Los jóvenes españoles valoran positivamente vivir en el medio rural, aunque demandan mejoras en los servicios. Esta es una de las conclusiones de la encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Red Rural Nacional (RRN), para conocer la percepción que tienen los jóvenes a cerca del medio rural español, sus propuestas y necesidades para mejorar la vida en los territorios, y de qué modo consideran que la RRN puede contribuir a hacerles frente.

En general, los jóvenes menores de 41 años que han participado en la encuesta han valorado con un 8,87/10 la satisfacción de vivir en el medio rural. Respecto a qué es lo que más les gusta de vivir en el medio rural, los datos muestran que el contacto con la naturaleza y espacios menos contaminados (3,87/5), la cercanía, el rimo de vida y el tipo de vida (3,68/5) y poder trabajar en lo que gusta (2,52/5)

Respecto a las necesidades que demandan los jóvenes para querer quedarse a vivir en núcleos rurales, el 32 % de las respuestas están orientadas a tener empleo y mayores oportunidades laborales. Un 22,74 % de los encuestados dan importancia al autoempleo y emprendimiento, por lo que reclaman formación específica al respecto.

Asimismo, un 15% de los jóvenes han manifestado la necesidad de mejorar la calidad y el acceso a los servicios básicos, entre los que destacan los servicios de educación y sanitarios (más del 30%), y la mejora de infraestructuras que conecten con otros núcleos de población. En este ámbito, un 14% reclama una apuesta por la digitalización y el acceso a internet de calidad.

Además, un 12% reclama un mayor apoyo de las administraciones públicas, donde se incluye la petición de más ayudas económicas y facilidades para el acceso a la tierra y a la vivienda.

Ante la pregunta de cómo puede ayudar la RRN para que las zonas rurales sean más atractivas, los jóvenes se decantan por temas de trabajo relacionados con el acceso al empleo (56,4%), el emprendimiento (49,5%) y la innovación y digitalización (40,7%).

Durante los 15 días que estuvo abierta la encuesta se recibieron 1.053 aportaciones, procedentes principalmente de jóvenes menores de 41 años (83,5%), de los que más de la mitad son menores de 31 años. El 54% del total de las personas que han respondido son mujeres.

Casi el 40% de los encuestados vive en municipios de menos de 1.000 habitantes; y más del 70%, en municipios de 5.000 habitantes. Por lugar de residencia, las comunidades autónomas con mayor participación han sido Aragón (20,51%) y Castilla La Mancha (20,32%), seguidas de Asturias (12,82%), Castilla-León (11,30%), y Andalucía (9,02%).

El exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, goza de nuevos beneficios penitenciarios concedidos por la Justicia francesa. En concreto, según adelanta La Razón, se le ha retirado la pulsera telemática con la que era controlado dado que permanece en libertad provisional.

Tras este alivio penitenciario, Urrutikoetxea se ha trasladado con su familia desde su residencia en París –donde vivía desde que en julio de 2020 se acordó que permaneciera en régimen de arresto domiciliario con una pulsera electrónica por motivos de salud– a la localidad de Anglet, cerca de la frontera con el País Vasco. A pesar de la retirada de ese control telemático, sigue sujeto a medidas cautelares por lo que debe presentarse tres veces a la semana en dependencias policiales.

El etarra, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones francés le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requería por varias causas.

Precisamente en julio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó su procesamiento por una de ellas, la del atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, que dejó once muertos, incluidos seis niños.

Este procesamiento llegaba después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó en su decisión un recurso presentado por la defensa de Josu Tenera contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

La Corte de Casación también acordó la entrega definitiva de Josu Ternera a España por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las ‘herriko tabernas’, mientras que el Tribunal de Apelaciones dio luz verde a su extradición por el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.

Sobre ese asesinato, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz anuló en mayo su procesamiento, con el respaldo de la Fiscalía, al comprobar que en esa fecha Josu Ternera no formaba parte de ETA político-militar, quienes reivindicaron ese atentado.

La Audiencia Nacional también reclamaba al etarra por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de la organización terrorista, pero en este caso las autoridades francesas denegaron la devolución a España.

EL JUICIO DE SEPTIEMBRE

La entrega a España deberá esperar no obstante a que se celebre en septiembre el último juicio que tiene programado Josu Ternera en Francia, tras él, las autoridades galas deberán decidir si entregan temporalmente al exjefe de ETA.

Esa vista que debía celebrarse en el Tribunal de Apelaciones –programada anteriormente para febrero de 2021– por hechos ocurridos entre 2002 y 2005, fue aplazada al no poder acudir varios testigos debido a razones sanitarias.

Por estos hechos, ‘Josu Ternera’ fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión, que se convirtieron en siete años en apelación, por cargos de ‘asociación de malhechores terroristas’. Sin embargo, como fue sentenciado ‘in absentia’, solicitó que se le juzgara de nuevo en persona. Sus huellas aparecieron en dos zulos de ETA hallados en 2002 en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), así como en un vehículo.

La organización Save The Children ha advertido este viernes de que «cualquier repatriación colectiva» de menores migrantes es «ilegal», después de que algunas informaciones hayan señalado que Marruecos y España están trabajando conjuntamente en un protocolo para agilizar la reagrupación familiar de los niños que entran solos en Ceuta.

Save the Children cuestiona el enfoque de esta iniciativa ya que considera «ilegales» los planteamientos que pasen por reagrupaciones colectivas en lugar de analizar caso por caso la situación de cada menor de edad.

«Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde sus necesidades y su bienestar», ha explicado la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de la ONG, Catalina Perazzo.

A su juicio, las soluciones duraderas que se planteen al menor pueden ser la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen, ya sea a su familia o al sistema de protección del país de origen.

Además, para que el retorno pueda ser considerado como la solución que mejor garantice los derechos del menor –incluyendo su derecho a la salud, la educación y la integridad física–, Save The Children recuerda que esta decisión debe llevarse a cabo tras una evaluación de su interés superior exhaustiva e individualizada.

Del mismo modo, ve «imprescindible» que su retorno no suponga un riesgo para la integridad física o moral del niño y que se pueda garantizar un seguimiento individualizado y una garantía de reintegración que permita el cumplimiento de todos sus derechos.

«En ningún caso podría ser el resultado de una expulsión colectiva ni, sobre todo, que se realice en contra de la voluntad del propio niño, niña o adolescente», apunta la ONG.

«Los argumentos no fundados en derechos, como lo son los basados en las restricciones generales de la inmigración, no pueden prevalecer sobre las consideraciones fundadas en el interés superior del menor», ha recalcado Perazzo. Según señala, «este tipo de noticias generan además mucho nerviosismo y ansiedad» en los menores, lo que les puede provocar que huyan de los centros en los que se encuentran», aumentando así su vulnerabilidad.

CC.OO. ha decidido llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el proceso admisión del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato para el próximo curso 2021/2022 en la Dirección de Área Territorial (DAT) de la capital, así como la supresión de «más de 1.300 aulas».

Así, el recurso de alzada previo presentado el 5 de julio, que ha sido desestimado, recoge todas las unidades en las que el número de no admitidos «equivaldría a la mitad de una clase», lo que obliga «a la modificación de la oferta inicial de plazas vacantes y a que se autorice el funcionamiento de las unidades escolares necesarias para atender la demanda conforme al Decreto 29/2013 que, en teoría, garantiza la libre elección de centro», han señalado en un comunicado.

«La libertad de elección de centro ha sido enarbolada por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid desde hace años», ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín. Además, ha subrayado que «es parte de su mantra liberal y han usado esa libertad para justificar el crecimiento de la educación concertada a costa de unos recursos públicos que nos pertenecen a todos».

Por ello, ha tildado de «hipocresía» que la DAT Madrid Capital se defienda diciendo que la libertad de centro es «un derecho de trascendencia constitucional» pero que «no es un derecho absoluto», y que su cumplimiento «dependerá de que existan o no plazas vacantes en el centro elegido».

«Traducido: que solo habrá libertad de elección cuando haya plazas. Y dado que ellos recortan plazas, la conclusión es sencilla: no hay libertad», han aseverado desde el sindicato.

Galvín ha subrayado que la libertad de elección solo es un derecho «cuando les conviene a ellos» ya que «pregonan la libertad cuando hay que blindar la concertada y mantener un negocio que en nada beneficia a las familias» pero que, cuando se trata de ofrecer plazaas públicas, «recortan esas plazas para empujar a ese alumnado hacia la educación concertada».

«Como es sabido, es la propia DAT de la Consejería de Educación la que, antes de que las familias manifiesten sus preferencias y elección de centro, ofertan vacantes y abren o cierran unidades, lo que evidencia la enorme falacia y fraude social que supone la libertad de elección de centro cuando de elegir centros públicos se trata», han trasladado desde CC.OO.

En esta línea, han criticado que el Gobierno regional «meta la tijera antes de conocer la demanda» y diga que «no hay plazas en la pública». «Es evidente que el Gobierno de Díaz Ayuso no es amigo de la libertad, sino del monopolio. Para muchísimas familias, en la Comunidad de Madrid de Ayuso no hay elección posible», han censurado.

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA

«En la resolución emitida como respuesta al recurso de alzada se reconoce que existe muchísima demanda de plazas públicas sin atender, pero responden como si la solución no estuviese en sus manos, escudándose en que no es posible atenderla por falta de espacio o con cualquier otra excusa que sería fácilmente remediable autorizando el funcionamiento de más unidades en centros públicos, ampliándolos o construyéndolos si fuera menester», han continuado.

En la resolución del recurso de alzada, se indica que no procede anular las resoluciones de alumnos admitidos porque «carecen de fundamento legal, al estar sustentada sobre datos erróneos que confunden el ejercicio de libertad de elección de centros educativos» y no constatar «ninguna irregularidad del procedimiento de admisión».

Sin embargo, desde CC.OO. han informado de que solo en Madrid-Capital han quedado sin atender 179 solicitudes para primero de ESO en el IES San Isidro, 155 para el mismo curso en el Tirso de Molina, 123 en el IES Las Musas e igual cifra en el Príncipe Felipe, 122 en el instituto Madrid Sur, 110 en el Blas de Otero, 108 en el IES Gran Capitán, 105 en el Cervantes y 97 en el Alfredo Krauss, y en primero de Bachillerato 342 en el IES Ramiro de Maeztu, entre otros.

Por último, han justificado que ante esta «gran mentira que es la libertad en Madrid», CC.OO. ha decidido interponer un recurso ante el TSJM para obligar a Ayuso a garantizar la libertad de elección. «Un concepto del que quieren apropiarse, pero cuyo significado desconocen», han apostillado.

«NO SE SUSTENTA» CUANDO FINALIZA EL PROCESO DE ADMISIÓN

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han informado de que todavía no han recibido ningún recurso ante TSJM contra el proceso de admisión del próximo curso 2021/2022 y que, en el caso de que se reciba, los servicios jurídicos estudiarán su posible recurso.

En cualquier caso, han señalado que la crítica de la reducción de aulas y por tanto de plazas educativas es una «crítica habitual» que hacen algunos sindicatos como CC.OO. todos los cursos, pero «no se sustenta cuando finaliza el proceso de admisión y se constatan las cifras oficiales».

«Como suele suceder todos los cursos escolares, el número de aulas que se ofertan en centros públicos aumenta, porque el número de alumnos también lo hace. Es más, durante este curso, casi el 95% de las familias madrileñas han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años el próximo curso 2021/22, el mejor porcentaje registrado en la región en toda la serie histórica», han apostillado.

A ello, las mismas fuentes han añadido que el saldo de creación de aulas en la Comunidad de Madrid es «siempre positivo», por lo que la eliminación «no tiene sentido en un sistema educativo, como el madrileño, que continúa creciendo». Tan sólo este curso, aumentó en 16.488 alumnos, de los que 13.385 fueron alumnos de la educación pública.

En cuanto a los docentes, han apuntado que el Gobierno autonómico realizará el próximo curso escolar 2021/22 «el mayor plan de refuerzo de la historia en los centros educativos de la región con la contratación extraordinaria, para su incorporación a las aulas en septiembre, de 2.931 profesores y otros profesionales». A estos se sumarán los 3.700 nuevos docentes que también se incorporarán al inicio del curso en los institutos madrileños, en Secundaria y Formación Profesional, tras las oposiciones celebradas con el mayor número de plazas ofertada en la Comunidad de Madrid.

Vox ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, para que explique los «presuntos cobros ilegales» que su partido podría haber estado recibiendo de la Embajada de Ecuador en España.

La formación presidida por Santiago Abascal ha registrado una petición en la Cámara Baja para que Montero informe, en la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre «los supuestos contratos celebrados entre la Embajada ecuatoriana» y ella misma «al objeto de evitar los desahucios de ciudadanos ecuatorianos en España».

El portavoz de VOX en dicha Comisión, Víctor González Coello de Portugal, cree que tanto Montero como su compañero Rafa Mayoral, miembros de la dirección estatal de Podemos, deberían rendir cuentas «urgentemente» y «presentar su dimisión si no son capaces de explicar las gravísimas acusaciones» del nuevo embajador de Ecuador en Madrid, Pascual del Cioppo.

ACUSACIONES DEL NUEVO EMBAJADOR DE ECUADOR EN ESPAÑA

Del Cioppo, que accedió al puesto este mes de agosto tras ser designado por el Gobierno de Guillermo Lasso, aludió este jueves, en una entrevista en TC Televisión, a unos contratos por los cuales la Embajada pagaba servicios de asesoría destinados a ecuatorianos residentes en España que no podían pagar sus hipotecas y créditos.

El embajador indicó que al frente de la cooperativa Kinema está el diputado Rafa Mayoral y que en otra participa Irene Montero. «Llegaron (a cobrar) hasta 1,2 millones de euros por año, y en pandemia, el año pasado, se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de 725.000 euros», aseguró, añadiendo que el actual presidente de Ecuador ordenó «de inmediato» la suspensión de esos contratos y que no se abonaran las cuotas de junio y julio.

Del Cioppo añadió que no sabe de qué defendían los asesores a los ciudadanos ecuatorianos, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto el año pasado para suspender temporalmente los desahucios y los lanzamientos para hogares vulnerables que no tengan alternativa habitacional.

En relación con estas afirmaciones, González ha señalado que el embajador «ha denunciado públicamente una fuente de financiación ilícita y probablemente ilegal de Podemos». «En Vox no pararemos hasta conocer con total transparencia» el destino del dinero público de los ecuatorianos, ha advertido el diputado, que cree que también los españoles tienen derecho a que «se depuren las responsabilidades políticas y judiciales» que correspondan.

Por otro lado, Vox ha registrado dos preguntas parlamentarias para saber si el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cree que esos contratos «comprometen su imparcialidad» a la hora de «defender los intereses nacionales» y si va a realizar alguna investigación «para comprobar la veracidad de las declaraciones del embajador ecuatoriano, al ser éstas dañinas para la imagen exterior» de España.

La Policía Judicial concluye que la presunta trama encabezada por el productor de televisión José Luis Moreno llegó a gestionar «hasta 130 sociedades» que se encontraban «repartidas por toda la geografía nacional» para conseguir financiación y «ocultar y desviar los beneficios obtenidos ilegalmente».

Así consta en un oficio de 21 junio, que ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, donde el magistrado Ismael Moreno dirige la investigación que llevó a la detención del ventrílocuo en el marco de la ‘Operación Titella’.

Los investigadores sostienen que el centenar de sociedades carecían en su mayoría de actividad real y que eran «administradas por hombres de paja» que «han permitido que los verdaderos administradores permanecieran ocultos y en el anonimato, lucrándose con impunidad».

Los agentes empezaron a investigar a Moreno y a sus socios el 18 de septiembre de 2018 a petición del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, a raíz de una querella presentada por Abanca por un presunto delito de estafa. De forma paralela, la Policía Nacional ya estaba investigando denuncias presentadas por dos empresarios y había tramitado también el aviso de un empleado de ING Direct que daba cuenta de una serie de estafas a través del «peloteo de pagarés».

Según explican en el informe, la operativa fraudulenta consistía en firmar pagarés –que cargaban a cuentas de las sociedades que la presunta trama tenía en otras entidades bancarias– sin que existiese una deuda real para así llevar a cabo la «disposición inmediata de fondos antes de cumplirse el plazo de devolución interbancario».

De esta manera, las empresas conseguían fondos a corto plazo antes de emitir el pagaré en favor de la siguiente sociedad de la organización. Según los agentes, lo harían con el objeto de «obtener una financiación irregular» y «cubrir las compensaciones de cheques/pagarés».

UNA TRAMA, DOS ORGANIZACIONES

Tras tres años de pesquisas, la Policía Judicial divide la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por José Luis Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, que «tiene presuntamente como actividad principal el tráfico internacional de drogas» y que utiliza a la supuesta organización en la que figura Moreno para «blanquear el dinero» obtenido del narcotráfico.

Los agentes subrayan que las conversaciones telefónicas intervenidas reflejan que «ambas organizaciones movían grandes cantidades de dinero en efectivo». «Como prueba de ello tenemos el SMS remitido (…) el 11/11/2020 en el que hay una fotografía en la que se aprecia una cantidad de unos 500.000 euros en fajos de billetes», añaden.

UN MILLÓN CADA 15 DÍAS

Los investigadores aseguran que los sospechosos movían «grandes cantidades de dinero en efectivo de manera regular, aproximando estas cantidades al millón de euros cada 15 o 20 días».

Según un escrito enviado al juzgado el pasado octubre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cifra en 85 millones de euros el dinero presuntamente estafado a diferentes entidades bancarias por la supuesta trama encabezada por Moreno.

La Policía Judicial asegura en su informe que se trataría de «una organización criminal muy activa con gran movilidad, con muchas ramificaciones, y que opera tanto a nivel nacional como internacional».

La trama –precisan los agentes– dispone de «numerosas propiedades inmobiliarias» que utilizan para dotar de activos a las sociedades pantallas y para «ocultar los frutos y efectos» de su negocio, «lo que conlleva gran dificultad a la hora de poder localizarlos».

Ante los «sustanciosos beneficios» que los miembros de la presunta organización consiguieron con la actividad desarrollada desde 2017, los investigadores -ocho días antes de que tuvieran lugar las detenciones y registros– no descartaban la «existencia de riesgo de fuga de los investigados si llegasen a tener conocimiento» de la operación.

Los spots publicitarios de concienciación sobre la Covid-19 ofrecen una imagen polarizada de los jóvenes enfatizando modelos positivos y responsables o negativos e inconscientes. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado una investigación internacional, liderada por la Universidad de Oviedo, que ha analizado un centenar de campañas publicadas en YouTube dirigidas a concienciar a los jóvenes españoles y latinoamericanos sobre los riesgos de la COVID-19 y la prevención de la transmisión del virus.

La profesora María Esther del Moral, catedrática del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, destaca que, del análisis de estos cien spots, se sacan dos conclusiones.

La primera, que los factores culturales compartidos entre España y Latinoamérica se plasman en la homogeneidad de las narrativas empleadas, con carácter general, en los spots desde el punto de vista afectivo-emocional. Y, segunda, la representación juvenil está polarizada, con una mayor abundancia de modelos transgresores de las normas o inconscientes.

La investigadora subraya que las consecuencias sociosanitarias y económicas de la Covid-19 llevaron a los distintos países a poner en marcha estrategias comunicativas de carácter preventivo que se publicaron en medios sociales como YouTube con el propósito de amplificar su difusión y llegar a la población diana.

El trabajo de las investigadoras se centró en el análisis de un centenar de vídeos publicados en esta red social entre el 1 de septiembre de 2020 y el 10 de enero de 2021, antes por lo tanto de que la pandemia se extendiera más entre la población más joven.

Las autoras del trabajo estudiaron aspectos tanto cuantitativos -análisis descriptivo de los datos– como cualitativos –identificación y estudio de variables comunicativas, técnico-narrativas y afectivo-emocionales–.

Los resultados, publicados en la Revista Latina de Comunicación Social, de máximo impacto en el ámbito de la comunicación, revelan que el 69% de los spots interpelan a los jóvenes magnificando el riesgo; el 49% favorece su identificación utilizando personajes de su misma franja de edad; el 33% invita a la reflexión ante situaciones críticas, y el 31% atemoriza a los jóvenes con la muerte de familiares.

La profesora Del Moral señala que el estudio ha permitido también observar algunas diferencias en la forma de contar en España y Latinoamérica. Así, los spots españoles se centran más en la necesidad de evitar reuniones y fiestas, promover el uso de las mascarillas y cumplir las normas sanitarias. Los latinoamericanos inciden en la importancia de la distancia social, los hábitos de higiene y el respeto a la cuarentena.

Ciudadanos anónimos, afectados, cantantes y sanitarios con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años protagonizan los spots españoles, mientras que comunicadores, futbolistas y celebridades de entre 35 y 65 años lo hacen en Latinoamérica. Los spots americanos son además más dramáticos y explícitos con imágenes alusivas a la muerte.

Tras el análisis de este centenar de vídeos, mayoritariamente institucionales, las investigadoras extraen dos enseñanzas. «Los spots que utilizan a jóvenes para sensibilizar a otros jóvenes son más efectivos porque logran un efecto mimético», destaca la profesora Del Moral. Además, de cara al futuro, «es necesario priorizar la difusión de mensajes en redes sociales para llegar a una audiencia juvenil, mucho más acostumbrada a estos formatos que a la prensa o a la televisión», concluye.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha presentado este viernes la campaña ‘No caminas sola’ que busca dar seguridad a las peregrinas que realizan el Camino de Santiago solas porque cualquier mujer «tiene derecho caminar sola, de día o de noche sin necesidad de sentirse víctima o culpable».

Así lo ha puesto de relieve Izquierdo durante la presentación, en el municipio palentino de Villalcázar se Sirga, en plena ruta Jacobea, de esta campaña que surge por iniciativa de las Unidades contra la Violencia de Género de las comunidades por las que discurre el Camino Francés, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla y León y Galicia.

A través de esta campaña, las delegaciones del Gobierno difundirán endiferentes localizaciones de dípticos y carteles con el mensaje ‘No caminas sola’, que incluyen un QR que enlaza a los teléfonos de atención a las mujeres (016, 062, 091) y a los recursos más cercanos en donde se les atenderá.

En concreto en Castilla y León se están distribuyendo 500 carteles y 9.000 tarjetas entre los albergues del Camino, puestos de Guardia Civil, Policías Locales, Comisarías de Policía Nacional y farmacias.

Durante la presentación, Javier Izquierdo ha explicado que la campaña tiene como finalidad «la protección genérica de los peregrinos» que disfrutan de esta ruta «de manera tranquila y segura» pero hace especial hincapié en ofrecer a las mujeres «recursos y la conciencia de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las instituciones tienen la voluntad de evitar cualquier tipo de agresión, abuso o amenaza, simplemente por el hecho de ser mujer».

Asimismo, el delegado del Gobierno ha asegurado que tanto las mujeres como los hombres pueden moverse solas por donde quieran porque la libre circulación «es un derecho constitucional» a lo que ha añadido que «ninguna mujer comete ninguna imprudencia por viajar sola».

«Lo que tenemos que ofrecerle es la garantía de sentirse protegida y en ningún caso debe ser acusada por viajar sola ni sentirse menos protegida por hacerlo de esa manera», ha insistido Izquierdo, quien ha recalcado que cada uno puede viajar «como le apetezca» y si opta por hacerlo solo «está en su legítimo derecho».

Asimismo, Izquierdo cree que la mejor manera de proteger es «reprobar cualquier conducta que implique una amenaza o un tipo de agresión contra las mujeres porque derecho están en su derecho de caminar solas por donde les plazca, de día o de noche, sin necesidad de sentirse víctimas ni culpables» a lo que ha añadido que hay que poner el foco en quienes puedan ser los presuntos agresores.

OFICINAS MÓVILES.

Por otro lado, en el dispositivo que se ha desplegado este año en el Camino de Santiago se ha incorporado como novedas la puesta en marcha de oficinas móviles de atención a los peregrinos de la Guardia Civil, que en el caso de Castilla y León se encuentra en León y funciona desde el pasado 1 de julio.

Se trata de una iniciativa piloto con la idea de que se pueda extender a toda la Comunidad a partir del próximo año y en estas oficinas se asiste a los peregrinos en la tramitación de alguna denuncia, tramitan de manera inmediata esa denuncia, y ofrecen respuesta policial, además de que se facilita información sobre el Camino de Santiago en general.

El delegado del Gobierno ha estado acompañado del alcalde de Villalcázar de Sirga, Moisés Payo; el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Migue; el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Luis Antonio del Castillo; el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional en Castilla y León, Jesús del Amo, y el presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, Javier Herradón.

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha rechazado la propuesta de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de crear una empresa pública que gestione las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose para así bajar el importe de la tarifa eléctrica, una idea que ha calificado de «idiotez».

«Por favor, menos idioteces sobre una empresa pública como solución. Sólo servirá para crear empleo para políticos sin poltrona», ha indicado el eurodiputado este viernes a través de su cuenta de Twitter. En cambio, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y miembro del Comité Permanente de Cs, Juan Marín, ha dicho que «todo es debatible» y se ha mostrado favorable a explorar todas las opciones frente al fuerte incremento del precio de la luz.

Fuentes del partido presidido por Inés Arrimadas han explicado que el problema de la escalada del precio de la luz, que lleva varios días alcanzando cifras récord, «no tiene nada que ver con la titularidad de la producción energética».

En una entrevista en la Cadena SER, Ribera abrió la puerta a «disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema de concesión distinto o a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía». Esto fue celebrado por la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que aboga desde hace tiempo por crear una empresa pública de energía.

Cs AVISA DE QUE HABRÍA QUE VENDER POR DEBAJO DEL PRECIO DE COSTE

Para la formación naranja, la idea de la vicepresidenta tercera del Gobierno es una «ocurrencia» que «vuelve a poner de manifiesto que Podemos marca el camino a Sánchez», y cree que el Ejecutivo de coalición ha intentado lanzar una «cortina de humo» para «desviar la atención del precio histórico de la electricidad».

«En un asunto tan importante como este, no existen soluciones mágicas como esta empresa pública, que tendría que vender la electricidad por debajo del precio de coste para tener un efecto notable, creando un agujero de tamaño insostenible en las ya maltrechas cuentas del Gobierno», han comentado desde Cs.

En opinión de Ciudadanos, «el PSOE está dispuesto a todo con tal de no utilizar las herramientas que tiene a disposición» el Ejecutivo para «evitar que el elevado precio de la luz afecte a familias y negocios». Una de esas medidas podría ser, según Cs, eliminar la doble imposición en la factura, sacando de la base imponible del IVA el impuesto de electricidad.

Por su parte, Garicano ha reiterado que no es cierto que las normas de la Unión Europea impidan cambiar el modelo de determinación de precios en los mercados mayoristas de electricidad, como ha argumentado Ribera.

El eurodiputado ya señaló el jueves que la directiva europea de electricidad «deja muchísimo margen a los Estados para regular los mercados mayoristas» y como posible solución sugirió sacar la energía hidráulica y la nuclear del sistema de fijación de precios.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta por el caso de Samuel Luiz, el joven que falleció tras una paliza en la madrugada del 3 de julio en el paseo marítimo coruñés, y centra su trabajo «en todas las pruebas testificales» y también en el volcado de datos obtenidos de medios como redes sociales.

Así lo ha ratificado este viernes el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, a preguntas de los periodistas, coincidiendo con un acto en Santiago de Compostela.

Respecto a posibles nuevas detenciones, Miñones ha insistido en que la investigación no se cerrará hasta que se tenga «a todos los presuntos autores puestos ante la justicia, que es el objetivo». Por ello, ha dicho que «lógicamente» se pueden producir «más detenciones». No obstante, ha apelado a «dejar trabajar con calma» a la Policía para que puedan «cerrar el caso».

En cuanto a las pruebas de ADN pendientes y el volcado de datos extraídos, entre otros, de redes sociales, ha manifestado que se trata de una «investigación bastante ardua», pero que, de acuerdo con los plazos fijados por los investigadores, «a lo largo del mes de agosto y primeras semanas de septiembre» esperan poder tener esa información.

PARTICIPANTES EN LA AGRESIÓN

Como ya trasladaron en su momento los responsables policiales, y, según ha trascendido también del sumario publicado en varios medios de comunicación, Samuel fue agredido durante seis minutos en la madrugada del 3 de julio.

Los testigos sitúan a unas «diez personas» las que estaban agrediendo a Samuel y confirman que solo dos hombres senegaleses –uno de ellos resultó también agredido– trataron de ayudarlo.

La autopsia ha ratificado también que la víctima recibió múltiples golpes, en una agresión en la que, inicialmente, según recoge el sumario y sostiene la Policía, participaron dos de los primeros detenidos y a los que luego se habrían sumado otras personas.

Por estos hechos, están en prisión provisional tres adultos. A dos de ellos, se les considera los autores de los primeros golpes que recibió Samuel. No solo lo consideran los investigadores, en base a las pruebas recabadas, si que también lo sostuvo otro de los acusados –en prisión– que afirmó, en su declaración en el juzgado de guardia, que los vio agredir a Samuel.

En su caso, admitió haberse llevado el móvil de la víctima y limitó su participación a un intento de separar al primer detenido, al que se considera responsable del inicio de la agresión, tras los reproches a la víctima por una videollamada que estaba haciendo con una amiga.

DECLARACIONES

Los dos presuntos autores del inicio de la agresión solo respondieron, en su declaración tras su detención, a preguntas de su abogado, según recogen los vídeos difundidos por ‘La Voz de Galicia’. El primero respondió a la pregunta de su letrado de si «conjunta y simultáneamente con otras personas golpeó a Samuel», que: «No, con todas las personas no». «Con otras personas no», reiteró al ser cuestionado de nuevo. El segundo solo sostuvo que compareció voluntariamente ante la Policía.

Junto a ellos, declaró también la novia del primero, que negó haber participado en la agresión o haberla alentado y sostuvo que no conocían a la víctima ni su condición sexual después de que testigos, de acuerdo con lo trascendido del sumario, confirmasen que oyeron el insulto de ‘maricón’.

ACUSACIONES

De momento, en un procedimiento judicial en una fase inicial, no ha trascendido si la posibilidad de una agresión homófoba se planteará en el juicio en cuanto a la petición de penas.

Solo se sabe, en una causa en la que los detenidos están investigados por homicidio o asesinato, que Fiscalía y acusaciones –la particular y la popular, ejercida por la Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual ALAS Coruña– piden asesinato para los cuatro adultos.

A estos detenidos, –solo la chica está en libertad con cargos y obligación de comparecer en el juzgado–,se suman otros dos jóvenes, uno de ellos con antecedentes, que se encuentran, por su edad, en un centro de menores.

Los investigados tienen edades comprendidas entre los 16 y los 25 años y el caso, según acordó la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, será juzgado por un jurado popular.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que para el Gobierno es «prioritario» garantizar la seguridad de todo el personal de la Embajada española en Afganistán, si bien por el momento no se ha tomado una decisión sobre su posible evacuación.

El avance imparable de los talibán en los últimos días, que se han hecho con el control de casi la mitad de las capitales de provincia del país, incluidas Kandahar y Heart –segunda y tercera ciudad–, ha llevado a países como Estados Unidos y Reino Unido a anunciar el envío de tropas adicionales para proceder a la evacuación de sus ciudadanos y de personal de sus embajadas.

Fuentes diplomáticas señalaron el jueves a que existe un plan de contingencia y evacuación para la Embajada en Kabul, igual que en todas las embajadas, y que el Ministerio de Asuntos Exteriores está preparado para activarlo en el momento en que sea necesario.

En declaraciones en Níjar (Almería), donde ha visitado las obras del AVE Almería-Murcia, Bolaños ha indicado que el Gobierno sigue de cerca la evolución de los acontecimientos a través de Exteriores, que «trabaja día a día» en la cuestión.

«Para nosotros es absolutamente prioritario garantizar la seguridad de nuestro personal y de las personas que trabajan en la Embajada», ha recalcado, subrayando que «las decisiones que se adopten se irán comunicando en su debido momento».

Exteriores ya recomendó el martes a los españoles residentes en Afganistán que abandonen el país «a la brevedad posible haciendo uso de los vuelos comerciales actualmente disponibles» al tiempo que desaconsejó viajar al país asiático «bajo ninguna circunstancia».

Por otra parte, los ministerios de Exteriores, Defensa e Interior están ultimando un plan para dar una solución a los traductores afganos que asistieron a las tropas españolas y también a la AECID en Afganistán en los últimos años y que ahora temen por sus vidas ante el inexorable avance de los talibán.

Dicho plan pasaría por su traslado a España, si bien aún no se ha determinado bajo qué fórmula se les acogería, y aún se está en la fase de las verificaciones de las identidades y las comprobaciones pertinentes, según dijeron fuentes diplomáticas, que precisaron que se estaba trabajando con premura ante la evolución de los acontecimientos en el terreno.

El viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, ha afirmado este viernes que el Gobierno Vasco no ve «necesario abrir un debate sobre la vacunación obligatoria», aunque es consciente de que este existe. «No vemos necesario ahora mismo un debate sobre el tema, pero no se pueden poner puertas al campo», ha añadido.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Quintas ha valorado que el rechazo a vacunarse es «muy bajo» en Euskadi, de poco más del 1% de la población, y ha analizado la reunión mantenida este jueves por las tres diputaciones con el Gobierno Vasco para debatir si se aplicaban las recomendaciones anunciadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

En este sentido, ha remarcado que en la cita no se debatió la posibilidad de establecer la vacunación obligatoria de los profesionales del sector sociosanitario y la actualización del protocolo vigente del personal de residencias.

Así, ha subrayado que no se ha descartado realizar dos PCR semanales a los trabajadores que no se hayan vacunado, sino que se salió de la reunión con un acuerdo que, «en estos momentos, está siendo validado por los equipos técnicos de salud pública, por si tienen que hacer alguna matización».

«En cuanto esté validado se publicará, pero no se salió de la reunión sin acuerdo. El acuerdo político está tomado, falta ratificarlo por los equipos técnicos para ser publicado», ha afirmado Quintas, que no ha considerado «precipitado» anunciar si habrá cambios en el protocolo.

De este modo, ha rechazado que el Gobierno Vasco quiera abrir el debate sobre la vacunación obligatoria, aunque es consciente de que el debate existe. «No vemos necesario un debate sobre el tema, pero no se pueden poner puertas al campo y el debate existe», ha expresado.

A su juicio, la cuestión de la vacunación obligatoria «no es una cuestión imprescindible» para lograr alcanzar los ratios de contagiosidad deseables», que se sitúan en 60 contagios por 100.000 habitantes.

Por último, ha advertido de que se trataría de una cuestión que no está en manos del Gobierno Vasco, al ser «inaplicable jurídicamente», de tal forma que «no se está en eso».