajada de Mauritania para permanecer en Marruecos, toda vez que se había hecho con un billete de avión como parte de su plan de huida. Fue detenido en la propia T4 tras alcanzar la zona de embarque.

La víctima tenía cuatro hijos de otra relación en la fecha de los hechos. Su madre reclama una indemnización por su fallecimiento que la Fiscalía cifra en 120.000 euros.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. El servicio 016 ha incorporado un servicio permanente de WhatsApp al número 600000016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

La Orden de Religiosos Camilos en España, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Hospitales Católicos de Madrid, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y la Federación Nacional LARES, declaran no estar dispuestos a aplicar la Ley de eutanasia «a nadie» porque lo consideran una acción «homicida».

«Acelerar la muerte, ya sea por acción o por omisión de tratamientos y cuidados debidos a cualquier persona al final de su vida o en situación de grave discapacidad, nos parece un daño irreparable que no estamos dispuestos a infringir a nadie. Facilitar una acción suicida o una actuación homicida, aunque esta actuación sea solicitada y aceptada por el propio interesado, es un error, porque supone un desprecio por la dignidad humana», subrayan los religiosos en el texto.

El manifiesto conjunto ha sido presentado este miércoles 23 de junio en un acto presencial desde el Centro San Camilo de Tres Cantos y retransmitido por YouTube.

Frente a la eutanasia, los religiosos sanitarios proponen «ayudar de un modo proactivo, efectivo y comprometido a los enfermos a afrontar el impacto que la enfermedad incurable o la discapacidad insuperable».

Para ello, subrayan que en el final de la vida o ante enfermedades incurables, «se debe prestar gran atención al respeto de la voluntad del paciente –voluntades anticipadas de tratamiento–, al respeto a la vida del paciente y al acompañamiento al final de la existencia, a través de programas como los cuidados paliativos o similares».

En este contexto, señalan que la sedación paliativa correctamente indicada, cuando no son efectivas otras medidas, y administrada previo consentimiento del paciente, «respeta y humaniza el proceso del final de la vida mitigando el sufrimiento intenso e incoercible».

Por ello, piden que se dediquen «suficientes recursos sanitarios y sociales» que hagan posible afrontar estas situaciones y ofrecen su compromiso con «la humanización del cuidado de la vida» de las personas sin pretender «alargarla o acortarla irresponsablemente».

TEMEN UNA CULTURA DEL DESCARTE

Tememos que la ley de la eutanasia desmotive a personas que necesitan cuidados para vivir dignamente y con sentido; que intereses espurios generen demanda de ayuda o ejecución de eutanasia; que disminuya el compromiso social por salir al paso de la soledad no deseada y de los cuidados dignos en la dependencia, así como prácticas indiscriminadas de sedación no correcta. En definitiva, tememos una cultura del descarte en torno al sufrimiento y el morir», ha advertido el delegado general de los Religiosos Camilos, José Carlos Bermejo.

Por ello, Bermejo ha destacado que el Centro San Camilo ha incluido en su Código Ético el rechazo a cualquier planteamiento eutanásico. «Como institución perteneciente a la Iglesia Católica seguimos sus directrices morales y apostamos por cuidar y acompañar a las personas al final de la vida y a sus seres queridos», ha subrayado.

Este compromiso lo comparte la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El director del departamento de Ética en San Juan de Dios, José María Galán, explica que perciben «una creciente sensibilidad social ante el sufrimiento al final de la vida» y quieren expresar públicamente que siguen comprometidos con la paliación del dolor y el sufrimiento humanos, ofreciendo «la aplicación eficaz de unos Cuidados Paliativos de gran calidad que, a la vez, respeten la vida sin provocar la muerte».

Tras la lectura del manifiesto las entidades convocantes han invitado a adherirse a otras congregaciones y asociaciones católicas dedicadas al cuidado de la salud, así como a profesionales sociosanitarios.

Los tres concejales de Cs que han decidido salirse del gobierno local con el PSOE han avanzado que no abandonarán su acta de concejal y que su intención es pasar a la oposición, al tiempo que han descartado formar parte de una moción de censura a pesar de que desde el PP en el Ayuntamiento de Jaén ya se les ha planteado esta posibilidad.

La concejala María Cantos ha lamentado en rueda de prensa el «escaso» respaldo que en estos dos años de mandato han recibido por parte de Cs, tanto a nivel nacional como autonómico, y que sea ahora cuando han planteado su salida del gobierno local cuando un responsable de la dirección nacional, el concreto el secretario de Organización, Borja González, se ha trasladado en Jaén para decirles que «o manteníamos el acuerdo con el PSOE o nos expulsarían del partido», algo que ha definido como «una regañina» cuando ellos esperaban que vendrían a ayudarles.

«Nosotros no vamos a renunciar, no vamos a salir del partido porque consideramos que no hay causa», ha dicho Cantos, que ha comparecido junto a Francisco Díaz y Miguel Castro, los otros dos concejales que han anunciado su salida del gobierno local. «No creo que Ciudadanos nos expulse por no querer ser cómplices en este equipo de gobierno», ha dicho Cantos.

Cantos, que ha ejercido de portavoz de los tres de los cuatro concejales que han renunciado a seguir apoyando al PSOE en el Consistorio jiennense, ha incidido en que mientras Cs no inicie el expediente de expulsión, ellos seguirán siendo parte del Grupo Municipal de Cs porque no están dispuestos a abandonarlo «voluntariamente».

En este sentido, ha señalado que llegado el momento presentarán alegaciones y darán habida cuenta de todos los motivos que les han llevado a salirse del gobierno local puesto que entienden que «son muchos los incumplimientos» del acuerdo de gobierno que por parte del PSOE se han llevado a cabo en estos dos años de mandato hasta el punto de que en su opinión ha sido «el PSOE el que ha cambiado su actitud hacia nosotros y ha roto el pacto».

«La relación con el partido no ha cambiado, ha sido la relación del partido con nosotros. Nosotros hemos sido fieles a nuestro programa electoral, a nuestros principios y a la defensa de los intereses», ha dicho Cantos, al tiempo que ha subrayado que desde el principio llegaron al Ayuntamiento para «defender los intereses de Jaén, pesase a quien pesase y así lo estamos haciendo».

Sobre la posibilidad de formar parte de una moción de censura, Cantos ha reconocido que fue este lunes, 21 de enero cuando antes de la celebración del pleno el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, lo lanzó «como una propuesta» ante «rumores de distanciamiento en el equipo de gobierno».

«Nosotros nunca hemos planteado una moción de censura, ni vamos a impulsar una moción de censura. Nosotros somos coherentes con lo que estamos haciendo», ha dicho Cantos, y ha subrayado que además de todo ello «los números no dan». Asimismo, ha rechazado que el PP les haya ofrecido pasarse a formar parte de esta formación.

En lo que respecta a las relaciones con su hasta ahora socio de gobierno, el PSOE, la concejala ha dicho que se han sentido «ninguneados» y «con continuas injerencias» en sus áreas municipales hasta el punto de que el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Castro, puso esta misma semana su cargo a disposición del alcalde por no sentirse apoyado a la hora de abordar los conflictos con Policía Local y Bomberos.

«Ya no hemos aguantado más y ahora en el ecuador del mandato era el momento de dar el paso y eso hemos hecho», ha señalado la concejala. Cantos ha dicho que será ahora cuando el alcalde, Julio Millán, valore los socios que ha tenido hasta ahora», máximo cuando va a tener que «tomar muchas decisiones y va a tener que incluir y entrar la extrema izquierda en el Ayuntamiento de Jaén y a lo mejor le va mejor ahora».

CRÍTICAS Y MOTIVOS

Sobre si su decisión de abandonar el gobierno local tiene marcha atrás, Cantos ha afirmado que «mucho tendrían que cambiar las cosas, mucho tendría que cambiar la actitud para que volviésemos». «Nosotros durante todo este tiempo hemos sido unos socios leales, responsables y trabajadores. Nunca hemos sacado fuera de las paredes del Ayuntamiento ningún tipo de problema, pero llega el momento en que la chispa tiene que saltar porque la situación era insostenible», ha dicho la concejala de Cs.

También ha habido críticas a Cs a nivel nacional y autonómico ya que dicen no haberse sentido «apoyados» ni «respaldados» en temas tan importantes en la ciudad de Jaén como la denegación del plan Colce, tras descartarse Jaén como sede de la base logística del Ejército, proyecto que se ha llevado la ciudad de Córdoba, o en las sucesivas visitas de ministros a la ciudad que han venido «con las manos vacías».

Cantos ha dicho no sentirse defraudada por Cs, pero sí por algunas personas de sus partidos, tanto a nivel nacional como autonómico, que «no nos han tratado como deberían habernos tratado». Sin embargo, ha dicho que no se sienten solos porque «nos sentimos apoyados por Jaén y con eso es suficiente».

Sobre María Orozco, la única concejala del grupo de Cs que no ha votado a favor de la salida del gobierno local, Cantos ha señalado que la votación en el grupo salió por mayoría, por tres votos a favor y uno en contra, por lo que «entiendo que ella debería haber estado hoy aquí. Si no está, es su voluntad».

Asimismo, ha rechazado, tal y como ha apuntado el alcalde, que les muevan intereses particulares porque si fuera así «me hubiera quedado como teniente de alcalde antes de irme a la oposición, que es más bonito». «Estamos demostrando que nuestro interés no es particular, que nuestro interés es Jaén y aquí no vinimos a hacer política sino a defender los intereses de Jaén», ha señalado Cantos.

En el inicio de su comparecencia han vuelto a argumentar su decisión de ruptura con el PSOE en el Ayuntamiento de Jaén aludiendo a varios motivos, entre ellos, los indultos a los presos catalanes por el ‘procés’ y «el abandono a la ciudad de Jaén».

Ha vuelto a apuntar a «la indefinición» del PSOE «frente al agravio tan indigno que el Gobierno de la nación» hizo con Jaén en la concesión a Córdoba del plan Colce cuando «el propio alcalde dijo públicamente que desde el Ministerio se le había asegurado que era para Jaén».

Otro de los motivos de la ruptura esgrimidos son las declaraciones del alcalde, Julio Millán, en una emisora de radio sobre los fondos ITI comprometidos con la ciudad de Jaén cuando «tiene que exigir su cumplimiento al Gobierno central, pero que sí lo hizo con la parte que le correspondía a la Junta de Andalucía». En este sentido, Cantos sí ha echado en cara al alcalde que gaste más energía en defender los intereses de su partido que los de la ciudad de Jaén.

Ecoembes y el Ayuntamiento de Logroño continúan su apuesta conjunta por la economía circular y el reciclaje mediante el programa Circular Urban Challenge, una competición europea entre startups vinculadas al ámbito de la economía circular, en el que se buscarán las soluciones más eficaces para los retos específicos a los que se enfrentan las ciudades en materia de circularidad y reciclaje de residuos.

Este proyecto se llevará a cabo a través de TheCircularLab, el centro de innovación abierta en economía circular de Ecoembes, ubicado, desde que nació hace ya cuatro años, en Logroño, ciudad candidata a Capital Verde Europea. En él, se buscará a las startups más innovadoras que quieran implementar sus soluciones para las ciudades en materia de economía circular.

Mediante este programa, se pondrán a prueba startups ya constituidas que cuenten con menos de 10 años de antigüedad y que se hayan sido creadas en cualquier país europeo. El principal objetivo de Circular Urban Challenge (https://www.circularurbanchallenge.com) es encontrar las soluciones más innovadoras y eficaces para resolver retos urbanos relacionados con la economía circular y que estén basadas principalmente en nuevas tecnologías o en nuevos modelos de negocio.

«La apuesta de Ecoembes y del Ayuntamiento de Logroño por la innovación en materia de reciclaje y economía circular sigue creciendo, permitiéndonos encontrar de manera conjunta soluciones útiles y renovadas que permitan llevar a cabo acciones de circularidad punteras. Todo ello gracias a nuestro centro de innovación abierta TheCircularLab, lugar que sigue apostando por la modernización y la tecnología para hacer de las ciudades lugares más sostenibles», ha afirmado Zacarías Torbado, coordinador de TheCircularLab.

Además, como novedad, la concejala de Economía del Ayuntamiento de Logroño, Esmeralda Campos, ha anunciado que «se lanzarán retos de Logroño para que se les den soluciones desde cualquier parte del mundo por parte de startups».

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño, José Manuel Zúñiga, insiste en la idea de «potenciar la economía circular y la innovación a través de esta iniciativa que aúna tecnología y modernización y permite que Logroño contribuya a la investigación sobre la sostenibilidad y a contribuir a ella».

UN PROYECTO ÚNICO EN EUROPA.

El proyecto consta de tres retos a los que las startups participantes deben dar solución: «ciencia ciudadana urbana y economía circular», «tecnologías innovadoras para la gestión de residuos urbanos», y «segunda vida de materiales reciclados en las ciudades».

Tras la presentación de sus candidaturas, se procederá a la evaluación, siguiendo para ella criterios como la madurez de los proyectos presentados, el nivel de innovación empleado en el desarrollo de la solución propuesta, la eficacia real a la hora de resolver los problemas enmarcados en alguno de los tres retos propuestos, o los hitos alcanzados por las propias startups que permitan demostrar una trayectoria positiva.

Durante el proceso de competición, las startups pasarán por distintas fases de selección a cargo de un jurado profesional e independiente, siendo 15 los finalistas que participaran en el evento final Pitch & Demo Day.

En este evento, que se llevará a cabo en abierto para permitir que acudan otros actores del sector y que participen expertos de gran relevancia, se anunciarán los cinco ganadores de Circular Urban Challenge, quienes obtendrán un premio de 5.000 euros y reconocimiento en medios de comunicación a nivel europeo.

Además, los ganadores obtendrán acceso al Business Developement Day, un evento exclusivo donde podrán mantener reuniones directas con administraciones públicas, empresas vinculadas al sector de la economía circular y con managers de programas de aceleración de startups.

El plazo de envío de solicitudes estará disponible desde el 22 de junio hasta el 30 de septiembre de 2021, y tendrá lugar íntegramente de forma telemática a través de la plataforma F6S.

UN CENTRO QUE APUESTA POR EL EMPRENDIMIENTO.

Este proyecto se llevará a cabo en TheCircularLab, el centro de innovación abierta y emprendimiento en materia de economía circular de Ecoembes, que nació en 2017 siendo pionero en Europa.

Ahora, tras cuatro años de andadura, en él se han desarrollado más de XX proyectos en materia de economía circular y reciclaje y ha colaborado con más de 200 entidades de muy diversos ámbitos.

Gracias al trabajo realizado en TheCircularLab, se han desarrollado iniciativas punteras como el espacio online TheCircularCampus, que dota de información y formación sobre economía circular a las más de 12.000 empresas que conforman Ecoembes; o el sello goCircularPass, con el que pretende reconocer el trabajo de emprendedores que luchan para conseguir nuevos proyectos que aceleren la transición hacia una economía circular y que ya tienen en su poder nueve empresas españolas.

El Gobierno valoró para indultar a la ex consejera de Trabajo y Asuntos Sociales condenada por el ‘procés’ independentista en Cataluña Dolors Bassa sus afirmaciones de que no pretendía volver a la primera línea política y sus actitud de «búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña», según el expediente que le concede la medida de gracia.

El documento señala que la apuesta de Bassa por la vía del diálogo «parece a día de hoy decidida» y alude a sus manifestaciones de no pretender volver a la política «sin perjuicio de seguir afiliada a su partido, ERC, un partido que defiende, desde el Gobierno de Cataluña, la vía del diálogo con el Gobierno central».

También se han tomado en consideración su continuas declaraciones públicas renunciando a la vía unilateral, cuestionando a quienes la reclaman y defendiendo el diálogo y la negociación como única solución al conflicto político.

«De hecho, ya en el juicio se mostró partidaria de defender sus ideas dentro de los marcos de la Constitución, y siempre desde el diálogo y la negociación», se añade en el expediente, que apunta también que rechazó expresamente a preguntas del Ministerio Fiscal la vía unilateral durante el juicio en el Supremo.

REFERENTE PARA LA SOCIEDAD CATALANA

También se dice que Bassa constituye un referente en una parte significativa de la sociedad catalana. Por un parte por su adscripción a Esquerra Republicana de Catalunya de la que, sin ocupar ningún cargo orgánico, es militante, un partido que es la segunda fuerza más votada en Cataluña y que es parte del actual gobierno de Catalunya, ostentando la presidencia de la Generalitat».

Por otra, parte, se ha valorado el perfil adquirido por su vinculación a la Unión General de Trabajadores que se traduce en que sea una persona valorada por los distintos agentes sociales catalanes.

Así se entiende que organizaciones sindicales y empresariales en cuya composición interna se integran distintas sensibilidades políticas, algunas de ellas frontalmente opuestas a la independencia de Cataluña y a los hechos por los que la ex consejera y el resto de condenados se encuentran en prisión, puedan acoger favorablemente su indulto.

En este punto, el plazo de condicionalidad de tres años -en los que no podrá cometer delito grave o le será revocado el indulto- se entiende ajustado a las circunstancias personales de la condenada, que ya ha cumplido tres años y tres meses de los 12 años a los que fue condenada por sedición y malversación.

En todo caso, se señala que a lo largo de sus años en prisión Bassa «ha reconocido errores cometidos, se ha comprometido acatar la Constitución y a actuar dentro de los marcos legales vigentes, ha apostado por el diálogo y la negociación como única vía, rechazando explícitamente la llamada vía unilateral».

Junto a ello, se indica que la ex consejera ha manifestado que se muestra «encantada» con la petición de indulto que realizó para ella UGT de Cataluña, «a la que se ha sumado una relevante representación de la sociedad catalana como el sindicalismo y la empresa, el ámbito municipal o diversas entidades sociales».

En cuanto al riesgo de reincidencia, se valora que Bassa, sin perjuicio de haber reiterado su voluntad de alejarse de la política activa, «no ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto de semejante significado».

Así, el informe de conducta que consta en el expediente evidencia un pronóstico bajo de reincidencia y destaca su plena adaptación y respeto por la normativa, mostrando una conducta ejemplar. Además, el informe añade que en sus salidas al exterior no se ha producido incidencia alguna, fue puntual en las entradas y salidas, y se mantuvo localizable en todo momento.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido que los indultos a los líderes del ‘procés’ rompe el discurso de la derecha de que son «rehenes» de los partidos independentistas catalanes, dado que precisamente atajan «las dosis de victimismo» que enarbolaban desde la imagen de un Estado «represor».

También ha explicado en declaraciones a Telecinco, que el Ejecutivo ha tomado la decisión en función del momento actual, con «pragmatismo» y no «fanatismo» al pensar en el interés general, y sobre todo cuando ha habido cumplimiento de parte de las condenadas.

Preguntado por si ha habido un cambio de opinión en el PSOE y por qué antes, como en 2019, no hablaron de la opción de conceder los indultos, Ábalos ha desgranado que pronunciarse sobre la medida de gracia sin haber sentencia y cumplimiento de penas sería «minusvalorar la reacción del Estado de Derecho y también la actuación del poder judicial».

HABLAR ANTES ERA DECIRLE A LOS JUECES «NO TRABAJEN»

«Uno no debe anticiparse. Las decisiones se toman en función de la situación actual, no de situaciones que puedan venir. Mantenerse en ese caso hubiera sido simplemente una prueba de fanatismo, no de pragmatismo que le corresponde al Gobierno que tiene que valorar las circunstancias del momento. El mensaje en aquel momento era de respeto a la decisión de los jueces. Decir en ese momento que íbamos a estar por el indulto, era decirle a los jueces ‘no trabajen, da igual que lo hagan, no lo vamos a considerar'», ha desgranado.

De esta forma, ha razonado que una vez que el Estado de Derecho demostró su «fortaleza», es el momento de ser «generosos» en «coherencia» con las necesidades del momento y atendiendo a la utilidad pública para «desdramatizar» una situación que afectaba «muy especialmente a la convivencia» en Cataluña. Lo contrario, a su juicio, es «fundamentalismo».

En este sentido, ha destacado que los indultos en ningún caso ponen en cuestión la sentencia del Tribunal Supremo sobre los dirigentes independentistas y por ello tiene un carácter parcial y vinculado a que no incurrir de nuevo en un delito que existió.

Un fallo cuya aplicación, además, defendieron y tuvieron que enfrentar la «reacción violenta» que hubo e su momento en Cataluña, haciéndolo «aisladamente» dado que la derecha «se puso de lado.

GENEROSIDAD TRAS DEMOSTRAR LA FORTALEZA DEL ESTADO

También ha detallado el titular de Transportes que estos dirigentes ya habían cumplido «buena parte de su condena» y pronto iban a tener beneficios penitenciarios. Por tanto, desde la «generosidad» y las «prerrogativas» que confiere el estado de derecho, se ha procedido a esos indultos desde la convicción de que «es lo mejor» para encarar el conflicto catalán.

Pero además, Ábalos ha dicho que «no ve ninguna otra alternativa» en la oposición a una decisión que rompe precisamente el esquema e el que había incurrido el independentismo. De hecho, ha añadido que el Gobierno tenía que actuar «no escondiendo su responsabilidad en otros poderes del Estado», como el judicial.

LA VÍA UNILATERAL SOLO LLEVA A «FRUSTRACIÓN»: «YA SABEN LA RESPUESTA»

En cuanto a la posibilidad de que los independentistas planteen en la Mesa de Negociación la amnistía o la celebración de un referéndum de autodeterminación, el también secretario de Organización del PSOE ha señalado que pueden proponerlo pero que «no se van a atrever a tomar una decisión unilateral, porque ya saben la respuesta del Gobierno».

Al respecto, ha reseñado que la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras dejaba claro que la unilitaralidad no era la «vía útil» y aprecia que el «independentismo tiene muchas posiciones» aunque hay «cierto temor a salirse de una línea que se viene practicando». No obstante, ha puntualizado que el arco independentista sabe que los planteamientos del pasado solo llevan a la «frustración».

Respecto al caso del expresidente Carles Puigdemont, ha apuntado que está en una situación «muy difícil» y que tiene que «someterse a la Justicia», recordando que los líderes del procés condenados asumieron las consecuencias y ahora tienen un indulto parcial.

ENFRÍA UNA POSIBLE REMODELACIÓN DEL GOBIERNO

Finalmente y sobre si habrá remodelación del Gobierno, ha señalado que depende del presidente del Gobierno pero ha destacado que ahora está centrado en la cuestión catalana, en la recuperación del país y en dejar atrás la pandemia.

«Lo demás de valorará en función de la necesidad del país», ha apuntado para indicar que desconoce si habrá cambios en el Ejecutivo. Sobre informaciones que le sitúan en el Ministerio de Defensa, Ábalos ha dicho con ironía que desconoce qué va a hacer en el futuro y que está a disposición del presidente.

El saldo migratorio positivo de 216.244 personas compensó el saldo vegetativo negativo de 153.167 personas que experimenó la población española durante el año pasado debido a la pandemia de la Covid-19, según los datos provisionales de las Cifras de Población de la Estadística de Migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, a 1 de enero de 2021, la población en España se sitúa en 47,4 millones de habitantes lo que supone un nuevo máximo histórico, aunque el ritmo de crecimiento se moderó con respecto a años anteriores debido a la pandemia.

En concreto, en 2020 se produjo un incremento del 0,13%, pasando de los 47,3 millones de habitantes en 2019 a 47,4 millones en 2020, frente al crecimiento del 0,84% que se registró entre 2018 y 2019, cuando la población aumentó en 395.554 habitantes.

Con este crecimiento, positivo por quinto año consecutivo, se alcanza un nuevo máximo histórico desde el comienzo de la serie, según se desprende de la estadística. Si bien, este crecimiento poblacional se debió al incremento de la población de nacionalidad extranjera, ya que la de nacionalidad española se redujo.

En concreto, el número de extranjeros aumentó en 149.011 personas durante 2020, hasta un total de 5,4 millones a 1 de enero de 2021. Este incremento respondió, en su mayor parte, a un saldo migratorio positivo de 230.026 personas.

Por el contrario, la población de nacionalidad española se redujo en 87.402 personas. Esta evolución fue resultado de un saldo vegetativo negativo (de 198.670 personas) y de un saldo migratorio también negativo (13.782 personas), que no se vieron compensados por las adquisiciones de nacionalidad española, que afectaron a 126.164 personas, según datos provisionales.

Si solo se tiene en cuenta a las personas de nacionalidad española y nacidas en España, esta población descendió en 183.299 personas en el año 2020, según los datos del INE.

MÁS COLOMBIANOS, VENEZOLANOS Y MARROQUÍES

Atendiendo a las nacionalidades, los mayores incrementos se dieron en la población colombiana (36.726 más), venezolana (22.018) y marroquí (15.221). Mientras, los mayores descensos se dieron en la población de Rumanía (7.132 menos), Ecuador (5.293 menos) y Bulgaria (1.831 menos).

Por comunidades autónomas, la población creció durante 2020 en 12 de ellas, destacando en primer lugar Baleares (con un crecimiento del 0,7%), Murcia (0,6%), Canarias y Comunidad Valenciana (con un 0,3% de aumento en cada una de ellas). Donde más bajó fue en Castilla y León y Asturias (con descensos del 0,6%) y en Extremadura (con una caída del 0,4%).

De la estadística del INE también se desprende que el saldo migratorio de España con el exterior fue positivo en 216.244 personas durante el año 2020, invirtiendo la tendencia creciente iniciada en 2013.

Así, un total de 465.721 personas procedentes del extranjero establecieron su residencia en España, la cifra más baja desde 2016, y un 37,9% menos que en 2019. Por su parte, 249.477 personas abandonaron España con destino a algún país extranjero, un 15,8% menos que en el año anterior.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este miércoles que el recurso que su partido quiere presentar ante el Tribunal Supremo contra la concesión de indultos a los presos del ‘procés’ se basa, entre otras cosas, en que sus diputados resultaron perjudicados cuando las formaciones independentistas anularon sus funciones en el Parlament de Cataluña en septiembre de 2017.

«Estábamos en el Parlament cuando se dio el golpe de Estado, cuando se saltaron todas las leyes, no se nos dejó intervenir ni ir al Consejo de Garantías Estatutarias y fuimos en amparo al Tribunal Constitucional. Somos parte perjudicada directamente, no solo como catalanes constitucionalistas, sino como representantes públicos de la ciudadanía de Cataluña que fueron anulados en sus funciones el 6 y el 7 de septiembre», ha dicho en una entrevista en Antena 3.

En esas fechas, la Cámara catalana aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica –que sirvieron para convocar la consulta ilegal el 1 de octubre y proclamar la independencia– pese a las advertencias del Tribunal Constitucional y de los letrados del Parlament ante la posible comisión de un delito. Mientras, los partidos de la oposición exigían que se respetaran sus derechos y no se eliminaran trámites parlamentarios.

En declaraciones a la Cadena SER de Cataluña, Arrimadas también ha recordado que en contra de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de perdonar las penas de cárcel a los líderes independentistas condenados están el informe de la Fiscalía y el del Tribunal Supremo.

Además, ha señalado que el recurso de Cs se basará en que «no hay arrepentimiento» por parte de los indultados por sus actos delictivos, que incluso «dicen que lo volverán a hacer» y que «no hay ningún tipo de utilidad pública» que justifique la medida de gracia. «Solo es útil para Pedro Sánchez», ha concluido.

SE SIGUEN VULNERANDO LOS DERECHOS DE UNA PARTE DE LOS CATALANES

En este contexto, ha indicado que, al negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2021, los partidos independentistas ofrecieron su apoyo al Gobierno a cambio de «privilegios» para sus políticos encarcelados, mientras que Cs solicitaba ayudas directas para las empresas afectadas por la crisis del coronavirus.

Por ello, considera «muy malo para los intereses de los catalanes» que quienes les representen y negocien en su nombre en el Congreso sean las fuerzas independentistas, que «solo piensan en nueve o diez personas» en vez de pensar en toda la población.

Por otro lado, la líder de Cs ha quitado importancia a que el Consejo de Ministros, al aprobar los indultos, haya fijado un periodo de seguridad de entre tres y seis años –que varía para cada condenado– que condiciona el perdón a que los beneficiarios no vuelvan a cometer delitos graves, que conlleven más de cinco años de prisión.

«Aquí puede ser que estemos mirando al dedo y no a la luna», porque «una cosa es que no declaren la independencia otra vez y otra cosa es que no vulneren cada día nuestros derechos», porque eso «no han dejado de hacerlo», ha denunciado.

Así, ha acusado a los gobernantes catalanes de «llenar de propaganda separatista» edificios públicos, dedicar dinero público a sus «chiringuitos» políticos, «adoctrinar» a los niños en las escuelas, «señalar» a los funcionarios que no quieren la independencia, incumplir sentencias judiciales sobre el uso del castellano o permitir que en TV3 «se insulte a los constitucionalistas».

Respecto a que, en el expediente del indulto al líder de Esquerra Republicana (ERC) y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el Gobierno destaque su actitud en la «búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña» y su «abandono público de la vía unilateral», Arrimadas ha señalado que, en cambio, otros dirigentes de ERC aseguran cada día que «no renuncian a nada».

«Que no nos engañe nadie, por favor, que ya estamos muy creciditos», ha pedido, agregando que la carta de Junqueras en la que apuesta por el acuerdo con el Ejecutivo frente a la unilateralidad la escribió solo «para añadirla al expediente de su indulto».

REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

La presidenta de Ciudadanos también ha criticado que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, insista en que reformarán el Código Penal para actualizar el delito de sedición y adaptarlo «a los parámetros europeos», con la consiguiente rebaja de la pena asociada.

«Esto es a dedo, son reformas del Código Penal para sus socios», ha comentado sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que no fue juzgado por el Tribunal Supremo porque huyó a Bélgica. Según Arrimadas, «lo menos progresista que existe» es decirle «a los poderosos, a los socios del Gobierno» que «pueden delinquir porque no pasa nada»: «Si te meten en la cárcel, te saco; si el Código Penal no te gusta, te lo cambio».

En su opinión, no se puede apelar a los principios de Calvo ni de Sánchez porque «no tienen». La diputada catalana ha recordado que el líder del PSOE se presentó a las elecciones generales en 2019 prometiendo traer a España a Puigdemont, tipificar como delito la convocatoria de referéndums ilegales y descartando los indultos a los presos del ‘procés’, mientras que ahora dice otra cosa para «mantenerse en Moncloa con el apoyo de los separatistas» en el Congreso y cambiará de postura nuevamente para los próximos comicios si lo necesita para ganar votos.

Está convencida de que el presidente del Gobierno no es de los que piensa, como algunos ciudadanos «de buena fe», que quizá los indultos ayuden a lograr la concordia en Cataluña. Según ha indicado, el propio portavoz de Esquerra en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha preguntado directamente a Sánchez si ha tomado esa medida «por valentía o por necesidad», para asegurarse apoyos parlamentarios.

EL PSOE DEBERÍA SER «SINCERO» CON LOS ESPAÑOLES

Arrimadas considera que el PSOE debería ser claro con los españoles y explicar por qué antes rechazaba indultar a los presos del ‘procés’ y ahora defiende esta decisión, incluso si el motivo es adelantarse a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que podría dar la razón a los condenados y fallar en contra de la Justicia española. «Si fueran sinceros, creo que todo el mundo lo puede entender», ha dicho.

Pero de cara a las próximas elecciones, espera que «no se premie» al PSOE, que «miente» antes de acudir a las urnas y que «no tiene principios ni escrúpulos para mantenerse en el poder». «Que no nos convirtamos en un país en el que los que no se esfuerzan, los que se saltan las leyes y los que amenazan tengan premio y los que cumplen, los que pagan, los que tienen su hipoteca y no se saltan las leyes tengan castigo», ha reclamado.