El Corte Inglés redujo un 27% la retribución del consejo de administración en el ejercicio fiscal 2020-2021 (entre marzo de 2020 y febrero de este año), hasta situarse en 17,51 millones de euros, frente a los 23,96 millones de euros de un año antes, según recoge el informe anual del grupo de distribución.

Del total percibido por el consejo de administración en el último ejercicio fiscal, un total de 7,66 millones de euros corresponde a sueldos y otros 9,85 millones a otros conceptos.

El pasado ejercicio fiscal 2019-2020, el grupo destinó 9,92 millones de euros a indemnizaciones, entre ellas la del expresidente y exconsejero delegado Jesús Nuño de la Rosa.

El grupo señala que, al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, no tiene concedidos anticipos de remuneraciones o préstamos, considerados globalmente y adicionales a los ya desglosados, con los miembros de su consejo de administración, ni tampoco compromisos adquiridos con los mismos en materia de pensiones o premios de jubilación, seguros de vida o indemnizaciones especiales.

En la junta general de accionistas del pasado 26 de julio de 2020 se aprobó, entre otros puntos, la concesión de un plan de entrega de un total de 243.432 acciones al consejero delegado.

Según explica el grupo, el total de las acciones a entregar se realiza en tres tramos fijos de 81.144 títulos, siendo el primero el 31 de diciembre de 2020, y sucesivamente los dos siguientes, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.

La duración del plan es de diez años y tiene un coste máximo determinado para el grupo que no aplica en el corto y medio plazo, ya que, según la compañía, durante los primeros cinco años el impacto en caja del plan es «reducido».

Las acciones se valorarán en cada ejercicio por un experto independiente en base a metodología de mercado y considerando las características del plan, el cuál está sujeto a una serie de condiciones de transmisibilidad, opciones cruzadas, así como a las pertinentes cláusulas de mantenimiento, no vulneración y prestación de servicios hasta el 31 de diciembre de 2020.

El grupo señala que el importe correspondiente al devengo del ejercicio 2020 se recoge bajo el epígrafe otros conceptos.

Por otro lado, la responsabilidad civil de los administradores y directivos del grupo está asegurada a través de varias pólizas de seguro contratadas con determinadas entidades y que dan cobertura al total de empresas del grupo.

Así, segun señala la compañía, el importe de las primas satisfecho por este concepto asciende a 356.107 euros para el ejercicio 2020 (233.427 euros para el ejercicio 2019).

REMUNERACION MEDIA GLOBAL DEL GRUPO: 23.368 EUROS BRUTOS ANUALES

Por otro lado, la remuneración media global del grupo, incluyendo tanto fija como variable, ascendía a 23.368 euros brutos anuales durante 2020, un 2,8% menos, al tiempo que la brecha salarial se situó en el 9,1% frente al 7,9% del año precedente.

El grupo señala que el cálculo lo hace tomando como base los sueldos medios y brechas de cada grupo profesional ponderado con el peso en plantilla que cada uno de ellos tiene sobre el total.

«La igualdad es una parte fundamental de nuestro compromiso con nuestros profesionales», señala el grupo, que añade que existe una equidad salarial y precisa que las diferencias salariales se deben a aspectos como la antigüedad que condiciona la estructura por sexo en cada grupo profesional.

4.400 TRABAJADORES MENOS

El grupo de distribución cuenta con una plantilla de 80.814 empleados, de los cuales un 63,9% son mujeres, frente al 36,1% de hombres, por debajo de los 85.243 trabajadores de 2019.

La compañía, que contaba al cierre del ejercicio 2020 con 1.995 puntos de venta (2.046 en 2019), ha achacado esta diferencia principalmente a jubilaciones, bajas voluntarias y rescisiones de contratos.

No obstante, a su plantilla hay que añadir otros 18.170 empleados externos que trabajan en sus centros comerciales, tanto en la actividad comercial como de servicios.

En marzo de 2020, la compañía se vio obligada a cerrar temporalmente sus establecimientos, a excepción de las áreas de alimentación y productos de primera necesidad, por las restricciones implantadas para hacer frente a la pandemia.

Por primera vez en su historia, El Corte Inglés presentó, ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acogiéndose a las medidas habilitadas por el Gobierno y recogidas en el Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo de 2020, en el que se declaraba el estado de alarma.

La compañía, que adoptaba esta medida por causa de fuerza mayor, complementó hasta junio las aportaciones realizadas por el Estado hasta cubrir la totalidad del salario de los empleados.

A lo largo del ejercicio se han ido sucediendo otros ERTEs en línea con las medidas y restricciones decretadas por las comunidades autónomas.

38.792 EMPLEADOS ESTUVIERON EN ERTE

En total, 38.792 personas del Grupo El Corte Inglés se han visto afectadas por la suspensión de los contratos de trabajo, de los cuales, el 81% del total se corresponden al primer ERTE, decretado en marzo de 2020.

A principios del nuevo ejercicio fiscal 2021-2022, El Corte Inglés firmó un acuerdo con la unanimidad de los sindicatos representados (CCOO, Fasga, Fetico y UGT) para poner en marcha un plan de reorganización de la plantilla de adhesión voluntaria.

La presidenta de la Fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y exministra de Trabajo con el PP, Fátima Báñez, ha afirmado este miércoles que «la experiencia nos dice que cuando tienes 4,2 millones de personas que quieren trabajar (parados o en ERTE), la prioridad es incorporar a sus puestos de trabajo a esos trabajadores antes que subir el salario porque es la urgencia de un país en crisis«, tras ser preguntada sobre si es oportuno subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En un encuentro informativo, Cepsa y Atlantic Copper sobre empleo y que se ha celebrado en Sevilla, en la sede de la Fundación Cajasol, la exministra del PP ha apuntado que esta decisión de subir el SMI corresponde al Gobierno «previa consulta de los interlocutores sociales», es decir, sindicatos y empresarios; no obstante, ha dicho que hay que «priorizar lo urgente y lo urgente es siempre el empleo».

Con el descenso del paro en junio, España tiene 3,6 millones de desempleados, su cifra más baja desde marzo de 2020, cuando llegó la pandemia, un dato que no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

Preguntada por la situación de las empresas, Báñez ha dicho que «lo que tienen que llegar son las ayudas que están previstas» de 7.000 millones de euros articuladas por el Gobierno que, debido a las limitaciones a empresarios de movilidad y actividad, las ha definido «compensaciones, no son ayudas». «Son compensaciones y deben llegar ya para salvar negocios y para seguir salvando empleo», ha dicho.

La exministra ha felicitado a algunas comunidades autónomas porque «están haciendo llegar rápidamente esas compensaciones a las empresas» porque algunas están en sectores que siguen siendo muy castigados por la pandemia, como el turístico o el de servicios, que «no han tenido una respuesta clara para que esas ayudas de liquidez les lleguen».

Ha resaltado que en Alemania con la aplicación de la legislación equivalente a los ERTE en España decidieron «desde el primer momento» que durasen hasta 2021, mientras que en España se han ido aprobando prórrogas y «no es lo mismo dar confianza a las empresas que tienen año y medio por delante que cuando vas tomando decisiones cada trimestre».

En este sentido, ha lamentado que «ha habido decisiones mas valientes de los gobierno nacionales de nuestro entorno europeo que las medidas que ha tomado el de España» en la crisis del coronavirus.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles, en relación al vehículo eléctrico, que «si seguimos en la senda que hemos emprendido tanto la parte del Gobierno foral como del Gobierno de España como la empresa y los agentes sociales, el futuro de la planta de Volkswagen y de Navarra será francamente prometedor».

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Remírez ha señalado que «en este mes de julio han ocurrido hechos trascendentales y fundamentales para el futuro del sector de la automoción en el conjunto de España y también en la Comunidad foral».

Ha señalado así que el Gobierno de España aprobó el PERTE, «instrumento clave y fundamental para hacer viable las inversiones necesarias para la transformación hacia el vehículo eléctrico». «También por parte del grupo Volkswagen se tomó una decisión estratégica, de la que se beneficia el conjunto de España y especialmente las plantas de Landaben y Martorell en el sentido de que se asigna la fabricación del vehículo eléctrico de la gama pequeña de todas las marcas del consorcio a España», ha dicho.

Remírez ha manifestado que el Ejecutivo navarro «siempre hemos estado creando el ecosistema adecuado para que todas estas inversiones se produzcan en la Comunidad foral; somos francamente optimistas porque se han ido cumpliendo los hitos en los cuales el Gobierno de Navarra estaba trabajando con el Gobierno de España y con los agentes privados, con el grupo empresarial».

Ha añadido el portavoz que «tenemos que hacer una valoración muy positiva de la colaboración de forma constructiva de todos los agentes implicados en esta decisión, pese a que hemos podido escuchar en las últimas semanas algunos mensajes de cierta irresponsabilidad de algunos agentes políticos cuestionando lo que era incuestionable, que el vehículo eléctrico va a llegar a Navarra; va a ser así».

Javier Remírez ha insistido en que «estamos creando todas las condiciones para que el futuro de la planta de Landaben sea prometedor». «Estén seguros que el futuro de Landaben Navarra va a ser prometedor, pese a algunos mensajes irresponsables en las últimas semanas ligados a crear una situación de inestabilidad artificial», ha opinado.

El gigante tecnológico estadounidense Apple obtuvo un beneficio neto de 21.744 millones de dólares (18.413 millones de euros) entre abril y junio, lo que representa un incremento del 93,2% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior y el mejor resultado contabilizado por la multinacional en su tercer trimestre fiscal, según anunció la compañía.

Las ventas de Apple entre abril y junio aumentaron un 36,4% interanual, hasta 81.434 millones de dólares (68.959 millones de euros), impulsadas por el fuerte crecimiento de las ventas del iPhone, los accesorios y los servicios de la compañía de Cupertino.

En concreto, las ventas de iPhone en el trimestre reportaron a Apple 39.570 millones de dólares (33.508 millones de euros), un 49,8% más, mientras que las ventas de Mac aumentaron un 16,3%, hasta 8.235 millones de dólares (6.973 millones de euros) y los ingresos por las ventas de iPad crecieron un 11,9%, hasta 7.368 millones de dólares (6.239 millones de euros).

De su lado, las ventas entre abril y junio de wearables y accesorios sumaron 8.775 millones de dólares (7.431 millones de euros), un 36% más que un año antes, mientras que los ingresos por servicios de Apple crecieron un 32,9%, hasta 17.486 millones de dólares (14.807 millones de euros).

Atendiendo a la procedencia geográfica de sus ingresos, el negocio en América en el tercer trimestre fiscal aumentó un 32,7%, hasta 35.870 millones de dólares (30.375 millones de euros) y un 33,6% en Europa, hasta 18.943 millones de dólares (16.041 millones de euros), mientras que la facturación en China creció un 58,2%, hasta 14.762 millones de dólares (12.500 millones de euros) y un 30% en Japón, hasta 6.464 millones de dólares (5.474 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, la compañía de Cupertino obtuvo un beneficio neto de 74.129 millones de dólares (62.773 millones de euros), un 65,7% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que la facturación aumentó un 34,6%, hasta 282.457 millones de dólares (239.187 millones de euros).

Las ventas de iPhone reportaron en nueve meses a Apple 153.105 millones de dólares (129.650 millones de euros), un 37,5% más, mientras que las ventas de Mac aumentaron un 32,8%, hasta 26.012 millones de dólares (22.027 millones de euros) y los ingresos por las ventas de iPad crecieron un 39,5%, hasta 23.610 millones de dólares (19.993 millones de euros).

De su lado, las ventas entre de wearables y accesorios sumaron 29.582 millones de dólares (25.050 millones de euros), un 30% más que un año antes, mientras que los ingresos por servicios de Apple crecieron un 27,8%, hasta 50.148 millones de dólares (42.466 millones de euros).

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha lamentado que el Ministerio de Trabajo siga criminalizando y poniendo en el centro de la diana de sus inspecciones al campo español, tras la reunión mantenida este martes con la Subdirección General para la Coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales para conocer el plan de prevención contra los golpes de calor.

En concreto, la organización agraria ha mostrado su «profundo malestar ante la criminalización continuada» por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hacia el sector agrario y ganadero, que ya cumple sus propios protocolos para evitar los llamados golpes de calor sin que su Departamento interfiera.

El plan de Trabajo presentado esta semana contiene medidas como la de proporcionar agua potable, planificar las tareas más pesadas a las horas de menos calor, proteger la cabeza con gorra o sombrero, aumentar las pausas, evitar el trabajo individual, tener habilitadas zonas de sombras o informar a los trabajadores sobre los riesgos de un golpe de calor.

Unión de Uniones acoge «positivamente» estas medidas que, sin embargo, considera que ya se vienen cumpliendo en el campo y que, además, no están recogidas en el BOE, lo que implica una inseguridad jurídica a la hora de exigirlas en las inspecciones que se realicen.

Asimismo señala que, antes de haber presentado este plan, se debería haber contado con las organizaciones agrarias que trabajan en el sector para poner en común las necesidades, los puntos de posible mejora y la idoneidad.

«Sin que intervenga el Ministerio, ya adoptamos medidas para evitar los golpes de calor y se ajustan los horarios evitando los períodos con temperaturas más altas. Los agricultores y ganaderos no sometemos a nuestros trabajadores a condiciones inhumanas de trabajo como debe pensarse la Ministra», han asegurado desde Unión de Uniones.

La organización lamenta que desde el Ministerio de Trabajo se siga criminalizando al campo y que se insinúe que no se trata adecuadamente a los trabajadores, ni en temas de derechos laborales ni de condiciones e invita a la ministra Yolanda Díaz a que vaya a visitar el día a día de una explotación para conocer la realidad de primera mano.

La economista estadounidense Rebecca Henderson propone en su último libro, ‘Reinventando el capitalismo en un mundo en conflicto’ (Editorial Profit), sustituir el paradigma capitalista que proclama la maximización del valor para el accionista por la creación de grandes productos que estén al servicio del bien social.

Henderson, profesora de la Universidad de Harvard, apuesta por acometer cambios para avanzar hacia un capitalismo rentable, equitativo y sostenible, basado en una nueva forma de pensar acerca del propósito de las empresas, su papel en la sociedad y su relación con el Estado, convencida de que las empresas del siglo XXI tienen que sustituir el paradigma capitalista que proclama la maximización del valor para el accionista por la creación de grandes productos que estén al servicio del bien social.

Considera que para combatir la progresiva degradación medioambiental, la desigualdad económica y el colapso institucional es necesario crear valor compartido entre empresas y consumidores, desarrollar organizaciones orientadas a una causa o a un propósito, establecer parámetros o criterios de medición que cuantifiquen el impacto de las prácticas empresariales, la cooperación en la elaboración de normas sectoriales de sostenibilidad y autorregulación y el apoyo del sector privado a las reformas democráticas.

Henderson defiende que solo una nueva forma de capitalismo puede impulsar la innovación y el crecimiento que mejorará significativamente la vida de un número mucho mayor de personas. Asimismo, sostiene que la reinvención del capitalismo también llevará a un reequilibrio fundamental del poder del mercado con unas formas de gobierno responsables y democráticas y con una sociedad civil fuerte.

La edición de Editorial Profit de ‘Reinventando el capitalismo en un mundo en conflicto’ la prologa el exministro y exeurodiputado José Blanco, socio, fundador y CEO de Acento, una consultora especializada en asuntos públicos y posicionamiento estratégico.

Blanco es un gran conocedor de la vida política y de la gestión pública gracias a su larga trayectoria profesional ligada al PSOE y a la experiencia adquirida en diferentes puestos de responsabilidad en el Gobierno de España.

El Banco de España ha señalado que el impacto negativo de la pandemia de Covid-19 en la economía española sigue sin traducirse en un aumento de los créditos dudosos, si bien afirma que durante el primer trimestre del año se mantuvo la tendencia al alza del crédito normal en vigilancia, así como un repunte, menor, de los créditos dudosos.

«El notable impacto negativo de la pandemia de Covid-19 en la actividad económica sigue sin reflejarse en un aumento generalizado de los créditos dudosos en los balances de las entidades de depósito», asegura el supervisor en su artículo ‘Evolución reciente de la financiación y del crédito bancario al sector privado no financiero’ correspondiente al primer semestre de 2021.

Sin embargo, apunta a que en el primer trimestre «se mantenía la tendencia al alza del crédito normal en vigilancia especial, concentrado en los créditos a los sectores de actividad económica más afectados, y se observaba también un repunte, de menor cuantía, de los créditos dudosos en estos mismos sectores».

La ratio de dudosos se situó en el 4,5% en mayo (+0,1 puntos frente a marzo), mientras que el supervisor observa ciertos indicios de empeoramiento de la calidad crediticia en determinados sectores y actividades, así como «señales claras» de deterioro crediticio latente, aproximado por los préstamos normales en vigilancia especial.

El artículo resalta que los dudosos en los sectores muy afectados por la pandemia aumentaron en términos interanuales en 2020, con casi un 12% en diciembre, acelerándosee esa tendencia en los primeros meses de 2021. De hecho, en marzo habían aumentado un 27,4%, por lo que el Banco de España señala que estas actividades «sí se observa ya un deterioro crediticio notable».

Por otro lado, el Banco de España ha apreciado un nuevo ligero endurecimiento en los criterios de concesión de préstamos entre enero y marzo, vinculados el aumento de los riesgos percibidos por parte de las entidades financieras, como se desprende de la última Encuesta de Préstamos Bancarios.

En cambio, entre abril y junio, los criterios de aprobación habrían permanecido inalterados, observándose incluso una leve relajación en la financiación a las grandes empresas, lo que podría responder a una mejora de las perspectivas macroeconómicas.

Además, la encuesta surgiere un cambio de tendencia en la evolución de la demanda de financiación por parte de empresas y hogares. En concreto, entre abril y junio, habrían repuntado las peticiiones de fondos en casi todos los segmentos, con la excepción del de los préstamos de grandes empresas, que se habrían vuelto a reducir ligeramente. El Banco de España destaca el repunte de la demanda experimentada por los hogares y señala que este mayor dinamismo estaría en línea con la recuperación económica.

COLCHONES DE CAPITAL

Por otro lado, el supervisor afirma que ante una menor intensidad de las medidas de apoyo a empresas y familias, la capacidad de las entidades de dar financiación a estos sectores «será determinante para lograr normalizar el nivel de actividad económica».

Así, señala que los bancos de los principales países europeos cuenta con una «cantidad considerable» de recursos de capital para financiar la expansión del crédito, al tiempo que afrontan varios retos para su utilización, como una reducida rentabilidad y el elevado coste de los recursos de capital.

En este sentido, señala que la crisis de la Covid-19 no ha erosionado la solvencia de los bancos europeos, mientras que las medidas fiscales, monetarias, pero sobre todo, las prudenciales (sobre la regulación de requerimientos de capital o la recomendación de no repartir beneficios, «han ayudado a mantener e incluso mejorar las ratios de capital».

Esto se refleja también en un incremento de los colchones voluntarios, que se han visto impulsados igualmente por la relajación de ciertos requerimientos: liberación de colchones macroprudenciales, posibilidad de cubrir P2R (Pillar 2 Requirements) con capital de calidad inferior a CET1, etc.

RETICENCIA AL USO DE LOS COLCHONES

No obstante, el Banco de España señala que existe «evidencia creciente de reticencia» por parte de los bancos a la utilización de estos colchones, tal y como se ha reflejado en la contracción en la oferta de crédito en la eurozona a finales de 2020 y principios de 2021.

Para explicar esta reticencia, el supervisor explica que a menor distancia del capital total a los mínimos regulatorios, será más difícil que los bancos utilicen este capital voluntario.

Además, otra condición para utilizar estos colchones sería la capacidad de las entidades para recomponerlos pasada la crisis, así como la valoración que el mercado realiza del capital que tienen las entidades, «la cual requeriría que el uso de los colchones no diera lugar a una reducción de ese valor».

Sin embargo, el Banco de España insta a la utilización de una parte de los colchones de capital por parte de los bancos y considera que para facilitar su uso es fundamental una «comunicación clara» sobre el plazo para reconstituir los colchones.

«Su uso también será más efectivo en la medida en que las estrategias bancarias ayuden a mejorar su rentabilidad: por ejemplo, mediante ganancias en eficiencia. En particular, la mejora de las expectativas de rentabilidad impulsaría las valoraciones bancarias y facilitaría la reconstrucción de los colchones, reduciendo el coste de su utilización presente», concluye al respecto.

La presidenta de la Fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Fátima Báñez, ha defendido la utilidad de la reforma laboral realizada por el PP cuando ella era ministra de Empleo, señalando que ha sido «capital» en la actual crisis provocada por el Covid, con elementos como la flexibilidad en los ERTE.

En un desayuno informativo patrocinado por Cepsa y Atlantic Copper, y en el que también ha participado la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, Fátima Báñez ha indicado que los ERTE existen desde antes de la democracia y ha señalado que con la reforma laboral de 2012 que hizo el PP, «lo que hace es flexibilizar las condiciones para que las decisiones que se tengan que tomar entre trabajadores y empresas se puedan hacer de manera rápida, porque cambiamos el control antes por el pos, una vez que se toman las decisiones».

Asimismo, ha recordado que «en 2014, con ocasión de una tragedia como ocurrió en Campofrío, se diseñaron lo que eran los ERTE de fuerza mayor, que tenía aparejado además el que estuvieran muy bonificados, el 100% de las bonificaciones durante un año prorrogable a dos con reposición de prestaciones».

«Hemos visto que ha servido para dos crisis», ha afirmado Báñez, que ha señalado que en la primera parte de la crisis financiera anterior, de 2008 a 2011, se destruyeron tres millones y medio de empleo, «luego ya, después de la reforma laboral, por la flexibilidad que entre otras cosas propiciaron los ERTE, se pudo recomponer esa situación».

En esta crisis cuando se cierra con el confinamiento la economía en un 50%, 3,8 millones de personas de manera rápida se van al ERTE y nos quedan por recuperar 450.000, es decir, ha sido una reforma que ha dado respuesta claramente a dos crisis muy importantes», ha incidido Báñez.

En este sentido, ha insistido en que «es una herramienta de flexibilidad y la flexibilidad es clave para atender las crisis». A juicio de la presidenta de la Fundación de la CEOE, «de esa manera salvaremos empleo».

«Llevamos perdidos 90.000 empresas desde el inicio de la crisis del Covid, no podemos permitirnos que se siga perdiendo tejido productivo y la prioridad es recuperarlas, y para recuperar la prioridad es clara, el margen que tengan las empresas que van bien en los sectores que están tirando mejor, es para recuperar empleo», ha señalado.

Por su parte, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha afirmado que los ERTE «es una herramienta potentísima y se ha demostrado que ha sido un colchón importante para mantener el tejido productivo». No obstante, ha señalado que en Andalucía hay 96.000 trabajadores en ERTE y «hay que propiciar su recuperación cuanto antes».

Blanco ha apuntado que el Gobierno habla de una sexta prórroga de los ERTE y de un ERTE pospandemia. En este sentido, ha advertido de que sería un ERTE estructural y «quiere financiarlo con la hucha de las prestaciones por desempleo, que tengo mis dudas porque la hucha está vacía».

«En 2020 tuvo un déficit de 9.000 millones y en lo que va de año de 3.500 millones de euros, por lo que esa hucha de las prestaciones se podrá utilizar cuando el ciclo económico cambie», ha afirmado la consejera, que ha apuntado que «en todo el ciclo económico comparado no ha habido una capacidad para soportar un ERTE estructural como se plantea». Así, ha manifestado que «se tiene que ver dentro del diálogo social».

Blanco ha afirmado que esa herramienta «no debe ser excluyente de un ERE por causa económica y organizativa como se trasladó en un primer borrador a los agentes económicos y sociales». No obstante, ve positivo que «se va a apostar por este ERTE donde se va a propiciar que los trabajadores tengan una prioridad en la formación o que solo se ciña al centro de trabajo al que afecte y no a toda la empresa», concluido.

La Conferencia Sectorial de Turismo ha acordado este miércoles con las comunidades autónomas y las entidades locales los 23 proyectos que financiará el programa ordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, con una inversión total de 64 millones de euros.

Durante su intervención, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado el «enorme interés» suscitado por esta iniciativa, ya que las candidaturas que han recibido en esta segunda edición del programa, un total de 301, prácticamente duplican las del año anterior, 156 propuestas.

«Nuestro compromiso es invertir en los destinos para mejorar la experiencia de los turistas que nos visitan y este año vamos a movilizar desde la Secretaría de Estado de Turismo más de 23 millones de euros», ha añadido Maroto.

Por lo tanto, el objetivo de estos planes es «mejorar la experiencia turística, abordar una modernización del sector y mantener el liderazo competitivo de España».

En concreto, los proyectos seleccionados se ubican tanto en destinos rurales, como urbanos y de sol y playa de Andalucía (Geoparque de Granada), Aragón (Andorra-Sierra de Arcos, Cinco Villas), Asturias (Valles de Aller y Comarca de Avilés), Baleares (Villa de Ibiza y Formentera), Comunidad Valenciana (Altea y Peñíscola), Canarias (Lanzarote), Cantabria (Alto Asón), Castilla-La Mancha (Campo de Criptana, Montes de Toledo y Molina de Aragón), Castilla y León (Salamanca), Extremadura (La Vera-Valle del Jerte), Galicia (A Mariña Lucense y Ourense Termal), La Rioja (Valle del Alhama-Linares), Comunidad de Madrid (Cerdedilla-Puerto de Navacerrada), Murcia (Portmán); Ceuta (Mercado de Salazones) y Melilla (Recuperación de edificios singulares).

Así, todas las CCAA tienen representación en esta iniciativa, excepto Cataluña, que según ha aclarado la ministra, «no se ha presentado y ha sido una decisión propia de la comunidad autónoma».

La ministra también ha agradecido la implicación de los tres niveles de la Administración para impulsar el programa que «se inició el año pasado pero que cuenta con una clara vocación de continuidad, ya que tiene un efecto tractor en la transformación de los destinos hacia un modelo basado en la sostenibilidad».

PLANES EXTRAORDINARIOS CON FONDOS EUROPEOS

Al margen del programa ordinario de Planes de Sostenibilidad, en los próximos tres años se convocarán ediciones extraordinarias del programa financiadas con 1.858 millones procedentes de los fondos de recuperación europeos.

A partir del viernes 30 de julio y hasta el 20 de septiembre de 2021 estará abierto el plazo para que las entidades locales presenten sus candidaturas a la primera convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad, con una financiación por destino que oscila entre el millón y los 10 millones de euros, en función de la categoría del destino.

Las grandes ciudades y los destinos de sol y playa muy internacionalizados tendrán acceso a las mayores inversiones, con unas cuantías mínimas de diez y cinco millones de euros, respectivamente.

OPTIMISMO EN LA LLEGADA DE TURISTAS

Además, la titular de Turismo mantiene sus previsiones sobre la llegada de turistas internacionales, que será de un 50% del nivel de 2019, mientras que el turismo nacional recuperará un 70% de las cifras de hace dos años.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Turismo, donde también ha destacado el ritmo de vacunación de España, ya que ayer se superaron las 26 millones de personas vacunadas con pauta completa y un 65% de la población española con una dosis.

En este sentido, Maroto ha afirmado que «esto permitirá abordar estas semanas o meses con cierta confianza y es lo que trasladamos a los mercados emisores, que no están teniendo una campaña de vacunación tan exitosa como España».

Asimismo, al ser preguntada sobre imponer el certificado digital para acceder a ciertos establecimientos, la ministra ha afirmado que se debatirá en el Consejo Interterritorial y se trabajará en un marco con las CCAA para darle otro uso al certificado.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha destacado que se ha alcanzado «un acuerdo importante» con el Ejecutivo central que se ratificará este jueves en la Comisión mixta del Concierto la concertación de determinados impuestos como el IVA OSS, el impuesto de transacciones financieras, denominado ‘tasa Tobin’ o el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como ‘tasa Google’ que podrán recaudar las haciendas vascas.

Tras indicar que en el encuentro se abordará también el déficit de 2022 para Euskadi, ha asegurado que el acuerdo cerrado es «una buena noticia para el Gobierno vasco en clave de autogobierno».

En una rueda de prensa para presentar el Informe Anual de la Economía Vasca 2020, Azpiazu se ha referido, de esta manera, a la convocatoria para este jueves a las once de la mañana de la Comisión mixta del Concierto en Madrid, que ha motivado que finalmente el Lehendakari, Iñigo Urkullu, haya decidido acudir a la Conferencia de Presidentes prevista para este viernes en Salamanca.

El consejero ha explicado que acaban de cerrar un acuerdo «muy importante» con el Gobierno central y, por lo tanto, se ha decidido convocar la comisión mixta del Concierto. «Es una buena noticia para el Gobierno vasco en clave de autogobierno también», ha destacado.

Según ha insistido, es un acuerdo «importante» en el que venían trabajando con «discreción, pero con mucha intensidad desde hace muchísimo tiempo». «Y, al final, ha sido posible llegar a un conjunto de acuerdos que mañana se van a poder ratificar entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales», ha añadido.

Según ha explicado, se ha realizado «un esfuerzo importante» y cree que es un «paso desde el punto de autogobierno en la capacidad que van a tener las diputaciones» de recaudar nuevos impuestos como el IVA en comercio electrónico (IVA OSS), el impuesto de transacciones financieras, demoninado ‘tasa Tobin’ o el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como ‘tasa Google’.

Pedro Azpiazu ha manifestado que esos son los temas más importantes del acuerdo, aunque hay también otras cuestiones que son de relevancia. Por otra parte, ha apuntado que todas estas cuestiones están pendientes de aprobación y ha recordado que la Comisión mixta del Concierto es un órgano bilateral en el que decidirán todos los temas, pero ha subrayado que hay «un punto importante de acuerdo» que este jueves se tendrá que ratificar.

DÉFICIT

Por otro lado, ha señalado que en la reunión de la Comisión mixta del Concierto también se va a abordar el tema del déficit y el endeudamiento para el año 2022 y ha recordado que este miércoles lo abordan las comunidades de régimen común en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ante la previsión del Gobierno central de un déficit presupuestario para el año 2022 del 5% y cuestionado por si el Gobierno vasco maneja una cifra similar, Azpiazu ha manifestado que ese 5% es para el conjunto del Estado y ha precisado que Euskadi «tiene déficits mucho más modestos» que «van en la tendencia de reducir los déficits que ya se observa». «En 2020 fue un déficit mayor, el 2021 fue algo menor y este año 2022 será algo menor pero también es una cuestión que hay que pactar», ha agregado.

Por otra parte, ante el reparto en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 13.900 millones de los fondos Covid y respecto a lo que podría corresponder a Euskadi, ha indicado que será algo que se acuerde en la Comisión mixta del Concierto.

Por último, Azpiazu ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el Ministerio porque estas cuestiones «nunca son fáciles para nadie», así como los miembros de su equipo.

Naturgy ha defendido el lanzamiento de su nuevo plan estratégico 2021-2025, en plena OPA voluntaria parcial del fondo australiano IFM, en la necesidad de la compañía de contar con una ‘hoja de ruta’, ya que no puede estar «paralizada» a expensas del futuro de la operación.

En rueda de prensa, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés afirmó que la compañía «necesita un plan» y que no se puede acometer unas inversiones por 14.000 millones de euros en el próximo lustro «sin saber hacia dónde se va».

A este respecto, Reynés aseguró que el plan es necesario también para dar certidumbre a «toda la plantilla» y para «alinear la motivación y el compromiso», así como para «retener y captar talento».

«No podemos estar pendientes en resoluciones externas a nosotros», dijo, recordando que la oferta parcial de IFM «no es solicitada» por la compañía, que es un «objetivo pasivo» y no puede «obviar sus obligaciones como gestores».

RESPALDO «UNÁNIME» DEL CONSEJO AL PLAN.

Además, Reynés puso en valor que la aprobación del plan estratégico tuvo el respaldo «unánime» del consejo de administración, en el que están representados los principales accionistas de la compañía -Criteria Caixa, CVC y GIP-

En este mismo sentido, el secretario general y del consejo de la empresa, Manuel García Cobaleda, indicó que cuando se lanza una oferta por una compañía y puede dilatarse en el tiempo durante meses, como el caso de la de IFM que necesita la autorización del Gobierno y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa «no puede quedar paralizada, también en el propio interés del oferente».

En este sentido, señaló que el grupo llevaba desde hace un año trabajando en su nuevo plan estratégico, cuando el anuncio de la OPA parcial de IFM obligó a aplazar su lanzamiento.

REYNÉS NO OPINA DE LA OFERTA DE IFM.

Por otra parte, Reynés no quiso pronunciarse respecto al hecho de que el precio de la oferta de IFM ya esté en niveles inferiores o en torno a la cotización de la compañía. «No me toca a mi opinar, es parcial, no solicitada, y opinar le corresponde al opante», dijo.

En concreto, IFM presentó su oferta pública voluntaria parcial de adquisición por hasta ese 22,69% de Naturgy, valorándolo en unos 5.000 millones de euros, a un precio de 23 euros por acción, que posteriormente fue ajustado a 22,37 euros por acción tras el abono en marzo del dividendo por la compañía.

Además, la energética, dentro ya de su plan estratégico, anunció este miércoles el abono de un dividendo a cuenta de 0,3 euros el próximo 4 de agosto, lo que ajustará aún más la oferta de IFM, hasta los 22,07 euros por título.

Tras la presentación de su nueva ‘hoja de ruta’ para el periodo 2021-2025, los títulos de Naturgy cotizaban a las 12.33 horas a 22,37 euros, con una caída del 0,89%.

NO DEJAR DE SER UNA COTIZADA.

Por otra parte, Reynés, que descartó una posible segregación del negocio de renovables del grupo para su salida a Bolsa, aseguró que ninguno de los actuales accionistas del grupo ha manifestado «su voluntad» de que Naturgy deje de ser una empresa cotizada.

Además, el presidente de Naturgy apuntó que 2023 será «un punto de reflexión» en el camino del plan a la hora de poder revisar su política de dividendos, en la que se podría recuperar la recompra de acciones, prevista en la anterior ‘hoja de ruta’ pero no en esta, como alternativa.

Asimismo, a pesar del recorte que supone en la retribución al accionista el situar el ‘pay out’ en el 85%, Reynés estimó que el dividendo suelo de 1,2 euros por acción supone la «confirmación de un nivel muy relevante de dividendo» y que permite acometer la inversión y el crecimiento de la compañía.

Finalmente, el directivo vaticinó que Naturgy recuperará los niveles de actividad preCovid «a partir de finales de 2022», estando ya en 2021 «claramente» por encima de 2020.