La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF) ha pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que «refuerce la seguridad» en los centros sanitarios ubicados en zonas costeras y vacacionales, en los que aumenta «significativamente» la población a la que se presta servicio y donde también «suelen aumentar las agresiones a profesionales».

Así lo ha señalado en un comunicado el presidente del Sector de Sanidad de CSIF-A, Victorino Girela, quien ha avisado, además, de la «compleja situación de cobertura de servicios sanitarios mínimos este verano, por falta de profesionales, contratos precarios, falta de médicos, restricciones y aislamientos derivados de la Covid, provoca que se produzca un peligroso cóctel que se cree que puede propiciar un incremento mayor de la agresiones».

«Las dificultades para poder prestar un adecuado servicio a la ciudadanía a través del Plan de vacaciones establecido por la dirección del SAS, que desde CSIF ya se ha censurado por no dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, es un elemento añadido que podría abonar el terreno para agresiones al personal de nuestra sanidad pública», ha subrayado el responsable de CSIF Sanidad Andalucía.

A su juicio, el plan «conlleva un déficit importante a la hora de cubrir las vacaciones y repercute directamente en la saturación de los profesionales, que llevan año y medio desbordados». Además, «los recursos que se han establecido para los meses estivales repercutirán negativamente en la calidad asistencial», ha señalado.

Para la organización sindical, «las contrataciones con las que el SAS pretende afrontar el verano son, a todas luces, deficitarias en el conjunto de las categorías para cubrir las necesidades de los centros, tanto de Primaria como hospitales».

Ante esta situación, CSIF Sanidad Andalucía ha incidido en que «deberían reforzarse» los efectivos de seguridad de los centros sanitarios situados en zonas vacacionales como «medida preventiva y disuasoria de comportamientos violentos hacia los profesionales de la sanidad pública».

La Comisión Europea ha pedido este jueves a los Estados miembros que apuesten por el ‘aprendizaje mixto’, que utiliza más de un enfoque en el proceso de aprendizaje, como forma de conseguir una educación primaria y secundaria de «alta calidad», al tiempo que ha propuesto una serie de medidas a corto plazo para abordar las deficiencias «más acuciantes» reveladas por la pandemia de COVID-19.

Bruselas ha explicado en un comunicado que el llamado aprendizaje mixto «puede ser una mezcla de centros escolares y otros entornos físicos (empresas, centros de formación, aprendizaje a distancia o al aire libre, por ejemplo) o también puede combinar diferentes herramientas digitales y analógicas.

«El aprendizaje mixto puede contribuir a mejorar el carácter integrador de la educación, sobre todo debido a su flexibilidad. Puede significar una mejor oferta educativa en las zonas remotas y rurales, así como para quienes forman parte de comunidades de viajeros o residen en hospitales y centros asistenciales y para quienes realizan una formación de alto rendimiento», ha explicado el Ejecutivo comunitario.

Para conseguirlo, Bruselas ha enfatizado que «todos los entornos y herramientas deben ser accesibles por igual para los grupos minoritarios, los niños con discapacidad o los procedentes de entornos desfavorecidos», de forma que no suponga una mayor discriminación o segregación.

El mensaje de la Comisión Europea forma parte de un documento de recomendaciones y el objetivo de la institución es que estas sean adoptadas lo antes posible por las capitales. El texto, además del impulso al aprendizaje mixto, incluye también otra serie de recomendaciones.

Por ejemplo, insta a los socios comunitarios a brindar oportunidades de aprendizaje adicionales y apoyo específico a aquellos estudiantes «que se enfrenten a dificultades de aprendizaje, tengan necesidades especiales, procedan de grupos desafavorecidos o se hayan visto de algún modo por la interrupción de las clases» durante la pandemia.

Esto requiere, por ejemplo, la mejora del apoyo individualizado, un refuerzo de los sistemas de orientación, dedicar tiempo adicional de aprendizaje durante el curso o en periodo vacacional o facilitar el acceso a bibliotecas y servicios extraescolares con apoyo pedagógico.

La recomendación también sugiere dar prioridad al bienestar físico y mental de los estudiantes y sus familias, además de a profesores y formadores. «Esto podría incluir el desarrollo de orientaciones en materia de salud mental y la inclusión de políticas de bienestar de estudiantes y profesores, así como de políticas contra el acoso», apunta la Comisión Europea.

También recomienda impulsar el desarrollo de competencias de alumnos, sus familias y profesores, fomentar la inversión en dispositivos móviles y conectividad y promover asociaciones efectivas en materia de infraestructura y recursos entre distintos proveedores de servicios educativos.

El vicesecretario general del PP, Antonio González Terol, ha reclamado este jueves en Vejer de la Frontera (Cádiz) el acta de la última Comisión Bilateral Generalitat de Cataluña-Gobierno para saber quién dice la verdad sobre el traspaso o no de la competencia de las pruebas para Médicos Internos Residentes (MIR), que según la ministra no está en agenda y según la consejera sí se negocia.

En una intervención, González Terol ha acusado al Gobierno de utilizar la sanidad como «moneda de cambio frente a ERC» y ha avisado de que el traspaso de la gestión de la formación de los MIR «pone en riesgo la formación de los MIR, la calidad formativa de médicos admirados en el mundo por el nivel de conocimiento que adquieren en la etapa universitaria y que luego son formados en hospitales públicos tras superar una prueba de habilitación nacional».

El dirigente del PP ha exigido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, «la entrega del acta de la Comisión Bilateral para conocer todos los extremos de la posible cesión del sistema MIR a Cataluña», al tiempo que ha reclamado «disolver esa comisión de trabajo» para abordar el traspaso de la competencia.

González Terol ha demandado «la comparecencia urgente de Darias» para que explique «qué competencias pretende transferir, con qué condiciones y plazos» con la pretensión de tener acceso a lo que ha llamado «la hoja de ruta secreta» sobre la formación de los médicos, de la que se ha cuestionado que se pase a valorar que tengan «el carnet de qué formación o el idioma que hables».

«Todo es un sinsentido, un circo, un mercadillo para mantenerse al frente del Palacio de La Moncloa», ha afirmado, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

TAMBIÉN SOBRE NATURGY

La exigencia de explicaciones la ha hecho extensivas González Terol a la autorización de la OPA del fondo australiano IFM sobre la empresa Naturgy, run asunto sobre el que piden también las comparecencias parlamentarias de las vicepresidentes Nadia Calviño y Teresa Ribera.

«Queremos conocer en qué condiciones se ha dado el visto bueno con nocturnidad y alevosía a la toma de control de empresa australiana», ha argumentado el dirigente del PP antes de reclamar «la comparecencia urgente de las vicepresidentas Calviño y Ribera» tras subrayar que con esta luz verde del Gobierno «se pone en riesgo, se puede perder el control de una empresa tan importante en el sector energético».

«Cualquier movimiento necesita de una explicación, por qué han autorizado la OPA sobre una empresa española», ha aseverado González Terol.

El dirigente del PP se ha cuestionado la gestión de «este Gobierno que habló de pobreza energética» por cuanto le ha recriminado que «se ha convertido en un lujo encender la tele o poner la lavadora».

El vicesecretario general del PP se ha pronunciado sobre «la falta de autoridad del presidente del Gobierno», que ha concretado en el hecho de que «la ministra de Políticas Sociales, Ione Belarra, insultaba a la jefatura del Estado al dudar de la calidad democrática de España cuando la Monarquía parlamentaria es la base de nuestro sistema constitucional».

EL EMÉRITO Y EL PRAT

González Terol se ha preguntado por «qué autoridad tiene (Pedro Sánchez) cuando es incapaz de reprender a ministros de Podemos cuando atacan al jefe del Estado», planteamiento que ha extendido al hecho de que «no puede cesar a los ministros de Podemos cuando se hace una enmienda a la totalidad del Consejo de Ministros y cuando el problema sigue siendo él, que es el peor presidente y el más mentiroso».

Las críticas de González Terol las ha ampliado con las dudas expresadas desde Podemos hacia la inversión de 1.700 millones en la ampliación del aeropuerto de El Prat, de la que ha reclamado que se programó durante el Gobierno de Mariano Rajoy y por valor de 1.900 millones.

«Podemos ataca la inversión, la pone en duda y le lleva la contraria», ha señalado González Terol, para concluir que «su Consejo de Ministros es un circo y ha perdido el control sobre los ministros comunistas».

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha destacado la importancia de la radiotelevisión pública para «garantizar» a la ciudadanía una información «veraz y objetiva».

Revilla ha recibido este jueves en la sede del Gobierno autonómico al nuevo director de RTVE en Cantabria, Jaime Aja, que sustituye en el cargo a Juan Carlos de la Fuente.

Se trata del primer encuentro institucional entre ambos, tras su designación el pasado mes de julio, en el que el presidente autonómico ha felicitado a Aja por su nombramiento y le ha deseado «éxito» al frente del centro territorial en los próximos años.

El presidente ha asegurado que su «amplia» trayectoria en la casa y su capacidad profesional servirán para aportar un «giro» y «potenciar» RTVE en Cantabria.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la radiotelevisión pública para «garantizar» a la ciudadanía una información «veraz y objetiva», cualidades que, según Revilla, Jaime Aja ha demostrado a lo largo de su «extensa» carrera periodística en la comunidad.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo regional ha valorado el «trabajo» y el «compromiso» con la información del «extraordinario» personal de la corporación en sus «magníficas» instalaciones del polígono de Raos.

Por su parte, Aja ha agradecido el reconocimiento del presidente y ha incidido en la vocación de servicio público del centro territorial, que seguirá marcando la línea de actuación de RTVE durante su gestión.

JAIME AJA

Nacido en 1959 y diplomado en Magisterio, especialidad Ciencias Humanas, y experto sociolaboral por la UNED, dio sus primeros pasos profesionales como corresponsal en Cantabria de RNE y del Diario Alerta (1983-1986). También fue locutor de Radiocadena Española en Santander (1984-1988) y en Granada (1988-1989).

En RNE en Torrelavega, donde trabajó durante una década, fue coordinador de programas desde 1989 hasta 1991 y jefe de informativos de 1991 a 1995. De 1999 y hasta 2004 fue locutor-comentarista en RNE en Santander.

Fue director de RNE en Cantabria entre 2004 y 2012 y, desde entonces, ha sido informador en RTVE. Ha dirigido diferentes talleres y seminarios en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, así como ponencias en diversos encuentros y foros profesionales. Además, es coautor del trabajo de investigación ‘Rutas jacobeas por Cantabria’.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de la Capitanía Marítima de Cádiz, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), ha emitido una resolución restringiendo la navegación a embarcaciones a vela de eslora igual o inferior a los 15 metros entre el cabo de Trafalgar y Barbate, en una extensión de aproximadamente dos y nueve millas desde la costa.

Según ha informado el Ministerio en una nota, esta resolución se emite para evitar que haya más incidentes con las orcas, ya que desde el pasado día 27 de marzo, los cetáceos han protagonizado 56 interacciones con pequeños veleros, provocando en algunas ocasiones que estos pierdan el timón. De hecho, hasta en 25 casos se han requerido los servicios de Salvamento Marítimo para remolcar a puerto a otras tantas embarcaciones afectadas por los encuentros.

La Capitanía Marítima de Cádiz de la DGMM ha establecido, de esta forma, la prohibición para veleros de eslora igual o inferior a 15 metros propulsadas exclusivamente a vela o exclusivamente a motor o que utilicen los dos medios de propulsión, al tiempo que ha prohibido, también, el fondeo de estas embarcaciones en las zonas de baño no balizadas situadas dentro de la zona costera.

En cualquier caso, la DGMM ha indicado que sí podrán acceder a la zona de exclusión cuando quieran arribar a puerto o a un fondeadero situado en la zona costera o salir de él con destino mar adentro. En esos casos utilizarán exclusivamente su propulsión mecánica y, en la medida de lo posible, recorrerán la mínima distancia por la zona de exclusión.

Por su parte, a los veleros con eslora superior a los 15 metros, la MGMM les ha instado a que utilicen exclusivamente la propulsión mecánica dentro de la zona restringida a la navegación, mientras que ha pedido al resto de buques que se abstengan de llevar a cabo actividades de observación de cetáceos.

Aun así, la MGMM ha detallado que, «si de todos modos alguna embarcación tiene un encuentro inesperado con las orcas, siempre que sea posible y no genere un peligro mayor, se recomienda parar la máquina, arriar las velas, dejar el timón a la vía, desconectar la sonda y evitar que las personas a bordo se acerquen a las bandas».

Las estaciones costeras emitirán periódicamente radio-avisos para darconocimiento a los navegantes de las prohibiciones y limitaciones queestablece la resolución de la Capitanía Marítima de Cádiz, que estará envigor inicialmente hasta el día 20 de agosto, aunque no ha descartado su ampliación o su anulación.

Esta es la segunda vez que la Dirección General de la Marina Mercanteemite una resolución de estas características. La primera se produjo en el mes de septiembre de 2020 en aguas del litoral gallego y se prolongódurante varias semanas con el mismo objetivo: garantizar la seguridadmarítima de los navegantes y sus embarcaciones y proteger la biodiversidad marina.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por uno de los investigados por el crimen de Samuel Luiz contra el auto de la jueza instructora que ratificó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la resolución, contra la que no cabe presentar recurso, los magistrados subrayan que, en base a las diligencias testificales y documentales practicadas hasta el momento, la medida impuesta «se encuentra justificada y aparece suficientemente motivada».

El tribunal entiende que existen «indicios racionales de la comisión por parte del recurrente (K.A.S.C.) de un delito de homicidio», así como «de su participación en la brutal y prolongada agresión física perpetrada sobre la víctima, a la que varias personas propinaron continuos golpes y patadas hasta causar su muerte por traumatismo cráneo encefálico».

Además de por la gravedad del delito y la pena que conlleva, los jueces subrayan que la prisión provisional está justificada por la existencia de un «riesgo evidente» de que el apelante «pudiera tratar de obstruir la investigación y de alterar o influir sobre las fuentes de prueba, especialmente en lo que se refiere a los testigos».

Lo sostienen al estar el procedimiento en fase inicial, «pendiente de la práctica de diligencias esenciales para el debido esclarecimiento de los hechos y de la participación del investigado en los mismos».

Los magistrados consideran «prematura e infundada una revisión de la medida privativa de libertad provisionalmente adoptada», por lo que han desestimado el recurso. En el auto también señalan que el arraigo residencial y familiar alegados por el investigado son insuficientes para sustituir la prisión provisional por otra medida menos restrictiva de su libertad personal.

MENORES

La Audiencia Provincial también ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por los dos menores investigados en la causa contra el auto que mantiene, para ambos, la medida de internamiento en régimen cerrado.

El tribunal asegura que existen «fundados indicios», que se desprenden de las declaraciones testificales y de la documentación gráfica, de la participación de los dos menores en la comisión de los hechos delictivos.

Así, destaca que ambos fueron identificados por testigos como unas de las personas que se encontraban agrediendo a la víctima «inmediatamente antes de que se desplomara».

Respecto a uno de los menores, los magistrados indican en el auto que ya había sido sentenciado con anterioridad al cumplimiento de una medida de libertad vigilada. «Y es precisamente durante el período de cumplimiento de esa medida cuando presuntamente se infringe de nuevo la ley penal de un modo tan contundente y con consecuencias tan luctuosas, evidenciándose así una clara progresión delictiva que exige una respuesta sancionadora-educativa inmediata», destacan.

Además de por la gravedad del delito por el que están siendo investigados, la Audiencia, al igual que el Juzgado de Menores, considera justificada la adopción de la medida por la necesidad de evitar la reiteración delictiva, el riesgo de fuga y la posibilidad de ambos recurrentes de obstruir la acción dela justicia, dado que las actuaciones policiales no han finalizado.

Estos son los únicos tres recursos a las medidas privativas de libertad que, por el momento, han llegado a la Audiencia Provincial de A Coruña, según precisa el TSXG.

El Ministerio de Inclusión y la Generalitat Valenciana han acordado poner en marcha en unos meses una ventanilla única para cogestionar el ingreso mínimo vital (IMV) y mejorar su coordinación con la renta valenciana de inclusión. Esta ventanilla estará gestionada por la administración autonómica.

Así lo han anunciado este jueves el ‘president’, Ximo Puig, y el ministro José Luis Escrivá tras una reunión en el Palau junto a la vicepresidenta y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, y los responsables de Hacienda y Economía, Vicent Soler y Rafa Climent.

En los próximos meses, las dos partes firmarán el convenio para crear la ventanilla y ponerla en marcha «lo antes posible», ha garantizado Escrivá en la rueda de prensa junto a Puig, recordando que la Comunidad fue la primera autonomía que adaptó su renta al IMV y es «pionera en ofrecer un escudo social particularmente intenso».

La intención es compatibilizar las casi 100.000 prestaciones del ingreso mínimo que llegan a las familias más vulnerables de la Comunidad con las más de 70.000 personas que reciben la renta valenciana. Para esa cogestión, Escrivá ha avanzado que analizará si es necesaria una distribución de los trabajadores y recursos del Estado.

En general, ha defendido que las autonomías tienen capacidad para cogestionar el IMV y ha recordado que es algo que ya se preveía «desde su génesis» y que incluye el real decreto en la disposición adicional cuarta. «Sobre esa base estamos trabajando», ha afirmado al ser preguntado por su rechazo en 2020 a traspasar la gestión del ingreso.

Ha garantizado que él cree en este modelo compartido y está a favor de estudiarlo con cualquier autonomía, aunque «no todas están dispuestas a hacerlo». En el caso de Euskadi y Navarra, ha recordado que reciben un tratamiento distinto en el IMV por su singularidad foral, mientras en Cataluña «las conversaciones están menos avanzadas».

En clave valenciana, el titular de Seguridad Social ha destacado la gestión de la crisis mientras en la de 2008, cuando gobernaba el PP, «tuvo un desempeño mucho más bajo porque el modelo estaba arraigado en el ladrillo y fue muy difícil remontar».

El ‘president’ también ha asegurado que el IMV avanza «a gran velocidad» en la Comunidad y lo ha relacionado con el objetivo de que «nadie se quede al margen» en la salida de la crisis. «Lo importante no son las administraciones, sino las personas», ha constatado.

Por otro lado, en la reunión han abordado los ERTE como «instrumento vital» para mantener el empleo y la supervivencia de las empresas. Puig ha valorado así la disposición de Escrivá de seguir explorando la posibilidad de extender estos expedientes en el futuro en el marco del diálogo con sindicatos y patronal.

Ambos han destacado que quedan unos 24.000 valencianos afectados por ERTE. «En España, y todavía más en la Comunidad , hemos recuperado niveles de empleo previos a la pandemia», ha resaltado Escrivá, para poner en valor el dinamismo de región al crecer por encima de la media.

Otro de los acuerdos es que la Comunidad participará en un proyecto piloto de itinerarios para personas vulnerables que desarrollará el Ministerio con fondos Next Generation EU, algo que también se concretará en los próximos meses.

El joven herido el pasado 25 de julio en una agresión en la localidad vizcaína de Amorebieta, por un grupo de unas veinte personas, continúa estable dentro de la gravedad de las lesiones que sufrió y que le mantienen en coma en el hospital de Cruces, según ha informado la familia.

Tras la visita que han realizado a primera hora de esta tarde, los familiares han explicado que el equipo médico les ha trasmitido que el joven, al que ayer le practicaron una traqueotomía para que pudiera respirar mejor, sigue grave y sin cambios en su estado, por lo que habrá que esperar a ver su evolución en los próximos días.

Aleo, de 23 años, permanece «en coma profundo» y, por el momento, la familia desconoce si se le tendrá que realizar alguna nueva intervención en próximos días, según ha indicado un portavoz de los familiares a la salida de la visita, en la que han estado acompañados por un sacerdote ortodoxo.

En todo caso, ha asegurado que tienen «esperanza» en su recuperación al ser una persona «joven y fuerte», y ha apuntado que, al parecer, ahora va respirando mejor y se «le ha quitado medicación, a ver si se va despertando solo».

El portavoz de la familia ha expresado su agradecimiento a los médicos que atienden al joven por el «esfuerzo que hacen para que salga adelante».

También ha agradecido la labor de la policía para el esclarecimiento de los hechos y la detención de los presuntos autores de la paliza, y de la justicia. Hasta el momento, la Ertzaintza ya ha detenido a un total de 13 personas por su implicación en la paliza, seis de ellas menores y siete adultos, y mantiene abierto el operativo.

Finalmente, el portavoz de la familia ha valorado el apoyo «muy grande» que están recibiendo por parte «de todo el mundo» en estos momentos. Entre estas muestras de apoyo, amigos del joven han colocado un cartel con mensajes de ánimo para él y su familia en la fachada del hospital de Cruces.

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha reconocido que la onda epidémica del coronavirus que ha afectado a España este verano «nadie esperaba que fuera así» y ha apostado por vacunar a adolescentes, jóvenes y niños cuanto antes, así como por hacer un uso adecuado de la mascarilla y mantener las distancias de seguridad.

Según ha explicado en declaraciones, «la explosión de casos» en julio en toda España tuvo su inicio en los brotes ocurridos en grupos de estudiantes que viajaron a Baleares en junio, una onda epidémica que ha afectado especialmente a los jóvenes de entre 15 y 30 años, pero que también ha terminado por llegar a personas de más edad y generar ingresos hospitalarios, en Unidades de Cuidados Intensivos y fallecimientos, ha lamentado.

Ha señalado que, precisamente, los jóvenes no estaban vacunados contra la COVID-19, a lo que se suma que es un colectivo «con mucha movilidad» y que mantiene muchos contactos, no solo con otros jóvenes, sino con personas de más edad y más vulnerables.

Además, más de la mitad de ellos son asintomáticos y «no son conscientes de que están infectados y pueden contagiar», una situación a la que se ha unido la llegada de la variante Delta a España y la no obligación del uso de la mascarilla en exteriores.

Para Badiola, resulta «muy preocupante, la aparición de casos en las residencias de mayores», si bien prácticamente todos sus usuarios están vacunados, algo que evita una «evolución desfavorable» de la COVID-19, aunque ha habido hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecimientos. «Esto ha sido lo peor», ha apuntado.

MEDIDAS

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza ha considerado que ante esta situación las comunidades autónomas han ido adoptando diferentes medidas y se ha iniciado la vacunación en los jóvenes.

Para Badiola, es preciso «intensificar el programa de vacunación de los jóvenes entre 16 y 30 años» y también llegar a los niños. De estos últimos, ha dicho que han demostrado «una gran responsabilidad en las olas pasadas» y los colegios han actuado «bien» el pasado curso académico.

Ahora, hay que «completar» la experiencia adquirida con la vacunación, que apremia puesto que la inmunidad no se logra hasta «cuatro o cinco semanas más tarde».

También ha defendido la necesidad de seguir manteniendo las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, que no es obligatoria en espacios exteriores, pero sí en el resto, y en los primeros siempre y cuando no se respete la distancia interpersonal de seguridad.

A su entender, hay quien ha interpretado que no hacía falta, cuando «es esencial» ya que, incluso estando vacunados, existe la posibilidad de contagiarse. Ha observado que hay quienes la llevan por la calle, pero, al sentarse en una terraza, prescinden de ella, aunque no haya distancia de seguridad.

Badiola ha estimado que se ha alcanzado el pico máximo epidémico de esta última ola y «la tendencia va a ser de disminución a lo largo de todo el mes de agosto», para desear que se llegue al comienzo del curso escolar «con la incidencia más baja posible». No obstante, ha aclarado, hay que prestar atención para ver «qué pasa con las variantes» y con la movilidad, que en estos momentos es «máxima» por las vacaciones de verano.

WWF ha alertado sobre el aumento de incendios en el arco mediterráneo, ante los grandes incendios que asolan Turquía y Grecia, y recuerda que lo que está ocurriendo en estos países podría suceder en España ya que, como alerta la ONG, los bosques españoles y el territorio en su conjunto están «listos para arder».

Por este motivo, ha lanzado una petición de firmas online para que la ciudadanía pueda pedir que los bosques y paisajes sean «más resilientes» y estén preparados ante el impacto de los incendios forestales, agravados por el cambio climático.

Los incendios de sexta generación, imposibles de apagar y convertidos en emergencias sociales, han hecho aumentar las muertes a escala mundial un 276% en los últimos años. La organización destaca que la región mediterránea es una de las zonas con mayor riesgo por el cambio climático a escala mundial, ya que el impacto de la subida de las temperaturas será unas 20 veces mayor que en el resto del Planeta, según datos del último informe de WWF en la materia.

«Junto a estas condiciones meteorológicas especialmente adversas (altas temperaturas, sequía extrema, fuertes viento), la alta siniestralidad e intencionalidad, el despoblamiento rural, el abandono de usos tradicionales, la escasa gestión forestal y la ausencia de políticas que gestionen de forma coherente el territorio son el cóctel perfecto para incendios de alta intensidad, simultáneos e imposibles de apagar», expone la experta en incendios forestales de WWF, Lourdes Hernández.

Desde Turquía, el director de Conservación de WWF Turquía, Sedat Kalen, subraya que mientras se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero «se necesita aumentar la adaptabilidad de los bosques a las condiciones climáticas cambiantes» y enumera medidas preventivas como «aumentar la diversidad de especies en las masas forestales, optar por especies más resistentes a la sequía, proteger el suelo y los recursos hídricos, y priorizar los servicios de los ecosistemas en lugar de la producción de madera en el manejo de los bosques».

En la misma línea se manifiestan desde Grecia, donde el director general de WWF Grecia, Demetres Kaaravelles, denuncia: «Literalmente estamos ardiendo en Grecia, con temperaturas récord y más de 80 incendios forestales que han estallado en solo 24 horas».

«La crisis climática es una dura realidad, que nos muestra que los bosques serán cada vez más vulnerables, pero también más valiosos por los críticos servicios que brindan. Salvar estos bosques requerirá que nos adaptemos y pongamos mucho más énfasis en la prevención de incendios y la gestión forestal activa, en lugar de luchar, a un gran coste, para apagar incendios feroces después de que estos hayan estallado», afirma.

SOLUCIÓN EN ESPAÑA: TRANSFORMAR EL PAISAJE PARA QUE SEA MENOS INFLAMABLE

WWF lanzó este verano su informe ‘Paisaje Cortafuegos’, con pautas para conseguir que el territorio sea menos inflamable y evitar el impacto de decenas de miles de incendios forestales cada año en España.

A juicio de la ONG, hay que recuperar el paisaje mosaico, de manera que se conjugue un tejido productivo con la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático. La solución solo llegará si se logra recuperar los paisajes tradicionales y se aplican medidas de autoprotección en las zonas de interfaz urbano-forestal para evitar la pérdida de vidas humanas, según WWF.

Asimismo, pide al Gobierno central y las comunidades autónomas aprobar una Estrategia Estatal de Gestión Integral de Incendios Forestales para invertir en prevención social y poner la gestión del territorio en primer plano con el objetivo de promover paisajes cortafuegos, más adaptados a la prevención de los incendios forestales.

Finalmente, remarcan la importancia de reducir la siniestralidad y acabar con la impunidad, aplicando las sanciones y condenas para quienes provocan los incendios, y defienden que la aceleración de la transición energética hacia un modelo «más limpio, eficiente y renovable» permitirá combatir el cambio climático, el gran «amplificador» actual de los incendios forestales.

La Fiscalía ha pedido a la jueza que lleva la investigación por el crimen de Samuel Luiz que se impute a los cuatro investigados adultos un delito de asesinato y no de homicidio.

«Dichos hechos se han calificado, sin perjuicio de su ulterior calificación jurídica, como constitutivos de un delito de asesinato previsto en el artículo 139 del Código Penal», informa el Ministerio Público, tras la comparecencia de los detenidos en el juzgado este jueves.

Además, solicita para el joven que presuntamente se llevó el móvil de Samuel un delito de robo con violencia y no de apropiación indebida.

Por otro lado, ha solicitado que los hechos relacionados con las lesiones sufridas por una de las personas que intentó ayudar a Samuel sean juzgados en un procedimiento aparte al margen del Tribunal del Jurado, como la titular del Juzgado de Instrucción número 8 decretó por el crimen del joven.

Los investigados adultos son tres varones, que permanecen en prisión provisional en la cárcel de Teixeiro, y una joven que está en libertad con cargos. Además, hay, por estos hechos, detenidos otros dos jóvenes que, por su edad, se encuentran en un centro de menores.

Los cuatro adultos han tenido una comparecencia en los juzgados esta mañana. En ella las acusaciones pública y particulares concretaron sus imputaciones y solicitaron la práctica de diligencias complementarias a las ya realizadas. La defensa también solicitó práctica de nuevas diligencias.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza no emitirá en esta jornada resolución y se pronunciará en los próximos días sobre las diligencias solicitadas por las partes. La causa se sigue por un delito de homicidio o asesinato, a concretar a lo largo de la instrucción.

La jueza que instruye el caso emitió en la pasada jornada un auto en el que transformaba el procedimiento para que se aplique la Ley Orgánica de Tribunal del Jurado, por lo que los hechos serán juzgados por un jurado popular.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reconocido que «entiende» el «cabreo» de la gente, que ya «no sabe a qué atenerse» respecto a las normas Covid, ha defendido que el virus «no es previsible» y Sanidad toma medidas «correctoras» para prevenir la salud, y ha señalado que el «gran problema» de las comunidades son los instrumentos jurídicos.

«No conozco a ningún gurú que esté acertando al cien por cien», ha trasladado el presidente cántabro, que ha añadido que no ha escuchado hablar de que esta quinta ola iba a ser «tremenda» y «nadie es capaz ahora de decir si no va a haber una sexta».

A su juicio, «todo parece indicar» que la vacuna va a ser «la solución» y que a partir de septiembre la situación estará «más o menos normalizada». Mientras tanto, ha apuntado, Sanidad actúa «a salto de mata» ante las variaciones del coronavirus.

Asimismo, Revilla ha afirmado que se ha producido el «gran problema» que tienen las comunidades, que advirtió en mayo cuando se anunció el fin del estado de alarma y pidió instrumentos jurídicos de obligado cumplimiento por los tribunales superiores de justicia.

«Estamos ante una materia que es muy subjetiva. Por un lado, Sanidad hace lo que tiene que hacer, preservar la salud y tomar medidas correctoras, y los jueces actuar en función de criterios que no están tan claros y es que estamos hablando de posible vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española, y eso es sagrado», ha dicho.

En este sentido, ha recordado que tanto el exministro de Sanidad, Salvador Illa, como la actual titular, Carolina Darias, trasladaron entonces un mensaje de tranquilidad a los presidentes autonómicos, asegurando que tenían instrumentos «suficientes» para tomar medidas correctoras. «No era verdad. No es verdad», ha censurado.

Para Revilla esto no supone «un ataque» a los jueces, quienes «no tienen una norma clara» y cada uno actúa de manera «subjetiva».

De esta forma, ha apuntado que Sanidad toma medidas para paliar la situación ante el incremento de contagios, pero no supone que las mismas sean «eficaces» porque «como siempre hay recursos los jueces actúan como creen conveniente».

En concreto, se ha referido al caso de Asturias, cuyo presidente, según Revilla, le llamó ayer «muy enfadado» porque los tribunales les han anulado el toque de queda de 01.00 a 06.00 horas, mientras que en Cantabria lo han aprobado.

PASAPORTE COVID

En cuanto al pasaporte Covid, el presidente regional ha justificado que, en vista de que la pandemia estaba «complicando» la situación sanitaria, se tomó la decisión de que los interiores de hostelería puedan abrir para aquellos que están vacunados, que representan al 60 por ciento de la población, o quienes puedan aportar una PCR o un test de antígenos.

A su juicio, el abanico de posibilidades para asistir a los interiores es «muy amplia», pero ha apostillado que esta norma puede que mañana no esté en vigor porque ya hay un recurso y tendrán que opinar los tribunales al respecto.

«Estamos actuando de acuerdo con lo que Sanidad cree en un momento determinado que hay que hacer y, por otro lado, obedecer, como no queda otra, a los tribunales de justicia en una materia imprevisible completamente», ha reiterado Revilla, que ha insistido en que nadie es capaz de afirmar al cien por cien, aunque el puede tener la «intuición», de que a final de septiembre «el tema habrá desaparecido».

Así, ha señalado la posibilidad de que aparezca una nueva cepa y que alguna de esas variantes sea «inmune» a la vacuna.

«Hay cabreo en la gente porque no sabe a qué atenerse y los hosteleros, pues lógicamente también», ha reconocido Revilla, que ha reiterado que pese a que la situación es «complicada» Cantabria está «salvando» el verano, que aunque no es «excepcional» como el 2020 es «normal» y «parecido» al de 2019, con datos de afluencia incluso «superiores».

De esta forma, el presidente autonómico ha indicado que por ahora solo queda seguir «mentalizándonos» de que el virus «no ha desaparecido» y está «presente», y vacunar; al tiempo de tener «la fortuna» de que las resoluciones que se tomen sean ratificadas por los tribunales. «Yo creo que la fase mala ya pasó», ha sentenciado.

Revilla ha hecho estas declaraciones este jueves en el Gobierno regional tras mantener un encuentro con el nuevo director de RTVE en Cantabria, Jaime Aja.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión preventiva de un varón detenido en Rumanía, de 33 años de edad, por ser presuntamente el tercer autor del homicidio de un joyero en Carmona (Sevilla) en 2018.

La Guardia Civil puso a disposición judicial a este hombre, identificado como I.A., por la presunta comisión de un delito de homicidio y robo con violencia e intimidación, según ha informado en un comunicado el Instituto Armado.

El varón fue detenido el 17 de julio por las autoridades policiales de Rumanía como presunto autor material del crimen, tras «una intensa búsqueda» propiciada por la Orden Europea de Detención acordada por las autoridades españolas.

Desde los primeros momentos de la investigación en el mes de agosto del año 2018, los agentes averiguaron que los autores habían emprendido la huída del lugar de los hechos en un vehículo, que apareció abandonado días más tarde en la localidad alemana de Seck. Por ello, se barajó la posibilidad de que habían regresado para refugiarse a su país de procedencia, Rumanía, y se activaron los distintos mecanismos de cooperación policial y judicial internacionales.

La colaboración de la Guardia Civil con las autoridades policiales Rumanas ha sido «clave» para la localización de los tres supuestos autores, consiguiendo detener a dos de ellos en el año 2019.

Tras el intercambiando de información e inteligencia de forma continua a través del Agregado de Interior de la Embajada de España en Rumanía, se consiguió la localización del tercer autor en el departamento de Galati (Rumanía).

En el momento de su captura, I.A. permanecía oculto en un «construido colocando un falso tabique», en una de las habitaciones del domicilio de sus padres, donde tras un exhaustivo registro del inmueble, la Unidad de Investigación de la Policía de Galati encontró el acceso al habitáculo.

Una vez comunicado el arresto a la autoridad judicial española competente, se solicitó inmediatamente la extradición del detenido. Tras su traslado a España, se puso a disposición del Juzgado de primera Instancia e Instrucción Número 2 de Carmona, que ha decretado prisión preventiva el arrestado.

Con esta actuación, la Guardia Civil da por finalizada la investigación llevada a cabo en el marco de la Operación denominada ‘Compostura’, con la que se ha logrado esclarecer un hecho delictivo «de extrema gravedad que ha conmocionado a la población» de Carmona.

LOS OTROS DOS DETENIDOS

Cabe recordar que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó parcialmente en junio de este año los recursos de apelación presentados por los otros dos detenidos, acusados por la Audiencia Provincial de Sevilla tras el veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular en relación al asesinato del propietario de la joyería de Carmona.

La Audiencia condenó a 33 años de cárcel al varón de 46 años declarado como principal culpable por el asesinato e impuso 20 años de prisión al otro acusado, por delitos de lesiones graves y detención ilegal como medio para cometer un delito de robo con violencia, «ya que se quedó vigilando fuera del establecimiento» y «era plenamente consciente, porque así lo habían acordado previamente, de que al menos el robo se iba a cometer empleando grave violencia contra el joyero».

El fallo del auto señalaba que «no aprecia la concurrencia de la agravante específica de ensañamiento del art.139.1.3ª del Código Penal en el delito de asesinato» y se condena al ciudadano rumano G.S., de 46 años, por el delito de asesinato a la pena de prisión de 23 años y seis meses, «manteniendo el resto de pronunciamientos condenatorios respecto al mismo».

En este sentido, sobre el condenado recaía también la prohibición durante 35 años de comunicarse o aproximarse a menos de 1.000 metros de la mujer y las dos hijas del fallecido.

Asimismo, la Sala del TSJA estimó parcialmente el recurso de apelación formulado por I.I., de 26 años, y «deja sin efecto su condena por el delito de lesiones por el que fue condenado y por el que le absolvemos», manteniendo «íntegramente el resto de pronunciamientos».

En este sentido, sobre esta persona, también de nacionalidad rumana, pesaba una condena de doce años de prisión por un delito de lesiones graves, mientras que por el delito de detención ilegal se le impuso ocho años de cárcel y la prohibición durante doce años de comunicarse o aproximarse a menos de un kilómetro de la mujer y las hijas del finado.

En el auto, los magistrados, tras el visionado de la grabación de la joyería, en la que especialmente se basaba el jurado, y el informe pericial de los forenses sobre las lesiones causadas y la muerte de la víctima, destacaban que «aun con la asunción de la causación de la muerte, los males producidos iban dirigidos a la reducción e inmovilización de la víctima para lograr el propósito inicial del robo», pero «no se muestra objetivamente que pretendiera con ellos agravar de forma excepcional el dolor o sufrimiento de la víctima».

En cuanto al otro condenado, la Sala del TSJA afirmaba en su auto que participó «de forma íntegra en la detención ilegal como medio para cometer el robo», de ahí que «deba responder criminalmente solo del hecho base proyectado y convenido para el que puso aporte causal: delito de detención ilegal como medio para cometer un delito de robo con violencia», y con las mismas penas que las impuestas «para el mismo, perfectamente individualizadas y que se ratifican íntegramente».

La Audiencia condenó, además, a los dos encausados a indemnizar conjunta y solidariamente a la familia del fallecido con 390.000 euros por los daños morales y las secuelas sufridas; con 295.372 euros por los objetos sustraídos no recuperados y con 5.850 euros por la cantidad de dinero en metálico sustraída y no recuperada, según establecía la sentencia, fechada el pasado día 23 de noviembre.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto TajoSegura (ATS) ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura de 14 hm3 para el mes de agosto de 2021. De ellos, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimientos urbanos y 6,5 hm3 para regadío.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto TajoSegura (ATS), reunida esta mañana telemáticamente, ha valorado la situación del mes de agosto con arreglo a las nuevas normas de explotación del Acueducto Tajo-Segura aprobadas mediante real decreto el 27 de julio.

Según ha informado este jueves el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la citada Comisión también ha tomado razón del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021 por el que se aprueban las nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura.

El departamento que dirige Teresa Ribera ha explicado que la Comisión Central de Explotación del ATS ha constatado que, a fecha 1 de agosto de 2021, la situación del sistema es la correspondiente al nivel 3, referida a situaciones hidrológicas excepcionales, por lo que se podría autorizar un trasvase de forma discrecional pero motivada, de hasta 20 hectómetros cúbicos (hm3).

La Comisión ha señalado, además, que los cambios efectuados en el real decreto antes citado no afectan a la situación correspondiente a este nivel y ha tomado nota de la previsión para el trimestre, que indica que el sistema se mantendrá en situación hidrológica excepcional. Esta previsión se mantendría también para todo el semestre.

Asimismo, a 1 de agosto, existe un volumen de agua trasvasada disponible en la cuenca del Segura para abastecimientos y regadíos de 125,9 hm3 y un volumen autorizado no trasvasado de 33,3 hm3.

Por todo ello, en aplicación de los principios de prevención y precaución de las Administraciones Públicas y considerando la situación hidrológica excepcional del sistema de la cabecera del Tajo y las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura, se ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura de 14 hm3 para el mes de agosto de 2021. De ellos, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimientos urbanos y 6,5 hm3 para regadío.