El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que la mayor división actual en Cataluña «no es entre independentistas y constitucionalistas», sino «entre los que apuestan por el diálogo y los que apuestan por la confrontación».

«Nosotros estamos en el diálogo, en la solución sensata y dialogada ante cualquier problema que se produzca. Esto es mirar al futuro», ha sostenido en su intervención en un acto de la Escuela de Otoño del PSC, que ha contado con la participación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y de la actual portavoz socialista en el Senado, Eva Granados.

Según Bolaños, lo que pasó en otoño de 2017 «no se puede volver a repetir, porque hubo una tensión insoportable para los catalanes y para el resto de españoles», y pese a admitir que la mesa de diálogo será difícil, ha defendido la vía del diálogo.

«Tenéis mi compromiso personal, el de presidente Pedro Sánchez y el del Gobierno de que nos estamos arremangando para conseguir que Cataluña sea un lugar más habitable, donde se encuentren personas que piensan diferente y convivan con normalidad», ha indicado.

Para Granados, los socialistas son los que abanderaron los conceptos de diálogo, negociación y pacto, y cree que ahora parte de los independentistas se están «apropiando de ello».

«Cuando hablar de diálogo y pacto en el Parlament provocaba carcajadas, estábamos con la bandera del federalismo y de la gestión de la complejidad. Si hay algún proyecto político que entienda España, que se reconozca en los acentos y las costuras, si alguien lo representa es el proyecto socialista», ha asegurado.

A la espera de que el PSOE celebre la semana que viene su Congreso federal en Valencia, Bolaños ha pedido mirar a largo plazo en todas las facetas de la vida y ha puesto los indultos a los condenados por el 1-O como ejemplo de la voluntad de los socialistas de buscar «el reencuentro y de abordar los problemas de frente».

Tras reivindicar que el PSOE se adapta a la realidad de la sociedad, ha explicado que en la ponencia que abordarán en el Congreso, las señas de identidad para la próxima década serán el feminismo, la digitalización, la defensa del medio ambiente y la igualdad de oportunidades, que considera que sólo es posible con políticas públicas.

Así, cree que sólo se podrá salir de la crisis actual reforzando el estado del bienestar, con políticas públicas y creado nuevas leyes y derechos, y ha vaticinado que el PSOE gobernará «una década» porque los ciudadanos, a su juicio, les darán la oportunidad de mejorar el país durante los dos años que quedan de legislatura.

VE AL PP EN LA OPOSICIÓN DURANTE AÑOS

También ha confrontado el modelo de país del PSOE con el del PP, que considera que se limita a querer «destruir todo el legado» del presidente Pedro Sánchez, y les ha preguntado si cuando gobiernen derogarán la subida del salario mínimo, el incremento de las pensiones, la Ley de Eutanasia y la Ley del Cambio Climático.

«Votar al PP es un regreso al pasado, volver a los 80, es una España ‘vintage’, absolutamente antigua y alejada de los valores que hoy rigen la sociedad española», ha apuntado Bolaños, motivo por el que augura que los ‘populares’ seguirán en la oposición durante muchos años.

PROSTITUCIÓN

De la ponencia del PSOE, el ministro ha querido referirse a uno de los temas que aborda, el de la prostitución, y ha asegurado que el partido aprobará la propuesta para abolirla: «Se va a acabar el utilizar el cuerpo de las mujeres. Y lo vamos a hacer porque es indigno en una sociedad avanzada que exista la prostitución. Por eso, la vamos a abolir, y lo aprobaremos en el Congreso federal del partido».

Por su parte, Granados ha reivindicado que los socialistas han impulsado el ingreso mínimo vital, y ha explicado que el Congreso del PSOE servirá para seguir desarrollando esta garantías de rentas, que requieren también de la cogobernanza con otras administraciones.

COGOBERNANZA

Precisamente, Bolaños ha erigido la cogobernanza como uno de los legados que dejará el PSOE de Pedro Sánchez, un concepto que considera que nació durante la gestión de la pandemia y que buscó «la corresponsabilidad de las comunidades con el Estado para conseguir mejores resultados».

Para Granados, el mayor ejemplo de cogobernaza y de la práctica del federalismo se ha visto «en el giro que ha hecho Europa a la hora de unir a los países con las vacunas y los fondos europeos», entre otras cuestiones.

PGE DE 2022

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, Bolaños ha destacado la importancia de que sean unos «presupuestos viables, con capacidad de generación de recaudación para políticas públicas», y ha puesto en valor que están enfocados a los jóvenes.

Granados ha asegurado que son los «presupuestos de la recuperación justa, que ponen primero a las personas y la reactivación», y considera que son responsables fiscalmente.

La defensa del empresario colombiano Carlos José Mattos Barrero ha presentado este viernes un incidente de recusación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Rius y Ana María Rubio. Esta petición se produce sobre ellos porque, como integrantes de la Sección Tercera, fueron los que acordaron que el empresario ingresara en prisión para que se ejecutara su extradición.

A Mattos se le reclama por pagar supuestamente 200 millones de pesos (unos 48.000 euros) a una juez de Bogotá con el fin de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses de su compañía.

En el escrito de la defensa, se indica que los tres magistrados han conocido los hasta tres intentos de extradición de Mattos desde 2018. Uno de los puntos en los que basa esta petición de recusación es una transcripción de una entrevista al ministro de Justicia colombiano en septiembre en la que aseguraba que había mantenido conversaciones con la Audiencia Nacional para acordar esa extradición.

A juicio de la defensa, las afirmaciones que realizó el ministro suponen una «intromisión en la separación de los poderes del estado a nivel internacional». «Como si los procedimientos de extradición en España los tramitara un mercader o respondiesen a intereses políticos», añade. Suman a esto que tras poner en conocimiento de la Sala y de la presidencia de la Audiencia Nacional este incidente, la Sección Tercera omitió pronunciarse.

Por otro lado, la defensa lamenta también la celeridad en la tramitación de la causa, ya que a su juicio «puede poner de relevancia» la parcialidad y arbitrariedad del magistrado. En este sentido, muestra su extrañeza por «la premura» del tribunal en cumplir sin demora el procedimiento y la rapidez con la que se tramitaron las comunicaciones entre la autoridad colombiana y la española, cuando normalmente estos asuntos se demoran meses.

Además, apunta que el día en el que fue citado para la vista de extradición, el 6 de octubre, «la Sección Tercera se hizo valer de un procedimiento (rollo de extradición 33/21) para que el reclamado compareciera voluntariamente y así proceder a su detención por otro procedimiento anterior (47/19).

Por todo esto solicita la defensa la recusación de los tres magistrados, que sean sustituidos por otros como expresión del derecho al juez imparcial, y que se suspenda la extradición hasta resolver el incidente.

Cabe recordar que los magistrados el pasado miércoles rechazaron los motivos a los que aludió Mattos, que aseguraba que no podía viajar, y decretaron su ingreso en prisión para cumplir con la extradición.

EL RECURSO DE SÚPLICA

Por otro lado, la defensa de Mattos también ha presentado ante la Sección Tercera un recurso de súplica, para pedir que se suspenda la entrega del empresario y se acuerde su puesta en libertad.

En el marco del escrito, el equipo jurídico ha destacado que el auto por el que se acuerda la extradición de Mattos a Colombia solo contempla un informe que valora el riesgo para la salud derivado del desplazamiento o del viaje, pero no valora el riesgo que supone para el acusado ingresar en un centro penitenciario del país sudamericano una vez que se materialice la entrega.

La defensa sostiene que la Audiencia Nacional «debe tener en consideración que existen indicios suficientes para determinar que no habrá un tratamiento médico adecuado para el Sr. Mattos en un recinto penitenciario en Colombia donde no se garantiza el acceso a la salud de los reclusos».

En este sentido, el letrado ha subrayado que «un informe médico forense de fecha 15 de abril concluye que salvo que sea tratado con el mismo tratamiento médico que se realiza en España, su ingreso en prisión supondría un riesgo para su salud».

Asimismo, ha alegado que el auto por el que se acuerda su entrega incurre en «una vulneración patente y manifiesta de los derechos fundamentales por acordar la prisión como herramienta del sistema sin atender el principio de legalidad».

Ha explicado que, además, «se sobrepone una circunstancia que impide manterialmente que Mattos sea entregado», en referencia a «la existencia de otro procedimiento de extradición» instado también por Colombia que aún se encuentra pendiente de tramitación. «Se estaría vulnerando el derecho a un proceso justo con todas las garantías», ha añadido.

A la lista de razones para frenar su extradición, la defensa de Mattos ha incluido el recurso contencioso-administrativo que interpuso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la resolución del Consejo de Ministros por la que se acordaba su entrega que, según ha precisado, aún está pendiente de respuesta.

50 MILLONES DE PESOS EN UNA CAJA DE ZAPATOS

De acuerdo con el relato aportado por Colombia, los hechos por los que se solicita la extradición se remontan al 1 de diciembre de 2015, cuando se presentó solicitud de prueba anticipada en un despacho judicial (consistente en inspección judicial con exhibición de documentos y peritos) donde figuraba como demandante la compañía Hyundai Colombia Automotriz de Mattos y como demandada, la empresa Global Car World SAS.

En el desarrollo de dicha inspección judicial, que se llevó a acabó el 29 de abril de 2016, la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández Pérez, decretó dos medidas cautelares favorables a los intereses de Hyundai, señala el escrito.

A finales de ese mes o principios de junio, continúa explicando el escrito, un empleado judicial del mencionado despacho judicial, Dagoberto Rodríguez Niño (con quien se había concertado Carlos Mattos) visitó en su despacho a la juez y le comentó que el empresario le enviaba dinero (50 millones de pesos), cantidad de la que unos días después le hizo entrega en una caja de zapatos sellada en un centro comercial.

«Dinero que recibió la señora Ligia del Carmen Hernández Pérez y continuó adelantando el trámite de la referida actuación judicial», apostilla la reclamación de extradición de las autoridades colombianas.

Poco después, Rodríguez Niño habría hecho entrega a la juez de otros 50 millones en una clínica de la ciudad, a los que seguirían otros tres pagos más por la misma cantidad. De cada entrega, según lo declarado por este empleado judicial, la magistrada le daba 10 millones de pesos como recompensa.

GRATIFICACIONES POR UNAS MEDIDAS FAVORABLES

«De los elementos materiales probatorios y evidencia física, se tiene que el señor Carlos Mattos entregó, valiéndose de la participación del señor Dagoberto Rodríguez Niño, la cifra de 200 millones de pesos a la señora Ligia del Carmen Hernández Pérez, no solamente con el objeto de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses económicos de Hyundai Colombia Automotriz SA, tal como quiso hacerlo ver, sino también para asegurar ilegalmente que, mientras ella tuviese la dirección de la actuación, no variaría su postura sobre las mismas», señalan las autoridades reclamantes.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha criticado que el PP haya «dimitido de sus responsabilidades como oposición» y ha lamentado que no se pueda contar con los ‘populares’ para la recuperación tras la crisis causada por la pandemia.

«También sabemos que el Govern de la Generalitat está en otras cosas que nada tienen que ver con mejorar la vida de las personas», ha censurado Batet en una intervención por vídeo este viernes en un acto de la Escuela de Otoño del PSC, en el que han participado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados.

La presidenta del Congreso ha explicado que los socialistas encaran dos citas fundamentales este otoño: «el decidido avance en la recuperación social y económica tras la pandemia» y el 40 Congreso Federal del PSOE el próximo fin de semana en Valencia.

No ha querido avanzar los contenidos del Congreso socialista, pero lo ha definido como una guía útil para abordar los retos de la recuperación, y ha afirmado que con esta hoja de ruta serán capaces de construir una propuesta integradora y de izquierdas: «Ningún otro partido dispone hoy de un proyecto constructivo y ganador como el nuestro».

RECUPERACIÓN DESDE LAS INSTITUCIONES

Batet también ha defendido el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno y ha destacado que contempla una recuperación solidaria e impulsada por las instituciones, que deben «comprometerse con los sectores que necesitan más apoyo».

También ha emplazado a los socialistas a retomar las tareas que afrontan las sociedades europeas del siglo XXI, que para ella son la emergencia climática; la consolidación de los servicios públicos; el impulso del consenso social y la integración, y la recuperación y el refuerzo de la Unión Europea, «que ha sido capaz de llegar a consensos vitales para luchar contra la pandemia».

ICETA Y BAYÓN

El ministro de Cultura y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha inaugurado la Escuela de Otoño a través de un vídeo, ya que no ha podido asistir presencialmente porque se encuentra en Basilea (Suiza) en unas jornadas de cultura, y se ha despedido porque esta será su última Escuela de Otoño como líder del partido antes de dar el relevo a Salvador Illa.

En la inauguración de las jornadas, el director general de Gobernanza Pública, Olivié Bayón, ha reivindicado el eslogan de la Escuela de Otoño 2021 ‘Socialismo es futuro’ frente a «aquellos que decían que el PSC estaba muerto y le habían hecho la esquela, porque hoy es primera fuerza en el Parlament», y ha apostado por avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de ocho años de cárcel y cinco años de libertad vigilada que la Audiencia Provincial de Ourense había impuesto a un joven de 21 años que abusó sexualmente de su sobrina, de 13.

El fallo del alto tribunal gallego, con fecha a 4 de octubre, confirma como probado que el acusado, el día de Nochebuena de 2018, aprovechó que la menor se iba a acostar y que ambos dormían en habitaciones contiguas en la casa de los padres para entrar en su cuarto, introducirse en su cama y tocarla por todo el cuerpo.

A continuación, describe la sentencia original de la Audiencia Provincial, la penetró vaginalmente «sin que la menor opusiera resistencia por la vergüenza que le daba lo que estaba ocurriendo o por el miedo que tenía a su tío».

Tras este fallo, la defensa del acusado presentó recurso de apelación ante el TSXG por «error en la apreciación de las pruebas». Y es que, a su juicio, no se habría respetado el principio de presunción de inocencia durante la declaración de la víctima y hubo falta de «coherencia interna» en su relato.

Los magistrados desestiman el recurso de la defensa y advierten: «Parece no repararse en que la declaración de una niña que ha sido objeto de un abuso sexual, efectuada ante una Sala de justicia, no cuenta con el mejor escenario para mostrar la seguridad que tanto echa en falta».

Además, el TSXG señala que el informe psicológico forense realizado a la menor consta que «es una persona vulnerable, con baja autoestima» y con una «pobre red de apoyo familiar», todos ellos «factores que limitan su capacidad para decidir de manera voluntaria». «Así que nada tiene de raro que haya que sacarle las respuestas y dirigir el interrogatorio», concluyen los magistrados.

Por todo ello, el TSXG desestima el recurso de apelación y confirma en su integridad la condena de ocho años de cárcel y cinco de libertad vigilada para el acusado, así como la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros de su domicilio, su colegio, su lugar de trabajo o cualquier punto donde se encuentre durante 10 años.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil, han defendido este viernes, en la reunión parlamentaria previa a la 26 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Pre-COP26), una acción climática ambiciosa y coordinada en la reconstrucción tras la crisis provocada por el coronavirus.

Esta cita, celebrada en Roma y en la que participan los presidentes de los Parlamentos de los países del G20, se enmarca dentro de los eventos preparatorios de la reunión parlamentaria con motivo de la COP26, que tendrá lugar en Glasgow (Reino Unido) el próximo 7 de noviembre.

Durante el encuentro se ha profundizado sobre la contribución de los parlamentos en la lucha el cambio climático y la implementación de acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y de la COP26.

La ceremonia de inauguración ha estado presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Fico; la presidenta del Senado italiano, María Elisabetta Alberti; el presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP), Duarte Pacheco, y el presidente honorífico de la UIP, Pier Ferdinando Casini.

Batet y Gil han coincido en la importancia de una acción climática ambiciosa y coordinada por parte de la Unión Europea y los países del G20 para seguir avanzando sobre los importantes objetivos del Acuerdo de París y asegurar que la temperatura media del planeta no se incremente más de 1,5 ºC.

PAPEL CLAVE DE LAS CORTES

Ambos han recalcado la necesidad de garantizar que la reconstrucción y recuperación tras la pandemia de la COVID-26 sean sostenibles desde un punto de vista social y medioambiental y han subrayado el papel clave del Congreso y el Senado para abordar la emergencia climática a través de iniciativas específicas.

«Los parlamentos, con sus funciones legislativa, de control y de representación, son esenciales para plasmar en acciones concretas en cada uno de nuestros países los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático, un desafío global que exige de la cooperación internacional para encontrar soluciones», ha señalado Batet.

Por su parte, el presidente del Senado, Ander Gil, ha incidido en «la estrecha relación entre la salud del planeta y la salud humana y lo vulnerables que somos ante los efectos del cambio climático, que son hoy más evidentes que nunca». «Por tanto, nuestra posición también debe ser más ambiciosa respecto a la sostenibilidad ambiental, la transición ecológica y la conservación de la biodiversidad en los espacios rurales y urbanos», ha defendido Gil.

En el transcurso de esta Cumbre Parlamentaria, Batet ha mantenido un encuentro con Pier Ferdinando Casini, ex-presidente de la Cámara de Diputados italiana y presidente honorario de la Unión InterParlamentaria (UIP), en el que han analizado los avances de la vacunación y de la recuperación post-COVID y han intercambiado puntos de vista acerca de los nuevos liderazgos en Europa.

Las organizaciones convocantes han valorado muy satisfactoriamente la multitudinaria asistencia a la manifestación por un Mar Menor Vivo, celebrada este jueves 7 de octubre en Murcia.

Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, ANSE, FAVCAC, ADEPEMM, Colectivo SOS Mar Menor, Asociación Por un Mar Menor Vivo, Colectivo por la ILP y Banderas Negras han querido agradecer, mediante un comunicado, la participación a las más de 70.000 personas que ayer acudieron a la manifestación, «que fue muy reivindicativa y que demostró que la ciudadanía no aguanta más mentiras ni más inmovilismo institucional».

Del mismo modo, agradecen la asistencia de las personas que acudieron a las concentraciones en otras ciudades, e incluso en Bruselas, y por supuesto a todas las personas y organizaciones que han mostrado su apoyo en las últimas semanas a las reivindicaciones en defensa del Mar Menor.

Por otro lado, han querido reconocer el gran trabajo de las personas voluntarias que han permitido organizar y velar porque está gran manifestación se desarrollara con un perfecto orden.

Mención especial hacen del grupo de música Nunatak, que se ofreció a tocar un tema tras la lectura del manifiesto, y cuya canción ‘Sol y Sal’ emocionó a las miles de personas congregadas frente a la Consejería de Medio Ambiente, que también la corearon.

La organización valora la amplia participación de los medios de comunicación en esta histórica movilización social, por lo que agradecen la cobertura mediática ofrecida. Por último, han insistido en que no dan la lucha por finalizada, que desde hoy mismo siguen trabajando en distintos frentes para conseguir sus objetivos.

Así, piden «que se apliquen soluciones eficaces y en origen para que el Mar Menor vuelva a ser un ecosistema vivo y un lugar que puedan disfrutar las generaciones venideras igual que lo hemos hecho las generaciones actuales y pasadas».

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) va a impulsar la Red de Centros orientados al Networking Empresarial, la Cooperación y el Teletrabajo (CONECT) en entornos rurales en riesgo de despoblación, con el apoyo de las Diputaciones Provinciales, que va a comenzar a desplegarse en las zonas con mayor vulnerabilidad territorial, en concreto, en Soria, Cuenca y Teruel, por un importe de 3,9 millones de euros.

Los centros se localizarán en municipios o entidades singulares con una población igual o inferior a los 5.000 habitantes, ha explicado el MITECO. Esta red tiene como objetivo facilitar la implantación de procesos innovadores que impliquen a la población local, en línea con el Eje 3 del Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico.

El secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, ha señalado que la atracción y fijación de talento «requiere de espacios para su desarrollo, donde la innovación dé lugar a nueva actividad económica y redunde en un incremento en la prestación de servicios en los pequeños municipios y las zonas rurales».

Ha añadido: «La lucha contra la despoblación requiere de políticas públicas transformadoras, que impulsen el desarrollo económico y tecnológico, así como la habitabilidad desde una perspectiva de sostenibilidad y equilibrio entre los entornos rural y urbano; políticas que conecten e integren el territorio mediante una asignación de los recursos públicos más eficiente y redistributiva».

Así, los centros CONECT contribuirán a la puesta en marcha de iniciativas laborales de la población de los municipios destinatarios mediante la creación de espacios dotados con los medios técnicos y humanos necesarios para facilitar el teletrabajo, la colaboración empresarial y la formación en competencias digitales.

El papel de estos centros será esencial para promover la integración tecnológica de los vecinos, elemento clave para reducir la brecha digital y social, favorecer la igualdad de oportunidades y fomentar la participación ciudadana. Sus acciones irán dirigidas a guiar y fomentar la e-administración, el empleo y los trámites propios de los servicios municipales y comunitarios, ha precisado el MITECO.

El Parlamento de Galicia ha aprobado este viernes una proposición no de ley (PNL) del PPdeG por la cual se pide al Gobierno «agilidad» en la concreción de los nuevos currículums derivados de la aplicación de la nueva ley educativa, la llamada ‘Ley Celaá’.

En concreto, el texto aprobado en la Comisión 4ª de Educación e Cultura –ha contado con el voto favorable de PPdeG y BNG, mientras que el PSdeG ha optado por la abstención– se dirige a la Xunta para que solicite al Ministerio de Educación agilidad en la dotación de contenidos «como paso previo a poder acometer su adaptación a las particularidades de la enseñanza gallega».

Además, serviría para «facilitar» que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade «pueda ofrecer al profesorado gallego un conjunto de instrumentos y herramientas informáticas» que permitan elaborar las programaciones didácticas de acuerdo con el currículum vigente.

La Comisión 4ª de la Cámara autonómica también ha aprobado una segunda PNL a propuesta de los populares, en la que tanto BNG como PSdeG se han abstenido, para que la Xunta «coordine la puesta en marcha de una programación cultural» que reivindique a Pintor Laxeiro coincidiendo con el Día das Artes Galegas de 2022, que estará dedicado a su figura.

TRAZADO DEL CAMINO DE INVIERNO

Por otra parte, la Comisión de Educación e Cultura ha sacado adelante, por unanimidad, una tercera proposición no de ley del BNG para que la Xunta inicie el procedimiento para delimitar el trazado del Camino de Invierno, pero con el matiz –fruto de una enmienda del PPdeG– de dar «prioridad a las rutas principales que fueron reconocidas previamente».

Esta PNL también reclama al Gobierno gallego que modifique el Plan Básico Autonómico para «corregir» el trazado del Camino de Invierno «allá donde surjan discordancias» entre el itinerario inicial y su delimitación definitiva.

La sesión de la Comisión 4ª de este viernes ha arrancado con un minuto de silencio en memoria del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Valeriano Martínez, fallecido este miércoles en su despacho de una parada cardiorrespiratoria.

CEIP MONTE DOS POSTES Y FONTIÑAS, EN SANTIAGO

Asimismo, el Parlamento gallego ha acogido la comparecencia del director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Xunta, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, para responder a una pregunta de la diputada del PSdeG Noa Díaz, quien ha denunciado que el CEIP Montes dos Postes y el de Fontiñas, en Santiago, se ven «obligados a compartir» un tutor y dos especialistas en pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL).

Por eso, ha solicitado a la Consellería la contratación de tres maestros a tiempo completo y que «deje de jugar con la educación» a través de unas carencias que, según ha dicho, afectan «a todo el territorio» de Galicia.

Enfrente, el director xeral ha afeado a la oposición el «mensaje negativo y falso» que quiere trasladar a la sociedad con unos «supuestos recortes en la enseñanza». «El sistema educativo gallego cuenta con los recursos materiales y humanos que necesita en cada momento», ha defendido.

Dicho esto, Álvarez Bértolo ha detallado que la dotación del personal del Monte dos Postes, con 31,5 docentes en total «en lugar de 29 con los que cuenta en el catálogo habilitado» –es decir, 2,5 profesores más–, «garantiza la cobertura de las enseñanzas y respetando las especialidades y los puestos de trabajo» necesarios.

No en vano, ha señalado que este centro no cuenta con más personal porque «no participa» en el programa de apoyo ‘Proa’, por el que la Consellería le asignaría un mayor número de docentes como refuerzo.

Y en lo que respecta al CEIP Fontiñas, el director xeral de Centros e Recursos Humanos ha destacado que, gracias tanto al programa ‘Proa’ como al plan ‘ARCO’, se encuentra en una «situación similar», con 1,5 profesores más con respecto a los que le correspondería por catálogo.

En su turno de réplica, la diputada del PSdeG ha criticado que la Xunta se dedique a hablar de «números» –«los niños no son números, son personas que deben recibir una educación de calidad», ha apuntado– y ha cuestionado que sean los centros los que «deben decidir si implementar alguno de esos dos programas (‘Proa’ o ‘Arco’) para cubrir la falta de profesorado».

IU elabora una iniciativa, a través de su área de Política Municipal, que llevará a los ayuntamientos donde tiene representación para reclamar la «reforma urgente de la financiación local».

Entre las propuestas concretas que incluye el texto de la moción está instar al Gobierno a que apruebe, entre otras medidas, una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales», así como a «cumplir el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda sobre gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de ayuntamientos y cabildos insulares de, al menos, el 15% del total de los transferidos al Estado español».

El responsable federal de Política Municipal de IU, Rubén Pérez, ha considerado que el actual Gobierno de coalición y los acuerdos previos firmados para su formación «constituyen una oportunidad histórica para abordar plenamente las reformas reclamadas por las entidades locales».

De hecho, ha recordado que el acuerdo de gobierno incluye textualmente que el Ejecutivo ‘ampliará las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica», derogando así la ley de racionalización de la administración local del PP con una nueva norma que conceda a los municipios la «capacidad de percibir unos tributos propios mínimos» y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado.

Pérez ha afirmado que una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que ahora inicia su trámite parlamentario, la reforma de la financiación local pasa a ser un asunto «prioritario» en lo que resta de legislatura.

El dirigente federal de IU ha dicho que esta idea se reafirma por el «trascendental papel que han jugado los ayuntamientos en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del Covid-19», donde han realizado un «gran esfuerzo inversor, al haber asumido competencias impropias y haber contribuido a ampliar el escudo social para proteger a familias, bonificar a la hostelería y al comercio local, o para garantizar servicios sociales básicos».

«Es necesario garantizar un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos», ha argumentado.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, reprochó a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya que se amparase en un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 para evitar identificar a la autoridad argelina y a los miembros del Ejecutivo español que tenían conocimiento de la llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. «Si esas son las reglas del juego, ¿yo cómo actúo?», le preguntó.

Así consta en el interrogatorio, en el que participó la extitular de Exteriores en calidad de investigada el pasado lunes 4 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.

En el marco de la comparecencia, el magistrado instructor preguntó a González Laya quién le había llamado desde Argelia para pedir que acogiera a Ghali. También quiso saber quiénes en el Gobierno español estaban al tanto de la operación y acordaron permitir la entrada del líder polisario sin que se hiciera un control de pasaporte. Pero no consiguió despejar sus dudas.

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 2010

Para negarse a responder a esas preguntas, la exministra se amparó en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales. El juez mostró su oposición a esta estrategia de defensa.

«Usted me está hablando no de la Ley de Secretos Oficiales del Estado, que creo que es del año 1968, sino de una especie de adaptación en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministerios de 2010 que según dijo el señor Villarino –el exjefe de gabinete de Exteriores que declaró el 13 de septiembre– no está ni publicado ni comunicado», indicó el magistrado. «Si esas son las reglas del juego, ¿yo cómo actúo?», añadió.

El juez Lasala insistió en que estaba «obligado» a seguir con el interrogatorio y la investigación pese a la negativa de la exministra a responder a sus preguntas. Y reprochó a González Laya que «cada dos por tres» se negara a responder porque está «vinculada por el principio de reserva, en virtud de algo que dicen que ocurrió y que sucedió entre no se sabe quiénes» y que «por lo visto deben pasárselo como un relevo de un Gobierno a otro desde 2010».

La exministra aseguró al magistrado que no se trataba de un acuerdo del Consejo de Ministros que ella se hubiese «inventado» y le recordó que ella también tenía unas «obligaciones» que debía cumplir, aunque eso le pueda jugar en su contra. «Usted se acoge a eso y me parece muy bien, pero yo tengo que seguir buscando la ley», le respondió el juez.

ASPECTO ADMINISTRATIVO DE LA ENTRADA DE GHALI

Durante el interrogatorio, el instructor dejó claro a González Laya que en el procedimiento «no se cuestiona para nada» el «aspecto político» vinculado a la decisión de acoger a Ghali.

«El Gobierno es libre de decir quién entra y quién no. Es el cómo», dijo para precisar que su interés radicaba en el «aspecto administrativo» de dicha decisión. «La cuestión no es si le vamos a asistir o no, es si le vamos a permitir la entrada sin controlarlo personalmente«, precisó.

En este sentido, Lasala también le preguntó si la petición que planteó Argelia relativa a Ghali «era realmente una causa humanitaria o era estrategia». «Que me hablen de motivos humanitarios cuando realmente se está muriendo la gente a miles por un lado o por otro», añadió luego para insistir en su pregunta de si se trató de un motivo humanitario o si respondía al perfil político del líder polisario.

González Laya defendió en todo momento que la decisión de permitir la entrada de Ghali se delimitó razones humanitarias. Destacó lo «excepcional» del caso y explicó que estaba motivado por cuatro factores. En primer lugar puntualizó que se trataba de una petición realizada por un país tercero; destacó como segundo factor que era una persona que estaba «gravemente enferma»; en tercer lugar, subrayó que era una «persona con un perfil político»; y por último, que era un caso que involucraba a «dos vecinos» cuya relación entre ellos tiene unas «aristas políticas».

El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha llamado a intentar lograr un frente amplio de izquierdas y ha emplazado a los «victimarios de la desunidad de la izquierda» a que no pongan «palos en las ruedas».

De hecho, ha bromeado para ilustrar su posición que a los «troskistas» y las ‘drag queen’ se parecen en una cosa y es que a ambos les gustan y se «mueren por las plataformas», aludiendo así implícitamente a iniciativas que en España se han acuñado en alguna ocasión, como en el caso de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. Y es en contraposición, Monedero ha vuelto a reivindicar su posición favorable a ahondar en esa idea de «partido-movimiento».

Por su parte Pablo Gentili, que fue jefe de gabinete del exlíder del partido Pablo Iglesias, ha desgranado que la unidad del espectro progresista es «táctica», dado que sin ella la izquierda «pierde».

Ambos se han pronunciado en estos términos durante su intervención en la mesa ‘Experiencias de gobierno’ celebrada en el marco de la ‘Universidad de Otoño’ que organiza Podemos en la localidad madrileña de Rivas.

Precisamente la cuestión de la unidad y las alianzas de futuro para ensanchar el espacio político es una de las temáticas que aborda la formación morada en esta cita. De hecho, la propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es defensora de esta estrategia y ayer se mostró dispuesta a abrir nuevos horizontes.

Paralelamente, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, impulsa un proyecto de suma de fuerzas de cara a los próximos diez años que sume «muchas manos», para lo cual desplegará un proceso de «escucha activa».

PEDIR PERDÓN

En el marco de este foro, Monedero ha subrayado que se tiene que intentar esa unidad y evitar el ejemplo de Francia, con cinco candidaturas de izquierda que dificulta las opciones en favor de una mayoría progresista.

«¿Pero cómo coño se presentan cinco partidos a la izquierda? Dos troskista, un ecologista el partido socialista y Mélenchon (…) Y seguramente le ha hecho una putada un troskista a otro troskista de cuidado (…) y el socialismo seguramente una putada al otro y los verdes dice.. ¿pero se van a presentar cinco partidos?», ha aludido.

No obstante y tras llamar a atender los «errores» y las «meteduras de pata» del pasado, ha lanzado que se debe trabajar a esa unión pese a que en España los «victimarios de la desunidad de la izquierda no han pedido perdón», sobre todo tras perder «plazas políticas muy importantes».

«Como yo, que tengo rabia y tengo iras contra quienes han roto la unidad de la izquierda (…) Sin embargo, yo creo que hay que trabajar por la unidad, hay que intentarlo. Y nosotros y yo en mi caso voy a alimentar mucho mi espacio, mi partido, pero entiendo que tiene que sumarse», ha agregado

En su alocución, el cofundador de Podemos, que no ha citado ningún caso concreto, ha dicho que el es partidario de intentar aglutinar fuerzas pese a las «cuitas» que pudiera haber en el pasado, advirtiendo, eso sí, de que «no se pueden poner palos en las ruedas».

Mientras, Gentili ha explicado que en la desunión pierde la izquierda y que expresar las divergencias de forma dura «fragiliza» este espacio político.

También ha considerado «desastroso» la situación de Francia con cinco candidaturas en ese arco político y ha aconsejado que para ganar la izquierda debe presentar una propuesta «convincente». «La unidad es una construcción que implica ingeniería y esfuerzo», ha desgranado.

Gentili sobre todo ha reflexionado sobre la situación latinoamericana donde el progresismo atraviesa un «momento excepcional» al volver a gobernar en Argentina, México, Bolivia, Perú y tener buenas perspectivas en Colombia y Chile.

Pero pese a ese momento positivo, también ha alertado de que la izquierda en Iberoamérica tiene un «déficit de unidad» con procesos de permanente «fragmentación de fuerzas».

Por tanto, ha diagnosticado que se debe dedicar mucho debate, inteligencia estratégica y sistematizar tanto ideas como experiencias para lograr que proyectos políticos aglutinen y tengan unidad. En este sentido, ha emplazado a reforzar los trabajos de ‘think tank’.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha recuperado este viernes la idea de que en la mesa de diálogo haya un mediador, una cuestión que Junts siempre ha defendido, y ha recordado que así se aprobó en el Parlament la legislatura pasada.

«La mesa de diálogo debería tener un mediador, lo aprobó el Parlament. Cuando no se quiere poner según que temas en la agenda, aceptar la representación, no hay mediador, se quiere que haya opacidad sobre lo que debe ser y no se quiere a la parte incómoda de la mesa, poca voluntad de resolver el conflicto político hay», ha sostenido en una entrevista en TV3.

Según Borràs, la posición de Junts sobre la mesa de diálogo es unánime, y cree que para que pueda tener resultados y ser «algo diferente debe poder estar todo el mundo, todos los que quieran asistir, y sobre todo debe poderse negociar, no hablar, no debatir y no dialogar, sobre lo que se debe negociar».

Después de que la justicia italiana dejara en libertad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Borràs ha advertido de que «cada vez más, la credibilidad del Estado es más baja en Europa», y ha cuestionado que el líder de Junts y eurodiputado pueda viajar a diferentes países de Europa sin temor a ser detenido salvo en España.

Sobre que la Fundación Villacisneros entregue al juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, su premio anual por considerar que trabaja en defensa del Estado de derecho, Borràs ha apuntado: «Ya le pueden dar premios, seguro que en Europa no se los darán».

BALANCE

También ha hecho balance de su Presidencia al frente del Parlament, y ha lamentado que desde que asumió el cargo ya haya habido «querellas por parte de Vox, Cs, denuncias al Tribunal Supremo, a la Junta Electoral Central, seis intentos de reprobación y ahora el Tribunal Constitucional».

«Uno de los escenarios donde se libra una batalla, que debería ser política pero que es judicial, es el Parlament», ha lamentado Borràs, que cree que el denominado ‘oasis catalán’ ha quedado desterrado de Cataluña y que ahora, en su opinión, hay un intento de politizar cualquier tema y de que tenga consecuencias jurídicas.

Para la presidenta del Parlament, esta situación no es normal, y por ello ha apelado a intentar trabajar «como si no existiera esta represión, y en una circunstancia de normalidad que no existe».

«No puedes ser que se hable de concordia, y por la otra te lleven al Constitucional. Una cosa no es compatible con la otra», ha sostenido Borràs, que ve un componente de persecución –ha dicho literalmente– para que no se debata de según qué temas en el Parlament.

Al preguntársele si representa a todos los grupos por igual, ha defendido que se comporta «con imparcialidad» y que trata a todos los diputados por igual, ha dicho.