Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Five Music Dreams SL, la promotora del Big Sound Festival, por «negarse a reembolsar el dinero de las entradas tras haber modificado el cartel de artistas que actuarán en el evento», ha anunciado la entidad en un comunicado.

Las denuncias, detallan, han sido presentadas ante la Dirección General de Comercio y Consumo y el Servicio de Espectáculos Públicos de la Comunitat Valenciana.

La asociación señala que los afectados por este cambio de cartel tienen derecho a solicitar el reembolso y que la empresa no puede negarse a ello, ya que la modificación del plantel de artistas, así como de la fecha de celebración y el emplazamiento, se considera un cambio sustancial de las condiciones pactadas.

Facua afirma que está recibiendo «multitud de reclamaciones de usuarios en las que denuncian que el festival, que se celebra los días 8 y 10 de julio en València, ha realizado un cambio sustancial en el plantel de músicos». En concreto, los cinco artistas principales que fueron anunciados inicialmente como cabeza del evento (Bad Bunny, Nicki Jam, C. Tangana, Lunay y Becky G) ya no aparecen en el nuevo cartel y han sido sustituidos por otros diferentes.

El festival, además, ha pasado de realizarse durante los días 8, 9 y 10 de julio a tener lugar únicamente el 8 y el 10, y ha cambiado su emplazamiento de la Ciudad de las Artes y las Ciencias al Estadio Ciutat de València de la capital.

Los usuarios también han denunciado que tras pedir el reembolso de las entradas –ya que los cantantes por los que habían decidido comprarlas ya no actúan–, la promotora «se ha negado a devolverles el dinero, ofreciéndoles como única opción guardar su entrada para la edición de 2022 del festival o mantener la de 2021 y adquirir la del año que viene a un precio reducido».

Facua recuerda que el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, recoge en su artículo 58 como derecho de los usuarios «la devolución del importe de las localidades adquiridas, caso de no hallarse conforme con la variación del espectáculo o actividad o de sus condiciones o requisitos, dispuesta por la empresa».

De igual forma, el artículo 62 de la citada normativa indica que las empresas que se vean obligadas a variar «el orden, fecha, contenido o composición de un espectáculo» quedan obligadas a «devolver el importe de las localidades adquiridas al público que lo reclame por no aceptar la variación».

NORMATIVA

Por otra parte, el artículo 51 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos determina como infracciones graves «la suspensión o alteración del contenido de los espectáculos públicos, actividades recreativas o actividades socioculturales sin causa justificada».

Facua, por tanto, insta a la Dirección General de Comercio y Consumo y al Servicio de Espectáculos Públicos de Comunidad Valenciana que realicen las investigaciones que sean necesarias e incoen el respectivo expediente sancionador a Five Music Dreams por negarse a devolver el importe de las entradas tras el cambio de cartel del Big Sound Festival.

El PP ha solicitado la comparecencia en Congreso de los 22 ministros del Gobierno que dirige Pedro Sánchez para que expliquen en sede parlamentaria si están de acuerdo con la concesión de los indultos a los condenados por el ‘procés’, que fueron aprobados este martes en Consejo de Ministros.

El Grupo Popular que dirige Cuca Gamarra ha formalizado esta solicitud de comparecencia el mismo día que han salido de la cárcel los dirigentes independentistas condenados, quienes han reivindicado la independencia de Cataluña con la pancarta ‘Freedom for Catalonia’.

Precisamente el próximo miércoles 30 de junio ya está fijada la comparecencia ante el Pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a petición propia, para hablar del Consejo Europeo y de los últimos Consejos Europeos, la situación política y económica de España y de los indultos.

En su escrito, el PP pide la comparecencia de cada uno de los ministros de Sánchez para informar si, «como miembro del Consejo de Ministros, está de acuerdo con la concesión de los indultos a los condenados en la sentencia del ‘procés’ 459/2019, de 14 de octubre, acordada en el Consejo de Ministros del día 22 de junio de 2021».

EL PP TAMBIÉN SOLICITA LOS INFORMES QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE

Además, el primer partido de la oposición ha registrado otro escrito en el que solicita los informes y documentos que integran los expedientes de indulto que han supuesto la concesión de la medida de gracia a los nueve condenados, en virtud del artículo 7 del Reglamento del Congreso.

Gamarra ya había anunciado este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, que pediría esa documentación tras haber preguntado a la vicepresidenta Carmen Calvo cuáles son los motivos reales para la concesión de los indultos.

«Esperábamos de usted un poquito más de valentía y que diera aquí cuenta en el Parlamento de los motivos reales de esos indultos, expedientes a los que todavía nadie ha tenido acceso. Los pediremos», ha anunciado la dirigente ‘popular’.

La cúpula del PP ha calificado de «humillantes» para el Estado de Derecho los indultos a los condenados por el ‘procés’ y ha salido en tromba a solicitar la dimisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en línea con la petición que ha realizado su jefe de filas, Pablo Casado, ante el Pleno del Congreso. Además, el partido ha señalado que ya estudia «todas las opciones» contra esta medida, entre ellas recurrir al Tribunal Supremo.

«Sánchez dimisión», es el mensaje que están difundiendo los ‘populares’ en sus cuentas de Twitter coincidiendo con la salida de prisión de los nueve condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Según el PP, «no se puede hacer más daño a España en menos tiempo».

En la sesión de control del Congreso, Pablo Casado ha espetado a Sánchez –después de que éste calificase los indultos como una medida «valiente» y reparadora»– que si le quedaba «algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo».

El PP se ha hecho eco en sus redes sociales de la fotografía de los líderes independentistas posando al salir de la cárcel con la pancarta ‘Freedom for Catalonia. «Primeros arrepentidos», ha ironizado el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

MONTESINOS: «LOS SECESIONISTAS NO SE ARREPIENTEN»

En declaraciones a La Sexta, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado que los indultos son «humillantes» y «muy graves» para el Estado de Derecho español y la democracia.

«No se arrepienten, no piden perdón y dicen que lo volverán a hacer. Sánchez cada día está más solo y por eso nos reafirmamos en que debe presentar su dimisión y convocar elecciones», ha manifestado.

Además, ha confirmado que el PP va a utilizar todas las herramientas a su alcance «para decir ‘no’ a los indultos», como recurrir al Tribunal Supremo. «Estudiamos todas las opciones y nos basamos en el informe demoledor del Supremo, que le dijo a Pedro Sánchez que no diera el paso que finalmente ha dado y que se situara al lado de la Justicia y la igualdad de todos los españoles», ha enfatizado.

Tras animar Vox al PP a presentar una moción de censura, el responsable de Comunicación del PP ha respondido que los números que dan son «los de las urnas». Fuentes del partido han confirmado que la exigencia de elecciones será el mensaje que repetirán en las próximas semanas ante los ciudadanos, a pesar de que en ‘Génova’ son conscientes de que Sánchez hará todo lo posible por agotar la legislatura.

MAROTO: «SÁNCHEZ MINTIÓ»

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, quién ha subrayado que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones «prometiendo no indultar a los golpistas».

«Mintió. Si tan seguro está ahora del apoyo que su medida tiene entre los españoles y lo bueno que es para la convivencia, que convoque elecciones generales y pregunte en las urnas», ha asegurado Maroto en Twitter, acompañado su mensaje del hashtag ‘#SanchezDimision’ como otros cargos del partido.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, se ha preguntado si «de verdad se cree el señor Sánchez que la concordia se alcanza premiando al que pretende subvertir el orden constitucional y atacando o silenciando a los que respetan y cumplen las leyes y la Constitución».

TEROL A SÁNCHEZ: «INDULTÁNDOLES, SE HA CONDENADO»

Según el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González-Terol, Sánchez «se ha condenado» al indultarles. «La historia y los españoles jamás se lo perdonarán, pues no encontrará lealtad alguna en aquellos que quieren destruir Bandera de España y eliminar nuestra democracia», ha avisado.

Por su parte, la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, ha afirmado que «los dirigentes independentistas son insaciables y en cuanto puedan volverán a pisotear la Constitución». «Sánchez cede ante ellos, abandona a los constitucionalistas e incumple todo aquello que prometió no hacer. Todo por el poder», ha aseverado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá en Moncloa con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, el próximo martes 29 de junio a las 17.00 horas, justo una semana después de la aprobación de los indultos. Por otra parte, Sánchez recibirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el viernes 9 de julio, a las 12.00 horas, según ha informado Moncloa.

Sánchez y Aragonés habían acordado reunirse en el Palacio de la Moncloa a lo largo del mes de junio para retomar la negociación entre sus respectivos gobiernos, antes de reanudar los trabajos de la mesa de diálogo que se constituyó en febrero de 2020 y que solo pudo celebrar una primera y única reunión.

No obstante, el Gobierno también enmarca el encuentro con Aragonés dentro de la ronda habitual que el presidente hace con todos los presidentes autonómicos cuando son nombrados. En este sentido, además de la cita con el presidente catalán, Sánchez ha fijado ya el encuentro con la recién investida presidenta madrileña para el 9 de julio.

En este sentido, Moncloa ha informado de que, como ya ocurriera con la reunión que mantuvo Sánchez el día 17 con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente del Gobierno dialogará con Aragonés y Ayuso «sobre las cuestiones mas importantes y urgentes de sus respectivos territorios, entendiendo estos encuentros como un intercambio necesario sobre las principales necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y Madrid».

CON ARAGONÉS UNA SEMANA DESPUÉS DE LOS INDULTOS

En todo caso, la cita de Sánchez y Aragonés, que llegará justo una semana después de la aprobación de los indultos para los organizaciones del procés, se asume como un nuevo paso en el camino que el Gobierno se ha marcado para solucionar el conflicto catalán.

El deshielo en las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat ya comenzó con la conversación telefónica de 40 minutos que Sánchez y Aragonés mantuvieron el pasado 4 de junio, tras la investidura del presidente catalán, y en la que se emplazaron a verse en el mes de junio.

Tres días después, el 7 de junio, los presidentes coincidieron en persona en un acto en Barcelona, en la sede de Foment del Treball, donde se saludaron amistosamente y en el que Sánchez proclamó que había que abandonar «justificaciones y revanchas y apostar por las soluciones».

«Tenemos que ser generosos, responsables, y tenemos que esforzarnos unos y otros. Me gustaría que dejáramos atrás la dialéctica estéril que ha impregnado también la política española en los últimos años de ‘Los unos y los otros’ y apostar por un nuevo ‘Nosotros», defendió entonces.

Ese discurso, y ese breve encuentro entre ambos, se interpretó como la antesala de un acercamiento entre el Gobierno y Generalitat, que ha tenido un punto de inflexión con la aprobación de los indultos, y que ambas partes esperan poder seguir profundizando en la reunión entre Sánchez y Aragonés y, después, en la mesa de diálogo.

Así, uno de los asuntos que los dos mandatarios abordarán en esa reunión será cómo reanudar los trabajos de ese foro. Aunque ambas partes han mostrado su disponibilidad a hacerlo cuanto antes, fuentes gubernamentales admiten que es fundamental que antes se pongan de acuerdo ERC y Junts entre ellos, dadas sus visibles discrepancias al respecto.

Por parte del Gobierno, consideran que ya han cumplido el primer objetivo que se habían fijado para antes incluso de la reunión entre Sánchez y Aragonés, como es la concesión de los indultos, al entenderlo como un gesto que supone retirar un importante «obstáculo» en ese camino hacia el diálogo. Ahora le toca a la Generalitat moverse, empezando, según las fuentes consultadas, por aclarar su postura dentro del propio Govern.

CITA DE LOS INDEPENDENTISTAS CON EL TRIBUNA DE CUENTAS

Por otro lado, la reunión de Sánchez y Aragonés tendrá lugar el mismo día en el que el Tribunal de Cuentas ha citado a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a otros dirigentes del Govern, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, para comunicarles la cuantía que considera que presuntamente se desvió para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

No obstante, ninguno de ellos tiene la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas, sino que pueden estar representados por sus abogados, a los que se les informará del detalle de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado que los líderes separatistas que han salido este miércoles de la cárcel tras ser indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez lo han hecho «sin arrepentirse de nada y redoblando su desafío» para conseguir la independencia de Cataluña. A pesar de la decisión del Ejecutivo, ha advertido de que «España no claudica».

«Las imágenes de la humillación, de la inmensa vergüenza propiciada por Pedro Sánchez. Los golpistas ya están en la calle sin haber cumplido ni un tercio de su condena, sin arrepentirse de nada y redoblando su desafío. Sánchez claudica, pero España no», ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Ha acompañado el texto de un vídeo en el que se ve al líder de Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, reafirmando su compromiso de «seguir trabajando desde la política» para conseguir sus aspiraciones e ideales, en particular, alcanzar «la independencia del país» (de Cataluña).

A continuación, aparece el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, avisando de que la «represión» no les ha vencido y no les vencerá, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell celebrando el indulto mientras la gente grita «amnistía».

INDULTOS «ILEGÍTIMOS» CON LOS QUE SÁNCHEZ BUSCA FINES POLÍTICOS

El vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado que, en los discursos pronunciados por los presos del ‘procés’, han repetido las mismas ideas «radicalizadas» que en 2017 les llevaron a convocar un referéndum ilegal y a hacer una declaración unilateral de independencia.

«Hemos visto los mismos fundamentos ideológicos completamente radicalizados que les llevaron a cometer delitos», «dicen que lo volverán a hacer y utilizan la misma retórica» de entonces, ha dicho en declaraciones a Canal Sur.

En su opinión, estos indultos son «ilegítimos», pues cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez los «utiliza políticamente» para «no ejecutar una sentencia», buscando así «mantenerse en el poder» gracias al apoyo parlamentario de Esquerra.

«Si no hay arrepentimiento, no se puede indultar, porque la finalidad de la pena es la resocialización, la inserción social», y en este caso los líderes independentistas catalanes «dicen que lo volverán a hacer», ha subrayado, preguntándose «dónde queda la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos frente a los delitos».

NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL PERDÓN

Bal ha indicado que Ciudadanos presentará un recurso contencioso-administrativo este jueves ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo porque considera que «no se cumplen los requisitos que establece la ley del indulto».

Los argumentos para defender esto son, según ha precisado, los mismos que expuso la Sala Segunda de ese tribunal en el informe donde rechazaba la medida de gracia para los nueve condenados por sedición y malversación en el juicio del ‘procés’: que «no hay justicia, no hay equidad, no hay utilidad pública y no hay arrepentimiento».

Aunque primero habrá que saber si los partidos políticos están legitimados para recurrir la concesión de indultos –aparte de Cs, han anunciado acciones judiciales el PP y Vox–, el dirigente de la formación naranja cree que lograrán superar esta primera barrera y no descarta que el Supremo modifique la jurisprudencia en esta cuestión.

Una vez se venza ese obstáculo, «tengo la certeza y la confianza máxima en que vamos a ganar ese recurso, se revocarán los indultos y esas personas volverán a la cárcel, de donde nunca debieron salir, aplicándoseles el régimen general de cualquier preso de acuerdo con el Derecho penitenciario», ha manifestado Bal, que antes de dedicarse a la política era abogado del Estado.

A su modo de ver, «las condenas están para cumplirlas» y defender esto no es ser «un facha vengativo». Aunque los presos del ‘procés’ pudieran acabar pasando al tercer grado, sostiene que solo debería aprobarse cuando hubieran cumplido «una parte importante de la condena, no solamente tres años» de los entre nueve y trece años de prisión a los que fueron sentenciados.

RECURSOS DE VARIOS CONDENADOS ANTE EL TEDH

Respecto a los recursos que varios de los condenados presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia del Tribunal Supremo, el diputado de Ciudadanos ha cuestionado que la Abogacía del Estado pueda defender en Estrasburgo la legalidad, la justicia y la constitucionalidad de la misma después de que el Gobierno les haya perdonado las penas dando a entender que «son desproporcionadas».

Esto es enmendarle la plana a la Sala Segunda del Tribunal Supremo e inmiscuirse de una forma totalmente injustificada e ilegítima en el principio de la separación de poderes», y de esta manera el Ejecutivo «está haciendo un gravísimo daño al prestigio internacional de España y a la calidad democrática», ha afirmado.

Tres de los líderes independentistas condenados por sedición y malversación indultados por el Gobierno, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva, deberán hacer frente aún a las cantidades que tiene que fijar el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

El próximo martes, el Tribunal de Cuentas ha citado a sus representantes legales junto con los de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y de otros dirigentes del Govern para comunicarles la cuantía que considera que desviaron a esta red de embajadas.

Se trata de la liquidación provisional, y en este acto se les comunicará la fianza que se impondrá para responder a una posible condena. Las nuevas cantidades se sumarán a los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

Las nuevas multas son consecuencia de la instrucción sobre el presunto desvío de dinero para la acción exterior catalana que ha concluido el órgano fiscalizador.

Concretamente, se ha citado a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont; a los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turrull; los exconsejeros de Economía Andreu Mas Collel y Oriol Junqueras; y al exconsejero de Asuntos Exteriores y Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (DAERIT), Raül Romeva.

También a los que fueran secretarios generales Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertrán, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort Subirana, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villoria; a las interventoras Generales de la Generalitat, María Vidal Ortí y Rosa Vidal Planella; y a los interventores delegados, Jordi Serra Catalán, Javier Acín Biota, Virginia Astigarraga Pallarés y Francesc Cubel Creus.

Completan la lista de la treintena de presuntos responsables contables, el secretario general del Diplocat, Alberto Royo, y los delegados de la Generalitat de Cataluña en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.

Ninguno de ellos tiene la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas, sino que pueden estar representados por sus abogados, a los que se les informará del detalle de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha convocado también a los representantes legales de la Generalitat de Cataluña, del Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, a la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal.

INFORME FISCALIZADOR

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de marzo de 2019 un «informe de fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017», a instancia de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Dicho informe revela que se detectaron gastos no justificados, subvenciones ‘a dedo’ y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

El Tribunal Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas ‘embajadas’ gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.

De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las ‘embajadas’ por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha remitido una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para solicitarle que se trasladen «inmediatamente» a los animales del laboratorio Vivotecnia a «centros seguros de protección», una vez que la administración autonómica ha levantado la suspensión cautelar decretada ante presunto maltrato animal.

«Ninguna institución puede mirar hacia otro lado ante el maltrato animal», ha apuntado este miércoles en redes sociales respecto a la carta remitida a Ayuso, en la que demanda también información sobre la situación actual de los animales, además de valorar la reubicación de los ejemplares de forma coordinada entre las dos administraciones.

Fue el 1 de junio cuando la Comunidad cesó la suspensión temporal del laboratorio tras comprobar ahora que implementó «todas las medidas preventivas y correctoras solicitadas para garantizar la protección de los animales y evitar que se reproduzcan hechos como los que se conocieron».

En esa misiva, la ministra le solicita la remisión de los expedientes de inspección realizados por la Consejería de Medio Ambiente y le exhorta a que permita a su departamento comprobar también la situación de los animales en estas instalaciones.

IMÁGENES QUE GENERARON «ALARMA SOCIAL»

Belarra relata que tuvieron conocimiento del presunto caso de maltrato animal en las instalaciones del laboratorio, ubicado en Tres Cantos, mediante unas «imágenes difundidas en medios de comunicación» que generaron «una enorme alarma social, incrementada especialmente por la decisión de mantener a los animales en el mismo centro, aparentemente bajo la custodia de las mismas personas que pudieron estar implicadas».

Con ello, hace referencia a la denuncia de la ONG ONG Cruelty Free International que difundió unos vídeos de situaciones de presunta violencia en el laboratorio de Vivotecnia. Tras una inspección en las dependencias, el Ejecutivo regional determinó la suspensión cautelar de actividad ante presuntos indicios de maltrato.

Al respecto, la ministra recuerda a la presidenta regional que la Dirección General de Derechos de los Animales, que ostenta Sergio García Torres, tiene entre sus funciones la de coordinar a comunidades autónomas, entidades locales y otras administración públicas en las acciones consistentes en la protección de los animales.

Por ello, rememora que este departamento trató de establecer contacto con la Comunidad de Madrid desde el mismo día en que se conoció este caso, al objeto de «establecer un mecanismo de colaboración para evaluar la situación de los animales».

«Adicionalmente se ofrecieron diferentes recursos para ubicarlos», prosigue la carta de Belarra entiendo que, ante esos indicios de maltrato que motivaron la suspensión, la Comunidad de Madrid procedería al decomiso de los ejemplares.

REPETIDOS OFRECIMIENTOS DE COLABORACIÓN DESOÍDOS

Desde entonces, desgrana que se ha ofrecido «repetidamente» esa colaboración a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Madrid, órgano en el que recae la facultad de inspección y responsable de la «salvaguarda» de los animales utilizados en experimentación.

«En diferentes ocasiones desde el Ministerio que presido se han establecido intentos de comunicación por diferentes vías, con el departamento competente de su administración, siendo infructuosos los intentos de coordinación, colaboración e incluso respuesta sobre la situación de los animales».

Por todo ello, se dirige personalmente a Ayuso para pedirle que se lleve a cabo las acciones oportunas para «garantizar la colaboración», que se remitan al Ministerios los expedientes elaborados por la Comunidad de Madrid y se les permita la colaboración e inspección, sin olvidar que es la administración autonómica la que tiene potestad de ejercer, con el «objetivo de proteger el bienestar de los animales, el decomiso administrativo de los mismo».

«Reiteramos nuevamente la disponibilidad del Ministerio de Derechos Sociales y su Dirección General de Derechos de los Animales para colaborar de manera coordinada (…) con el único objetivo de conseguir la mejor solución para garantizar el bienestar animal, ofreciendo todos nuestros servicios veterinarios y la colaboración para la localización de centros adecuados de acogida de animales en el caso de ser necesario», concluye la ministra.

LA REAPERTURA FUE «INTOLERABLE»

En redes sociales, García Torres consideró «intolerable» la reapertura del centro y consideró que la Comunidad de Madrid prefirió «mirar a otro lado, pese a las reiteradas peticiones de la sociedad civil, de diferentes instituciones y el proceso judicial para que garantizara el bienestar de los animales» que se encontraban en este centro.

Sobre todo cuando se remitieron cuatro oficios a la Fiscalía, solicitando inspecciones y ofreciendo equipo veterinario e instalaciones para decomiso y puesta a salvo de los animales. En el caso de la Comunidad, se enviaron tres oficios y «ni contestaron».

También indicó que el 11 de abril parecía, a tenor de la paralización de la actividad, que la Comunidad sacaría a los animales y detalló que su departamento propuso la «inclusión» de un sistema de videovigilancia en todos los laboratorios de experimentación del país, medida que ya se aprobó para mataderos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha inaugurado este miércoles entre aplausos la Asamblea General ordinaria de la patronal tras la polémica generada por sus palabras sobre los indultos a los presos del ‘procés’.

Con los asistentes en pie, Garamendi se ha emocionado por el recibimiento de sus compañeros, llegando a derramar alguna lágrima, y ha señalado que lo que ha vivido en los últimos días ha sido una «injusticia».

«He pasado unos días muy malos», ha reconocido a posteriori el dirigente de la patronal, que ha añadido que siempre ha defendido el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la unidad de España y la monarquía parlamentaria.

«Se ha cogido el rábano por las hojas y se ha utilizado una parte de una hora de entrevista, que además no es literal», ha afirmado el líder de la CEOE.

Se refería así a las declaraciones que realizó sobre que si los indultos a los independentistas catalanes condenados servían para normalizar la situación, «bienvenidos» fueran, palabras que le granjearon críticas desde diversos sectores y alabanzas desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la CEOE matizó después que su organización no se posicionaba ni a favor ni en contra de los indultos a los presos independentistas y que en la patronal se defiende la Constitución y el Estado de Derecho.

Garamendi, muy agradecido con el gesto de los asistentes a la Asamblea, ha señalado que «da igual» lo que ha estado diciendo durante días y ha añadido que parece que «no vale de absolutamente nada toda una vida».

«Lo que pase en España depende de la soberanía del pueblo español y de los españoles y eso es lo que hemos dicho siempre y lo que seguimos diciendo a pesar de lo que algunos se empeñen en decir o se interprete fuera de contexto», ha afirmado en su discurso ante la Asamblea, que se ha celebrado presencialmente sólo en parte, ya que muchos de sus miembros han asistido de manera ‘virtual’.

Garamendi ha subrayado que los empresarios quieren a su país y que, si la CEOE se equivoca, «lo hace de buena fe». «Si los empresarios dicen que es mejor no subir los impuestos, será por algo. Lo razonamos, pero que no piensen que somos unos egoístas, porque se ha demostrado la solidaridad de todas las empresas de este país durante la pandemia», ha subrayado.

Asimismo, el líder de la CEOE ha reivindicado la independencia de la organización y el trabajo que desarrolla «siempre con sentido de Estado y lealtad institucional».

«Ésta es la CEOE de ayer, de hoy y la del mañana. Es la CEOE que hoy ha demostrado que sigue unida porque es la unidad la que da la fuerza para sacar adelante el país», ha enfatizado.

La Asamblea General de la CEOE ha finalizado como empezó: con los asistentes a la Asamblea en pie aplaudiendo y ovacionando a su dirigente.

La Policía Nacional detuvo el pasado día 16 de junio, en Gijón, a un hombre de 32 años y nacionalidad española como presunto responsable de un delito de distribución y tenencia de pornografía infantil. Los investigadores localizaron al sospechoso a partir de la denuncia presentada en Málaga, por una internauta a la que habría ofrecido compartir experiencias sexuales con menores.

Según indica la Policía Nacional, el arrestado tenía almacenados en su teléfono móvil 7,88 GB de archivos conteniendo imágenes y vídeos sexuales con niños.

Relata el Cuerpo Nacional de Policía que la investigación se inició en Málaga, a mediados del pasado mes de marzo, cuando una ciudadana puso en conocimiento de la Policía una conversación mantenida a través de un chat virtual, donde un usuario aseguraba abusar sexualmente de su hija pequeña y de otros menores de su entorno próximo, proponiéndole realizar con él dichas desviaciones y compartir experiencias.

Al resultarle inquietante la proposición, la denunciante llegó apedirle su número de teléfono con la excusa de acceder a sus pretensiones, aportando los datos de contacto en sede policial.

La investigación, de la que se hizo cargo el grupo de menores -GRUME- de la Comisaría Provincial de Málaga, permitió averiguar que el responsable del perfil investigado se conectaba desde dispositivos ubicados en Gijón y que compartía imágenes de pornografía infantil con otros usuarios.

Desde ese momento, los agentes solicitaron la colaboración de sus homólogos de la Comisaría Local gijonesa para la continuación de las indagaciones. Así se intensificaron las pesquisas para determinar si el sospechoso tenía a su cargo un menor o si, por su trabajo o relaciones sociales, pudiera tener contacto habitual con niños que fuesen víctima de sus perversiones.

Una vez identificado el responsable, un vecino de Gijón de 32 años de edad , usuario del número de teléfono aportado en la denuncia inicial y cuyo «alias» coincidía con su nombre y año de nacimiento, se procedió a su detención y al registro de su vivienda. En su detención se le intervino material con información relevante

En el domicilio del arrestado, la Policía intervino los soportes informáticos y terminales móviles de los que era usuario, en concreto, seis discos duros, un ordenador portátil y un teléfono móvil.

Una vez realizado el volcado y análisis de la información contenida en esos soportes, se hallaron 116 instantáneas de claro contenido pederasta, en los que aparecían niños desnudos, en posiciones sugerentes, o realizando tocamientos o prácticas sexuales con adultos u otros menores, así como 815 videos en situación similar. En total 7,88 GB de pornografía infantil.

Finalmente, la investigación descartó que el arrestado creara los contenidos difundidos, comprobándose que no tenía hijos, ni acceso a menores de su círculo familiar, laboral o de amistad sobre los que llevar a cabo los abusos de los que alardeaba en los foros para obtener, supuestamente, popularidad en la red. Se trataría de una falacia según las pesquisas.

Así, los centenares de archivos intervenidos no se corresponderían con grabaciones originales realizadas por el arrestado, sino material obtenido a partir de otros usuarios en plataformas y foros privados.

La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, acompañada por la embajadora de España en la Santa Sede, Carmen de la Peña Corcuera, ha dirigido un foro internacional sobre los trasplantes de órganos, donde se ha reordado la importancia de seguir trabajando para evitar el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes.

De acuerdo con los últimos datos del Observatorio Global de Trasplantes (GODT, en sus siglas en inglés), que gestiona la ONT por mandato de la OMS, en 2019 se realizaron 153.860 trasplantes de órganos en todo el mundo.

«Aunque parezca una cifra abrumadora, solo representa el 10 por ciento de las necesidades globales. La OMS calcula que entre un 5 y un 10 por ciento de los trasplantes que se realizan cada año en el mundo resultan del tráfico de órganos», señala en un comunicado.

Este delito ocurre normalmente en el contexto del turismo de trasplante, en el que pacientes de países ricos o con minorías ricas se trasplantan en países en vías de desarrollo con órganos ilícitamente extraídos de los sectores más vulnerables de la población. «Pero ningún país está libre del tráfico de órganos», añade.

El trasplante constituye el mejor o el único tratamiento disponible para pacientes que desarrollan una insuficiencia orgánica avanzada, ya que el trasplante renal es menos costoso que el tratamiento con diálisis y supone un importante ahorro económico para los programas de salud contribuyendo a su sostenibilidad.

Sin embargo, el acceso a esta terapia es limitado por el escaso desarrollo de estos programas y la limitada disponibilidad de órganos en el mundo. Es esta problemática la que ha reunido a los mayores expertos internacionales en trasplante de órganos en un taller virtual organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano y copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el que España, ha tenido un papel fundamental como líder en donación de órganos durante 29 años consecutivos.

Al foro han asistido más de 250 profesionales del trasplante y representantes de los ministerios de salud de 98 países de los cinco continentes. En este encuentro se ha abordado la creciente frecuencia de enfermedades que pueden derivar en la necesidad del trasplante y se ha puesto de manifiesto que el trasplante es la mejor opción terapéutica para tratar la insuficiencia orgánica terminal y se han detallado los elementos que los países han de abordar para el desarrollo de estos programas.

También se ha hecho énfasis en el principio de transparencia y en la necesidad de supervisión de estos procedimientos y de evaluación continua de sus resultados a través del desarrollo de registros post-donación y postrasplante.

Del mismo modo, se han presentado casos de éxito, como el español, para que aquellos países que lo deseen puedan imitar lo que se conoce internacionalmente como el ‘Spanish Model’, cuyos elementos se han reproducido con éxito en países como Australia, Canadá, Reino Unido o gran parte de Latinoamérica.

Esta puesta en común culminará con el desarrollo de un informe que permitirá impulsar la terapia del trasplante de forma regulada y protegiendo a donante y receptor.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado la imputación del presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán y de tres directivos, el ‘número dos’ y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Les imputa un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo.

En su auto el magistrado acepta así la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 17 de Tándem y explica que los cuatro desde sus respectivos puestos directivos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encuentran desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.

Fuentes de la compañía indican que ya en mayo se pusieron a disposición de la Audiencia Nacional, y que será una oportunidad para esclarecer los hechos en una causa que se extiende desde 2019 con el consiguiente daño reputacional para la eléctrica. Sánchez Galán y Orbegozo han sido citados para el 7 de julio y Martínez Córcoles y Becker el día 6 de julio.

A lo largo de 22 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 hace un exhaustivo repaso por todos los hitos de esta pieza, que arrancó en octubre de 2019 tras recibir un oficio de Asuntos Internos elaborado a partir de la documentación aprehendida en los registros. En él, ya se destacaba que en 2004 la eléctrica contrató con Cenyt –empresa de Villarejo– a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto ‘Arrow’, que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para ese proyecto, que se extendió hasta 2006, el comisario –aun en activo– accedió a tráficos de llamadas de investigados y los informes que llegaban a Iberdrola tenían el carácter de confidencial. El juez dice que hubo intención de ocultar esos trabajos porque las facturas no fueron emitidas por Cenyt sino por otra compañía diferente, Castellana de Seguridad S.A. (CASESA) y apunta que por entonces, Sánchez Galán era vicepresidente y consejero delegado.

EL INFORME DEL OLMO

En diciembre de 2004 uno de las personas clave de esta causa, quien fuera director de Control de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo, comunicó irregularidades en esos trabajos de Arrow a la dirección de Regulación, puesto que ocupaba el investigado José Luis San Pedro. Ponía de manifiesto que Asenjo le había comunicado que «Sánchez Galán había ordenado realizar unos trabajos especiales de vigilancia» y que «únicamente» eran conocidos por Bécker y Martínez Córcoles.

Ese informe apuntaba que Asenjo le dio tres remesas de facturas emitidas por CASESA por esa vigilancia. Además, hablaba de una segunda remesa que fue revisada y contabilizada por el también investigado Pablo Insunza, quien era director de Administración de Funciones Corporativas, algo que él mismo corroboró ante el juez. Pero el momento clave que recoge Del Olmo se produce en septiembre de 2004 cuando Asenjo le dice que quien hace los trabajos en realidad no es CASESA sino otra empresa «a la que Iberdrola no podía realizar pagos».

Además recogió que Asenjo le habló de otros trabajos similares por valor de 450.000 euros que no iban a ser ejecutados por CASESA, y en octubre le entregó una factura emitida por Cenyt.

Ese informe ha sido objeto de polémica en la instrucción, tal y como recuerda el magistrado, porque el superior a Del Olmo no recuerda haberlo recibido y no consta en el archivo de la eléctrica. Pero el juez dice que del testimonio de San Pedro y de un segundo informe de 20 de diciembre de 2004 redactado también por Del Olmo y firmado por los directivos Marcos Peña y Ángel Zarabozo en el que decían que esas facturas «no respetaban la normativa interna», puede inferirse que Sánchez Galán, Becker y Martínez Córcoles tenían «conocimiento de estos hechos».

El juez apunta que obra en la Agencia Tributaria pagos de CASESA a Cenyt por un importe total de 407.740 euros, a lo que suma que según oficios policiales también se han conocido en la causa hasta dos transferencias de más de 80.000 euros en agosto y septiembre de 2004 de CASESA a Cenyt. Esto «ratifica» la versión de los hechos aportada por Del Olmo.

INFRINGIÓ LA NORMATIVA INTERNA

Además, García-Castellón menciona en su auto los diversos informes de cumplimiento elaborados por la eléctrica sobre esos contratos con Cenyt, y destaca los de febrero y marzo de 2020 en los que se apunta que las 12 facturas relacionadas con Villarejo, que no estaban asociadas a un pedido concreto dada su confidencialidad, debían enmarcarse en alguno de los cuatro supuestos previstos por la compañía, y sin embargo no fue así. «Se viene a reconocer que en la tramitación de las facturas correspondientes a este proyecto (…) se infringió la normativa interna vigente», añade.

Además, el magistrado recuerda que Asenjo ha reconocido que los conceptos de las facturas «no respondían a la realidad» y que él era quien comunicaba a Cenyt los conceptos que debían figurar. «Queda de este modo indiciariamente acreditado que los servicios no se prestaron en los términos expresados en las facturas, sino que, por el contrario, para tratar de ocultar los trabajos realizados, se procedió a la manipulación de sus conceptos», apunta el juez.

En el auto también se recogen otros proyectos elaborados por Villarejo como el denominado ‘Black Board’ o ‘B-B’ que en 2004-2005 tenía por objeto conocer información sensible de actividades de Pizarro. El juez destaca que se requisaron numerosos informes que incluían acceso a tráfico de llamadas, y que Iberdrola abonó una factura de 93.438,66€ y una segunda en 2004 que ascendió a 116.00€.

El juez indica que en 2009 Asenjo encargó a Villarejo los denominados ‘Gipsy’ y ‘Posy’. El primero consistió en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Las pesquisas de Villarejo se extendieron a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez.

En ‘Posy’ el objetivo era investigar a Florentino Pérez porque querían conocer «cualquier circunstancia que pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola». De lo intervenido, se supo que recabaron datos personales de él y su familia, y constan dos facturas de las que tuvo conocimiento Del Olmo. De hecho el juez recoge que de sus anotaciones se sabe que Asenjo le indicó que de ese trabajo «solo tenía conocimiento Sánchez Galán», y antes de pagarlo fueron firmadas por Orbegozo.

Finalmente, el juez, tras hablar de otro de los proyectos (‘Wind’), indica que de la contabilidad de Iberdrola se sabe que fueron recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por Cenyt entre 2004 y 2012 por importe total de 1,04 millones. También menciona las conversaciones mantenidas entre Villarejo, Redondo –socio del comisario– y Asenjo en las que éste pregunta cómo podrían establecer una relación comercial estable. Un dato que vendría a avalar, según el juez, que estos encargos no fueron esporádicos o puntuales «sino que tuvieron continuidad en el tiempo, comentándose incluso en la conversación cómo podrían las partes camuflar tal continuidad».

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha absuelto a un joven para el que la Fiscalía y la acusación particular reclamaron en el juicio ocho años de cárcel por un presunto delito continuado de abusos sexuales cometido sobre una menor de 17 años, al concluir el tribunal que, en las relaciones sexuales mantenidas por ambos, no consta falta de consentimiento «expreso o tácito» por parte de la denunciante, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En la sentencia, fechada el 15 de junio, la Sección Primera considera probado que, el día 19 de enero de 2019, la menor, entonces de 17 años, se dirigió en compañía de varios amigos al domicilio que el acusado, identificado como M.Z.C. y entonces de 21 años, compartía con varias personas más «con el fin de pasar la noche todos en dicha vivienda», permaneciendo en el salón hasta altas horas de la madrugada, de forma que, durante este lapso de tiempo, la joven y el investigado, «recostados en el sofá» junto a otros dos jóvenes, «se acariciaron mutuamente mientras veían una película y consumían pequeñas cantidades de alcohol, sin que conste que tal ingesta afectara en modo alguno a las normales facultades» de ambos.

El tribunal relata que, en hora no determinada de la madrugada del día 20 de enero, el acusado y los otros dos jóvenes se retiraron a sus respectivas habitaciones, unidas al salón por un corto pasillo de escasas dimensiones, permaneciendo la menor en el salón para pasar allí la noche, todo ello hasta que, entre las 2,30 y las 5,00 horas, el procesado salió de su habitación para ir a la cocina y, al pasar por el salón y ver a la denunciante, se acercó a ella, «manteniendo relaciones sexuales plenas (…), sin que conste empleo de violencia física o intimidación por parte del acusado, ni falta de consentimiento expreso o tácito» de la joven.

La Audiencia considera probado que, cuando todos se levantaron en torno al mediodía del domingo, comieron y pasaron la tarde juntos, mostrándose la joven «en todo momento normal y sin preocupación alguna» hasta que, sobre las 18,30 horas, recibió un mensaje de su madre que «la entristeció», abandonando la vivienda «de forma precipitada» y remitiendo durante el trayecto de regreso a su domicilio un mensaje de WhatsApp a uno de sus amigos en el que le expresaba su preocupación «porque pensaba que sus padres la iban a castigar por llegar tarde a casa».

LAS REDES SOCIALES

Además, y esa misma tarde, la joven subió a una red social el mensaje de que «no tenía que haber pasado, pero ha pasado», un mensaje que ella misma borró después pero que pudieron ver varios amigos antes de que fuera eliminado, indica el tribunal, que agrega que, al día siguiente, una de las profesoras de la joven «advirtió que estaba triste y cabizbaja», por lo que le preguntó qué le ocurría.

En ese momento, la menor le contó a la profesora que «había sufrido un abuso sexual por parte de dos personas desconocidas» pero le pidió que no le contara nada a sus padres. La menor, en este sentido, ocultó a su madre la conversación que había mantenido con la profesora hasta que, el día 22 de enero, la progenitora acudió al centro educativo por motivos académicos, enterándose entonces a través de los responsables del centro educativo del episodio narrado por su hija.

Al día siguiente, y después de contarle a su madre los hechos expuestos en la denuncia, la menor acudió al Servicio de Urgencias de un centro hospitalario acompañada de su progenitora, donde fue explorada y le fueron halladas distintas lesiones a nivel extragenital y también en la zona genital «de origen reciente y etiología inespecífica».

La Audiencia resalta que, cuando tuvo conocimiento de los hechos, un amigo le preguntó a la menor si había sido una relación sexual consentida o no, y la denunciante le dijo que «tenía dudas sobre si la habían violado o no».

«FISURAS RELEVANTES EN LA CREDIBILIDAD» DEL TESTIMONIO DE LA MENOR

En la sentencia, la Sección Primera manifiesta que tanto el procesado como la víctima «admitieron haber mantenido relaciones sexuales plenas», radicando la controversia en determinar si estas relaciones fueron o no consentidas por la menor o, para doblegar su voluntad, el acusado empleó violencia o intimidación.

En este sentido, el acusado «reconoció de forma invariable, desde su primera declaración», que mantuvo una relación sexual con la joven pero que la misma fue consentida, mientras que la menor negó tanto en fase de instrucción como en el juicio que dichas relaciones fueran consentidas, no obstante lo cual el tribunal considera que «existen fisuras relevantes en la credibilidad del testimonio de la víctima al no superar este análisis el triple test que establece la jurisprudencia para valorar la fiabilidad del mismo -ausencia de motivos de incredibilidad diferentes a la propia acción delictiva, persistencia en sus manifestaciones y elementos corroboradores-, sin que conste acreditada una situación de prevalimiento de la que hubiese podido valerse el procesado para llevar a cabo el acto sexual».

«En la declaración prestada en el plenario (por la víctima) se aprecia una significativa diferencia con respecto al primer relato», indica la sentencia, agregando que «las discrepancias advertidas no constituyen datos irrelevantes o accesorios sino nucleares respecto al momento en el que el procesado pudo impedir que ella pidiese ayuda durante el desarrollo del acto sexual».

«CARENCIAS RELEVANTES»

«Apreciamos carencias relevantes en los tres parámetros analizados, a lo que se une la falta de corroboración periférica a la vista del resultado de los testimonios de los amigos que prestaron declaración en el plenario y de las conclusiones del informe emitido por el médico forense por la inespecífica etiología de las lesiones descritas en el mismo», subraya la Audiencia.

Así, y sobre los informes periciales obrantes en las actuaciones relativos a la exploración física y psicológica de la sintomatología que la menor mostraba y el análisis de la credibilidad del testimonio realizado por distintos profesionales, el tribunal señala que «la mayoría de los informes determinan que la sintomatología que sufría la menor es compatible con la situación de abusos sexuales que ésta describe», pero sin embargo los resultados de los mismos «no son concluyentes, al no descartar otras causas alternativas posibles del cuadro sintomático reflejadas en su biografía, no pudiendo desplazar dicha prueba pericial, en cualquier caso, la valoración del tribunal respecto a la fiabilidad del testimonio de la víctima».

Al hilo, indica que, «apareciendo en el análisis realizado de cada uno de los parámetros jurisprudenciales indicados deficiencias relevantes, debemos concluir que la declaración de la víctima es inhábil para fundamentar un pronunciamiento de condena por no superar el canon de suficiencia exigible, lo que unido a la etiología inespecífica de las lesiones descritas en el informe médico alientan las dudas del Tribunal sobre la falta de consentimiento de la víctima como requisito necesario para fundamentar un pronunciamiento de condena en los términos interesados» por la Fiscalía y la acusación particular.

«Siendo insuficientes las pruebas practicadas para generar la exigible certeza del Tribunal sobre la realidad de los hechos enjuiciados, más allá de toda duda razonable, la petición de condena debe ser rechazada en atención al principio jurisprudencial ‘in dubio pro reo'», concluye la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Rey ha respaldado este miércoles 23 de junio al sector cultural, recordando su «indudable valor económico», señalando la importancia de «asimilar que la inversión en este ámbito y la protección de creadores y nuestras empresas culturales es una condición imprescindible para la sostenibilidad».

Felipe VI ha entregado en un acto en el Palacio Real de El Pardo las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2018 y 2019. En su discurso, el monarca ha defendido la importancia de los artistas, con los que se salda «una deuda» con este reconocimiento.

No podemos olvidar lo que supone la cultura como valor. Su aportación a nuestra sociedad es tan incalculable como la deuda que nuestra sociedad tiene con ella», ha destacado, para resaltar además que la cultura «suavizó los duros meses del confinamiento».

«Las series, las películas, hicieron más llevadera la soledad; la música nos acompañó en todo momento; los libros nos abrieron horizontes más amplios y luminosos; los museos, las salas de teatro y de conciertos nos permitieron asistir, a través de Internet, a exposiciones y estrenos. Incluso la creación espontánea o el descubrimiento de talentos desconocidos tuvieron su espacio e impacto», ha indicado Felipe VI.

A raíz de este periodo, para el Rey la sociedad ha «comprendido todavía más» que se necesita la cultura «para poder ser y para poder vivir». Además, ha reivindicado el papel de «referente mundial» de la cultura española por ser la primera que reanudó la actividad presencial y «por haberlo hecho de manera segura».

«Gracias a la promoción del lema ‘Cultura Segura’ se pudo volver a los museos y a los teatros, a las salas de cine, y se hizo protegiendo a espectadores, artistas y trabajadores. Nuestro país se convirtió en una verdadera excepción cultural europea. Y a la importancia de nuestro patrimonio añadimos la vitalidad de nuestra creación», ha celebrado.

En este sentido, ha calificado de «parte fundamental» del patrimonio cultural español a los artistas que han recibido la Medalla de Oro en este acto. «Nos hace crecer espiritual y materialmente, como personas y como país. Vosotros y vuestras obras sois la mejor expresión de la actual creatividad cultural de España», ha apuntado, para luego destacar también su labor de «diplomacia cultural».

«La creatividad desbordante de la cultura española es admirada, demandada y respetada en todo el mundo. Y esa contribución al proyecto común de todos los españoles merece el mayor reconocimiento, el que representan estas medallas, símbolo con el que se reconoce la deuda de nuestra sociedad por el incalculable valor de vuestro trabajo», ha concluido.

El Rey ha enumerado algunos monumentos como la Alhambra de Granada, el Monasterio de El Escorial o la Cuenca Arqueológica de Atapuerca como ejemplos de que la Historia del arte mundial «no sería la misma sin la extraordinaria aportación de España».

URIBES DEFIENDE EL «CONSENSO» CULTURAL

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha defendido que en actos como este se opte «por el encuentro, por el reconocimiento del otro como amigo», porque entiende que la cultura es «propiciatoria para el consenso.

Optamos por la amistad, por la amistad cívica, la comunicación honesta y constructiva, el diálogo respetuoso entre iguales. Es el paso de la mera sociabilidad a la convivencia y a la fraternidad, de la coexistencia a la solidaridad», ha añadido.

RUBÉN BLADES, GARCÍA-ALIX O JULIETA SERRANO

Entre los premiados con las Medallas de oro al mérito de las Bellas Artes 2018 que han acudido a recoger el galardón han estado el cantante Rubén Blades; el director de teatro Lluís Pasqual; el fotógrafo Carlos Pérez Siquier; el cocinero Ángel León; la cantante Fátima Miranda o el guitarrista flamenco Pepe Habichuela, entre otros.

Mientras, han recogido su Medalla de oro al mérito de las Bellas Artes 2019 el cocinero Martín Berasategui, la actriz Julieta Serrano, la cantante Martirio, la actriz Rossy de Palma, el fotógrafo Chema Madoz la cantaora flamenca María Vargas o el fotógrafo Alberto García-Alix, entre otros.

El vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha exigido al Gobierno el traspaso de la gestión de Rodalies y del Aeropuerto de Barcelona-El Prat a la Generalitat durante esta legislatura.

Lo ha dicho este miércoles durante su comparecencia en comisión parlamentaria para informar sobre los objetivos y actuaciones de su departamento durante la actual legislatura.

Puigneró ha cargado contra la gestión de Rodalies realizada por Renfe y ha asegurado que la solución «se llama Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC)» y, textualmente, que la peor política de fomento del transporte colectivo es dejar Rodalies en manos de Renfe.

«Llevamos hablando de Rodalies demasiado tiempo», ha apuntado el vicepresidente, que ha añadido que la gestión actual provoca, literalmente, desafección y desconfianza entre los usuarios.

Por otro lado, ha apuntado que la Generalitat no quiere negociar qué hacer con el Aeropuerto de Barcelona o si es necesaria su ampliación, sino que quiere la gestión de la infraestructura: «Queremos el Aeropuerto».

FALTA DE INVERSIONES

Puigneró ha criticado la falta de inversiones que según él está llevando a cabo el Gobierno en Cataluña y ha asegurado que esto «supone un agravio a los catalanes», ya que considera que no puede continuar teniendo obras o infraestructuras esperadas que, textualmente, no llegan nunca.

Ha detallado que desde 2013, el Estado solo ha ejecutado un tercio de las inversiones presupuestadas y que el peso de las inversiones del Estado se ha mantenido «siempre» por debajo del peso del PIB catalán en el del conjunto del Estado.

«Los que tienen responsabilidades de Gobierno en Madrid, tendrían que reflexionar sobre qué significan los agravios que sufrimos en Cataluña», ha sentenciado.

MOVILIDAD COMO SERVICIO

El vicepresidente ha apuntado que la Generalitat debe dar respuesta al fenómeno de la movilidad como servicio y ha asegurado que para hacerlo el Govern necesita y quiere las competencias y que aún no tiene algunas.

En este sentido, ha avanzado una nueva cultura en el que «más paga quien más utiliza» a través de una movilidad más eficiente y un billetaje digital basado en tarjetas sin contacto.

Además, ha anunciado que durante esta legislatura el Govern impulsará el aparcamiento de enlace, creará una red de puntos de recarga para coches eléctricos en el territorio y repensará nuevos sistemas de movilidad.

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

Puigneró ha asegurado que el Govern «no bloqueará de entrada» la inversión para ampliar el Aeropuerto de Barcelona y ha afirmado que la inversión prevista por Aena debe figurar en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que marca las inversiones de Aena y que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros tras el verano.

«En todo caso, el plan director que se derive deberá contemplar las variantes» que pueda plantear el Govern en materia medioambiental, ha señalado Puigneró.

Ha asegurado que la mesa de diálogo creada debe servir para encontrar una solución «respetuosa con el medio ambiente» y se ha mostrado convencido que se encontrará una solución, aunque ha pedido la ayuda del Gobierno y de Aena para alcanzarla.

Ha subrayado que el Govern quiere que Cataluña tenga un aeropuerto con vuelos intercontinentales y que «la solución pasa por incluir los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Girona)» que permita hablar de un sistema aeroportuario y que se hagan las conexiones de alta velocidad ferroviaria necesarias para posibilitarlo.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 10 años de prisión, entre otras penas y medidas, para un procesado por agredir sexualmente en el municipio de Mieres a la hija de un amigo suyo, a la que llevó a su casa bajo engaños. La vista oral se celebró ayer martes y hoy miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 21,00 horas del día 15 de agosto de 2018, la víctima, nacida en 1997, se dirigía a su casa, en el municipio de Mieres, cuando se encontró con el procesado que ahora tiene 43 años, un conocido de su padre con el que en ocasiones coincidía en un bar cuando acudía con él al local y con el que no tenía ninguna relación.

Entonces, el procesado se dirigió a ella, diciéndole que fuera con él a su domicilio a recoger algo que tenía para su padre. Así, la joven aceptó ir a la casa, en la que nunca había estado. Una vez en el interior del domicilio, el procesado se puso violento y le dijo: «Qué buena estás, hija de puta».

A continuación, sin que la chica se lo esperara, la cogió con fuerza por la muñeca derecha y la llevó hasta un dormitorio. La joven hizo fuerza para liberarse, sin éxito, y le dijo que no quería ir en varias ocasiones. Ya en la habitación, el procesado la agredió sexualmente. Fue interrumpido por el hijo del procesado, menor de edad, que entró en el dormitorio, momento que aprovechó la joven para huir, abandonar el domicilio y acudir inmediatamente a un centro de salud. De allí fue derivada al Hospital Alvarez de Buylla, donde fue examinada. Presentó denuncia ante la Guardia Civil ese mismo día, a las 23.15 horas.

A consecuencia de estos hechos sufrió distintas lesiones, tanto físicas como psicológicas.

Por auto de fecha 17 de agosto de 2018, dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Mieres, se impuso al procesado la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a la joven, su domicilio u otro lugar frecuentado por ella, y de comunicarse con la misma por cualquier medio, hasta que haya sentencia firme.

La Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito de agresión sexual de los artículos y un delito leve de lesiones y solicita que se condene al acusado a 10 años de prisión, inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y libertad vigilada durante 5 años, a cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad. Asimismo, la prohibición de aproximarse a la joven a menos de 300 metros durante 15 años y de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo período.

Por el segundo delito, se le pide la pena de 3 meses de multa, con una cuota diaria de 8 euros. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la mujer con 20.000 euros por los daños morales ocasionados y con la cantidad que se concrete por las lesiones; y al Sespa, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por la asistencia medica prestada en el Hospital Alvárez Buylla.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reiterado sus disculpas a los líderes del ‘procés’ por el retraso en la concesión de los indultos, al entender que estaban en prisión por una sentencia del Tribunal Supremo «que no era justa».

Y es que para Asens la situación de los dirigentes que impulsaron el referéndum del 1-O era una «anomalía muy flagrante» al estar casi cuatro años en la cárcel por hechos que en Europa se consideran de «naturaleza política sin relevancia penal».

En declaraciones a ‘La Sexta’, Asens ha explicado que su postura coincide con los pronunciamientos de tribunales europeos y el criterio de la mayoría de juristas progresistas. Partiendo de esta premisa, ha pedido «disculpas» a los indultados, así como al conjunto de la sociedad catalana, dado que la medida de gracia «llega tarde» y debía haberse producido antes.

LA AMNISTÍA AHORA NO ES UNA FÓRMULA VIABLE

Por otro lado, el también dirigente de En Comú Podem ha subrayado que la propuesta de su espacio político para el conflicto catalán era precisamente los indultos y la reforma del delito de sedición, no la amnistía que «no es ahora una fórmula viable» y no cuenta con una mayoría parlamentaria para progresar.

Eso sí, tras dejar claro que no es su opción, no se oponen a que se debata sobre la amnistía, que es una medida «legítima y legal» como ya se pronunció el Tribunal Constitucional en relación a la amnistía de 1977, lo que fraguó el actual sistema político español. «Negar su legalidad sería negar la propia democracia española», ha desgranado.

Para Asens, los indultos son un «punto de partida» de cara a construir un nuevo escenario de diálogo y una medida que reivindica la mayoría de la sociedad catalana. Además, ha destacado que pocos indultos tienen «tanta legitimidad» con los referentes a los dirigentes independentistas, con el «aval de Europa y el Congreso».

Por tanto, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos ha destacado que ha habido «valentía» al otorgarlos y ve «falso» el argumento de la derecha de que sea un «pago» a los independentistas, puesto que los indultos obedecen a un acuerdo entre su espacio político y el PSOE.

LOS INDULTOS SON FORTALEZA, NO DEBILIDAD

De esta forma, ha rechazado tanto la visitón del PP como la del líder de ERC, Oriol Junqueras, al calificar los indultos de «debilidad» porque precisamente son un «signo de fortaleza democrática».

«La debilidad fue la respuesta al 1-O, un signo de debilidad es mandar a la cárcel líderes independentistas», ha sentenciado Asens para quien la fortaleza democrática es recurrir al diálogo, «no a las porras y togas».

Respecto al caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, también cree que sufre una «anomalía» porque puede moverse por todo el mundo al gozar de inmunidad en su condición de eurodiputado «menos en España».

LOS JUECES NO PUEDEN REVERTIR LOS INDULTOS

También ha tachado de «cínica», «hipócrita» y «desmemoriada» la postura del PP sobre los indultos, que ahora quiere recurrir cuando, a su juicio, carece de legitimidad activa para hacerlo y cuando en el pasado concedieron miles de indultos en su etapa en el Gobierno, alguno «polémicos».

«Los jueces no pueden sustituir la legitimidad del Ejecutivo», ha proclamado Asens para censurar que «nunca» una formación política había cuestionado la facultad del Ejecutivo para otorgar indultos, como ahora despliegan los «populares».