La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) y el Consorcio de Compensación de Seguros, con la asesoría de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación, han firmado un anexo al Convenio Marco para el tratamiento del daño cerebral sobrevenido (2019-2022) que amplía la atención a lesionados por accidente de tráfico en centros privados de alta especialización.

Y es que en España las lesiones sufridas en siniestros de tráfico leves o graves no están cubiertas por la sanidad pública. Existe, por tanto, un convenio marco de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico dirigido específicamente a los centros sanitarios privados.

Se trata de un acuerdo al que pueden adherirse todos los centros sanitarios privados que lo deseen y al que se han adscrito prácticamente la totalidad de las entidades aseguradoras que trabajan en España. El objetivo es poder prestar asistencia sanitaria específica a lesionados con daño cerebral, en centros sanitarios privados acreditados, a través del seguro de responsabilidad civil obligatoria.

La reciente firma del anexo al convenio representa, a juicio de sus impulsores, «un paso más hacia la excelencia y alta especialización» de las capacidades asistenciales para pacientes de significativa gravedad que han sufrido las consecuencias de un accidente de tráfico.

Un equipo de expertos médicos, especialistas en el tratamiento de estas patologías, han establecido las características y perfiles de estos pacientes de alta complejidad, así como los criterios específicos que deben reunir los centros para atenderlos.

Dentro de las necesidades específicas del lesionado neurológico complejo, se incluye el tratamiento a pacientes pediátricos, con problemas de inestabilidad médicoquirúrgicas con necesidad de ventilación mecánica, con necesidades psiquiátricas complejas, entre otros; además se incorpora el síndrome del cautiverio, el daño cerebral asociado a politrauma, espasticidad y rigidez articular grave.

El acuerdo adecua a su vez las tarifas abonadas por las aseguradoras destinadas a cubrir los servicios sanitarios de alta complejidad requeridos en estos casos. Estos centros sanitarios altamente especializados deben reunir una serie de requisitos, tanto técnicos (dotaciones) como humanos (formación del personal médico-sanitario y experiencia).

El anexo entró en vigor el pasado 1 de julio y ya cuenta con cinco centros acreditados de los más de 25 adheridos al convenio marco de la red de atención a lesionados de accidentes de tráfico. Por consiguiente, un paciente lesionado de estas características dispone ya de la posibilidad de acceder a una atención de alta especialización.

Este nuevo acuerdo culmina una de las líneas de trabajo prioritarias para las patronales de la sanidad privada firmantes de esta adenda, como es la atención de alta complejidad que requieren los accidentados de tráfico. «La firma de esta adenda contribuye a mejorar las opciones de tratamiento para este tipo de pacientes y garantiza una atención de máxima calidad en un plazo breve de tiempo desde esta red de centros sanitarios privados», ha zanjado el secretario general de ASPE, Alfonso de la Lama Noriega.

La Universidad Loyola Andalucía y la Fundación SGAE han firmado este miércoles un convenio marco mediante el que ambas instituciones van a colaborar en la promoción conjunta de actividades y en el intercambio de información, así como para el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades propias de cada organismo, en los ámbitos cultural y académico.

A la firma de este acuerdo, según ha informado la SGAE en una nota, el vicerrector de Investigación de Loyola, Carlos García Alonso, y el profesor titular del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Francisco José Cuadrado, y en representación de la Fundación SGAE, su directora en Andalucía, Verónica Repiso, y la responsable del Área Social de la entidad, Celia Crespo.

En concreto, Loyola y la SGAE organizarán iniciativas de ámbito académico, artístico y cultural, así como aquellas de especial interés para estas entidades, como el desarrollo de programas de actividades formativas y de carácter social.

Este acuerdo marco posibilitará, igualmente, la colaboración en el ámbito de la realización conjunta de estudios, informes y proyectos de investigación en aquellas áreas que se consideren de interés común, que podrán materializarse más adelante en convenios específicos de programas o propuestas más concretas.

Por su parte, la Universidad Loyola pondrá en marcha el próximo curso el grado en Creación y Producción Musical, en colaboración con la Universidad de San Francisco (Estados Unidos), actividad que inaugurará el Área de Artes en su oferta formativa.

Respecto a este acuerdo, Carlos García Alonso ha señalado que los lazos de colaboración con la SGAE «suponen un importante valor para la visión estratégica y global de la industria musical, como negocio que promueve el nuevo grado de la Universidad Loyola».

Por su parte, Verónica Repiso ha explicado que este acuerdo implica «aunar esfuerzos con el ámbito universitario para el desarrollo de objetivos comunes, entre ellos los originarios de la Fundación SGAE: actividades sociales, asistenciales, de promoción y formación de los autores, y de cualquier forma de ayuda a la creación, edición y producción de las obras de los creadores».

La Universidad Loyola Andalucía es la undécima que se incorporó al sistema universitario andaluz y la primera privada de iniciativa social de dicha comunidad autónoma. Reconocida por el Parlamento Andaluz, el 23 de noviembre de 2011, el actual curso 2020/2021 es el octavo de la Universidad Loyola, que comenzó su andadura en el año académico 2012/13. Cuenta ya con cuatro promociones de egresados y con unos 4.700 estudiantes actualmente en sus dos Campus, en Córdoba y Sevilla.

La Universidad Loyola ofrece la posibilidad de estudiar en sus campus más de 60 itinerarios diferentes de grado, (simples, dobles y plus), en las áreas de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Comunicación, Criminología, Derecho, Educación, Ingeniería, Psicología, Relaciones Internacionales, Teología y Artes. También cuenta con una amplia oferta formativa de postgrado, programas de doctorado y formación ‘executive’, y es además Centro Examinador Oficial de la Universidad de Cambridge, así como de los exámenes de Lengua Española Siele.

La Fundación SGAE, por su parte, tiene como prioridad la labor asistencial a sus creadores, la promoción de su repertorio y la investigación y desarrollo. Cumple un propósito claro: contribuir a que la autoría experimente cambios positivos en las condiciones en las que tiene lugar, facilitando tanto su desarrollo en el conjunto del sector cultural profesional y las industrias culturales como el contacto con el público y la sociedad, así como su presencia más allá de nuestras fronteras.

Entre los principales acuerdos culturales vigentes de la entidad en Andalucía destacan el convenio con la Fundación Secretariado Gitano, el respaldo a la actividad de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma), el concurso de composición y arreglos para ‘big band’, la cantata infantil participativa CoralSon, el Festival Escénico TIF Granada, el festival de música independiente Monkey Week, los Premios del Cine Andaluz, la Asociación Española de Difusión Musical (Aedom), el Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, el ciclo musical Nocturama, o la Escuela de Artes Escénicas de la Fundación Alalá, entre otros.

La Fundación Pau Costa, con la que colabora Fundación Aquae a través de la Red Impulsores del Cambio (RIC), considera que la solución para combatir los mega-incendios pasa por atacar el origen del problema y esto se hace invirtiendo en prevención, que debe enfocarse en la gestión del territorio.

Y la prevención exige estrategias de país para luchar contra los efectos del cambio climático, cuyos resultados se verán a largo plazo, y contra la despoblación de las zonas rurales. «Repoblar la España vaciada y fomentar una economía rural sana preservaría y enriquecería la biodiversidad, reduciría el riesgo de mega-incendios y facilitaría el control del fuego», señalan desde la Fundación.

En esa línea, y para que haya gente dispuesta a repoblar y vivir del monte, la entidad apunta que habrá que revalorizar los productos y bienes rurales (madera, olivos, productos del pastoreo…) y concienciar a la población para que los consuma. Así, asegura que con valores ecosistémicos de biodiversidad se contribuiría a fijar carbono en el suelo, a un mejor aprovechamiento de las lluvias y a generar un paisaje mosaico con monte abierto, que se está perdiendo y es beneficioso para especies como el conejo, la perdiz y el águila, y monte cerrado.

Para el responsable de proyectos internacionales de la Fundación Pau Costa, Jordi Vendrell, «la capacidad humana y técnica en extinción ha llegado al límite». Debemos buscar ese cambio social que implica una mejor gestión de los montes y que desde la población se apoye a través del consumo de proximidad», indica.

MÁS GRANDES INCENDIOS

Entre enero y junio de este año se registraron en España 3.451 incendios, un 6% más que en el primer semestre de 2020, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Bajo esa dinámica creciente subyace un cambio de tendencia, ya que mientras suben los conatos –de 1.776 en 2020 a 2.254 en 2021–, se reducen los incendios propiamente dichos –de 1.284 a 1.197– y se duplican los llamados grandes incendios forestales (GIF), los que afectan a más de 500 hectáreas, que pasaron de 3 a 6.

Como explica Vendrell, desde finales de los años 90 del siglo XX ha bajado el número de incendios –aquellos que afectan a más de una hectárea– y ha disminuido la superficie media que queman. Pero se han incrementado los grandes incendios forestales, que son los que queman más de 500 hectáreas y lo hacen con más intensidad y virulencia, advierte. «Se propagan a gran velocidad y tienen mucho más impacto sobre el ecosistema. No es lo mismo tener un incendio de 10.000 hectáreas que 200 de 50. Los pequeños se apagan», incide.

En España, entre 2010 y 2019 el número de siniestros se redujo en un 36% respecto a la década anterior y la media de la superficie afectada disminuyó en un 27%. No obstante, la proporción de grandes incendios crece año tras año respecto al total de siniestros. Y aunque apenas suponen el 0,18% del total, en ellos arde el 40% de la superficie total afectada por el fuego.

De hecho, según datos de Copernicus, el programa de observación de la Tierra que gestiona la Comisión Europea para toda la Unión Europea, desde el 1 de enero hasta el 25 de julio de este año se han producido en España 12 grandes incendios forestales: tres en Andalucía, otros tres en Cantabria, dos en Castilla-La Mancha y uno respectivamente en Canarias, Cataluña, Castilla y León y País Vasco. En conjunto han quemado más de 26.000 hectáreas.

«Ahora estamos en esta dinámica: tenemos menos incendios, pero los que tenemos se hacen mucho mayores porque son más virulentos y queman con mayor intensidad», señala Vendrell, que achaca este cambio de tendencia a dos grandes pilares: el despoblamiento rural producido desde finales de los años 60, que significó que muchas hectáreas de monte forestal dejaran de cultivarse y cuidarse, generando más carga de combustible forestal, y el cambio climático, que se visibiliza en temperaturas medias más altas y un régimen de lluvias cambiante.

«Ha cambiado la distribución de las lluvias durante el año. No llueve igual ahora que hace 30 años y no es lo mismo que caigan 10 litros durante 10 días que 100 litros en un día. Lo primero implica aprovechamiento, lo segundo genera inundaciones. El agua se evapora con más facilidad y nuestros bosques tienen menos agua para sobrevivir, son mas vulnerables, sufren estrés hídrico», concluye.

ACCIONES EN ALICANTE EN 2022 PARA CONCIENCIAR

La Fundación Pau Costa, que este año celebra su décimo aniversario, se creó para conectar a los expertos de ámbito internacional y los distintos actores que participan en la gestión de incendios (extinción, prevención, investigación académica), compartir información y experiencias, y avanzar en el conocimiento de los incendios forestales.

La Fundación ha sido seleccionada por la Comisión Europea para participar en un proyecto europeo cuyo trabajo se centra en identificar las líneas de investigación estratégicas donde invertir en prevención, investigación y gestión del territorio. «Desde la experiencia española vamos a identificar y decidir las líneas clave de la CE en los próximos 10 años en cuanto a incendios forestales», afirma Vendrell.

La colaboración de Fundación Aquae y Fundación Pau Costa desarrollará acciones en Alicante en 2022 con el objetivo de concienciar a los ciudadanos y los organismos públicos, facilitarles pautas para evitar igniciones y subsanar lo antes posible los daños que puedan provocar los incendios.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este miércoles partidario de una Eurorregión Galicia-Norte de Portugal «más amplia», con la agregación de empresarios y universidades a sus dinámicas; «más protagonista», transmitiendo el «papel esencial» de las regiones en la conferencia sobre el futuro de Europa; y también «más extensa».

Así lo ha manifestado en Salvaterra de Miño (Pontevedra), en el acto en el que el titular de la Xunta ha traspasado la presidencia de la Comunidad de Trabajo de Galicia y Norte de Portugal a Antonio Cunha, presidente de la Comissao de Coordenaçao e Desenvolvimento Regional do Norte, tras cuatro años de mandato, que arrancaron en mayo de 2017 y de los que el dirigente gallego ha hecho un balance «fructífero».

«Hoy traspasamos la presidencia satisfechos por presentar un balance fructífero en innovación, sostenibilidad y movilidad, y convencidos de que tendrá continuidad», ha dijo el jefe del Ejecutivo autonómico, antes de destacar que, bajo el mandato de Galicia, se impulsaron 85 proyectos que están en ejecución y que permitieron captar 163 millones de fondos europeos.

Y aunque con «mayor» implicación por parte del Estado luso, Feijóo también ha situado el compromiso de los Gobiernos portugués y español con la alta velocidad Lisboa-Oporto y Oporto-Vigo-a Coruña como «la mayor aportación» que la Eurorregión ha logrado en los últimos años.

Por su parte, en su intervención, Cunha ha destacado el balance de los últimos años y ha comprometido todo el esfuerzo de «un europeísta convencido» –como se ha definido– para dar continuidad a la labor.

EL MAYOR LOGRO

Más en detalle, Feijóo ha profundizado en el compromiso con la alta velocidad Lisboa-Oporto y Oporto-Vigo-A Coruña por parte de los Estados de Portugal y España.

«La Eurorregión fue capaz de persuadir a los gobiernos de Lisboa y de Madrid de que lo fundamental en materia de infraestructuras de unión entre los dos Estados es el eje atlántico. La constatación ferroviaria entre Lisboa-Porto y Porto-frontera Vigo-A Coruña es, sin duda, la mayor aportación desde el punto de vista de impulso político que la Eurorregión consiguió en los últimos años», ha abundado.

También ha incidido en los proyectos por los que se ha apostado, iniciativas que impulsan –ha relatado– la innovación en nanoteclogía, el envejecimiento saludable, la investigación de enfermedades neurológicas o el crecimiento azul.

Pero también que potencian la competitividad empresarial de las pymes, a través de la internacionalización y la digitalización en el rural; que favorecen una Eurorregión «más verde», con medidas de defensa contra los fuegos forestales o la promoción del Camino de Santiago y que fortalecen las instituciones comunes.

Y en el ámbito de las infraestructuras, ha reiterado que la Eurorregión tiene que seguir trabajando para abrir la puerta a que el Nordeste Transmontano pueda disfrutar del AVE mediante una autovía hasta la estación de A Gudiña; así como para mejorar las carreteras entre Celanova y la frontera para reforzar la comunicación con Braga.

AGRUPACIONES DE COOPERACIÓN

Asimismo, ha resaltado la apuesta que a lo largo de estos años se ha hecho respecto a las instituciones que encaminan este mismo espíritu, a través de las agrupaciones de cooperación como la agrupación Río Miño, entre otras, las eurociudades o las iniciativas como B-Solutions para suprimir obstáculos legales y administrativos entre territorios.

Esa capacidad vertebradora también se impulsó en la ciencia y en la cultura, a través de programas como Iacobus de intercambios entre universidades y centros de investigación; y Nortear, que fomenta la divulgación del patrimonio cultural y la creación artística y literaria.

DESAFÍOS DE FUTURO

«Y durante la pandemia diseñamos un Plan de reactivación de la cooperación, que sirvió de base en la cumbre ibérica del pasado octubre. Y juntos también propusimos una batería de proyectos por 29 millones en el marco de los fondos Next Generation», ha añadido, destacando iniciativas como la ampliación del Puente Salvaterra-Monçao, el parque da Amizade de Vila Nova da Cerveria y Tomiño, la incubadora de empresas de Chaves-Verín o el parque agroindustrial del Baixo Miño.

Feijóo ha concluido apostando por una Eurorregión «más amplia», con la agregación de empresarios y universidades a sus dinámicas; más global, con la apuesta por la lusofonía como vehículo de conexión con la Comunidad de países de Lengua Portuguesa; «más protagonista», transmitiendo el papel esencial de las regiones en la Conferencia sobre el Futuro de Europa y «más extensa».

Sobre este último punto, ha esgrimido que las provincias de A Coruña y Lugo deben continuar en el área geográfica del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 2021-2027.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado una resolución de las conselleries de Educación y Sanidad por las que se daban instrucciones de atención sanitaria específica en centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares.

De este modo, el alto tribunal valenciano estima el recurso interpuesto en 2018 por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) al considerar «un despropósito» que los docentes «tengan la responsabilidad de actuar ante una urgencia».

Por su parte, la Generalitat argumentó que estas instrucciones no son actos con eficacia externa para los ciudadanos y que el Consejo de Enfermería carecía de legitimación activa al no corresponderle la defensa de los derechos del alumnado y personal docente.

Sin embargo, la sentencia, datada del 19 de julio, sí cree que el Cecova está legitimado para impugnar la resolución y que impedírselo en este caso «conculcaría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».

Por otra parte, la Sala sostiene, entre otros razonamientos, que la fundamentación legal de las instrucciones es el artículo 59 de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, un precepto cuyasprescripciones resultan de aplicación a los centros docentes nouniversitarios de la Comunitat Valenciana y en cuyos apartados sehabla de centros docentes o de centros educativos «sin la más mínimadistinción entre centros públicos, concertados o de titularidad privada».

Y añade: «De entender que por mor del sistema de conciertos educativos y fuere por remisión expresa o implícita, las instrucciones despliegan sus efectos más allá de los centros públicos educativos de la Generalitat, obviamente habríamos de convenir que el contenido de las repetidas instrucciones no se limita al ámbito interno o doméstico».

Además, los magistrados acogen la argumentación del Cecova y ponen de manifiesto que las instrucciones modifican una orden previa de la Conselleria de Sanidad de 29 de junio de 2009 que reguló los criterios de adscripción de los centros educativos a los centros de salud, así como la respuesta asistencial que se dará a estos.

«Una lectura sucesiva de la Orden y de las instruccionesaprobadas por los dos directores generales revela que estas últimasson una modificación de la primera, porque contemplan de maneradiferente el procedimiento para la respuesta asistencial del centro desalud, el procedimiento de valoración y el de asistencia que ya recogía la orden», apunta.

En este sentido, concluye la sentencia, contra la que cabe recurso, que, «lógicamente, cualquier disposición que desarrolle o modifique la orden debió revestir la misma forma de disposición general que aquélla porque participa de esa misma naturaleza jurídica». «Sin embargo, la Conselleria prefirió aprobar las instrucciones que son objeto de este recurso, como si se tratara de una simple circular interna, incurriendo en los vicios que denunciamos», añade.

Tras conocer el fallo, el Cecova recalca, en un comunicado, que la resolución anulada «confería a los docentes la responsabilidad de actuar ante una urgencia sanitaria de un alumno, crear y mantener un botiquín y crear y manejar ficheros con información tan sensible y personal como es la de carácter sanitario», algo que, a su parecer, «habría que valorar si suponía incurrir en intrusismo profesional por parte de los docentes».

La entidad hace notar que cualquier actuación profesional desus enfermeras está cubierta por un seguro de responsabilidad civil «no sucediendo lo mismo con las intervenciones en materia sanitariaque pueda llevar a cabo el personal docente de los centros educativos».

ENFERMERA ESCOLAR

El Cecova recuerda que «ha defendido siempre, y lo destacó en aquel momento, que el papel de la enfermera escolar es fundamental en el seguimiento y control de enfermedades como la diabetes, asma o alergias y así lo demuestra la experiencia de estas profesionales; una figura reconocida y presente en los centros educativos de numerosos países europeos, así como de otras comunidades autónomas, donde supresencia permite la integración de niños con serios problemas de salud crónicos».

Por ello, lleva «años trabajando y reclamando la figura de la enfermera escolar en los centros de educación pública, puesconsidera que es la solución efectiva a esta situación». «Los profesionales de Enfermería son los profesionales idóneos para darrespuestas efectivas a las necesidades de salud de los escolares, al tiempo que garantizan la asistencia inmediata, el seguimiento y el cuidado de alumnos con enfermedades crónicas», zanjan.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al empresario Javier López Madrid, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, por presuntos delitos de cohecho por el hostigamiento al que habrían sometido a la doctora María Elisa Pinto.

En el auto de pase a procedimiento abreviado de esta pieza separada 24 del caso ‘Tándem’, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 recomienda juzgar a López Madrid por cohecho activo y a Villarejo y Redondo por cohecho pasivo.

Según el relato judicial, en septiembre de 2013 López Madrid contrató a Villarejo y Redondo para que llevaran a cabo labores de hostigamiento contra la doctora Pinto, con la que el empresario mantenía un conflicto privado.

Inicialmente, la misión de Villarejo habría sido impedir que la médico denunciara al empresario. Con ese propósito, López Madrid, acompañado de Redondo en calidad de abogado, visitó a Pinto en su despacho profesional para hacerla una advertencia: «Que le dejase en paz, que parase y que la Policía iría a verla». «Con posterioridad a ese día (10 de diciembre) y a lo largo de 2014», Villarejo se dedicó a «hostigar» a Pinto, realizando diversas actuaciones, como seguimientos.

Una vez presentada la denuncia contra López Madrid, el comisario intentó desacreditar a la doctora usando para ello «medios policiales», entre los que el juez menciona nuevamente los seguimientos, así como el acceso no autorizado a información privada de Pinto.

Ya encarrilada la investigación policial, Villarejo trató de «interferir» en ella, solicitando información sobre el estado de la misma e incluso manipulándola. A este respecto, el magistrado destaca que realizó actuaciones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que iba a formar parte.

«Va a intentar retrasar la rueda. En todo caso, hay que preparar la declaración una vez que me identifique, porque será así», dijo el propio agente en el marco de las pesquisas del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid.

«CHIQUITÍN, DAÑOS Y PERJUICIOS»

García-Castellón ve cohecho pasivo en Villarejo por cuanto era miembro del Cuerpo Nacional de Policía cuando sucedieron los hechos y accedió a usar su cargo para funciones distintas a las que competen al mismo a cambio de una dádiva o de la promesa de recibirla.

Esta retribución, aunque el magistrado no precisa si llegó a entregarse, se refleja en una conversación fechada el 26 de enero de 2017 donde Villarejo dice que reclamará a López Madrid un pago por los servicios prestados en el caso Pinto.

«Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado, y tal y cual, hablaré con él, con Javierito… ‘Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un ‘embolao’ y no me las llamado para decirme (…)’. Le voy a decir: ‘Chiquitín, daños y perjuicios'», indicó.

«ESTRECHA RELACIÓN» CON VARIOS POLICÍAS

Por otro lado, García-Castellón llama la atención sobre «la estrecha relación» que López Madrid tuvo con distintos agentes mientras duró la investigación policial.

Además de Villarejo, el instructor apunta en este sentido a los contactos con el comisario Enrique García Castaño y con el inspector Alberto Carba, instructor de la denuncia formulada por Pinto.

De hecho, recalca el juez, «este agente de Policía envió varios correos electrónicos a López Madrid comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones».

HISTORIAL JUDICIAL

Esta pieza separada hunde sus raíces en un conflicto de carácter personal entre López Madrid y Pinto que ha dado lugar a acusaciones cruzadas. La dermatóloga asegura que sufrió acoso sexual, alegando que no lo denunció antes por ser él «la persona que era», mientras que éste sostiene que fue ella quien le acosó.

El año pasado, la titular del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid, Belén Sánchez, propuso juzgar a López Madrid por delitos de acoso y amenazas –al que después ha sumado un delito de lesiones–, y a Villarejo por las heridas provocadas con «instrumento peligroso» a Pinto.

De acuerdo con la querella formulada por Pinto en los juzgados madrileños, en abril de 2014 fue atacada con un objeto punzante cuando bajaba del coche con uno de sus hijos, de 10 años. «López Madrid quiere que cierres la boca», le habría dicho el agresor antes de irse. En 2017, reconoció a Villarejo como el atacante.

Además, el empresario fue juzgado en el caso Bankia y García-Castellón le ha enviado a juicio, junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero en el marco del caso ‘Lezo’.

También está investigado en ‘Púnica’ por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, por el amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que las consecuencias de la pandemia han sido «muy lesivas para los derechos fundamentales de las mujeres, para el derecho a la igualdad y, en particular, en el ámbito de la violencia de género».

Así lo ha indicado este miércoles en San Lorenzo del Escorial, durante la inauguración del curso Poder judicial y Estado de Derecho, dentro del ciclo de Cursos de Verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid.

En su intervención, la ministra de Justicia ha añadido que las mujeres y las niñas y niños se han visto afectados de forma muy particular por la pandemia y ha puntualizado que, a la larga, «este hecho tiene un impacto más fuerte sobre la economía, sobre el mercado laboral y sobre la brecha de género».

Del mismo modo, ha hecho hincapié en las consecuencias de la Covid-19 en las mujeres más vulnerables, «sobre todo en mujeres que han vivido situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual, mujeres prostituidas y colectivos como las mujeres con discapacidad».

Según Llop, España es un país ejemplar en cuanto a la igualdad de género y derechos de las mujeres, y es tarea de todas las autoridades públicas que estos logros no se reviertan.

Además, la ministra ha alabado el enfoque del curso, que aborda desde la óptica del Estado de Derecho cuestiones «tan relevantes y oportunas» como la situación del gobierno del Poder Judicial, el tratamiento jurídico de la pandemia o el desarrollo tecnológico de la Administración de Justicia, «uno de los ejes del plan de Justicia 2030».

En relación al Estado de Derecho, Llop se ha referido al informe de la Comisión Europea, que recoge que el sistema judicial español debe afrontar algunos desafíos, en concreto, el de la renovación del CGPJ y otros órganos constitucionales, como es el Tribunal Constitucional, la defensoría del pueblo o el Tribunal de Cuentas.

«No contemplo otro escenario que el de que se proceda a cumplir con la Constitución, que se sea leal con ella. Primero hay que cumplir, y luego se puede debatir sobre el modelo», ha explicado.

En cuanto a los proyectos legislativos que está llevando a cabo su cartera, la ministra ha destacado que se va a seguir trabajando en los grandes proyectos del plan Justicia 2030, «un plan que vertebra y cohesiona socialmente a España, llevado a cabo en cogobernanza y en diálogo con todos los actores implicados». Llop ha señalado el apoyo fundamental que, en este sentido, suponen los fondos europeos.

La ministra ha indicado que su proyecto es continuista y va a seguir trabajando en la ley de eficiencia procesal, la de eficiencia organizativa y la de eficiencia digital. «Estos proyectos son un cambio de paradigma que modernizan y superan el sistema ya agotado de organización judicial, y dan recursos a los jueces y juezas para hacer una Justicia mucho más eficiente y, sobre todo, centrada en lo que la ciudadanía necesita», ha finalizado.

El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), Juan José Sellés, ha pedido «un plante del presidente de la Generalitat y del Consell ante el Gobierno de España para abrir un diálogo de verdad» sobre el trasvase Tajo-Segura, en el marco de la Conferencia de Presidentes Autonómicos-

Sellés ha reclamado este miércoles medidas «contundentes» del Consell para revertir lo antes posible la decisión de reducir los caudales de agua del Trasvase Tajo-Segura a las provincias de Alicante, Murcia y Almería.

Al respecto, ha indicado que una «declaración de guerra del Gobierno de España contra los intereses económicos de la provincia de Alicante no merece más reflexión ni análisis, requiere acción, un plante del ‘presidente’ de la Generalitat y del Consell ante el Gobierno de España para abrir un diálogo de verdad».

Asimismo, ha pedido la celebración de «una mesa de consenso y una vía de acuerdo definitivo para siempre, no para cada tres años en los que vuelven a girar el grifo de cierre de este trasvase», según ha informado la organización en un comunicado.

Igualmente, Sellés ha indicado que «este plante» sería «un toque de atención, una cumbre de alto nivel entre las presidencias de los gobiernos autónomos y el presidente del Gobierno de España para clarificar la ruta, para evitar que la ciudadanía de la provincia de Alicante se sigua sintiendo engañada y para acordar soluciones estables en el tiempo».

«UN FUERTE GOLPE»

En la misma línea, Sellés considera que la reducción en el suministro de agua que garantiza esta nueva decisión del Ministerio de Transición Ecológica supone «un fuerte golpe» al conjunto de la economía alicantina y a sus sectores productivos «que necesitan agua.

«Sobre todo, apunta a un cierre por derribo de uno de nuestros sectores estrellas, que más empleo generan, más exportación registra y más población asiente en municipios rurales: la agricultura», ha añadido.

Además, también ha criticado la decisión de incrementar al mismo tiempo que se reduce la cantidad de agua destinada a la provincia la tarifa de uso y amortización de la infraestructura del canal Tajo-Segura. «Es una vuelta más de tuerca, un ejemplo más de cómo las grandes cantidades de dinero que prestaron a la banca en tiempos de crisis son irrecuperables, pero la reclamación de coste de infraestructuras de pymes y micropymes que generan empleo y riqueza sí se reclaman», ha comentado Sellés.

«Sin trasvase Tajo-Segura no hay recuperación. Y nuestra tierra no estará en condiciones de igualdad para remontar la crisis que ha generado la pandemia», ha culminado Sellés en relación a los intentos de reducir «a la mínima expresión» las aportaciones de agua hacia Alicante, Murcia y Almería.

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha ordenado el traslado a cárceles del País Vasco y de Navarra de cuatro presos de ETA — Jesús María Altable Echarte, Egoitz Coto Etxeandía, Aitor Olaizola Baseta, Miren Itxaso Zaldúa Iriberri–, y de otro encarcelado de ETA a la prisión de Logroño, Iurgi Garigagoitia.

Según ha informado el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska en una nota de prensa, Jesús María Altable Echarte ha sido trasladado de Soria a Pamplona, Egoitz Coto Etxeandía de Cantabria a Bilbao, Aitor Olaizola Baseta de Logroño a Álava e Iurgi Garigagoitia Salegui de Madrid a Logroño. Además, se ha trasladado al Centro Penitenciario de San Sebastián a Miren Itxaso Zaldúa Iriberri, que está en calidad de prisión preventiva.

De este modo, Interior ha ordenado de nuevo el traslado a cárceles del País Vasco, Navarra y La Rioja de presos de ETA que ya fueron trasladados hace unos meses a prisiones próximas.

Jesús María Altable Echarte ingresó en prisión en el año 1999 y cumple una condena de 30 años por los delitos de atentado con resultado de muerte, asesinato en grado de tentativa y estragos. Cumplió las 3/4 partes de la pena en mayo del año 2017 y, según alega Interior, acepta la legalidad penitenciaria y ha remitido un escrito en el que manifiesta su rechazo a la violencia y en el que asume su responsabilidad en el sufrimiento causado a las víctimas.

Por su parte, Egoitz Coto ingresó en la cárcel en 2002 y cumple una condena de 20 años por los delitos de asesinato en grado de tentativa, daños y estragos. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en noviembre de 2017 y ha comenzado a satisfacer la responsabilidad civil y acepta la legalidad penitenciaria. Tal y como asegura Interior, ha remitido un escrito en el que manifiesta su rechazo a la violencia y su respeto por las víctimas de sus delitos.

AITOR OLAIZOLA E IURGI GARITAGOITIA

En el caso de Aitor Olaizaola, que será trasladado a Álava, ingresó en la cárcel en 2001 y cumple una pena de 30 años por los delitos de atentados, asociación ilícia y tenencia de explosivos. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2023.

Según destaca el Ministerio del Interior, está abonando la responsabilidad civil y acepta la legalidad penitenciaria, además de remitir un escrito en el que se muestra dispuesto a reparar el daño causado y a atenuar el sufrimiento de las víctimas de sus delitos y rechaza el uso de la violencia.

Por su parte, Iurgi Garitagoitia ingresó en prisión en 2020, entregado por Francia, y cumple una condena de 35 años por los delitos de asesinatos, terrorismo, tenencia de explosivos y daños terroristas. Cumplirá las tres cuartas partes de su condena en 2034.

Interior asegura que acepta la legallidad penitenciaria, rechaza el uso de la violencia y ha manifestado su deseo de atenuar el dolor acusado a las víctimas de sus delitos, además se ha dispuesto su clasificación inicial en segundo grado.

Además, Instituciones Penitenciarias ha trasladado a San Sebastián a Miren Itxaso, que está en prisión desde el 22 de julio de 2020 en calidad de presa preventiva.

60 PRESOS EN EL PAÍS VASCO Y 14 EN NAVARRA

Ante este nuevo traslado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado la «nueva estrategia penitenciaria» que, a su juicio, consiste en trasladar al mayor número de terroristas al País Vasco.

En este contexto, creen que el Gobierno está acercando progresivamente a los presos etarras a la Comunidad Autónoma Vasca, donde en octubre se hará efectiva la transferencia de las competencias de prisiones.

«Desgraciadamente, y como llevamos mucho tiempo alertando desde la AVT, tenemos la convicción de que esta sangría de acercamientos no es solo un cambio de prisión, son la antesala de las progresiones de grado, los permisos penitenciarios, la libertad condicional o incluso indultos», han alertado.

Según los datos de la AVT, 60 presos han sido trasladados a cárceles del País Vasco y 14 a Navarra.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que a él no le consta que «la mayoría» de hosteleros no estén cumpliendo las medidas ‘anticovid’ decretadas por la Xunta, sino «más bien al contrario, que la mayoría cumplen con sus obligaciones» y ha vuelto a defender las exigencias fijadas en los municipios con mayor incidencia puesto que «el otro camino sería cerrar».

«Estamos intentando gestionar una pandemia con todas las dificultades que supone equilibrar preservar la salud pública con la supervivencia económica. Es obligado intentarlo y en la mayoría de los casos lo estamos consiguiendo», ha sentenciado, en una rueda de prensa en Salvaterra de Miño (Pontevedra), donde ha participado en la reunión de la Comunidad de Trabajo de Galicia y el Norte de Portugal.

En este punto, ha remarcado que Galicia seguirá por la vía de exigir en los municipios con niveles más altos de incidencia una prueba diagnóstica negativa, el certificado de pauta completa de vacunación o bien de haber superado la enfermedad para poder acceder a los locales. «El otro camino sería cerrar la hostelería. Entre uno y otro tenemos que elegir, y hemos elegido el mejor», ha aseverado.

De hecho, ha esgrimido que los representantes de la hostelería en Galicia que se reúnen con la Xunta están de acuerdo con estas medidas y, además de avanzar en la vacunación, ha vuelto a apelar a mantener los controles de seguridad, convencido de que los casos bajarán.

«Hay que seguir siendo muy prudentes hasta que consigamos una inmunidad de grupo, que estamos a 20 puntos de conseguir, hasta el 90 o el 95%», ha recalcado, antes de concluir que, en todo caso, la vacuna no se traduce en una «inmunización del 100%, sino del 80-85%».

«LOS PRIMEROS INTERESADOS EN CUMPLIR SON LOS HOSTELEROS»

Asimismo, en la rueda de prensa del comité clínico, también ha sido preguntado sobre esta cuestión el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien ha replicado que «la voluntad de los gallegos siempre ha sido y será cumplir las medidas» que, en este caso, «buscan mantener la hostelería». De lo contrario, en la línea de lo manifestado por Feijóo, ha advertido que los locales tendrían que «cerrar».

«Ahora, es una tranquilidad estar en el interior con personas vacunadas o negativas, y los que no estén en esa posición, pueden estar en el exterior; antes no tenían esa posibilidad», ha señalado el conselleiro, antes de concluir: «Los primeros interesados en que se cumplan las medidas son los hosteleros, estoy seguro de que van a cumplir».

RESTRICCIONES MENOS SEVERAS QUE EN OTRAS OLAS

En términos generales, Feijóo también ha defendido durante su rueda de prensa en Salvaterra el conjunto de las decisiones del órgano que asesora a la Xunta en el marco de la pandemia.

«El comité clínico, en el ámbito de la independencia y el rigor sanitario, ha decidido ajustar el cumplimiento del protocolo a la realidad epidemiológica», ha dicho, antes de reiterar que Galicia experimenta «una explosión de casos» concentrada en los jóvenes de entre 16 y 29 años, y que la evolución no es buena, por lo que es preciso subir restricciones en muchas localidades, incluidas las siete urbes.

En todo caso, el presidente gallego ha destacado que las restricciones son «mucho menos intensas» que en «otras olas» y ha puesto el ejemplo del acceso a la hostelería o a los establecimientos de ocio, más amplio aunque con medidas de control como la prueba negativa o el certificado de vacunación en los municipios con mayor incidencia de covid-19.

Asimismo, ha aprovechado su intervención para anunciar que el Gobierno central había decidido retirar el recurso contra la ley gallega de salud tras alcanzar un acuerdo con la Xunta para aclarar el apartado relativo a vacunación.

Con esta norma «en vigor», ha recordado que se pueden poner multas «directas» por saltarse medidas sanitarias como el cumplimiento de las cuarentenas. En todo caso, decisiones que afecten a derechos fundamentales como el límite de reuniones seguirán exigiendo autorización judicial previa.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha apostado por dar mayor protagonismo a las entidades locales en el reparto de los fondos europeos, que, a su juicio, deben atender a la realidad de cada territorio.

Dentro de la ronda de reuniones preparatorias de la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recibido a los agentes sociales y económicos que conforman el Diálogo Social en la Comunidad (CCOO, UGT y CEOE CYL), a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, UPA-COAG y UCCL) y a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén.

A todos ellos el presidente ha trasladado la necesidad de aprovechar «al máximo» los fondos europeos que finalmente lleguen a Castilla y León. A la hora de su reparto, Fernández Mañueco ha defendido la necesidad de otorgar un mayor protagonismo a las entidades locales, tanto en lo que a aportación económica se refiere, como en participación directa en la propia gestión de estos fondos, informa la Junta.

Asimismo, el presidente ha puesto de manifiesto la importancia de que los fondos europeos atiendan a los procesos de transformación de la actividad económica que están llevando a cabo las empresas de cada territorio, ya que es el tejido productivo de cada zona el que mejor conoce la realidad local.

En cuanto al sector agrario, esencial para la economía de la Comunidad, junto al apoyo de los fondos europeos que finalmente se reciban, Fernández Mañueco ha apostado por un modelo de agricultura profesional y económicamente sostenible ante la nueva Política Agraria Común.

«Castilla y León está participando activamente en la definición del Plan Estratégico de la PAC que actualmente se está estudiando en la Conferencia sectorial y apuesta por que los nuevos requisitos que se exijan sean compensados adecuadamente», añade el comunicado.

La XXIV Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se celebra este viernes en la capital salmantina, responde a la invitación que realizó el presidente de la Junta en el marco de la Conferencia de Presidentes celebrada hace un año en San Millán de La Cogolla, La Rioja.

El Papa ha nombrado como obispo de la provincia china de Gansu, al sacerdote Antonio LI Hui, el quinto en la jerarquía episcopal de este país, fruto del acuerdo que regula la designación conjunta de obispos firmado en Pekín en septiembre de 2018, según ha confirmado la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado.

El director y portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha confirmado que el pasado 28 de julio de 2021, en la catedral de Pingliang, Provincia china de Gansu, fue ordenado como obispo el sacerdote Antonio LI Hui.

El marco también permite a los fieles tener obispos que están en comunión con Roma y que respeten al Papa como autoridad suprema, pero al mismo tiempo reconocidos por las autoridades chinas.

El acuerdo es provisional y fue renovado hasta el 2022, con vigencia para otros dos años.

Algunos sectores conservadores han atacado la eficacia del acuerdo porque sus términos siguen siendo secretos. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, aclaró que se trata de «un secreto relativo» e hizo referencia a que «muchos contenidos se conocen». «Como aún es un acuerdo ad experimentum (provisional) pues quedarán reservados algunos contenidos», enfatizó.

La cuestión del nombramiento de obispos en China es muy compleja. Desde la llegada al poder de los comunistas, que expulsaron al nuncio apostólico, China únicamente ha permitido el culto católico por medio de la Asociación Patriótica Comunista China. Un departamento leal al gobierno chino, que además rechaza la autoridad de la Santa Sede en el nombramiento de obispos y en el gobierno de la Iglesia.

Los obispos legítimos que permanecen fieles al Papa viven una situación cercana a la clandestinidad, permanentemente asediados por las autoridades comunistas. En la situación actual todo obispo reconocido por el gobierno chino debe ser miembro de la asociación patriótica, y muchos obispos nombrados por el Vaticano que no son reconocidos o aprobados por el gobierno chino han enfrentado persecución.

La rúbrica de esta resolución no sella el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Gobierno de Xi Jinping, rotas desde 1951, dos años después de la instauración del régimen comunista.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha trasladado a los representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritario entre los funcionarios de Justicia, que por su parte mantiene los proyectos iniciados por su antecesor Juan Carlos Campo dentro de la Agenda 2030. El sindicato, por su parte, ha mostrado disposición y colaboración con la nueva titular de la cartera.

Dante la reunión mantenida este miércoles con los representantes del sindicato, la ministra ha pedido además que se transmitiera a este colectivo su reconocimiento por el trabajo desplegado durante la pandemia en condiciones difíciles y haciendo posible la continuidad en la prestación del servicio público, según informa el sindicato en una nota. Asimismo, nos aseguró que se mantienen los proyectos de justicia2030,

Los representantes sindicales han aprovechado el encuentro para trasladar la necesidad de abordar desde la negociación colectiva,la necesaria transformación de la Administración de Justicia y, en particular, los proyectos que impulsa el Ministerio tales como las leyes de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal, de transformación digital, de enjuiciamiento criminal, o el nuevo modelo de registro civil, implicando al personal de Justicia a través de su participaciónreal y efectiva en el diseño de estas reformas.

Según los trabajadores, la proliferación de casos pendientes pese la importante disminución de trámites resueltos, así como la escasez de juzgados y jueces, obligan a tomar medidas urgentes relativas al refuerzo de las plantillas.

SE PRECISAN 19.000 FUNCIONARIOS

A modo de ejemplo, han recordado a Llop que España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea y le han recordado que de un estudio presentado por CSIF sobre necesidades de personal en el sector público se desprende que la Administración de Justicia necesita algo más de 19.000 puestos de trabajo adicionales en todos los Cuerpos de funcionarios para equipararse a estándareseuropeos.

Así, reclaman la negociación anual de plantillas con estructuración de refuerzos de 3 años y ofertas de empleo público y concursos anuales coordinados, la regulación básica de la carrera profesional, el fomento de la promoción interna para que sea real, la revisión del sistema de guardias y de la productividad, la eliminación de las diferencias retributivas en el concepto de grupos de población y la revisión de la estructura salarial de todos los cuerpos, entre otras.

Consideran que es necesario también crear unidades administrativas con personal de Justicia para resolver los problemas de gestión que provocan retrasos en los procesos selectivos, concursos de traslados, sustituciones, comisiones de servicio o provisión por interinos.

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Según los funcionarios, lo que denominan «politización de la Justicia» con asuntos tan importantes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no debe despistar a la hora de acometer las reformas que necesita la ciudadanía.

Por su parte, inciden en que la transformación de la Administración de Justicia debe incluir mejoras laborales y retributivas para su personal con el objetivo claro de dignificar y reconocer el trabajo que diariamente desempeñan, así como aprovechar su potencial para prestar el mejor servicio público posible.

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado en que la cita del viernes en Salamanca «no es una Conferencia de Presidentes» sino «una reunión informal», pero ha asegurado que, aún así, «siempre» que le llame el presidente de España él acudirá al encuentro.

En una rueda de prensa en Salvaterra de Miño, preguntado al respecto, Feijóo ha insistido en que el viernes «no» tendrá lugar una Conferencia de Presidentes, ya que la cumbre de Salamanca no se ajusta al «reglamento» para un encuentro de este tipo, «ni la convocatoria ni el contenido». «No creo que debamos desacreditar la importancia de la Conferencia de Presidentes», ha esgrimido.

«En Salamanca, el presidente ha llamado a los presidentes para hablar, que está muy bien; pero sería muy importante, además, que los escuchase», ha demandado, a renglón seguido.

«Se nos dice que hablaremos de la situación de la pandemia y es inevitable hacerlo porque no tenemos legislación en España y cada comunidad legisla en la medida de sus posibilidades; del reto demográfico llevamos mucho tiempo pidiendo hablar, pero no conocemos el criterio para disminuir los problemas en determinadas zonas de España; y en materia de fondos (europeos) estamos en una zona oscura en la que no sabemos muy bien qué hay que hacer para que los proyectos se examinen en base a una concurrencia y mérito», ha reflexionado.

En esta coyuntura, ha defendido que «está bien hablar» y en un escenario en el que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha avanzado que no acudirá, el dirigente gallego ha defendido que «está bien hablar», aunque sea en un encuentro con un formato que, ha insistido, «no» se ajusta a una Conferencia de Presidentes.

«VEREMOS SI SACAMOS ALGO FORMAL»

«Siempre que el presidente de mi país me llame, asistiré. Siempre, ya sea una reunión informal o si hubiera una Conferencia de presidentes. Nosotros vamos a Salamanca a oír al presidente. Veremos si además de la reunión informal, sacamos algo formal», ha manifestado.

A moda de ejemplo y en la misma jornada en la que ha anunciado que el Gobierno retirará el recurso ante el Constitucional contra la ley de salud gallega, Feijóo ha esgrimido que «sería bueno regular la pandemia», así como concretar planes para afrontar el reto demográfico.

Finalmente, ha remarcado que también sería «imprescindible» conocer los criterios del Gobierno para «descentralizar» los fondos Next Generation entre las comunidades y «entre todos acertar en la reconstrucción post pandemia».

El líder del PP, Pablo Casado, ha lamentado este miércoles que Estados Unidos haya puesto a España en «la lista negra por Covid» y ha exigido de nuevo al Gobierno que impulse una Ley de Pandemias. A su entender, debería comprometerse a llevar a cabo esa legislación frente a la pandemia en la Conferencia de Presidentes.

«En la Conferencia de Presidentes debe comprometer la ley de pandemias y la gestión independiente de los fondos UE», ha demandado Casado ante esa reunión del Gobierno con los presidentes autonómicos que se celebrará este viernes en Salamanca.

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el jefe del primer partido de la oposición ha subrayado que Estados Unidos ha puesto a España «en la lista negra por Covid», después de recomendar a sus ciudadanos que no viajen aquí debido al empeoramiento de la pandemia.

«No viaje a España debido al Covid-19», recoge un aviso de viaje emitido este lunes por el Departamento de Estado, de acuerdo a una alerta enviada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

EL FMI «EMPEORA LAS PREVISIONES» PARA ESPAÑA

A ese hecho, el presidente del PP ha sumado los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los que, según ha dicho, se «empeora las previsiones» para España. En concreto, este organismo internacional baja en dos décimas las previsiones para 2021 y sube en 1,1 puntos las de 2022, de forma que las perspectivas para el 2021 han bajado hasta el 6,2% mientras que para 2022 han alcanzado el 5,8%.

El presidente del Partido Popular ha criticado que, en ese contexto, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos presente «unas cuentas irreales de despilfarro y cinco millones de desempleados».

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Política Sectorial del PP y responsable del área económica del partido, Elvira Rodríguez, quien ha señalado que «los datos que aprobó este martes el Gobierno no cuadran».

«Pero no nos engañemos, ellos lo saben. Son la excusa para gastar lo que les da la gana y luego nos freirán a impuestos. Ni es serio ni es responsable ni, por mucho que digan, van a resolver así los problemas de los españoles», ha manifestado, en la misma red social.

El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha lanzado, por quinto año consecutivo, una nueva edición de ‘1m2 por las playas y los mares’, su campaña de ciencia ciudadana que busca caracterizar y liberar de basuraleza los entornos marinos.

‘1m2 por las playas y los mares’, que este año se celebrará entre el 18 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de Limpieza de Playas (World Clean Up Day), y el 26 de septiembre, tiene como objetivo recoger datos sobre las características de la basuraleza encontrada en estos entornos.

«Conocer aspectos como el peso, la cantidad y tipología de residuos encontrados tanto en playas como en fondos marinos es primordial para definir las estrategias más efectivas para erradicar este gran problema ambiental», explican desde SEO/BirdLife y Ecoembes.

Con este fin, se utilizará la aplicación móvil MARNOBA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Services, una plataforma que recoge, almacena y muestra la información necesaria para conocer la basuraleza abandonada en costas y mares del país.

Al final de la campaña, todos estos datos se sumarán a los más de 430.000 objetos ya caracterizados y que LIBERA ha recopilado en su ‘Barómetro de la Basuraleza’, para luego integrarse en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO).

Hasta el 12 de septiembre cualquier organización, asociación o entidad puede registrarse a través de la página web ‘proyectolibera.org’ y crear sus propios puntos de recogida en playas y mares.

RESIDUOS MÁS FRECUENTES

En la pasada edición, se recogieron un total de 4,6 toneladas de basuraleza en playas y los mares, de las que se lograron caracterizar cerca de 20.500 residuos. Entre ellos, pequeñas piezas de plástico, colillas y embalajes industriales fueron los más encontrados. Además, se vislumbró cómo las mascarillas se han posicionado entre los nuevos residuos más recurrentes en los entornos naturales en este último año y medio. Estas cifras son el reflejo de cómo, con el esfuerzo de toda una gran red, podemos sumar metros cuadrados de espacios libres de basuraleza.

«La basuraleza se ha convertido en un agente más de ese cambio global al que los seres humanos estamos sometiendo al planeta tierra. Gracias a estas iniciativas estamos consiguiendo que cada vez sean más los ciudadanos, empresas y administraciones implicados en acabar con este problema ambiental», afirma Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife.

Por su parte, Sara Güemes, coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes, destaca que «conocer la tipología de residuos abandonados en nuestros mares y playas es fundamental para desarrollar estrategias focalizadas en su prevención y en la concienciación ciudadana. Las playas dan un enorme valor a nuestro país, son parte de nuestra cultura y la enriquecen, es tarea de todos proteger este gran tesoro».