El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto que «no ha lugar» a admitir el recurso de casación promovido por el varón condenado por la Audiencia de Sevilla a nueve años de prisión por un delito de violación continuada sobre la joven hija de su pareja sentimental, a la que incluso habría dejado embarazada, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmó la sentencia inicial de la Audiencia, según un auto fechado el pasado 3 de junio.

En la sentencia a la que iba dirigida el escrito de recurso de casación, emitida el pasado 8 de octubre de 2020, el TSJA detalla que la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia declara como hechos probados que los hechos comenzaron en torno a la Semana Santa de 2013, cuando la víctima de los hechos contaba 19 años y el acusado, entonces de 54 años, llevaba conviviendo con ella desde 2010 como pareja de su madre.

En torno a esas fechas, según la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia, el acusado, Antonio S.P., sometió a la joven «a continuos tocamientos sin su consentimiento en muslos, ingle y pechos, los cuales fueron avanzando paulatinamente hasta llegar a introducir la mano por debajo de su ropa y a acariciar su zona genital», mientras la víctima «se resistía» sin lograrlo dada la fuerza del hombre.

Después, según la sentencia inicial de la Audiencia, otro día no determinado, el acusado abordó a la joven en la habitación de la misma, «la tumbó por la fuerza boca abajo en la cama» y tras desvestirla e inmovilizarla la penetró mientras le «tapaba la boca con fuerza». «En los días subsiguientes, y en diferentes momentos, el acusado la penetró de la misma forma, presionándola para que no dijera nada», prosigue el relato de hechos declarados como probados, precisando que «las penetraciones se repitieron de forma similar en sucesivas ocasiones, coincidiendo con una época en que la joven estaba aislada en casa y pasaba la mayor parte del tiempo sola en su dormitorio».

LA VÍCTIMA QUEDÓ EMBARAZADA

La sentencia inicial prosigue rememorando en febrero de 2014 el acusado supo que esta hija de su pareja estaba embarazada, suspendiendo su comportamiento hasta que el bebé nacido alcanzó los cinco meses de edad, que fue cuando Antonio S.P. habría reanudado sus «tocamientos y penetraciones bajo la consigna de quitarle al niño si no accedía a sus libidinosos deseos».

Esta situación se sostuvo hasta que la joven contó los hechos a su hermano menor, tras lo cual «el acusado fue obligado a salir del domicilio familiar la tarde del día 15 de septiembre de 2016, interponiendo aquélla una denuncia al día siguiente».

Por ello, Antonio S.P. fue condenado a nueve años y un día de prisión por un delito continuado de violación y a la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella durante diez años, siéndole además impuestos cinco años de libertad vigilada tras cumplir la pena y una indemnización de 50.000 euros en favor de la joven.

Frente a ello, el acusado interpuso un recurso de apelación ante el TSJA, esgrimiendo una «insuficiencia de la prueba de cargo» respecto a que los «contactos sexuales» no fuesen consentidos por la joven, cuyo testimonio constituía la prueba principal, si bien el TSJA desestimó su recurso de apelación, confirmando la condena, porque «frente a la credibilidad que ofrece el testimonio de la denunciante, no cabe contraponer en pie de igualdad la versión exculpatoria del acusado, variable hasta la caricatura y pletórica de contradicciones entre sus sucesivas declaraciones».

NO PROSPERA EL RECURSO DE CASACIÓN

Y tras promover el condenado un escrito de recurso de casación, el Supremo ha resuelto que «no ha lugar a la admisión del mismo», considerando que «la valoración realizada por el Tribunal Superior resulta acertada», pues «ha existido prueba de cargo bastante» con el testimonio de la víctima, recordando que «la declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo bastante cuando se practica con las debidas garantías procesales y, como se ha indicado, no existen indicios que apunten a una valoración irracional, absurda o arbitraria».

Todo ello cuando, según el Supremo, el recurso de casación era ya «improsperable», pues «no existe en el escrito de recurso desarrollo alguno de estos motivos que meramente se enuncian». «El recurrente se limita a enunciar unos motivos de recurso, sin desarrollo alguno y, por tanto, sin argumentar sus pretensiones, lo que, ya de por sí, sería suficiente para la inadmisión del motivo», zanja el Supremo.

Confluencia Movimiento Feminista, que agrupa a medio centenar de organizaciones de toda España, ha convocado movilizaciones este sábado 26 de junio en contra de la Ley Trans del Igualdad que, a su juicio, supone «un retroceso en la protección» de los derechos de las mujeres.

Estas movilizaciones se van a producir un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el anteproyecto de esta norma se aprobará en el Consejo de Ministros del martes 29 de junio, incluyendo en su redacción la autodeterminación del colectivo trans.

Las entidades feministas consideran que «la ofensiva de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal contra las mujeres en general, y contra el movimiento feminista en particular», está llegando a una situación «criminal» que está «subvirtiendo todas las reivindicaciones» del movimiento y «penetrando en todo el ordenamiento jurídico» del país.

Y señalan directamente al Gobierno actual que, recuerdan, se «autodenomina» el «»más feminista de la historia» y, sin embargo, y a su juicio, «están transformando las leyes contra la agenda feminista» por la que llevan «luchado durante los últimos 300 años».

«Ante la inacción cómplice de la presidencia del Gobierno, el ministerio de Igualdad ha ignorado y despreciado al movimiento feminista, promoviendo leyes contra las mujeres», asegura la Confluencia, que también pone el foco en las CCAA que han aprobado leyes sobre los derechos trans. Esta situación, indican, les ha llevado a «tomar las calles».

MODIFICAR LAS LEYES RODHES Y CELAÁ

En esas movilizaciones reclamarán la derogación de todas las leyes trans existentes en el territorio español en las que se «sustituye la categoría jurídica ‘sexo’ por ‘identidad de género'».

Además, quieren frenar la Ley LGTBI, o la conocida como Ley Zerolo (de Igualdad de Trato y No Discrominación) que «introducen la criminalización de las personas que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión, defiendan el uso de las palabras mujer, madre o vulva, o se equivoquen en el uso de los pronombres, imponiendo multas de hasta 150.000 euros».

También llaman a derogar las normas o la parte de ellas que atentan contra los derechos de las mujeres y de la infancia, así como contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, como la recién aprobada Ley Rhodes (de protección a la infancia contra la violencia) y algunas disposiciones de la Ley Celáa (LOMLOE), que, en su opinión, «generan confusión respecto a la obligatoriedad de educar en igualdad».

Otra de las organizaciones feministas que denuncia el daño de las normas trans a las mujeres, la organización Contra el Borrado de las Mujeres, ha advertido de que, si el Gobierno da luz verde a una ley trans con autodeterminación de género estará apoyando «una ley misógina» que «destroza» los derechos de las mujeres y que estará «rendida a los deseos de los varones».

La exdiputada socialista y activista Ángeles Álvarez, ha señalado, además, a los «grandes medios de comunicacion» que, a su juicio, «están jugando un papel preocupante» al «ocultar información sobre la deriva hacia la nueva misoginia». «Obstaculizar el acceso a información sobre el impacto de las leyes es contrario a los principios éticos de la profesión periodística», ha escrito en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha contestado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en la reunión que mantendrán el martes en La Moncloa (Madrid) quiere hablar sobre autodeterminación y amnistía.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras vacunarse en el centro de vacunación del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, después de que Sánchez haya afirmado este mismo viernes que en la reunión pretende comenzar a trabajar en su Agenda para el Reencuentro, compuesta de propuestas sobre inversiones y financiación, pero no de las «proclamas» independentistas, y ha dicho que el único límite será el pacto constitucional y el respeto a la legalidad.

Preguntado por estas declaraciones, Aragonès ha contestado que la reunión del martes debe ser «el inicio de un proceso de una negociación real para resolver el conflicto político», y ha insistido en que él planteará la amnistía y la autodeterminación como soluciones porque, según él, es lo que ha votado más del 50% de la población catalana.

«Este será mi planteamiento el próximo martes sin desatender evidentemente otras cuestiones también importantes, como la gestión fondos europeos, en la que queremos tener un protagonismo claro, como otras cuestiones de actualidad que también nos corresponden», ha argumentado.

Ha sostenido que en la mesa de diálogo debe hablarse sobre cómo solucionar el conflicto, y ha apuntado que, si Sánchez quiere poner sobre la mesa otras cuestiones «del día a día», esto se debe abordar en la Comisión bilateral Generalitat-Estado.

Aragonès ha asegurado que espera que en la reunión del martes se comience a planificar la reactivación de la mesa de diálogo y llegar a acuerdos para empezar a definir «metodología y calendario».

TRIBUNAL DE CUENTAS

Esta reunión coincidirá con la decisión del Tribunal de Cuentas de comunicar una fianza millonaria para 41 cargos y excargos de la Generalitat y Aragonès ha criticado que se trata de una «nueva inquisición económica» contra el independentismo.

Ha advertido de que, pese a que los presos soberanistas hayan sido indultados, «la represión todavía continúa con el Tribunal de Cuentas, que «amenaza con la ruina económica y con la muerte civil» de decenas de personas, y con las otras causas judiciales que todavía quedan pendientes relacionadas con el 1-O.

Considera que resolver estas causas es «absolutamente imprescindible para poder avanzar en una negociación franca, real, honesta» y que se pueda dialogar en igualdad de condiciones.

Después de que el ministro de Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, haya dicho causas como la del Tribunal de Cuentas son «piedras en el camino» en el diálogo para superar el conflicto, Aragonès ha reclamado actuar para solucionarlo.

«Si hay algún ministro del Gobierno del Estado que considera que hay piedras en el camino o rocas gigantes, a parte de constatarlo que las quiten. Tienen mecanismos claros para hacerlo de acuerdo con la legalidad vigente», ha pedido.

La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y coordinadora de la Plataforma Sí a la Vida –constituida por más de 500 asociaciones–, Alicia Latorre, ha calificado de «tragedia» la entrada en vigor este viernes de la Ley de eutanasia porque ahora «España tiene legitimada la muerte no solo para los más inocentes antes de nacer, sino también para los que están en una situación difícil de dolor».

«Es una tragedia no solo para los enfermos que son los que van a matar, sino para España, una tierra grande y generosa, ejemplo de civilizaciones y que, sin embargo, tiene la muerte legitimada no solo para los más inocentes antes de nacer, sino también para los que se encuentran en una situación difícil de dolor en su vida o antes de la muerte; con el agravante de que se les están negando las ayudas que de verdad necesitan», ha lamentado Latorre.

Latorre ha defendido «la vida de todos de principio a fin y el derecho a recibir los cuidados que cada cual necesite para una vida y una muerte con la dignidad que toda persona merece».

«Eso nunca es equivalente a matarlos. Reiteramos nuestro compromiso para erradicar de nuestra España todo el mal que se está sembrando contra la vida humana», ha subrayado.

En este contexto, ha manifestado públicamente el compromiso de las asociaciones provida de seguir trabajando «por todas y cada una de las vidas humanas desde todos los ámbitos» y, en este sentido, y con motivo de su décimo aniversario, la Plataforma Sí a la Vida ha convocado una «carrera solidaria por la defensa de la vida» este domingo 27 de junio.

El evento, organizado por la Asociación Deportistas por la Vida y la Familia –una de las asociaciones miembros de la Plataforma–, se desarrollará en formato tanto físico como virtual, y contará con música, lectura de manifiestos, entrega de premios y se guardará un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos.

También contarán con un testimonio de una madre, Michelle, que siguió adelante con su embarazo tras hablar con los ‘Rescatadores de Juan Pablo II’ en la puerta de una clínica de aborto.

La carrera comenzará a las 10:00 horas y para evitar las aglomeraciones la salida se hará en grupos de cuatro en cuatro personas de manera ordenada según el número de dorsal y en intervalos de cinco segundos, según informan los organizadores.

Los participantes pueden apuntarse a dos recorridos diferentes, uno con una longitud aproximada de 5 kilómetros y otro de 10 kilómetros. La salida estará ubicada en el parking situado junto al Parque Forestal de Valdebebas, en Madrid.

La Plataforma Sí a la Vida también ofrece a quien desee colaborar económicamente con la plataforma la posibilidad de hacer un donativo mediante Bizum, eligiendo la opción ONG: Federación Española de Asociaciones Provida, código 00589.

El profesor José Luis Piñar, de la Universidad CEU San Pablo, advierte de que «es necesario clarificar el marco legal sobre el uso y el flujo de datos a nivel internacional y encontrar soluciones para terminar con la situación actual de sobrerregulación en este ámbito».

Así lo ha indicado durante la presentación de la Cátedra South EU Google Data Governance, un foro de reflexión sobre los retos futuros en materia de regulación y gobernanza de datos en el ámbito europeo liderado por el profesor Piñar, y cuyo Consejo académico está integrado por los profesores Maria da Graça Canto Moniz (Universidade Nova de Lisboa); Georgios Yannopoulos (Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas) y Vincenzo Zeno-Zencovich (Università RomaTre).

Durante su primera Conferencia Internacional, la directora de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas para el Sur de Europa de Google, Giorgia Abeltino, ha explicado que la iniciativa trata de ir más allá del análisis del impacto de la gobernanza de datos y que «Google está particularmente comprometido con el trabajo de la comunidad académica e investigadora, por lo que esta nueva Cátedra es uno de los proyectos más importantes a nivel europeo, que puede contribuir sustancialmente a dar forma al debate sobre la gobernanza de datos».

Wojciech Wiewiórowski, supervisor europeo de Protección de Datos, ha apuntado que la supervisión no solo representa el área política, sino también al sector empresarial y a la sociedad civil «haciendo, a su vez, un enfoque científico». Aunque ha admitido que las iniciativas europeas incluyen una alta complejidad para la gobernanza digital y que esta debe ser «clarificada», ha dicho que la UE trabaja en diversas iniciativas, como la Digital Services Act, de la que aún «hay mucho que aclarar en cuanto a gobernanza de datos».

En la primera mesa redonda, Maria da Graça Canto Moniz, profesora adjunta invitada de la Facultad de Derecho Nova y profesora adjunta de la Universidad Lusófona de Lisboa, ha abordado las problemáticas que plantean el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Data Governance Act (DGA). Aunque entre sus objetivos persigue «fomentar la disponibilidad de datos para su uso aumentando la confianza en los datos» reforzando los mecanismos de intercambio de datos en toda la UE, suscita inconvenientes entre la regulación de datos personales y no personales, datos abiertos y el uso de información en el ámbito público.

A su juicio, entre las definiciones que deberían ser clarificadas están aquellas que se identifican en la DGA, como ‘data holder’, ‘sharing service provider’, ‘user’ o ‘data altruism’, «dado que no queda muy claro cómo se aplican en el ámbito de la protección de datos». Lo mismo ocurre con los conceptos relativos al uso de datos personales y no personales y el conjunto de datos mixtos. En palabras de la profesora, las consecuencias de la falta de coherencia en el reglamento generaría una «inseguridad jurídica que podría debilitar la protección garantizada por el RGPD».

Por otro lado, el profesor adjunto de Derecho Informático e Informática Jurídica y director del Laboratorio de Derecho e Informática de la Universidad de Atenas, Georgios Yannopoulos, se ha planteado qué ocurriría con las certificaciones en el caso de que menos regulación supusiera más confianza en las empresas o, por el contrario, quién impondría un «exceso de regulación»: cuántas autoridades se necesitan para su control, para qué datos o si sería necesario un regulador para los reguladores.

Vincenzo Zeno-Zencovich, profesor titular de Derecho Comparado de la Universidad de RomaTre, ha dicho que la Unión Europea tiene un «exceso de autoridades a cargo de la regulación», con más de nueve entidades ya presentes en distintos ámbitos como las telecomunicaciones, protección de datos, medios de comunicación, consumidores, competencia y ciberseguridad, a las que se suman nuevas como la ‘Data Innovation Board’ o la Inteligencia Artificial en sandboxes. La última, desde su punto de vista, «para un uso en marketing, pero no en asuntos legales».

Tanto Yannopoulos como Zeno-Zencovich coinciden en advertir de un posible exceso de regulación (hiperregulación): «cada país no puede tener un regulador»; esto generaría, a la postre, un «caos de datos» derivado de un conflicto entre normativas y reguladores, tanto a nivel europeo como nacional.

En la segunda mesa redonda, Bojana Bellamy, presidenta del Centro de Liderazgo en Políticas de Información Hunton Andrews Kurth, CIPL, ha resaltado que «los flujos de datos son críticos para la economía, para el progreso de la sociedad en la cuarta revolución industrial. «Tras esta pandemia, es absolutamente esencial que podamos compartir datos para la protección de la salud», ha remachado.

Según ha afirmado Bellamy, se trata esta de una cuestión que genera confusión, que afecta a todas las empresas a nivel global y que se encuentra entre los tres principales retos a nivel comercial, estratégico y de compliance para las empresas que operan internacionalmente. Asimismo, ha asegurado que las nuevas cláusulas contractuales tipo (SCC) aportan seguridad jurídica pero generan una carga burocrática de cumplimiento importante para las empresas.

«Las fuerzas del mercado están intentando controlar la localización, la soberanía de los datos y los servicios de cloud como solución para algunos de sus problemas, pero eso no es de lo que trata Europa», ha subrayado Bellamy.

Por otro lado, el director del Privacy Shield en el Departamento de Comercio de EE.UU., Alex Greenstein, ha puesto el foco en la dificultad para cuantificar los riesgos y los beneficios derivados de los flujos de datos y ha analizado las relaciones entre EE.UU. y la UE sobre este asunto.

Greenstein ha resaltado que esta cuestión tiene «alta prioridad para el Gobierno de Estados Unidos y, desde el primer día en que la administración de Biden asumió el cargo, está recibiendo un nivel de atención extremadamente alto».

En este sentido, ha dicho que «Estados Unidos y Europa están más cerca de lo que se piensa popularmente, ya que ambos comparten los mismos valores fundamentales y respeto por la privacidad», pero tienen «diferentes enfoques al respecto». «Aunque Estados Unidos tiene un sistema legal diferente, estamos comprometidos a superar esas diferencias y poner el foco en encontrar formas para trabajar juntos en este asunto», ha apuntado.

Ralf Sauer, de la Unidad de Flujos Internacionales de Datos y Protección de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, ha defendido el compromiso de Europa con los flujos de datos: «si hay un bloque que apuesta por la lucha contra el proteccionismo en materia de datos, ese es la Unión Europea, que tiene definida una política muy clara sobre este asunto en las negociaciones comerciales», ha comentado.

Según Sauer, la regulación europea sobre esta materia tiene como objetivo «garantizar la igualdad de condiciones» de todas las partes para que aquellos que quieran participar desde el exterior jueguen con las mismas reglas que los actores europeos. Además, ha apuntado la necesidad de «garantizar que somos capaces de utilizar los datos en Europa y de tener la infraestructura necesaria para gestionar y mantener el acceso a los datos». Esto no tiene nada que ver con proteccionismo», ha zanjado.

Finalmente, Sauer ha puesto de relieve el trabajo que se está realizando a nivel OCDE y otros foros internacionales con vistas a alcanzar unos principios globales para el acceso y la gobernanza de datos.

El líder del PP, Pablo Casado, considera que el veto del Ejecutivo a la bajada del IVA de las peluquerías aprobado por el Senado constituye «otro atropello» de Pedro Sánchez al Parlamento. A su entender, la «deriva antidemocrática del Gobierno es terrible» y el PP no lo va a «tolerar».

Así se ha pronunciado Casado después de que la presidenta del Senado, Pilar Llop, haya tomado la decisión, a instancias del Gobierno, de declarar la nulidad de la votación de la enmienda que bajaba el IVA de las peluquerías al 10%.

«Otro atropello de Sánchez a la separación de poderes y al Parlamento. La deriva antidemocrática del Gobierno es terrible, y no lo vamos a tolerar», ha afirmado rotundo Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

EL PP HA SOLICITADO LA DIMISIÓN DE LLOP

A raíz de lo ocurrido, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha exigido la dimisión de la presidenta del Senado tras anular esa enmienda y ha pedido al PSOE que aproveche el Pleno de reelección de la Presidencia de la Cámara Alta para presentar a otro candidato o candidata que no sea Llop.

Tras asegurar que «es antidemocrático», Maroto ha señalado que, tras habérselo comunicado al líder del PP, su grupo parlamentario pide que Llop no se presente a la reelección como presidenta y que el Grupo Socialista presente a otra persona en su puesto.

Llop, al ser senadora por designación autonómica por la Asamblea de Madrid, dejará de ser durante unos días Presidenta de la Cámara Alta hasta que el Parlamento madrileño la vuelva a ratificar como senadora. Cuando eso suceda, está previsto que el Senado celebre una sesión plenaria extraordinaria el 12 de julio para volver a nombrarla presidenta de la Cámara.

«UNA TROPELÍA PREVARICADORA SIN PRECEDENTES»

El senador por Almería y miembro de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, ha señalado que la decisión de Llop «suspendiendo una votación que han perdido en el Senado sobre la rebaja del IVA a las peluquerías, es una tropelía prevaricadora sin precedentes en democracia»

«Sánchez humilla a otra jueza y la obliga a vulnerar la ley para ser reelegida presidenta», ha asegurado Hernando en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

De la misma manera, la senadora Cristina Ayala, también miembro de la Mesa, ha afirmado que «jamás» creyó que vería que el Senado anula una votación porque «no le gusta» al Gobierno. «La degradación del sanchismo es imparable», ha enfatizado.

Baleària ha defendido este viernes que todos los estudiantes que viajaron durante los pasados días a Mallorca tras acabar la Selectividad tenían su asiento reservado en el barco, al igual que cualquier persona que sube a bordo con la naviera.

Así lo han expresado fuentes de Baleària, después de que se hayan notificado al menos 470 casos de estudiantes contagiados en seis regiones tras viajar a la isla en los pasados días.

En declaraciones a ‘La Hora de La 1’ de TVE, diversos estudiantes han denunciado que en el ferry en el que viajaron no había asientos para todos y se tumbaron en el suelo del barco para dormir.

Baleària insiste en que cualquier persona que sube a bordo tiene un asiento reservado y que los estudiantes que viajaron estos días también. Además, desde la naviera han apuntado que la tripulación del barco tuvo que indicar en diversas ocasiones a los estudiantes que ocupasen sus asientos.

La naviera ha asegurado haber cumplido «en todo momento» con las normativas vigentes en materia de seguridad y de COVID-19, y que «en ningún caso la ocupación de los buques ha excedido la capacidad máxima autorizada por los certificados de seguridad en cumplimiento de la normativa internacional y las directivas europeas».

Así, han recordado que las limitaciones de carácter sanitario para acceder a los destinos las establecen y controlan las autoridades de cada territorio, que en este caso obligan a los pasajeros procedentes de comunidades con una incidencia acumulada superior a 60 a presentar una PCR o test de antígenos y rellenar un formulario sanitario.

Según han indicado desde Baleària, los estudiantes que han viajado estos últimos días a Mallorca desde Valencia y Barcelona han reservado a través de agencias de viaje, contratando las acomodaciones de butaca estándar o lobby bar, y han ido acompañados por monitores y en algunos trayectos por vigilantes de seguridad privados.

También han destacado Baleària ha renovado por tercera vez el sello Global Safe Site por parte de la entidad de certificación e inspección internacional Bureau Veritas y mantiene actualizados sus protocolos en función de los cambios en la normativa vigente.

Asimismo, han señalado que los miembros de la tripulación recuerdan reiteradamente a los pasajeros que deben ocupar los puestos que tienen reservados y disponibles y no acomodarse en otras zonas del barco, así como la obligatoriedad de llevar la mascarilla.

Finalmente, la naviera ha resaltado que impulsa la reserva y la facturación online, proporciona gel hidroalcohólico y mantiene un plan específico de limpieza, con productos viricidas y desinfectantes aprobados por el Ministerio de Sanidad. Todos los buques de la naviera incorporan cartelería, megafonía y vídeos que recuerdan las recomendaciones.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), entidad dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha publicado la propuesta de resolución provisional de la Convocatoria Cervera Centros Tecnológicos de Excelencia 2020, por la que se destinan 19,38 millones de euros a un total de cinco proyectos de investigación aplicada en ámbitos tecnológicos considerados estratégicos y definidos como prioritarios.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Ciencia, las ayudas ‘Cervera Centros’ se enmarcan en el programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Su objetivo es fomentar la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento entre centros tecnológicos y empresas.

Para ello, se enfocan en áreas temáticas específicas y tecnologías prioritarias. Los proyectos aprobados desarrollan programas estratégicos de I+D+I en los ámbitos de ‘Cadena alimentaria segura y saludable’, ‘Deep learning e Inteligencia Artificial’, ‘Economía Circular’, ‘Fabricación inteligente’ y ‘Transporte inteligente.

El departamento que dirige Pedro Duque ha apuntado que los cinco proyectos seleccionados en la convocatoria suponen la financiación de 22 operaciones, desarrolladas por centros tecnológicos y/o centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal. En términos de distribución regional, Galicia y País Vasco lideran dos propuestas cada una, correspondiendo la quinta a Asturias. Como socios, también participan centros de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.

Esta convocatoria subvenciona hasta el 100% de los programas estratégicos presentados por agrupaciones de entre tres y cinco centros tecnológicos que trabajen en red, con una duración de tres años naturales. Cada agrupación podrá recibir hasta 4 millones de euros de ayuda.

La nueva convocatoria ‘Cervera’ 2020 incorpora mejoras de gestión tras la experiencia adquirida en la convocatoria de 2019, que supuso la primera experiencia del CDTI gestionando ayudas directas basales para centros tecnológicos. El plazo de presentación de solicitudes se cerró el pasado 15 de marzo, con un presupuesto inicial de 20 millones de euros, ampliado con otros 15 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se adjudicarán en el momento en que se apruebe definitivamente por las autoridades europeas dicho plan.

En total, se presentaron a la convocatoria un total de 31 programas estratégicos de I+D en los que participan 60 diferentes centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mostrado este viernes su convencimiento de que a finales de 2022 habrá oficinas de justicia en la mayor parte de los pueblos españoles –los que no tienen partido judicial– con el fin de acercar este servicio a los ciudadanos y «hacer su vida más fácil».

En declaraciones a los periodistas a la salida de la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Tenerife –la siguiente será en octubre en Asturias–, ha comentado que el proyecto de ley pasará en breve al Congreso para su aprobación, dado que hay un amplio consenso político, tal y como ha ocurrido con las leyes del registro civil o discapacidad, y también se trabaja de forma coordinada con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Ha comentado que se trata de más 7.000 oficinas, algunas en municipios «muy poco poblados», que tendrán funcionarios de justicia preparados para resolver cualquier demanda vecinal, en algunos casos todos los días y en otros de forma más limitada, dependiendo de la población.

El ministro ha valorado también el «trabajo compartido» con las doce comunidades autónomas que conforman la sectorial pues se empezó la Legislatura con «promesas» y cada hay «más realidades» en torno a la idea unánime de hacer un servicio público de justicia cada vez más eficiente.

Así, ha relatado que se han abordado «temas importantísimos» como la seguridad y prevención de riesgos laborales, la sostenibilidad de las sedes judiciales, la eficiencia de la administración, la digitalización o la puesta en marcha de medios alternativos de resolución de conflictos.

ACUERDOS POR ENCIMA DEL «RUIDO», DESTACA

Campo ha reivindicado la capacidad de Gobierno y comunidades autónomas de trabajar conjuntamente para lograr acuerdos en medio del «ruido» político e institucional que hay en España y con el afán de lograr la «modernización» del sistema judicial.

El viceconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Manuel Cardenete, ha hecho un «balance muy positivo» de la reunión porque se empiezan a sentar las bases sentamos las bases de los «cuatro pilares» de la administración de justicia: la ley de eficiencia administrativa, la ley de eficiencia procesal, la digitalización y la cogobernanza.

Además, ha apuntado que en breve se van a empezar a recibir los primeros fondos europeos, en el caso de Andalucía, concretamente 30 millones en 2021 y 2022 y que servirán para «dar el salto de calidad» para desarrollar el teletrabajo o la ciberseguridad, entre otros, y ayudar también a la recuperación económica.

El consejero de Justicia de Navarra, Eduardo Santos, ha valorado el sistema de trabajo «participado y deliberativo» puesto en marcha por el Ministerio y las comunidades autónomas para modernizar la administración de justicia.

Además, ha dicho que Navarra es ‘puntera’ en la digitalización gracias al sistema de gestión procesal ‘Avantius’ y la oficina de gestión de datos, que ha puesto a disposición de otras comunidades como ejemplo de buenas prácticas, lo mismo que la ‘justicia restaurativa’ para ayudar en la resolución de conflictos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación está tratando de conseguir aclaraciones por parte de las autoridades de Shangai sobre los motivos para la hospitalización forzosa a que se están viendo sometidas algunos extranjeros que llegan al país y que ya han sido vacunados o han pasado la COVID-19.

Así lo ha confirmado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en rueda de prensa con su homólogo de Irak, Fuad Hussein. «Estamos en contacto con las autoridades chinas para entender una nueva normativa que aparentemente han introducido y que está afectando a algunos ciudadanos españoles, también de otras nacionalidades», ha indicado.

«Queremos entender cuáles son las condiciones de esa nueva normativa y cómo se está aplicando para poder ayudar a nuestros ciudadanos en su retorno a China», ha añadido.

Según fuentes diplomáticas, la Embajada española en Pekín, al igual que otras europeas, han pedido aclaraciones a las autoridades de Shangai por esta medida, de la que no se había informado con antelación y que ha afectado ya a algunos españoles. Asimismo, se están haciendo gestiones para que esta práctica se interrumpa de forma inmediata.

Ha sido el Consulado General de España en Shangai el encargado de dar la voz de alarma sobre la práctica, que se viene desarrollando desde hace algunas semanas «sin ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades chinas».

Según ha explicado, ciudadanos extranjeros residentes en China y vacunados con la vacuna china o vacunas extranjeras, y también aquellos que habiendo superado la COVID-19 en meses anteriores han sido vacunados posteriormente, «están siendo hospitalizados, de manera no consensual ni voluntaria» durante tres o cuatro días a su vuelta a Shangai.

ANÁLISIS DE SANGRE Y ANTICUERPOS A LA LLEGADA

A la llegada al aeropuerto, se realizan análisis de sangre y «si la prueba de anticuerpos es superior a una cifra establecida por las autoridades sanitarias, como consecuencia de la vacunación, les hacen firmar unos documentos en chino sin traducción al inglés» y se procede a ingresarlos en un hospital, ha indicado.

Una vez allí, se les somete a más análisis de sangre y a PCR, además de «resonancia magnética de tórax y alguna prueba invasiva adicional, de cuyos resultados ni les dan copia ni les informan», ha denunciado el Consulado, añadiendo que lo único que hacen es «pedir cooperación durante tres o cuatro días».

Quienes son hospitalizados deberán pagar «el papel higiénico, las toallas, cualquier producto sanitario que se necesite, así como el agua embotellada», a través de la plataforma WeChat, sin que sea posible el pago en efectivo ni con tarjeta de crédito, ha precisado el Consulado.

Según ha denunciado, por el momento no ha obtenido respuesta de la Oficina de Asuntos exteriores de la Municipalidad de Shanghai a las notas verbales remitidas ni tampoco «una respuesta telefónica, como es habitual».

PRÁCTICA SORPRENDENTE Y POCO ÉTICA

Asimismo, ha lamentado que ni los ingresados ni en su caso los consulados generales en Shangai han sido informados de «esta sorprendente y poco ética práctica, ni del nivel de anticuerpos mínimo fijado» ni de «cómo seleccionan a dichas personas».

Por todo ello, el Consulado ha advertido a quienes vayan volver a Shangai en las próximas semanas que tengan en cuenta «toda esta información», recomendando que «no firmen documentos que no entienden, utilice un traductor en el móvil para entender lo que está firmando y hagan una foto antes de entregarlos, ya que no les darán una copia».

Los Reyes presidirán, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi) 2020 y 2021 el próximo jueves en Barcelona, que será retransmitida en directo por La2 de TVE, la página web y el canal YouTube de la fundación.

La ceremonia de entrega, que se celebrará a las 20 horas en el CaixaForum de Barcelona, reconocerá a diez nuevos jóvenes cuyas trayectorias destacan en los ámbitos de Artes y Letras, Empresa, Investigación Científica, Social e Internacional, premiados en las ediciones de 2020 y 2021, en una gala conducida por el periodista Carlos Franganillo, ha informado la fundación este viernes en un comunicado.

La ceremonia de entrega se vuelve a celebrar en Barcelona, como ya ocurrió en 2019 con la gala del décimo aniversario de la institución, y solo acudirán patronos de la fundación y familiares de los premiados.

Por las medidas contra el coronavirus, la fundación ha diseñado un acto dinámico y con predominancia del lenguaje audiovisual, pensado para ser visto a través de la pantalla, emulando una gala televisiva.

La ceremonia ‘Aquí, el presente’ pretende poner en valor la importancia de los jóvenes para construir un mundo mejor, y en la gala se profundizará en la trayectoria de los premiados.

PREMIADOS

El Premio Artes y Letras reconocerá a la veterinaria y escritora María Sánchez (edición 2021) y al cineasta Guillermo García López (2020); el de Empresa a Lucía Goy Mastromiechele (2021) y Pepita Marín Rey-Stolle (2020), y el de Investigación Científica a César de la Fuente Núñez (2021) y Rubén Costa (2020).

El Premio Social galardonará a Osuman Umar (2021) y Guillermo Martínez Gauna-Vivas (2020) y el Internacional a Juan David Aristizábal (2021) y Boyan Slat (2020).

La entrega también contará con el diálogo entre la ingeniera química María Escudero Escribano, Premio FPdGi Investigación Científica 2018, y la Premio Nobel Francesc Arnold sobre los grandes desafíos que amenazan el cambio climático.

La violinista Leticia Moreno, Premio FPdGi Artes y Letras 2012, dialogará en la gala a través de la pantalla con la Cemerata de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con música de Astor Piazzola, y la ceremonia de entrega también contará con el humorista radiofónico Juan Carlos Ortega.

Coincidiendo con la jornada de entrega de galardones en Barcelona, se celebrará la reunión ordinaria del Patronato de la Fundación, bajo la presidencia del Rey y a la que asistirán la mayoría de los miembros del principal órgano de gobierno de la entidad, y un encuentro de la Familia Real con premiados de años anteriores.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado este viernes el acuerdo marco alcanzado entre su Ministerio y la Plataforma del Tercer Sector, un acuerdo que genera, según las ONG, «más seguridad» en el sector «en temas tan importantes como la financiación».

Así lo ha avanzado Belarra este viernes durante la inauguración de la Asamblea General de la Plataforma del Tercer Sector en la que han participado un centenar de representantes de las principales ONG de acción social.

Según informa la Plataforma del Tercer Sector, este acuerdo marco tiene «espíritu de estabilidad» y aborda cuestiones «clave» vinculadas con la interlocución, la financiación y los desarrollos normativos pendientes para el sector.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha reconocido el trabajo de las ONG de acción social a lo largo de los años y, especialmente, en el contexto de la crisis social y económica generada por la pandemia.

«Es de justicia reconocer la labor que viene haciendo el Tercer Sector y es fundamental transformar ese reconocimiento en medios para que se pueda seguir realizando esa labor», ha añadido Belarra.

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, ha manifestado su satisfacción con este acuerdo marco fruto de una «negociación intensa» y ha mostrado su agradecimiento a la ministra y al secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, que también ha acudido al encuentro.

Además, el secretario general de la PTS, Rafael de Lorenzo, ha puesto en valor que este acuerdo «reconoce a la PTS como interlocutor con el Ministerio de Derechos Sociales» y recoge «una amplia diversidad de materias». En concreto, el vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad, Leopoldo Pérez, ha destacado el carácter estable del acuerdo, que genera más seguridad en el sector «en temas tan importantes como la financiación».

Durante el encuentro, Luciano Poyato también ha mostrado su agradecimiento a todas las entidades por su «capacidad de resiliencia, de compromiso y de trabajo, por haber estado, una vez más, a la altura de una compleja, imprevista y difícil situación» generada por la pandemia.

Además, ha destacado el compromiso de las organizaciones que forman parte de la PTS con la defensa de los derechos sociales, del derecho a la vivienda, a la educación, a la accesibilidad, a la integración y a un nivel de vida adecuado.

Durante la asamblea, se han compartido y debatido cuestiones relacionadas con el papel del Tercer Sector en el nuevo periodo de programación de fondos europeos y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y cuestiones vinculadas con el desarrollo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asimismo, la Asamblea General ha aprobado la incorporación de la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León lo que supone que la PTS ya cuenta con un total de once plataformas territoriales. Para finalizar, el encuentro ha sido el escenario de la entrega del Premio cermi.es 2020 a la campaña ‘Casilla Empresa Solidaria’.