El Museo Guggenheim de Bilbao ha doblado en la primera semana de agosto de este año su cifra de visitantes respecto al mismo periodo del verano pasado, al alcanzar un total de 25.865 visitas frente a las 13.383 con las que cerró los siete primeros días de agosto de 2020. A su vez, el museo concluyó julio con 67.485 visitantes, por los 37.234 registrados en el mismo mes del año pasado.

Según datos de asistencia, el porcentaje de extranjeros representa ya desde el mes pasado más de la mitad de la afluencia total a la pinacoteca, ya que el 52% del total de visitas procedían de fuera del Estado. El promedio de visitantes extranjeros durante el mes de julio alcanzó el 57% del total, prácticamente seis de cada diez asistentes.

Por su origen, tanto en lo que va de agosto como en julio, Francia aportó la mayor presencia de turistas, con un 22% de franceses respecto al total de extranjeros, seguido de Holanda y Alemania, de donde proceden alrededor del 6% y de italianos, que representan el 2% de visitantes de fuera de España.

En este sentido, y dentro del turismo estatal, Madrid, con un 8,5 y Cataluña, con un 8%, respectivamente, arrojaron los mayores porcentajes de visitantes al cierre de julio pasado. Bizkaia aportó el mes pasado el 6,2% de los visitantes del museo.

Asimismo, respecto a junio de este año, durante julio la afluencia de visitantes al museo ha aumentado un 34% de un mes a otrom y la asistencia «se está viendo incrementada progresivamente de semana en semana», tal y como han confirmado fuentes del propio museo.

PROGRAMACIÓN

El museo expone en la actualidad las muestras, «Bilbao y la pintura», exposición que repasa la historia visual del Bilbao del siglo XIX y que se clausurará el próximo 29 de agosto; «Los locos años veinte», diseñada por Calixto Beito y hasta el 19 de septiembre, y «La línea del ingenio», centrada en obras de inspiración humorística y abierta hasta enero de 2021.

Junto a ellas, el visitante puede contemplar una selección de las obras maestras de su colección propia, con piezas de Andy Warhol, Chillida, Oteiza, Basquiat, Robert Rauschenberg o Cy Twombly, que cerrará sus puertas con el último día de 2021; y la fusión de vídeo, coreografía y escultura de la bonaerense Cecilia Bengolea «Animaciones de agua», instalada hasta el 24 de octubre en la sala Film&Video centrada en las artes visuales contemporáneas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado un acto en Lanzarote con motivo del centenario del escritor José Saramago para sacar pecho por los datos esperanzadores que se están produciendo, en particular en lo relativo a la vacunación y la economía, asegurando que incluso en los momentos más difíciles de la pandemia al Ejecutivo nunca le abandonaron sus fuerzas.

Sánchez, que se encuentra de vacaciones en la isla, ha reivindicado que Saramago es una «referencia» y que sirve de «inspiración a la hora de afrontar nuevos retos y decisiones» difíciles como las que ha habido que tomar durante la pandemia.

El presidente del Gobierno se ha remitido en concreto a la frese del escritor portugués «las energías vuelven siempre cuando las esperanzas vuelven» y que muchos compartieron en redes sociales durante la pandemia con el fin de animar a resistir «con los medios a nuestro alcance o creando otros nuevos».

En este punto, y en presencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha repasado varias de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar las consecuencias de la COVID-19 de las que el archipiélago, ha dicho, fue «objeto preferente». Así, ha citado los ERTE, pero también las ayudas directas y el apoyo extraordinario al sector turístico por 100 millones de euros, entre otros, para «reducir el desgarro» que está ocasionando la pandemia.

«Hoy no diríamos que nuestras energías vuelven, porque nunca nos abandonaron, ni tan siquiera en los momentos más difíciles y duros del confinamiento y la pandemia, pero sí podemos afirmar que crecen cada día más animadas por las esperanzas sólidas y fundadas», ha puntualizado.

En este sentido, ha resaltado que ya se ha superado el 60 por ciento de la población con la pauta completa de vacunación, agradeciendo a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, presente en el acto, y a las comunidades autónomas el esfuerzo, y ha celebrado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) haya autorizado el ensayo clínico de la vacuna fabricada por Hipra, el primero de una vacuna desarrollada en España.

Igualmente ha reivindicado los datos económicos y de creación de empleo que «nos acercan a los niveles previos» a la pandemia y que sitúan a España como «el país que más está creciendo» de su entorno.

HACEN FALTA REFERENCIAS COMO SARAMAGO

Por otra parte, Sánchez ha señalado que, con la conmemoración del centenario del nacimiento de Saramago, no se trata solo de recordar la obra del escritor portugués, sino de reivindicar su figura. «Porque todas las sociedades, sobre todo en momentos como los actuales, necesitan referencias y, en especial, referencias como José Saramago», ha defendido.

Frente la fama de «pesimista» que tenía Saramago, el presidente ha destacado que «era un hombre lleno de energía y de bondad, que es una señal indudable de esperanza». Por ello, considera que, más que ser un pesimista, el escritor sentía «impaciencia por llegar a ver una sociedad más libre y más cohesionada, construida sobre fundamentos profundamente humanos», y que «le llenaba de desasosiego e indignación» ver que ese avance «tardaba tanto en llegar».

«Estoy convencido de que entre todos y todas estamos dando pasos decisivos para hacer un poco más cierto aquel mundo de justicia, de igualdad y de progreso real que él soñaba y reclamaba; ese será, sin duda, el mejor homenaje que le podamos rendir» y «la forma más noble» de seguir teniéndolo presente «como un ejemplo constante de inspiración», ha declarado.

Asimismo, ha expresado el apoyo del Gobierno a las actividades que a partir de noviembre celebrarán el centenario del nacimiento del Nobel de Literatura y ha celebrado la reapertura de la biblioteca de Saramago en el municipio de Tías tras su cierre por la COVID-19, como señal de la recuperación de la actividad cultural y con ello de la «normalidad tan ansiada» por la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo , Francisco Fernández Marugán, ha enviado varias recomendaciones al Ministerio de Sanidad para mejorar el Certificado COVID UE y para asegurar que su uso como medida de prevención y control de la pandemia de COVID-19 «respeta la legislación y los derechos fundamentales».

Según explican a través de un comunicado, la Institución ha recibido a lo largo del último mes «un número elevado de quejas sobre incidencias vinculadas al certificado que emiten las autoridades españolas». Así, las quejas recibidas plantean dos situaciones que «ocasionan problemas y pueden acarrear dificultades y un trato desigual injustificado para desplazarse».

«Por un lado, el certificado de vacunación español no recoge clara y expresamente que las personas con una sola dosis, por haber superado la enfermedad, o con dos dosis de vacunas distintas, han recibido un ciclo completo de vacunación (según el criterio clínico y epidemiológico de las autoridades sanitarias españolas)», indican.

Por otro, lamentan que el Reglamento de la Unión Europea «no reconoce las pruebas de antígenos o las pruebas serológicas de anticuerpos para dar validez a un contagio y exige para poder certificar la recuperación en el certificado que el diagnóstico se haya hecho mediante una PCR».

Así, el Defensor explica que han llegado quejas de personas que han superado la COVID-19 y que no pueden obtener el certificado de recuperación, al haber superado la enfermedad bien en algún momento hace más de 180 días, bien en esos últimos seis meses, y haber sido esta diagnosticada únicamente con una prueba de antígenos, al estar así establecido en su servicio autonómico de salud, en aplicación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. «Incluso, en algunos casos, solo cuentan con diagnóstico clínico, dada la saturación de los servicios sanitarios en varios periodos durante el último año», insisten al respecto.

Para el Defensor, el impedimento para obtener el certificado en estos casos «puede conllevar un trato desigual para el ejercicio del derecho a la libre circulación de las personas afectadas por estas situaciones, máxime, cuando el objetivo de estos certificados es precisamente facilitar los desplazamientos».

Por todo ello, ha recomendado a Sanidad «adaptar el modelo de certificado de vacunación en España para indicar expresamente que el portador ha recibido un ciclo completo de vacunación, evitando así problemas de certificación para las personas recuperadas de la enfermedad a quienes solo se les administra una dosis de las vacunas bidosis y a las personas que han recibido la pauta mixta AstraZeneca/Pfizer».

Asimismo, la Institución también ha formulado una recomendación para «promover con la Comisión Europea la adaptación del Reglamento (UE) 2021/953, de forma que permita la obtención del certificado de recuperación a las personas que acrediten haber superado la enfermedad por cualquiera de los medios diagnósticos válidos y aceptados por la comunidad científica».

Entretanto, el Defensor pide que Sanidad «coordine con las comunidades autónomas la realización de pruebas diagnósticas PCR a todos los casos positivos mediante pruebas de antígenos, a fin de incorporar la información necesaria en el certificado COVID».

Por otra parte, a juicio de la Institución, la intención de varios gobiernos autonómicos de emplear el certificado Covid como condición de acceso a determinadas actividades o servicios (además de las restricciones de movilidad y libre circulación), entre sus medidas de prevención frente a la COVID-19, «puede intensificar los problemas descritos para estas personas». De hecho, varias órdenes autonómicas han recogido ya esta posibilidad, que está ahora bajo escrutinio de los tribunales de justicia.

En esta línea, ha recomendado a Sanidad que «coordine con las comunidades autónomas los usos de los certificados COVID, como medida para la prevención y control de la pandemia en España, para asegurar su adecuación a la legislación de salud pública y las debidas garantías de proporcionalidad y mínima afectación a los derechos fundamentales».

Los trabajadores de residencias de mayores, que rechacen la vacuna o que no hayan completado su vacunación, deberán realizase Pruebas de Detección de Infección Aguda (PDIA) mínimo dos veces por semana y se podrá valorar su cambio de puesto de trabajo.

Esta es una de las medidas recomendadas para las residencias de mayores que han sido actualizadas respecto a las del mes de marzo y que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha trasladado este miércoles al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), reunido de forma telemática en un Pleno extraordinario.

En este sentido, el departamento que dirige Darias ha explicado que aunque el número de casos y fallecimientos en los mayores residentes en centros socio-sanitarios ha descendido de forma considerable desde el mes de marzo de 2021, en el que se les terminó de vacunar, «en situaciones de alta transmisión comunitaria hay riesgo de que aparezcan casos, si no se toman las debidas precauciones».

De este modo, la ministra Darias ha informado del documento de recomendaciones aprobado por los técnicos de la Ponencia de Alertas, que se irá revisando por los responsables de Salud Pública de cada comunidad autónoma y que marcará las líneas generales de actuación.

En concreto, el documento defiende la necesidad de promover de forma activa la vacunación, identificar las causas que reducen el acceso o la aceptación de la misma y desarrollar estrategias para incrementar al máximo las coberturas, siempre con la participación de los centros.

También se insiste en garantizar que, trabajadores y visitantes, vacunados y no vacunados, mantengan las medidas de higiene y prevención, tales como el uso de mascarilla, higiene de manos y distancia de seguridad, así como la apropiada limpieza y desinfección de los centros y una ventilación adecuada.

Sin embargo, entre las recomendaciones concretas, destacan las referidas al personal trabajador no vacunado o que rechace la vacuna, a los que se propone realizar control de temperatura diaria y PDIA de forma regular (mínimo 2 veces por semana), como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención. También se podrá valorar su cambio de puesto de trabajo.

Respecto a los residentes vacunados o que hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses, en situaciones de alta transmisión comunitaria la comunidad autónoma valorará realizar PDIA a la salida y/o a la re-entrada en el centro tras ausencias prolongadas.

Los fallecidos por Covid-19 en las residencias de mayores españolas han aumentado de 36 a 71 en la última semana, según la última actualización de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), publicados el pasado 6 de agosto.

Por ello, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha reclamado la realización de un estudio inmunológico que pueda constatar el grado de inmunidad hacia la Covid-19 en las residencias para mayores, y una tercera dosis de vacunación, si fuese necesaria, ante el repunte de casos en estos centros.

VISITAS DE FAMILIARES

Respecto a las visitas de familiares, en situaciones de alta transmisión comunitaria, valora hacer recomendaciones por parte de la autoridad competente sobre el régimen de visitas y salidas en los centros residenciales; y otras circunstancias como la ubicación, su supervisión o no, el número de visitantes, o la organización y duración de las salidas.

Independientemente del status vacunal del visitante, estos mantendrán las medidas no farmacológicas de prevención de la transmisión. Mientras que, en situaciones de transmisión comunitaria baja y si los visitantes están vacunados, se podría valorar flexibilizar estas medidas.

Finalmente, los trabajadores que hayan recibido una pauta de vacunación completa y sean considerados como contacto estrecho estarán exentos de la cuarentena, tal como se recoge en la Estrategia de Detección precoz, Vigilancia y Control de COVID-19.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil de Utiel (Valencia) han investigado a un hombre de 32 años por un presunto delito de incendio forestal, en relación a un fuego declarado en el paraje de la Cabrera de Buñol que quemó 190.000 m2 de pino y monte bajo.

El incendio ocurrió el pasado mes de septiembre del 2020 y, al parecer, fue provocado por un cableado eléctrico que se encontraba dañado y produjo chispas sobre las vegetación del lugar, según ha explicado la Benemérita.

Tras el incendio, los efectivos del Seprona, conjuntamente con los Agentes Medioambientales del Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales de la Generalitat, llevaron a cabo las investigaciones para esclarecer las causas.

Fruto de las pesquisas, determinaron que las causas fueron las altas temperaturas en aquellas fechas y las chispas provocadas por esquirlas metálicas deformadas del cableado eléctrico sobre la vegetación seca.

Finalmente, las actuaciones culminaron con el esclarecimiento del incendio forestal y la investigación a un hombre, de nacionalidad española y 32 años, como supuesto autor de un delito de incendio forestal. Las diligencias han pasado a La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

PREVENIR INCENDIOS

La Guardia Civil de Valencia ha recordado, a tenor de este sucesos, los consejos para evitar incendios forestales. Pide a la población que, antes de una salida al campo, se asegure del nivel de emergencia de incendios forestales llamando al 112 para conocer el peligro existente. Además, recomienda circular con el vehículo por los caminos y pistas y aparca en dirección a la salida y en las zonas habilitadas, nunca fuera de caminos, ya que el calor del motor puede ser el origen de un incendio.

Igualmente, ha recordado que solo se puede hacer fuego en los lugares habilitados y autorizados, pero «aun así, es mejor acudir a los días de campo con la comida de casa» porque «cocinar en el campo siempre es un peligro».

También ha explicado que en Nivel de Preemergencia 3 está prohibido hacer cualquier tipo de fuego, incluso en paelleros habilitados. «Una negligencia así puede ser la causa de un incendio», ha advertido.

La Guardia Civil pide no abandonar en el medio natural ningún tipo de objeto como vasos, botellas, latas y que, si al abandonar el lugar los contenedores de basura o papeleras están llenos, las personas se lleven su basura para depositarla de camino a casa en un contenedor vacío, a fin de evitar la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

Además, ha recordado que no se debe tirar colillas de cigarrillos encendidos en ningún sitio. «El viento es el nexo de unión entre tu colilla y un incendio», ha remarcado.

Los asesores de José Luis Moreno advirtieron en reiteradas ocasiones que el productor de televisión estaba en una situación de «los límites de todo tipo» y que no pasaría una inspección de blanqueo de capitales, por lo que dos semanas antes de las detenciones intentaron reajustar alguna de las empresas en las que figuraba el ventrílocuo.

Así consta en una serie de conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía Judicial y que obran en un informe remitido en junio al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, a cargo de las pesquisas de la ‘Operación Titella’.

Dos semanas antes de que tuvieran lugar las detenciones, un fiscalista avisó a Beatriz Sánchez –encargada de gestionar la administración y contabilidad del ventrílocuo– que Moreno estaba «en la peor situación que puede estar». Según relatan los agentes, le explicó que en el supuesto de que hubiese una inspección, estaría en una situación «de los límites de todo tipo».

«SE VE QUE ES UN ENTRAMADO»

Los investigadores precisan que el fiscalista aseguró que Moreno recibía dinero en una cuenta que se dedicaba a «hacer pagos a otras empresas» y «aportaciones» a otras compañías. «Se ve que es un entramado y en el supuesto de una inspección entraría con toda la fuerza el tema de blanqueo de capitales», añadió para luego insistir en que «si a esta empresa le meten mano puede resultar que salte por los aires casi todo».

Según narran los agentes, el hombre continuó diciendo que el productor recibía «dinero sin justificación», que «hay cuentas muy elevadas directamente con él» y que deberían «cerrar» una de las empresas en las que figura.

En la llamada, la asistente reconoció que había «muchos ingresos de distinta gente que le ha prestado dinero» y que estaba «sin documentar nada».

Ese mismo día, consta en el informe otra llamada de Beatriz Sánchez con Cristina Muñoz, una de las asistentes del departamento contable detenidas en la trama. Muñoz dijo que también había hablado con el fiscalista y que este le dijo que «con el tema de blanqueo de capitales puede tener muchos problemas».

«DEBEN REAJUSTAR LA EMPRESA»

En esa conversación, la encargada de gestionar la administración y la contabilidad de Moreno señaló que consideraba que debían «reajustar» una de las empresas «para disolverla y liquidarla» y «crear otra distinta sin que tenga nada que ver». Según explicó, esa sociedad estaba «muy perjudicada» sobre todo por los préstamos y por cómo el productor había «guarreado» las cuentas.

Muñoz indicó que figuraban «préstamos de Antonio (Aguilera)», hombre con el que el ventrílocuo habría trabajado para financiar sus proyectos y que ingresó en prisión por haber participado en una presunta operación fraudulenta que se investigó en los juzgados de Madrid. Según los investigadores, Sánchez añadió: «Imagínate de dónde vienen, no pasaríamos el blanqueo de capitales».

En un oficio previo, fechado en enero, los agentes ya habían recogido otra conversación en la que Sánchez y otra de las empleadas de Moreno aseguraban que el productor «no aguantaría» una auditoría porque «ha podido mentir mucho con facturas, viajes y demás». Precisaron, además, que se habrían emitido facturas de «personal que no existía», haciendo creer que trabajan 100 personas cuando «solamente» estaban dos. «Si hicieran una auditoría sería gravísimo», dijeron.

«ORGANIZACIÓN CRIMINAL»

La Policía Judicial considera que «ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal» que «opera a nivel internacional» y cuya actividad delictiva se diversifica en «diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades».

La estructura de dicha organización, que opera desde 2017, estaría «dividida en células operativas y claramente jerarquizadas» en las que figura José Luis Moreno, quien «como persona pública muy reconocida prestaría su nombre como tarjeta de vista para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias». Los investigadores también señalan a Antonio Aguilera y Antonio Salazar, «con amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», que se encargaban de conseguir las sociedades y «maquillarlas».

El Papa ha manifestado «mucho dolor» por «el homicidio del padre Olivier Maire», el sacerdote asesinado el lunes por un perturbado mental de nacionalidad ruandesa que fue internado en un centro psiquiátrico después de la confesión voluntaria de su crimen a la Gendarmería. El hombre está vinculado con el incendio de la catedral de Nantes hace un año.

«Me enteré con gran dolor del asesinato del padre Olivier Maire. Envío mis condolencias a la comunidad religiosa de los monfortianos de Saintlaurent-sur-Sèvre, en Vendée, a su familia y a todos los católicos de Francia. Os aseguro mi participación y mi cercanía espiritual», ha dicho Francisco durante la audiencia general de este miércoles.

Las autoridades policiales no lo han catalogado como un acto terrorista, de hecho lo están investigando como «homicidio voluntario». El autor del crimen, un hombre de 40 años identificado como Emmanuel Abayisenga, es también sospechoso de haber provocado un incendio en la catedral de Nantes.

El padre Olivier era superior provincial de la Congregación de los Misioneros Monfortianos en Francia.

En la audiencia, antes de comenzar los saludos de despedida, el Papa realizó una llamada telefónica mediante un móvil que le acercó uno de sus ayudantes, si bien el Vaticano no ha revelado los detalles de dicha llamada.

PEREGRINOS SIN CERTIFICADO SANITARIO

El Papa ha celebrado la catequesis semanal en el Aula Pablo VI del Vaticano debido a las altas temperaturas de Roma. Para acceder a este acto en el Vaticano, las autoridades no han solicitado a los peregrinos el certificado sanitario, si bien se trata de una obligación en Italia para poder entrar a lugares cerrados, y también es necesario para visitar los Museos y Jardines vaticanos.

Tanto Francisco como el resto de empleados que trabajan y viven en el pequeño Estado pontificio ya han sido vacunadas ya tienen su certificado sanitario europeo, después de que el Vaticano llegase a un acuerdo con la Unión Europea para que reconociese la vacunación realizada a través de su propio sistema sanitario.

El Papa reprendió en agosto la mayor parte de su agenda pública, pero de momento no están previstas citas de alto nivel como las audiencias privadas a los jefes de Estado y de Gobierno o a los responsables eclesiásticos de los distintos países.

La Policía ha desalojado en la madrugada de este miércoles una fiesta ilegal que se celebraba en el interior de una casa en el zaragozano barrio de Casablanca, una fiesta cuyo organizador dio positivo por Covid hace una semana y debía estar en cuarentena.

Sobre las 3.20 horas de este miércoles se ha recibido una llamada en el CIMACC-091 en la que la propietaria de un inmueble manifestaba que había sido avisada por unos vecinos, ya que se estaba celebrando una fiesta en su casa y allí no debería de haber nadie.

De inmediato varias dotaciones se dirigieron hasta el lugar, comprobando que en el interior había un grupo numeroso de personas que excedía el máximo contemplado por la normativa vigente, sin mascarilla y sin guardar las distancias de seguridad.

Por tal motivo se solicitó la comparecencia en la puerta de acceso del organizador del evento, quien intentó eludir su responsabilidad mostrando a los agentes el DNI de otra persona, si bien enseguida se pudo comprobar que se trataba de un familiar de la legítima propietaria, que habría accedido a la vivienda sin su permiso, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Se da la circunstancia que el organizador de la fiesta, y familiar de la propietaria, debería de estar aislado en otro domicilio, ya que al parecer la semana pasada fue diagnosticado positivo por COVID.

A través del CIMACC-091 se volvió a contactar con la propietaria, quien de forma explícita autorizó a los policías actuantes el acceso a la vivienda para poder desalojar la fiesta.

Durante el desalojo se identificaron a trece personas, de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años de edad, siendo todos ellos propuestos para sanción por el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por la autoridad competente..

El alcalde de Irún, el socialista José Antonio Santano, junto con el delegado de Memoria Histórica, Santi Jimenez, y representantes de los grupos municipales de PSE, Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza/IU, PNV y EH Bildu, han participado este miércoles en un acto en memoria de los jóvenes fusilados en Pikoketa un 11 de agosto de 1936. Los representantes de la corporación han depositado un centro de flores en el panteón municipal donde descansan sus restos.

El Ayuntamiento irundarra, teniendo en cuenta la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, donde se recoge que cada víctima de la Guerra de 1936 y del Franquismo tiene derecho a un reconocimiento público, justicia y memoria, está obligado a «impulsar, realizar y facilitar» estos «compromisos memorialistas, adquiridos con la sociedad».

El Consistorio guipuzcoano ha recordado que, hace 85 años, las tropas fascistas del Coronel Beorlegui (Subcolumna de Los Arcos) fusilaron a nueve jóvenes voluntarios, entre ellos dos mujeres, y cuatro carabineros en la zona de Pikoketa (Oiartzun).

Aquel 11 de agosto de 1936, una pequeña guarnición de la Juventud Comunista de Irun, junto a varios carabineros, se encontraba apostada en las inmediaciones del caserío de Pikoketa, con armas cortas y una ametralladora. «Los milicianos combatientes allá presentes, tuvieron la desgracia de refugiarse dentro del caserío de Pikoketa, sin casi opción a huir. Solo Patxi Arocena y Alejandro Colina lograron huir, el primero corriendo monte abajo y el segundo, escondiéndose en un matorral próximo al caserío», ha relatado.

Una vez rendida la guarnición de Pikoketa y con las armas depositadas en el suelo, fueron ejecutadas Mertxe López Cotarelo (16 años), Pilar Valles Vicuña (18 años), José María Arruti Idiakez (18 años), Víctor Genua Montiano (25 años), Jesús López Casado (26 años), Agapito Domínguez Taguada (23 años), Bernardo Usabiaga Jauregui (17 años), Manuel Justo Alberdi (22 años), Miguel Jacinto López (49 años), Vicente Argote (46 años), Agustín Miguel Bermejo (39 años), Félix Luz Echeverria (27 años), y Ángel Braña López.

El Ayuntamiento irundarra ha explicado que en el año 1976, encabezados por Marcelo Usabiaga, hermano del fusilado Bernardo Usabiaga, comenzaron las primeras tareas de recuperación de los restos de los fusilados en Pikoketa. Una vez localizada la fosa donde fueron enterrados, el 28 de julio de 1978 se realizó la exhumación de los restos.

El día 2 de agosto se realizó un homenaje en la parroquia y, posteriormente, se trasladaron al cementerio de Blaia, donde los fusilados descansarían en un panteón cedido por el Consistorio. Desde entonces, todos los años se realizan varios homenajes (en verano y en otoño), tanto en el cementerio como en Pikoketa.

El Partido Popular ha denunciado el «desmantelamiento» de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y ha pedido la comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del ministro de Universidades, Manuel Castells.

Para los ‘populares’, desde el nombramiento de la actual rectora de la UIMP, Mª Luz Morán Calvo-Sotelo, las informaciones sobre su gestión académica y económica han puesto de manifiesto un «gravísimo deterioro» en la entidad.

Así, en un comunicado han sostenido que la «paralización» de actividades, las «numerosas denuncias» sobre los «problemas» en el diseño y ejecución de la programación de cursos de verano o los «conflictos» de personal hacen «imprescindible y urgente» que desde el Gobierno se informe en el Congreso sobre la situación de la UIMP y las previsiones del Ministerio para detener el «desmantelamiento» y recuperar su prestigio y proyección internacional.

Además, la diputada nacional por Cantabria, Elena Castillo, junto a las diputadas Sandra Moneo y Maria Jesús Moro, han presentado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones sobre la gestión académica de la institución.

Castillo ha explicado que el «detonante» ha sido la cancelación del seminario médico internacional ‘Terapias avanzadas para tratar enfermedades neurológicas’, de la Fundación Teófilo Hernando, que se iba a celebrar la semana del 26 al 30 de julio y que fue cancelado por la rectora una semana antes de la fecha prevista de inauguración «porque solo había una mujer entre los profesores».

Los ‘populares’ quieren saber si desde el Ministerio de Universidades han tenido noticias de esta cancelación y causa, en qué competencias se puede justificar esta decisión si se confirma que es esa la causa de cancelación, si el número de profesores intervinientes era un requisito para la aprobación y celebración del seminario o si el Ministerio la respalda, entre otras.

El Grupo Popular en el Congreso también quiere explicaciones sobre el cese a petición propia de la vicerrectora de Difusión e Intercambio Científico, Mar García Hernández, a mitad de temporada de los cursos de verano, momento de mayor actividad académica en la UIMP.

Según Castillo, este cese se suma a las noticias sobre las «deficiencias» en los servicios en la sede de la universidad en Santander tanto en la programación de los cursos de verano, «reducida drásticamente», como en la cancelación de cursos y seminarios, asuntos por los que también se han presentado preguntas.

«Estamos hablando de decisiones de última hora de la rectora motivadas en causas de dudosa justificación en una universidad pública seria que están determinando un importante desprestigio de la UIMP que no tiene precedentes desde su creación», ha dicho.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este miércoles la aprobación por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio e Sanidad, del primer ensayo en personas de una vacuna desarrollada en España contra la COVID-19, en concreto, la PHH-1V, de la compañía Hipra.

Acompañado de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto con motivo de la celebración del centenario del escritor José Saramago en la Biblioteca del escritor en ‘A Casa’, en Tías (Lanzarote), Sánchez ha resaltado la importancia de este paso para la ciencia española y esta empresa, que «ha contado con la colaboración y el asesoramiento del Gobierno para sacar adelante su proyecto».

Junto con esta buena noticia, Sánchez ha aplaudido el buen avance de la campaña de vacunación en España, donde ya se ha superado el 60 por ciento de población española con pauta completa, tras administrar «más de 59 millones de dosis». «Hay que tener en cuenta que empezamos a finales de diciembre del año pasado», ha valorado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez y Darias visitaron en abril la planta de Hipra para seguir de primera mano los avances en la investigación de la vacuna. La compañía espera que los ensayos clínicos culminen con éxito para iniciar la producción en octubre de este mismo año, con el objetivo de poner en marcha su comercialización a finales de 2021, sujeto a la obtención de las autorizaciones oportunas.

Según las proyecciones actuales de Hipra, está previsto que se produzcan 400 millones de dosis durante el año 2022. Para el 2023 se podrían alcanzar los 1.200 millones de dosis. Se conservará entre 2 y 8ºC, lo que facilitará su logística y distribución. Hipra también está llevando a cabo una línea de investigación en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona para el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 basada en el ARNm del virus.

DETALLES DEL ENSAYO CLÍNICO

El estudio aprobado hoy por la AEMPS es un ensayo fase I/IIa de escalada de dosis, aleatorizado, controlado y enmascarado (se administra la vacuna de Hipra o una vacuna autorizada enmascaradas, de manera que se impida su identificación tanto por el paciente como por el equipo investigador), que estudiará principalmente la seguridad y la tolerabilidad de esta vacuna, así como su inmunogenicidad y eficacia como objetivos secundarios.

Para ello se reclutarán varias decenas de voluntarios de centros hospitalarios que iniciarán, tan pronto como sea posible, el proceso para seleccionar a los voluntarios que cumplan con los criterios de inclusión especificados en su protocolo.

Esta vacuna está basada en dos proteínas recombinantes estructuralmente similares, una correspondiente a la variante alfa y otra correspondiente a la variante beta, que se unen formando una estructura única llamada dímero, y que se acompañan de un adyuvante que incrementa la respuesta inmunológica. Esta combinación es capaz de generar una respuesta inmunológica frente a una de las proteínas del virus SARS-CoV-2, conocida como proteína S (de spike, también llamada proteína espiga en español).

Esta plataforma es la misma que se ha utilizado para las vacunas de Novavax y Sanofi/GSK, que ya están en proceso de evaluación para su potencial autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Pero a diferencia de ellas, esta vacuna ‘española’ expresa proteínas de dos variantes distintas.

En el estudio se dividirá a los voluntarios en grupos (cohortes) y se empezará administrando la dosis más baja a la primera cohorte. Tras la evaluación por parte de un comité independiente de vigilancia de los datos de seguridad de estos participantes, se irán escalando a las dosis siguientes si no se han detectado problemas de seguridad. Sanidad explica que esta práctica, «habitual en este tipo de ensayos», está orientada a evaluar la dosis óptima de vacuna. Cada participante recibirá 2 inmunizaciones separadas por 21 días.

Durante todo el ensayo se llevará a cabo una monitorización estrecha de todos los voluntarios y una identificación de todos los casos de acontecimientos adversos y de infección por SARS-CoV-2 que se vayan produciendo. Esto permitirá llevar a cabo análisis preliminares con datos intermedios que permitan continuar avanzando en la investigación.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad puntualiza que «será necesario esperar a que el ensayo clínico haya finalizado para poder analizar todos los datos y extraer conclusiones finales».

«Estos ensayos clínicos forman parte de los requerimientos que deben llevar a cabo todas las vacunas en investigación para demostrar su calidad, seguridad y eficacia. Solo tras haber sido evaluados y si cumplen con los estándares regulatorios serán autorizadas para su comercialización», añaden al respecto.

La legislación española tanto en materia de salud como de seguridad en el trabajo no contempla la vacunación obligatoria, si bien no podría descartarse que un empresario lo solicite para sus empleados y un juez pudiera obligar a hacerlo en circunstancias muy concretas, según juristas.

Este asunto ha saltado al debate público en relación con la marcha de la campaña de vacunación, la cercanía de la vuelta al trabajo tras las vacaciones estivales y las informaciones que hablan de que algunas grandes empresas, como Google, obligarán a vacunarse a todos sus empleados.

La cuestión, según los expertos, se centra en un posible conflicto entre dos bienes jurídicos igualmente protegidos como son la salud pública y determinados derechos individuales constitucionalmente reconocidos, como son el derecho a la libertad, la intimidad o a la objeción de conciencia.

Las fuentes consultadas subrayan el principio de «autonomía de la voluntad» que establece la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, de la que se deduce que la regla general en nuestro país atiende a la no obligatoriedad de la vacunación, tampoco en el trabajo.

Teresa Ezquerra, abogada de Abencys, señala que más bien ocurre al contrario. Es decir, el empresario podría ofrecer a sus empleados la vacunación frente a enfermedades no asociadas al puesto de trabajo, siendo estos quienes acepten dicho ofrecimiento de manera voluntaria según se dispone en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Añade que, a falta de una legislación que actualmente imponga la obligatoriedad de la vacuna, entiende que en todo caso habrá de ser el empresario quién requiera judicialmente a sus empleados para que se vacunen, «y los jueces quienes den la solución, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto».

EL PRECEDENTE DEL SARAMPIÓN

Como precedentes, apunta la resolución adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada, de 24 de diciembre de 2010, por el que 35 niños fueron obligados, ante la negativa de sus padres, a vacunarse ante un brote de sarampión en un colegio

Tanto Ezquerra como otros juristas apuntan que, dada la actual situación provocada por la pandemia mundial, sin precedentes en la historia reciente, no sería descartable una modificación legislativa con el objetivo de establecer la obligatoriedad de la vacuna.

Apuntan en este sentido a lo impuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estado de alarma, excepción y sitio que establece que «la autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas».

También habría que tener en cuenta el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública que establece que «al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad».

DEBATE EN EL CONSTITUCIONAL

El debate sobre la obligatoriedad de la vacuna ya se encuentra sobre la mesa del Tribunal Constitucional (TC), que el pasado 23 de julio acordó mantener la suspensión del apartado de la Ley de Salud de Galicia que contemplaba la vacunación obligatoria de la población. En el auto se avanza que la medida puede suponer una «intervención corporal coactiva» ajena a la voluntad de los ciudadanos.

El precepto suspendido mientras el tribunal de garantías resuelve sobre el fondo es el número 5 del artículo 38.2 b) de la Ley impulsada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijoo, que faculta a las autoridades sanitarias autonómicas a imponer la vacunación obligatoria a la ciudadanía gallega, a fin de controlar las enfermedades infecciosas transmisibles –cualquiera, no sólo el covid-19– en situaciones de grave riesgo para la salud pública.

El auto que mantiene la suspensión, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, razona que la vacunación obligatoria no es una medida preventiva que aparezca expresamente contemplada en la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública.

Añade que supone una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano, que ha de someterse a la vacunación si se adopta esta medida, so pena de poder ser sancionado, en caso de negativa injustificada a vacunarse.

El TC razona por tanto, sin establecer aún una decisión final al respecto, que la obligación mencionada en la ley gallega supone una interferencia en las personas que afecta directamente al derecho garantizado por el artículo 15 de la Constitución.

Se trataría además de una medida irreversible y que se aparta de la actual Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19, acordada en el Consejo interterritorial del Sistema Nacional Salud, que establece la voluntariedad de la vacunación contra dicha enfermedad infecciosa.

Por ello, mientras se resuelve sobre el fondo el TC opta por mantener la suspensión, pues lo contrario sería susceptible de provocar perjuicios ciertos y efectivos que pueden resultar irreparables o de difícil reparación, en la medida en que la vacunación puede imponerse en contra de la voluntad del ciudadano.

Teruel Existe ha denunciado este miércoles que los cajeros multientidad siguen sin llegar a la ‘España Vaciada’, un año después de que el Senado aprobara una moción instando a su puesta en marcha.

Por ello, han registrado una pregunta al Gobierno para conocer las acciones que se han realizado a lo largo del último año para llevar a cabo la implantación de cajeros multientidad en las localidades que no tienen oficinas bancarias del medio rural.

El texto de la moción aprobada por el Senado incluía el compromiso de «la elaboración de un plan de desarrollo y despliegue de redes de cajeros multientidad que permitan a todos los ciudadanos del medio rural tener acceso a sus gestiones bancarias, sin que ello suponga un sobrecoste por operación para los usuarios».

Sin embargo, Teruel Existe ha denunciado que la pérdida de servicios bancarios se ha incrementado, lo que limita la calidad de vida de las zonas de menor densidad poblacional e incide negativamente en el objetivo de la vertebración territorial.

Es por ello que demandan al Gobierno que la implantación de cajeros multientidad en las poblaciones de la España Vaciada sea considerado «básico a la hora de trabajar los proyectos del Gobierno sobre el Reto Demográfico».

LAS DIPUTACIONES, POR LIBRE

En una nota, Teruel Existe asegura haber mantenido contactos con diferentes empresas y entidades financieras que estarían dispuestas a ofrecer este servicio en la provincia, aunque señalan que no han encontrado la receptividad necesaria por parte de las administraciones competentes.

Ante esta situación, hay diputaciones provinciales que han tomado la decisión de poner en marcha iniciativas propias para hacer frente a la exclusión financiera, con proyectos en la línea de las propuestas de la moción aprobada en septiembre de 2020.

Así, algunas diputaciones han firmado convenios con entidades financieras y otras utilizan la fórmula de la licitación pública de contratos con entidades dispuestas a ofrecer este servicio. Además, han invitado a las entidades locales interesadas a colaborar con la propuesta con aspectos como la cesión de espacios públicos, la conexión a internet o la toma de corriente eléctrica.

EL CONVENIO CON CORREOS «SE QUEDA CORTO»

Por su parte, el Gobierno de Aragón anunció la firma de un convenio con Correos en el que se recoge la valoración de la «instalación de cajeros en localidades que no disponen de oficinas bancarias».

Pero Teruel Existe considera que esta medida «se queda corta» si solo llega a las localidades donde se dispone de «un punto de atención de Correos», puesto que el problema se mantendría en los municipios más pequeños que son los que más sufren la pérdida de servicios y donde se encuentra la población más envejecida y con mayores dificultades para trasladarse a las poblaciones vecinas para realizar las operaciones bancarias básicas.

La plataforma turolense recuerda el último informe del Banco de España que cifra en 1,3 millones los españoles que se encuentran en situación vulnerable tras la pérdida de la mitad de oficinas bancarias y la reducción del 20% del total de cajeros automáticos. Según esos datos, 145 poblaciones de Teruel no cuentan con oficina bancaria ni cajero, lo que afecta a 13.237 turolenses. De este modo, solo se contabilizan 305 puntos de acceso a efectivo instalados en 91 municipios.

El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior están monitorizando de manera específica desde este miércoles el episodio de altas temperaturas que, hasta el próximo domingo, ha elevado a extremo o muy alto el riesgo de incendio en amplias zonas del país.

Este seguimiento de la situación permitirá adoptar las medidas que en cada momento sean necesarias, incluida la eventual activación de la Fase 2 (pre-emergencia nacional) del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

En su caso, el CENEM, en contacto permanente con las delegaciones del Gobierno y con los centros de emergencias (112) de las comunidades autónomas, coordinará una rápida movilización de los medios estatales de prevención y extinción de incendios que sean necesarios.

Todos los dispositivos del Estado están preparados para actuar en cuanto sea necesario y el CENEM mantiene también contacto continuo con el Centro Europeo de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (ERCC).

Este martes, la Unidad de Valoración de Riesgos, presidida por el director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Leonardo Marcos, se reunió para valorar las predicciones de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), que alerta de que a partir de este miércoles, y hasta el próximo domingo 15 de agosto incluido, la irrupción continuada sobre la Península y Baleares de una masa de aire muy cálida desde el norte de África provocará un episodio de altas temperaturas y tormentas secas.

Esta confluencia de factores eleva el índice de riesgo de incendios forestales para las próximas 48 horas a extremo y muy alto en prácticamente todo el territorio nacional, excepto en la cornisa cantábrica y las zonas costeras de Galicia.

A la Unidad de Valoración de Riesgos asistieron responsables del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno; de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO); de la AEMET, dependiente del mismo ministerio, y de la Unidad Militar de Emergencias (UME, Ministerio de Defensa).

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS

En el encuentro se revisaron también los mecanismos de seguimiento, alerta y actuación previstos en cada caso y constatar que todos los dispositivos del Estado están preparados y a disposición de las comunidades autónomas para actuar en cuanto sea necesario.

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación informó de que todo el dispositivo de extinción del MITECO previsto para la presente campaña está dispuesto, el sistema de alertas de incendios forestales está operativo y los técnicos especialistas en incendios están alertados y disponibles.

Este dispositivo incluye las diez Brigadas de Lucha contra Incendios Forestales (BRIF) y 69 medios aéreos: 18 aviones anfibios Cl-215T y CL-415, cuatro helicópteros de vigilancia, ocho helicópteros bombarderos Kamov, 10 aviones de carga en tierra AT-802, seis aviones anfibios AT-802FB, 19 helicópteros medios de transporte de brigadas y cuatro aviones de coordinación y observación (ACO), medios aéreos que son operados por personal del 43 Grupo del Ejército del Aire.

La Unidad Militar de Emergencias, por su parte, confirmó su total disponibilidad en caso de ser necesaria su movilización. Son 1.400 efectivos en intervenciones de ataque directo al fuego y otros 1.500 en funciones de apoyo logístico, junto a los correspondientes medios materiales, tanto terrestres como aéreos.

Este dispositivo estatal se completa con las tareas de vigilancia, prevención e investigación que realizan Policía Nacional y Guardia Civil, así como con la Dirección General de Tráfico, que pone a disposición sus paneles de información y su canal radiofónico para difundir mensajes sobre el riesgo de incendios, entre otras actuaciones.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho alusión en su cuenta de Twitter a la ola de calor y a sus consecuencias: «Muchas zonas de España alcanzarán desde hoy temperaturas superiores a 40° y hay alto riesgo de incendios. Seamos prudentes, por nuestra salud, y sigamos las indicaciones de Sanidad, Protección Civil y de las FCSE, que estos días trabajarán para protegernos ante la #OlaDeCalor».

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha insistido este miércoles en que su posición y la de Compromís sobre la ampliación del puerto de València «está muy clara», tras el reciente informe de expertos internacionales en cambio climático en el que rechazan las ampliaciones aeroportuarias o portuarias.

«Quien no quiera darse cuenta está en la negación o no lo quiere ver, vale para los puertos y para los aeropuertos», ha recalcado sobre la posición del gobierno valenciano, que también integran PSPV y Unides Podem, en relación a la ampliación del Puerto. Este proyecto cuenta con una declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada en 2007 y ha sufrido modificaciones desde entonces.

Oltra, a preguntas de los periodistas, ha indicado que desconoce si se abrirá un «foro de debate» en el seno del Botànic y que tiene «muy clara» la postura de cada partido, recordando que hace unos días publicó un articulo de opinión en ‘eldiariocv.es’ en el que se preguntaba cuál es el objetivo de «bien común» que justifique el gasto de dinero público en la ampliación de Valenciaport.

Ha hecho así hincapié en las conclusiones del sexto Informe de Evaluación sobre Cambio Climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que han saltado a las portadas de «diarios internacionales» y «alertan muy gravemente que a lo mejor hemos llegado a un punto de no retorno en muchos aspectos».

«Nos tenemos que afanar mucho en las políticas de lucha climática porque a la gente joven le va la vida», ha reivindicado, y ha garantizado que ella luchará para que «la gente que ahora está naciendo y la que nacerá pueda tener viabilidad en este planeta».

Sobre la posición de los socialistas, la también líder de Compromís ha hecho notar que la desconoce porque no ha escuchado «una postura clara ni escrita», mientras la de su coalición es «responsable con las generaciones presentes y futuras».

Es más, ha recordado que el cambio climático no es a largo plazo y que ya hay «gente muerta» por ello en Alemania y Canadá o en los incendios del sur de Europa. «Si no queremos darnos cuenta y actuamos en consecuencia lo tendremos muy difícil», ha advertido.

AEROPUERTO DE EL PRAT: «NO SÉ EN QUÉ MUNDO VIVEN»

Y ha rechazado, por todo ello, la afirmación que escribió en Twitter el diputado de Junts Joan Canadell de que la inversión proyectada por Gobierno y Catalunya para la ampliación del aeropuerto de El Prat «quedará amortizada» antes de que se inunde por la subida del nivel del mar. «Te quedas de pasta de boniato (…) No sé en que mundo viven, a lo mejor quieren llenarse los bolsillos y correr. No es moral ni ético, es indecente y ya está», ha rematado Oltra.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha desestimado los recursos interpuestos por la Fiscalía y la defensa del menor condenado por homicidio doloso con agravante de parentesco por matar a su madre en julio de 2020 en el núcleo lepero de La Antilla (Huelva).

La resolución judicial confirma la sentencia dictada en abril por el Juzgado de Menores, que le imponía al joven seis años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental, complementada con tres años de libertad vigilada con asistencia educativa.

Según recoge la sentencia de apelación, la defensa del menor solicitaba la revocación de la sentencia del Juzgado de Menores y pedía su absolución del delito de homicidio doloso y que «subsidiariamente se establezca la medida de internamiento» en el mismo centro en el que había cumplido la medida cautelar como interno «por plazo de un año» como «autor de un delito de homicidio imprudente».

Igualmente, la defensa considera que «no ha quedado suficientemente acreditada cuál fue la causa exacta del fallecimiento de la madre del menor», por lo que añade que «subsidiariamente, al no existir dolo específico del homicidio imputado al expedientado, su responsabilidad lo sería como autor de un delito de homicidio imprudente».

Ante esto, la Audiencia Provincial señala que comparte la conclusión de la sentencia de Instancia de que «examinadas las manifestaciones» y «valorando la prueba en su conjunto, los hechos ocurrieron tal y como han sido declarados probados».

«La realidad de los hechos probados ha quedado debidamente justificada con la prueba practicada. La juzgadora ha valorado los testimonios prestados a su presencia con todas las garantías procesales y las ventajas que para su apreciación presenta el respeto a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, siendo estas declaraciones apreciadas según las reglas del criterio racional, poniendo esos testimonios en relación con otros datos objetivos como el informe de autopsia», señala el escrito.

Asimismo, mantiene que, en relación con la casa del fallecimiento, «ha de concluirse, tal y como hace la magistrada a quo, que la causa de la muerte fue por una asfixia mecánica por estrangulamiento». Así lo considera acreditado a la vista del informe de autopsia en el que se determina «que nos encontramos ante una muerte de naturaleza violenta».

En este sentido, añade que «a la vista de la mecánica del homicidio» y tras la exposición de los forenses que realizaron el informe psicológico, se concluye que «inicialmente efectuada la presión durante 15 o 20 segundos comienza a convulsionar y si persiste la presión ya no recupera, lo que es incompatible con cualquier resultado no querido por el autor».

Por tanto, añade, «el menor se tuvo necesariamente que representar el resultado mortal que con su conducta se podría provocar, al menos a título de dolo eventual».

Además, considera la Audiencia Provincial que en el caso de la aplicación de agravante por parentesco «el presente caso no ofrece duda a su aplicación» ya que «el delito se produce dentro de una convivencia entre ambos».

Con respecto a la situación psicológica del menor, la sentencia recoge que «la reacción del joven fue absolutamente desproporcionada con el hecho motivador que él mismo ha descrito» y que «el modo en el que le produjo la muerte, medio que requiere una acción mantenida en el tiempo, resulta incompatible tanto con la circunstancia de trastorno mental transitorio como con la de arrebato u obcecación».

En este sentido, subraya que «el estado de frialdad y tranquilidad que mostró con posterioridad a los hechos, se comparte la conclusión alcanzada con la juzgadora de Instancia en el sentido de que no queda acreditada la concurrencia ni de la eximente completa, ni de la incompleta, ni de la atenuante».

En cuanto al motivo de recurso referido a la inaplicación de la circunstancia atenuante de confesión completa «en vez de la aplicación analógica que se realiza en la sentencia», la Audiencia la ha analizado junto con el expuesto por el Ministerio Fiscal, que considera que «no procede su aplicación ni siquiera como analógica», y señala en sus conclusiones que desestima ambos motivos «entendiendo que se ha aplicado correctamente la atenuante analógica de confesión».

Finalmente, y con respecto a la discrepancia tanto del Ministerio Fiscal como de la defensa del menor sobre la medida impuesta –la Fiscalía solicitaba ocho años de internamiento cerrado con tratamiento ambulatorio y cinco de libertad vigilada y la defensa una medida menor–, el Tribunal de la Audiencia considera que «la medida impuesta es perfectamente ajustada a derecho, imponiéndose la de acuerdo con la gravedad de los hechos enjuiciados y las circunstancias del menor».

Por todo ello, ha desestimado ambos recursos contra la sentencia del Juzgado de Menores, confirmando la resolución y ha declarado de oficio las costas de la alzada.

Los ministerios de Exteriores, Defensa e Interior están ultimando un plan para dar una solución a los traductores afganos que asistieron a las tropas españolas en Afganistán en los últimos años y que ahora temen por sus vidas ante el inexorable avance de los talibán en los últimos días, en los que se han hecho con el control de varias capitales de provincia.

Fuentes diplomáticas han explicado que los tres departamentos están trabajando en un plan para poder ayudar a estas personas, lo que incluiría su traslado a España, pero han evitado dar más detalles sobre el mismo, y las circunstancias en que se produciría, hasta que no se haya concretado por motivos de seguridad.

Tampoco han querido hablar del número de traductores que podrían beneficiarse de este traslado a España, cuyos términos concretos y fórmula está estudiando Interior, toda vez que hay que llevar a cabo las pertinentes comprobaciones e identificaciones y que aún no está claro si algunos de ellos vendrían junto con sus familias.

Según ‘El Confidencial‘, desde 2014 han solicitado ayuda a España un total de 122 traductores españoles, de los que 24 han llegado al país y otros 38 recibieron ayuda económica. Los 50 restantes no recibieron ningún tipo de ayuda por no cumplir con los requisitos exigidos. Actualmente, habría pues unos 88 traductores que requerirían ayuda –los que recibieron dinero y los que vieron denegada su solicitud–.

SE AVANZA LO MÁS RÁPIDO POSIBLE

Así las cosas, las fuentes consultadas aseguran que «se está avanzando todo lo rápido que se puede», sobre todo en el aspecto logístico del plan dado el rápido deterioro de la situación de seguridad que se está produciendo en Afganistán y la complejidad de la operación que se llevaría a cabo.

No obstante, por el momento las fuentes descartan hablar de posibles plazos, incidiendo en que España se encuentra en la misma fase en cuanto a los planes para ayudar a los intérpretes afganos que otros países de la UE que también tuvieron tropas destacadas en el país.

España completó en mayo la retirada de las tropas que tenía desplegadas en Afganistán en el marco de la operación ‘Apoyo Decidido’ de la OTAN después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara el pasado abril que las tropas de Estados Unidos abandonarían el país asiático antes del 11 de septiembre coincidiendo con el 20 aniversario de los atentados perpetrados por Al Qaeda.

En las últimas semanas, los talibán, que firmaron un acuerdo de paz con Estados Unidos en febrero de 2020 que preveía la salida de las tropas estadounidenses a cambio de que el país no sirviera de refugio a grupos terroristas, han lanzado una ofensiva militar que les ha llevado a hacerse con el control de buena parte del territorio pese a que a priori están inmersos en conversaciones de paz con el Gobierno que preside Ashraf Ghani.

EXTERIORES RECOMIENDA SALIR DE AFGANISTÁN

Así las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha actualizado sus recomendaciones de viaje para Afganistán, desaconsejando los desplazamientos al país «bajo ninguna circunstancia» y recomendando a los españoles que actualmente estén allí que «lo abandonen a la brevedad posible haciendo uso de los vuelos comerciales actualmente disponibles».

A quienes permanezcan en el país, Exteriores les aconseja mantenerse «alejado de las zonas afectadas, extremar las precauciones y mantenerse informado de la evolución de los acontecimientos, siguiendo los canales de información y las indicaciones de las autoridades locales».

Asimismo, les pide que mantengan contacto frecuente con la Embajada española en Kabul y que comuniquen «desplazamientos y la salida definitiva del país». También les solicita que se inscriban en el Registro de Matrícula Consular de la Embajada y comuniquen su lugar de residencia en Afganistán, datos de contacto y sus cambios.

Desde el departamento que dirige José Manuel Albares se recuerda que «existe un serio riesgo en todo el país de que se produzcan atentados y secuestros». Además, en la situación actual, se incide, pueden producirse «ataques con bombas y ataques suicidas, especialmente en lugares públicos, edificios gubernamentales, sedes de organizaciones internacionales y de ONG y hoteles».