El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, reprochó a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya que se amparase en un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 para evitar identificar a la autoridad argelina y a los miembros del Ejecutivo español que tenían conocimiento de la llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. «Si esas son las reglas del juego, ¿yo cómo actúo?», le preguntó.

Así consta en el interrogatorio, en el que participó la extitular de Exteriores en calidad de investigada el pasado lunes 4 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.

En el marco de la comparecencia, el magistrado instructor preguntó a González Laya quién le había llamado desde Argelia para pedir que acogiera a Ghali. También quiso saber quiénes en el Gobierno español estaban al tanto de la operación y acordaron permitir la entrada del líder polisario sin que se hiciera un control de pasaporte. Pero no consiguió despejar sus dudas.

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 2010

Para negarse a responder a esas preguntas, la exministra se amparó en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales. El juez mostró su oposición a esta estrategia de defensa.

«Usted me está hablando no de la Ley de Secretos Oficiales del Estado, que creo que es del año 1968, sino de una especie de adaptación en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministerios de 2010 que según dijo el señor Villarino –el exjefe de gabinete de Exteriores que declaró el 13 de septiembre– no está ni publicado ni comunicado», indicó el magistrado. «Si esas son las reglas del juego, ¿yo cómo actúo?», añadió.

El juez Lasala insistió en que estaba «obligado» a seguir con el interrogatorio y la investigación pese a la negativa de la exministra a responder a sus preguntas. Y reprochó a González Laya que «cada dos por tres» se negara a responder porque está «vinculada por el principio de reserva, en virtud de algo que dicen que ocurrió y que sucedió entre no se sabe quiénes» y que «por lo visto deben pasárselo como un relevo de un Gobierno a otro desde 2010».

La exministra aseguró al magistrado que no se trataba de un acuerdo del Consejo de Ministros que ella se hubiese «inventado» y le recordó que ella también tenía unas «obligaciones» que debía cumplir, aunque eso le pueda jugar en su contra. «Usted se acoge a eso y me parece muy bien, pero yo tengo que seguir buscando la ley», le respondió el juez.

ASPECTO ADMINISTRATIVO DE LA ENTRADA DE GHALI

Durante el interrogatorio, el instructor dejó claro a González Laya que en el procedimiento «no se cuestiona para nada» el «aspecto político» vinculado a la decisión de acoger a Ghali.

«El Gobierno es libre de decir quién entra y quién no. Es el cómo», dijo para precisar que su interés radicaba en el «aspecto administrativo» de dicha decisión. «La cuestión no es si le vamos a asistir o no, es si le vamos a permitir la entrada sin controlarlo personalmente«, precisó.

En este sentido, Lasala también le preguntó si la petición que planteó Argelia relativa a Ghali «era realmente una causa humanitaria o era estrategia». «Que me hablen de motivos humanitarios cuando realmente se está muriendo la gente a miles por un lado o por otro», añadió luego para insistir en su pregunta de si se trató de un motivo humanitario o si respondía al perfil político del líder polisario.

González Laya defendió en todo momento que la decisión de permitir la entrada de Ghali se delimitó razones humanitarias. Destacó lo «excepcional» del caso y explicó que estaba motivado por cuatro factores. En primer lugar puntualizó que se trataba de una petición realizada por un país tercero; destacó como segundo factor que era una persona que estaba «gravemente enferma»; en tercer lugar, subrayó que era una «persona con un perfil político»; y por último, que era un caso que involucraba a «dos vecinos» cuya relación entre ellos tiene unas «aristas políticas».

El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha llamado a intentar lograr un frente amplio de izquierdas y ha emplazado a los «victimarios de la desunidad de la izquierda» a que no pongan «palos en las ruedas».

De hecho, ha bromeado para ilustrar su posición que a los «troskistas» y las ‘drag queen’ se parecen en una cosa y es que a ambos les gustan y se «mueren por las plataformas», aludiendo así implícitamente a iniciativas que en España se han acuñado en alguna ocasión, como en el caso de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. Y es en contraposición, Monedero ha vuelto a reivindicar su posición favorable a ahondar en esa idea de «partido-movimiento».

Por su parte Pablo Gentili, que fue jefe de gabinete del exlíder del partido Pablo Iglesias, ha desgranado que la unidad del espectro progresista es «táctica», dado que sin ella la izquierda «pierde».

Ambos se han pronunciado en estos términos durante su intervención en la mesa ‘Experiencias de gobierno’ celebrada en el marco de la ‘Universidad de Otoño’ que organiza Podemos en la localidad madrileña de Rivas.

Precisamente la cuestión de la unidad y las alianzas de futuro para ensanchar el espacio político es una de las temáticas que aborda la formación morada en esta cita. De hecho, la propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es defensora de esta estrategia y ayer se mostró dispuesta a abrir nuevos horizontes.

Paralelamente, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, impulsa un proyecto de suma de fuerzas de cara a los próximos diez años que sume «muchas manos», para lo cual desplegará un proceso de «escucha activa».

PEDIR PERDÓN

En el marco de este foro, Monedero ha subrayado que se tiene que intentar esa unidad y evitar el ejemplo de Francia, con cinco candidaturas de izquierda que dificulta las opciones en favor de una mayoría progresista.

«¿Pero cómo coño se presentan cinco partidos a la izquierda? Dos troskista, un ecologista el partido socialista y Mélenchon (…) Y seguramente le ha hecho una putada un troskista a otro troskista de cuidado (…) y el socialismo seguramente una putada al otro y los verdes dice.. ¿pero se van a presentar cinco partidos?», ha aludido.

No obstante y tras llamar a atender los «errores» y las «meteduras de pata» del pasado, ha lanzado que se debe trabajar a esa unión pese a que en España los «victimarios de la desunidad de la izquierda no han pedido perdón», sobre todo tras perder «plazas políticas muy importantes».

«Como yo, que tengo rabia y tengo iras contra quienes han roto la unidad de la izquierda (…) Sin embargo, yo creo que hay que trabajar por la unidad, hay que intentarlo. Y nosotros y yo en mi caso voy a alimentar mucho mi espacio, mi partido, pero entiendo que tiene que sumarse», ha agregado

En su alocución, el cofundador de Podemos, que no ha citado ningún caso concreto, ha dicho que el es partidario de intentar aglutinar fuerzas pese a las «cuitas» que pudiera haber en el pasado, advirtiendo, eso sí, de que «no se pueden poner palos en las ruedas».

Mientras, Gentili ha explicado que en la desunión pierde la izquierda y que expresar las divergencias de forma dura «fragiliza» este espacio político.

También ha considerado «desastroso» la situación de Francia con cinco candidaturas en ese arco político y ha aconsejado que para ganar la izquierda debe presentar una propuesta «convincente». «La unidad es una construcción que implica ingeniería y esfuerzo», ha desgranado.

Gentili sobre todo ha reflexionado sobre la situación latinoamericana donde el progresismo atraviesa un «momento excepcional» al volver a gobernar en Argentina, México, Bolivia, Perú y tener buenas perspectivas en Colombia y Chile.

Pero pese a ese momento positivo, también ha alertado de que la izquierda en Iberoamérica tiene un «déficit de unidad» con procesos de permanente «fragmentación de fuerzas».

Por tanto, ha diagnosticado que se debe dedicar mucho debate, inteligencia estratégica y sistematizar tanto ideas como experiencias para lograr que proyectos políticos aglutinen y tengan unidad. En este sentido, ha emplazado a reforzar los trabajos de ‘think tank’.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha recuperado este viernes la idea de que en la mesa de diálogo haya un mediador, una cuestión que Junts siempre ha defendido, y ha recordado que así se aprobó en el Parlament la legislatura pasada.

«La mesa de diálogo debería tener un mediador, lo aprobó el Parlament. Cuando no se quiere poner según que temas en la agenda, aceptar la representación, no hay mediador, se quiere que haya opacidad sobre lo que debe ser y no se quiere a la parte incómoda de la mesa, poca voluntad de resolver el conflicto político hay», ha sostenido en una entrevista en TV3.

Según Borràs, la posición de Junts sobre la mesa de diálogo es unánime, y cree que para que pueda tener resultados y ser «algo diferente debe poder estar todo el mundo, todos los que quieran asistir, y sobre todo debe poderse negociar, no hablar, no debatir y no dialogar, sobre lo que se debe negociar».

Después de que la justicia italiana dejara en libertad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Borràs ha advertido de que «cada vez más, la credibilidad del Estado es más baja en Europa», y ha cuestionado que el líder de Junts y eurodiputado pueda viajar a diferentes países de Europa sin temor a ser detenido salvo en España.

Sobre que la Fundación Villacisneros entregue al juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, su premio anual por considerar que trabaja en defensa del Estado de derecho, Borràs ha apuntado: «Ya le pueden dar premios, seguro que en Europa no se los darán».

BALANCE

También ha hecho balance de su Presidencia al frente del Parlament, y ha lamentado que desde que asumió el cargo ya haya habido «querellas por parte de Vox, Cs, denuncias al Tribunal Supremo, a la Junta Electoral Central, seis intentos de reprobación y ahora el Tribunal Constitucional».

«Uno de los escenarios donde se libra una batalla, que debería ser política pero que es judicial, es el Parlament», ha lamentado Borràs, que cree que el denominado ‘oasis catalán’ ha quedado desterrado de Cataluña y que ahora, en su opinión, hay un intento de politizar cualquier tema y de que tenga consecuencias jurídicas.

Para la presidenta del Parlament, esta situación no es normal, y por ello ha apelado a intentar trabajar «como si no existiera esta represión, y en una circunstancia de normalidad que no existe».

«No puedes ser que se hable de concordia, y por la otra te lleven al Constitucional. Una cosa no es compatible con la otra», ha sostenido Borràs, que ve un componente de persecución –ha dicho literalmente– para que no se debata de según qué temas en el Parlament.

Al preguntársele si representa a todos los grupos por igual, ha defendido que se comporta «con imparcialidad» y que trata a todos los diputados por igual, ha dicho.

La Asociación de Medios de Información (AMI) ha celebrado la concesión del Premio Nobel de la Paz a los periodistas Maria Ressa y Dimitri Muratov, que se ha dado a conocer este viernes en Oslo (Noruega).

La asociación, que representa a más de ochenta medios de comunicación y agencias de información españolas, ha destacado el papel de la periodista filipina Maria Ressa, una de las mayores defensoras de la libertad de expresión en el mundo, que ha denunciado sistemáticamente «los abusos de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal», como reza el comunicado del galardón, que hace referencia al presidente Duterte, cuya lucha contra la droga le ha llevado a emprender una salvaje guerra sucia que ya se ha cobrado más de 6.000 muertos en el país desde 2016.

Sobre Ressa, de 58 años y fundadora del portal de noticias Rappler, ha puesto de relieve que fue declarada culpable en junio de 2020 en un «dudoso» caso de ciberdifamación por el que se enfrenta hasta a seis años de prisión. Por el momento, cumple arresto domiciliario en el país asiático.

Además, ha añadido que cuenta con otras siete denuncias pendientes por parte de la justicia filipina, que han sido denunciadas por los medios de comunicación de todo el mundo al entender que se deben a una persecución injustificada por ejercer su labor de periodista.

Entre otros galardones, Ressa fue premiada con la Pluma de Oro a la Libertad 2018 por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), que preside, al igual que en el caso de la Asociación de Medios de Información (AMI) y News Media Europe (NME), Fernando de Yarza. Se trata del primer Premio Nobel concedido a Filipinas, y la primera periodista que consigue el galardón en toda su historia.

Por otra parte, ha apuntado que el ruso Dimitri Muratov, de 59 años, es «otro gran ejemplo de lucha por la libertad de expresión frente a las condiciones adversas de su país». Fundador del diario ruso ‘Novaya Gazeta’, es su redactor jefe desde 1995 y siempre se ha mostrado muy crítico con el Kremlin.

Así, ha subrayado que ha denunciado en numerosas ocasiones en sus páginas la corrupción y la violencia en el país ruso, por lo que lleva recibiendo todo tipo de ataques y amenazas. Incluso, con el asesinato de seis de sus periodistas desde 2002. Entre ellos, la reportera de investigación Anna Politkovskaya.

Al igual que Ressa, Muratov fue galardonado con la Pluma de Oro a la Libertad 2016 de WAN-IFRA. En la recepción de su premio manifestó su inquebrantable compromiso con el periodismo. «Seguiremos representando al periodismo ruso, que ahora está siendo suprimido. Eso es todo. Intentaremos ayudar a las personas que ahora son etiquetadas como ‘agentes extranjeros’, que están siendo atacadas y expulsadas del país», señaló.

«Para encontrar periodista antecesor como ganador de un Premio Nobel de la Paz hay que retroceder hasta 1935, cuando Carl von Ossietzky fue galardonado con el Nobel de la Paz pese a la indignación de Adolf Hitler», ha recordado la organización,

La Asociación de Medios de Información muestra, así, su reconocimiento y «profunda satisfacción» por que la Academia Sueca haya tenido en cuenta el trabajo de los periodistas en todo el mundo, «especialmente cuando las circunstancias de falta de libertad y opresión son más acentuadas». «Ressa y Muratov son la muestra de que el periodismo de calidad es, más que nunca, esencial para el sostenimiento de la democracia en el mundo», ha concluido.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida por apuñalar a otra después de intentar agredir a clientes en una cafetería de la ciudad.

Así lo han informado fuentes judiciales, que han concretado que esta mujer está investigada por un delito de tentativa de homicidio y por otro de lesiones con instrumento peligroso.

La mujer, de 41 años, fue arrestada por agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Lugo por un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a otra mujer después de intentar agredir a los clientes de una cafetería en la capital luguesa.

La detención se produjo en la tarde de este pasado miércoles por hechos que ocurrieron en el centro de la ciudad, cuando una llamada a la sala del 091 advirtió de que una mujer había intentado apuñalar a varios clientes de una cafetería del centro de la ciudad.

Enviadas todas las dotaciones en servicio al lugar y en el trayecto al mismo, mediante otra llamada, los agentes fueron alertados de que en la calle Conde Pallares una mujer había sido apuñalada por otra.

Así, personadas las dotaciones en el lugar y verificado que había una mujer que recibió dos puñaladas en la espalda y un brazo, se le presta asistencia inmediata y una dotación se queda con ella a la espera de la llegada de los servicios sanitarios.

BÚSQUEDA

Mientras tanto, por parte del coordinador de servicios se establece un dispositivo de búsqueda de la autora de los hechos, con el fin de «evitar que se pudiera producir más incidentes», destaca la Policía.

De hecho, relatan las mismas fuentes, mientras se atendía a la víctima que había sido apuñalada se personó en el lugar la propietaria de la cafetería que había dado el primer aviso, quien apuntó el intento de agresión a varios de sus clientes.

Con el dispositivo de búsqueda en marcha, y la descripción aportada por los testigos de la agresión, las dotaciones policiales de Radiopatrullas localizaron en la calle San Marcos a la autora del apuñalamiento, que fue detenida y traslada a dependencias policiales en la calle Chantada. La Policía ha subrayado que «la rápida intervención pudo evitar nuevas agresiones».

NAVAJA INTERVENIDA

Cuando se procedió a su detención se le incautó una navaja, con la que supuestamente había perpetrado las agresiones, señala la Policía Nacional.

Por su parte, la víctima fue ingresada en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo (HULA) con dos puñaladas en el costado que, señalan las mismas fuentes, le han afectado a un pulmón y un brazo.

Expertos en certificación de pesquerías urgen a mejorar la estrecha colaboración entre pescadores y gestionadores para que los científicos tengan un mejor acceso a los datos detallados de las operaciones pesqueras y modelos matemáticos especializados en el tipo de vida muy peculiar de los pulpos en un contexto de aumento de la demanda de este cefalópodo en todo el mundo.

Según el experto en evaluación de stocks pesqueros de Marine Steardship Council (MSC) Rubén Roa esto es «clave» para conseguir la certificación MSC.

Así se ha manifestado en el marco del I Simposio Internacional sobre la Pesca Sostenible del Pulpo, en el marco de la feria de Conxemar, donde han participado instituciones como el Gobierno de Asturias, representantes del sector del pulpo, científicos y ONG en una jornada en la que han expuesto la necesiad de que «todos los eslabones de la cadena de valor» de la especie se impliquen en mejorar la sostenibilidad del pulpo.

En la jornada se han abordado cuestiones como la gestión de la pesca del pulpo y como los distintos miembros de la cadena de valor pueden contribuir a apoyar a las pesquerías para satisfacer la demanda de productos del mar sostenibles.

En el evento, la coordinadora de Sustainable Fishing Partnership Carmen González-Vallés, subrayó como la «creciente demanda» de pulpo a nivel global y especialmente en nuevos mercados como Estados Unidos ha hecho que cada vez haya más empresas interesadas en la Global Octopus Supply Chain Roundtable para saber cómo involucrarse en iniciativas de mejora pesquera en las pesquerías de pulpo, donde además de las pesquerías tradicionales del noroeste de África se han incluido pesquerías de Indonesia y Filipinas debido al interés creciente en importar dichas materias primas.

Por su parte, el director general de pesca marítima de Asturias, Francisco González, subrayó que la certificación MSC ha contribuido a una nueva concepción de la gestión pesquera y ha logrado unir sinergias de todos los actores implicados en la sostenibilidad de las pesquerías.

En la actualidad MSC ha certificado la pesquería de Pulpo de Australia Occidental, y la pesquería Artesanal de Pulpo de Nasas de las Cofradías del Occidente de Asturias. La entidad certificadora considera el pulpo una especie estratégica que al igual que otras especies de cefalópodos presenta diversos retos para la gestión sostenible de su pesca debido a la singularidad de su biología.

Además, en el evento se informó sobre cómo los científicos, las ONG, las administraciones, las empresas, y la cadena de suministro de productos del mar pueden ayudar a respaldar las pesquerías de pulpo para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos del mar sostenibles.

En esa línea, el director general de Orcas Seafood y coordinador del proyecto de Mejora pesquera de Yucatán (México), Mauricio Orellana, destacó la necesidad de que todos los actores de producción de la especie cooperen para beneficiar a toda la cadena de valor de la pesca sostenible de la especie, así como para acortar la distancia entre el productor y el consumidor final, para saber el valor real que la sostenibilidad aporta al pulpo sostenible.

En la misma línea, la directora de calidad de Brasmar (Portugal), Graciete Machado, expuso el interés de las empresas en poder suministrarse de producto sostenible para asegurar el suministro en el tiempo y dar seguridad futura a su proyecto empresarial.

Finalmente, entre las conclusiones, los participantes coincidieron en la necesidad de que todos los actores de la cadena de valor apoyen la sostenibilidad del pulpo así como en que es precisa una mayor concienciación y empoderamiento del consumidor para que demande productos sostenibles en sus lugares de compra.

El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs) ha valorado positivamente el incremento del 23% de la partida de Dependencia que recoge el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, si bien insiste en que se trata de una «financiación insuficiente».

Según precisa CEAPs, de acuerdo con la cantidad presupuestada para el año que viene, la Dependencia experimentaría un aumento hasta alcanzar la cantidad de 2.902 millones de euros, mientras que el nivel mínimo aumentaría en un 22,91%, hasta los 2.146 millones de euros, y el nivel lo haría en un 70,6%, lo que supone 483 millones de euros en total.

«Llevamos mucho tiempo diciendo que el modelo no ha fallado, lo que falla es la financiación y, para eso, es muy importante llegar al 2% del PIB para la Dependencia», ha subrayado la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual.

En este sentido, ha señalado que la inversión actual del Gobierno es «tan solo del 0,7%, nada que ver con la de otros países del entorno». «El déficit es evidente», ha apostillado, al tiempo que ha recordado que «el propio secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, reconoce que la transformación de los cuidados «requiere una financiación necesaria.

CEAPs apoya esa reivindicación en el informe ‘El Precio Justo; lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial’, realizado por la patronal y Gerokon y que fue presentado el pasado 1 de octubre durante la celebración de la I Cumbre ‘Baby Boom’.

De esta forma, reclama una mayor inyección económica y exige que el 1 de enero de 2022 las tarifas en todas las Comunidades estén como mínimo por encima de los 2.030 euros. También pide unas mejores condiciones para los trabajadores y para los usuarios.

«Queremos un aumento de los salarios, queremos habitaciones individuales, hay que ser transparentes. Si no llegamos a los 2.300 euros y de ahí hacia arriba, no podremos prestar el servicio que la sociedad quiere y requiere», ha explicado Pascual. Si bien, ha lamentado que, actualmente, diez autonomías están por debajo del básico que son los 2.030 euros.

Al mismo tiempo, ha reivindicado que exista un sistema de concertación mixta, con un 50% de plazas concertadas y otro 50% de plazas privadas, abonadas con prestaciones vinculadas al servicio; que se fije una ratio global de profesionales mínimo del 50%, y que solo exista una única tarifa de Atención a la Dependencia, no basada como hasta ahora en los grados de Dependencia de la persona usuaria del servicio.

Además, ha propuesto trabajar con indicadores de satisfacción del propio usuario para medir la calidad del servicio, garantizando el uso de herramientas de Atención Centrada en la Persona.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este viernes el juicio promovido contra un varón acusado de intentar asesinar a su esposa apuñalándola con un cuchillo y estrangulándola en la cocina de la vivienda familiar, alegando el encartado que tras comunicarle la mujer su decisión de separarse de él, intentó suicidarse mediante una ingesta de fármacos, tras lo cual sufrió un «apagón» de conciencia durante varios días, toda vez que la víctima ha ratificado el apuñalamiento denunciado.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos habrían acontecido el pasado 20 de marzo de 2020, pocos días después de ser decretado el primer estado de alarma frente a la pandemia; en la calle Torreblanca, en el sector norte del casco histórico de Sevilla capital, y el acusado es Carlos Eduardo S.V., sin antecedentes penales.

Allí, en su domicilio familiar, el acusado habría «abordado por detrás» a su esposa en la cocina de la vivienda, apuñalándola presuntamente con un cuchillo para después arrojarla al suelo y ponerse sobre ella, asifxiándola apretando su cuello entre las manos, siempre supuestamente.

La mujer habría intentado repeler la agresión, mordiendo un dedo pulgar del encartado, que habría respondido apuñalando a la mujer de nuevo, esta vez en el cuello, al tiempo que seguía intentando asfixiarla, sufriendo la víctima un «sangrado masivo» y en suma «peligro de muerte, ya que las heridas afectaron a zonas vitales».

La Fiscalía detalla además que a la fecha de los hechos, el encartado estaba «afectado» por el consumo de sustancias tóxicas y su «estado emocional dado el momento personal y general que estaba viviendo, por lo que su capacidad de obrar se encontraba afectada».

PETICIÓN DE CONDENA

La Fiscalía achaca al encartado un supuesto delito de asesinato en grado de tentativa en concurso con un delito de lesiones, con la agravante de parentesco y la circunstancia eximente incompleta de su estado de afección, reclamando para él nueve años de cárcel y 20 años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella.

Durante la vista oral, el acusado ha narrado que el 8 de marzo de 2020, es decir pocos días antes de ser ordenado el confinamiento obligatorio en los hogares ante la propagación del coronavirus Covid-19, su esposa le habría anunciado su decisión de separarse, extremo que le habría sorprendido por completo. La mujer, según el encartado, le había trasladado la necesidad de que él abandonase la vivienda, aunque dándole un plazo de unas tres semanas interrumpido por la implantación del primer estado de alarma contra el Covid-19, que prohibía los desplazamientos salvo por motivos laborales, de salud o de urgencia.

Según el acusado, tras anunciar su mujer la separación, él ya comenzó a pensar en suicidarse. «Era un zombi», indicaba respecto a su estado anímico, exponiendo que era consciente de que su mujer había conocido a otro hombre dadas las conversaciones telefónicas entre ambos y la reclusión obligatoria en las viviendas que pesaba para todos los ciudadanos.

GANAS DE «MORIR»

En cuanto a la noche del 20 de marzo, ha explicado que la mujer y él subieron a la azotea del bloque de viviendas donde residían para tomar «una copa» al aire libre, asegurando que él habría consumido numerosas cervezas; y que tras comentar ella los «planes» para su nueva vida; una vez bajaron al piso él decidió intentar suicidarse, para lo cual según su versión de los hechos consumió «30 pastillas» de un fármaco relajante, para así «morir» en la cama una vez acostado.

Tras la ingesta de los barbitúricos, según el acusado, habría sufrido un «apagón» de su conciencia del que sólo recordaría fugaces imágenes en su mente de la mujer gritando, «un charco de sangre» y su abogado diciéndole «no declares, no declares», tras lo cual habría recuperado la conciencia tres días después de los hechos. «No sabía ni donde estaba», ha asegurado.

La víctima, de su lado, ha asegurado que durante el rato que ambos compartieron en la azotea, el acusado tan sólo bebió una cerveza porque el mismo no toleraba apenas el alcohol, tras lo cual al bajar a la vivienda y entrar en la cocina sintió una acometida por detrás y la primera «cuchillada», tras lo cual reclamó al encartado que «parase», pero el mismo habría intentado asfixiarla, asestándole después una segunda cuchillada. «Había sangre por todos lados», ha aseverado la mujer.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Pablo Hispán considera «patético» que la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya trate de «encubrir» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el ‘caso Ghali’ y ha subrayado que una cosa es «discreción» y otra «ilegalidad».

Así se ha pronunciado Hispán, tras conocer que Laya declaró ante el juez de Zaragoza que investiga la estancia secreta en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que su entrada se gestionó con «discreción» porque su caso involucraba a «dos vecinos» con «aristas políticas», en referencia a Argelia y Marruecos.

En este contexto, Hispán ha defendido que «se pueden hacer las cosas con discreción, pero hay que hacerlas de modo legal». «Y la instrucción judicial evidencia que se incumplió la legalidad. La discreción nunca puede estar reñida con la legalidad por eso Laya es una ministra imputada», ha añadido.

Además, ha tachado de «vergonzoso» que Laya «trate de escudarse en la Ley de Secretos Oficiales» para no ofrecer detalles y que diga que fue una «decisión política». «Si es una decisión política que cuente todos los políticos que estuvieron involucrados», ha reclamado, rechazando que se esgrima una ley relativa a la seguridad para no hablar de un asunto «humanitario», según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

SÓLO LO PUDO COORDINAR MONCLOA

«Hay un proceso legal y lo que tiene que hacer la señora Laya es decir la verdad y no tratar de esconder al señor Sánchez, que es evidente que fue quien dio las instrucciones», ha enfatizado el diputado ‘popular’.

«Está encubriendo a la ‘x’ y es patético que una exministra del Reino de España no diga la verdad sobre quién le dio la orden de hacer las gestiones para meter a Ghali en España», ha abundado.

Y es que, a su juicio, es evidente que el Gobierno de Argelia «no se pone en contacto con ella» y que no es ella la que habla con el Gobierno de La Rioja. «El único ente que es capaz de coordinar a Exteriores, Defensa, Interior y a la delegación del Gobierno es Moncloa», ha aseverado.

El presidente de la Asociación Empresarial de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte), José María Toro, ha resaltado el «sentimiento amargo» que hay en el sector porque la última Mesa Interdepartamental de la Generalitat Valenciana sobre la covid no haya flexibilizado las restricciones en residencias. «Si tenemos que tener prudencia, debemos tenerla todos».

Así lo ha aseverado Toro, en una entrevista en 99.9 Plaza Radio, en la que ha señalado que, tras anunciar el Consell que se eliminan todos los aforos en hostelería, eventos y ocio nocturno es «un día de alegría porque hay que pensar en el conjunto de la sociedad, pero, por otro lado, hay un sentimiento amargo porque de nuevo nos quedamos al margen».

«No entendemos por qué si se rebajan las medidas en el conjunto de la sociedad no pasa en los centros residenciales», ha expresado el dirigente de la patronal de las residencias.

Asimismo, Toro ha confesado su preocupación por unas declaraciones sobre el fin de las limitaciones en residencias de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a la misma emisora. «Dejar el fin de las restricciones a que la OMS lo decida es desproporcionado y con falta de legitimidad jurídica, no podemos depender de quitar la reserva de plazas a que se complete o no la vacunación en África», ha argumentado.

Preguntado por si cree que se está produciendo un «intervencionismo encubierto» por parte de la administración y en qué se beneficiaría esta, ha declarado: «El hecho de que se reduzcan las plazas disponibles, en el fondo, reduce las personas que están en una residencia y, al mismo tiempo se incrementa, de manera indirecta, la ratio de atención. Esta conselleria parece que siempre ha tenido una obsesión con la situación económica de las empresas del sector que, para que no le quede duda a nadie, el año pasado tuvieron pérdidas».

El representante de Aerte ha urgido a «dar respuesta» la carencia de unas 21.000 plazas. «Para nosotros lo fácil sería callarnos, dejar que subiera la población de personas mayores y conservar las plazas que tenemos y los precios acabarían subiendo». En su opinión, esto lleva a la «intervención» y ha aludido al caso de la Ley de la Vivienda.

El Grupo Popular en la Cámara Alta ha solicitado el amparo de la Mesa del Senado para que se convoque la Comisión de Educación y Formación Profesional, y, de esta manera, se pueda tramitar la solicitud de comparecencia de la ministra del ramo, Pilar Alegría, para explicar la futura Ley de Formación Profesional.

Según el escrito remitido al órgano de dirección de la Cámara, los ‘populares’ recuerdan que solo se han celebrado cinco sesiones de esta Comisión desde que se constituyera en esta legislatura, allá por el 4 de febrero de 2020. Además, se quejan de que «únicamente» una de ellas corresponde a la comparecencia de la por aquel entonces ministra de Educación, Isabel Celaá.

Es por lo que critican que la titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional lleva sin pasarse por la Comisión del Senado desde hace más de un año, cuando aún era Isabel Celaá. Y es que, según recuerdan los ‘populares’, la nueva ministra aún no se ha estrenado en una comparecencia en este grupo de trabajo.

Así, el PP explica que, desde que Alegría es ministra, se han registrado dos solicitudes de comparecencia para que explicara las líneas generales de su departamento, así como las claves de la futura Ley de Formación Profesional, «al considerar esta como una de las leyes más importantes de su Ministerio».

Además, se quejan de que el hecho de no convocar la Comisión desde hace cuatro meses se han almacenado 25 mociones, 88 comparecencias y 12 preguntas orales pendientes.

«Desde el punto de vista de este Grupo Parlamentario sólo puede calificarse de insuficiente el número de reuniones de esta Comisión, máxime si tenemos en cuenta los problemas que el sector educativo ha tenido durante la pandemia del Covid-19, lo que supone un menosprecio a la Cámara Alta y un menoscabo de su función de control e impulso político», apunta el PP en su escrito.

El inquilino afectado por el caso del ariete, en el que se investiga a seis policías por irrumpir a la fuerza en una fiesta ilegal en el barrio de Salamanca, ha solicitado al juez Jaime Serrat, a través de su defensa, que testifique el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

La solicitud de testifical se enmarca en la batería de diligencias solicitadas hoy por el abogado del morador, el letrado Juan Gonzalo Ospina, en el marco de la audiencia celebrada entre las partes para trasladar a los seis agentes implicados en la causa su procesamiento por un delito de allanamiento de morada.

El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta por el morador y a instancias de que los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid ordenaran investigar los posibles excesos policiales llevados a cabo en la intervención policial realizada el pasado 21de marzo.

En la vista, el fiscal ha solicitado archivar la causa respecto a cinco de los policías y mantener la acusación solo para el responsable del operativo policial desplegado el pasado 21 de marzo para frenar una fiesta ilegal que se estaba celebrando a pesar de las restricciones sanitarias por la pandemia.

El letrado Juan Gonzalo Ospina ha solicitado la testifical del ministro en aras de acreditar que «el Ministerio del Interior no autorizó de manera previa la actuación de los agentes de la Policía Nacional para infringir el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se cometan infracciones administrativas».

Así como acredite si «apoyó la actuación de los agentes a posteriori de sus acciones, entendiendo que dicha actuación es lícita, sin embargo, dicha función no es del Ministerio de Interior, sino de los propios tribunales.

DILIGENCIAS SOLICITADAS

Entre otras diligencias, también ha solicitado que se cite a declarar en calidad de testigo al representante jurídico de Netpol Seguridad S.L.; así como a su directora ejecutiva e incluso al administrador de dicha empresa, a efectos de que comparezcan a manifestar si tienen algún grado de parentesco o relación análoga con los agentes investigados.

La solicitud está encaminada a conocer «el grado y conocimientos jurídicos sobre los hechos enjuiciados, sus conocimientos sobre los delitos de allanamiento de morada y contra la inviolabilidad del domicilio, así como sobre los supuestos errores de prohibición de los investigados, y si los mismos han tenido formación en dicha academia».

RECURSOS DE LOS AGENTES

El caso está pendiente de un recurso de apelación interpuestos por los agentes en la Audiencia Provincial de Madrid. En su recurso, las defensas de los policías sostienen que «el inmueble donde sucedieron los hechos no constituye morada, sino que, por el contrario, se trata de un piso que fue alquilado con la exclusiva finalidad de celebrar fiestas, incumpliendo la normativa existente como consecuencia del Estado de Alarma decretado por la pandemia».

La impugnación recalca que es «un hecho acreditado que durante el Estado de Alarma, y más en concreto en las fechas en las que sucedieron los hechos, se alquilaron pisos turísticos que, bajo la apariencia de pisos destinados al alojamiento de turistas, se destinaron únicamente a la celebración de fiestas, eludiendo la normativa impuesta.

El recurso recoge que los agentes declararon ante el juez que pudieron observar que «se trataba de un piso utilizado para la celebración de fiestas ilegales y no de un piso utilizado como vivienda, ni siquiera de carácter temporal».

«Conclusión a la que llegaron tras observar, entre otras cosas, que no constaba nombre identificativo en el buzón de la correspondencia, que la puerta del inmueble disponía de un sistema de apertura telemático o tipo WiFi de los que habitualmente se utilizan en los pisos turísticos y que, los propios vecinos, moradores del piso 1º C, y requirentes, manifestaron que se trataba de un piso utilizado únicamente para hacer fiestas de jueves a domingo.

La investigación penal se abrió a raíz de una querella del inquilino y después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara investigar a los agentes por excederse en su intervención policial.

AMPARADOS POR LA LEY

Los policías defendieron ante el juez que su intervención se realizó conforme derecho en defensa del descanso vecinal. Manifestaron entonces que estaban amparados por la ley al considerar que se estaba cometiendo un delito de desobediencia al negarse el inquilino y las personas que estaban celebrando la fiesta en el interior a identificarse.

Sin embargo, el abogado del inquilino, el letrado Juan Gonzalo Ospina, se mostró contrario a la postura de los agentes al manifestar que en el caso de que no se hubieran identificado se hubiera incurrido en una infracción administrativo y no en un delito flagrante tipo un intento de homicidio, en cuyo caso los agentes podrían haber actuado.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este viernes la marcha del 8 de octubre del 2017 que dijo «basta al golpe separatista» y ha subrayado que, cuatro años después, «ese espíritu de libertad es más necesario que nunca».

Miles de personas salieron a la calle el 8 de octubre convocados por la plataforma Societat Civil Catalana (SCC) en una manifestación en favor de la unidad de España y en contra de la independencia de Cataluña. Esa convocatoria se producía pocos días después del referéndum ilegal del 1-O y a la misma se sumaron cargos de Cs, PP y PSC.

Casado ha resaltado que el 8 de octubre «fue un día histórico para la Cataluña valiente» porque llenaron las calles y dijeron «basta al golpe separatista y a que trataran a los constitucionalistas como catalanes de segunda».

«Hoy, 4 años después, ese espíritu de libertad es más necesario que nunca», ha afirmado el presidente del PP en un mensaje en su cuenta de Twitter. Casado fue uno de los cargos del PP que se desplazó a aquella manifestación en Barcelona en 2017, entonces como vicesecretario de Comunicación del PP.

PROPUESTAS DEL PP PARA REFORZAR LA UNIDAD NACIONAL

El pasado domingo, en la Convención Nacional del PP, Casado reivindicó la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy durante el referéndum ilegal del 1 de octubre y afirmó que entonces hicieron lo que tenían que hacer. Además, añadió que, si llega al Palacio de la Moncloa, actuará con «firmeza» si los independentistas siguen por la misma senda.

En el mitin, Casado aseguró además que Cataluña «es libre porque es española» y resaltó que «lo seguirá siendo a pesar de los indultos y mesas de la vergüenza». Además, prometió traer a España al expresidente catalán Carles Puigdemont si el PP gobierna en España, aunque para ello tengan que «viajar hasta el último país de Europa para exigir el respeto» a la justicia española. «Ya está bien de impunidad con los golpistas», proclamó.

En su intervención, Casado propuso crear un plan de refuerzo legal e institucional para garantizar la unidad nacional «sin consentir la ruptura de la ley y de la convivencia». «No dejaremos solos a los constitucionalistas catalanes, a esos que ha traicionado el PSOE con su plurinacionalidad multinivel a cambio de un plato de lentejas en Moncloa», aseveró.

El líder del PP anunció que si llega a Moncloa reforzará la unidad nacional «haciendo delito la convocatoria de referéndums, la rebelión sin violencia y los indultos a condenados por sedición». Es más, dijo que el PP tomará «todas las medidas necesarias para que cumplan su pena de cárcel» y recuperará «la competencia sobre las prisiones en Cataluña y País Vasco».

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya aseguró ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que desconocía si era la primera persona del Ejecutivo en recibir la llamada de Argelia con la petición de acoger «por razones humanitarias» al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y aseguró que la gestión de su entrada en España siguió los «cauces propios» de una «decisión política».

Así consta en la declaración, del pasado lunes 4 de octubre, cuando la extitular de Exteriores compareció en calidad de investigada ante el magistrado instructor Rafael Lasala.

Preguntada por el juez sobre si el primer contacto que mantuvo Argelia con España fue a través de ella como ministra de Exteriores, González Laya no entró en detalles. «Yo le puedo hablar del contacto que tuvo conmigo», indicó.

«¿No supo si usted había sido la primera en saberlo o si había habido alguien anteriormente a usted que supiera de esta necesidad de traer a España a Brahim Ghali?», le preguntó el magistrado. La exministra respondió: «No, lo desconozco».

DECISIÓN POLÍTICA

El juez también se interesó por saber a quién del Ejecutivo le había comunicado la llamada de Argelia. La que fuera titular de Exteriores explicó que el procedimiento relativo a Ghali siguió «los cauces propios» de «una decisión política».

En este sentido, la exministra precisó que fue «una decisión de ejercicio de la soberanía de nuestro país» e insistió en que «no es un procedimiento administrativo», sino que «es una decisión política que pertenece al ámbito político». «Y como tal seguí el cauce que se sigue en cuestiones políticas», añadió.

En el marco de su declaración, González Laya se amparó en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales para evitar identificar a la autoridad argelina que le contactó.

La exministra también se amparó en dicho acuerdo para no señalar a otros miembros del Gobierno en el proceso por el que se autorizó la entrada en España del líder polisario.

Preguntada por el juez sobre si tenía conocimiento de que Argelia se hubiese puesto en contacto con otro país para pedir la ayuda humanitaria para el líder polisario, González Laya aseguró que no lo sabía y que de responder entraría en «el terreno de la especulación».

Durante el interrogatorio, el magistrado instructor también le preguntó por la fecha exacta en la que recibió la primera llamada de Argelia, la exministra dijo que el 14 de abril; es decir, cuatro días antes de que Ghali aterrizara en la Base Aérea de Zaragoza para ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.

BASTA AVISAR CON UNA MERA LLAMADA

El mismo lunes que la exministra acudió a declarar, también compareció –aunque en calidad de testigo– el secretario general técnico del Ministerio de Exteriores José María Muriel Palomino, el cual explicó al juez que el día de la entrada de Ghali en España, el pasado 18 de abril, no estaba trabajando por ser domingo, pero que la semana siguiente, durante la habitual reunión de directores generales, el exjefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino les informó de que había entrado «un avión de Estado de Argelia».

A preguntas de la abogada del Estado, el testigo manifestó que no vio nada «oscuro» o extraño en que Villarino les trasladara esa información de ese modo, aclarando además que él se encargaba de autorizar el sobrevuelo y la escala en España de vuelos diplomáticos pero no en exclusiva y que, en cualquier caso, daba el visto bueno a la entrada de aviones, no de personas concretas.

Muriel Palomino aclaró que con los vuelos diplomáticos se dan dos situaciones en España. La primera, que sea una autorización puntual, en cuyo caso «no existe un procedimiento reglado» para autorizar el sobrevuelo y la escala en territorio español de vuelos diplomáticos, sino que se hace según «la costumbre inveterada» asentada en el Ministerio de Exteriores.

El segundo escenario se refiere a los países con los que se acuerdan «autorizaciones diplomáticas permanentes», basados en «relaciones de especial confianza» y en la «reciprocidad», que permiten «facilitar el sobrevuelo y la escala de vuelos de Estado simplemente basándose en la mera notificación de ese vuelo a efectos de control aéreo y de espacio y disponibilidad aeroportuaria».

Interrogado sobre el acuerdo entre España y Argelia, alegó que desconoce su contenido porque es de carácter reservado, si bien indicó que, «desde el punto de vista genérico» un vuelo amparado en dichos acuerdos solo requiere un trámite para que se permita su entrada en España: la notificación por conducto diplomático.

Es decir, ilustró, una mera comunicación entre órganos de los ministerios de Exteriores implicados, incluidos los propios ministros y sus gabinetes, que puede ser desde una «nota verbal» hasta una llamada telefónica o un correo electrónico.

A este respecto, hizo hincapié en que «hay veces que no da tiempo» a cumplir con la formalidad de la nota verbal porque estos vuelos suelen requerir «inmediatez». «Ha pasado mucho con la pandemia (…) Tuvimos que tramitar como vuelos de Estado muchos vuelos de tipo sanitario», apuntó. «Se prima la eficacia mas que la forma», recalcó.

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya aseguró ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se hizo con «discreción» porque su caso involucraba a «dos vecinos» con «aristas políticas», en referencia a Argelia y Marruecos, aunque no llega a mencionar a este último.

Así consta en la declaración, del pasado lunes 4 de octubre, cuando la extitular de Exteriores compareció en calidad de investigada ante el magistrado instructor Rafael Lasala por la entrada del líder del Frente Polisario en territorio español el pasado 18 de abril.

González Laya destacó lo «excepcional» de la llegada de Ghali a España y aseguró que estaba motivado por cuatro factores. En primer lugar puntualizó que se trataba de una petición realizada por un país tercero y no por una organización no gubernamental o un particular; destacó como segundo factor que era una persona que estaba «gravemente enferma»; en tercer lugar, subrayó que era una «persona con un perfil político»; y por último, que era un caso que involucraba a «dos vecinos» cuya relación entre ellos tiene unas «aristas políticas».

«Todo ello hace que sea importante, desde la humildad y la buena fe que ha caracterizado nuestra gestión de esta cuestión, de tratarla con discreción», señaló la exministra. En este sentido, puntualizó que «discreción no es arbitrariedad», que «no es ilegalidad» y que, desde luego, «no es ocultamiento».

La exministra insistió en que se apostó por la «discreción» ante la especificidad del caso, al tratarse de una petición de «un país tercero con el que España tiene unas relaciones diplomáticas específicas». Añadió, además, que la situación podía «ser complicada para otro país tercero con el que España tiene una relaciones también de muy buena vecindad».

González Laya subrayó que todo el proceso se llevó a cabo «dentro de la legalidad y con un respeto escrupuloso de las normas de entradas en nuestro país». En el marco de su exposición, hizo referencia tanto a los acuerdos bilaterales entre España y Argelia como al código diplomático del espacio Schegen.

Así, defendió que esta última normativa da flexibilidad a los países para permitir entradas ajenas a los controles ordinarios y que en situaciones humanitarias también permite la entrada incluso si no se porta documentación.

NO SE LE VERIFICÓ EL PASAPORTE DIPLOMÁTICO

En el marco de la declaración, la exministra dijo que desde Argelia le avisaron que Ghali portaba un pasaporte diplomático argelino.

«En este caso, habiéndose anunciado quién iba a venir y con el código de Schengen en la mano, de buena fe le digo, señoría, nosotros entendimos que su entrada podía tener lugar como tuvo lugar, es decir, sin que se controlase el documento de acceso», indicó.

Ante el argumento de la exministra, el magistrado preguntó si –de acuerdo con la normativa– se avisó al resto de países de la zona Schegen de la llegada de Ghali. González Laya insistió en que el código diplomático permite la entrada incluso sin documentación en caso excepcionales.

«Pero no estamos hablando de ese supuesto, estamos hablando del supuesto de un ciudadano que nos dice va a venir con un pasaporte diplomático, al que no se le verifica el pasaporte diplomático cuando llega a la frontera española, una cortesía en casos en los que se trata de un vuelo de Estado», explicó.

«¿Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en el territorio Schegen? No, señoría, no lo hicimos», aseguró tras insistir en que le guiaba la buena fe.

Hace unas semanas, el juez pidió un informe a la oficina SIRENE sobre si había o no órdenes de detención o alertas relativas al líder polisario.

PERMISO DE RESIDENCIA DEL HIJO DE GHALI

Durante su intervención, González Laya también aseguró que las autoridades argelinas le habían informado de que el líder polisario venía acompañado de su hijo y que éste tenía «un permiso de residencia en España».

La Brigada de Información de la Jefatura Superior de Aragón comunicó al juez en un oficio el pasado 30 de septiembre que el permiso de residencia del hijo de Ghali se expidió el 23 de abril de 2021; es decir, cinco días después de que llegara a territorio español. Según la Policía, dicho permiso tendrá validez hasta el 14 de marzo de 2026.

En la coparecencia, Lasala le cuestionó sobre esa entrada del hijo de Ghali, y González Laya apuntó que en el contacto con las autoridades argelinas hubo acuerdo para que Ghali, «con pasaporte diplomático argelino», llegara acompañado de su hijo «portador de tarjeta de residencia» española.

Al hilo, recordó que cuando llegó el avión a Zaragoza se les indicó que venía una tercera persona, y tras ser cuestionada sobre si debía poder acceder al país, ella no autorizó esa entrada «porque el acuerdo era Ghali con su hijo».

Sobre la tarjeta de residencia del hijo de Ghali, Laya reconoció ante el juez que «no fue verificada», y que «no se hizo al amparo del código de fronteras de Schenguen». «La entrada a mis ojos se hizo dentro de la legalidad», insistió en repetidas ocasiones.

Por otro lado, a preguntas del Ministerio Público indicó que no dio instrucciones para que el nombre de Ghali no apareciera en el triaje realizado en el hospital riojano donde fue atendido y que no tuvo «nada que ver con la parte médica» porque queda fuera de jurisidcción. «No tuve que ver con el registro en el hospital ni con la gestión de su enfermedad», añadió, para luego recordar que supo del nombre flaso con el que fue registrado por la prensa.

Por último, a preguntas de la Abogacía del Estado, insistió en que en este asunto «no se trta de un acto administrativo, sino de un acto político en el ejercicio de la soberanía de España». «Si hubiese habido peticion de asilo o de refugio habría expediente administrativo que seguiría su curso, pero esto es un acto político, de soberanía», indicó.

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha señalado que el sector educativo «debe ayudar a las personas que empiezan a emprender a que mediten bien su proyecto, lo diseñen y que suban la persiana una vez tengan un conocimiento tanto del mercado en el que va a trabajar como de las fuentes de financiación a las que puede acceder».

García ha participado en una sesión del ‘I Congreso de Emprendimiento Educativo: una perspectiva internacional, un evento destinado a fomentar el tratamiento de las competencias emprendedoras en el alumnado de manera crítica y planificada’, celebrado entre los 7 y 9 de octubre en Sevilla y organizado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, según ha informado la UNIA en un comunicado.

Durante la entrevista grupal junto al gerente de la Fundación Persán, José Castro, y la docente de la Universidad de Sevilla (US) Soledad Domene, el rector ha destacado que, dada la gran temporalidad del mercado laboral en España, muchas personas que se lanzan a sacar adelante sus propios proyectos son «emprendedores por necesidad».

Ha apuntado que en torno al 40% de las nuevas altas como autónomo «pertenecen a personas que estaban desempleadas» y que es posible que muchos de estos nuevos emprendedores «no tengan la suficiente formación o no hayan madurado suficiente sus proyectos».

El rector también ha destacado que, tras cinco años de trabajo, «solo uno de cada cinco personas que se convirtieron en autónomos siguen con su proyecto emprendedor original» y que, en este escenario, «el sector educativo debe ser un factor clave para disminuir ese porcentaje de fracaso».

ESCUELA VIRTUAL DE CULTURA EMPRENDEDORA DE LA UNIA

Para hacer frente a las cuestiones más importantes que han expuesto los ponentes a la hora de lanzar un proyecto propio, García ha presentado la Escuela Virtual de Cultura Emprendedora de la UNIA, una formación enfocada específicamente a enseñar a docentes cómo introducir competencias emprendedoras a su alumnado.

Ha subrayado que los docentes «tienen que pensar, desde la primaria hasta la formación profesional y la universidad, cómo educar a los alumnos sobre el diseño de un proyecto concreto y que entiendan cómo es crear una empresa». Según el rector, estas competencias se pueden transmitir sin que exista una materia específica sobre ello, sino a través del aprendizaje de cualquier asignatura que se relacione de algún modo con el emprendimiento.

La Escuela Virtual de Cultura Emprendedora comienza en enero su sexta edición y se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Persán. Como ha indicado García, la formación dura dos meses (del 25 de enero al 22 de marzo) y tras este periodo, el alumnado desarrollará un proyecto concreto de emprendimiento en el aula con los tutores asignados. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 17 de enero.

El Partido Popular ha arremetido duramente este viernes contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 por «atacar» a la Justicia tras la condena al diputado de Podemos Alberto Rodríguez y ha afirmado que «más le valía callar la boca». Además, ha subrayado que el Parlamento es un sitio «muy serio» y no debe tener «políticos que pegan patadas a policías».

Así se ha pronunciado la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, en una rueda de prensa para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) al ser preguntada por las declaraciones de ministros y cargos de Podemos cuestionando la condena del Supremo a Alberto Rodríguez y señalando que se ha criminalizado a su diputado.

En concreto, Belarra ha señalado en TVE, tras esa sentencia condenatoria a Rodríguez, que se trata de una «mala noticia para la democracia» porque le han condenado «sin ningún tipo de prueba material, cuando hay testigos que dicen que no estaba cuando la agresión y con tan solo un testimonio en contra». Además, ha subrayado que ese fallo judicial «pone en duda la calidad de nuestra Justicia».

Elvira Rodríguez ha puesto el acento en esa condena, ya la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a Alberto Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. El diputado morado ya ha anunciado que recurrirá esa condena e incluso irá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«Me parece que es un señor impresentable. El Parlamento es algo muy serio y no debíamos tener diputados que pegan patadas a los policías», ha enfatizado la responsable de Sectorial del PP, que ha criticado la «doble» vara de medir de Podemos, que a su entender, a veces es «triple» o más.

EN ‘GÉNOVA’ CRITICAN EL SILENCIO DE SÁNCHEZ

La dirigente del PP ha censurado además las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales. «A la ministra Belarra, más le valía callar la boca porque cuándo la abre no sé donde se cree que está. Es una ministra del Gobierno de España, yo lo he sido, y no sigo porque podría meterme en un lío», ha enfatizado.

Ante esas declaraciones de Belarra, fuentes del PP han tildado de «gravísimo» que el «ataque» a la Justicia venga del propio Consejo de Ministros. Según el partido de Pablo Casado, el propio Gobierno está «erosionando las instituciones ante el silencio clamoroso de Pedro Sánchez, que está callado».