El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó ha asegurado este miércoles seguir sintiendo el respaldo de España, pero ha trasladado a la comunidad internacional la necesidad de «buscar alternativas» en la comunidad internacional para «enfrentar a este tipo de regimenes» como el del presidente, Nicolás Maduro, «que no pasan ni por la normalización, ni el olvido».

«Yo sigo sintiendo el respaldo de Europa, de España también. Creo que hay que buscar alternativas de cara a la solución, están respaldando el acuerdo de salvación nacional, lo dijeron públicamente, estamos trabajando para que eso sea una realidad», ha dicho en una entrevista en RNE.

«La gran pregunta es qué podemos hacer los venezolanos, en primer lugar, y la comunidad internacional para enfrentar a este tipo de regimenes, que no pasa ni por la normalización, ni mucho menos por el olvido de la crisis», ha expresado Guaidó, para quien el caso venezolano guarda muchas similitudes con los de Nicaragua y Bielorrusia.

«La gran pregunta para la comunidad internacional es qué herramientas adicionales hay para enfrentar a dictadores como estos y no permitir que el brote autoritario se esparza por el mundo», ha subrayado.

Por otro lado, Guaidó ha descartado que la fuerza opositora que lidera se presente a las elecciones a gobernadores y alcaldes previstas para el 21 de noviembre, pues considera que los únicos comicios «que solucionan el conflicto» son las presidenciales.

«Estamos luchando por tener elecciones libres y justas. Hoy no hay condiciones para poder participar en un escenario como ese (…). Queremos que el venezolano elija y entendemos que la elección que soluciona el conflicto es la presidencial, la elección regional y municipal no soluciona la crisis que atravesamos los venezolanos», apunta.

Guaidó ha apelado a estas «herramientas del mundo libre» para presionar al Gobierno de Venezuela a aceptar la propuesta de negociación que ha puesto encima de la mesa y en la que espera se sienten también como mediadores la comunidad internacional, ya que «no hay confianza en el régimen», con el fin último de que se celebren «elecciones justas».

En ese sentido, Guaidó ha defendido que el levantamiento de sanciones debe estar sujeto a la aceptación por parte del Gobierno venezolano de ese denominado «acuerdo de salvación nacional».

En relación a la desunión que se le achaca a la oposición en Venezuela, con algunos partidos incluso participando en las elecciones, Guaidó ha recalcado que «ha habido unidad fuerte y poderosas en los últimos doce años» contra el Gobierno y que todavía se sigue trabajando «constantemente en la construcción de consensos».

«Lo peligroso de este tipo de dictaduras es que tienden a relativizar, tendemos a decir que no hemos salido de Maduro porque uno o dos dirigentes no están de acuerdo con una propuesta y no es así, es porque ha asesinado a dirigentes, o los tiene en el exilio, o ha ilegalizado partidos», ha dicho.

«La alternativa democrática está lista. La delegación está en una gira en estos momento por Estados Unidos, esperamos que tenga un punto de contacto en Bruselas también la semana próxima para poder acelerar estos tiempos. La alternativa democrática está lista para sentarse, hoy es la dictadura quien debe dar respuesta a sentarse lo más rápido posible», ha concluido.

Exministros del PP han coincidido este miércoles con el expresidente José María Aznar, durante la reunión del patronato de FAES, en el error político que supone indultar a los condenados por el ‘procés’, según han informado a fuentes de la fundación.

El patronato de FAES, que ha celebrado este miércoles su reunión semestral ordinaria, ha dedicado buena parte de su tiempo a analizar la situación de España y la actualidad política tras la decisión del Consejo de Ministros de dar luz verde este martes a los indultos y la salida de prisión de los nueve líderes independentistas.

Así, aparte del orden del día fijado para aprobar las cuentas, el informe de actividades del primer semestre y el programa de trabajo para lo que resta de año, los asistentes a esta cita –algunos han delegado su voto– han centrado la parte de las deliberaciones a valorar e intercambiar opiniones sobre el paso que ha dado el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

«UNA HUMILLACIÓN» Y «UN ERROR POLÍTICO»

El patronato de FAES ha apoyado de forma unánime el diagnóstico que ha realizado sobre los indultos Aznar, quien considera que la medida de gracia es una «humillación» para los españoles y un «error político», según han indicado las fuentes consultadas.

Ya este martes, en una conferencia-coloquio con estudiantes colombianos, el expresidente aludió al error «mayúsculo» e «inmenso» desde el punto de vista político que suponía la medida de gracia. «No se puede indultar a los que no respetan las reglas del juego y que además dicen que las van a seguir sin respetar y que van a seguir haciendo lo mismo», proclamó.

Aznar, que cree que «las decisiones políticas producen consecuencias», está convencido de que no se puede indultar a «los autores de un golpe de Estado que dicen que lo van a volver a hacer en cuanto puedan». Los nueve dirigentes independentistas indultados han salido de prisión este miércoles reivindicado la independencia de Cataluña con la pancarta ‘Freedom for Catalonia’.

CASI UNA DECENA DE EXMINISTROS DEL PP INTEGRAN EL PATRONATO

En la fundación FAES que preside Aznar ocupa el cargo de vicepresidente Manuel Pizarro, exdiputado del PP y expresidente de Endesa. El eurodiputado Javier Zarzalejos ejerce de director de la fundación.

Además, casi una decena de exministros del PP componen el patronato, como Alberto Ruiz Gallardón o Ángel Acebes, que fueron titulares de Justicia; los exjefes de la Diplomacia española Abel Matutes, Josep Piqué o Ana Palacio; el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja; el extitular de Fomento Rafael Arias Salgado; o el exministro portavoz Pío Cabanillas.

También forman parte de este órgano la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el consejero madrileño Javier Fernández-Lasquetty; el diputado del PP Gabriel Elorriaga; o el que fuera embajador en Estados Unidos Javier Rupérez, entre otros.

La expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado que los indultos a los presos del ‘procés’, que ha criticado que «se saltan la Constitución y las leyes», semejan representar el «primer paso» para que Cataluña y España «se sienten» como «si fuesen equivalentes» y, tras ello, se produzca «un referéndum de autodeterminación».

En todo caso, ha considerado que el rey Felipe VI debe firmar «aquellas decisiones que el Gobierno ponga (sobre la mesa)», según ha afirmado en la presentación de su libro ‘Sin complejos’ en Vigo. Así, ha reprobado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, haya adoptado esta decisión, que ha achacado a «una ideología» que ha advertido que busca que «siga en la Moncloa».

«Sánchez está en contra de que la ley se cumpla», ha censurado tras defender que los presos del ‘procés’ deben ser juzgados «con todos los derechos y garantías» y cumplir la pena que se les impuso.

Frente a ello, ha remarcado que existen mecanismos constitucionales que implican que la independencia de un territorio debe ser votada «por todos los españoles» y ha hecho alusión a la propuesta presentada por el exlehendakari Ibarretxe que llegó a someterse al Congreso.

Por otra parte, ha indicado que en su ensayo, cuyo subtítulo reza ‘Solo una derecha unida y orgullosa de su Historia puede volver a gobernar España’, ha analizado la situación política actual y ha llamado a todas las fuerzas de centro derecha a iniciar un periodo de reflexión con vistas a reagruparse. Aunque ha considerado complicado que se produzca una coalición entre Vox, Ciudadanos y el PP, ha apostado por que alcancen «acuerdos» en circunscripciones pequeñas.

«BATALLAS IDEOLÓGICAS»

Del mismo modo, ha afirmado que el Partido Popular «no tiene que rehuir batallas ideológicas ni culturales», que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy consideraba «un lío». Así, ha recordado que tras las elecciones municipales de 2015 se inició una etapa en la que el voto popular «se dividió en tres».

Mientras, ha elogiado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «haya dado todas las batallas ideológicas que se le han planteado» y ha resaltado su apuesta por el lema ‘socialismo o libertad’, que «nadie se había atrevido a poner sobre la mesa», para su campaña electoral en el marco de las pasadas elecciones a la Asamblea.

Además, Aguirre ha celebrado «el giro hacia el centro» emprendido por el PP, pero ha reprobado la sustitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso y los «ataques personales» de Pablo Casado hacia Santiago Abascal durante el debate de la moción de censura presentada por Vox. También ha criticado que la pérdida de escaños en las elecciones catalanas sufrida por Ciudadanos no se reflejase en los resultados del PP.

No obstante, ha constatado «la subida en las encuestas» de la intención de voto a favor del PP y que, a su juicio, representa el motivo «por el que Pedro Sánchez no convoca elecciones».

El acto ha contado con la participación de la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, que ha realizado un recorrido por la trayectoria de Aguirre. Asimismo, han asistido los exalcaldes de Vigo Manuel Pérez y Corina Porro, entre otros.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado este miércoles, en una nueva declaración ante el juez que investiga la ‘Operación Kitchen’, que el ‘pendrive’ donde supuestamente guardaba las grabaciones que habría hecho al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y que demostrarían que éste conocía la ‘caja b’, salieron de la sede de Génova con otro material sensible hacia el estudio de su mujer, Rosalía Iglesias, donde habrían desparecido.

Bárcenas ha comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, para aclarar el destino de esa y otra grabación, esta segunda de una conversación similar con el ex secretario general del PP Javier Arenas, que habría guardado en dos ‘pendrives’ y en una nube ‘online’.

El antiguo responsable de las finanzas del PP atribuye la desaparición de esas grabaciones al espionaje parapolicial del que habría sido víctima con la ‘Operación Kitchen’, presuntamente ideada desde el Ministerio de Interior, y costeada con fondos reservados, con el objetivo de sustraer a Bárcenas y su entorno la documentación comprometedora que pudieran tener sobre el partido y sus dirigentes.

En esta ocasión, según las fuentes jurídicas, ha relatado a García-Castellón que, en su despacho en el cuartel general del PP, en la Sala Andalucía, almacenaba una serie de cajas con diverso material, incluidos los dos ‘prendrives’. Una vez materializado su despido, su chófer, Sergio Ríos –investigado como espía de la trama–, las trasladó al taller de restauración de arte que su mujer tenía en la calle General Díaz-Porlier de Madrid.

Bárcenas ha asegurado que los pendrives se movieron con esa mudanza. Sin embargo, dos años después de salir de prisión, hacia principios de 2015, cuando empezó a revisar las cajas, advirtió que las grabaciones no estaban. Inicialmente pensó que faltaban cajas que el propio PP habría intervenido en 2013, con su ingreso en prisión provisional. No se le ocurrió que hubieran llegado y extraviado en el estudio de su mujer hasta que un periodista le comentó algo de una operación policial.

UN SEGURO PARA BÁRCENAS

En esas cajas, además de los dos ‘pendrives’, habría varios teléfonos y material sensible como donaciones que no aparecen en sus ‘papeles’ y documentación de campañas, como pagos de ‘mailing’ electoral e imprentas. Entre esos archivos habría también información sobre la financiación de las elecciones gallegas que Pablo Crespo, ex dirigente del PP gallego que figura como uno de los conseguidores de la ‘Gürtel’, habría entregado al predecesor de Bárcenas, Álvaro Lapuerta.

Las grabaciones, conforme contó al juez en una declaración del pasado mes de diciembre, eran una especie de seguro ante el «desmarque» que el partido y sus responsables parecían haber iniciado respecto a su figura.

En ese contexto de transición en las relaciones entre él y el PP se habrían producido varios altibajos. Durante su primera estancia en la cárcel, sostiene que primero un abogado cercano al partido, Javier Iglesias, le ofreció 500.000 euros si no sacaba nada a la luz, negocio que rechazó exigiendo más dinero. Después, sufrió un trato muy duro que incluiría seguimientos de un falso recluso que sería agente del CNI.

En un segundo giro, hacia octubre de 2013, otro intermediario, Javier Sánchez Lázaro, le habría vuelto a ofrecer ese dinero, 500.000 euros, y una mejora en las condiciones carcelarias que pasaría por más horas de conversaciones telefónicas y ‘vis a vis’ extra con su mujer, que se materializaron sin que él los pidiera y sin que quedara constancia escrita, siempre se los comunicaban verbalmente.

ELIMINADOS TAMBIÉN DE LA ‘NUBE’

Él achacó estos beneficios penitenciarios a sus relaciones con el PP, por lo que, como gesto de buena voluntad, encargó a un preso de su confianza, Isidro S.S., de origen colombiano y experto informático, que eliminara de la ‘nube’ archivos comprometedores para el PP, entre ellos los audios que podían poner en jaque al presidente del partido. A cambio le daría un buen dinero.

Si bien en otras ocasiones Bárcenas especificó cantidades distintas, hoy ha aseverado que pactaron el pago de 4.000 euros y que debía acceder a la ‘nube’, borrar los archivos y que para eso le facilitó un papel con instrucciones que incluía una clave para tener acceso a los correos. Esto choca una vez más con lo que sostuvo en sede judicial el preso colombiano, que señaló que acordaron 5.000 euros por trabajos de borrado de Google de información y vídeos relativos a Rosalía Iglesias.

Las fuentes consultadas han explicado que, durante su declaración, Rosalía habría asegurado que no supo nada de ese encargo carcelario de su marido y ha negado haber participado en entrega de dinero alguno. Según el relato de Isidro S.S., un amigo habría recibido la cantidad de manos del chófer de la familia y se lo habría quedado. Aunque Bárcenas ha reconocido que no sabe si el encargo acabó bien, ha indicado que cuando salió de Soto del Real la información ya no estaba en la ‘nube’.

No obstante, interrogada sobre la existencia de esas grabaciones a Rajoy y Arenas, la mujer de Bárcenas ha afirmado que tuvo conocimiento de las mismas por su marido, que la mantenía al corriente de esas cuestiones, si bien ha matizado que nunca supo dónde las guardaba.

VUELTA AL ENFRENTAMIENTO

A los tres meses, los ‘vis a vis’ extra se suspendieron, ha declarado. Ante su interés por conocer los motivos, desde el entorno del PP le habrían trasladado que el partido no creía que dichas grabaciones existieran y que los famosos ‘papeles’ estaban controlados, de modo que no veían necesario seguir cuidando de él en la cárcel madrileña.

Bárcenas ha contado al juez que tuvo una relación intermitente con el PP hasta que el Tribunal Supremo confirmó la primera sentencia de ‘Gürtel’, en octubre de 2020, que supuso la entrada de su mujer en prisión, algo que para él marcó un punto de inflexión hacia la ruptura total de los lazos con los ‘populares’.

Durante esta comparecencia, varias defensas han puesto sobre la mesa la contradicción que supone que en diferentes declaraciones de 2013 a 2019 el también ex senador del PP hubiera negado la existencia de esas supuestas grabaciones a Rajoy y Arenas.

Ante esto, Bárcenas se habría escudado en que no puso en conocimiento de la Justicia la documentación que guardaba porque tenía que negociar con el partido. Ahora, ya con sentencia firme y el matrimonio en prisión, su estrategia es distinta, ha esgrimido.

La Guardia Civil ha detenido en Melilla a dos menores no acompañados como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa sobre otro menor, los tres pertenecientes al Centro de Acogida de Menores La Purísima

Según ha informado a un portavoz de la Comandancia, los presuntos autores acometieron a la víctima, produciéndole lesiones graves con arma blanca y una piedra, que han requerido su intervención e ingreso en el Hospital Comarcal. Los dos detenidos han ingresado en el Centro de Menores Infractores de la Ciudad Autónoma

La citada fuente ha explicado que los hechos se remontan al pasado día 17 de junio en las inmediaciones del Centro de Menores de la Purísima tras una reyerta entre varios menores de edad, que conllevó que uno de ellos resultase herido de gravedad y que, pese a las lesiones, lograse llegar andando hasta el centro, donde fue atendido en primera instancia por los servicios de seguridad que, a la vista de su gravedad, dieron aviso inmediato a los servicios médicos, que lo trasladaron al Hospital Comarcal, donde fue intervenido de urgencia.

INVESTIGACIÓN

Las primeras gestiones realizadas para conocer lo sucedido el día de los hechos determinaron que fueron dos los presuntos autores del hecho delictivo, los cuales, «tras una discusión por razón no suficientemente esclarecida», acometieron al menor con una navaja y una piedra, produciéndole el que portaba la navaja tres lesiones, una en la espalda y dos en el costado.

Las «cuchilladas» afectaron al pulmón y otros órganos de la víctima, a la vez que el otro menor ya detenido, le golpeaba con una piedra y le propinaba golpes en diversas partes de su cuerpo, abandonándolo en el lugar del acometimiento una vez producidas esas lesiones.

El portavoz policial ha detallado que las primeras pesquisas y diligencias realizadas por el Área de Investigación de la Comandancia que se hizo cargo del caso, entre las que se encuentran la toma de declaración de la víctima una vez restablecido de la intervención y diligencia de reconocimiento fotográfico, al contar indiciariamente con la descripción de los autores del hecho delictivo, «conllevaron a la identificación plena y sin género de dudas de los dos, procediéndose a su búsqueda y detención».

INGRESADOS EN EL CENTRO DE REFORMA

Ambos detenidos son residentes del Centro de Menores de la Purísima, materializándose su detención respecto del primero de ellos el mismo día del hecho, cuando se encontraba durmiendo en el interior del centro y el segundo, dos días después cuando se disponía a salir en unión de otros.

Los arrestados son dos menores de 15 y 17 años de edad, de nacionalidad marroquí, que han sido puestos a disposición del Fiscal de Menores, como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, disponiendo el Juez de Menores su ingreso en el Centro de Menores Infractores de la Ciudad Autónoma.

Tras la intervención realizada, la víctima, también menor de 17 años de edad, de nacionalidad marroquí y residente en el centro, continúa ingresado en el Hospital Comarcal, en observación, fuera de peligro y con evolución positiva.

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente el proyecto de ley por el que se declara el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, en Málaga, lo que supone la creación efectiva del decimosexto parque de la red nacional y el tercero en territorio andaluz después de Doñana y Sierra Nevada, a falta de su publicación en el B.O.E.

«Creemos que es capital trabajar en este reconocimiento con la implicación de los habitantes, de los vecinos, de los municipios y del gobierno autonómico, evidentemente del consenso de la comunidad científica, del respaldo y el sentido de pertenencia y orgullo de poder disponer de algo tan rico y maravilloso», ha dicho la vicepresidenta y minsitra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención ante el pleno de la Cámara Alta.

El nuevo Parque Nacional se emplaza en Málaga (Andalucía), más concretamente en el extremo occidental de la Cordillera Bética. Cuenta con una superficie de 23.000 hectáreas comprendidas entre las localidades de Benahavis, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera. Estos municipios, fueron quienes impulsaron la declaración del enclave y han colaborado con su protección a través de la declaración previa como Parque Natural y Reserva de la Biosfera.

En su intervención en el Senado, Teresa Ribera ha agradecido especialmente «el trabajo todos los que durante muchos años han contribuido a que esto hoy sea realidad».

BIODIVERSIDAD ÚNICA

La Sierra de las Nieves alberga el 65% de la superficie de pinsapar española. El abeto pinsapo (Abies pinsapo) y el abeto blanco (Abies alba) son los únicos representantes del género Abies en la península ibérica. Mientras que disponemos de excelentes bosques de abeto blanco en algunos de nuestros Parques Nacionales (como Ordesa y Monte Perdido, en Aragón, y Aigüestortes y Lago de San Mauricio, en Cataluña), el pinsapo no estaba hasta ahora presente en la Red de Parques Nacionales.

Sierra de las Nieves destaca también por sus afloramientos de peridotitas -rocas ultra básicas que constituyen una de las rocas más escasas en la corteza terrestre- y por su diversidad de hábitats y variada fauna. En la zona pueden encontrarse encinares, alcornocales y pinares, así como quejigos de montaña y poblaciones de cabra montés, corzo, jabalí y rapaces entre las que destacan las águilas real, perdicera, culebrera y calzada y el halcón peregrino.

Junto a la representatividad de sistemas naturales, la Sierra de las Nieves cumple con el resto de los requisitos para ser Parque Nacional, definidos en la Ley 30/2014 de Parques Nacionales. Así, cuenta con una proporción relevante de las especies y comunidades propias de los sistemas naturales representados; su superficie es continua, no fragmentada, ocupada principalmente por formaciones naturales, sin elementos artificiales que alteren significativamente el paisaje, y sus suelos no son susceptibles de transformación urbanística.

GESTIÓN DEL FUTURO PARQUE NACIONAL

La gestión del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves corresponderá a la Junta de Andalucía, que la organizará de forma que resulte coherente con los objetivos de la Red de Parques Nacionales.

El instrumento para la planificación ordinaria de la gestión del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves será el Plan Rector de Uso y Gestión, que se ajustará a lo dispuesto en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales y tendrá una vigencia mínima de diez años. Será elaborado y aprobado por la Junta de Andalucía, y deberá ser periódicamente revisado.

Como órgano de participación de la sociedad en el Parque Nacional, se creará el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, que actuará de forma independiente.

Los parques nacionales son espacios naturales protegidos emblemáticos, su conservación merece una atención preferente y se declara de interés general y por lo tanto cuentan con el más alto reconocimiento a nivel nacional e internacional. En 2018 se celebró el centenario de la declaración de los dos primeros parques nacionales españoles: el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga (hoy de Los Picos de Europa) y el Parque Nacional del Valle de Ordesa (actualmente de Ordesa y Monte Perdido).

La superficie total de los parques nacionales es de 465.371,81 hectáreas (368.604,09 terrestres y 96.767,72 marinas), lo que en la parte terrestre representa un 0,73 % del territorio español, pero que no obstante contiene una gran riqueza natural, tanto en geodiversidad como en biodiversidad, las mejores representaciones de los sistemas naturales españoles.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea presionarán mañana al primer ministro húngaro, Viktor Orban, para que retire una polémica ley que discrimina y estigmatiza al colectivo LGTBIQ, en el marco de una reforma para proteger al menor de delitos de pedofilia que Bruselas ha tachado ya de «vergüenza» y avisado de que viola el Derecho de la UE.

Bruselas reaccionó con tibieza en los primeros días tras la tramitación de la ley pero el tono fue subiendo desde las capitales hasta tensar el debate que los 27 tuvieron el martes en Luxemburgo para preparar esta cumbre y que acabó con más de la mitad de las delegaciones firmando una dura declaración reclamando acciones legales de la Comisión Europea contra Budapest.

Aunque la agenda formal distribuida por el presidente del Consejo, Charles Michel, a los líderes deja fuera este asunto, la mayoría de las delegaciones da por hecho que se convertirá en el asunto central porque muchos líderes esperan escuchar las explicaciones directas de Orban y quieren pedirle que retire la norma.

Algunos líderes se han expresado ya en público, como la canciller alemana, Angela Merkel, que ha dicho que le parece un «error» esa ley y ha dejado claro que este tipo de normas discriminatorias son incompatibles con sus ideas políticas.

Otras delegaciones han mostrado su preocupación y malestar en las discusiones a nivel de embajadores o ministros pero dan por hecho que los líderes abordarán la cuestión en la cena del jueves, en un debate «cara a cara», porque a su juicio el pulso trasciende lo «ideológico» y afecta a la defensa de valores y principios fundamentales de la UE.

La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, por su parte, ha dicho que la legislación es una «vergüenza» y ha prometido emplear «todos los poderes» de que dispone su Ejecutivo para proteger los derechos fundamentales en este país.

Sin embargo, las críticas de sus socios europeos no han hecho cambiar de postura al Gobierno de Orban, quien ha respondido a Bruselas que lo vergonzoso son las declaraciones de Von der Leyen y ha acusado al resto de países de la UE de basar sus comentarios en «acusaciones falsas», lo que augura un debate difícil entre los jefes de Estado y de Gobierno.

En todo caso no será el único asunto en la agenda de un Consejo europeo de dos días en los que su presidente, Charles Michel, espera abordar también las difíciles relaciones con interlocutores clave como Turquía y Rusia, incluida una petición alemana de última hora para que los líderes estudien invitar a una futura cumbre de la UE al líder ruso, Vladimir Putin.

Otro asunto clave de esta cita es la gestión migratoria y las dificultades del bloque para consensuar una reforma de la política de asilo capaz de respetar el equilibrio entra la solidaridad que reclaman los países en la primera línea de entrada a la UE y la responsabilidad de gestionar el flujo, que países como Hungría o Polonia consideran no les incumbe.

Michel quiere centrar la conversación en la dimensión exterior de la reforma, que la aboga por mayor colaboración con los países de origen y tránsito para contener el flujo y combatir las mafias, porque es el elemento que menos problemas plantea a los Veintisiete.

En este marco, se espera también que las conclusiones finales envíen un mensaje de condena a los países terceros que «instrumentalizan» a los migrantes para sacar rédito político de esta presión sobre la UE, aunque no identifica a ningún vecino en concreto.

Fuentes europeas apuntan que la crisis de mayo con Marruecos por el paso de migrantes sin control a Ceuta y el paso de refugiados iraquíes desde Bielorrusia a Lituania son los ejemplos más recientes que los países han tenido en mente al redactar este asunto.

Con todo, la instrumentalización de la migración no es una mención que se incluyera a petición de España, aunque fuentes diplomáticas sí conceden que tal referencia recoge una «verdad indiscutible que no está de más recordar».

La cumbre también incluye una conversación entre los líderes sobre la recuperación económica de la que no se esperan grandes sorpresas más allá de celebrar la aprobación de los primeros planes nacionales de reformas e inversiones.

Está previsto que los Veintisiete animen a avanzar en el G20 y en la OCDE para lograr un acuerdo sobre los impuestos a las multinacionales y también que constaten la ausencia de progresos a nivel de ministros para completar la Unión Bancaria.

Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el exterior si se mantiene 1,5 metros de distancia o cuando se vaya con personas convivientes, según ha informado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

«Todos los indicadores nos dicen que vamos en el camino adecuado y, con las altísimas tasas de vacunación es aconsejable que se empiece a introducir una flexibilización respecto al uso obligatorio de las mascarillas», ha detallado Darias.

Esta medida está incluida en el Real Decreto Ley de flexibilización de la mascarilla que aprobará este jueves el Consejo de Ministros, que se celebrará de forma extraordinaria, y se hará efectiva a partir del próximo sábado 26 de junio.

La iniciativa, que tal y como ha señalado la ministra es «nacional» y, por ende, se tiene que aplicar en todos los territorios de España, se basa en un informe elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta.

No obstante, la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en eventos multitudinarios que se celebren de pie al aire libre, pero no si se celebran sentados y se garantiza la distancia de 1,5 metros. También serán obligatorias en espacios cerrados de uso público, así como en los medios de transporte público.

Asimismo, no tendrán que llevar mascarillas los ancianos en cuyas residencias el 80 por ciento tenga la pauta completa de vacunación, si bien los trabajadores que les atienden sí tengan que llevarla y las personas que les visiten.

SIEMPRE HAY QUE LLEVAR ENCIMA UNA MASCARILLA

Tampoco tendrán que llevarla las personas con alguna enfermedad que les impida a utilizarla, ni los pasajeros de barcos o buques en sus camarotes o cuando estén en la cubierta y se pueda mantener la distancia de 1,5 metros.

«Son medidas progresivas, graduales y prudentes. Es una medida importante, que vendrá bien porque la ciudadanía la demandaba, pero hay que ser prudente», ha detallado la ministra de Sanidad, para avisar de que las mascarillas «siempre hay que llevarla encima».

Por otra parte, Darias ha destacado el descenso «lento pero consolidado» de los contagios en España, así como la homogenización de la transmisión que se está produciendo entre las comunidades autónomas. No obstante, ha detallado que dos comunidades autónomas tienen un 20 por ciento más de incidencia acumulada que el resto, representan el 34 por ciento de los contagios en toda España, aunque cuatro se sitúan por debajo de la media nacional.

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL), resultado de una transaccional entre ERC y el PP, para rebajar el IVA de productos de higiene íntima femenina, como compresas y tampones, pese a haber contado con la abstención del PSOE, que a última hora ha cambiado de postura para posicionarse en contra, y de Vox.

La iniciativa transaccionada, recoge la petición del Congreso al Ejecutivo de realizar las modificaciones oportunas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para aplicar el tipo súper reducido de gravamen a los productos de higiene menstrual (entendidos como compresas, tampones, protegeslips, copas menstruales y compresas de tela).

Asimismo, la Cámara Baja insta al Gobierno a dotar a las comunidades autónomas de los recursos necesarios para hacer campañas de información y sensibilización permanentes, desde los diferentes servicios públicos en los tres niveles de administración, sobre las diversas posibilidades de productos sostenibles para la menstruación como de conocimiento de la menstruación desde una perspectiva interseccional con el objetivo de superar tabús y mitos, y dotar así de herramientas, especialmente a la población más joven.

Por último, el Congreso pide al Gobierno impulsar la investigación en materiales biodegradables para usos de higiene menstrual, con el fin de minimizar el daño medioambiental que muchos de los actuales materiales están originando.

Desde el PSOE, María Guijarro, ha recordado que el Gobierno ya está trabajando en una reforma fiscal. «A través del comité de personas expertas para la reforma fiscal que ha creado el Gobierno, se va a hacer un análisis del sistema tributario, incluyendo esa imposición directa e indirecta, los restantes ingresos públicos, los tipos impositivos y el IVA para determinados productos, atendiendo al escenario actual y futuro a medio y largo plazo», ha señalado. Y ha dejado claro que desde el PSOE se apuesta por «una fiscalidad feminista».

Vox también se ha abstenido al no estar de acuerdo con las medidas para combatir lo que para la diputada, Carla Toscano, es «un nuevo fantasma invocado por el feminismo» y una «nueva manera de victimizar a la mujer por razón de sexo»: la «pobreza menstrual».

La iniciativa recoge que una mujer habrá invertido a lo largo de su vida fértil cerca de 1.800 euros, lo que supone unos 45 euros al año o menos de 4 euros al mes, lo que lo convierte en «un hecho económico de primera magnitud», algo que ha criticado la diputada de Vox. «Esto no es pobreza», ha opinado.

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) del PSOE por la que insta al Gobierno a impulsar la desaparición de los espacios y proyectos públicos nombres de agresores sexuales condenados o confesos y, durante el debate de la inicativa, el PSOE ha señalado al tenor Plácido Domingo.

La iniciativa ha sido votada de forma separada dado que el PP ha votado a favor del primer punto que pide la desaparición de los nombres de agresores sexuales condenados, mientras que se ha opuesto al punto que reclama que se reconsidere la denominación de espacios públicos con el nombre de «personas que han declarado públicamente haber cometido agresiones sexuales», es decir, sin haber sido condenados, punto que ha suscitado polémica en la Comisión.

Durante el debate, la diputada socialista Laura Berja ha invitado a realizar una reflexión: «¿Qué piensan de que un señor que ha sido acusado de abuso sexual por más de 20 mujeres y ha reconocido ser un agresor sexual reciba una gran ovación antes de actuar por parte del público en un teatro de nuestro país? ¿Qué piensan de que ese mismo señor reciba el título de embajador honorario del Patrimonio Mundial de España?», ha preguntado al resto de portavoces, todas mujeres, en alusión al cantante Plácido Domingo, al que también ha mencionado expresamente.

«¿Qué pueden pensar las víctimas de las agresiones cuando un país ovaciona con aplausos a un agresor? Tenemos que reparar a las víctimas, una democracia digna no puede honrar a los agresores sexuales», ha advertido Berja, que ha pedido que se les deje de reconocer como «héroes o dioses» y que los espacios públicos se conviertan en una «oportunidad» para lanzar un mensaje a las generaciones más jóvenes de a quienes hay que «perpetuar como personas de referencia». «En las calles me faltan nombres de asesinadas por violencia de género», lamenta.

Y ha concluido su intervención refiriéndose a un famoso futbolista argentino recientemente fallecido, Maradona. «¿Un buen gol es suficiente para que perdonéis al agresor de mujeres?», ha lanzado.

La diputada del PP Edurne Uriarte se ha manifestado en contra del segundo punto de la propuesta: «¿A ustedes qué les parece qué debería entrar en el segundo punto?», ha preguntado al recordar que el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue acusado de agresión sexual en 2019 por 9 mujeres, o que o el entonces ministro de Defensa de Reino Unido, Michael Fallon, dimitió «por poner la mano en una rodilla de una periodista».

A su juicio, la iniciativa debería reparar a «víctimas de todo tipo de delitos». Además, ha aprovechado este asunto para reprochar al Gobierno que haya indultado a los líderes del procés catalán. «Esta PNL es para eliminar homenajes a agresores sexuales, pero ayer mismo indultaron a delincuentes condenados en ciernes», ha echado en cara la ‘popular’, que ha pedido a PSOE y Unidas Podemos que sean «coherentes».

Por tanto, ha abogado por extender la iniciativa a «todos los delincuentes», momento este en el que la presidenta de la Comisión ha llamado la atención a la diputada. Pero la ‘popular’ se ha defendido alegando que estaba «reivindicando igualdad para todas las víctimas de delitos en España».

A la intervención del PP ha reaccionado la diputada de ERC, Pilar Vallugera, que le ha acusado de mezclar «churras con merinas», al tiempo que ha reprochado que hable de víctimas cuando las «víctimas del 1-O» fueron «las que recibieron las bofetadas». «Ustedes no entienden nada», le ha afeado. Por su parte, Pilar Calvo Gómez (JxCat), se ha limitado a advertir de que la iniciativa solo habla de «agresión sexual» cuando debería también recoger el «acoso sexual».

A favor de la iniciativa se ha mostrado Unidas Podemos, cuya diputada, Sofía Fernández Castañón, ha recordado cómo la artista valenciana María Llopis, hizo una performance en el Museo Picasso de Barcelona con camisetas de Dora Maar (pareja de Picasso) para denunciar que el pintor malagueño era un maltratador. «¿Estamos hablando de que no queremos tener a Picasso en nuestros museos? No. Estamos reivindicando una lectura crítica necesaria», ha asegurado.

En la misma línea que el PP, la diputada de Vox, Carla Toscano, cuyo formación se ha abstenido en ambos puntos, se ha referido a la necesidad de que la iniciativa sirva para reparar a las víctimas, «independientemente del sexo, la edad o la orientación sexual». «No nos cansaremos de decir que la violencia no tiene sexo», se ha reafirmado.

Con respecto al punto más polémico de la iniciativa, Toscano ha admitido que desde Vox están de acuerdo con que «un hombre condenado por agresión sexual no es digno de tener una calle, una plaza o cualquier espacio público a su nombre». «La cuestión es que no es digno de tener un espacio público a su nombre cualquier agresor sexual o no sexual, sea hombre o mujer y sea quien sea la víctima», ha precisado.

En cualquier caso, para Vox, esta iniciativa tiene como objetivo «ahondar en la línea del feminismo de los últimos años», que es, según la diputada, «la demonización del hombre», pues a través de lo que ella considera una «propaganda constante», el Gobierno pretende «reeducar a la sociedad en la idea de que el varón heterosexual es el único capaz de cometer actos violentos».

En este sentido, ha sacado a debate el tema de la violencia vicaria. «Ustedes solo reconocen la violencia vicaria por la que el padre pueda ejercer violencia a los hijos o contra la madre», lamenta Toscano, que dice que en el PSOE y Unidas Podemos están en contra de la violencia vicaria ejercida al revés, de una madre hacia sus hijos o su pareja. De ahí que la diputada califique la iniciativa de «injusta»: «Visibiliza solo un tipo de agresor (…) si condenamos la violencia, las condenamos todas».

También ha criticado que se trate de una propuesta para suprimir el nombre de Plácido Domingo de cualquier espacio público: «Deberían haberla llamada propuesta anti Plácido Domingo y punto». Y ha concluido su intervención defendiendo al tenor, señalando que «muchos» hombres como él, «sobrepasados por las circunstancias y el escándalo, reconocen haber agredido o haber delinquido no se sabe en qué sentido». «Para ustedes, tirar los tejos a una mujer, decirle un piropo o pedirle el teléfono es una agresión», ha indicado Toscano, que ha zanjado que el punto 2 de la PNL «atenta contra el derecho a la presunción de inocencia». «Es una caza de brujas contra los hombres», ha añadido.

Para la diputada socialista, sin embargo, fue el propio Plácido Domingo quien acabó con su presunción de inocencia al asumir públicamente la responsabilidad de las acusaciones.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles que el Plan de Mejora y Modernización de las Actuaciones Contra la Violencia de Género estará listo el próximo mes de julio.

Así lo ha avanzado este miércoles durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, acompañada por la secretaria de Estado para la Igualdad de Género, Noelia Vera; la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas; la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho; y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo.

Irene Montero ha empezado su intervención recordando que ante esta situación de alarma machista, esta Conferencia Sectorial de Igualdad «adquiere una relevancia mayor».

Se trata de una herramienta de coordinación y comunicación que hoy, sin ninguna duda, es más necesaria que nunca tras los últimos asesinatos machistas», ha subrayado la ministra de Igualdad.

Montero ha destacado el papel fundamental de las CCAA y entidades locales para poder diagnosticar qué se debe cambiar o mejorar. «Es en cada uno de los territorios donde se regulan los servicios de atención, ya sean ambulatorios o residenciales, donde se presta la atención integral y directa a las mujeres y menores víctimas, por eso quería reiterarles la importancia de que realicen todas las aportaciones posibles al Plan», ha declarado.

Como resultado de las aportaciones recibidas hasta ahora, Montero ha informado que desde el Ministerio se elaborará, entre otras medidas, un Protocolo Marco de ámbito estatal. Este recogerá una serie de recomendaciones para la actualización de las acciones de detección, prevención, sensibilización, protección y reparación.

«Creo que tenemos mecanismos muy útiles y muy potentes que debemos poner en valor, que deben de guiar y acompañar la actuación común, en aras de poder dar cumplimiento también a los cuatro pilares en los que se fundamenta el Convenio de Estambul: prevención, protección, enjuiciamiento y una actuación coordinada interinstitucional», ha subrayado.

Además, este miércoles se han acordado los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG), que este año cuentan con una novedad que permite dar cumplimiento a una de las peticiones de los territorios, ampliando a qué programas y actuaciones se podrán destinar el 10% de los 100 millones de euros de transferencias a las CCAA y Ciudades Autónomas.

De esta forma no solo se podrán destinar a proyectos del Capítulo 4 sino también a gastos del Capítulo 6 que desarrollan el eje 1 del Pacto de Estado.

Además, tal y como ha explicado la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a la hora de repartir la totalidad de los fondos, se han tenido en cuenta distintas variables y ponderaciones.

Entre estas variables destacan la insularidad, la ubicación como ciudad fronteriza, el número de mujeres de cada territorio, o cuestiones laborales como el número de mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo, mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad. También se han valorado cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural.

Por otra parte, la Conferencia Sectorial de Igualdad también ha aprobado los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2021 del crédito de 7 millones de euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores.

Asimismo, ha aprobado el crédito de un millón de euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; y el crédito de 5 millones de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.

A estos fondos, se suman los 40 millones de euros para las entidades locales abonados el pasado mes de diciembre, lo que multiplica por dos el importe destinado en el pasado ejercicio. De esta forma, se llega a los 8.131 municipios de toda España y no solo a aquellos adscritos al programa VIOGÉN, sino también a todos los de ATENPRO, según informa el Ministerio de Igualdad.

Esto permite que todos ellos, sobre todo los de menor población y menos recursos, puedan mejorar la atención que ofrecen a las víctimas de violencia y facilitar la ejecución de las medidas incorporadas en el Pacto de Estado.

Finalmente, y tal como ha explicado la Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Noelia Vera, se ha acordado poner en marcha un Grupo de Trabajo (GT) del Plan Corresponsables, lo que supone «un paso más en las políticas públicas destinadas a facilitar la conciliación en las familias». Este grupo será el que siga y evalúe la ejecución del Plan.

PP y Vox han criticado una vez más la política exterior del Gobierno, al que acusan de estar alejado de la realidad, de haber dilapidado la imagen de España en el exterior y de haber perdido relevancia a nivel internacional, y han reclamado un cambio de rumbo en esta materia para poder contar con un apoyo.

El foro en esta ocasión ha sido la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en la que ha comparecido el secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, para dar cuenta principalmente de los esfuerzos en materia de diplomacia económica del Gobierno y poner en valor los buenos datos económicos que auguran tanto el FMI, como la Comisión Europea o la OCDE, entre otras cosas.

«No sé si habla de España o de un país imaginario que tras la pandemia todo es riqueza y felicidad», ha subrayado la portavoz del PP, Belén Hoyo, subrayando que actualmente el país no goza «ni de reputación internacional, ni de crecimiento ni empleo». «Una dosis de realismo siempre es buena», ha recomendado a Muñiz.

«Los españoles estamos orgullosos de nuestro país pero por desgracia hoy somos un país a la que se puede chantajear, despreciar o ningunear gracias la debilidad y al rumbo perdido que muestra el Gobierno», ha lamentado, criticando en particular que «se vendiera la piel del oso antes de cazarlo» con el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario estadounidense, Joe Biden.

«Bajen a la realidad del día a día, el rumbo es equivocado y la estrategia inexistente», ha insistido Hoyo, que ha acusado al Gobierno de carecer de un proyecto de política exterior porque este está siendo «boicoteado» por uno de los socios del Ejecutivo. «Sean más realistas y menos idealistas», ha reclamado.

EL PP PIDE REALISMO

«Mientras sean realistas y defiendan los intereses de todos los españoles el PP estará mostrando su apoyo», ha asegurado Hoyo, «el único problema es que la izquierda vive en una realidad paralela en la que considera su ideología como una doctrina única y válida en cualquier contesto, y eso no es así». «Debemos frenar la erosión de la imagen de España», ha reivindicado.

«Si ustedes cambian de compañeros de viaje y aparece el sentido común en materia de política exterior», ha dicho Hoyo, el PP estaría «a su lado» puesto que se trata de una «cuestión de Estado».

Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Asarta, ha reconocido que «en general nuestra imagen exterior no es buena» y ha acusado al Gobierno de «no estar en lo que tiene que estar».

«El Gobierno, perdido en ideas progres, no tiene claro qué es lo que le interesa a España», ha reprochado. «Olvídense de sus ideas de partido y piensen en el interés general de España», les ha conminado el diputado de Vox, reclamando nuevamente al Gobierno que trabaje para recuperar la soberanía de Gibraltar y «contramedidas» contra Marruecos a su «chantaje» y «extorsión».

Asarta ha reivindicado que «en lugar de ideologías» lo que hace falta para recuperar la imagen de España es «unidad de acción y centrarse en lo que realmente interesa a los españoles».

La portavoz de Ciudadanos, María Carmen Martínez Granados, ha echado en cara el que «durante 40 años PP y PSOE han abdicado» de la responsabilidad cuando estaban el Gobierno de defender la imagen de España y sus instituciones en el exterior, lo que ha permitido que «el nacionalismo y el populismo campen a sus anchas tanto en Europa como en el resto del mundo».

En opinión de la diputada de Cs, lo ocurrido en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa esta misma semana, es un buen ejemplo. Así, ha denunciado que la resolución aprobada «se hace eco de esas mentiras del independentismo para manchar nuestras instituciones y nuestro Estado de derecho», cuestionando que el Gobierno, y en particular Exteriores, hayan hecho algo para evitar que esto ocurriera.

LA IMAGEN DE ESPAÑA ES BUENA

Ante estas críticas, Muñiz ha insistido en defender que la imagen de España en el exterior es buena, citando numerosos «estudios serios» que según él en ningún caso apuntan a lo contrario, pese a las afirmaciones en este sentido desde la oposición.

Tampoco existen problemas en la relación con Estados Unidos, ha asegurado el secretario de Estado, reivindicando que los dos países son «socios estratégicos. «Ese dibujo de que somos irrelevantes no se acoge a la realidad», ha recalcado Muñiz.

También ha salido en defensa del Gobierno el portavoz del PSOE, Arnau Ramírez, que ha acusado al PP de ser ellos los que están «alejados de la realidad». En política exterior, ha añadido, «nos iría mejor si fuéramos todos a una», cuestionando también el patriotismo de la oposición. «Si tanto quieren a su país por qué se esfuerzan tanto en dividirlo», ha cuestionado.

DIPLOMACIA ECONÓMICA Y MOVILIDAD

En su intervención inicial, Muñiz ha expuesto los esfuerzos que ha venido realizando el Ministerio de Exteriores, y también su Secretaría, en materia de diplomacia económica, incorporando la dimensión económica a todos los contactos y dando prioridad a impulsar la internacionalización de las empresas españolas. «Desde septiembre del año pasado hemos contabilizado más de 130 contactos de este tipo con países de todo el mundo», ha ilustrado.

Asimismo, ha indicado, hay un mecanismo de consultas constante con las empresas en el exterior con vistas a detectar oportunidades potenciales y maximizar esfuerzos, habiéndose realizado más de un centenar de estas consultas.

Por otra parte, Muñiz también ha repasado los esfuerzos realizados en materia de movilidad, resaltando el hito que ha supuesto la aprobación del certificado digital covid, del que ha dicho que ya se han expedido 1,5 millones en España en solo dos semanas, y celebrando que en mayo llegaron 1,4 millones de turistas internacionales, el mejor dato desde agosto pasado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, visitan este jueves los terrenos de La Rinconada donde se ubicará la futura base logística del Ejército de Tierra, denominada ‘General de Ejército Javier Varela’, precisamente en la jornada en la que el Ayuntamiento prevé tener aprobados «todos los instrumentos necesarios para dar los primeros pasos» de cara a la construcción.

Así lo ha avanzado el regidor, quien confía en que este jueves se apruebe en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo el convenio que recoge la gestión y cesión del suelo, después de que «había un criterio técnico previo sobre que no eran necesarios más informes, pero otro criterio técnico decía que era necesario un informe de sostenibilidad, que refleja cómo se va a afrontar el pago de los costes de urbanización que tiene que asumir el Consistorio», ha explicado.

Al respecto, ha dicho que está «en contacto diario con la Junta de Andalucía para que den el último visto bueno técnico que queda al convenio», al tiempo que «la Junta tendrá que aprobar en sus órganos correspondientes todos los protocolos y convenios», aunque «el de los particulares ya está aprobado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)», según ha precisado.

En este sentido, Bellido ha afirmado que el Ministerio de Defensa está «muy satisfecho con el ritmo que se lleva», de modo que «el Ayuntamiento está coliderando junto a Defensa el avance de todos los instrumentos que hay que firmar manteniendo el calendario para antes de agosto», ha señalado.

Mientras, ha recordado que en febrero se anunció la adjudicación y «para el mes de julio se va a tener firmado el convenio con los particulares, Consistorio y AVRA para garantizar el desarrollo del planteamiento urbanístico de La Rinconada», a la vez que está aprobado «el protocolo que aúna las intenciones del Gobierno, la Junta y el Consistorio», en el que «va a haber una ligera modificación a instancias de la Junta para que se recojan las gestiones necesarias o derivadas de la gestión de suelo», según ha puntualizado.

También, el regidor ha avanzado que «en el último trimestre del año» quieren firmar con Defensa el convenio que recoge la aportación económica de la ciudad, con 25 millones de euros que están reflejados en el presupuesto de 2021, de forma que «ya están comenzando las conversaciones con Defensa», ha aseverado.

UNOS SEIS MILLONES LA URBANIZACIÓN

Asimismo, Bellido ha comentado que ante «la partida de tres millones de euros que iba destinada a expropiaciones se va a hacer la modificación presupuestaria, de manera que en vez de expropiaciones pasen a ser las aportaciones necesarias para la Junta de Compensación a organizar».

Igualmente, ha informado de que «en los ejercicios 2022 y 2023 se aportará en el presupuesto la financiación restante para acometer la obra de urbanización», que en un primer cálculo «ronda los seis millones de euros», de forma que «hay partida de sobra para dar los primeros pasos con los tres millones recogidos en el presupuesto y en los sucesivos ejercicios se recogerán aproximadamente otros tres millones».

En definitiva, el alcalde se ha mostrado «muy satisfecho», puesto que «en este mes» el Consistorio va a «dejar aprobado todo» y confía en que «en el mes de julio se pueda firmar porque todas las partes tengan a su vez ya aprobado todo».

MÁS DE 1.600 EMPLEOS Y 350 MILLONES

En concreto, el Ministerio de Defensa eligió a principios de febrero la ciudad de Córdoba como ubicación de la nueva base logística del Ejército de Tierra, un proyecto que generará más de 1.600 puestos directos de trabajo, en su mayoría de personal civil, una inversión de 350 millones de euros y miles de empleos indirectos.

El Ejército de Tierra lleva años trabajando en este proyecto, que aunará en una sola base todas sus actividades de mantenimiento, con el objetivo de reducir los tiempos de servicio, movimiento e infraestructuras.

Fueron muchas las ciudades que se postularon para albergar este proyecto tecnológico pero finalmente el Departamento dirigido por Margarita Robles ha optado por Córdoba «valorando las circunstancias y necesidades del Ejército de Tierra y las perspectivas de futuro que generará».

Según subraya el Ministerio, su construcción supondrá «un extraordinario impulso económico y social para la zona», dado que se trata de un proyecto «innovador» con el que el Ejército de Tierra pretende dotarse de un centro logístico «con los más altos estándares tecnológicos».

Defensa también destaca las ventajas relacionadas con la eficiencia energética, gestión y aprovechamiento de residuos y la política medioambiental, que permitirá reducir al mínimo el impacto de esta obra en la zona.

UNIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL

En este proyecto las instituciones van de la mano, entre ellas la Diputación, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Universidad de Córdoba, así como el Ayuntamiento de La Carlota, que ofrece dos millones de metros cuadrados de suelo para el proyecto, mientras que los consistorios de Linares (Jaén) y Écija (Sevilla) han mostrado su disposición a colaborar y ofrecer sus posibilidades al ser «un proyecto de vocación andaluza y abierto», al tiempo que los agentes económicos y sociales han mostrado su respaldo.

En este caso, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, subrayó tras la concesión que «toda la provincia celebra esta decisión que va a posibilitar que Córdoba albergue la base logística del Ejército de Tierra», a la vez que afirmó que «uno de los argumentos que ha tenido bastante peso en la decisión final es que sea una cuestión conjunta», así como «la incorporación de La Carlota, con dos millones de metros de suelo».

De igual modo, defendió que «hay cuestiones que son estructurales para el desarrollo de toda la provincia, en las que hay que aparcar las legítimas diferencias políticas y trabajar todas las instituciones a una, con absoluta decisión para conseguir que las aspiraciones se conviertan en realidad».

Y es que, según añadió Ruiz, «en esas cuestiones estructurales esta tierra se juega ser o no ser en el presente y en el futuro», si bien «se ha demostrado en esta ocasión que también la unión hace la fuerza».

En palabras de Ruiz, «esta noticia habla no sólo del presente, sino del futuro más inmediato», teniendo en cuenta que la industria ha sido «el talón de aquiles» en la provincia, pero esto va a contribuir a «acelerar el desarrollo del corredor central» en la logística.

Mientras, el delegado de la Junta en la provincia, Antonio Repullo, expresó que para el Gobierno andaluz era «estratégico que este proyecto llegase a Andalucía y se han convertido en aliadas estratégicas todas las instituciones» para «hacerlo efectivo», y transmitió el apoyo del Gobierno regional para que haya «más empleo y desarrollo económico».

Igualmente, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, subrayó que «es un proyecto importante por todo lo que genera directa e indirectamente, no sólo en puestos de trabajo, sino también en autoestima y alegría», y apostilló que «se va a generar una dinámica muy buena que la ciudad necesitaba urgentemente por sus cifras de paro y su escasa industrialización», por lo que «ahora, de la mano de la Universidad, se colocará a la vanguardia» con este «proyecto a muy largo plazo».

La Comunidad de Madrid ha contestado esta tarde a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que «desde el primer momento ha respondido a las dudas de la Administración central» en el caso de Vivotecnia, el laboratorio de Tres Cantos donde supuestamente se han maltratado a decenas de animales, han indicado fuentes regionales.

Responden así a la carta que la ministra ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que le recrimina falta de información y colaboración entre las administraciones en el caso Vivotenia.

Además, el Gobierno regional ha señalado que desde el principio se han mostrado «colaboradores» con el Gobierno en ese asunto, como también con la Fiscalía y el Juzgado de Colmenar Viejo que instruye la causa, a los que se les ha remitido copia de toda la documentación y resoluciones dictadas.

Así, con fecha 9 de junio, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha recordado que dio respuesta vía email y por registro a la misiva recibida del Ministerio por parte del Director General de los Derechos de los Animales, en que se solicitaba información sobre la situación de los animales, por indicios de maltrato animal, y sobre las actuaciones del laboratorio en los ensayos clínicos realizados con animales.

En la misiva enviada por la Comunidad de Madrid se les dio cuenta de las inspecciones realizadas en colaboración con la Guardia Civil (SEPRONA) de manera conjunta y de las actuaciones inminentes puestas en marcha, como la suspensión temporal de la actividad del laboratorio, con fecha 9 de abril y la protección de los animales; «actividad que se reanudó el pasado 1 de junio tras comprobar que se habían implementado todas las medidas preventivas y correctoras solicitadas para garantizar la protección de los animales y evitar que se reprodujeran hechos como los que se conocieron», aseguran las mismas fuentes.

Entre las medidas solicitadas está la instalación de cámaras de seguridad en las salas de los animales, al efecto de llevar un control efectivo de todos los procedimientos que se realizan con ellos, así como la supervisión ‘in situ’ por una veterinaria, que informa diariamente a la Comunidad de Madrid de su estado, y de cualquier otra incidencia, esta medida fue adoptada por la Comunidad de Madrid 10 días antes de que se anunciase por el Ministerio que cambiaría la Ley para su establecimiento.

La Comunidad de Madrid ha aseverado que «actúo con inmediatez al conocer los hechos» y que todas las actuaciones realizadas se han hecho de manera coordinada con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) se ha estado a disposición del Juzgado y de la Fiscalía en todo lo que nos han requerido.

EL JUZGADO DENEGÓ LAS CAUTELARES

Además, recuerdan que el juzgado denegó las medidas cautelares, incluida la de decomiso de los animales, solicitada por diversas asociaciones animalistas, y que la vía penal sigue abierta. Asimismo, la Comunidad sigue adelante con la sanción administrativa al laboratorio.

Asimismo, señala a la ministra que «no hay obligación de comunicar expedientes sancionadores como tal; lo único que hay es la previsión genérica, que citan en su carta, de las funciones que se atribuyen de coordinación».

En ese sentido, el Ejecutivo autonómico asegura que «se ha coordinado perfectamente» dando cuenta de todas las actuaciones al Ministerio, al tiempo que ha colaborado con la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción, «que son los que tienen las competencias para solventar dicha situación». Y recalcan que en caso de que el juzgado hubiera dictaminado que era necesaria la incautación de los animales, la Administración regional cuenta con centros e instalación para haber reubicado a los animales como el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, apuntan que el propio director general de Derechos de los Animales (CIAAM), Sergio Torres, en su cuenta de Twitter publicó, el pasado 11 de abril, un reconocimiento a la Comunidad en la que se felicitaba «por la pronta respuesta para proteger a los animales y poner en manos de la justicia la solución definitiva del caso».

El Foro Libertad y Alternativa, impulsado entre otros por Alejo Vidal-Quadras e Inma Castilla de Cortázar, acusa a Pedro Sánchez de abuso de poder por la concesión de los indultos a los políticos presos por el procés. Advierte de que no hay ni una sola circunstancia que justifique esta medida de gracia, más allá del interés partidista del presidente del Gobierno, y la considera «arbitraria y probablemente ilegal».

Advierten, además, que el deterioro de la convivencia en Cataluña no tiene su causa en un conflicto político entre nacionalistas y no nacionalistas, sino en el «desprecio al imperio de la ley y en el uso torticero del poder, consentido desde el Estado». Por ello, apuestan por la Constitución como la única garantía para la convivencia: «Frente a la arbitrariedad del indulto, el imperio del Estado de Derecho».

La citada Fundación transmite, en un comunicado, su oposición y repulsa radical, así como su profunda preocupación por las consecuencias que esta medida tendrá en el futuro. «Ni hay arrepentimiento, ni hay compromiso de no reiterar las conductas penadas -sino todo lo contrario-, ni hay aceptación de la legalidad, ni siquiera hay una solicitud de los afectados, aunque fuera tácita, para que se conceda esta Gracia, alegan.

Y prosiguen recordando que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía se han opuesto rotundamente a la concesión. En opinión de este foro de debate, la función disuasoria de la pena sufrirá un grave menoscabo, la imagen internacional de España se verá perjudicada y se facilitará la exaltación de quien ha llevado a cabo un gravísimo ataque contra la democracia.

Por ello, consideran que «no existe una sola circunstancia más allá del interés partidista de Pedro Sánchez que justifique en modo alguno esta medida» y por este motivo, creen que la concesión se realiza con «evidente abuso de poder, arbitrariedad y probablemente ilegal».

También consideran «márketing y propaganda» la apelación del Ejecutivo a la convivencia y la concordia para justificar la medida. Entienden, en este sentido, que la convivencia no se recupera «con arbitrariedad, despojando de contenido a la ley y difuminando las consecuencias para quien arremete contra ella». «Por este camino, la convivencia se deteriora e incluso se pervierte», advierten.

DETERIORAN LA CONVIVENCIA Y SON UN INCENTIVO PARA REPETIRLO

Así, consideran una «evidencia lógica» que los indultos anunciados por Pedro Sánchez, al reducir hasta casi eliminar las consecuencias del Golpe de Estado, suponen un «incentivo para reiterar las conductas delictivas y desleales, priman la arbitrariedad frente al imperio de la ley y alteran el funcionamiento normal de la democracia».

Por ello, el Foro cree que, aunque los indultos permitan a Sánchez conservar sus apoyos políticos, no van a traer la convivencia, sino que agravarán y acelerarán su deterioro. Alegan, en este sentido, que transigir ante quien amenaza, agrede o pretende conseguir sus objetivos saltándose la Constitución es «arrollar los legítimos derechos de quienes sí la acatan».

En cuanto al deterioro de la convivencia en Cataluña quieren dejar claro que «no tiene su causa en un conflicto político entre nacionalistas y no nacionalistas», sino que su génesis y enquistamiento del problema está en el «desprecio de buena parte del nacionalismo al Estado de Derecho y en el uso torticero del poder, consentido habitualmente desde el Estado por intereses partidistas, debilidad o infantil buenismo disfrazado de moderación».

Por ello, insisten en que Cataluña no requiere indultos, sino la aplicación estricta de la Constitución y el trabajo permanente para defender la plena legitimidad democrática de España en todos los ámbitos, de manera que las diferencias entre los ciudadanos puedan resolverse civilizadamente y con protección y garantía de los derechos de todos ellos.

Los analistas del departamento de Seguridad de Repsol que han declarado este miércoles ante el juez de Tándem se han desvinculado de los trabajos del comisario José Manuel Villarejo para la compañía y han aseverado que en informes que estudiaron de Cenyt –empresa del comisario– los datos ya estaban en fuentes públicas.

Estos miembros del departamento de Seguridad habían sido citados por el juez Manuel García-Castellón a propuesta del Ministerio Fiscal para seguir indagando en el llamado ‘Proyecto Wine’, un encargo de la petrolera y CaixaBank al comisario para tratar de abortar una operación de entrada en el consejo de administración de Repsol del entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, de la mano de Pemex.

Este miércoles han declarado en calidad de testigos Blas Pérez, Juan Carlos Corisco y Santiago Cuadro –el cuarto de los citados ha pedido aplazar la testifical–, aunque fuentes consultadas han explicado que el testimonio que realmente ha tenido interés para la causa ha sido el de Pérez ya que era el único que estaba en Repsol en el periodo de 2011 a 2012, cuando se contrataron los servicios del comisario.

Según estas mismas fuentes, todos ellos han explicado que en su departamento siempre trabajaban con fuentes públicas y han negado que realizaran ningún trabajo conjunto con Villarejo, además de que no tuvieron conocimiento de la existencia de Cenyt hasta que se conoció por los medios de comunicación. Al hilo, han quitado importancia a los informes redactados por el comisario para el proyecto y han resaltado que todo lo que les mandaban sus superiores analizar y que fue enviado por el comisario procedía de fuentes públicas.

Lo encontraban googleando, según ha explicado Pérez, que habría matizado ante el juez que ellos no sabían de donde procedían los informes pero sí que los valoraban por orden de sus superiores, que eran el director de Seguridad Corporativa Rafael Araujo y el subdirector de Seguridad Rafael Girona.

ENCARGOS PUNTUALES

Esos encargos destinados a verificar o comprobar información de inteligencia eran puntuales, y Pérez ha incidido en que lo que chequeaba «estaba en google» y que la calidad de esos trabajos –que según ha dicho desconocía que provenían de Villarejo– era «manifiestamente mejorable» ya que contenía «incoherencias e inconsistencias».

Al hilo de esas peticiones de su inmediato superior, Girona, ha aseverado que él no tuvo conocimiento de que se realizaran ni seguimientos ni análisis de tráfico de llamadas, y ha apuntado además que en lo que estudió no aparecía mencionado el comisario ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

Otra fuente consultada ha indicado que Pérez ha reconocido que si bien desconocía que Repsol contrataba en ese año con Cenyt, su jefe le mandaba analizar esos informes para comprobar en Google si la información que incluía ya era pública y conocida. Con todo, ha explicado que él imaginaba que esos informes provenían de una empresa que ofrecía servicios.

Además, ha señalado que Repsol no solía externalizar trabajos a empresas de detectives salvo que se tratara de investigar a los propios empleados, pero nunca para terceras personas, por lo que esa contratación con Villarejo habría sido algo extraordinario.

En cuanto a las declaraciones de Corisco y Cuadro, fueron requeridas porque participaron en 2018 en las labores para recabar información interna para el informe de Compliance a raíz de la publicación en medios de noticias sobre la contratación. Han apuntado que no supieron de Cenyt hasta ese 2018.

La posibilidad de que el Gobierno presente pronto la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición y de rebelión vuelve a enfriarse ya que, según varios miembros del Ejecutivo, siguen sin contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante en el Congreso. Es decir, aunque el Gobierno mantiene su intención de impulsarla a lo largo de la legislatura, no prevé hacerlo en el corto plazo, según las fuentes consultadas.

Con los indultos aprobados, y los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ya fuera de la cárcel, esta reforma no afectaría en este sentido a los condenados por el procés. A quien sí podría beneficiar es al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al resto de fugados, si deciden regresar a España y son juzgados ya con el Código Penal reformado.

El Ejecutivo confirmó oficialmente en enero de 2020 su intención de actualizar el Código Penal para adecuarlo a los estándares europeos, mediante la reforma, en concreto, de los delitos de sedición y rebelión, al entender que están «desfasados y obsoletos».

Esta decisión llegó tras la sentencia que emitió en octubre de 2019 el Tribunal Supremo en el juicio por el procés, con penas de hasta 13 años por sedición y malversación para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de organizadores del 1-O.

Sin embargo, más de un año después de plantear esa reforma, en Moncloa son conscientes de que su propuesta de rebajar el delito de sedición no convence a algunos de sus habituales socios parlamentarios, principalmente a ERC, que apuesta directamente eliminar el delito.

Por ello, las fuentes consultadas sostienen que no creen que esta cuestión pueda llegar próximamente al Consejo de Ministros, ya que no ven lógico que el Gobierno se arriesgue a llevar al Congreso una medida que no tiene garantías de conseguir los apoyos necesarios.

Tampoco se ha despejado la incógnita de si esta modificación se presentará de forma independiente o dentro de una reforma mayor que contenga otras cuestiones que el Gobierno quiere modificar del Código Penal, como la relativa a la ley del ‘solo sí es sí’ –todavía en tramitación–, los denominados «delitos de expresión», o la derogación de la ley mordaza.

Una de las fuentes consultadas opina a este respecto que podría ser más fácil cerrar «acuerdos parciales» con diferentes grupos para llevar a cabo reformas concretas, que lograr un consenso para acometer la reforma global en su conjunto.

EL GOBIERNO BARAJA NO MÁS DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL POR SEDICIÓN

En lo que se refiere en concreto a la reforma del delito de sedición, el Ministerio de Justicia lleva trabajando en ello más de un año, y ya el pasado mes de noviembre de 2020 el ministro Juan Carlos Campo aseguró que estaría lista antes de 2021. Sin embargo, varios meses después, el Ejecutivo sigue postergando este asunto.

Esa anunciada reforma del delito sedición, con el objetivo de armonizar» el Código Penal español con el de otros países europeos, podría suponer una rebaja de las penas actuales asimilando ese delito a conductas de resistencia grave castigadas en otros países con no más de cinco años de cárcel.

Fuentes gubernamentales argumentan que la sedición es un delito que no encuentra fácilmente un equivalente en los ordenamientos europeos, algo que no ocurre con la rebelión, que si bien no se denomina con este término en otros códigos si puede compararse más fácilmente con otras conductas gravemente penadas como «alta traición» en Alemania o delitos contra la República o la integridad del territorio nacional en Francia.

Actualmente, este delito se regula en el artículo 544 del Código Penal, que señala que son reos de sedición los que, «sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Las penas previstas van desde los 10 a 15 años en el caso de que los cometan autoridades mientras que para el resto, los que hayan «inducido, sostenido dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años.

Por ello se está planteado comparar la sedición -un término decimonónico que se viene arrastrando desde el Código Penal de 1822- con delitos regulados en otros países para sancionar conductas de alteración de paz pública o uso de intimidación para impedir que una autoridad política o funcionario público cumpla con sus funciones, según fuentes jurídicas y universitarias consultadas.

Los líderes de Vox y de Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente, tienen previsto acudir este jueves aunque a distinta hora a las puertas del Tribunal Supremo para dar a conocer las acciones legales que sendos partidos presentarán frente al a concesión de indultos a los líderes independentistas condenados por el ‘procés’ en Cataluña.

Arrimadas, acompañada por el vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo, Edmundo Bal, ha citado a los medios de comunicación a las 11.30, una vez su partido haya presentado un recurso contra los decretos de indulto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La formación naranja cree que puede considerarse como perjudicada en este asunto porque los líderes independentistas en el Parlament de Cataluña anularon las funciones de sus diputados durante la tramitación de las leyes de desconexión en septiembre de 2017.

Consideren líderes separatistas que han salido este miércoles de la cárcel tras ser indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez lo han hecho «sin arrepentirse de nada y redoblando su desafío» para conseguir la independencia de Cataluña.

Por su parte, Abascal acudirá a las 13.00 horas con la plana mayor de su partido – Javier Ortega Smith, Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Marta Castro, Ignacio Garriga, Juan Cremades y Jorge Buxadé- para anunciar las medidas jurídicas que su formación impulsará contra los indultos.

Ya antes de que éstos se aprobaran este martes en Consejo de Ministros, Vox anunció que ya trabajaba en la presentación de una querella contra el Consejo de Ministros que se formalizaría en el caso de firmare los decretos que han sido publicados este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

Como parte personada en la causa juzgada en el Tribunal Supremo, Vox ya había anunciado que recurriría los indultos por la vía de lo contencioso administrativo.

DUDAS LEGALES

la anunciada interposición de estos recursos contenciosos -también por por parte del PP– obligará previsiblemente al Tribunal Supremo a debatir sobre un asunto sobre el que no existen precedentes jurisprudenciales claros, que es la legitimación de los partidos políticos para interponer recurso contencioso-administrativo frente a la medida de gracia que aplique el Gobierno.

Existen sentencias referidas a la falta de legitimidad de los partidos para recurrir decisiones como órdenes ministeriales, pero nunca se había estudiado este asunto en relación con los indultos.

Así lo han señalado fuentes del alto tribunal, que señalan que lo que se decida sobre este requisito formal puede llegar a impedir al PP o Ciudadanos cumplir con su pretensión con respecto a este asunto. La posibilidad de que Vox pueda recurrir parece más clara, ya que fue parte en el proceso que se sustanció ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En todo caso, según las mismas fuentes, todo dependerá de cómo se planteen los recursos contra los indultos, que en principio corresponderá resolver a la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo, que integran los magistrados Segundo Menéndez Pérez, Octavio Juan Herrero Pina, Wenceslao Olea (que es también vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a instancias del PP), Ángeles Huet de Sande y Fernando Romás. No se descarta en todo caso que el asunto termine trascendiendo la Sección y acabe siendo visto por toda la Sala Tercera.

INTERÉS LEGÍTIMO O DIRECTO

Con carácter general, en el orden contencioso-administrativo están legitimados «los titulares de un derecho o de un interés legítimo» (artículo 19 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa). A ello se añade que no hay acción pública salvo que lo reconozca expresamente una ley, y por ello el Supremo ha declarado la falta de legitimación activa para interponer recursos de los partidos políticos en muchos asuntos.

Entre estos asuntos no se encuentra la presentación de indultos, por lo que se carece de jurisprudencia. Además, esta Sala no es muy proclive a la legitimación de los partidos, si bien se trata de un asunto a estudiar y la decisión final dependería mucho del razonamiento expuesto por el partido en cuestión, apuntan las mismas fuentes.

Otros juristas consultados añaden que además del «interés legítimo» antes apuntado, la legitimación en el orden Contencioso se define por el denominado «interés directo», y en este punto el debate debería centrarse en determinar si los políticos tienen interés directo en el indulto de otros políticos que han sido condenados. La falta de antecedentes llevan de nuevo a entrar en materia poco clara.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado ampliar hasta el 1 de octubre el plazo para que la defensa del expresidente catalán Jordi Pujol Soley y sus hijos pueda presentar su escrito de conclusiones.

En un auto emitido este miércoles, el magistrado ha aceptado la petición de la familia Pujol dado «el volumen de las actuaciones».

Así, queda suspendido el plazo de un mes –que finaliza el próximo 16 de julio– que se había fijado inicialmente en la resolución en la que se acordó la apertura del juicio oral contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus siete hijos por formar una presunta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

La respuesta tiene lugar dos días después de que la defensa realizara su petición en un escrito, en el que invocaba el derecho fundamental de defensa.

La familia insistía en que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían tenido un plazo superior para presentar sus conclusiones. Según sus cálculos, dispusieron de más de nueve meses.

«VOLUMEN Y COMPLEJIDAD»

«El reconocimiento del derecho a un proceso con todas las garantías pasa por garantizar la existencia de un equilibrio entre las partes que lo conforman, esto es, que dispongan de las mismas posibilidades», argumentaba la defensa.

En este sentido, los Pujol precisaron que no solicitaban un plazo «idéntico», sino uno que consideraban «indispensable y proporcionado con arreglo al volumen y complejidad de la causa», en referencia al arco temporal que abarca –40 años–.

El letrado destacó, además, el hecho de que dispone de «un único plazo para formular el escrito de defensa de siete personas físicas distintas» –Pujol padre y seis de sus hijos–, cuyos hechos objetos de acusación «distan de ser idénticos» y «merecen una estrategia procesal singularizada».

En la misma resolución, el juez también ha acordado conceder un plazo de 30 días a la defensa de Oleguer Pujol para «concretar las evidencias que por su carácter deben ser expurgadas» por haberse remitido «erróneamente» a la pieza de medidas cautelares.

PENAS DE HASTA 29 AÑOS

El magistrado envió al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola –a la que exoneró por su estado de salud–, así como a otras once personas, por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública.

Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pidió a Jordi Pujol Ferrusola que depositara 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de embargo de sus bienes si no lo hacen o se declaran insolventes.

Así, siguió el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra todo el ‘clan’, al estimar que actuaron conjuntamente, y solicitó penas que van desde los ocho hasta 29 años de prisión.

La Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, aunque destacó el papel de Jordi Pujol Jr –para quien pidió 25 años de cárcel– y su madre en la «dirección operativa» de esta presunta organización criminal.