La ONG de la Iglesia Católica Manos Unidas ha denunciado la «violencia de mil caras» a la que se enfrentan los pueblos indígenas de América Latina y que ha aumentado durante la pandemia de la Covid-19. Así lo pone de manifiesto con motivo de la celebración el próximo 9 de agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Socios locales de la organización han denunciado el abandono institucional y la criminalización que sufren los indígenas, así como la violencia que sufren por parte de agentes relacionados con la tala ilegal, el tráfico de tierras, la minería, el agronegocio y el narcotráfico.
Además, advierten de que la pandemia «ha agravado y hecho más visibles las desigualdades» que soporta la población indígena, que tienen «casi tres veces más» probabilidades de vivir en extrema pobreza que la no indígena, según datos de Naciones Unidas.
Actualmente, hay 476 millones de indígenas en el mundo –un 6,2% de la población global– y sufren una mayor vulneración de sus derechos, con graves dificultades de acceso a la salud, a la educación y a la toma de decisiones sobre su propio desarrollo, según precisa Manos Unidas.
En 2020, según recuerda la ONG citando datos de Front Line Deffenders, en América Latina hubo 264 asesinatos de defensores de derechos, el 40% de ellos relacionados con la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos originarios.
En este contexto, en los últimos cinco años, Manos Unidas ha apoyado a más de medio millón de personas integrantes de pueblos indígenas de todo el mundo, mediante 225 proyectos con una inversión de más de 17 millones de euros.
La responsable de proyectos de Manos Unidas en México y Perú, Mariana Ugarte, ha explicado que reciben, constantemente, alertas de las organizaciones con las que trabajan.
LÍDERES INDÍGENAS ASESINADOS
«Los pueblos indígenas enfrentan una violencia de mil caras: primero, la estructural, con el abandono institucional y la negación de sus derechos; y, por otro lado, una violencia directa que va desde campañas de difamación y amenazas, intimidación policial y hostigamientos, pasando por detenciones y encarcelamientos sin pruebas, hasta llegar a agresiones, desalojo de comunidades, violencia sexual, secuestros y asesinatos de líderes indígenas«, ha afirmado Ugarte.
Según datos del Instituto del Bien Común, socio local de Manos Unidas, durante la pandemia ha habido una docena de asesinatos de líderes indígenas solo en la Amazonía peruana. El pueblo más golpeado ha sido el kakataibo, con cuatro líderes asesinados. En este caso, es el narcotráfico la principal causa de las amenazas y ataques.
Según Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común, «la desprotección se ha agravado con la pandemia y se ha generado el escenario propicio para que las economías ilegales invadan los bosques y aumente la violencia».
Por otro lado, CIDSE, alianza internacional de organizaciones católicas de la que Manos Unidas forma parte, es una de las múltiples entidades que han alzado la voz en defensa de Bernardo Caal, líder indígena maya q’eqchi’ encarcelado en Guatemala.
Caal, que espera desde hace años poder apelar su sentencia, fue condenado por robo y retención de trabajadores de una de las hidroeléctricas presentes en un territorio habitado por hasta 38 comunidades maya q’eqchi’. Estas poblaciones, que necesitan del río Cahabón para su sustento, se opusieron a la construcción de siete represas hidroeléctricas en esa cuenca.
Bernardo Caal interpuso medidas cautelares contra el proyecto y, en 2017, los tribunales reconocieron que se violó el derecho a la consulta previa a las comunidades, lo que no impidió las explotaciones hidroeléctricas y tampoco fue obstáculo para que, en 2018, Caal fuera sentenciado a más de siete años de prisión por acusaciones que, según las organizaciones, carecen de pruebas objetivas.
CAMPESINOS DEL CHACO PARAGUAYO
Mientras, en Paraguay, uno de los países con más desigualdad en la distribución de tierras –en el que menos del 2,5% de la población posee más del 85% de las tierras cultivables–, Manos Unidas acompaña a indígenas y campesinos del Chaco paraguayo que ven desaparecer su hábitat ante el avance de monocultivos y tierras dedicadas a pastos ganaderos.
Para el responsable de los proyectos de la ONG en Paraguay, Ecuador y Brasil, Carlos Vicente Alconcé, «la causa principal de la violencia hacia las poblaciones indígenas del país es el acaparamiento de tierras por parte de grandes empresas y particulares dedicados al agronegocio».
En palabras de Lidia Ruiz, directora de Tierraviva, organización con la que Manos Unidas trabaja en el país, «es muy doloroso ver el abandono de los indígenas del Chaco, excluidos de políticas públicas que garanticen sus derechos más básicos, mientras el Gobierno destina enormes inversiones a mega infraestructuras que solo benefician a empresas ganaderas y de granos».
Según Tierraviva, durante la pandemia han aumentado los desalojos violentos de comunidades. «Solo de mayo a julio ha habido siete desalojos promovidos por empresas agroganaderas y ejecutados por grupos armados privados», ha asegurado.
Un caso muy significativo es el de la comunidad Payseyamexyempa’a, con la que trabajan para fortalecer sus huertas familiares y sus sistemas de agua. A pesar de que la comunidad ha conseguido recuperar una parte de las tierras que tuvo que abandonar hace cuatro años, las familias se encuentran en una situación de pobreza extrema a raíz del aislamiento al que están sometidas, rodeadas por fincas de terratenientes.
Para Alconcé, la ONG debe continuar «al lado de estas poblaciones, fortalecer la seguridad jurídica de sus territorios, impulsar iniciativas agroecológicas para la alimentación de las familias, ofrecer herramientas de formación para que las comunidades conozcan y reclamen sus derechos y, en definitiva, permanecer junto a ellas en la lucha por sus derechos, sus bosques y su propia supervivencia».
