El Pleno del Congreso vota este jueves el decreto ley que prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 el sistema de protección especial al empleo de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y las ayudas para trabajadores autónomos.

La prórroga es consecuencia de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, por un lado, y las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae, por otro. Es el sexto decreto ley aprobado por el Gobierno tras el acuerdo con los agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia.

1.200 EN PRESTACIONES Y EXENCIONES

En vigor desde su publicación en el BOE, cada decreto ley debe someterse a votación en el Congreso en el plazo de un mes para ser convalidado o, en caso contrario, ser derogado. En todo caso, los grupos pueden aprobar tramitarlo como proyecto de ley para proponer cambios a través de enmiendas.

Según estimaciones del Gobierno, la prórroga de todas las medidas contenidas en el decreto ley supone unos 1.200 millones de euros en el ámbito de la Seguridad Social, la prórroga del esquema de ERTE y las prestaciones para autónomos entre octubre de este año y febrero de 2022. Esta cantidad hay que sumarla a los 21.000 millones de euros que han costado las anteriores prórrogas.

La prórroga de los ERTE supone llevar las modalidades actuales hasta el 31 de octubre y, a partir de ahí, una nueva modalidad con la formación como elemento central hasta el 28 de febrero. Para acceder a ellos es obligatorio solicitar su prórroga a la autoridad laboral entre el 1 y el 15 de octubre.

ENTRAN EN JUEGO LOS ERTE VINCULADOS A LA FORMACIÓN

A partir del 1 de noviembre, entrará en vigor un nuevo esquema de ERTE en el que las exoneraciones de mayor cuantía estarán ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo. Junto a estos ERTE formativos se mantendrá la modalidad de ERTE de impedimento, vinculada a la limitación de actividad ante posibles restricciones.

Las empresas en un ERTE de impedimento pasarán a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir de noviembre de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero. En el caso de los nuevos ERTE, las exoneraciones serán mayores si las empresas imparten acciones formativas –entre 30 y 40 horas de formación por persona, en función de su tamaño, cuando la jornada esté suspendida–.

Estas actividades formativas, que deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022, se vinculan con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en Ley del sistema de formación profesional para el empleo.

Pese a que los ERTE se extienden hasta el 28 de febrero, el Gobierno contempla que las empresas que se sujeten a esta prórroga tendrán que acogerse al nuevo mecanismo estructural de flexibilidad interna que se está negociando en el marco de la reforma laboral una vez que éste entre en vigor, lo que previsiblemente sucederá antes de expirar la prórroga.

EXTENSIÓN DEL CONTADOR A CERO

Por otro lado, el decreto ley extiende el llamado ‘contador a cero’ hasta el 31 de diciembre de 2022, de forma que el tiempo consumido de desempleo por el trabajador que esté en ERTE desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido por cualquier causa después del 1 de enero de 2023.

También se establece una prestación extraordinaria por desempleo para las personas con contratos fijos-discontinuos, dirigida especialmente al sector turístico y concentrado singularmente en Baleares; se garantiza el ‘contador a cero’ para este colectivo, que antes no estaba garantizado; y se mantiene en el 70% de la base reguladora el importe de la prestación a recibir por los trabajadores en ERTE durante toda la vigencia de la prórroga.

Asimismo, se mantienen las condiciones de acceso a la prestación, aunque no se tenga el tiempo cotizado requerido, así como el compromiso de mantenimiento del empleo durante un periodo adicional de seis meses; la prohibición de despedir; la interrupción del computo en contratos temporales; la prohibición de horas extras, de operar en paraísos fiscales y de realizar nuevos contratos, y la imposibilidad de externalizar actividad mientras se disfrutan de los beneficios de los ERTE.

El decreto también contempla la prórroga del plan Mecuida y de la prestación extraordinaria para los profesionales de las artes hasta el 28 de febrero de 2022.

ACUERDO PARA PRORROGAR LA PRESTACIÓN DE AUTÓNOMOS

Asimismo, prorroga las prestaciones para los trabajadores por cuenta propia afectados por la crisis derivada del Covid, manteniendo la prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de enero de 2021.

En el caso de esta prestación extraordinaria, se exigirá una caída de la facturación del 75% y el límite de ingresos se subirá hasta el 75% del salario mínimo inteprofesional actual.

Se mantienen además exoneraciones graduales para aquellos autónomos que venían disfrutando de algunas de las prestaciones hasta septiembre, que serán del 90% en el primer mes, del 75% en el segundo, del 50% en el tercero y del 25% en el cuarto mes. La prestación ordinaria se prorroga como hasta ahora.

ERTE ESPECÍFICO PARA CANARIAS

Finalmente, también se incluyen las medidas acordadas con los agentes sociales para poner en marcha unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán en la isla de La Palma y en el conjunto de Canarias. Estos ERTE también se sujetan al plazo máximo del 28 de febrero, pero dejando la puerta abierta a prorrogar estas medidas más allá de esa fecha.

Según lo acordado, los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad. Al mismo tiempo, se ha aprobado un prestación extraordinaria de cuatro meses de duración para los autónomos de La Palma afectados por la erupción.

El Gobierno rebajará en un 7,3 por ciento el presupuesto destinado en 2022 al Instituto Cervantes pese a reconocer en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) su papel fundamental a la hora de promover el español en el mundo.

Así, para 2022 el Ejecutivo ha reservado una partida de 161 millones de euros, incluidos 26 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, esta partida se destinará a «impulsar una transformación integral digital de los procedimientos y servicios del Instituto, modernizando los sistemas de información y las infraestructuras tecnológicas, incrementando los materiales digitales de calidad y digitalizando los modelos de enseñanza y de certificación».

El Gobierno reconoce en los PGE que el Instituto Cervantes, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, es el «instrumento fundamental para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior».

En la actualidad está presente en 88 ciudades de 45 países, contando con los centros propiamente dichos, las antenas y las extensiones. Antes de que concluya el año se prevé la inauguración del nuevo centro en Dakar, mientras que para 2022 se prevé la inauguración de un Instituto Cervantes en Los Ángeles.

Asimismo, entre las metas que se fija el Instituto Cervantes figuran el inicio de «los trabajos previos para la apertura de un nuevo centro en Seúl donde en la actualidad hay un Aula Cervantes» así como la reapertura del centro en Gibraltar. «La expansión de la red del Instituto Cervantes en el África subsahariana, en Estados Unidos y en Asia son una prioridad estratégica», asegura el Gobierno en los PGE.

El 51% de las empresas españolas hará contrataciones en los próximos doces meses a pesar de los efectos de la pandemia, según un informe de Randstad.

Randstad, empresa de recursos humanos, ha presentado en rueda de prensa su Estudio de Tendencias de RRHH, elaborado en colaboración con la CEOE. El acto de presentación contó con la participación de Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Jesús Echevarría, CEO de Randstad Iberia y Latinoamérica, y Valentín Bote, director de Randstad Research.

Según Echevarría, este informe nace «con el objetivo último de aportar nuestro granito de arena y ayudar a las empresas para contribuir a su rápida adaptación a la realidad de la era postcovid. Conocer las tendencias, transformaciones y retos que afronta el mercado de trabajo es prioritario para que nuestras empresas puedan anticiparse y seguir desarrollando su actividad con todas las garantías».

El empleo que se genere se incorporará para compensar la rotación existente, apoyar el crecimiento del negocio o para contar con nuevas habilidades y competencias.

La mayoría de los empresarios que prevé contratar (62%) consideran que la dificultad para cubrir una vacante no cambiará de manera significativa respecto a la situación pre-crisis y un 25% incluso tienen una previsión optimista y creen que lo tendrán más fácil que antes.

El informe señala que tres de cada diez empresas comparten una visión positiva respecto a la evolución futura de la situación económica, ya que esperan crecimientos en el sector y en la propia empresa. Aunque son mayoría la proporción de empresas que se muestra pesimista hacia el futuro inmediato y prevén un cierto decrecimiento hasta el final del 2021 en la economía del país (64%), lo que conllevará la reducción del volumen de su negocio (31%).

Las empresas continúan considerando que la influencia de la crisis sanitaria sigue siendo muy considerable en la economía. De hecho, un 32% de las compañías consideran que los efectos han sido graves o muy graves, mientras que para un 43%, fueron moderados, y tan solo una de cada cuatro empresas no experimentaron consecuencias negativas.

Sin embargo, la mayoría de las empresas (75%) creen haber contado con buenas condiciones organizativas para enfrentarse a los desafíos generados por la pandemia.

De cara al próximo año, las empresas tienen como principales objetivos organizativos la productividad (elegida por el 65% de las empresas), la seguridad (53%), y los procesos innovadores y tecnológicos (45%).

EL RETO DE LA TRANSFORMACIÓN

El estudio elaborado por Randstad y CEOE también señala uno de los grandes desafíos que tienen por delante las empresas: su transformación y adaptación a la nueva normalidad. La seguridad de los empleados, la productividad y eficacia de los procesos, y la digitalización e innovación, con el fin de poder asegurar la de calidad son, actualmente, los factores más importantes para los empresarios a la hora de emprender esa adaptación.

Por otro lado, las limitaciones a los que los empresarios temen que se van a tener que enfrentar en la actual situación será la falta de rapidez en la toma de decisiones (para el 26%), un capital financiero limitado y demasiadas prioridades que compiten entre sí (ambas con el 24%). Otras posibles limitaciones serán la falta de tecnología (13%), la ausencia de preparación (12%) y poca visión de futuro (11%).

Para cumplir con los objetivos y adaptarse a la nueva realidad, en la mayoría de las empresas se realizan diferentes tipos de transformaciones: se trata de la digitalización, innovación tecnológica y automatización, nuevos modelos de trabajo, más flexibilidad en el trabajo del personal, o incluso cambios de cualquier tipo con el fin de reducir gastos y aumentar rendimiento.

PNC Financial Services ha completado la integración de oficinas, empleados y clientes de BBVA USA, casi un año después de acordar la compra de esta filial estadounidense del banco presidido por Carlos Torres Vila, según ha informado en un comunicado.

En concreto, ha finalizado la migración de los 9.000 empleados y las 600 sucursales de BBVA USA en los Estados de Texas, Alabama, Arizona, California, Florida, Colorado y Nuevo México, que reabrieron ayer bajo la marca de PNC Bank. Asimismo, unos 2,6 millones de clientes de BBVA USA han sido traspasados a PNC.

PNC Bank cuenta ahora con una red de 2.700 oficinas y 19.000 cajeros automáticos y presencia en 29 de los 30 mayores mercados de Estados Unidos.

El presidente y consejero delegado de PNC, William S. Demchak, ha destacado que este hito se ha logrado «gracias a la incansable colaboración entre los equipos de PNC y BBVA USA». «A partir de hoy, avanzamos juntos como PNC Bank, ofreciendo nuestros productos y servicios innovadores a más clientes en todo el país, apoyando a nuestras nuevas comunidades y, en última instancia, construyendo y desarrollando relaciones sólidas», ha señalado.

BBVA completó el pasado mes de junio la venta de su filial en Estados Unidos a PNC Financial Services Group por 11.500 millones de dólares (aproximadamente 9.600 millones de euros).

La venta incluye la actividad del banco BBVA USA, así como de otras sociedades del Grupo BBVA en Estados Unidos con actividades conexas con dicho negocio bancario, y excluye el ‘broker dealer’ (BBVA Securities) y la sucursal de Nueva York.

BBVA continuará desarrollando su negocio institucional y mayorista en Estados Unidos a través de BBVA Securities y su sucursal en Nueva York, al tiempo que mantiene su actividad inversora en el sector fintech a través de su participación en Propel Venture Partners US Fund I.

Tras haberse completado la operación, PNC, con sede en Pittsburgh (Pensilvania), se convierte en el quinto grupo bancario del país por activos.

La política de Cultura en 2022 contará con una dotación presupuestaria de 1.589 millones de euros, incrementándose en un 38,4 por ciento respecto del ejercicio anterior, según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentados este miércoles en el Congreso.

Esta cantidad incluye los 210 millones de euros para el nuevo bono cultural joven anunciado la semana anterior. Tal y como aclara el Gobierno en el documento, excluidas las dotaciones asociadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que ascienden a 356 millones de euros, la política de Cultura se sitúa en 2022 en 1.234 millones de euros, un 30,2% más que en 2021.

Por apartados, las artes escénicas y los programas de Música y danza, de Teatro y de Cinematografía suponen un total de 266 millones de euros.

El programa de Música y danza alcanza una dotación de 113 millones de euros; el programa de Teatro tiene una dotación para 2022 de 56 millones de euros y el programa de Cinematografía, de 97 millones de euros –dentro de este apartado, se destaca la dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía por importe de 70 millones de euros y la partida de 10 millones de euros de apoyo a las salas.

En cuanto a los programas relacionados con la administración, conservación, restauración y protección del Patrimonio Histórico suponen un total de 158 millones de euros, destacando las dotaciones en la materia gestionadas por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por importe de 118 millones de euros.

El grupo de programas de Bibliotecas y archivos está dotado con 84 millones de euros y la promoción cultural tiene una dotación de 58 millones de euros, destacando dentro del mismo las dotaciones para recuperar e intensificar la relación sociocultural del Estado con la Ciudad de Barcelona como capitalidad cultural (20 millones de euros).

El Proyecto de Presupuestos Generales incluye también un apartado para el Instituto Cervantes, cuya dotación para 2022 asciende a 161 millones de euros. Asimismo cuenta con una dotación con cargo al PRTR, de más de 26 millones de euros, destinados a impulsar una transformación integral digital de los procedimientos y servicios del Instituto.

El Ibex 35 ha cerrado con una caída del 0,6% este miércoles, lo que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 8.900 enteros, en un contexto marcado por las presiones inflacionistas, la moderación en el crecimiento económico mundial y el comienzo de la publicación de resultados en Estados Unidos.

En este sentido, se ha conocido hoy que la tasa de inflación interanual de Estados Unidos se situó en septiembre en el 5,4%, una décima por encima de la lectura del mes anterior y repitiendo así máximos desde 2008, como ya sucediera en los pasados meses de junio y julio.

Entre otros datos macroeconómicos, también se ha publicado que la tasa de desempleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado mes de agosto en el 6%, una décima por debajo de la lectura del mes anterior, con España (14%) como el país con peores datos de paro.

Asimismo, se ha conocido que el banco estadounidense JPMorgan Chase se anotó un beneficio neto de 11.687 millones de dólares (10.121 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone una mejora del 23,8% en comparación con el resultado contabilizado por el mayor prestamista estadounidense en el mismo periodo del año anterior.

Además, los inversores temen una moderación en el crecimiento económico a la luz de las previsiones publicadas ayer por el FMI, que advirtió que los riesgos para la economía «han aumentado y las disyuntivas en materia de políticas son ahora más complejas con un margen de maniobra más limitado por parte de los bancos centrales», según indican los analistas de Renta 4.

Por otro lado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado extender hasta principios de diciembre el límite de la deuda del Gobierno, una medida que ahora tendrá que firmar el presidente del país, Joe Biden, para convertir la medida en ley, evitando así que la Administración incurra en posibles impagos.

En este contexto, el selectivo español ha cerrado en los 8.881,4 enteros, con la banca liderando las pérdidas. Los mayores retrocesos los han registrado Sabadell (-7,06%), CaixaBank (-4,31%), Bankinter (-4,14%), BBVA (-3,62%), Banco Santander (-3,18%), Mapfre (-2,84%) e IAG (-2,64%).

Por el contrario, en ‘verde’ han destacado los avances de Naturgy (+3,99%), Solaria (+3,52%), Indra (+2,96%), Siemens Gamesa (+2,93%) y Grifols (+2,34%).

El resto de bolsas europeas han cerrado, en cambio, con aumentos del 0,16% en Londres, del 0,75% en París y del 0,68% en Fráncfort. Solo Milán ha caído un 0,12%.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 83,32 dólares, con un descenso del 0,13%, mientras que el Texas se colocaba en los 80,59 dólares, tras caer un 0,07%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1570 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 61,44 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,492%.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles en el Congreso que asume que «va a haber más pretensiones» de los socios con los que el Gobierno pretende sacar adelante sus nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2022, pero confía en que estas se limiten a cuestiones referidas a las propias cuentas.

Y es que, en rueda de prensa en el Congreso tras presentar los nuevos Presupuestos, Montero ha señalado que «una cosa es el proyecto de Presupuestos y otra los múltiples diálogos y debates que el Gobierno puede tener abierto».

«No todo hay que discutirlo en un proyecto de Presupuestos. Si no, al final, lo que impide el avance no es algo relativo con las cuentas públicas sino con otras legislaciones», ha dicho la ministra de Hacienda.

Y es que formaciones como Esquerra Republicana o EH-Bildu, con la las que el Gobierno ya contó para los Presupuestos de 2021, han venido insistiendo en las últimas semanas al PSOE la necesidad de cumplir con los compromisos alcanzados en materia de vivienda o regulación laboral.

En todo caso, Montero ha defendido que son unos Presupuestos en los que «todo el mundo se a a poder reflejado» y ha mostrado su convencimiento de que serán aprobados «con aportaciones de quien quiere hacer política útil y constructiva».

«Los que se dan de baja de cualquier avance, tendrán poco que aportar en unos números pensados en la mayoría social», ha abundado la ministra, que confía en «contar con un volumen de apoyo similar» en las votaciones del proyecto.

Las anteriores cuentas del Gobierno contaron con un apoyo que superó ampliamente la mayoría absoluta, con casi 190 votos, contando con PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, el PRC, y Teruel Existe.

El PDeCAT ha asegurado este miércoles que ve «mucho margen de mejora» en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y se ha mostrado dispuesto a negociar con el Gobierno, por lo que apoyará su tramitación en el Congreso y renunciará a pedir su devolución en el primer examen parlamentario.

Así, su portavoz en la Cámara, Ferrán Bel, ha asegurado que su formación «no pretende boicotear» unos Presupuestos que, a su juicio, «deben iniciar su tramitación».

Eso sí, su apoyo en el primer examen, no presupone ni un apoyo ni una abstención a las cuentas en sus votaciones finales: «Eso será fruto de la negociación», ha dicho Bel, que ha avanzado que serán «exigentes pero no intransigentes».

Durante su comparecencia, Bel ha recordado que «la última vez que se bloqueó un Presupuesto fuimos a elecciones» y que, a su juicio, acorde a los resultados de algunas encuestas las perspectivas para Cataluña «son mucho peores que lo que hay ahora», ha dicho.

EN EL GOBIERNO LOS SOCIOS «SON MUY DE TITULAR»

Por otro lado, el portavoz del PDeCAT ha lamentado, más allá de los anunciados datos de inversión, los actuales niveles de ejecución de las cuentas en vigor, y también ha lamentado el «marketing presupuestario» de los socios del Gobierno a la hora de anunciar medidas.

Frente a ello, ha puesto como ejemplo cómo el Ejecutivo tenía previsto recaudar unos 850 millones de euros por la conocida como ‘tasa Tobin’, y hasta agosto se han ingresado 185 millones, y en la ‘Tasa Google’ otros 968 millones, alcanzándose apenas 92 millones. «Son muy de titular, pero después tiene poca afectación a la economía real», ha despachado.

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales la limitación de los contratos temporales al 15% de la plantilla, según ha informado la Unión General de Trabajadores (UGT) tras la reunión para la modernización del mercado de trabajo celebrada este miércoles.

El texto del Ejecutivo también mantiene el contrato de formación dual en las empresas durante un máximo de dos años, con un máximo efectivo del 65% en el primer año y del 85% en el segundo, como parte de un programa formativo individual de las compañías.

Los contratos formativos para la obtención de prácticas en empresas se podrán concertar por periodos de entre tres meses y un año de duración. Estos estarán dirigidos a personas que hayan finalizado sus estudios en los últimos tres años, aunque en el caso de las personas con discapacidad se podrá extender a cinco.

El Gobierno también ha recogido en su texto una propuesta de UGT sobre la modificación de la disposición adicional tercera del Estatuto de los Trabajadores para que el contrato fijo de obra en el sector de la construcción pueda encajar en la contratación indefinida.

En la reunión de este miércoles, el Ejecutivo también ha acercado a sus interlocutores sociales una nueva definición del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE) para permitir que las empresas puedan acudir a este instrumento por necesidades de recualificación de los trabajadores y por una transición profesional hacia nuevos empleos.

Las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) podrán justificar la adopción de este mecanismo y se prohibirán nuevas contrataciones, horas extra o externalización mientras la empresa esté acogida al MSE. Por su parte, las compañías deberán mantener el empleo y llevar adelante actividades formativas.

El texto del Gobierno para modernizar el mercado laboral también incluye una nueva regulación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para mejorar la protección de los trabajadores.

La propuesta permite la celebración de contratos de puesta a disposición para trabajos temporales siempre que la relación laboral de la persona cedida esté concertada por tiempo indefinido.

En esta reunión, UGT ha pedido al Ejecutivo la derogación de la disposición adicional 16 y 17 del Estatuto de los Trabajadores que permiten los despidos colectivos en la Administración pública.

El Ministerio de Trabajo se ha opuesto «incomprensiblemente» a negociar esta petición, según ha denunciado el sindicato.

El fabricante de piezas para vehículos comerciales Sampa ha seleccionado al operador logístico Groupe Cat para la distribución directa de sus productos en toda España y Portugal desde su filial Sampa Ibérica.

La operativa de distribución directa hacia los talleres de toda España y Portugal, con un volumen estimado de 300 pedidos diarios, se llevará a cabo desde el almacén dedicado que el fabricante tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares con más de 5.000 metros cuadrados de superficie.

Actualmente, Groupe Cat está dando cobertura a toda la Península Ibérica siendo el 95% de las entregas realizadas en 24 horas y el 5% restante en 48 horas.

Asimismo, se prevé que el operador también realice los trámites aduaneros para aquellas importaciones no comunitarias, procedentes principalmente de China y Turquía, las cuales representan entorno al 10% de las operaciones.

Alberto Venegas, director de Logística de Sampa Ibérica, señala: «Desde nuestra reciente implantación en el mercado ibérico, el pasado mes de junio, la acogida que estamos teniendo está siendo estupenda. Estar al lado de Groupe Cat es tener la tranquilidad de saber que estás en manos de un especialista con una gran trayectoria en el sector logístico y, más concretamente, en el sector de automoción».

Por su parte, Julio Cánovas, director Comercial de Groupe Cat: «Estamos muy orgullosos de colaborar con una compañía de referencia en su mercado como Sampa, una compañía que tiene un gran potencial de crecimiento y a quien ofreceremos los recursos que sean necesarios para contribuir a su expansión en el mercado ibérico».

El Gobierno plantea una reducción del presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sin contar con las políticas del sector eléctrico, del 27,5 por ciento, ya que dispondrá de un total de 6.047 millones de euros para 2022 frente a los 8.338 millones del ejercicio pasado.

Según consta en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 presentado este miércoles por el Gobierno, las políticas de este departamento son uno de los cuatro pilares de la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus junto con la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social.

Además, en materia de fiscalidad ambiental el Gobierno espera ingresar 1.440 millones de euros en impuestos verdes, un 10,7 por ciento más que en el ejercicio e 2021, para contribuir a la transición ecológica. Para ello, el Ejecutivo planeta desarrollar una fiscalidad verde orientada a «hacer viable un mundo más sostenible como herramienta de lucha contra el cambio climático y de protección del medioambiente» para atender asimismo a los compromisos asumidos a nivel internacional en este ámbito.

Por otro lado, las inversiones para favorecer infraestructuras y ecosistemas resilientes aumentarán un 4 por ciento en total hasta los 11.841 millones de euros de los cuales el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dispondrá de 3.477 millones de euros en 2022 y, de ellos, 1.095 millones se destinarán a inversiones.

Con ellos, en materia de medio ambiente el Gobierno quiere ejecutar en 2022 actuaciones en materia de prevención de la contaminación y el cambio climático; la protección y mejora del medio natural; la defensa del patrimonio natural y la biodiversidad; la gestión y planificación del agua a través del mantenimiento y modernización de las estructuras existentes; la mejora de la depuración de las aguas residuales, y el buen estado ecológico de las masas de agua y los ecosistemas asociados; la protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre, y la planificación de la política de investigación en materiade biodiversidad de los ecosistemas marinos.

En total, se destinará a inversiones hidrológicas un total de 785 millones de euros con los que el Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quiere satisfacer la demanda «de forma sostenible»; ejecutar las medidas de los planes hidrológicos para aumentar la seguridad hídrica y promover un uso más eficiente de los recursos, así como medidas destinadas a la adaptación al cambio climático, incorporando a la gestión del agua los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El objetivo es mejorar la calidad de las aguas, el estado de depuración de las aguas residuales y de las masas de agua así como sus ecosistemas asociados y, al tiempo, mantener, conservar y proteger el patrimonio medio ambiental.

En ese ámbito de inversión, el MITECO contará con 91 millones de euros más que en 2021. Además, prevé recibir otros 705 millones de euros de financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), mientras que las sociedades de aguas prevén inversiones por un total de 211 millones de euros.

Por otro lado, para mejorar la resistencia de las infraestructuras costeras, el MITECO percibirá en 2022 un total de 67 millones de euros a los que el MRR también contribuirá con otros 95 millones de euros. Con este importe, 162 millones de euros el Gobierno persigue mejorar la gestión de la costa en cuanto a la defensa de la integridad del medio litoral, mediante la protección y conservación de sus valores naturales y el aprovechamiento racional de sus recursos, por otro, la garantía de su uso y disfrute público, con excepciones justificadas por el interés colectivo y limitadas en el tiempo y en el espacio y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración y además, la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático.

Para ello, las líneas estratégicas buscarán la protección y conservación del litoral, la recuperación de la accesibilidad y el tránsito peatonal para asegurar el uso y disfrute por la ciudadanía; la planificación, conservación, protección y mejora del medio marino para lograr o mantener su buen estado ambiental y asegurar la integridad del dominio público marítimo-terrestre.

Por otro lado, para reforzar las infraestructuras medioambientales, el MITECO contará en 2022 créditos por un importe de 166 millones de euros para actuaciones de mejora de la calidad del aire, prevención, reducción y control de la contaminación, la transición hacia una economía circular, la producción y el consumo sostenibles y la correcta gestión de los residuos.

Asimismo, en ese capítulo el MRR aportará financiación por un total de 343 millones de euros que se destinarán a la conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y a su biodiversidad. En esa categoría, el MRR aportará también 300 millones de euros de financiación para apoyar la implantación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular.

DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Otro de los ámbitos en los que «incidirá» el Gobierno con su presupuesto será en el desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, entre otras actuaciones.

Por otro lado, pretende mejorar la protección de los ecosistemas forestales con actuaciones dirigidas a mitigar los procesos de desertificación, prevención de incendios forestales y protección de los ecosistemas forestales frente a plagas y enfermedades.

CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS, CASI UN 10% MÁS

Una de las áreas que contará con un crecimiento presupuestario, en concreto del 9,9 por ciento respecto a 2021 serán las Confederaciones Hidrográficas que presentan un presupuesto conjunto de 785 millones de euros. Este incremento, según explica el proyecto normativo se explica «fundamentalmente» tanto por el incremento de las inversiones como por el aumento de los créditos destinados a la amortización de deuda de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Mientras, la Mancomunidad de los Canales de Taibilla contarán con 185 millones de euros, siete más que en 2021, lo que supone un 4,3 por ciento de incremento.

No obstante, en el capítulo de ingresos, el Ejecutivo calcula que las Confederaciones Hidrográficas contarán con 348 millones de euros y de 159 millones de euros en ingresos en la Mancomunidad Canales de Taibilla.

En total, entre los organismos estatales con mayor capacidad inversora estarán las Confederaciones Hidrográficas, que tendrán una dotación conjunta de 306 millones de euros, 52 millones más que en 2021 y que se destinarán «básicamente» a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya que en 2022 prevé inversiones por un total de 103 millones de euros, 44 millones más que en 2021. En concreto, se invertirá en actuaciones para la mejora y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, la mejora de canales y la conservación de los cauces en las cuencas de la Confederación.

Mientras, las inversiones del Organismo Autónomo Parques Nacionales ascenderán a 57 millones de euros, que suponen un incremento de 42 millones de euros frente a 2021, incluidos 36 millones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) para acometer inversiones en conservación de la biodiversidad terrestre y marina (14,6 millones de euros), restauración medioambiental de ecosistemas e infraestructura verde (17,5 millones de euros), y digitalización yconocimiento del patrimonio natural (1,5 millones de euros) así como actuaciones de gestión forestal sostenible (2,4 millones de euros).

El Gobierno ha incluido en sus Presupuestos del próximo año una partida de 298.320 euros a repartir entre los cuatro expresidentes vivos, con lo que cada uno de ellos (Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy) volverá a recibir en 2022 una asignación anual de unos 75.000 euros.

Esta partida, que figura en el Presupuesto del Ministerio de la Presidencia para 2022, es la misma que ya figuraba en los Presupuestos de 2019 que no llegaron a ver la luz y en los de 2021 que están actualmente en vigor.

Esta cuantía representa un incremento del 33% con respecto a las últimas cuentas del Gobierno Rajoy de 2018, cuando había 223.740 euros disponibles, ya que entonces sólo había que repartir entre Zapatero, Aznar y González.

OFICINA CON DOS PERSONAS, CHOFER, ESCOLTA Y FREE CARD

Esta dotación presupuestaria se refiere al decreto que desde 1992 regula el Estatuto de los expresidentes del Gobierno y tiene por objeto que, cada uno de ellos, pueda organizar una especie de oficina de representación a cuyo servicio se adscriben dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que son cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación.

Este personal, que se incluirá en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno, tendrá la consideración de ‘personal eventual de gabinete’ y, si fuesen funcionarios, pasarán a la situación de servicios especiales.

Igualmente, se pone a disposición de cada uno un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado, los servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estimen necesarios, y se les otorga «libre pase» en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

Además, se les facilita una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado. Esa cuantía se reparte a partes iguales y desde 2012 supone 74.580 euros para cada uno, según datos facilitados por el Portal de Transparencia.

TRATO PROTOCOLARIO ESPECIAL

Asimismo, y según el estatuto de los expresidentes, estos gozarán siempre «de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo». Por eso deben ser tratados como ‘presidente’, ocuparán un lugar protocolario especial en los actos institucionales y cuando viajen al extranjero podrán contar con apoyo diplomático de las embajadas.

Al margen de estas cuestiones, los presidentes, como cualquier otro cargo alto cargo, tienen derecho a percibir una ‘pensión’ o indemnización por cese que asciende al 80 por ciento del sueldo y durante un tiempo máximo de dos años desde el cese.

Esa indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso público y Rajoy, el último que podía pedirla, renunció a ella al volver a su condición de registrador de la propiedad.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha abogado este miércoles por ir disminuyendo de forma paulatina la aportación máxima a planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF y deja en manos del Ministerio de Inclusión el bajar si se debe apostar por su completa eliminación.

«Hay un sentir global de que de forma paulatina hay que, al menos, ir disminuyendo esa aportación. Pero ya la pregunta de que si su destino último es la eliminación es mejor que se haga al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que es el que está trabajando sobre ello», ha señalado la ministra durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Congreso de los Diputados.

Según ha recordado la ministra, la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (AIReF) hizo un estudio de los beneficios fiscales y determinó que eran «claramente regresivos», al tiempo que la Comisión Europea ha señalado que hay que justificar por qué se privilegian fiscalmente determinados instrumentos de ahorro frente a otros.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 contemplan una reducción de 500 euros en la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF, que pasará de 2.000 euros a 1.500 euros anuales a partir del 1 de enero.

Por el contrario, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción subirán 500 euros, desde los 8.000 euros a los 8.500 euros para 2022. Entre ambas, la aportación total con beneficios fiscales se mantiene en 10.000 euros anuales.

Con ello, se promueve el esfuerzo compartido entre trabajadores y empresas para impulsar el segundo pilar del modelo de pensiones, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Además, como novedad, se le da la opción al trabajador de igualar su aportación a la de la empresa, sin que la suma de las dos supere los 8.500 euros.

En dos años, las aportaciones máximas a los planes individuales han experimentado un recorte de 6.500 euros, ya que los PGE de 2021 ya introdujeron una rebaja desde los 8.000 euros a los 2.000 euros, que se situará en 1.500 euros el próximo año, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Las aportaciones a los planes de pensiones individuales cayeron un 94% en el primer semestre del año, con unas captaciones de 79 millones de euros frente a los 846 millones de los seis primeros meses de 2020, según los datos de Vdos.

El Gobierno prevé incrementar los fondos para la cooperación para el desarrollo en casi un 60 por ciento, hasta algo más de 1.075 millones de euros, en los Presupuestos Generales de Estado (PGE) cuyo proyecto ha sido presentado este miércoles en el Congreso.

Este incremento se enmarca en el aumento de un 19,7 por ciento de la partida reservada por el Ejecutivo a política exterior y de cooperación para el desarrollo, a la que se destinará el próximo año 2.254 millones de euros, incluidos 58 millones con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De ese total, los 1.075,51 millones para la cooperación suponen el 47,7 por ciento.

En concreto, el programa de Cooperación para el Desarrollo contará con 402 millones más, de los que 293 millones irán al Ministerio de Sanidad para que los destine a la lucha contra la pandemia de la COVID-19, a través del suministro de vacunas. España, subraya el Gobierno en los PGE, es el tercer mayor donante a nivel mundial dentro de la UE.

No obstante, el grueso de la Cooperación para el Desarrollo se canalizará a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que dispone de tres instrumentos presupuestarios a la hora de ejecutarlos.

El principal es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que en 2022 tendrá un presupuesto de 491 millones de euros, lo que supone un incremento del 27,9 por ciento. De ese total, algo más de 43,3 millones son gastos de personal.

A ella se suman el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), con cargo al cual se podrán autorizar operaciones por importe de hasta 375 millones de euros y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), con cargo al cual se podrán realizar operaciones por importe de hasta 60 millones de euros.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, encargada de la propuesta, dirección y coordinación, así como la ejecución de la política de cooperación internacional contará con 81 millones de euros, excluidos los fondos de cooperación, para realizar su cometido.

Según defiende el Gobierno en los PGE, «España debe tener un sistema de cooperación moderno, eficaz, que alcance los objetivos de la Agenda 2030» para lo cual es necesaria una reforma que debería arrancar precisamente el próximo año, de cumplirse con el compromiso de presentar en los próximos meses la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible.

El deseo del Ejecutivo es adaptar la cooperación española a «los nuevos retos y a la realidad internacional» con el fin de poder dar respuesta a «nuestro compromiso global por el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, defender los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y promover un crecimiento económico inclusivo, la conservación del planeta y la lucha contra el cambio climático, entre otros».

En los próximos dos años se construirán en España 17.000 pisos para alquiler (build-to-rent), y alrededor de 85.000 antes de 2028, según un estudio de BNP Paribas Real Estate.

«El objetivo del ‘build-to-rent’ es captar la demanda de un perfil de mercado que no está tan interesado en comprar, sino en alquilar», ha señalado el subdirector general de donpiso, Emiliano Bermúdez, quien ha añadido que «el mercado del alquiler en España está en expansión por la falta de oferta».

El experto ha explicado que, como característica principal, estos inmuebles «son propiedad de una misma empresa, que posee todas las viviendas», por lo que el alquiler funciona como un negocio de la misma. «Se trata de la profesionalización del mercado del alquiler», ha afirmado.

Esta nueva mentalidad, más centrada en el alquiler, se explica por motivos socioculturales, de acuerdo al experto. «Bien sea por falta de recursos o de mentalidad, los jóvenes españoles no acceden al mercado de la vivienda como antes», ha apuntado el ejecutivo. En este sentido, Bermúdez ha añadido que el mercado del alquiler actualmente, «no está en consonancia con estos cambios en la demanda».

Así, solo el 24% del parqué de inmuebles en España es de alquiler, mientras que el 76% restante son propiedades, lo cual genera, en opinión de Bermúdez, «una falta de oferta evidente» que provoca que en especial en las grandes ciudades se encarezca el precio de los alquileres.

Por otro lado, esta tendencia también parece que será extensiva en la construcción de viviendas de alquiler social, unas nuevas construcciones que en su mayoría (85%) se dedican en la actualidad a la venta. Según las previsiones del ministerio de Fomento, este porcentaje se equiparará al 50% con el mercado del alquiler próximamente, aumentado el parqué público de alquiler español.

Además, esta nueva modalidad servirá, según ha explicado Bermúdez, para «diversificar el sistema del alquiler», que en España está en su 95%, según Huellas by Sareb, copado por los pequeños propietarios.

Vestas ha rechazado este miércoles las ayudas económicas ofrecidas por las administraciones gallega y estatal para impulsar un plan de reindustrialización de la planta de Viveiro (Lugo) que prevé cerrar. Así, solo se abre a una venta que deberá hacerse contra reloj al expirar el 28 de octubre el periodo de negociación del ERE extintivo para 115 trabajadores.

Después de que en la mesa industrial de la pasada semana los trabajadores y la Xunta valorasen como «muy positivo» el encuentro en busca de una alternativa para la fábrica, las sensaciones han cambiado por completo tras la reunión de este miércoles celebrada en Santiago –con representantes de trabajadores, administraciones y empresa–.

En declaraciones a los medios tras más de dos horas de reunión, el presidente del comité de empresa de Vestas en Chavín, David Mariño, ha afirmado que «la empresa no está dispuesta a aportar ningún plan industrial para el mantenimiento de los puestos de trabajo», algo que «dejó aclarado de manera supuestamente definitiva» este miércoles.

«No parece estar interesada en las ayudas en el ámbito económico por parte de la administración, ni de la Xunta ni del Gobierno, que se ofrecieron claramente hoy a hacer todo lo necesario para hacer viable un plan industrial», lamenta. «Rechaza (Vestas) de entrada todo esto», afirma.

Ante la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), desde las 13,30 horas se han concentrado los trabajadores, en un lugar en el que han hecho sonar sus bocinas y han lanzado petardos, al tiempo que realizaban cánticos como: «Vestas, solución».

Sobre las 15,45 horas, Mariño ha explicado a viva voz en las escaleras del edificio de la EGAP cómo ha ido la reunión y ha clamado contra Vestas por «dinamitar» la mesa industrial, al tiempo que ha avisado de que van a «seguir dando guerra».

A LA BUSCA DE COMPRADOR

Por su parte, la conselleria de Emprego, María Jesús Lorenzana, ha explicado que las ayudas económicas ofrecidas por la Xunta y el Gobierno central –a través de la Dirección General de Industria– pasan por dos vías: préstamos –con carencia e interés muy bajo– o ayudas públicas a fondo perdido. Todo ello para una reconversión industrial de la factoría que Vestas declina.

Y es que la multinacional danesa «rechaza por completo las ayudas o préstamos porque no tiene ninguna intención de llevar a cabo un plan de reindustrialización en la factoría», apunta la conselleira.

Junto a esto, se ofreció por parte de la Xunta llevar a cabo «una búsqueda activa de eventuales compradores que quieran adquirir la factoría». «En ese sentido, necesitamos la colaboración de la empresa, necesitamos que la empresa nos dé determinados datos de su producción para elaborar un dossier comercial con el que trabajar para estos compradores», relata Lorenzana. Una cuestión sobre la cual «la empresa se mostró proactiva» para colaborar.

La Xunta asegura que va a «trabajar todo lo rápido posible» para la búsqueda de un comprador, «pero hay que tener en cuenta que los plazos del despido colectivo son muy ajustados, porque el 28 de este mes de octubre termina el plazo de tramitación», recuerda la conselleira.

Se volverá a convocar de nuevo a la mesa industrial antes de que termine el plazo de negociación del ERE. «Pero no garantizamos en una semana y pico de tiempo que podamos encontrar comprador para la factoría», razona la responsable de Emprego.

En esta línea, Mariño remarca que la empresa «sí está dispuesta a una posible venta», pero «todo demasiado genérico». «En resumen, la empresa no quiere participar de esta mesa de manera proactiva«, censura.

SOLO RECOLOCAR A 10 EMPLEADOS

Paralelamente, el presidente del comité ha cargado contra la compañía por solo ofrecer como alternativa recolocar a 10 empleados como máximo de los 115 afectados por el ERE.

Enmarca esa «ridícula» medida dentro como una «mitigación» de los efectos del ERE en el proceso de consultas, pero sin plan industrial para el futuro. «Textualmente», se queja, la compañía habló de «unas 10 personas», «algo irrisorio». «Como representante de los trabajadores que están ahí abajo casi me da vergüenza decirles que están pensando en recolocar a 10 personas», reprueba.

A este respecto, la conselleira indica que la compañía «ofrece solamente, en el seno de la mesa laboral, un plan exclusivamente de cierta actividad de mantenimiento de formación y de servicios en la factoría».

De tal modo, los representantes de los trabajadores están dispuestos a un plan industrial «con o sin Vestas». Mariño recrimina que la multinacional alega «pijadas empresariales» y una excusa «estúpida» para el cierre como la «obsolescencia». «Pues que traigan un modelo más moderno», dice.

Por todo ello, los trabajadores no son «derrotistas», pero sí «realistas», «porque la empresa dice lo que piensa por primera vez desde que empezó este conflicto». «Dice que no quiere ningún tipo de plan productivo para nosotros», apostilla Mariño.

«Tenemos más ganas de luchar que nunca, pero sí que necesitamos alternativas sin contar con Vestas», ha sentenciado el presidente del comité de Chavín.

Representantes de trabajadores y Vestas se reunirán de nuevo este jueves, 14 de octubre, a partir de las 9,00 horas en un hotel de Viveiro en un nuevo encuentro en el marco del proceso de consultas.

Inverco, Unespa y la Confederación Española de Mutualidades (CEM) han pedido este miércoles en un comunicado que se aumente el límite fiscal de ahorro individual para la jubilación, ya que consideran que la rebaja prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 «afectará negativamente al conjunto de trabajadores y, especialmente, a los autónomos».

Así, las tres organizaciones opinan que debe mejorarse y no perjudicarse de nuevo el tratamiento de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria.

La rebaja contempla una reducción de 500 euros en la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF, con lo que pasa de los 2.000 euros actuales a los 1.500 euros.

Esta sería la segunda reducción consecutiva en dos años, ya que los PGE de 2021 redujeron la aportación máxima de 8.000 euros a los 2.000 actuales.

Inverco ya se había pronunciado contra esta primera rebaja: la patronal prevé que las aportaciones se vean reducidas este año en más de un 30% debido a esa primera rebaja.

En esta ocasión, las tres organizaciones han incidido en que «el ahorro individual para la jubilación es necesario debido a la estructura del mercado laboral español» y que la rebaja es discriminatoria para «la gran mayoría de la población ocupada española» al afectar a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social y a los empelados de las pymes.

Las organizaciones señalan que la reforma podría tener efectos indeseados: la cuantía del ahorro acumulado dentro del sistema individual sería insuficiente, con lo que la cuantía media mensual resultante «a duras penas servirá para complementar la pensión pública del trabajador y garantizarle unos ingresos totales adecuados».

Además, la irregularidad de los ingresos del trabajo debido a las crisis hace que deba permitirse «a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos».

«Los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral», han defendido.

Desde el punto de vista de la Hacienda Pública, las organizaciones han recordado que el tratamiento fiscal de los sistemas de previsión social no genera beneficios y que la reducción en la base imponible del IRPF de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones.

Por eso, creen que «toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo».

La Mesa del Congreso, tras escuchar a los grupos parlamentarios, ha aprobado el calendario de tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2022 y ha fijado para el 4 de noviembre su primera votación, la de las enmiendas de totalidad.

Tras su presentación este miércoles en la Sala de Pasos Perdidos de Palacio por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la Mesa de la Cámara se ha reunido para calificar el proyecto, que este viernes será publicado por el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Asimismo, ha abierto un plazo para los grupos hasta este viernes para la solicitud de comparecencias de altos cargos de la Administración y del sector público, que deberán explicar las nuevas cuentas la última semana de mes, entre el lunes 25 de octubre y el viernes 29.

COMPARECENCIAS, A FINAL DE MES

Ese mismo viernes los grupos tendrán que decidir si apoyan la tramitación de los Presupuestos o, en caso contrario, apuestan por su devolución, ya que finaliza el plazo para presentar su enmienda a la totalidad.

El siguiente miércoles, el 3 de noviembre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá ante el Pleno del Congreso para defender el proyecto del Gobierno en su debate de totalidad, primero ante los grupos que presentan enmienda, y después frente al resto de la Cámara.

El jueves, 4 de noviembre, tendrá lugar la votación de las enmiendas a la totalidad, todas en una sola votación, ya que buscan lo mismo: tumbar los nuevos Presupuestos y la devolución de las cuentas al Gobierno.

De superar esa votación, las cuentas pasarían a tramitarse en la Comisión de Presupuestos, que deberá analizar las enmiendas parciales que se presentan a las cuentas. Para presentarlas, la Mesa del Congreso ha fijado un plazo máximo hasta el viernes 5 de noviembre.

A PRESUPUESTOS LA SEMANA DEL 19 Y A PLENO LA DEL 25

La Comisión de Presupuestos deberá analizar entonces las enmiendas y votar las primeras modificaciones al proyecto, primero en ponencia (a puerta cerrada) la semana del 12 de noviembre, y después en Comisión, la semana del 19 de noviembre.

A esas votaciones el Gobierno deberá llegar con los apoyos cerrados, al menos para las votaciones decisivas del proyecto, ya que empezarán a votarse las secciones de las cuentas y el rechazo de una sola de ellas implicaría el final de los Presupuestos.

Tras la Comisión, las cuentas se elevarán al Pleno del Congreso, donde cada ministra del Gobierno deberá defender las cuentas de su Ministerio. Será entre el lunes 22 y el jueves 25 de noviembre, fecha esta en la que está prevista la aprobación definitiva de las cuentas y su envío al Senado.

EL 25 DE NOVIEMBRE, AL SENADO

El calendario prevé seis semanas de tramitación en el Congreso y deja cinco para que la Cámara Alta complete su tramitación en tiempo y forma, y que puedan entrar en vigor el 1 de enero.

Eso contando con que el Senado no introdujera ningún cambio, ya que en ese caso las cuentas tendrían que volver al Congreso, para refrendar o no las modificaciones de la Cámara Alta.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas finalizará el ejercicio 2022 en el 115,1% del PIB, por debajo del 119,5% previsto para 2021, según las proyecciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, que prevé también la emisión bruta por parte del Tesoro Público de 242.846 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,8% respecto a lo estimado para este año.

Al igual que en los últimos años, el grueso de la emisión bruta prevista se concentrará en letras del Tesoro y en bonos y obligaciones del Estado.

Sin embargo, cabe destacar que en 2020 y 2021 las emisiones de valores del Tesoro se vieron complementadas con préstamos procedentes de la UE para ayudar al desempleo provocado por la pandemia a través del programa SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency). España ya ha recibido todos los préstamos disponibles en el marco de este instrumento, de manera que en 2022 no se recurrirá a este programa.

No obstante, el Gobierno precisa que desde 2021 España está recibiendo un elevado volumen de transferencias procedentes de los fondos de la UE para hacer frente a la reconstrucción tras la pandemia en el marco del programa ‘Next Generation EU’, ayudas que se utilizarán para el desarrollo de diversas medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los próximos años, no generando nuevo endeudamiento del Estado por su carácter no reembolsable.

SEGUIRÁN LAS EMISIONES DE BONOS VERDES

Además, en 2021 el Tesoro realizó la primera emisión de un bono verde, con el que colocó 5.000 millones de euros, para contribuir a la financiación de los compromisos de España con la transición ecológica, programa que pasará a ser un «componente estructural» en la estrategia de financiación del Tesoro en 2022 y en los próximos años.

Por su parte, el endeudamiento neto del Tesoro Público en 2022 ascenderá a aproximadamente 80.000 millones de euros. Se prevé que las letras del Tesoro no aporten financiación neta, por lo que los bonos y obligaciones del Estado, junto con el resto de deudas en euros y en divisas, aportarán los 80.000 millones para cubrir la totalidad de las necesidades de financiación neta previstas.

Para 2022 se espera que la vida media de la cartera se estabilice en 8 años o aumente ligeramente, situándose dentro de una horquilla de 8 a 8,2 años, unos niveles que permiten mantener un «reducido riesgode refinanciación» y, por tanto, una menor exposición ante una eventual subida de los tipos de interés, indica el Gobierno.

En la medida en que la rentabilidad de las emisiones realizadas porel Tesoro durante este año resulta inferior a la de las antiguas referencias que van venciendo, cabe esperar que durante 2021 y 2022 se siga reduciendo el coste medio de la Deuda del Estado en circulación, que cerró 2020 en el 1,86% y se sitúa a finales de agosto de 2021 en el 1,66%.

EL GASTO EN INTERESES DE LA DEUDA, EN NIVELES DE 2011

Por último el Gobierno destaca que desde 2014, al haber descendido notablemente los tipos de interés de las nuevas emisiones, en línea con la evolución de los tipos de interés del BCE, el peso de los gastos financieros de la deuda del Estado sobre el PIB se ha ido reduciendo a pesar del incremento de la deuda en circulación.

De esta forma, se prevé que esta senda descendente continúe en 2022 hasta llegar a niveles de 2011. En concreto, los intereses de la deuda caerán un 4,7% el próximo año, hasta los 30.223 millones de euros.

Consultia Travel ha anunciado la incorporación del nuevo sistema de reservas ‘online’ con el nuevo modelo tarifario de Renfe en su herramienta tecnológica, Octopus Tech.

De esta forma, con la herramienta se pueden realizar las reservas con el sistema ‘Self-booking tool’, así como a través de su Personal Travel Assistant, que gestiona y acompaña durante todo el proceso de contratación y «vela por la seguridad del viajero, antes, durante y después del viaje».

Con esta nueva incorporación, Consultia Business Travel, que ofrece una gestión integral de los viajes y las necesidades MICE a empresas, ha afirmado que se ha convertido en la primera agencia en ofrecer a través de su propia plataforma las nuevas tarifas de Renfe (tipos de billetes, complementos o condiciones).

«Este modelo permitirá garantizar la digitalización y automatización de los procesos de la gestión de los viajes de las empresas para generar ahorros significativos en sus clientes», ha destacado Consultia Travel.

Para el director de operaciones de Consultia Business Travel, Juan Manuel Baixauli, esta nueva actualización está pensada y desarrollada para el viajero de negocios, «con un sistema rápido, ágil e intuitivo y en el que dispone automáticamente de toda la documentación en el módulo agenda de usuario».

Actualmente, la compañía ha asegurado que su oferta incluye más de tres millones de hoteles conectados, 27 compañías de alquiler de coches, 650 compañías áreas a través de cuatro GDS mundiales, la conexión con transporte privado en más de 160 países, taxis y VTC en más de 90 países y ahora la nueva oferta actualizada de Renfe.

Además, el nuevo sistema de tarifas lanzado por Renfe ha generado muchas dudas entre los usuarios, según la agencia de viajes de negocios. Por este motivo, ha efectuado varios seminarios entre sus clientes para informar y resolver cualquier tipo de duda que les haya surgido sobre las nuevas tarifas.

«La compañía continuará realizando este tipo de encuentros digitales entre sus clientes, con el fin de que tengan toda la información necesaria al respecto y puedan utilizar las mejoras de su herramienta tecnológica ‘Self-booking tool’, en la gestión de trayectos ferroviarios», ha añadido.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha mostrado este miércoles en el IV Congreso de Industria 4.0 su confianza en que los 4.831 millones de euros de presupuesto para Industria, el mayor de la historia, afiancen la recuperación del sector.

La ministra ha presentado las jornadas en el mismo miércoles que se ha presentado el texto presupuestario, que ahora deberá ser negociado con el resto de formaciones políticas, y ha destacado los seis meses de crecimiento de la producción industrial.

Con las exportaciones del sector a niveles prepandemia, Maroto ha repasado los objetivos del Gobierno y ha asegurado que el acuerdo para un gran pacto sobre política industrial está «más cerca», además de anunciar que «próximamente» se presentará una estrategia industrial a 2030.

Asimismo, ha asegurado que espera presentar «antes de final de año» el PERTE de agroalimentación.

Entre las partidas presupuestarias a las que ha hecho alusión en su discurso, Maroto ha incluido los «al menos» 470 millones de euros que se utilizarán para desarrollar todos los instrumentos recogidos en el estatuto de los consumidores electrointensivos, azotados por el aumento del precio de la luz.

La ministra de Industria además ha destacado la necesidad de acometer la transición digital y ecológica por parte de la Industria española, que podrá optar a sendas líneas de ayuda dotadas de 150 millones de euros para cada uno de los proyectos.

Asimismo, Maroto ha subrayado los más de 2.400 millones de euros que los presupuestos consagran a los proyectos tractores (PERTEs), así como los 650 millones de euros para consolidar las líneas de innovación industria productiva.

Además, ha subrayado, en presencia de la ministra de Industria francesa, Agnès Pannier-Runacher, la sintonía con el país vecino en temas como la industria de la automoción y la sostenibilidad del sector agroalimentario.