El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha exigido este martes un «incremento presupuestario» de las horas extraordinarias para «poder aumentar» el servicio de patrullas en verano debido a «la gran cantidad de incidencias» de incumplimiento de la normativa Covid-19 que se están produciendo en Andalucía.

Así lo ha explicado en declaraciones el portavoz nacional y secretario de comunicación provincial de Málaga de Jupol, Miguel Millán, quien ha asegurado que «hay un enorme número de botellones y masas descontroladas», lo que ha obligado a la Policía nacional a tener «un grupo especializado de intervención» de incidencias por coronavirus.

«Hemos pedido por escrito el incremento de presupuesto de las horas extra, ya que ahora mismo estamos dando el servicio como podemos, incluso con compañeros de prácticas que vienen de apoyo», ha señalado Millán.

En este sentido, el portavoz ha apuntado que el aumento de presupuesto «vendría muy bien» a nivel regional, ya que en la actualidad, «no hay respeto por las medidas» establecidas por la Junta de Andalucía en relación a la pandemia. «La juventud no respeta, parece que no tiene miedo de este virus, y pone en riesgo su salud y la del resto, además de impedir el descanso de los ciudadanos durante los noches por las aglomeraciones», ha indicado.

Millán ha asegurado que la Policía Nacional «necesita» trabajar conjuntamente con la Policía Local ante las concentraciones de personas debido a que «su presencia parece que no intimida». «En los altercados producidos por reuniones de 40 o 50 jóvenes, acaban riéndose de nosotros y salen corriendo porque no se respeta el rol de la autoridad», ha afirmado.

Del mismo modo, el portavoz ha recordado que la norma «es la herramienta de trabajo» de la Policía. «El hecho de que en algunas cuestiones se hayan decretado como inconstitucionales ciertas medidas, no da derecho al ciudadano al libertinaje, lo que hay que exigir es que la justicia se pronuncie con claridad ante la legislación», ha asegurado.

Por último, Millán ha indicado que la comunicación con el ciudadano es «difícil» y que la Policía «solo actúa» en los casos que lo requieren, ya que «primeramente informa» al ciudadano sobre las infracciones que está cometiendo.

POLICÍA MUNICIPAL «DESBORDADA»

Estos refuerzos no son un hecho aislado de la Policía Nacional. En este sentido, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla ha asegurado este martes que se ha tenido que «reforzar el servicio de noche con un total de diez patrulleros» debido a que «están desbordados» ante la «gran cantidad» de incidencias en Sevilla.

Así lo ha explicado en declaraciones el presidente del Sppme en Sevilla, Luis Val, quien ha asegurado que la Policía tiene que dedicar «todos los esfuerzos» al control de masas y de distancias sociales en los establecimientos, lo que supone «un peligro» porque se quedan «desprotegidos» otros puntos de la ciudad.

Por este motivo, la Policía municipal se ha visto obligada a reforzar el servicio con diez patrulleros «que tienen que abandonar su jornada de descanso». Según apuntan desde el sindicato, cada fin de semana se tienen que amonestar en torno a 1.000 y 2.000 personas por incumplimiento de normativa covid.

«Todos los fines de semana tenemos que cerrar bares en la capital por no respetar la normativa, ya sea por la cantidad de aforo o por la distancia entre clientes», ha concluido.

Vox ha reclamado este martes a la Junta de Andalucía que acabe con lo que ha descrito como «el modelo intervencionista» de acogimiento familiar, pronunciamiento que ha formulado la diputada de Vox por Cádiz en el Parlamento de Andalucía, Ángela Mulas, tras mantener una reunión con la Asociación Márgenes y Vínculos en Algeciras (Cádiz) para abordar el acogimiento familiar y los menores agresores.

Mulas ha expuesto su compromiso de estudiar el modelo de acogimiento, ya que «estamos de acuerdo con lo que nos traslada esta asociación, la administración no puede mantener un modelo intervencionista, un modelo de acogimiento que tape la necesidad de intervención de los padres o tutores», según ha informado este partido por medio de una nota.

«Son los padres los que tienen el derecho y la obligación de educar a los valores que ellos crean convenientes», ha remachado la parlamentaria de Vox.

La diputada gaditana de Vox en el Parlamento de Andalucía ha explicado que «vamos a estudiar la propuesta de potenciar la prueba pre constituida en los juzgados de menores para evitar la revictimización de los mismos en los procedimientos judiciales».

«Cada vez esta prueba es más necesaria porque cada vez son más los casos en los que hay que intervenir al respecto en la zona del Campo de Gibraltar», ha argumentado la parlamentaria de Vox.

Mulas ha explicado que «es fundamental que en cuanto al acogimiento de menores prime el familiar sobre el residencial. También que los menores con conductas de trastorno sean atendidos por centros especializados para tratar estas conductas y que puedan controlarse de cara a la edad adulta, de tal manera que no se agraven».

La parlamentaria de Vox ha mostrado su interés en este campo y ha asegurado que «desde el Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía vamos a estudiar todas estas propuestas que nos han sido trasladadas y que son el espejo de lo que sucede a día de hoy en las calles, no sólo del Campo de Gibraltar, sino también de otros rincones de Andalucía, de tal manera que podamos llevarlas como iniciativas al Parlamento de Andalucía».

«Esta zona debe ser atendida con especial urgencia ya que cada vez la situación es más preocupante, el Gobierno de Juan Manuel Moreno debe dejar de ponerse de perfil, como está haciéndolo hasta ahora, y actuar de inmediato», ha sostenido Ángela Mulas.

El Gobierno Vasco ha afirmado compartir las conclusiones emitidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que acoge «como un revulsivo para acelerar» su estrategia Basque Green Deal. En esta línea, ha urgido al impulso de la generación de energías renovables en todas sus modalidades, así como a la aceleración de la electrificación del transporte, y ha pedido a la ciudadanía «pasar a la acción sostenible» en sus hábitos cotidianos.

En un comunicado, desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente han explicado que la advertencia de «cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto» no ha sido acogida «con sorpresa» por el Gobierno Vasco y «la comunicación mundial de la primera entrega del Sexto Informe de Evaluación (IE6) del IPCC ha servido para oficializar las señales que se iban vislumbrando».

Por ello, el Ejecutivo de Euskadi asume esta notificación «como un revulsivo para acelerar las estrategias marcadas desde hace décadas y actualizadas en la presente legislatura 2020-2024».

La Consejería ha destacado que precisamente una de las novedades que aporta el Sexto Informe de Evaluación es la incorporación de un análisis más detallado del cambio climático a nivel regional, un enfoque que el Gobierno Vasco ha acogido «gratamente», teniendo en cuenta «la apuesta regional que lidera Euskadi para apoyar la adaptación local y el papel de los gobiernos autonómicos en la lucha contra el cambio climático», entre otras, desde la presidencia de la red internacional de desarrollo sostenible Regions 4.

En esta necesidad de conocer el detalle regional e incluso municipal del estado de situación del cambio climático, el Gobierno Vasco ultima la versión actualizada del Informe Kosta Egoki y, según ha anunciado, en septiembre se presentarán los escenarios climáticos más detallados realizados a nivel de Euskadi.

En todo caso, ha destacado Euskadi es «pionera» en el Estado al disponer de «un visor de escenarios climáticos donde se puede ver toda la información actualizada y detallada en alta resolución». Asimismo, ha apuntado que el informe del IPCC está en línea con los trabajos que actualmente se desarrollan en Euskadi respecto a escenarios climáticos, con la apuesta por una transición energética y las diferentes herramientas en curso para la adaptación al Cambio Climático.

Según ha indicado, el informe evidencia la necesidad de contar con «objetivos ambiciosos» respecto al cambio climático, «así recogidos en el documento base para la elaboración de la futura Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, cuyo proyecto será aprobado a finales de este año 2021».

Euskadi ha reducido en los últimos quince años las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 27% y el reto de la estrategia vasca hace suyo el objetivo de la UE de conseguir «una economía de cero emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero en el horizonte 2050.

El consumo energético es actualmente responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que también «una gran parte de las soluciones a la crisis climática vienen de la mano de las actuaciones que en materia energética debemos desarrollar para afrontar el problema», han advertido desde el Ejecutivo.

Por esta razón, ha urgido al impulso de la generación de energías renovables en todas sus modalidades (fotovoltaico, eólico, biomasa, hidrógeno, etc) y dimensiones posibles («desde parques eólicos con generación de alta capacidad hasta instalaciones de autoconsumo de pequeña dimensión»), así como a la aceleración de la electrificación del transporte. También ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para «sumarse al compromiso con esta apuesta a través de las acciones diarias y cotidianas».

ESTRATEGIA Y AGENDA

Desde el Ejecutivo han subrayado que, «tal y como deduce el panel de expertos internacionales, se necesita definir un nuevo modelo de desarrollo que Euskadi ha asumido en el marco de su estrategia Basque Green Deal tras la adhesión el pasado mes de mayo al Pacto Verde Europeo».

Se trata de un modelo de desarrollo «inclusivo y sostenible» con cuatro palancas de actuación con la tecnología y la industria como motor de cambio, entre ellas, una centrada en la transición energética con energías renovables en convivencia con el entorno y los recursos naturales.

Una segunda palanca está dirigida a la movilidad sostenible, atendiendo a las necesidades de su electrificación con uso de energía renovable y soluciones alternativas al consumo de combustibles fósiles.

También se busca la implementación de procesos de producción industrial «cada vez más sostenibles y responsable con la gestión de los residuos, con nuevas soluciones de economía circular y bioeconomía en la que el desarrollo tecnológico de Euskadi juega un papel determinante».

Asimismo, Euskadi refuerza su apuesta por «una alimentación kilómetro 0 y de calidad», con especial cuidado en el «despilfarro alimentario», una estrategia en la que el primer sector y la industria de transformación alimentaria «convivirán en la colaboración y máximo respeto».

En palabras de los responsables de la Consejería, «en definitiva, el Basque Green Deal se erige como una estrategia global que servirá para fortalecer la competitividad de la estructura productiva, e integrar los criterios medioambientales en todas las políticas sectoriales, no como un condicionante, sino como un factor competitivo para crear valor, y contribuir a superar las amenazas del cambio climático en Euskadi».

Por otro lado, ha señalado que Euskadi dispone de «una hoja de ruta en la apuesta por la transición energética y el cambio climático que será especialmente intensificada este próximo otoño».

De este modo, se prevé aprobar en septiembre el primer Plan actualizado de Economía Circular y Bioeconomía y a finales de noviembre el Consejo de Gobierno dará luz verde al proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

«Conscientes de que hace falta capilaridad en estas políticas», del 24 de septiembre al 3 de octubre Euskadi vivirá la segunda edición de Asteklima, la Semana del Clima y la Energía coordinada por entidades públicas EVE e Ihobe.

La iniciativa estará «plagada de pequeñas acciones de ámbito local» para dar a conocer las diferentes actuaciones realizadas por agentes implicados en la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de concienciar y movilizar a la ciudadanía frente a la necesaria transición energética y climática.

Asimismo, Euskadi participará en noviembre en el COP 26 que se celebrará en Glasgow y acogerá un acto en el marco de la Pre – COP 26 que tendrá lugar el 30 de septiembre.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado «el compromiso real del cambio climático que está impulsando este Gobierno está siendo reconocido a nivel internacional». De hecho, ha señalado que «la Comisión Europea ha puesto de manifiesto en sus diferentes informes que España está acometiendo reformas estructurales que van a ser imprescindibles para preservar la biodiversidad y para hacer de las energías renovables la fuente energética que permita aportar un valor añadido al sector empresarial».

Durante su visita a Los Barrios (Cádiz), Montero ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que el Gobierno está «poniendo en marcha una serie de proyectos» gracias «al Plan de Recuperación de los 140.000 millones de euros que vienen desde Europa» con el objetivo de «que se preserve el medio ambiente».

Además, Montero ha añadido que el Plan de Recuperación llega «para que se produzcan todas las políticas desde esa mirada medioambientalista que permita combatir el incremento de temperaturas, así como alguna de las consecuencias que se han conocido en los informes internacionales, que hablan de cómo el planeta se va a comportar para la próxima década».

En lo que se refiere a las ampliaciones del aeropuerto de El Prat y de Barajas, Montero ha señalado que «tienen que ser absolutamente compatible con la preservación medioambiental y con el propio impacto que puedan tener esas infraestructuras en el conjunto de esos entornos», afirmando que «el corredor ferroviario de Algeciras-Bobadilla se encuentra en este momento en estudio de impacto medioambiental» porque «tiene que ser compatible con un planeta sano y con que todos contribuyan a proteger e intentar rectificar algunas de las conductas del pasado que pudieron ser agresivas contra ese medio ambiente».

Por último, la ministra ha recordado que las medidas del Gobierno «son hojas de ruta auténticas, ejemplo y referencia en el conjunto de Europa, para que se pueda hacer compatible el crecimiento económico, la generación de empleo y la preservación del medio ambiente».

Un total de 25 jóvenes de ocho comunidades autónomas participan en la ‘Frontera fortificada’, un campo de voluntariado que tiene como fin la recuperación de una serie de búnkeres pertenecientes a un centro de resistencia del franquismo desarrollado en la década de 1940 en el Pirineo navarro.

El vicepresidente del Gobierno Javier Remírez, la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud (INJ), Carlos Amatriain, han visitado este martes los búnkeres en las inmediaciones de Lesaka, acompañados por los participantes del campo.

Organizado por el INJ en colaboración con la dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, la ‘Frontera fortificada’ busca prospectar los alrededores de los búnkeres con el fin de localizar y catalogar otras estructuras relacionadas con este centro de resistencia del franquismo.

Asimismo, se ha limpiado un conjunto de barracones correspondientes al periodo de construcción de la carretera Lesaka-Oiartzun a través del túnel de Aritxulegi, que habrían servido para alojar a parte de los 1.756 presos que construyeron esta carretera entre 1939 y 1941, ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Estos dos organismos han colaborado en la organización de este tipo de actividades desde 2017. Así, se han llevado a cabo campos de voluntariado para la adecuación del Cementerio de las Botellas en Ezkaba (años 2017 y 2018), de localización y limpieza de algunas de las estructuras de la Línea P en Burguete en el año 2017, de rehabilitación de alguno de los barracones que alojaron a los prisioneros republicanos en Igal (2018), de recuperación y puesta en valor de las estructuras que conforman la fortificación franquista del Pirineo (blocaos) en Erratzu (dos tandas en el verano de 2019) y, finalmente, la recuperación del búnker del pico de Peña Rata, en Bera el año 2020.

Los participantes en la ‘Frontera fortificada’ provienen de Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Navarra. Además de las labores de recuperación y trabajo en el campo, el grupo ha desarrollado distintas actividades como una excursión a la cascada de Xorroxin, cineforum nocturno y visitas a la playa de Hendaia, a Pamplona, Irurita, Lesaka y Elizondo.

Tanto con el propio trabajo de exploración como con las actividades, el campo de voluntariado busca proporcionar a los participantes un espacio integrador, sin exclusiones, donde se trabajen valores como el conocimiento y convivencia entre iguales, el intercambio de experiencias, el trabajo en equipo, el desarrollo físico y emocional de los participantes y la asimilación de valores de paz, igualdad, solidaridad, ecología y respeto a todas las culturas.

El de Lesaka es uno de los seis campos de voluntariado juvenil que este verano impulsa el Instituto Navarro de la Juventud (INJ) en todo el territorio foral, ha destacado el Ejecutivo.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha puesto en valor «el alto grado compromiso con la sociedad y con el bien común mostrado por las y los 149 jóvenes participantes en los distintos campos de voluntariado que se desarrollan en Navarra a lo largo de este verano». Y ha destacado «el interés que han manifestado los participantes de este campo de Lesaka por conocer la historia y preservar la memoria porque conocer el pasado, es indispensable para avanzar hacia un futuro libre de violencia y hacia el fortalecimiento del sistema democrático».

PRESERVAR LA MEMORIA

En este campo, las personas participantes, de edades comprendidas entre los 15 y 17 años, trabajan en la limpieza, recuperación y documentación de una de estas fortalezas que controlan tanto las alturas que miran hacia Hendaia como la carretera que lleva hasta Oiartzun.

El trabajo se complementará con explicaciones sobre la construcción de todas estas fortificaciones, documentación de la época, nociones básicas del registro arqueológico y diferentes visitas, entre ellas a la carretera entre Lesaka y Oiartzun a través del alto de Aritxulegi.

Tal y como ha señalado la consejera Ana Ollo, «este camino fue construido por esclavos del franquismo, cuya memoria queremos visibilizar desde el Instituto Navarro de la Memoria con las generaciones más jóvenes».

«Los jóvenes deben conocer el terror y la barbarie que ocurrió en el pasado en Navarra con el fin de poder construir una sociedad que se asiente sobre valores de paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. La memoria es una herramienta de futuro indispensable para construir una sociedad más justa, más ética, más solidaria y más democrática», ha remarcado.

En este sentido, la consejera ha resaltado la importancia de recuperar esta obra inmensa «que sin embargo es casi desconocida en la actualidad, por lo que la recuperación y limpieza de algunas de estas estructuras por parte de los jóvenes nos hará avanzar en una transmisión generacional de la memoria que permite a las y los visitantes y habitantes de la zona acercarse a este pasado reciente, pero en muchos casos oculto».

Por su parte, Carlos Amatriain, director gerente del INJ, ha señalado el interés cultural e histórico que aporta este campo a sus participantes. «Desde el INJ queremos que los y las jóvenes tengan acceso a actividades culturales mezcladas con el ocio y el disfrute, todo ello en un entorno natural espectacular de nuestra Comunidad Foral», ha indicado.

Ha destacado, además, «el éxito de este y los otros cinco campos desarrollados este verano en Navarra», realizados «gracias al esfuerzo de todos» en cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19.

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha advertido del «deterioro» de la Comunidad foral durante estos dos años de legislatura que, ha remarcado, han estado marcados por el «pacto vergonzante» con EH Bildu que el PSN «quiere seguir reforzando en el futuro».

En una rueda de prensa, Esparza ha resumido la actual legislatura en «más Bildu y menos Navarra, más Sanchísmo y menos liderazgo, más deterioro y menos progreso». Y ha afirmado que el actual «deterioro» de la Comunidad foral se debe a la «falta de liderazgo» de María Chivite que «ha aceptado las imposiciones de EH Bildu y Geroa Bai para ser presidenta»; y también a su «seguidismo absoluto de Madrid».

«Se está conformando con lo que Pedro Sánchez nos quiera dar, sin exigirle ni defender Navarra», ha reprochado. «Chivite es una réplica de Pedro Sánchez y de sus políticas, por lo tanto es una réplica de su falta de credibilidad y de su sometimiento a los independentistas para ocupar el sillón», ha añadido.

Asimismo, ha señalado las «diferencias» entre los socios del Gobierno que «están frenando muchas iniciativas» como el decreto del euskera, el mapa local, la financiación de las entidades locales, el TAV o el Canal de Navarra, ha enumerado.

Por otro lado, ha criticado que el Gobierno foral y el PSN están «callados» ante «las injerencias del independentismo vasco y el centralismo de Madrid», poniendo como ejemplos «la invasión de nuestras competencias sanitarias» en el acuerdo del Comité Interterritorial de Salud del pasado mes de junio, el Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la temporalidad «que no respeta las competencias de Navarra», la legislación fiscal en materia de planes de pensiones, o el reparto de fondos ante los que «salimos perjudicados».

Además, ha afirmado que «hemos visto una presidenta humillada por el PNV, que se ha erigido como interlocutor válido a la hora de traspasar competencias como tráfico o el Ingreso Mínimo Vital».

Frente a ello, ha censurado la «soberbia» y la «falta de diálogo» del Ejecutivo foral. «No escuchan absolutamente nada, no buscan la colaboración con el principal partido de Navarra, han despreciado nuestras iniciativas y nuestra mano tendida», ha reprochado. En esta línea, ha afeado que «rechazó nuestra propuesta de aprobarle los Presupuestos de 2021» y de «darle estabilidad» hasta 2023 con la condición de que «no estuvieran las políticas radicales de EH Bildu», pero «no quiso».

Ha acusado al Gobierno, además, de apostar «claramente por el oscurantismo» para «dificultar nuestro trabajo» y ha resaltado que NA+ ha tenido que reiterar 209 peticiones de información porque el Ejecutivo «no quería contestar».

A pesar de ello, ha remarcado que «vamos seguir tendiendo la mano a este Gobierno; quedan dos años que son fundamentales para revertir esta situación». Al respecto, ha destacado que «si se separa de sus socios, si se separa de esa sumisión permanente a lo que diga Pedro Sánchez, si ponen en marcha de una vez políticas propias que defiendan los intereses de todos los navarros, si aprovecha el régimen foral para fortalecer Navarra; desde luego podrá contar con nosotros».

El portavoz de Navarra Suma ha asegurado que «son muchos los navarros que votaron al PSN pero que cada día se sienten más decepcionados, porque se sienten engañados y traicionados, y saben que somos la única alternativa a este actual Gobierno» y a sus «políticas nacionalistas».

«BLANQUEAMIENTO» DEL INDEPENDENTISMO VASCO

Javier Esparza ha advertido que el acuerdo del Gobierno de Navarra con EH Bildu supone «blanquear de forma permanente y diaria a EH Bildu», un partido que «sigue sin condenar los asesinatos de ETA», que «aplaude a los terroristas y los homenajea cuando salen de las cárcel» y que «no ha renunciado» a su objetivo de que «Navarra sea anexionada por Euskadi». Mismo objetivo que Geroa Bai, ha indicado Esparza, que ha destacado que 16 de los 30 escaños que apoyan al actual Ejecutivo foral «son independentistas y nacionalistas vascos».

Javier Esparza ha afirmado que, desde el inicio de la legislatura, el PSN está «echado al monte, con el único objetivo de tener la Presidencia del Gobierno» y que «mintieron a sus votantes». Y ha criticado que «alaba a EH Bildu un día sí y otro también» mientras realiza «críticas furibundas a Navarra Suma y UPN».

Ese blanqueamiento a EH Bildu está fortaleciendo al independentismo vasco», ha asegurado Esparza, que ha acusado al Gobierno foral de estar «regando con dinero público chiringuitos del nacionalismo vasco» al aumentar la inversión en Euskarabidea y las ayudas a los medios de comunicación en euskera y de mirar «para otro lado cuando en los colegios se manipula la realidad y se enseña una historia que es falsa de la realidad institucional de Navarra».

«DETERIORO» DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN NAVARRA

El portavoz de NA+ ha afirmado que los dos años del actual Ejecutivo foral se han traducido en una «macroestructura» que «nos cuesta casi 25 millones de euros más a todos los navarros», con «8.500 parados más que en 2019» y siendo los navarros «los españoles que más IRPF pagamos».

Y ha advertido del «deterioro de Navarra desde el punto de vista del atractivo para invertir y generar empleo, de buena parte de los servicios públicos, de derechos, en especial aquello que tiene que ver con la libertad para elegir el modelo educativo que quieres para tus hijos; y de valores éticos».

Un deterioro, ha recalcado, pese a unos presupuestos «expansivos» y el incremento de la estructura del Gobierno, a pesar de los cuales, ha criticado, «los ciudadanos no están recibiendo mejores servicios»

Si bien ha reconocido que no se puede ignorar el impacto de la pandemia, Esparza ha resaltado que «nos ha afectado a todos», por lo tanto «no es ninguna excusa». Asimismo, ha opinado que la crisis sanitaria «ha agudizado problemas que ya estaban y a los que el Gobierno no estaba sabiendo dar respuesta desde el inicio de la legislatura».

Al respecto, ha llamado la atención ante el «descontento» de profesionales y ciudadanía por la atención no presencial. Y ha destacado que «actualmente todavía el 60% consultas de Atencion Primaria no son presenciales».

Igualmente, ha criticado la «falta de médicos» en Atención Primaria y de pediatras, y ha afirmado que el 60% de niños de la Ribera no tienen un pediatra de referencia, cifra que asciende al 70% en Tudela.

Por su parte, ha destacado el «empeoramiento paulatino desde 2018» de la lista de espera para consultas, que ha aumentado en la actual legislatura un 67%. Así, ha asegurado que, a diciembre de 2020, «sólo cinco comunidades tiene un tiempo de espera para consulta peor que Navarra».

Entre otros datos, ha destacado el «suspenso» a la atención a la dependencia por parte del Observatorio de la Dependencia, que ha puntuado a Navarra en 2019 con un 3,6 y en 2020 con un 3,9, y ha resaltado que la tasa de pobreza ha aumentado un 3,4%.

Javier Esparza ha esperado que la firma del Plan de Empleo sea capaz de «revertir» la situación actual de desempleo en la Comunidad foral. Sin embargo, ha advertido que medidas como la ley de deslocalización o la política fiscal «lo único que hacen es ahuyentar a las empresas».

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha dado un ultimátum a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, para que presente cuanto antes una propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica: «O cambian ya el sistema de financiación o cambiaremos de ministra».

De este modo, Baldoví vuelve a apremiar a Montero a reformar el sistema de financiación autonómica después de que un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) haya vuelto a situar a la Comunidad Valenciana como la región peor financiada de toda España.

Además, esta nota de Fedea prevé un ligero un ligero descenso en los recursos del sistema de financiación autonómica en consonancia con unas estimaciones de renta que se mantienen «algo por debajo de los niveles prepandemia».

UNA PROPUESTA ANTES DE ACABAR EL AÑO

Por ello, Baldoví ha publicado un mensaje en Twitter, en el que se hace eco de las conclusiones de este informe y lanza un órdago a la ministra de Hacienda para que cambie cuanto antes el sistema de financiación autonómica.

Precisamente, el diputado valenciano pactó con los partidos del Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– una iniciativa en el Congreso en la que el Ministerio de Hacienda se comprometía a presentar una propuesta de la reforma del modelo de financiación autonómica antes de que finalizara este 2021.

En este contexto, la ministra Montero aseguró hace unas semanas que espera poder presentar a las CCAA las conclusiones respecto a los criterios para la reforma del modelo de financiación autonómica en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de que finalice el año 2021.

CS TAMBIÉN PIDE A XIMO PUIG QUE SE «PLANTE»

Por su parte, la portavoz de Cs en la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que «deje de obedecer» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y se plante para conseguir una financiación autonómica justa.

Denuncian su «falta de voluntad política para que exista una igualdad real entre todos los españoles» y ha tachado de insultante que el también líder del PSPV «se lamente constantemente» con la financiación e intente «disfrazar los números».

Ante el «hartazgo» de los valencianos, ha reprochado a los miembros del Consell que «en lugar de hablar de los problemas de la Comunidad, estén obsesionados con crear un enfrentamiento con la Comunidad de Madrid», en alusión al impuesto que sugirió Puig para las rentas altas y así compensar el efecto capitalidad.

PRESENTAR YA EL BORRADOR

También se ha pronunciado sobre este asunto la líder de Compromís y vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, que vuelto a urgir al Gobierno a poner encima de la mesa su propuesta de financiación autonómica justa para reformar el sistema actual y cumplir el mandato del Congreso de hacerlo antes de fin de año: «Solo hay un camino, que el Gobierno presente ya ese primer borrador».

«La voluntad y la sensibilidad se demuestra en euros», ha asegurado Oltra. Tras lamentar que se le «seca la boca» de mostrar su indignación, ha reiterado que la infrafinanciación es algo «perentorio» que el Gobierno debe arreglar y que los valencianos están «hartos de ser siempre los últimos» cuando tampoco quieren ser más que nadie.

Como comparación, ha indicado que la Comunitat recibiría 3.515 millones más si recibiera la financiación de Cantabria, lo que supone «un año y medio» del presupuesto de su departamento, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Es más, ha recordado que Cantabria es «una comunidad rica», por encima de la renta media de España, mientras la Comunidad está 12 puntos por debajo. «Entre otras cosas, porque la infrafinanciación sostenida durante décadas nos empobrece cada vez más», ha denunciado, para rechazar que continúe esta «injusticia» que provoca desigualdad de oportunidades según donde se viva.

PUNTO Y FINAL

Tras «siete años de retraso» desde que caducó el modelo actual, ha defendido que «llega un momento en el que hay que poner un punto y final a esta situación de injusticia y poner encima de la mesa una propuesta justa».

Y sobre la propuesta que lanzaron voces de su coalición como Fran Ferri de repetir la manifestación de 2017 contra la infrafinanciación, Oltra se ha limitado a afirmar que el Gobierno tiene que cumplir el mandato del Congreso porque «gobierna gracias al parlamento y el mandato del parlamento es sagrado».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado, sobre los indultos a políticos del ‘procés’, que «el Gobierno cree que se han ido dando los pasos conforme a la legalidad vigente», aunque ha matizado que no tiene «la posibilidad de anticipar cuál va a ser el comportamiento del Tribunal Supremo», por lo que ha pedido «que sea el Tribunal el que se pronuncie en este sentido».

En declaraciones a los periodistas en una visita a Los Barrios (Cádiz), la ministra ha afirmado que indultar «es una prerrogativa que le corresponde, en exclusiva, al Ejecutivo» y que el indulto a los políticos catalanes «está contribuyendo, y aún lo hará más en el futuro, al diálogo, al encuentro y a retomar los lazos afectivos con Cataluña» porque «España se construye intentando entenderse entre todos los pueblos y culturas que componen el Estado español».

En este sentido, Montero ha criticado «la confrontación y la pelea que algunos partidos políticos intentan instaurar desde el primer momento» y ha lamentado que «algunos partidos utilizan como plataforma comunidades autónomas para enfrentarse al Gobierno cuando, desde el primer día, el diálogo ha sido la clave de bóveda sobre la que el Ejecutivo ha puesto en marcha todas y cada una de esas iniciativas».

PIDE LA RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

Por otra parte, Montero ha exigido al PP «que proceda a la renovación de los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo».

Así, ha pedido la renovación «de todos los órganos que llevan más de dos años, que ya han caducado y que el PP no promueve su renovación en una suerte de objeción de conciencia constitucional porque cree que las mayorías que actualmente están vigentes le interesan más que una futura renovación».

Por todo ello, Montero le ha exigido al PP que «en vez de enrollarse en la bandera o en la Constitución cuando hay un motivo o cuando hay cualquier manifestación pública, cumpla desde la A a la Z con esa propia Constitución».