El Gobierno no contempla por el momento la evacuación de su Embajada en Kabul ante el inexorable avance de los talibán en su ofensiva contra el Gobierno afgano y, de hecho, está a la espera de que el nuevo jefe de la misión, Ricardo Losa, pueda asumir su puesto en las próximas semanas.

En las últimas horas, un alto cargo estadounidense ha indicado que los talibán podrían tomar Kabul en los próximos 90 días, mientras que la capital afgana podría quedar aislada entre los próximos 30 y 60 días, según ha precisado otro en base a las evaluaciones de Inteligencia.

Por otra parte, el Departamento de Estado ha confirmado este jueves que va a reducir el personal de su Embajada en Kabul en las próximas semanas, según informa la cadena CBS. Por su parte, el pentágono tiene previsto enviar unos 3.000 efectivos para llevar a cabo este proceso, según este mismo medio. Además, Estados Unidos ha vuelto a pedir hoy a sus ciudadanos que abandonen el país.

Así, las fuentes de Exteriores consultadas han señalado que todas las embajadas cuentan con un plan de contingencia y evacuación que se va actualizando en función de los acontecimientos y que podría activarse llegado el caso, algo que por el momento no se contempla.

No obstante, las fuentes han explicado que se sigue con atención la evolución de la situación en Afganistán y que, llegado el caso, dicho Plan de Contingencia podría activarse de forma inmediata para proceder a la evacuación de la Embajada. Asimismo, han asegurado que no descartan ninguna posibilidad y que están preparados para actuar «en función de la situación».

Además, está previsto que el nuevo embajador, al que nombró el Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto, llegue a Afganistán en las próximas semanas para ocupar su puesto. Mientras esto ocurre, y para evitar un «vacío», ha resaltado las fuentes, se ha pedido al embajador saliente, Gabriel Ferrán, que permanezca en la Embajada.

Actualmente en la delegación diplomática española –objeto de un ataque de los talibán en diciembre de 2015 en el que murieron diez personas, entre ellos dos policías españoles– se encuentran el embajador, la segunda jefatura y el personal de las fuerzas de seguridad, mientras que el resto son trabajadores locales afganos.

La situación de seguridad en Afganistán es muy fluida. Los talibán se han hecho en unos días con el control de once capitales de provincia, la última de ellas Heart. La ciudad, una de las más importantes del país, acogió precisamente a un contingente español que completó su misión en octubre de 2015.

EXTERIORES RECOMIENDA SALIR DE AFGANISTÁN

En esta clave, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha actualizado sus recomendaciones de viaje para Afganistán, desaconsejando los desplazamientos al país «bajo ninguna circunstancia» y recomendando a los españoles que actualmente estén allí que «lo abandonen a la brevedad posible haciendo uso de los vuelos comerciales actualmente disponibles».

A quienes permanezcan en el país, Exteriores les aconseja mantenerse «alejado de las zonas afectadas, extremar las precauciones y mantenerse informado de la evolución de los acontecimientos, siguiendo los canales de información y las indicaciones de las autoridades locales».

Asimismo, les pide que mantengan contacto frecuente con la Embajada española en Kabul y que comuniquen «desplazamientos y la salida definitiva del país». También les solicita que se inscriban en el Registro de Matrícula Consular de la Embajada y comuniquen su lugar de residencia en Afganistán, datos de contacto y sus cambios.

Desde el departamento que dirige José Manuel Albares se recuerda que «existe un serio riesgo en todo el país de que se produzcan atentados y secuestros». Además, en la situación actual, se incide, pueden producirse «ataques con bombas y ataques suicidas, especialmente en lugares públicos, edificios gubernamentales, sedes de organizaciones internacionales y de ONG y hoteles».

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha remitido al Congreso y al Senado su informe anual, en el que se detallan las actividades desarrolladas por el organismo el pasado año y en el que se pone de manifiesto el correcto comportamiento de las instalaciones reguladas en 2020.

En el documento, el organismo se recoge como, tras la declaración del estado de alarma por el Covid-19, el CSN adaptó su actividad para dar continuidad al desempeño de sus funciones y preservar así la seguridad nuclear y la protección radiológica de las instalaciones en materia de su competencia.

Entre las principales actividades llevadas a cabo en 2020, en el ámbito estratégico-organizativo el Consejo señala la aprobación del Plan Estratégico del organismo para el periodo 2020-2025.

A este respecto, explica, se ha iniciado la puesta en marcha de tres proyectos estratégicos de destacable relevancia para el Consejo: la evaluación de cultura de seguridad del CSN, el desarrollo e implantación de una metodológica de aproximación sistemática en la formación, y el desarrollo de un plan de transformación digital del organismo.

RENOVACIONES

En el ámbito de la seguridad nuclear, destaca el informe favorable del CSN a las renovaciones de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares Almaraz (Cáceres) y Vandellós II (Tarragona), así como la puesta en marcha en el parque nuclear español de planes de prevención y contingencia en relación con la respuesta a la situación de crisis sanitaria.

Tal y como indica el CSN, estos posibilitaron el correcto funcionamiento que, de manera general, han presentado las instalaciones nucleares y radiactivas en España, operando de forma segura y garantizando la protección radiológica de los trabajadores, la población y el medio ambiente.

En relación a la protección radiológica, el Consejo señala de «especial interés» la puesta en marcha d la instalación de protonterapia en la Clínica de la Universidad de Navarra en Madrid; el inicio de la evaluación de la solicitud para la autorización de la primera fase del desmantelamiento de la central Santa María de Garoña (Burgos); así como la colaboración establecida con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para elaborar el Real Decreto sobre control y recuperación de fuentes radiactivas huérfanas.

RELACIONES INSTITUCIONALES

El informe se refiere además a las relaciones institucionales que, según detalla el texto, estuvieron marcadas por la pandemia. Sin embargo, el CSN indica que mantuvo sus relaciones con el Parlamento procediendo a enviar los informes surgidos de las resoluciones periódicas. Del mismo modo, se mantuvieron las relaciones con las comunidades autónomas a través de las comisiones mixtas de seguimiento y de forma telemática.

En este sentido, han recordado que se firmaron convenios con varias de ellas y se dio luz verde al acuerdo con la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y de almacenes de residuos radiactivos (AMAC).

En el ámbito de las relaciones internacionales, el CSN destaca que el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG) aprobó la realización de la segunda revisión temática para la seguridad (Topical Peer Review, TPR) que se centrará en la protección contra incendios en instalaciones nucleares. Asimismo, progresaron los proyectos de asistencia técnica al amparo del Instrumento de Cooperación en Seguridad Nuclear de la Comisión Europea, con especial mención al proyecto con Marruecos.

En el caso del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO) se aprobó el inicio de una nueva actividad sobre la resiliencia de instalaciones nucleares y radiactivas en condiciones de pandemia.

PRIORIZAR LA INFORMACIÓN

Finalmente, el CSN muestra en el informe su prioridad en lo que tiene que ver con informar sobre sus actividades, tanto para facilitar la labor de control del Parlamento, como para acercar dicha información al público en general.

En este sentido, y en aras de una mayor transparencia, a pesar de los inconvenientes creados por la situación sanitaria, el organismo destaca que incrementó en 2020 su nivel de información, publicando una noticia cada dos días y aumentando la actividad de las redes sociales en las que está presente.

También señala que durante el año pasado se atendieron más de 1.700 consultas del buzón de comunicaciones (un 9,86% más que el año anterior) y se puso en marcha un boletín interno para facilitar la comunicación con los empleados en modo de trabajo remoto.

La organización WWF ha señalado este jueves que el futuro Plan Hidrológico del Guadalquivir 2021-2027, «no asegura la conservación de los recursos hídricos de Doñana (Huelva), al destinar solo un 11 por ciento de los 448 millones presupuestados a resolver los problemas de los ríos y acuíferos que alimentan a este humedal».

Así lo ha indicado la organización en una nota de prensa, en el 52 aniversario de la creación del Parque Nacional de Doñana, donde ha alertado «sobre las presiones que amenazan la salud de este espacio único»; unos «problemas» que, han aseverado, «se incrementarán por el cambio climático, tal y como arrojan los datos científicos del nuevo informe de la ONU».

En este punto, desde WWF han añadido que Doñana «vive una sequía a cámara lenta, después de una década sin años húmedos que ha tenido como consecuencia que las marismas del Parque estén agostadas». Una situación que consideran que «se recrudecerá en los próximos años por el cambio climático, tal y como alertaba esta semana el nuevo informe del IPCC».

«Sumado a ello, el crecimiento de los cultivos ilegales de frutos rojos, el robo del agua y la sobreexplotación del agua –por lo que España fue condenada por el Tribunal de Justicia Europea–, entre otros problemas, están poniendo en peligro los recursos hídricos del mayor humedal de Europa. La mitad de los cauces superficiales y casi el 60 por ciento de los acuíferos que aportan agua a Doñana no alcanzan los estándares europeos, de acuerdo con las exigencias de la Directiva Marco del Agua», ha apuntado.

Ante ello, desde la organización han dicho que «el principal instrumento para resolver este problema», el Plan Hidrológico del Guadalquivir, «contiene 24 medidas que afectan directamente a Doñana y al Estuario del Guadalquivir».

Sin embargo, en opinión de WWF, este futuro Plan «no asegura la conservación de Doñana, ya que solo se destinará un 11 por ciento de los 448 millones de euros presupuestados para resolver los problemas específicos de los ríos y acuíferos que nutren a este humedal».

«El borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir no responde a las necesidades de Doñana, ni da cumplimiento a las recomendaciones que la Unesco ha realizado para este espacio natural en julio de 2021, ni tampoco plantea todas las medidas necesarias para cumplir con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», han indicado.

A juicio de WWF, este borrador «no plantea las medidas necesarias para eliminar las presiones que amenazan la salud de las marismas y los ecosistemas asociados a estas», ha señalado Juanjo Carmona, coordinador para Doñana de WWF España.

De este modo, Carmona ha afirmado que «el mal estado de los ríos y el acuífero de Doñana no es nuevo; de hecho, el plan hidrológico vigente ya ponía de manifiesto estos problemas, sin que las acciones incluidas en su Programa de Medidas, algunas de las cuales aparecen de nuevo en el borrador de este futuro Plan, hayan sido suficientes para solucionar esta situación y la recuperación de Doñana».

Igualmente, ha subrayado que «tampoco han sido hasta ahora suficientes otros instrumentos como los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Nacionales (PRUGs) del Espacio Natural o la aprobación en 2014 del Plan de la Corona Forestal».

ANÁLISIS DE WWF

Recientemente, WWF presentó un análisis sobre su avance y la conclusión, ha lamentado, «no puede ser más desoladora». «El 80 por ciento de las medidas a corto plazo del ‘Plan de la Fresa’ no se han concluido, cuando deberían haberse ejecutado en diciembre de 2019», ha dicho.

«El Plan Hidrológico del Guadalquivir y las autoridades responsables de su cumplimiento tienen que asegurar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones de gestión, control y conocimiento de los recursos hídricos que necesita Doñana, así como para garantizar el cierre urgente de todos los pozos y fincas ilegales», ha afirmado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

De este modo, Del Olmo ha señalado que «es necesario que se ponga en marcha un plan estratégico que defina la reducción necesaria en el consumo de agua, ponga en marcha un nuevo plan de restauración hídrica del Espacio Natural que dé continuidad al de Doñana 2005 e incorpore las medidas necesarias para la recuperación ecológica del entorno con el fin de garantizar la seguridad hídrica de este espacio clave para la biodiversidad.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional calcula que la organización criminal que supuestamente encabezaba el productor de televisión José Luis Moreno habría estafado la cantidad de 85 millones en diferentes bancos.

Así se desprende de un informe del Ministerio Público de octubre de 2020, adelantado por ABC, en el que se subraya además que gracias a las pesquisas policiales se ha constatado la existencia de esa organización, que estaría integrada –al menos en el momento en el que se redactó el informe– por 26 personas que se dedicaban a obtener dinero procedente de entidades bancarias «por medio del conocido sistema del peloteo de cheques o pagarés».

Añade que también lo obtenían «por medio de la concesión bajo engaño, o en connivencia con empleados de las mismas, de líneas de crédito». Una vez tenían en su poder el dinero en metálico, lo transferían a terceros que justificaban ese desplazamiento por medio de facturas falsas, dice el fiscal. «Lograban de esta forma no sólo demostrar la aparente disposición del metálico y la insolvencia frente al banco, sino también su afloramiento o blanqueo», explica.

El Ministerio Público llega a esta conclusión gracias a un informe policial que hace un desglose de lo que probablemente se ha estafado banco a banco, sumando en total 85 millones. Aunque avisan de que esa cifra, si bien «ejemplariza la profundidad delictiva de los hechos», es «inexacta y relativa» porque carecen de toda la información económica.

Para la policía, queda acreditado no sólo que la organización es culpable de un fraude bancario y empresarial sino que también es responsable del «daño causado a la economía general de España» porque afectaron a las cuentas de resultados de entidades financieras al llevara a la quiebra a algunas mercantiles que pudieron ser usadas en la rueda delictiva.

A juicio de la policía, se causó «un enorme perjuicio a la imagen corporativa de las entidades involucradas» y generó «estados de ánimo económicos con incidencia directa en la competitividad de la economía española».

CONTACTADOS POR NARCOS

Con esas diligencias policiales sobre la mesa, el Ministerio Público ya en octubre de 2020 indica que además determinados investigados han sido contactados por «individuos presuntamente dedicados al narcotráfico a gran escala, los cuales les habrían propuesto participar en actividades de introducción y distribución de cocaína en cantidad de notoria importancia». Cabe recordar que en el sumario consta la conexión con Carlos Brambilla, presunto líder de una red de narcotráfico.

El fiscal se refiere en concreto a dos investigados de la red, Felipe Gutiérrez y Javier Villalba, a quienes les habrían propuesto financiar la importación de una cantidad de cocaína base para que fuera procesada en España como clorhidrato de cocaína.

Así, ambos intervendrían tanto en la financiación de la operación, aportando 600.000 euros, como en el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos por medio de sus entramados empresariales.

Y para obtener esa financiación, el fiscal, apoyándose en los oficios policiales, relata que se pusieron en contacto con Antonio Luis Aguilera –en la cúspide de la red y también imputado–. El papel de éste no quedó sólo en la financiación, ya que, sostiene, se han reunido indicios que permiten aseverar que habría aportado sociedades mercantiles controladas por él «para dar cobertura a importación de grandes partidas de cocaína que se introducirían por medio de contenedores a través del puerto de Algeciras».

AGUILERA Y EL TOQUE

Sobre el movimiento de grandes cantidades de efectivo, en un oficio policial de enero de 2021 se explicaba que de conversaciones telefónicas interceptadas a Aguilera, la Policía tuvo conocimiento además de que la organización usaba un método que denominaban ‘el toque’.

Según el literal de los investigadores, ‘el toque’ era una seña acordada entre el portador del dinero y el receptor del mismo. El objetivo era identificar a la persona de contacto «ya que habitualmente no se conocen entre ellos».

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidenta del PP canario, Australia Navarro, ha considerado este jueves «muy decepcionante» el encuentro que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantuvo con el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por la «falta de acuerdos concretos».

Navarro ha calificado de «auténtico fiasco» lo que ha considerado como una «vergonzosa insensibilidad» y «falta de empatía» por parte de Pedro Sánchez con los problemas de Canarias, así como el «nulo peso político de Torres», según ha indicado el PP en nota de prensa.

Por ello, la presidenta del PP de Canarias ha mostrado su preocupación ante la «incapacidad» de Torres para «arrancar a Sánchez algún compromiso ante los múltiples problemas» que afectan a las islas, considerando «patéticos los intentos de Torres para ocultar el fracaso» del encuentro y dotar de «contenido y trascendencia a una reunión meramente protocolaria».

«Seguimos solos, sin conocer los planes de La Moncloa para prevenir la avalancha de cayucos que los expertos anuncian para el mes de octubre, sin respuesta a las demandas de ayuda ante la incapacidad del Gobierno autónomo para tutelar a más de 2.500 menores no acompañados, sin conocer que va a pasar con los incumplimientos del REF, la deuda del convenio de carreteras o el retraso del traspaso de competencias», apuntilló.

En cuanto al respaldo de Sánchez a la candidatura de Canarias para albergar la Agencia Europea del Turismo, entiende que «no deja de ser una mera declaración de intenciones», advirtiendo a Torres que, atendiendo al «grado de cumplimiento de promesas anteriores como el Plan específico de apoyos al sector turístico canario, no se haga demasiadas ilusiones».

Finalmente, Navarro ha criticado el que el presidente de Canarias «venda como un éxito la obligación» del Gobierno de España de respetar en los presupuestos de 2022 las partidas del REF y recordó que el fuero canario «no se negocia, se cumple».

El grupo municipal de EH Bildu ha pedido al Festival de San Sebastián que revoque la decisión de otorgar el Premio Donostia al actor Johnny Depp. Asimismo, ha exigido al alcalde, Eneko Goia, y a la concejala de Igualdad, Ane Oiarbide, que «medien» ante el Zinemaldia y «promuevan esta revisión», algo que «también deberían hacer» Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa, como instituciones que forman parte del Consejo de Administración del Festival.

La coalición soberanista, en un comunicado, ha señalado que Johnny Depp tiene «varias causas abiertas por violencia machista» e incluso «una sentencia contraria que da plena credibilidad a los malos tratos».

A su juicio, la concesión del Premio Donostia al actor estadounidense supone «relativizar y relegar a un segundo plano la violencia machista, cuando nuestra ciudad debería tomar la dirección contraria: la de la sensibilización y el firme compromiso de luchar contra esta plaga».

EH Bildu ha recordado, además, que la Asociación de mujeres cineastas de Euskal Herria se ha mostrado «triste y enfadada», ha asegurado que la decisión es «inoportuna» y que el festival «está a tiempo de dar marcha atrás», mientras que CIMA, la asociación de mujeres cineastas españolas, por su parte, «se pregunta qué tipo de mensaje quiere enviar el festival con esta elección, teniendo en cuenta, además, que ha firmado la Carta de la Paridad».

Para el grupo municipal, «no se puede entender» la respuesta del Zinemaldia a estas críticas, al señalar que su labor «es reconocer a quienes hacen una aportación extraordinaria al cine, no juzgar conductas». «Es cierto que un festival debe tener entre sus objetivos el reconocimiento de quienes han realizado una aportación notable al mundo del cine, pero no puede hacerlo al margen de las denuncias de maltrato», ha remarcado.

«MENSAJE PELIGROSO»

De este modo, ha incidido en que el cine «no es algo ajeno a la sociedad» y que otorgar el Premio Donostia a Depp «enviaría un mensaje muy peligroso: el de la normalización de la violencia machista». Asimismo, EH Bildu ha considerado que «hay muchas personas del mundo del cine que se merecen este premio, tanto a nivel internacional como en Euskal Herria».

En este contexto, ha insistido en que las administraciones públicas «no pueden mirar hacia otro lado» y «seguir calladas» porque el Festival de San Sebastián «es una de las principales referencias internacionales» de la ciudad.

«De nada sirve, de otra forma, que luego hagamos concentraciones contra las agresiones machistas y aprobemos declaraciones institucionales, si normalizamos este tipo de decisiones», ha subrayado.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de cárcel a dos hombres que intentaron matar a otro en 2018 en un pub de la localidad de Cullera.

La sentencia se dicta después de que se llegara a un acuerdo mediante el cual ambos acusados reconocieron ser autores de los hechos, constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La Audiencia considera probado que el 4 de marzo de 2018, alrededor de las 07.00 horas, los procesados se encontraban en un pub de la localidad de Cullera cuando comenzó un altercado en el transcurso del cual, uno de los procesados le propinó un fuerte puñetazo a la víctima, que la hizo caer al suelo quedandoinconsciente.

Una vez en el suelo, el agresor, junto al otro acusado, le dieron fuertes patadas en el cabeza «a sabiendas de las graves consecuencias que podía tener dicha agresión y de que dicho acto podría ocasionarincluso la pérdida de la vida del agredido», por cuanto la víctima seencontraba inmóvil en el suelo y sin defensa alguna.

Los atacantes huyeron del lugar dejando al otro hombre en el sueloy fueron interceptados momentos después por los agentes de laautoridad. A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió varias fracturas y secuelas posteriores.

Por todo ello, se condena a los acusados a dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivodurante el tiempo de la condena y se les prohíbe acercarse a menos de 500 de la víctima durante 10 años.

Además, en concepto de responsabilidad civil, deberán pagar una indemnización de manera conjunta y solidaria en las siguientes cantidades: 20.549,48 euros por el tiempo de curación y laintervención quirúrgica a la que fue sometido el agredido y de 51.270, 28 euros por las secuelas.

Durante años, parecía que el mundo avanzaba en la eliminación del hambre. Sin embargo, a partir de 2014 la tendencia retrocedió lentamente y se invirtió en muchas naciones y ahora, unos 700 millones de personas –casi el 9% de la población mundial– se pasan con hambre, según la ONU. Una nueva investigación, publicada en ‘Nature Food’, ha demostrado que después de años de avances en la seguridad alimentaria, algunas naciones experimentan un fuerte retroceso.

Una de las regiones más afectadas es el África subsahariana. Mucha gente culpa a las sequías alimentadas por el cambio climático, pero el nuevo estudio analiza la cuestión con detalle y ha concluido que dice que no es así, sino que la culpa la tienen las guerras de larga duración y no el clima.

El estudio concluye que, si bien las sequías causan habitualmente inseguridad alimentaria en África, su contribución al hambre se ha mantenido estable o incluso ha disminuido en los últimos años. En cambio, el aumento de la violencia generalizada y de larga duración ha desplazado a la población, ha elevado los precios de los alimentos y ha bloqueado la ayuda alimentaria exterior, lo que ha provocado el cambio de tendencia.

«Cualquiera pensaría que se trata de sequías e inundaciones inducidas por el clima, porque eso es lo que la gente tiende a decir –señala Weston Anderson, que dirigió el estudio como investigador postdoctoral en el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos–. Pero los académicos no han comparado la importancia de la sequía con la de la violencia en el desencadenamiento de las crisis alimentarias de forma global».

Para llegar a sus conclusiones, analizaron los datos de 2009 a 2018 del Sistema de Alerta Temprana de Hambrunas, una red financiada por USAID que proporciona información a los gobiernos y a las organizaciones de ayuda sobre crisis alimentarias inminentes o en curso en docenas de países. El sistema muestra que el número de personas que necesitan ayuda alimentaria de emergencia en los países supervisados aumentó de 48 millones en 2015 a 113 millones en 2020.

El sistema no está diseñado para cuantificar los diferentes factores que hay detrás de las emergencias. Sin embargo, Anderson y sus colegas han sido capaces de descifrarlos para 14 de los países africanos con mayor inseguridad alimentaria, las naciones que se extienden en una franja que va desde Mauritania, Malí y Nigeria en el oeste, pasando por Sudán, Chad y otras naciones, hasta Etiopía, Kenia y Somalia en el este. El estudio también incluyó varias naciones más al sur, como Mozambique y Zimbabue.

Los investigadores descubrieran que las sequías periódicas y bien documentadas han estado detrás de las crisis alimentarias en amplias zonas, pero los efectos globales de la sequía no aumentaron durante el periodo de estudio; al contrario, disminuyeron en algunas zonas.

Cuando la sequía se produjo, los agricultores se recuperaron normalmente en la siguiente temporada de siembra, en el plazo de un año más o menos. Los ganaderos tardaron el doble de tiempo en recuperarse, porque las zonas en las que viven se vieron con condiciones más extremas, y la gente tardó en reconstruir sus rebaños duramente afectados.

En medio de los habituales altibajos de las lluvias, la violencia ha sido responsable del progresivo aumento del hambre, según el estudio. Los conflictos de larga duración, que van desde repetidos atentados terroristas hasta combates campales entre ejércitos, han provocado una escasez que se prolonga año tras año, sin que se vislumbre el final, dicen los autores.

Este ha sido el caso especialmente en el noreste de Nigeria, donde la guerrilla de Boko Haram ha llevado a cabo una implacable campaña de ataques contra el gobierno y gran parte de la población durante la última década. También en Sudán del Sur o Somalia, donde se ha producido un aumento del hambre inducido por la guerra, pero en esos países, las sequías han sido los factores más dominantes, según el estudio. En la mayoría de los casos, los pastores vuelven a ser los más afectados por la violencia, al igual que por la sequía, porque es más probable que vivan en las zonas más propensas a la violencia.

La última víctima es Etiopía, donde el hambre se ha disparado en todo el país en los últimos años, principalmente debido a unas lluvias inferiores a la media. Pero el año pasado estalló una guerra civil en la región de Tigray, lo que agravó enormemente la miseria. El estudio no examina este nuevo conflicto, pero un reciente informe de la ONU afirma que más de 5 millones de personas de la región necesitan ayuda alimentaria urgente, y que muchas de ellas ya están sufriendo una hambruna total.

Los investigadores analizaron una tercera causa posible del hambre: las langostas. Una vez más, no es sorprendente que las langostas afecten a la seguridad alimentaria en algunos años al dañar el forraje y los cultivos, pero no a una escala lo suficientemente grande como para explicar el aumento del hambre durante el periodo de estudio. El estudio no analizó las olas de langostas inusualmente grandes que barrieron gran parte de África Oriental en 2019-2020, pero estas pueden haber tenido resultados más drásticos.

Otro factor que los investigadores analizaron es si el inicio de la sequía contribuyó a los brotes de violencia y, por lo tanto, a más hambre. Uno de los coautores del informe, el climatólogo Richard Seager, del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty de Columbia, conectó los puntos a este respecto en un estudio de 2015 ampliamente citado en el que se argumentaba que una de las chispas de la actual guerra civil siria era una sequía de varios años que expulsó a mucha gente de sus tierras hacia las ciudades. Este no parece ser el caso de los países africanos, apunta.

«No encontramos ninguna relación sistemática entre la sequía y la frecuencia de los conflictos o las muertes relacionadas con ellos –señalan los autores–. Los conflictos pueden verse afectados por el estrés medioambiental en algunos casos, pero la relación en toda África en las últimas décadas es compleja y depende del contexto».

Aunque la guerra ha sido el motor predominante del hambre en algunos países, eso no significa que otros se hayan librado por completo de la violencia que puede interrumpir el suministro de alimentos, como es el caso de de Malí, que ha sido objeto de ataques intermitentes por parte de insurgentes separatistas e islamistas que a veces han tomado ciudades enteras, o Burkina Faso, testigo de cientos de ataques de rebeldes y yihadistas, incluido un asalto a un pueblo a principios de junio de este año en el que murieron más de 100 personas.

«El mensaje general es que, si queremos predecir y gestionar las crisis alimentarias, tenemos que prestar atención a los conflictos, que pueden ser realmente complicados, y no sólo a las cosas más fáciles de identificar, como la sequía –advierte Anderson–. Las sequías tienen un comienzo y un final claros. Pero hay todo tipo de violencia. Y muchas veces no hay un comienzo o un final claros». Dicho esto, la guerra está ciertamente detrás del aumento del hambre en otras partes del mundo que el equipo no examinó, añade, más obviamente en medio de la guerra civil que hace estragos en Yemen.

La vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma de Melilla y consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas (PSOE), y la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri (CPM), han sido citadas a declarar por el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Melilla en calidad de querelladas por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa.

Rojas, que también es secretaria general del PSOE de Melilla, acudirá por primera vez en esta legislatura a declarar en calidad de imputada. Sin embargo, Almansouri lo va a hacer en tres ocasiones en otras causas, después de que el citado juzgado haya aceptado la denuncia interpuesta por el PP contra la gestión en la concesión del servicio de seguridad privada de instalaciones de la Ciudad Autónoma, con un contrato de licitación de unos de nueve millones de euros.

La misma querella de los populares contra Rojas y Almansouri también ha sido presentada ante el Tribunal de Cuentas al asegurar que la gestión de la misma ha supuesto «un sobrecoste de 900.000 euros para las arcas públicas».

ROJAS POR PRIMERA VEZ

Gloria Rojas, al igual que Dunia Almansouri, deberá comparecer ante dicho órgano Judicial, el próximo día 30 de septiembre de 2021 a las 10,45 horas, «a fin de prestar declaración en calidad de querellada, sobre prevaricación administrativa ocurrido en Melilla».

Al respecto, se les hace saber que tienen el deber de «comparecer asistido de abogado de su elección y en caso contrario se le asignaría abogado del turno de oficio».

Esta es la primera vez en este mandato que un consejero del PSOE en activo ha resultado imputado después de algo más de dos años de gobierno en coalición con CPM y el ex Ciudadanos (Cs) Eduardo de Castro, y tras ver durante este periodo de tiempo como varios de sus compañeros de Consejo de Gobierno desfilaban por los juzgados en calidad de investigados, algunos en repetidas ocasiones, como el propio presidente de la Ciudad.

La activista y fundadora de la ONG ‘Caminando Fronteras’, Helena Maleno, ha denunciado la muerte de 18 personas migrantes que iban a bordo de una lancha neumática en la que viajaban rumbo a Canarias. El suceso tuvo lugar este lunes 9 de agosto, en la costa de Tarfaya (Marruecos).

A través de su cuenta de Twitter, Maleno ha explicado que la embarcación transportaba a cincuenta y ocho personas, entre ellas dieciséis mujeres y un niño de tres años.

También apunta que los controles policiales en la zona desplazan las salidas de estas embarcaciones a zonas «complicadas» y «abruptas» de la costa. Así, tal y como ha explicado una superviviente de este suceso a la activista, cuando iniciaron la navegación, las olas ya golpeaban la neumática, superando incluso el tamaño de la misma.

Según apunta Maleno en sus redes sociales, la embarcación salió desde «una zona rocosa donde el océanos rompe con mucha fuerza».

DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS

«El mar nos golpeada una y otra vez. Intentamos arrancar el motor y no funcionaba. Las olas se llevaban a las personas, y una de ellas arrastró a mi niño, logre cogerle la camiseta y gritaba que me ayudasen», ha explicado la madre del niño de tres años a Maleno.

Finalmente, fallecieron tres personas, dos mujeres y un hombre, cuyos cadáveres llegaron a la costa y han sido identificados como nacionales de las Islas Comores –archipiélago situado al sureste de África–, un país que se encuentra a 7.000 kilómetros del lugar desde el que comenzaron este viaje, ha denunciado la fundadora de ‘Caminando Fronteras’.

El resto de las personas que iban en la neumática han sido detenidas por los gendarmes marroquíes y, según ha explicado Maleno, han sufrido «desplazamientos forzosos». «Les decía a los policías que estaba enferma que no me tirasen en cualquier lado, que tenía a mi hijo conmigo», ha relatado la madre del niño.

«Desgraciadamente las víctimas de naufragios que son personas migrantes no tienen derecho a nada. Descansen en paz», concluye la activista su mensaje en las redes sociales.

Vox ha instado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales y dejar paso a otro Gobierno ya que el suyo ha demostrado su «incapacidad» para gestionar la política energética y resolver el problema del encarecimiento de la factura eléctrica.

«A la vista de la incapacidad del Ejecutivo para realizar políticas sociales como, por ejemplo, una política energética, ¿piensan convocar elecciones y dejar paso a un Gobierno capaz?», plantea la senadora de Vox por Ceuta Yolanda Merelo en una batería de preguntas escritas registradas en la Cámara Alta.

El precio medio de la luz en el mercado mayorista ha vuelto a marcar este jueves nuevos máximos históricos por quinto día consecutivo al llegar a los 115,83 euros, y el viernes se elevará hasta los 117,29 euros.

Según Merelo, se trata de una situación similar a la vivida con el temporal de frío y nevadas del pasado mes de enero, cuando el precio de la electricidad aumentó un 27 por ciento y el del gas un 22 por ciento. Por ello, pide al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que explique «por qué no previó» la situación actual teniendo en cuenta ese precedente.

LA ENERGÍA COMO «SERVICIO DE LUJO»

Tras señalar que el pasado julio el precio de la electricidad ya aumentó un 167 por ciento respecto al mismo mes de 2020, la senadora ha preguntado al Ejecutivo por qué «considera la energía como un servicio de lujo y no como un bien de primera necesidad».

Además, ha advertido de que el alto precio de la electricidad impide a algunos consumidores utilizar aire acondicionado frente a la ola de calor, que «suele afectar especialmente a la población más mayor».

La formación presidida por Santiago Abascal ha rechazado las justificaciones del Gobierno sobre el encarecimiento de la factura eléctrica y le ha reprochado que «se aparte de toda responsabilidad y culpe a los anteriores gobiernos» del Partido Popular.

A continuación, le pide que aclare «por qué no ha realizado una política energética diferente a la de los anteriores gobiernos que permita que los españoles paguen un precio acorde con un servicio de primera necesidad».

CULPA A LA «AGENDA GLOBALISTA» SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

Para Vox, los fuertes incrementos en el precio de la luz se deben en parte a la Agenda 2030 de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, que el Gobierno de España ha asumido y que «hace pagar a los consumidores los derechos de emisión de dióxido de carbono pese a que las emisiones de CO2 de España son insignificantes».

«Es decir, que aumenta la factura de la luz pese a tratarse de un punto de una agenda globalista que no responde a las necesidades e intereses de los españoles», ha concluido Merelo.

En la iniciativa parlamentaria, recuerda que Vox apuesta por «una política nacional equilibrada entre energías renovables y otras fuentes para garantizar un suministro sostenido y asequible que permita bajar todos los impuestos sobre la factura de la luz», así como «eliminar o bajar impuestos y suprimir los costes regulados (gasto político)».

El PP ha exigido este jueves la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que explique la postura del Gobierno ante las críticas y acusaciones de Nicaragua, al tiempo que ha apostado por una respuesta más firme al régimen de Daniel Ortega.

«Exigimos la comparecencia urgente del ministro Albares para saberqué acciones y medidas concretas va a adoptar respecto a Nicaragua», ha explicado en un comunicado la portavoz de Exteriores del PP, Valentina Martínez.

La diputada ‘popular’ sostiene que la decisión del Gobierno de llamar a consultas a la embajadora en Managua «no es suficiente» ya que «la posición de nuestro país debe ser más firme, más contundente y con una respuesta más extensa».

«Es hora de que España tenga una verdadera política exterior de defensa de nuestros intereses y valores también en América Latina», ha reivindicado Martínez, incidiendo en que algunos miembros del Gobierno «están a favor de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y defienden el régimen que ha encarcelado a todos los opositores que querían presentarse a las elecciones».

Martínez ha insistido en que «la defensa de la libertad y la democracia se ejerce de forma activa». Por ello, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que «España lidere la respuesta internacional en defensa de la libertad, de la democracia y de los Derechos Humanos en Nicaragua, tal y como el PP viene reclamando al Gobierno que lo haga en el resto de países de América Latina, como Cuba o Venezuela».

Por último, ha recordado que la Comisión de Exteriores del Congreso aprobó el pasado junio una proposición no de ley promovida por el PP –y que refrendó el PSOE– en la que se instaba al Gobierno a promover acciones internacionales contra Nicaragua, exigiendo al Ejecutivo que cumpla con dicho mandato parlamentario.

RETIRADA DE LA EMBAJADORA ESPAÑOLA

Albares ordenó este miércoles la llamada a consultas de la embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, en respuesta a un duro comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denuncia injerencia por parte de España y se recurre a los GAL o a Cataluña para criticar al Gobierno.

Según Exteriores, la decisión se tomó ante «graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales» que contenía el comunicado del Gobierno de Daniel Ortega, expresando su «tajante» rechazo del mismo.

Dicho comunicado fue la respuesta a otro de Exteriores criticando los arrestos de opositores en Nicaragua en las últimas semanas y advirtiendo de que con ello se impedía que las elecciones previstas para el 7 de noviembre, en las que Ortega opta a su reelección, ofrezcan «un resultado con garantías y credibilidad».

Por su parte, la Cancillería nicaragüense replicó denunciando «la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia» y remitiéndose al «terrorismo de Estado» de los GAL.

Asimismo, desafió al Gobierno de Pedro Sánchez a que abra «las puertas, sin represión, o persecución, o violencia desmedida, a la libre decisión y votación sobre los estatus que cada país de ese, por hoy, Estado centralizado, demanda, reclama y exige».

Ciudadanos ha pedido al Gobierno que, para evitar dañar la imagen de España, no envíe como embajador a Rusia a Camilo Villarino, jefe de Gabinete de Arancha González Laya cuando esta era ministra de Asuntos Exteriores, mientras esté investigado judicialmente por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En Cs «respetamos los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia», pero «no podemos compartir que el Gobierno quiera dar a esta persona un cargo mientras tiene un proceso judicial abierto en el que está siendo investigado», han explicado desde el partido naranja.

Tras señalar que «la imagen de España ya ha sufrido demasiado en los últimos años de gobiernos del PP y del PSOE», ha abogado por evitar un mayor deterioro: «No podemos permitir que nuestra carta de presentación al mundo sea la de una persona con cuentas pendientes con la Justicia por haber tenido un papel protagonista en una conducta que podría haber sido realizada de forma contraria a la legalidad».

Para la formación liderada por Inés Arrimadas, el destino que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pensado para Villarino representa un puesto «fundamental» para la acción exterior desde el cual España «debe defender con mayor fuerza que nunca el cumplimiento de la ley, el respeto al Estado de derecho y los derechos y libertades fundamentales».

«Nos parece que cualquier designación para un cargo debería esperar hasta que estas cuestiones sean resueltas», ha indicado sobre la situación de Villarino, que ha sido citado a declarar como imputado el próximo 1 de septiembre por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala.

Brahim Ghali llegó en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril sin pasar controles de fronteras ni documentación, y desde allí fue trasladado en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, donde fue ingresado bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. El 2 de junio salió del país desde Pamplona.

El abogado de la acusación particular, Antonio Urdiales, quiere que se esclarezcan las circunstancias en las que Ghali, figura histórica de la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui, entró y salió de España y si hubo un posible encubrimiento o prevaricación.

LA CÚPULA DE EXTERIORES PODRÍA HABER COMETIDO UNA ILEGALIDAD

Aunque González Laya aseguró el pasado julio que en la entrada de Ghali se siguieron «al pie de la letra» todas las reglas establecidas para los vuelos oficiales, a Ciudadanos le parecen «muy preocupantes» los indicios contra Villarino. «Esto demuestra que las esferas más altas del Ministerio habrían podido cometer una ilegalidad», algo «intolerable en un país democrático como España», ha subrayado.

En opinión de Cs, es necesario ofrecer ayuda humanitaria a quienes lo necesitan, pero debe hacerse «siempre de forma acorde a la legalidad interna española y a los tratados internacionales de los que España es parte».

«Ya lo advertimos en su momento: la acogida de Brahim Ghali en nuestro país no podía ser una coartada para que no rindiera cuentas ante la Justicia por los casos pendientes que tenía. Ahora, parece también que el propio Ministerio es quien tiene causas pendientes ante la justicia por la forma en la que se gestionó ese traslado», ha señalado.

Ghali, cuyo paso por España generó una crisis diplomática con Marruecos, tiene pendiente una querella en la Audiencia Nacional presentada por el activista saharaui Fadel Breica por la detención ilegal y las torturas que este afirma que sufrió a manos del Frente Polisario en los campos de refugiados saharahuis en Tinduf (Argelia) en 2019.