La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este jueves en su primera visita a la zona de La Rinconada en la capital cordobesa donde se prevé construir la base logística del Ejército de Tierra ‘General de Ejército Javier Varela’ que dicho proyecto «va a ser un ejemplo para otros países de la Unión Europea (UE)«, con la previsión de que sea una realidad en 2026.

La titular de Defensa ha viajado a Córdoba para conocer sobre el terreno el emplazamiento, acompañada por el alcalde de la ciudad, José María Bellido; la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo; el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Francisco Javier Varela; la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro; y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, entre otros representantes institucionales y militares.

Después de visitar los terrenos, Robles se ha trasladado al Ayuntamiento, donde ha departido durante unos minutos con los portavoces de los grupos municipales. Ya en el Salón de Plenos, ha tenido lugar una detallada exposición sobre el proyecto a cargo del jefe de los Centros Logísticos del Ejército de Tierra (Gemale), general de brigada Enrique Ruiz Alonso.

En su exposición, el Gemale ha denominado el proyecto como «punta de lanza en la digitalización en la industria 4.0 y en la logística predictiva» y que va a ser un proyecto de «vanguardia referente no sólo para las Fuerzas Armadas, sino a nivel nacional», «con los componentes para ser ‘hub’ logístico dentro de la Unión Europea».

En su intervención, la ministra ha resaltado el nombre de la base ‘General de Ejército Javier Varela’, actual jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, como impulsor de este proyecto pionero en España.

A continuación, ha agradecido «el trabajo, la disponibilidad y la ilusión» por parte del Consistorio y de la Junta de Andalucía colaborando junto al Ejército de Tierra, porque «es la mejor representación de que cuando queremos hacer algo grande por España todos sumamos». La ministra ha subrayado que este va a ser un «proyecto para toda Andalucía, para España», además de «un ejemplo para Europa».

Mientras, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta ha agradecido a la ministra de Defensa y al Ejército de Tierra la elección de Córdoba «para un proyecto de esta envergadura en lo que supone de modernidad y a la vanguardia, con ingredientes de inteligencia artificial, digitalización e innovación y eficiencia energética», «claves para seguir construyendo Andalucía y generar nuevas oportunidades».

También, Carazo ha añadido que «el proyecto va a servir para asentar la presencia de las Fuerzas Armadas en Andalucía, de las que nos sentimos muy orgullosos, y cuentan con el cariño y el respeto de los cordobeses».

Por su parte, el alcalde ha hecho un análisis de la actual situación del proyecto y ha señalado que «el compromiso de Córdoba es seguir dando todos los pasos necesarios para prepararse para lo que va a suponer la llegada de la base logística a la ciudad», que «va a ser un proyecto transformador» para la economía de Córdoba.

Igualmente, Bellido ha asegurado que «es un proyecto de todos, de todos los grupos políticos, de toda la sociedad cordobesa, la universidad, los agentes económicos y sociales y el movimiento ciudadano», a la vez que ha afirmado que «el compromiso es seguir dando todos los pasos necesarios que van a venir a continuación, como los trabajos urbanísticos, los permisos que habrá que agilizar desde la Gerencia de Urbanismo y la firma del convenio económico con la aportación de los 25 millones de euros».

EL PROYECTO

En el mes de febrero, el Ministerio de Defensa optó por la ciudad de Córdoba como sede del proyecto tecnológico de la base logística del Ejército de Tierra. Su construcción supondrá un extraordinario impulso económico y social para la zona al generar más de 1.600 puestos directos de trabajo, en su mayoría de personal civil, con una inversión de 350 millones de euros y miles de empleos indirectos, a la vez que será un motor tecnológico y de I+D+i para la región.

Se trata de un proyecto innovador en el que el Ejército de Tierra lleva diez años trabajando para dotarse de un centro logístico con los más altos estándares tecnológicos. En él se agruparán las actividades de mantenimiento del material del Ejército en una sola instalación, reduciendo los tiempos de servicio, movimiento e infraestructuras. En definitiva, redundará en una optimización integral de la logística militar al más alto nivel, que será un motor tecnológico de creación de empleo en la región.

Otro aspecto muy destacable de este proyecto son las ventajas relacionadas con la eficiencia energética, gestión y aprovechamiento de residuos y la política medioambiental que permitirá reducir al mínimo el impacto de esta obra en la zona.

En este proyecto las instituciones van de la mano, entre ellas la Diputación, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Universidad de Córdoba, así como el Ayuntamiento de La Carlota, que ofrece dos millones de metros cuadrados de suelo para el proyecto, mientras que los consistorios de Linares (Jaén) y Écija (Sevilla) han mostrado su disposición a colaborar y ofrecer sus posibilidades al ser «un proyecto de vocación andaluza y abierto», al tiempo que los agentes económicos y sociales y el movimiento ciudadano han mostrado su respaldo.

El PP se ha reafirmado este jueves en la posición propia que ha defendido el líder de su partido, Pablo Casado, contra los indultos a los condenados por el ‘procés’ y no ha entrado a valorar el apoyo de los obispos españoles al diálogo, según fuentes de la cúpula del partido.

En concreto, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que los obispos españoles están con sus homólogos catalanes «por el diálogo», cuando se le ha preguntado por la medida de gracia y la postura de las diócesis catalanas.

La Conferencia Episcopal Tarraconense –que reúne a los obispos catalanes– se ha mostrado, ante el contexto social y político en Cataluña, convencida «de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto».

«PREFERIMOS PERDER VOTOS ANTES QUE PERDER EL ALMA»

Fuentes de la dirección del PP no han comentado esas palabras de los obispos españoles y se han remitido a las declaraciones que ha realizado a lo largo de estos días Pablo Casado, subrayando que la posición del presidente del partido «es de sobra conocida».

El pasado jueves, en el Círculo de Economía de Barcelona y antes de que se aprobara la medida por el Consejo de Ministros, Casado ya recalcó que «no se puede aceptar un golpe de legalidad» y que los indultos iban a generar «más frustración.

Casado se reafirmó en sus palabras los días posteriores, pese a las declaraciones de los empresarios y de los obispos catalanes a favor del diálogo y la medida de gracia. «Los únicos accionistas del PP son los españoles. Solo a ellos nos debemos», proclamó el lunes ante los diputados y senadores de su partido en el Congreso.

Es el mismo mensaje que ha repetido esta semana en todas sus intervenciones públicas, donde ha hecho hincapié en que el Partido Popular recoge el sentir mayoritario de la sociedad española en contra de los indultos. «Preferimos perder votos antes que perder el alma, al contrario de lo que hace Sánchez, según le dijo Múgica», ha afirmado Casado estos días en más de una ocasión.

EL SECTOR PROVIDA DEL PP ADMITE SU SORPRESA POR LAS DECLARACIONES

Fuentes del sector provida del PP han admitido su sorpresa por las declaraciones de la Conferencia Episcopal porque, según han subrayado, en otras ocasiones han declinado pronunciarse sobre otros asuntos alegando que son «temas políticos».

Aunque anticipan que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez va a utilizar «todos los resortes» a su alcance, incluidas las declaraciones de la Conferencia Episcopal, para atacar al PP y trasladar la idea de que está en soledad, estas fuentes consideran que todo esto no debe suponer ningún tipo de presión.

«Tenemos las ideas claras y el rechazo a los indultos es lo que comparte más del 90% de la sociedad española», ha resumido uno de los consultados, que ha recalcado que Pablo Casado tiene que defender la «posición de la calle» contraria a la medida de gracia.

El Partido Popular regresa al gobierno local de Ourense, según ha informado en la tarde de este jueves el propio Ayuntamiento en un comunicado.

De este modo, Democracia Ourensana –formación que lidera el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome– ha llegado al acuerdo con el grupo municipal del PP para que los concejales populares se integren y asuman la dirección de varias áreas en el Ayuntamiento de Ourense.

Las concejalías cuya responsabilidad asumen los populares son: deportes, hacienda, medio ambiente, servicios sociales, comercio-termalismo-turismo, igualdad-salud, juventud-voluntariado y urbanismo.

Además, la Junta de Gobierno Local estará formada por tres concejales de Democracia Ourensana y tres del Partido Popular.

Democracia Ourensana había dejado la puerta abierta a la renovación de la colaboración desde el mes de septiembre. Así, se ha comprometido a «considerar» las demandas efectuadas por el PP, quienes de forma recíproca han garantizado considerar los puntos de Democracia Ourensana.

JUSTIFICACIÓN DEL PP

Los populares han justificado el regreso al gobierno basándose en lo que consideran una «premisa fundamental», «ser útiles a Ourense y mejorar la calidad de vida de los ourensanos».

Aseguran que el objetivo es desbloquear una situación que «ya no puede durar más», pues afirma que un gobierno de 10 miembros tiene más posibilidades de lograrlo que un gobierno de 3 personas.

«Esta fue una negociación fundamentada sobre cómo podemos servir a los ourensanos y cuáles son las prioridades que debemos atajar cuanto antes», subraya el Partido Popular, que sentencia que esa prioridad es «dotar a la ciudad de un gobierno que trabaje por ella».

Así, los populares han trasladado que su postura «siempre fue la misma, tender la mano para trabajar juntos por Ourense». «Lo hicimos durante la primera mitad del mandato y lo volvemos a hacer ahora».

Además destacan que habían intentado llegar a acuerdos «de todas las formas posibles» porque «su única prioridad son Ourense y los ourensanos». Para ellos, la prueba de eso es su vuelta al gobierno «con una única exigencia»: «Que todos aportemos a la ciudad, y pedirle al alcalde corresponsabilidad y máximo rigor en la gestión».

El pasado lunes, el presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ya avanzaba que «el PP de Ourense está dispuesto a que la ciudad tenga una gobierno», después de que el alcalde de la ciudad de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, solicitase por carta a los populares que regresen al ejecutivo local.

En su misiva, el regidor de DO había realizado esta propuesta a los populares con varios condiciones como que haya un respaldo a sus promesas de un centro de inteligencia artificial y a un parque acuático. A esto respondió, posteriormente, el PP de Ourense con otras premisas que pasan por avanzar en el PGOM y la defensa del termalismo, entre otros.

CRÍTICAS

Por su parte, el BNG municipal ha criticado el anuncio de la reincorporación, que considera «crónica de una vuelta anunciada» que «no supone ninguna sorpresa».

Para el portavoz del BNG, Luis Seara, el Partido Popular «nunca ejerció de oposición» sino que «se dedicó a mantener el Ayuntamiento sumido en el caos y en la parálisis». Además, lo acusa de «no pensar en los vecinos de Ourense, sino en sus propios intereses partidistas».

Asimismo, han recordado que los motivos que habían esgrimido los populares para su marcha, en septiembre del 2020, giraban en torno a las dudas en la gestión de los fondos públicos que recibía DO y la ausencia de explicaciones por parte del regidor. Unas explicaciones que, según Seara, «siguen sin darse pero ahora no parecen suponer un problema o un motivo suficiente para no volver».

«El PP demuestra que no le importa nada los vecinos de Ourense y también que la oferta de la moción de censura era una auténtica pantomima pues sabían perfectamente que no se iba a firmar», ha recriminado el nacionalista.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha tachado este jueves la alianza entre Partido Popular y Democracia Ourensana como «una falta de respeto a los ourensanos».

El Papa Francisco ha expresado su deseo de «paz» frente a los «conflictos» que minan países de Oriente Medio y África. Así lo ha indicado este jueves durante su reunión con los participantes de la 94 Asamblea Plenaria de la Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales (ROACO), que ha tenido lugar en Roma del 21 al 24 de junio.

Francisco ha recordado las realidades eclesiales y geográficas afectadas por la guerra y ha subrayado la importancia de «encontrarse» para «acoger las preguntas y los gritos que llegan de tantas partes del mundo, especialmente de las Iglesias y de los países por los que desarrollan su trabajo».

«Yo mismo soy testigo de ello, porque precisamente en este contexto, en 2019, anuncié mi intención de ir a Irak, y gracias a Dios, hace unos meses, pude cumplir este deseo», ha añadido el Pontífice.

El Papa también ha recordado la situación en Eritrea y la «grave crisis en el Líbano», que han sido objeto de las reuniones de la ROACO de este año.

El pensamiento de Francisco se ha dirigido también a Tierra Santa, a los pueblos de Israel y Palestina, por los que ha expresado una esperanza. «Siempre soñamos que en el cielo se extienda el arca de la paz, dada por Dios a Noé como signo de la alianza entre el cielo y la tierra y de la paz entre los hombres», ha deseado.

Sin embargo, el Papa ha precisado que «a menudo, incluso recientemente, esos cielos están surcados por artefactos que traen destrucción, muerte y miedo».

Otro grito de dolor, según ha dicho, se eleva también desde Siria, «siempre presente en el corazón de Dios». Pero parece, según ha subrayado, «que no logra tocar el corazón de los hombres que tienen en manos el destino de los pueblos».

«Queda el escándalo de diez años de conflicto, de millones de desplazados internos y externos, de las víctimas, de la necesidad de reconstrucción que sigue siendo rehén de la lógica partidista y de la falta de decisiones valientes por el bien de esa martirizada nación», ha lamentado.

Francisco también ha recordado que las reflexiones de la ROACO examinaron también la situación eclesial en Etiopía, Armenia y Georgia. «A veces es necesario reconstruir edificios y catedrales, incluso los destruidos por las guerras, pero antes es necesario prestar atención las piedras vivas que están heridas y dispersas», ha indicado.

Igualmente, Francisco ha reconocido que sigue «con aprensión la situación surgida con el conflicto en la región etíope de Tigray, en Etiopía, sabiendo que su alcance abarca también a la vecina Eritrea». «Más allá de las diferencias religiosas y confesionales nos damos cuenta de lo esencial que es el mensaje de la Fratelli Tutti, cuando las diferencias entre etnias y las consiguientes luchas por el poder se erigen en sistema», ha ahondado.

También ha retrocedido a 2016, cuando al final del viaje apostólico a Armenia, junto con el patriarca actual de la Iglesia apostólica armenia Catholicos Karekin II, se soltaron palomas al cielo, «como signo y deseo de paz en toda la región del Cáucaso».

«Desgraciadamente esa región ha sido herida de nuevo en los últimos meses, y por eso les agradezco la atención que han prestado a la realidad de Georgia y Armenia, para que la comunidad católica siga siendo signo y fermento de vida evangélica», ha declarado.

Finalmente, el Papa ha mostrado su gratitud a todas las personas que apoyan los proyectos de la ROACO y ha hecho un llamamiento para seguir colaborando ante la reducción a la mitad de la colecta para Tierra Santa de 2020.

«Ciertamente, pesaron mucho los largos meses en los que la gente no pudo reunirse en las iglesias para las celebraciones, pero también la crisis económica generada por la pandemia. Si por un lado esto es bueno para nosotros, porque nos empuja a una mayor esencialidad, sin embargo no puede dejarnos indiferentes, pensando también en las calles desiertas de Jerusalén, sin peregrinos que van a regenerarse en la fe, pero también a expresar una solidaridad concreta con las Iglesias y las poblaciones locales», ha señalado.

Las personas de entre 33 y 50 años que hayan sufrido abusos en la infancia y que no hayan denunciado su caso, podrán hacerlo a partir de este viernes 25 de junio, con la entrada en vigor del grueso de la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que aumenta el comienzo del plazo de prescripción de estos delitos, que empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 35 años.

Hasta ahora, el plazo comenzaba a correr cuando la víctima cumplía 18 años. Teniendo en cuenta que el plazo de prescripción de estos delitos es de entre 5 y 15 años dependiendo de la gravedad de los mismos, hasta la fecha, las víctimas de abusos en la infancia tenían como máximo hasta los 33 años para denunciar ante la Justicia.

A partir de este viernes, con la entrada en vigor de la ley de protección a la infancia, las personas que hayan sufrido abusos cuando eran menores, podrán denunciar hasta los 50 años para los casos de delitos más graves.

Este aumento del comienzo del plazo de prescripción venía siendo reclamado por las asociaciones de víctimas de abusos, ya que, según advierten, las personas que sufren abusos en su infancia «tardan años» en aceptar lo que les sucedió, y por tanto, en denunciar.

Algunos grupos parlamentarios, víctimas y ONG habían pedido que este plazo empezara a contar a partir de los 40 años de la víctima y otros que no prescribiese nunca, como es el caso del primer denunciante del caso de abusos de Montserrat e impulsor de la campaña en Change.org #ElAbusoNoPrescribe, Miguel Ángel Hurtado.

El Fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban, ha valorado positivamente el aumento del plazo de prescripción de estos delitos pues considera que «favorece el apoyo a las víctimas», aunque reconoce que en el ámbito jurídico puede resultar «chocante» y a algunos les parece «un poco exagerado».

«La experiencia demuestra que uno no se libera automáticamente al cumplir los 18 años de todos los traumas que te han impedido poner de manifiesto los sufrimientos que has tenido cuando eras niño. Lo que hacemos es ampliar el arco para que haya más posibilidades de poderse liberar de esas ataduras, de contar lo que te pasó», declaró Esteban.

INCIDENCIA EN EL NÚMERO DE DENUNCIAS

Preguntado por si considera que este incremento en el plazo puede provocar un aumento exponencial en el número de denuncias por abusos sexuales en la infancia –personas que no pudieron denunciar porque el delito había prescrito y que ahora van a poder hacerlo–, el Fiscal de Menores no cree que vaya a tener «tanta incidencia en el número» e insta a valorarlo «desde el punto de vista de cada víctima».

La ley de protección a la infancia fue aprobada casi por unanimidad el pasado 20 de mayo por el Pleno del Congreso de los Diputados y publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 5 de junio. La ley, según establece el texto, entra en vigor a los 20 días de su publicación en el diario oficial del Estado español.

Además de la ampliación del plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, la ley también prohíbe los desnudos integrales para determinar la edad de los menores que migran solos y el uso de la contención mecánica en centros de menores infractores, entre otras medidas.

Asimismo, establece la obligación de pedir permiso a los progenitores para difundir la imagen de un menor fallecido o la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia.

Igualmente, se otorga la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos algo que ha suscitado rechazo pues, según han alertado las ONG de infancia, puede provocar «situaciones arbitrarias»; y otra novedad que incorpora es el refuerzo de la prueba preconstituida para evitar la revictimización de los menores.

La ley contará con una financiación de 70 millones de euros, según anunció la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante el debate de la ley en el Congreso. Belarra calificó la nueva norma de «hito», dijo que supone «un antes y un después» en la protección de los derechos de la infancia y que pone a España «a la vanguardia» internacional en esta materia.

SE PROHÍBE EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL

En la ley también se introduce la perspectiva de género, algo que se refleja en algunas medidas como la prohibición del Síndrome de Alienación Parental o el refuerzo del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor ha presenciado situaciones de violencia machista.

Otros aspectos que establece la ley son la incorporación el deber de todos los ciudadanos de «comunicar de forma inmediata» cualquier indicio de violencia sobre menores, también cuando lo haya cometido el cónyuge.

Además, en el texto se incluyen el acoso escolar o bullying y el ciberbullying como forma de violencia contra la infancia y se habla de garantizar la protección de los menores en Internet y las redes sociales. Igualmente, destaca la obligación de los centros de menores tutelados así como de los centros deportivos y de ocio, de contar con protocolos contra la violencia.

Casi todos los grupos parlamentarios mostraron su apoyo el pasado 20 de mayo a la Ley y se felicitaron por ella, excepto Vox, que la denominó «Ley Herodes» por considerar que la norma «arrebata la inocencia de los pequeños».

Este viernes entra en vigor el grueso de la ley, a excepción de los artículos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1, apartados b y c, que entrarán en vigor a finales de diciembre de 2021. Entre estos, destaca el artículo 35 que se refiere a la creación de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar social en todos los centros educativos para la prevención, detección precoz y protección del alumnado.

Tampoco entrará en vigor, hasta el 1 de enero de 2022, la disposición final decimocuarta, referida a la modificación de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha remitido un oficio a la Comisión Nacional de Estadística Judicial para que sus boletines estadísticos incluyan todos los casos de asesinatos de menores, cumpliendo, así, la recién aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia.

Tal y como ha explicado el Observatorio, en la actualidad, los boletines estadísticos de cumplimentación trimestral obligatoria por juzgados y tribunales no recogen información sobre casos con resultado de muerte de menores en el ámbito de la violencia doméstica. La información solo recoge lo relativo a violencia de género.

La iniciativa de Carmona pretende, así, poder contar con información de todos los casos en que tenga lugar un homicidio o asesinato de un menor, tanto en el ámbito de la violencia de género como de la violencia doméstica.

Esta modificación, indica el organismo, permitiría elaborar estadísticas rigurosas sobre los crímenes en los que la víctima es un menor, ya sea en el ámbito de la violencia de género o de la violencia doméstica.

Carmona ha informado de esta iniciativa durante una reunión del grupo de expertos del Observatorio que ella misma ha convocado de «urgencia» esta semana tras el «grave repunte de casos de feminicidio» desde la finalización del estado de alarma.

En este sentido, y también en relación con las novedades introducidas por esta ley de violencia en la infancia, durante la reunión se ha abordado la necesidad de adaptar los cursos de formación específicos en materia de violencia de género. Así, los expertos han analizado cuál debe ser la definición exacta del término «violencia vicaria», utilizado específicamente en el ámbito de la psicología, desde el punto de vista jurídico.

En el encuentro, según ha informado el Observatorio, los expertos han reflexionado «sobre las posibles causas» del «elevado número de asesinatos de mujeres en las últimas siete semanas», así como «sobre la vigencia y actualización de los protocolos y guías de actuación».

Así, desde el Observatorio, han llamado al Gobierno a poner en marcha las medidas pendientes por cumplir del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y «muy especialmente» aquellas relacionadas con la prevención, la educación y las campañas de sensibilización y concienciación frente a la violencia de género.

Todas ellas, en opinión de los expertos, son «imprescindibles» para generar en la sociedad un clima de «tolerancia cero» frente a la violencia machista y erradicar estos crímenes.

UN MENSAJE DE ESPERANZA A LA SOCIEDAD

En esta línea, los expertos consideran necesario incluir en los protocolos de valoración del riesgo nuevos parámetros que contribuyan a un mejor diagnóstico. Entre ellos, la investigación de las redes sociales de las personas denunciadas por violencia machista y el análisis de su conducta por equipos de psicólogos y criminólogos especializados en ciencia del comportamiento.

Los asistentes a las reunión del Observatorio han transmitido, además, «un mensaje de esperanza a toda la sociedad» de que «ni las instituciones ni los profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género van a caer en el desánimo», sino que «van a seguir trabajando para lograr el objetivo de cero víctimas».

El Observatorio ha informado, además, que Carmona tiene previsto convocar para el próximo mes de septiembre el pleno del Observatorio, del que, además del Consejo General del Poder Judicial, forman parte los ministerios de Justicia, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Interior; así como la Fiscalía General del Estado; las comunidades autónomas, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.

La aporofobia, es decir, el odio a las personas pobres, se convertirá desde este viernes 25 de mayo en un agravante de la responsabilidad penal, al igual que ya lo eran el racismo o la homofobia, gracias a la entrada en vigor este viernes de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

En concreto, la ley da una nueva regulación a los delitos de odio comprendidos en el Código Penal, incorporando la aporofobia y la exclusión social como un agravante de la responsabilidad criminal. También se incluye la edad como motivo de discriminación, no solo referida a los niños y niñas sino también a los mayores.

La filósofa Adela Cortina, que acuñó el término ‘aporofobia’ hace más de 20 años, ha manifestado su «alegría» por este paso en una entrevista. «Por supuesto que es una alegría. Por una parte, porque nuestra sociedad comunica por este medio que rechaza totalmente este tipo de acciones, que nos parecen repulsivas, que las repudiamos radicalmente», ha señalado.

Cortina celebra este logro «también, y sobre todo», porque entiende que habrá «una mayor vigilancia» por parte de la policía para que esto no suceda, tratará de detectar qué personas en los barrios se encuentran en situación de vulnerabilidad, conectará con ellas y estará pendiente de lo que les pueda ocurrir.

«Las personas indefensas se encontrarán más protegidas, sabrán que pueden denunciar malas actuaciones y que van a ser atendidas, que la comunidad está con ellas. Es una buena noticia», ha reconocido Cortina, quien ha alertado, no obstante, de que esto es «una pequeña parte de lo que se puede hacer para acabar con la aporofobia».

«Ya en el caso de las personas sin hogar hay que llevar adelante el programa ‘¡Hogar sí!’ en todas las poblaciones. Y, por supuesto, acabar en nuestra sociedades con el desprecio a los peor situados, a los que en este mundo en que rige el principio del intercambio parecen no tener nada interesante que dar a cambio de que se respete su dignidad», ha enfatizado.

Por otro lado, la ley de infancia también incluye la discriminación por edad como agravante del delito, con el objetivo de proteger a las personas de edad avanzada.

Precisamente, el pasado mes de diciembre durante un seminario académico, Adela Cortina reclamó «erradicar la gerontofobia (odio a los ancianos) y el edadismo (discriminación a mayores por razón de su edad)» que, a su juicio, han surgido en la sociedad con más fuerza durante la pandemia. Para cortina, esta discriminación es «inmoral y poco inteligente».

El Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), perteneciente a la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, considera que el cartel patrocinador del desfile solidario que se celebra este jueves en Santander, en el que aparece una chica en bañador, es «sexista» y utiliza el cuerpo de la mujer como «un reclamo sexual».

Así lo ha valorado en un informe publicado el 22 de junio, a solicitud de la Dirección de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, que requirió el cese o la rectificación de esta publicidad «ilícita» y «desleal» por «sexista» a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (APEMECAC), organizadora del evento.

Sin embargo, los organizadores del desfile relacionaron el bañador que aparece en la imagen con uno de los productos patrocinados en el desfile, valoraron que la misma era «respetuosa» y no retiraron el cartel y mantuvieron la celebración del acto, que tendrá lugar esta tarde.

Ahora, con la publicación de este informe, el OIM apoya los argumentos de la Dirección de Igualdad del Gobierno regional, en relación a que se trata de una publicidad «desleal» e «ilícita» por «sexista».

En concreto, sostiene que el cartel anunciador del desfile de verano contra la pobreza infantil representa estereotipos de género vinculados a los cánones de belleza «discriminatorios».

Asimismo, cree que utiliza el cuerpo femenino como un reclamo y objeto «sexual», señalando que «elementos como la larga melena, el busto prominente, los ojos cerrados, las piernas abiertas y las contorsiones de postura, junto con la actitud pasiva, son recursos recurrentes en la representación cosificada y sexualizada de las mujeres, y así lo percibe el espectador».

Además, asegura que carece de una «relación directa e incuestionable» con el producto que se promociona.

Según explica el OIM en el informe, en la legislación «no influyen» los objetivos ni fines del evento, que son la revitalización de sectores económicos locales y la obtención de fondos para una causa social, como tampoco el carácter habitual de la representación discriminatoria de las mujeres en la publicidad, sino que hace referencia a las piezas publicitarias en sí mismas.

Asimismo, destaca el peso de la imagen en el conjunto de la composición del cartel, tanto por su tamaño como por su colocación, que «es indudablemente» el fragmento que en primer lugar atrae la mirada «muy por encima» del resto de los elementos que figuran en el cartel (rótulos y logos).

«La elección de la fotografía, más allá del producto que muestra, está motivada con ese objetivo y no con el de promocionar un bañador», afirma.

A su juicio, la imagen no representa la «esencia» del desfile de verano dado que el bañador concreto que aparece no está «directamente vinculado» con el objeto a promocionar dado que «no es un producto básico ni principal» del conjunto de la actividad, de la que forman parte unos 20 negocios.

Asimismo, el informe hace referencia a la «ilicitud» en la forma de presentarse la imagen y la percepción de la misma que se pretende. Según describe, la imagen representa a una modelo joven en bañador, con una «densa y larga» melena, «delgada y atractiva», «destacando su aspecto físico sobre cualquier otro elemento, incluida la prenda que viste», que «precisamente se utiliza un color neutro que no destaca en la gama de tonalidades de la foto».

En su opinión, la fotografía reproduce los estereotipos sobre cánones de belleza que se han llegado a convertir en un «mandato social» para las mujeres, que «generalmente son valoradas o enjuiciadas más por su semejanza a esa apariencia física determinada que por cualquier otra capacidad que tengan o función que realicen», convirtiéndose esta cuestión en un posible factor de «discriminación» en caso de «no ajustarse a ese modelo de belleza normativizado, por muy «excepcional o irreal» que resulte.

Así, detalla que la joven, aunque aparentemente se está «exponiendo al sol», adopta una postura «poco natural», en la que «llama la atención la ligera contorsión y las piernas abiertas», que contribuyen a convertir su cuerpo en «un reclamo para la mirada». Igualmente destaca la «prominencia de su busto», parcialmente descubierto, otro «elemento característico de la utilización publicitaria del cuerpo femenino como un objeto sexual».

A ello se une, también, su «actitud pasiva», «ausente o indolente», y sus ojos cerrados, que son «aspectos que invitan aún más a la libre contemplación del cuerpo».

«Ninguno de estos factores es imprescindible ni necesario para anunciar un bañador, incluso en el caso de que este fuera el objetivo del cartel anunciador», defiende.

De esta forma, concluye que la imagen presenta «connotaciones eróticas» que «acentúan la parte captatoria» y, por tanto, se incurre en la «cosificación» de las mujeres al utilizar de cuerpo femenino como «reclamo y objeto sexual», lo que «atenta contra la dignidad de las mujeres y vulnera sus derechos constitucionales».

El Consejo Estratégico ‘Mujer e Ingeniería»‘ de la Real Academia de Ingeniería ha presentado la Declaración ‘Mujer e Ingeniería’ para normalizar la participación de las mujeres en el ámbito de la Ingeniería y la Tecnología y divulgar lo que aporta la Ciencia y la Tecnología en la Sostenibilidad del planeta y la calidad de vida de las personas.

Según ha informado la organización, el documento ha sido presentada en un acto en la Real Academia de Ingeniería, donde ha participado Elena Salgado, exministra, exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo Estratégico Mujer e Ingeniería, quien ha subrayado los datos que han llevado a esta reflexión.

En este sentido, Salgado ha destacado que, según estudios recientes publicados por la Organización de las Naciones Unidas, menos de un 30% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, una proporción que ha avanzado muy poco desde 1995. En el ámbito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) las mujeres siguen estando infrarrepresentadas: un tercio de los investigadores del mundo son mujeres.

Además, la falta de diversidad de género en el sector tecnológico ha sido cuantificada por algunos expertos en términos monetarios, llegando a afirmar que el coste para el conjunto de la Unión Europea supera los 16.000 millones de euros al año.

Tras este análisis, Salgado ha leído el documento, consensuado por todos los miembros del Consejo, donde se solicitan medidas para acercar la ciencia a estudiantes de todas las etapas educativos y géneros por igual.

«Es urgente e imprescindible poner en marcha una gran alianza que impulse un cambio de paradigma en la educación y en el entorno familiar, con el objetivo claro de revertir esta situación. Solo desde un cambio profundo en la educación podremos enfrentar los desafíos de todo tipo que representan las tecnologías y el gran potencial de desarrollo que supone para nuestra sociedad», ha comentado Salgado.

El Consejo está integrado por ingenieras y científicas de primer nivel que trabajan en el ámbito de la investigación, la universidad o la empresa. En el acto de presentación de la Declaración han participado algunas de ellas, como María Vallet, Vicepresidenta de la Real Academia de Ingeniería; Nuria Oliver, Académica de la Real Academia de Ingeniería y especialista en Inteligencia Artificial y Ciencia de Dator; Sara Gómez, Directora del proyecto; Isabel Pardo de Vera, Presidenta de ADIF; Ángeles Santamaría, Consejera delegada de Iberdrola España; y Elena García Armada, Investigadora CSIC y presidenta de la empresa Marsi Bionics.

«Si a un niño le preguntas que hace un ingeniero, te contestará carreteras y puentes. Sin embargo, cuando tienen que elegir qué carrera tienen que estudiar, no optarán por una carrera como Ingeniería, ya que no conocen qué otras aplicaciones hay detrás. Este proyecto pretende abrir un abanico para que conozcan todo el potencial de las carreras STEM», ha comentado durante el acto María Vallet, Vicepresidenta de la Real Academia de Ingeniería.

Nuria Oliver, Académica de la Real Academia de Ingeniería y especialista en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, ha afirmado que «la oportunidad que la inteligencia artificial» que brinda para tener «un impacto social positivo es inmensa». «Pero para poder transformar esta oportunidad en una realidad tenemos que asegurarnos de que su desarrollo está centrado en las personas y en el planeta», ha asegurado.

«También necesitamos atraer a cientos de miles de jóvenes, especialmente a chicas, a este fascinante campo en el que literalmente estamos imaginando, diseñando y creando el futuro: un futuro lleno de esperanza y prosperidad», ha dicho.

Por su parte, Isabel Pardo de Vera, Presidenta de ADIF, ha mencionado que «necesitamos dar difusión a todo lo que hacemos y a nuestro compromiso por las personas. Tenemos que comunicar la satisfacción que, a pesar de su complejidad, nos dan las carreras STEM. Quiero transmitir optimismo y animar a las jóvenes españolas a que se sumen a ellas».

Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, ha destacado que en Europa están «abanderando el liderazgo de la sostenibilidad, fijando ambiciosos objetivos de reducción de emisiones contaminantes –y asignando incentivos y recursos económicos–, que van a representar retos de inversión, industriales y tecnológicos, pero sobre todo sociales.

«Necesitaremos ingenieros e ingenieras que trabajen los sectores de futuro y proporcionen soluciones eficientes e innovadoras. Necesitaremos ingenieros e ingenieras humanistas que lideren está transformación», ha asegurado.

«Ese es precisamente el mejor de los objetivos de esta declaración que hoy presentamos: el futuro. Tenemos que ser capaces de motivar e inspirar a todas esas niñas que aún no saben que desde la ciencia y la investigación se construye el verdadero progreso social. Y ese futuro tiene que escribirse también con letra de mujer», ha comentado Elena García Armada, Investigadora CSIC y presidenta de la empresa Marsi Bionics.

En la primera reunión de trabajo, presidida en enero de este año por la la Reina, el Consejo Estratégico, a partir de diferentes indicadores de Naciones Unidas, OCDE o Eurostat, alertó de la preocupante ausencia de mujeres en la Ingeniería y la urgencia de fomentar vocaciones de carreras técnicas que, desgraciadamente, en los últimos años han descendido en España.

Por ello, el Consejo Estratégico Mujer e Ingeniería abordará los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial e impulsará una estrategia, con programas a diferentes niveles, que favorezcan el acceso a la formación en ciencia, tecnología e ingeniería, vectores indispensables para el Consejo en el cambio que necesita de forma urgente nuestro modelo productivo.

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, se ha referido a la proyección de audiencia que tiene Televisión Española (TVE) paralos próximos meses y ha afirmado que «corregir a medio año una deriva que empezó hace varios años cuesta». «Nos costará, será difícil, será lento pero lo conseguiremos», ha asegurado.

Así lo ha indicado el máximo responsable de RTVE durante su última comparecencia del periodo de sesiones ordinario ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada este jueves en la Cámara Baja.

En este sentido, ha hecho hincapié en que «preocupa y ocupa conseguir público». «El primer paso será ganar en credibilidad y reputación, estabilizar los presupuestos y avanzar por conseguir audiencia», ha añadido.

Desde su punto de vista, «RTVE tiene impacto, tiene audiencia, tiene y tendrá futuro y vamos avanzando en que todos los españoles consideren que RTVE es y será su plaza pública».

Por otro lado, ha explicado las razones que llevaron a la no formalización del nombramiento de Mamen del Cerro como directora de Contenidos Informativos de TVE. «Yo también me preocupé. Yo me sorprendí. Me resultó bastante deprimente la situación que se creó», ha confesado.

Pérez Tornero ha indicado que «no fue una denuncia exactamente» sino que fue «un acuerdo compartido». «Lo que les digo es auténticamente cierto», ha advertido antes de aclarar el caso. El presidente de RTVE ha señalado que «cuando se nombran los responsables que van por debajo» de quienes ostentan los puestos de alta dirección, «tiene que haber un mutuo acuerdo entre la persona que lo propone, que es el responsable de la alta dirección y la Presidencia y el Consejo de Administración en última instancia, que es el que responde de la misión de servicio público de Televisión Española».

Según ha apuntado, Mamen del Cerro presentó un único nombre que no logró el respaldó de la Presidencia. «Obviamente, uno espera y el Consejo espera que haya otros nombres. No fue posible. Sólo hubo uno. Nuestra idea es sumar, renovar y ser ágiles, y ser no monolíticos», ha asegurado.

NUEVO EQUIPO DE INFORMATIVOS

Pérez Tornero ha afirmado que no se arrepiente «en nada» de haber propuesto en nombramiento de Del Cerro, «salvo por esta pequeña decepción que ha provocado». Tras pedir disculpas a los miembros de la Comisión, ha dicho que están «en vías de superación» y «muy pronto» anunciará el nuevo equipo que liderará los Servicios Informativos.

«El talante dentro de los servicios Informativos es que haya diversas propuestas y se respete la independencia profesional y también que todos los profesionales sepan que tienen una doble responsabilidad: con su autonomía, independencia profesional y deontológica y un compromiso colegiado e institucional con la Corporación RTVE», ha manifestado.

Durante su intervención, el máximo responsable de la Corporación pública ha vuelto a referirse al problema de la interinidad y la precariedad laboral y ha reconocido que es «un tema que afecta a RTVE en su conjunto» y ha añadido que deriva de que «desde el año 2008 era muy difícil reponer las plantillas». Así, ha avanzado que la intención es sacar a concurso público entre 340 y 500 plazas entre 2021 y 2022 «para intentar poco a poco ir reponiendo lo que se ha ido perdiendo en este tiempo».

El relevo generacional de la plantilla ha sido otro de los temas que ha abordado en su intervención, asegurando que se realizará «de manera natural y progresiva». «Tenemos una política de personal que va a suponer un tercio de la renovación del personal de nuestra empresa, una plantilla que está en el entorno de los 55 años de media. Vamos a renovarla convocando más plazas, formando y haciendo que los que se marchen no lo hagan del todo, estableciendo un nexo entre estos y los que se quedan a través del Instituto de RTVE», ha manifestado.

Sobre los recursos humanos y técnicos de los que dispone RTVE en Ceuta y Melilla tras la reciente crisis migratoria, ha detallado que cada una de las ciudades mencionadas tiene siete personas, entre los cuales son tres de personal técnico y cuatro periodistas. «Se va a reforzar la plantilla este verano con un informador en cada una de ellas porque en verano, como ustedes saben, los conflictos crecen», ha subrayado.

En la parte técnica, ha asegurado que «se va a mejorar la cobertura con la distribución de una mochila conexión directa al satélite», se van a ampliar los sistemas de edición de vídeo con nuevos terminales, dos en cada uno de las sedes de la ciudad, así como los circuitos de datos.

En relación con las medidas para garantizar la financiación, Pérez Tornero ha explicado que en junio RTVE ha tenido que pagar por IVA 126,2 millones adicionales de euros, contratando para ello un préstamo financiero. «Hemos solicitado a la SEPI varios escenarios para que nos den una solución y creo que estamos en camino de encontrarla y a final de mes en este tema sabremos la resolución», ha dicho.

«A través del Mandato Marco y a través de una ley de financiación, en la que intervendrá el Gobierno y el Parlamento, RTVE desearía hacer equivalentes los ingresos con la función que debemos cumplir», ha insistido el presidente, que ha anunciado que se ha solicitado del Gobierno la apertura de una negociación para establecer un contrato programa puente hasta que haya un mandato marco para poder configurar el presupuesto. «Si el mandato marco está a final de este año, seguramente el contrato programa para 2023 se podrá hacer bajo un nuevo paraguas de legislación», ha agregado.

COMENTARIOS MACHISTAS EN LOS GOYA

Preguntado sobre las sanciones impuestas en la resolución del caso del expediente de los audios machistas de los premios Goya, Pérez Tornero ha informado de que uno de los responsables ha sido sancionado por una infracción grave con suspensión de empleo y sueldo de 3 a 15 días, y el otro empleado por infracción muy grave, con suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días. No obstante, considera que «no basta con esto» y ha apuntado que ya se está elaborando un plan de formación interno en materia de igualdad.

Respecto a la estrategia para recuperar las audiencias de los contenidos deportivos, Pérez Tornero ha afirmado que «hay un problema de derechos» copados por las «grandes plataformas» y ha añadido que RTVE está trabajando «con energía» y en asociación con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para «comprar más y mejor, y más barato». «En la próxima temporada, tendremos mejor oferta deportiva, con más valores, muy diversa y también más espectacular», ha remachado.

Finalmente, ha recordado que La 1 no emite corridas de toros desde junio de 2016 y ha dicho que RTVE no quiere ser «protagonista» de este tema y acatará lo que diga el Parlamento. «Vamos a respetar los derechos de los niños, de los animales, de las personas y la tradición cultural de un país. Estamos a disposición del Parlamento. Si el Mandato Marco decide optar por una opción u otra, somos respetuosos con la ley», ha apostillado.

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la primera ley climática del bloque, que fija el objetivo de lograr la neutralidad climática a mitad de siglo y establece la meta intermedia de haber reducido un 55% para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los eurodiputados han respaldado con 442 votos a favor, 203 en contra y 51 abstenciones el acuerdo político que alcanzaron a mediados de abril con los Estados miembros la normativa central del Pacto Verde europeo y pilar fundamental de la lucha del club contra el cambio climático.

En particular, la ley climática de la UE establece el objetivo de lograr en 2050 la neutralidad climática: reducir al máximo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y conseguir que las restantes sean absorbidas, por ejemplo, por la acción de los bosques.

En la senda para lograr la neutralidad, la ley establece un objetivo intermedio para el final de esta década que será del 55%. Esta disminución de las emisiones será «neta», un aspecto que levanta las críticas de las organizaciones ecologistas, que denuncian que eso supone que el esfuerzo real será menor.

Además, la normativa sugiere a la Comisión Europea que proponga nueva meta intermedia para 2040 si lo considera oportuno después de que se haga el primer balance global de los avances conseguidos en el marco del Acuerdo de París.

Además de la trayectoria de reducción de emisiones, la ley climática subraya la necesidad de fortalecer la capacidad de los sumideros de carbono a través de una actualización del reglamento sobre el uso de la tierra y la silvicultura, que el Ejecutivo comunitario quiere proponer próximamente.

Otros aspectos de la ley climática europea son el compromiso para tener emisiones negativas de gases de efecto invernadero después de 2050, la creación de una junta independiente de asesoramiento científico sobre cambio climático, disposiciones «más fuertes» sobre la adaptación al cambio climático y la búsqueda de una mayor coherencia de las políticas de la UE con el objetivo de la neutralidad climática.

La intención de Bruselas es proponer el próximo 14 de julio el primer paquete de medidas para trasladar el objetivo de reducción de emisiones para 2030 en medidas tangibles.

Bautizado como ‘Fit for 55’, incluirá medidas como la revisión del sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), la introducción de un mecanismo para gravar la entrada al bloque de productos con mayor huella de carbono que los producidos en la UE y nuevas metas nacionales de recorte de emisiones para el final de esta década.

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía, y el único rechazo de Vox, instar a la Junta a «impulsar las políticas de prevención, sensibilización, atención y reparación de la violencia vicaria», que así es como se define a aquella ejercida sobre los hijos para dañar a la madre.

Así lo ha acordado la Cámara andaluza al aprobar una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista ha defendido en el Pleno y con la que el Parlamento también insta a la Junta a que rechace «cualquier posicionamiento político negacionista que cuestione la violencia machista hacia las mujeres y sus hijos e hijas, creando los recursos de apoyo social, educativo, médico, psicológico y jurídico que sean necesarios, incorporando los recursos personales y presupuestarios en las consejerías con competencias en materia sanitaria, educativa, y en materia de justicia, a fin de reforzar la detección, atención y reparación de los casos de violencia vicaria».

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha puesto de relieve que Andalucía fue «la primera comunidad autónoma en incluir, en la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, la violencia vicaria y proteger como víctima de violencia de género a ‘las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados’ (…), definiendo la violencia vicaria como la ejercida sobre los hijos e hijas, que incluye toda conducta ejercida por el agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer».

«La violencia vicaria es una forma de terrorismo machista por el que las hijas y los hijos se transforman en objetos para continuar el maltrato y la violencia hacia la madre», ha sentenciado la diputada del PSOE-A al hilo de esta iniciativa que alude, entre otros, al reciente caso de la desaparición en Canarias de «las pequeñas Anna y Olivia, y la aparición del cuerpo de la mayor de las hermanas, que ha conmocionado a la sociedad española».

Tras advertir de que «el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) tiene detectados en España a 471 menores en riesgo de convertirse también en víctimas de sus propios padres», desde el PSOE-A han sostenido que «no podemos permitir que, mientras siguen ocurriendo asesinatos a mujeres y de sus hijos e hijas, se sigan cuestionando las políticas de igualdad y de violencia de género en Andalucía».

«No podemos permitir que los avances que creímos conquistados se pongan en entredicho y cada vez más las mujeres andaluzas seamos moneda de cambio ante los ataques de la ultraderecha», ha subrayado la representante del PSOE-A, que ha sentenciado que, «en Andalucía y en España, eliminar la violencia de género y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación, y la ideología negacionista no puede estar por encima de nuestras leyes».

MENSAJES DE PP-A Y CS A FAVOR DE LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha asegurado que podría iniciar su intervención diciendo que «el repunte de casos» de violencia de género «es culpa de Pedro Sánchez y del Gobierno por recortar presupuestos y no desarrollar el Pacto de Estado». «Esto es lo que hacía Susana Díaz», pero «eso no es verdad», ha dicho.

«No es cierto que el Gobierno sea responsable, no voy culpar a ningún Gobierno porque ése no es el camino. Ningún Gobierno tenemos la solución, ésa es la realidad», ha afirmado antes de agregar que «lo mejor que podemos hacer es trabajar, trabajar y trabajar juntos desde nuestra diferencia ideológica».

García ha reclamado al Gobierno que «devuelva a los ayuntamientos andaluces lo que han recortado de fondos del Pacto de Estado», que ha traducido en que «han tenido que despedir a profesionales porque no les podían pagar», y ha concluido llamando a «arrimar el hombro», porque «hay vidas en juego», ha remachado su intervención.

La parlamentaria de Cs Mar Hormigo ha sostenido que la violencia vicaria es «una extensión brutal de la violencia de género», y ha defendido la labor que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que dirige Rocío Ruiz está llevando a cabo para ayudar «con medios y recursos a acabar con esta aberración que nos deshumaniza como país y como comunidad».

La representante de Cs ha realizado también un llamamiento a trabajar desde la unidad, todos juntos, en contra de estas violencias, «sin ninguna grieta o fisura que beneficiará siempre a los agresores», según ha advertido.

VOX Y ADELANTE INTERCAMBIAN CRÍTICAS EN TORNO AL «NEGACIONISMO»

Por su parte, la diputada de Vox Ana Gil ha comenzado sosteniendo que «quienes cometen estas atrocidades» de crímenes «merecen ser condenados de la manera más dura», pero ha reprochado a los socialistas que «ya no saben qué hacer con nuestro lenguaje para que traguemos con su ideología contra el varón».

En esa línea, ha criticado que a quienes sostienen que «la violencia no tiene género, y tanto hombres como mujeres merecen el mismo castigo ante la comisión de los mismos hechos, se nos llama negacionistas», cuando «nosotros hacemos extensible nuestra condena sin fisuras a todo aquel» que ejerza la violencia, sea hombre o mujer, según ha remarcado antes de tachar de «hipócrita» la PNL del PSOE-A.

La diputada de Adelante Andalucía Carmen Barranco ha replicado al «discurso negacionista de Vox» subrayando que se contabilizan «1.093 mujeres asesinadas desde que existe registro en 2003», y que «no criminalizamos a varones: tenemos compañeros, hijos, padres».

«Las mujeres no mueren, son asesinadas por maltratadores machistas, que se creen superiores», ha sostenido la parlamentaria en su respuesta a Vox, antes de recordar que las estadísticas señalan que 43 menores han muerto por la llamada violencia vicaria desde 2013.

Barranco ha reprochado a la Junta que «haya recortado un 64% en igualdad», por lo que ha colegido que «las políticas de igualdad son moneda de cambio de este Gobierno para contentar a la tercera pata (en alusión a Vox) que necesitan para gobernar».

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado las condenas por el asalto al Parlament de Cataluña que tuvo lugar en junio de 2011 al rechazar el recurso de amparo presentado por los penados.

La decisión no ha sido unánime y, muestra de ello, es que se presentarán varios votos particulares, según han indicado fuentes de la corte de garantías.

De esta forma, el Pleno ha acogido la ponencia del magistrado conservador Antonio Narváez, que era favorable a las condenas impuestas en su día por el Tribunal Supremo, después de que a principios de este mes se rechazara la presentada por el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido, que abogaba por el amparo.

La Audiencia Nacional absolvió a los 19 acusados de la comisión de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita al entender que se debe admitir «exceso» en el ejercicio de la libertad de expresión por la «dificultad» de algunos sectores para hacerse oír.

Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló el fallo de la Audiencia Nacional condenando a ocho de los implicados en los incidentes a tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado.

VALORES SUPERIORES DEL ORDEN DEMOCRÁTICO

El alto tribunal determinó que «paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supuso afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático».

La ponencia rechazada, la de Conde-Pumpido, se apoyaba en un cambio de criterio de la Fiscalía a la hora de proponer la estimación del recurso de los condenados en su día por el Supremo y defendía por lo tanto su absolución por haber visto vulnerados sus derechos fundamentales.

La piedra de toque de todo este asunto se encuentra en la valoración realizada por el Tribunal Supremo respecto de los derechos de reunión, manifestación y participación política de los ocho jóvenes que asediaron a los diputados y al Gobierno catalán a las puertas del Parlament en 2011.

Los once procesados fueron absueltos en su día por la Audiencia Nacional, si bien el Supremo anuló esta sentencia en marzo de 2015. Se da la circunstancia de que el ponente inicial de esta resolución, Perfecto Andrés, quedó en minoría al optar por confirmar la absolución y la ponencia se cambió correspondiendo al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena.

TRASCENDENCIA DEL DERECHO DE REUNIÓN

En su sentencia, el Supremo sostenía que el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión «no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional».

Con ello, el Supremo echó por tierra el criterio mantenido por los magistrados de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcarce y su compañera Manuela Fernández Prado –el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, discrepó y votó a favor de condenarlos– quienes argumentaron en su resolución que la libertad de expresión y el derecho de manifestación y de reunión «gozan de una posición preferente en el orden constitucional» y por ello, deben ser objeto de «una especial protección».

Ya a finales de 2019 sorprendió el cambio de criterio en la Fiscalía una vez el asunto había llegado al TC, sobre todo teniendo en cuenta la posición especialmente dura que el Ministerio Público mantuvo durante la vista de este asunto en el Tribunal Supremo en 2015. En dicha ocasión, el fiscal Salvador Viada defendió que la sentencia inicial adolecía de un «politización extrema» y acusó a los magistrados de la Audiencia Nacional de volcar en la resolución «su ideología» en lugar de aplicar la ley.

La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a tres personas como presuntas autoras de los delitos de prostitución y explotación sexual, contra la salud pública y otro de falsedad documental, que han finalizado con la realización de tres registros domiciliarios en El Puerto de Santa María, San Fernando y Chiclana.

Según detalla la Policía en una nota, las detenidas ejercían la dirección y el control de una casa de citas ubicada en Valdelagrana donde las víctimas vivían en situación de vulnerabilidad y en condiciones abusivas, obligándolas a estar disponibles las 24 horas del día y facilitar sustancias estupefacientes a los clientes.

Así, la Policía ha explicado que la investigación se inició en agosto de 2020 y, durante todo este tiempo, los agentes de la UCRIF han recabado pruebas incriminatorias sobre las personas encartadas. Fruto de las gestiones realizadas, el Juzgado de Instrucción número cuatro de El Puerto de Santa María autorizó, el pasado día 9 de junio, la entrada y registro de la casa de citas, en el domicilio habitual de la principal investigada en San Fernando y en un chalet que disponía para su ocio personal en Chiclana de la Frontera.

De hecho, en el momento de la entrada en la casa de citas, estaba en el interior la controladora durmiendo en el salón y dos chicas extranjeras en la primera planta. En el registro se intervino diversa documentación sobre ganancias, contabilidad, facturas, 4.100 euros en efectivo, 17 teléfonos móviles y cocaína que facilitaban y ofrecían a los clientes, por lo que han sido también acusadas de un delito contra la salud pública.

La Policía ha afirmado que la principal cabecilla, de origen brasileño pero nacionalizada española y residente en San Fernando, alquiló una vivienda unifamiliar en Valdelagrana y que, con la ayuda de otra mujer que ejercía las labores de controladora, a la cual pagaba un sueldo fijo al mes, emprendió un negocio muy lucrativo gracias a los beneficios de la prostitución ajena.

De esta forma, la cabecilla se dio de alta con régimen especial de autónoma en una empresa ficticia de mensajería y reparto, incurriendo en un delito de falsedad documental además del correspondiente expediente sancionador por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Del mismo modo, la Policía ha relatado que, a través de 15 líneas telefónicas, ofrecían servicios sexuales en distintas páginas web. Las chicas que ejercían la prostitución en la casa, además, son extranjeras, algunas en situación irregular, sin posibilidad de encontrar trabajo en España, por lo que se ven obligadas a realizar tal actividad en condiciones abusivas tales como estar disponibles las 24 horas del día, no negarse a realizar ningún servicio que se le ofreciere y acudir a domicilios de clientes u hoteles.

La Policía ha asegurado que el control por parte de la dueña del negocio de la prostitución era evidente y, junto con su empleada controladora de la actividad, eran las que exclusivamente recepcionaban todas las llamadas de los 15 terminales telefónicos, cerrando las citas y precios con los clientes, pasando a dar instrucciones y órdenes a las chicas que ejercían la prostitución, las cuales estaban obligadas a realizar el servicio sexual en cualquier hora y lugar.

Además, ha explicado que, a la finalización del servicio, el cliente pagaba siempre a la controladora de las chicas, nunca directamente a éstas, y que cada cierto tiempo las investigadas entregaban parte de las ganancias a las chicas, que tenían que contribuir al pago del alquiler de la casa de citas.

Por último, la Policía ha explicado que la controladora tenía instalada su cama en el salón de la vivienda para la apertura de la puerta a clientes y para permitir el acceso a los dormitorios ubicados en la primera planta. El salón, además, contaba con circuito de video vigilancia con cámaras que graban a todas las personas que accedían a la casa de citas, incluidas las que allí viven habitualmente.

La investigación se ha enmarcado dentro del Plan Policial Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que tiene como víctimas principales a personas que son traídas a España mediante engaño, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad y prometiéndoles trabajos dignos para, finalmente, ser obligadas bajo amenazas al ejercicio de la prostitución.

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido en Bruselas que haya «transparencia y objetividad» en la gestión de los fondos europeos y que ese dinero vaya acompañado de reformas en España. Dicho esto, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «tener dos caras» y de «mentir» para recibir esos fondos «sin condicionalidad».

«El Gobierno de Pedro Sánchez tiene dos caras, una en Bruselas y otra en Madrid. En Bruselas dice que va a ahondar en la competitividad del mercado laboral, y en Madrid dice que va a derogar la reforma que creó dos millones de empleos», ha declarado a los periodistas tras asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo.

Además, ha señalado que el jefe del Ejecutivo habla de un pacto generacional para hacer sostenibles las pensiones cuando viaja a Europa mientras en Madrid argumenta lo contrario, o plantea una Ley Educación «más competitiva» pero luego con la ‘Ley Celáa’ aprobada por el Gobierno «los niños pasan de curso con asignaturas suspensas».

«NO SE PUEDE MENTIR EN BRUSELAS Y EN MADRID A LA VEZ»

«No se puede mentir en Bruselas y en Madrid a la vez. O está mintiendo aquí para que le dén los fondos de recuperación sin condicionalidad o está mintiendo en Madrid para que sus socios le sigan apoyando», ha proclamado.

Tras señalar que no hay que derogar las reformas aprobadas por el PP y que están «funcionando» –en alusión a la reforma laboral–, ha insistido en que esos fondos llevan aparejados «inversiones y reformas» y ha criticado de nuevo que Sánchez en Bruselas plantee reformas pero luego «en España dice que no».

El jefe de la oposición ha defendido la transparencia en la gestión de esos fondos y se ha quejado de nuevo que se rechazara la creación de una agencia «independiente» para la gestión de los mismos.

ADMITE QUE EL PP «NO SE FÍA» DE SÁNCHEZ

Según ha dicho, se trata de que los fondos se gestionen de una forma «objetiva», «honesta» y «responsable». Sin embargo, ha dicho que el PP «no se fía» de Pedro Sánchez y por eso supervisará «hasta el último de los proyectos». «Hasta hemos hecho un programa informático para controlarlos en las distintas comisiones parlamentarias», ha añadido.

A su entender, Sánchez pretende ahora «gastarse el dinero» y dejar las reformas «para el 2024» porque «ya sabe» que en esa fecha el PP ya estará en el Gobierno. «No puede ser que pase siempre lo mismo», ha indicado, para señalar que el PSOE se dedica a «dilapidar» el dinero y el PP llega a Moncloa a «pagar el coste del despilfarro».

Además, ha solicitado que los fondos europeos lleguen a la «economía real» que representan las pequeñas empresas y los autónomos a través de proyectos que no sean «keynesianos» sino «estructuralmente sostenibles» en la creación de empleo.

Casado también ha acusado al Gobierno de querer llevar a cabo una subida de impuestos de «80.000 millones de euros a las clases medias y trabajadoras a cambio de repartir a dedo 70.000 millones de euros»de los fondos europeos.

REUNIONES CON VON DER LEYEN, SCHINAS Y DOMBROVKIS

En el marco de la reunión del PPE, previa al Consejo Europeo, el líder del PP ha mantenido sendos encuentros bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas.

«Agradezco a Von der Leyen en la cumbre EPP el plan de recuperación, vacunación, turístico y defensa del Estado de derecho en la UE», ha asegurado Casado, que ha insistido en garantizar las reformas, la transparencia y el control de los fondos para «crear empleo sin endeudar el futuro de nuestros hijos».

Schinas ha asegurado después, en su cuenta oficial de Twitter, que había sido «un placer» recibir a Casado en la sede de la Comisión Europea para «discutir de la actualidad europea y española». «España y su futuro es importante para Europa», ha apostillado.

Antes de abandonar Bruselas rumbo a España, el líder de los ‘populares’ también tiene previsto mantener un encuentro bilateral con el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovkis.

El presidente de los ‘populares’ ha señalado a los periodistas que durante la reunión del PPE ha recibido felicitaciones por las encuestas que se están publicando y que sitúan al PP por delante del PSOE.

Los miembros de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) han aprobado las cuentas anuales de la entidad –con un reparto de 239,1 millones de euros entre los socios– y los informes de Gestión, Auditoría, Transparencia y de la Comisión de Supervisión correspondientes al ejercicio de 2020.

Asimismo, la SGAE ha aprobado algunos cambios de Estatutos y Reglamento en la asamblea general ordinaria celebrada telemáticamente –como medida de prevención sanitaria frente a la COVID-19–. El 100% de los socios de la entidad, más de 120.000 en la actualidad, ha podido ejercer su derecho al voto.

Respecto al informe de gestión 2020, de un total de 9.525 votos, 7.810 (81,99%) han sido a favor, 1.347 en contra (14,14%) y 368 se han abstenido (3,86%). En cuanto al ejercicio económico 2020, de un total de 9.503 votos, 7.770 (81,76%) han sido a favor, 1.326 en contra (13,95%) y 407 se han abstenido (4,28%).

La SGAE ha repartido un total de 231,9 millones de euros entre sus socios en 2020. A su vez, la entidad ha ingresado 205,6 millones de euros, sin incluir los derechos administrados, que han alcanzado la cifra de 12,9 millones de euros.

«La declaración de sucesivos estados de alarma y la evolución variable de la pandemia ha afectado de manera significativamente negativa a negocios, organismos y entidades, a la celebración de todo tipo de eventos, a la programación de actos, a la actividad del sector hotelero, del ocio nocturno, la hostelería y la restauración, y, en definitiva, a la práctica totalidad de sectores, salvo los relacionados con los servicios esenciales», ha recordado la entidad.

En este contexto, la SGAE ha acometido diversas iniciativas dirigidas a la recuperación de las deudas con usuarios, trabajado con las sociedades de gestión de derechos de autor del extranjero e incrementado «el esfuerzo encaminado a lograr los mayores ingresos posibles en comunicación pública».

Esto, unido al «excelente comportamiento» de los Derechos Digitales impulsados por el aumento de las suscripciones a los servicios de streaming por suscripción y la mejora en los acuerdos de licencia con las plataformas y de los ingresos sociales provenientes de los derechos internacionales, han permitido superar en un 25,8% el presupuesto reformulado al inicio de la pandemia.

En cuanto a los ingresos por modalidad, las obras dramáticas han recaudado 5,8 millones de euros; los conciertos de música popular y sinfónica, 13,4 millones de euros; la comunicación pública, 37,3 millones de euros; radiodifusión y cable, 77,4 millones de euros; en soportes, 3,6 millones de euros; copia privada, 11,3 millones de euros; derechos digitales, 22,9 millones de euros y derechos internacionales, 28,2 millones de euros.

El Consejo de Seguridad Nuclear ha celebrado este jueves la XXI reunión del Comité Asesor para la Información Pública en el que se han presentado varias ponencias técnicas que han versado sobre el segundo ejercicio internacional de revisión entre homólogos (TPR) y las situaciones en las que las comunidades autónomas deben recabar informe preceptivo por parte del CSN.

Además, entre otras cuestiones, se ha analizado el estado de la solicitud de autorización de construcción de la mina de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca).

Los miembros del comité han participado por videoconferencia en este encuentro que ha estado dirigido por el presidente del regulador y del propio comité, José María Serena i Sender, quien estuvo e ha estado acompañado por los consejeros Javier Díes, Francisco Castejón, y Elvira Romera, así como del secretario general del CSN y del Comité, Manuel Rodríguez.

En su intervención Serena i Sender recordó que este año el Comité cumple diez años, tras la convocatoria de su primera cita en febrero de 2011 y ha destacado las 12 recomendaciones formuladas para favorecer y mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública, la publicación de tres monografías, la celebración de jornadas divulgativas asociadas a dar información sobre pruebas de resistencia de las centrales nucleares tras el accidente de Fukushima y a presentar el código ético del CSN.

Igualmente, ha subrayado los seminarios en internet o la implantación de las mejoras resultantes de las pruebas de resistencia tras el accidente de la central nuclear de Fukushima.

Además, el jefe de la Unidad de Apoyo del Gabinete de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear, José María Balmisa, ha presentado el ‘Segundo ejercicio de revisión por homólogos europeos en el marco de la Directiva sobre seguridad nuclear de Euratom’. Se trata de una directiva que establece las revisiones por homólogos como una herramienta para la mejora continua de la seguridad nuclear en centrales nucleares, reactores de investigación, instalaciones de almacenamiento de combustible, plantas de enriquecimiento, de reprocesado y de fabricación del combustible.

En lo que respecta a las centrales nucleares, se incluyen las que están en funcionamiento y en desmantelamiento. El ejercicio de revisión entre homólogos se lleva a cabo en el seno del Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG).

Asimismo, la jefa de Unidad de Apoyo del Gabinete de la Dirección Técnica de Protección Radiológica, Ana Hernández, ha girado en torno a aquellas situaciones en las que las comunidades autónomas deben recabar un informe preceptivo por parte del CSN.

Precisamente, Hernández ha explicado que esta circunstancia se da, por ejemplo, en aquellas comunidades que tienen transferidas las funciones desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) pero no disponen de encomienda de funciones de evaluación del CSN y albergan instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.

Estos informes preceptivos en el ámbito de la protección radiológica son necesarios en caso de autorización o de modificación significativa de una instalación que, por sus características, puedan generar un impacto sobre una instalación nuclear o radiactiva de primera categoría.

Por su parte, el director del Gabinete Técnico de la Presidencia (GTP), David Redoli, ha presentado los resultados del estudio sobre la percepción del CSN que se ha llevado a cabo entre representantes de sus grupos de interés, con el objetivo de obtener una radiografía actualizada sobre la imagen del Consejo en materia de reputación, credibilidad y confianza.

En representación del grupo de expertos del Comité Asesor, presentó un análisis de las principales conclusiones de ese estudio, para identificar espacios de mejora que contribuyan, por ejemplo, a actualizar el Plan de comunicación del CSN o a realizar nuevas y ampliadas investigaciones relacionadas con el concepto de transparencia aplicable al organismo regulador.

Redoli ha informado al Comité de que el CSN ha desarrollado una aplicación para su utilización a través de teléfonos móviles inteligentes denominada ‘Noticias CSN’ que estará disponibles antes del mes de agosto. Esta aplicación incluirá las noticias relevantes del CSN, los estados operativos de las centrales nucleares, los sucesos notificados, un mapa de España con los valores ambientales en tiempo real y la revista Alfa.

Finalmente, también ha anunciado la modernización del expositor del CSN para congresos y exposiciones y también la puesta en marcha del stand virtual para aquellos encuentros en los que el CSN no pueda acudir físicamente.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no comparte «la fórmula» elegida por el Gobierno central para anunciar cómo se usará la mascarilla a partir de ahora, aunque ve adecuado «desde el punto de vista clínico» el contenido del plan, que «coincide» con el de Galicia –a la que, además, se «escucharon» dos alegaciones: que se lleve siempre encima y se pueda mantener en territorios con incidencia de la covid muy elevada–.

Pero tras el Consello de la Xunta, ha criticado qué fuese el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, quien «días antes» de los indultos a los presos independentistas catalanes saliese a «anunciar una fecha» para retirar la mascarilla en exterior sin que las autonomías estuviesen informadas del protocolo ni se hubiese «negociado».

Preguntado sobre cuál es la diferencia, ya que él fue de los primeros dirigentes en abordar la posibilidad de reducir su uso en exteriores, ha precisado que nunca dio por cerrada una fecha, sino que habló «de un horizonte» de julio o agosto, de acuerdo con lo que se abordaba desde hacía «semanas» en el comité clínico que asesora a la Xunta desde el inicio de la pandemia.

«Si yo hago una declaración como presidente o el conselleiro diciendo cuando va a entrar algo en vigor sin que la medida esté valorada, ponderada y aprobada en el comité, eso es hacer política con la pandemia, que es lo que hizo el Gobierno central. Anunciar una fecha sin conocer el protocolo y por imperativo del presidente es lo contrario a la gestión de la pandemia», ha reprobado.

«No se puede gestionar una pandemia a golpe de titulares, sin protocolos que se vinculen a las autoridades sanitarias», ha añadido el presidente gallego.

EN LA PLAYA Y PARA HACER DEPORTE, LA MISMA NORMA

Sobre el contenido del plan para retirar la mascarilla, el presidente gallego ha asegurado no tener problemas y ha celebrado que, de hecho, se «escuchasen» alegaciones de Galicia, y que, además de mantenerla cuando no haya una distancia de seguridad de metro y medio, se «obligue» a que siempre se lleve encima.

También ha insistido en que, como todavía no ha visto el texto estatal, se cumpla con dejar flexibilidad a las autonomías para obligar a que la mascarilla se lleve en exteriores en aquellos territorios con nivel máximo de alerta.

Finalmente, preguntado acerca de cuál será la norma para caminar por la playa y hacer deporte, Feijóo ha defendido que no habrá variaciones: habrá que llevar la mascarilla siempre que no se cumpla la distancia de seguridad de metro y medio.

LEY DE SALUD PÚBLICA

Sobre sus quejas por el recurso a la ley de salud gallega y qué decisiones le ha impedido tomar, se ha reafirmado en que la Xunta mantendrá «la defensa del autogobierno».

También ha vuelto a cargar contra un recurso que considera «político» y ha insistido en que otras comunidades han impulsado medidas similares sin que hayan sido recurridas por el Ejecutivo estatal.