El abogado de Gema Alcalá, la mujer del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha solicitado este jueves al tribunal que juzga a la pareja por la macrocausa ‘Tándem’ que expulse del procedimiento a la acusación popular de Podemos, alegando que usa esta posición para obtener información y hacer un «uso electoral» de la misma, recordando que la Audiencia Nacional ya lo acordó respecto al PP en ‘Gürtel’.

«Solicitamos la expulsión de Podemos como acusación popular por incumplimiento del principio de legalidad y el artículo 125 de la Constitución», ha planteado el abogado de Alcalá, Sergio Nuño Díez de la Lastra, durante la exposición de las cuestiones previas en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de ‘Tándem’: ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’.

Díez de la Lastra ha argumentado que «es por todos conocido el uso electoral que le ha dado a todos los hechos que se consignan en la causa conocida como ‘Tándem'», mencionando en este sentido a la llamada «policía patriótica» y al conocido como «informe PISA».

En concreto, ha acusado a la formación ‘morada’ de haber utilizado «de forma política» la pieza ‘Dina’, denunciando una supuesta «connivencia» con los fiscales, con quienes –ha sostenido– Podemos se habría intercambiado información que después habría compartido con «terceros ajenos» a la causa.

El letrado defensor ha querido recordar que ya hay un conocido precedente en este sentido. En 2013, el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz expulsó al PP como acusación popular en la causa principal en la que se investigaban las actividades de la trama ‘Gürtel’.

Además, Díez de la Lastra se ha adelantado a una posible decisión del tribunal reclamando también que las fianzas prestadas por Podemos para personarse en estas piezas se retengan por si tuvieran que usarse para indemnizar a las personas contra las que ha ejercido la acusación.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración este viernes a una serie de imputados por la ‘Operación Titella’ y que figuran como presuntos testaferros vinculados a una presunta macroestafa que tiene al productor de televisión José Luis Moreno como principal imputado.

Según una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 escuchará a cinco personas que aparecen como administradores de distintas sociedades: Joaquín Dillet, Victoria Flavia, Juan Dillet, Philippe Joanny y David Escrichs.

En el caso de Joaquín Dillet, los investigadores le sitúan como el administrador de la sociedad Overseas Development. La policía cree que habría recibido remesas de dinero provenientes, precisamente, de otras de las sociedades de la trama.

En cuanto a Victoria Flavia, un oficio de la Policía Judicial la señala como administradora de la sociedad Kantamelade y como receptora de diversas transferencias. Además, sería conocedora de la operativa fraudulenta en torno a los pagarés ya que, en una denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid propuso que se tomase declaración a los directores de banco que habrían emitido pagarés con facturas falsificadas.

LÍNEAS DE CRÉDITO

En lo relativo a Juan Dillet, los investigadores sostienen que era socio de otros dos imputados: Raúl Pontvianne y José Antonio Mas. Junto a ellos habría conseguido diferentes líneas de crédito con entidades bancarias, entre las que se destacan prestamos de hasta 1 millón de euros.

Además, figuraría como administrador de Dixtels Trade S.L., una sociedad que habría recibido y emitido multitud de transferencias entre las empresas investigadas y habría participado en la consecución de financiación fraudulenta. Con esa sociedad habría efectuado operaciones exteriores de con Alemania por un importe cercano a los 700.000 euros.

Por su parte, Philippe Joanny –marido de Marta Dillet, testaferro de José Luis Moreno– habría sido el encargado de mover grandes cantidades de dinero junto a su pareja. Utilizando una cuenta bancaria particular y la de su hija menor de edad, habría recibido frecuentes transferencias no justificadas.

Algunos de los ordenantes de esos fondos están relacionados, apuntan los investigadores, con el comercio de bebidas alcohólicas. De esta forma, y entre mayo de 2017 y julio de 2018, se habrían registrado unos movimientos de fondos de cerca de 200.000 euros.

Esta serie de declaraciones llega una semana después de que el juez diese un nuevo impulso a las pesquisas y llamase a Natalia Fernández, sobrina de Moreno que se negó a declarar; y Cristina Muñoz y Rosa Santamaría, dos trabajadoras de empresas del productor de televisión que defendieron que las facturas emitidas eran reales. Ese mismo día también debía haber declarado el hermano de Natalia, Raúl, pero su citación tuvo que ser pospuesta.

El pasado jueves declararon Luis Dueñas y Óscar Tardío y también se esperaba a José María Alvear y Ernesto Paniagua, pero su comparecencia fue suspendida. Un día después, el viernes, pasaron por la Audiencia Nacional Pascal Jean Jorgen y Beatriz Sánchez, ausentándose de esta ronda Óscar Ordoñez y Ramón Sánchez.

MORENO, LA «TARJETA DE VISITA»

Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario que habría causado un perjuicio económico de 85 millones de euros, conforme a los cálculos de la Fiscalía.

Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, el productor de televisión está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

El instructor le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrílocuo presentó ‘in extremis’ en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.

De acuerdo con el sumario del caso, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

ESTAFA Y BLANQUEO

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aquilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este viernes el recurso de la exasesora de Podemos Dina Bousselham con el que pretendía anular la providencia por la que el juez encargó a la Policía Científica que determinara si es «técnicamente posible» ver el contenido de la tarjeta de su teléfono móvil, un informe que todavía no ha llegado a su mesa.

Según han confirmado fuentes jurídicas, la Sala analizará el escrito de Bousselham, que se oponía a las nuevas pesquisas pretendidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón.

En un auto del pasado mes de junio, el magistrado dejaba claro que «la única explicación posible» a los daños informáticos sufridos por la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora, que hacen imposible acceder a su contenido, es que fuera su jefe por aquel entonces, Pablo Iglesias, quien los provocara.

En ese mismo escrito, el juez recreaba el recorrido que habría tenido la tarjeta mini SD del teléfono móvil de Bousselham desde que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la entrega al líder de Podemos hasta que este último se la devuelve a su legítima propietaria, todo ello en base a las declaraciones que han prestado en sede judicial y a otras diligencias.

EL RECORRIDO DE LA TARJETA DE DINA

La Sala decidirá sobre este asunto casi un año después de que García-Castellón decidiera poner fin a la investigación sobre el recorrido que experimentó la mini SD desde que la asesora política sufrió el robo de su teléfono móvil en 2015 en un centro comercial hasta que parte de la información que contenía vio la luz pública, es decir, por qué manos pasó, a qué manipulaciones la sometieron y cuáles fueron las consecuencias.

García-Castellón acordó entonces procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, y a los dos periodistas encausados por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos; y propuso al Tribunal Supremo (TS) que investigara al ex líder de Podemos Pablo Iglesias por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

Sin embargo, el alto tribunal ordenó al magistrado que siguiera indagando, indicándole expresamente varias diligencias, entre ellas volver a tomar declaración a Dina, para que aclarase si quiere denunciar los hechos, y el análisis pericial de la micro tarjeta. Respeto a esta última, el pasado mes de febrero García-Castellón encargó a la Policía que estableciera si es técnicamente posible acceder al contenido de la misma, debido al mal estado en el que volvió a manos a Bousselham.

Para que los investigadores puedan hacer su trabajo, la compañía telefónica, en este caso Samsung, debe aportar una serie de claves. En junio, García-Castellón ya demandó de la empresa tecnológica el ‘pinout’ de la micro SD.

El artista Mikel Urmeneta y los periodistas Juan Ramón Lucas y Mariló Montero han presentado este jueves junto a CaixaBank el estreno virtual del cortometraje ‘Bulit escucha a la naturaleza’, que pretende visibilizar el autismo.

El film, cuyo director creativo es Urmeneta, compite por estar nominado a los premios Goya de cine que se entregarán el 12 de febrero en Valencia.

CaixaBank ha celebrado virtualmente un ‘CaixaBank Talks’ sobre el autismo y ha estrenado el cortometraje para sensibilizar, concienciar y educar sobre el autismo a través de la animación.

El responsable de Acción Social de la Dirección Territorial Ebro de CaixaBank, Javier Muñoz, ha destacado que CaixaBank canaliza durante el año aportaciones económicas de la Fundación La Caixa para atender a necesidades sociales en todo el territorio.

«Gracias a su capilaridad territorial, nuestra red de oficinas puede realizar esta labor de detección de proyectos de entidades sociales locales como la Asociación Navarra de Autismo», ha explicado.

En los últimos cinco años, la Fundación La Caixa y CaixaBank han destinado en Navarra más de 150.000 euros a diversas iniciativas relacionadas con la integración plena de las personas con transtorno del espectro del autismo en la sociedad.

La presidenta de la Asociación Navarra de Autismo (ANA), Amaya Ariz, ha explicado el trastorno del neurodesarrollo que afecta de por vida a la persona en distintas áreas del desarrollo, en la percepción del medio y de sí.

La Asociación realiza acciones como formación online, intervención terapéutica y la escuela de verano, y uno de sus últimos proyectos ha sido ‘Bulit’, protagonizado por un niño (un torito humanizado) de 8 años con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) que descubre que la naturaleza puede comunicarse con él: una margarita le pide ayuda advirtiendo de que llega una tormenta, y nadie presta atención a Bulit, excepto sus amigos.

PERSONAJES EN LA PRODUCCIÓN

En la producción han participado personajes conocidos como Eva Hache, Karra Elejalde, El Gran Wyoming, Pablo y Mafalda Carbonell, Raquel Sánchez Silva o Mariló Montero, así como los propios niños y niñas con TEA de la asociación ANA, quienes pusieron voz a su protagonista y reinterpretaron los personajes creados por el director del proyecto, Urmeneta.

Mikel Urmeneta ha participado en el CaixaBank Talks con Joel Ubeda, uno de los niños con TEA que han participado en el proyecto, y se ha mostrado el proceso para que los niños redibujaran sus diferentes creaciones.

Urmeneta lleva años realizando los pictogramas que la Asociación Navarra de Autismo ha colocado en empresas e instituciones.

Juan Ramón Lucas ha explicado que colabora con la Asociación desde el momento en que leyó el libro que Amaya Ariz escribió contando su experiencia (La Alegría muda de Mario)», y ha asegurado que por una vez, y sin que sirva de precedente, «humanizar a los animales, sirve también para humanizar a las personas».

Mariló Montero ha pedido que se tenga en cuenta el esfuerzo de los niños con TEA para poner las voces de los personajes, o reinterpretar los dibujos.

El acto lo ha cerrado la directora territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, que ha destacado el fuerte compromiso social de la entidad: «Se desarrolla con el esfuerzo de las personas que forman parte de nuestra red de oficinas».

«Gracias a ellas, todos los años, miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias pueden acceder a ayudas económicas de Fundación La Caixa para sacar adelante sus programas», ha añadido.

CAIXABANK

Con la colaboración entre Fundación La Caixa y CaixaBank en 2020 se han impulsado más de 8.500 proyectos de 7.000 entidades sociales de toda España, sobre todo en torno a soluciones en el ámbito de la enfermedad, la discapacidad, la exclusión social, la pobreza infantil, los mayores y el envejecimiento.

La Fundación La Caixa y CaixaBank han destinado en Navarra más de 150.000 euros en los últimos cinco años a diversas iniciativas relacionadas con la integración plena de las personas con transtorno del espectro del autismo en nuestra sociedad.

El periodista Xesús Fraga, galardonado con el Premio Nacional de Narrativa por su obra sobre la emigración gallega de mitad del siglo XX ‘Virtudes (e misterio)’, ha afirmado que «no se debería frivolizar con la migración ni usar como arma arrojadiza entre partidos políticos».

«No soy experto ni sociólogo, pero mi opinión de familia emigrante es que se trata de un tema sobre el que no se debería frivolizar ni usar como arma arrodjazidza entre partidos para atrincherarse en posiciones determinadas o ganar votos: esas personas pasan auténticas penalidades», ha señalado en declaraciones el autor gallego.

Fraga reconoce no «atreverse» a hacer una comparativa de esa emigración con situaciones de la crisis migratoria actual, pero sí insta a «generar una empatía hacia la gente que por el motivo que sea deja su país». «Ese discurso de que son vagos y nos quieren quitar trabajo es desmedido e injusto, lo acabamos de ver en una situación de causa mayor como Afganistán: se debe a circunstancias económicas y vitales», ha añadido.

Fraga nació en Londres porque sus padres estaban allí como emigrantes. Su abuelo había emigrado a Venezuela y su familia le perdió la pista, así que fue su abuela la que tuvo que sacar adelante a tres hijas «como pudo». Ese es el punto de partida de ‘Virtudes (e misterio)’, una novela «de no ficción».

«A mí siempre me ha fascinado nacer allí y haber pasado mis años de infancia en Londres, esa época maravillosa donde empiezas a descubrir el mundo. Y siempre me quedó esa curiosidad por examinar las circunstancias que desembocaron en eso. De ahí surgió este libro», ha indicado.

Además de escritor y periodista, el premiado también ha ejercido de traductor a las letras gallegas de grandes nombres de la literatura. Fraga alerta de la importancia de reconocer a todas las lenguas oficiales en España, más allá de los premios.

«Una cosa son los premios, que es un jurado atento al mundo de la literatura y que está observante de lo que se publica, y otra cosa es la generalidad de la sociedad. Creo que hay un sector importante de la sociedad que lo percibe como un problema y es una actitud que me resulta difícil de comprender. Cuanta más variedad de lenguas y que se pueda facilitar su convivencia, mayor convivencia social», ha defendido.

Respecto a qué hará con los 20.000 euros de la dotación, admite no haberlo pensado todavía, pero le gustaría «poder comprar tiempo». «Tengo dos libros en la cabeza y me gustaría tener esa seguridad para escribir. De momento, escribir es mi hobby, pero esto marca un punto de inflexión para abrir más tiempo y dedicación al mundo de la literatura», ha concluido.

La mayoría de los grupos del Congreso han adelantado su apoyo a una iniciativa de Nueva Canarias, pactada con otras formaciones a través de una enmienda transaccional, que insta al Gobierno a tomar medidas contra los ahogamientos y a asumir, entre otras cosas, el fenómeno de los accidentes acuáticos como un problema de Salud Pública de primer nivel.

Según el texto de esta moción consecuencia de interpelación, que ha sido acordado con el PSOE, la Cámara Baja pide al Gobierno también que se potencia en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la formulación de políticas comunes en el ámbito sanitario para actuar sobre este fenómeno.

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ya interpeló al Gobierno hace unas semanas al Gobierno sobre este problema, que califó como una «epidemia silenciosa». De hecho, esta iniciativa recoge la reclamación histórica de la plataforma ‘Canarias, 1500 Km de Costa’, cuyo promotor, Sebastián Quintana, expuso también en el Congreso las líneas generales de su reivindicación.

Junto a Quevedo, el también periodista experto en divulgación para la prevención de ahogamientos pidió a los grupos parlamentarios y al Gobierno central que pusieran en marcha iniciativas legislativas para poder paliar la «epidemia» de los ahogamientos.

Tras esta interpelación, Pedro Quevedo convirtió esta iniciativa en una moción que finalmente ha contado con el apoyo mayoritario del Congreso.

Asimismo, en el texto que ha salido adelante se pide al Gobierno que potencie el sistema ‘Aquaticus’, en el cual se notifican todas las incidencias relativas a ahogamientos y otras lesiones que acontecen en medios acuáticos, «de forma que funcione como un observatorio para la obtención de datos procedentes tanto de fuentes estadísticas como de los sectores con competencias en seguridad en este ámbito».

También se interpela al Gobierno para que refuerce la coordinación intersectorial y la gobernanza territorial para la implicación de los diferentes sectores y ámbitos institucionales y territoriales, así como que se orienten las actuaciones desde los principios de educación, concienciación, prevención, capacitación, intervención y acción.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este jueves que se está «en el peor de los escenarios» tras la decisión del Tribunal de Cuentas de rechazar los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a las fianzas que pide el tribunal a excargos del Govern por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, durante el denominado proceso independentista.

«Estamos en el peor de los escenarios, significa que el Tribunal de Cuentas no acepta unos avales de la Generalitat que son legales, porque nadie ha presentado recurso contra estos avales. Y no sólo no aceptan estos avales, sino que procederán a un embargo inmediato de nuestros bienes y probablemente de salarios», ha advertido en rueda de prensa.

Aunque no le sorprende haber llegado a este escenario, ha destacado que tiene «sensación de indefensión total y de arbitrariedad» ante las decisiones del Tribunal de Cuentas.

Ante la previsión de que este órgano podía rechazar los avales, Mas ha explicado que con anterioridad preparó «un plan B» e hizo una valoración de su vivienda habitual para ponerlo a disposición como garantía ante el Tribunal de Cuentas.

Tras haber hablado con su abogado, el expresidente catalán ha presentado su inmueble como garantía, pero no sabe si se lo aceptarán: «Puede que ni el plan B funcione».

«Si el embargo es inmediato, puede ser que no nos acepten como garantía el piso. Y entonces las consecuencias son drásticas: nos intervendrán las cuentas corrientes, los ahorros y hasta una parte del salario», ha concretado.

ESPERANZA «CERO»

Pese al recurso presentado por la Generalitat contra la decisión del Tribunal de Cuentas, Mas ha reconocido que la esperanza que tienen en ello «es cero porque, si han tardado tres meses para tomar una decisión y cuando la han tomado no dan ni 24 horas, qué confianza puedes tener en un organismo imparcial e independiente».

«Estamos en la intemperie», ha lamentado el expresidente catalán, que no confía en que el caso pueda archivarse a corto plazo, pese a que la delegada instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García tenga el mandato caducado.

Para Mas, ahora tocará movilizar y defenderse «para intentar compensar el daño» que se les quiere infligir, ha dicho, y porque considera que tienen la razón de su lado.

Dos investigadores, Raquel Ajates y Daniel Gaitán, que han desarrollado dos proyectos sobre el reto de la digitalización de semillas y la compra pública alimentaria sostenible en España, respectivamente, han sido galardonados con la ‘Daniel Carasso Fellowship’ que otorga la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Según ha informado la Fundación se trata de dos proyectos de investigación dirigidos a impulsar la transición alimentaria hacia modelos más sostenibles y los premiados recibirán este jueves por la noche su galardón, una estatuilla e Jaume Plensa, en un acto que tendrá lugar en Madrid.

Los dos beneficiarios de la ayuda pionera han presentado este jueves por la mañana sus proyectos acompañados por la directora en España de la Fundación Daniel y Nina Carasso, Isabelle Le Galo y el presidente el jurado de la Daniel Carasso Fellowship, Dionisio Ortiz Miranda, que es a su vez investigador de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Los cuatro han destacado la necesidad de un enfoque sistémico de la alimentación sostenible y la importancia de trabajar en estos proyectos junto con todos los actores involucrados.

Para Le Galo, los investigadores han puesto una barrera muy alta y muestran que la ciencia «es un posibilitador, es algo que puede diseñar un camino y abrir caminos enfocados a la acción», al tiempo que explica que la fundación ha buscado proyectos potentes a nivel científico y académico pero muy enfocados a la transformación.

«Hemos galardonado a dos proyectos que no van a operar en el ámbito académico, sino que van a estar desde el principio absolutamente interconectados con todo lo que está pasando, con la cantidad de iniciativas, de organizaciones que están trabajando en España» ha apuntado Dionisio Ortiz, que asegura que tanto en temas de recuperación de semillas como en compra pública alimentaria sostenible se trabaja muchas veces de forma «muy aislada, muy desconectada» pero confía en que «este no va a ser el caso».

Cada una de las dos becas está dotada con 160.000 euros cada una beneficiario. En cada una de ellas, 120.000 se destinan a cubrir la contratación del beneficiario durante 24 meses y los 40.000 euros restantes apoyarán las actividades de investigación.

El proyecto ‘El reto de la digitalización de semillas: sostenibilidad, big data y el movimiento social por sistemas de semillas de código abierto’, presentado por la investigadora española Raquel Ajates, mapeará y analizará los sistemas de semillas en España, desde una perspectiva integrada, investigando sus dimensiones socioeconómicas, de sostenibilidad y políticas; explorará cómo se gobiernan, comparten y protegen las semillas para identificar las posibilidades de maximizar su contribución a la biodiversidad, la justicia social y la sostenibilidad del sistema alimentario. El proyecto utilizará una combinación de metodologías, incluyendo métodos participativos y comisiones artísticas para involucrar a una amplia gama de expertos y audiencias.

«El problema o ventaja es que los sistemas de semillas son una de las partes menos conocidas o de las que menos se habla en el sistema alimentario; ni los consumidores más implicados o concienciados que compran su caja de verduras ecológicas preguntan de dónde vienen las semillas o si son híbridas o pesticiales» ha explicado Raquel Ajates.

«Los consumidores no deben tener toda la responsabilidad de cambiar este sistema. Lo bonito de estos dos proyectos es crear un cambio de manera que el sistema en sí haga que las soluciones más sostenibles y más saludables sean más fáciles», opina.

Por su parte, el proyecto ‘Compra Pública Alimentaria Sostenible en España. Evidencias hasta la fecha y oportunidades para su escalamiento’, presentado el investigador colombiano Daniel Gaitán, analizará este tipo de iniciativas a nivel nacional para proporcionar claves sobre dónde y cómo llevar a cabo las modificaciones necesarias en políticas públicas para lograr mejores resultados, definir dónde hay barreras para su ejecución y proponer un desarrollo a largo plazo en vista de las transiciones de sostenibilidad en los sistemas alimentarios.

Gaitán manifiesta que en el sistema alimentario actual hay «muchos problemas logísticos» y diferentes barreras que van desde la producción a la demanda que tienen que ver con elementos técnicos, productivos, organizaciones y logísticos. «Tenemos que enfocarnos en toda esta complejidad de este campo de acción, lo cual también es muy ambicioso», recalca.

El director del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), Rafael Zardoya, ha manifestado que no «pierden la ilusión» de poder ampliar las instalaciones del museo y «tener todo el edificio» que en la actualidad comparte con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Así lo ha manifestado Zardoya en declaraciones durante la presentación de los actos conmemorativos del 250º aniversario de la creación del Museo, que ha pasado por varios edificios desde el año 1771 hasta 1907, cuando se instaló en el antiguo Palacio de las Artes y la Industria del Paseo de la Castellana, que comparte con la ETSII.

Según afirma Zardoya, en la actualidad, el museo aprovecha un 36 por ciento del edificio, mientras que la escuela técnica de la UPM cerca de un 70 por ciento de todo el antiguo palacio.

Asimismo, el director del MNCN ha afirmado que lleva «muchos años» reivindicando la ampliación del museo y que «no pierde la ilusión» de poder algún día «tener todo el edificio», aunque duda de si podrán llevarlo a cabo alguna vez algo que duda si conseguirán llevarlo a cabo.

En cualquier caso, señala, le gustaría poder «aumentar las exposiciones del museo» porque son muchas las piezas de exposición y ejemplares que se encuentran guardados y no se pueden mostrar, e igualmente, sostiene que los cerca de 300.000 visitantes al año del museo son un argumento para realizar esta ampliación ya que «hay mucho interés por ver más exposiciones».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha comprometido este jueves en el Congreso a trabajar con los diputados del PP «en lo que sea necesario» para que la tramitación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, termine con el voto «a favor» de los de Pablo Casado.

Así lo ha asegurado Montero durante su intervención en la Cámara baja en la que ha defendido el contenido de esta norma, que ha impulsado su departamento, frente a las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los ‘populares’ y el partido de Santiago Abascal.

La ministra ha lamentado el tener que enfrentarse a este trámite, porque, ha declarado, no hacerlo supondría que «España habría dejado a tras su larga historia de política sexual contra las mujeres».

En este sentido, ha recordado que hace 100 años el Código Penal condenaba el adulterio únicamente como un delito femenino y daba «carta blanca» a los asesinatos de mujeres si el marido alegaba que esta era adúltera. También ha apuntado que, en el siglo XX se ha hablado siempre de estos sucesos como «crímenes pasionales» o consecuencia de los celos que, ha indicado, eran el «mejor aliado» de los asesinos.

MÁS FÁCIL CONDENAR OTROS DELITOS QUE LA VIOLENCIA SEXUAL

Hasta 2004, ha explicado Montero, cuando se aprobó la ley contra la Violencia de Genero, no se garantizó una «comprensión democrática de esta lacra. Además, ha destacado el refuerzo que esta norma ha tenido con el Pacto de Estado aprobado en 2017 sobre este tema.

La ministra ha indicado que el objetivo de la Ley de ‘solo sí es sí’ es «romper el silencio» de las víctimas «frente al terrorífico mensaje» que, a su juicio, suponen la enmiendas de PP y Vox que, ha explicado, «invisibilizan» y «normalizan» la violencia sexual.

En este sentido, se ha preguntado por qué en España es más fácil condenar cualquier otro delito que una agresión sexual. A esta pregunta, Montero se ha respondido señalando que la legislación española ante una agresión de este tipo «cuestiona a la víctima y no al agresor» y que las mujeres saben que se deberán enfrentar a preguntas que «las colocan como culpables».

«¿Te defendiste? ¿Tú que hiciste? Porque si no le apartas, pegas,arañas, empujas si te quedas quieta, no es una violación», ha señalado Montero, antes de mencionar otras cuestiones como «¿Qué llevabas puesto? ¿Habías bebido? ¿Consumido drogas?». «Porque si te pintaste, si llevabas una falda corta, un tanga, si bebiste o dejaste tu copa sola, quizás fuiste tú la que se puso en riesgo», ha denunciado.

DIFERENCIA ENTRE PIROPO Y ACOSO

«¿Ibas sola? ¿Los conocías? ¿Hablaste con ellos? ¿Les sonreíste? Porque si volviste sola a casa, si accediste a irte con ellos, si te fuiste sin tus amigas, si entraste en ese portal con ellos cinco o subiste a esa casa, igual te estabas divirtiendo haciéndolo, fue un jolgorio, lo buscabas, te gustó», ha añadido.

La ministra de Igualdad también ha señalado que «existen innumerables razones para decirle a una mujer que en realidad no ha sido violada» y ha puesto como ejemplo el caso de una mujer migrante que, si denuncia es porque «busca papeles» o «dinero»; si la denunciaste «es guapa» es «porque lo buscaba»; si «es fea, simplemente mintió»; porque si ha sido violada «no debe tener fuerzas ni para contarlo»; y si lo cuenta «quizá es porque le gustó».

«A ver si no se le va a poder ya ni decir guapa a una mujer. Como si fuese tan difícil entender la diferencia entre un piropo y el acoso», ha denunciado Montero.

Tras señalar que con esta ley España cumple con las recomendaciones del Convenio de Estambul y con las reclamaciones del Pacto de Estado, la responsable de Igualdad ha llamado al PP a «volver al terreno de juego» y se ha comprometido «a trabajar» con los ‘populares’ «en lo que sea necesario» para que regresen al consenso y «que la tramitación de esta norma termine» con el voto «a favor» del principal partido de la oposición.

Montero también se ha dirigido a Vox para señalar que «ni siquiera» el «machismo» de la formación «es capaz de tapar, negar, invisibilizar, ridiculizar o cuestionar la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres». «Su rechazo a estaley, su negacionismo, roza ya la violencia institucional, y es la muestra más evidente de que España necesita esta ley», ha declarado.

EL PP LE ACUSA DE INCOMPETENCIA

A esta intervención ha respondido la portavoz del PP en este debate, Marta González, quien, tras recordar los «dos años de disparates» del mandato de Montero, ha rechazado un texto que considera «un calco de la legislación aprobada hasta ahora» en materia de violencia de género con algunas propuestas «descabelladas» a las que los gobiernos judiciales han dado un «varapalo».

La enmienda del PP, ha explicado González, pivota en «dos grandes objeciones»: la definición del consentimiento expreso y la desaparición de la distinción entre abuso y agresión. En el primer caso, duda de la «seguridad jurídica» para el denunciado, mientras que en el segundo caso advierte de que se elevan las penas para los casos más leves y se reducen para los graves.

Por su parte, la diputada de Vox Carla Toscano, que ha subido a la tribuna con una camiseta con el lema #Notmetoo, ha iniciado su discurso refiriéndose a varios diputados para señalar que tienen «suerte» de que sea «una mujer sensata» y no iba a hacer nada porque la estuvieran mirando. A su juicio, «si fuera otro tipo de mujer» les podría acusar de «acoso» o «violación» y habría que creerla porque «es mujer».

A su juicio, esta ley permite que la mujer pueda «acusar más fácilmente al hombre» y que el acusado sea quien tenga que probar que hubo consentimiento, algo que considera difícil. En este sentido, ha preguntado si van a proponer a los hombres la descarga de una aplicación o que haya testigos en el acto sexual o llamar a un notario que pruebe el consentimiento.

EL PSOE ASEGURA QUE SE APROBARÁ

También ha mostrado sus dudas de la posibilidad de un cambio de consentimiento durante el acto y se ha preguntado si la mujer deberá mostrar su consentimiento durante todo el acto o a intervalos. «Esto es una aberración», ha declarado.

El PSOE ha solicitado en este debate un turno en contra de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, que ha defendido la exportavoz parlamentaria de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra. La diputada ha denunciado las «burlas» que sufren las mujeres en el Parlamento y ha llamado a Vox a «avergonzarse» de su actitud cuando en España se denuncia «una violación cada cinco horas».

«El silencio o pasividad no significa consentimiento», ha explicado la representante del PSOE, quien ha añadido que «no mostrar rechazo no es excusa para ir en contra de la víctima». Según ha declarado, esta norma se aprobará a pesar de las intenciones de los que han presentado estas enmiendas a la totalidad.

La sección segunda de la Audiencia de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de manera continuada de su hijastra menor de edad.

En la segunda y última sesión de este juicio, celebrada este jueves, el fiscal, Juan Carlos Aladro, mantuvo la petición de condena de 15 años y 9 meses de prisión.

Además, el representante del Ministerio Público pide que se le prohíba al acusado por un tiempo de 21 años aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de estudio o trabajo o cualquier otro en el que se encuentre, y la pena de prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

Asimismo, solicita que se le imponga al acusado la medida de libertad vigilada durante seis años, que se ejecutará con posterioridad a las penas privativas de libertad.

Por su parte la abogada de la defensa reclama la absolución de su cliente y que, en caso de que se le condene, solamente sea por un delito de abusos sexuales.

Al igual que ocurrió en la primera sesión del juicio, el Colectivo Feminista de Pontevedra se ha concentrado ante la sede de la Audiencia Provincial para apoyar a la víctima y a su madre, que agradeció este gesto.

«La pesadilla que hemos pasado no se la deseo a nadie. Ahora, espero que haya justicia para mi hija», señaló la progenitora.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid ha anulado una multa de 200 euros impuesta por no pasar la ITV a un vehículo que se encontraba estacionado al considerar que «el ilícito a sancionar está constituido por el hecho de circular, no por el incumplimiento de someter el vehículo a la ITV de forma periódica».

En los dos últimos años, la Dirección General de Tráfico ha impuesto más de un millón de multas por no pasar la ITV, por un importe aproximado de unos doscientos millones de euros.

En una sentencia, el juez estima un recurso promovido por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y acuerda anular una sanción impuesta a un vehículo sin ITV que no circulaba sino que solo estaba estacionado.

El caso se inició por la denuncia formulada por la Policía Municipal de Madrid a un vehículo estacionado en una calle de la capital por el hecho de «no haberse sometido el vehículo reseñado a la inspección técnica periódica establecida reglamentariamente».

Dado que las infracciones relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y al seguro obligatorio están excluidas de la competencia municipal, la sanción la impuso el Jefe provincial de Tráfico de Madrid después de rechazar las alegaciones planteadas por el interesado.

El afectado decidió poner el asunto en manos de los letrados de AEA para plantear el correspondiente recurso judicial. En la demanda, argumentaron que en la vigente Ley de Seguridad Vial no está tipificado como infracción el hecho de no someter un vehículo a la ITV en el plazo debido, sino circular sin ella, circunstancia que no se daba en el hecho denunciado ya que el vehículo se encontraba estacionado.

En consecuencia, no podía imponerse ninguna sanción por este motivo porque, en caso contrario, se «infringiría el principio de legalidad y tipicidad al no existir una norma con rango de ley que sancionara la conducta descrita, puesto que la ley recoge el término circular».

NO PASAR LA ITV NO ESTÁ TIPIFICADO COMO INFRACCIÓN

La resolución judicial acoge las tesis de los letrados de AEA y rechaza las defendidas de contrario por la Abogacía del Estado, porque considera que «el ilícito a sancionar es el previsto en el artículo 76 de la LSV y está constituido por el hecho de circular, no por el incumplimiento de someter el vehículo a la ITV de forma periódica».

Por ello, la sentencia concluye que «procede la estimación del recurso declarando la nulidad de la resolución administrativa recurrida conforme al artículo 47.1 a) de la LPAC –Ley de Procedimiento Administrativo Común– por infracción del principio de tipicidad».

AEA ha destacado que esta resolución judicial constituye un importante precedente jurídico y va a permitir determinar con claridad qué hechos pueden ser o no sancionados en relación con la inspección técnica de vehículos.

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, «está sentencia recoge de forma admirable la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el principio de reserva legal en materia de derecho administrativo sancionador y recuerda que ninguna administración puede utilizar la analogía para sancionar hechos que no están expresamente contemplados en la ley».

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha destacado que los 127 mártires que serán beatificados el próximo sábado 16 de octubre en la Mezquita-Catedral de Córdoba, dada su condición de víctimas de la persecución religiosa en la Diócesis cordobesa entre 1936 y 1939, «fueron asesinados por odio a la fe».

De hecho, según ha resaltado Demetrio Fernández en su carta semanal, estos mártires «no son caídos de uno u otro bando, como si estos hubieran empuñado las armas y hubieran caído en el combate. Esos defensores de la Patria bien merecen su recompensa», pero lo cierto, según ha insistido, es que «no han empuñado las armas, ni han salido al campo de batalla», sino que «estaban en sus casas o en sus parroquias, formaban parte de las filas de Acción Católica y se distinguían porque hacían el bien a los demás».

En consecuencia, según ha señalado en su carta el obispo, «fueron asesinados por odio a la fe», y fue «como si el poder del infierno se hubiera desatado contra ellos», si bien ahora, «pasados 85 años y después de un estudio sereno y científico, llegan hasta nosotros, no aquellos horrores, sino el precioso perfume de un amor más grande, el testimonio elocuente del perdón ofrecido a sus perseguidores, la confianza plena en que Dios no los abandonó en ningún momento».

«Los mártires –prosigue la carta del obispo– han supuesto en todas las épocas de la historia de la Iglesia una fuerza potentísima para avivar la esperanza de un pueblo creyente. Los méritos de los mártires han compensado los defectos de los ‘lapsi’, que al invocar a los mártires eran readmitidos en la comunidad cristiana, de la que habían desertado».

En consecuencia y según ha señalado Demetrio Fernández, «la vida cristiana es para vivirla con este tono de martirio, lo más contrario a la mediocridad. El tono martirial no hace consensos con la mundanidad, el tono martirial se siente siempre en deuda de amor para con Dios y para con los demás, el tono martirial lleva a estar más cerca de los pobres y compartir su suerte, como ha hecho Jesús».

El más, según ha concluido el obispo en su carta, «el tono martirial no tiene ninguna sensación de víctima», sino que «incluye constantemente un subidón de amor, de enamoramiento, de entusiasmo, porque consiste en dejarse mover por el Espíritu en respuesta de amor al amor que nos precede, el amor de Cristo».

La Universidad de Salamanca (USAL) y la Corporación Radio Televisión Española crean la Cátedra RTVE-USAL ‘Niñ@s, jóvenes y medios’, que analizará el uso y el consumo de medios de comunicación en el público infantil y juvenil.

Esta nueva propuesta académica será posibles después de que el rector de la institución académica, Ricardo Rivero, y el presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero, hayan firmado este jueves, de manera telemática, un convenio de colaboración.

La cátedra, dirigida por el profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la USAL Félix Ortega Mohedano, se ha creado con el objetivo de «realizar actividades de investigación, desarrollo, estudio, promoción y divulgación de estudios en comunicación y educación sobre el uso y consumo de los medios de comunicación por parte del público infantil y juvenil», ha apuntado la Universidad de Salamanca.

En este sentido, promoverá la investigación, la creación y el emprendimiento en comunicación y educación en el sector del media educativo, comunicativo y cultural, y favorecer así la creación y consolidación de un ecosistema en el que «ambas instituciones jueguen un papel destacado en la transformación digital, comunicativa, educativa y cultural y en el desarrollo de producción e investigación audiovisual educativa y comunicativa orientada a las niñas, niños y jóvenes».

Entre las actividades propuestas destaca la presentación del ‘Barómetro Audiovisual de Niños, Niñas, Jóvenes y Medios en España’ entre los meses de marzo y abril durante el periodo de vigencia de este acuerdo, establecido para dos años prorrogables.

La nueva Cátedra RTVE-USAL ‘Niñ@s, jóvenes y medios’ se suma a la ya creada por ambas instituciones en 2019 en materia de emprendimiento e innovación para coordinar actividades de investigación, estudio, promoción y divulgación del emprendimiento tecnológico en el sector mediático.

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha pedido que no se concedan fondos de la Unión Europea a los gobiernos que promuevan políticas anti-LGBTIQ.

En un dictamen aprobado por el pleno de este jueves, la asamblea de regiones y ciudades de la UE acoge con satisfacción la Estrategia de Igualdad LGBTIQ de la Unión Europea, pero advierte de que, al mismo tiempo, se está experimentando «una regresión» con respecto a los valores de la UE, pues algunas autoridades adoptan «políticas y leyes discriminatorias».

La primera estrategia de igualdad LGBTIQ de la UE presentada por la Comisión Europea pide expresamente al CDR que promueva el diálogo con las autoridades locales y regionales y la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales, para promover la igualdad LGBTIQ.

Citando el caso de Budapest como ejemplo, el dictamen del Comité Europeo de las Regiones señala que las ciudades y las regiones pueden tomar la iniciativa en la lucha contra la discriminación y en el establecimiento de políticas favorables a las personas LGBTIQ en los casos en que los gobiernos nacionales estén rezagados.

La ponente Kate Feeney, miembro del consejo del condado de Dun Laoghaire Rathdown, ha valorado la estrategia de igualdad LGBTIQ de la UE como «un paso muy esperado en la dirección correcta, con el fin de construir una Europa verdaderamente respetuosa de los derechos fundamentales» y ha destacado el papel «clave» que pueden jugar a diario «los concejales y alcaldes» para «garantizar la inclusión de todos y hacer que el cambio ocurra desde abajo».

«Ya sea abordando la discriminación múltiple a la que se enfrenta la comunidad LGBTIQ o respondiendo a sus necesidades a través de las nuevas políticas, ciudades y regiones pueden contribuir activamente a una mejor promoción de la igualdad y las iniciativas que reflejan la diversidad», ha subrayado.

Por otro lado, la ponente ha lamentado que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 7 de octubre no consiguiera un acuerdo sobre la nueva estrategia de la UE sobre los derechos del niño, debido a la oposición de algunos Estados miembros a una referencia a los derechos de los jóvenes y niños LGBTIQ.

«Los jóvenes LGBTIQ en Europa son particularmente vulnerables a la discriminación, la victimización, la estigmatización y el abuso. Todos los niños deben poder desarrollar su personalidad libremente y estar protegidos de las terapias de conversión y las intervenciones médicas forzadas», ha subrayado Feeney.

También ha destacado «el papel de la educación sexual universal» para «luchar contra los estereotipos y la discriminación, construyendo una imagen positiva de los miembros de la comunidad LGBTIQ y fomentando una atmósfera de aceptación».

Por todo ello, el dictamen pide a la Comisión Europea que garantice que no se otorgan fondos europeos cuando existan mecanismos de discriminación estructural. En cambio, subrayan la necesidad de brindar apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil LGBTIQ y a los programas de igualdad y diversidad en los municipios y regiones donde la comunidad LGBTIQ se enfrenta a actitudes hostiles por parte de los gobiernos.

Asimismo, el Comité Europeo de las Regiones pide que las autoridades locales y regionales también participen plenamente en el diseño, la implementación y el seguimiento de los planes nacionales sobre la igualdad LGBTIQ.

El eurodiputado Pierre Karleskind, que inició la resolución del Parlamento Europeo declarando a toda la UE como Zona de Libertad LGBTIQ, también se ha unido al debate en la sesión plenaria y ha subrayado que las ciudades y regiones tienen un papel crucial para hacer realidad la igualdad de derechos a nivel local.

En consonancia con la petición del Parlamento Europeo, el CDR hace un llamamiento a todos los municipios para que se declaren «ciudades de libertad LGBTIQ». También suscribe la solicitud realizada por el Parlamento en su Resolución sobre los derechos LGBTIQ en la UE con respecto a las familias y las parejas del mismo sexo, pidiendo una aplicación rigurosa del derecho de familia transfronterizo y un diálogo intensificado.

La Comisión Europea ha planteado este jueves una propuesta legislativa para que el despliegue del nuevo reglamento sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro se realice de manera progresiva, de forma que se eviten «perturbaciones» en su suministro, ha informado en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario ha argumentado que los retos «sin precedentes» que ha supuesto la pandemia «han desviado recursos de los Estados miembros, los centros sanitarios y los agentes sanitarios», obstaculizando la capacidad de cumplir con las fases de entrada en vigor que contempla la normativa actual.

De esta forma, la propuesta de Bruselas -que debe ser ahora negociada y aprobada por los gobiernos y el Parlamento Europeo– no modifica el reglamento y se limita a modificar las disposiciones transitorias a fin de permitir que su puesta en marcha sea «progresiva».

En particular, los productos de mayor riesgo, como las pruebas de VIH, la hepatitis D o determinadas pruebas de gripe (clase C), dispondrán de un periodo transitorio de hasta mayo de 2025 y 2026, mientras que otras de riesgo inferior, como los productos estériles de clases B y A, tendrán un año más, hasta mayo de 2027.

Hasta ahora, estaba previsto que el reglamento se aplicara a partir del 26 de mayo de 2022, pero la «grave escasez de capacidad» de los organismos notificados «hace imposible que los fabricantes lleven a cabo a tiempo los procedimientos de evaluación de conformidad exigidos legalmente».

La Comisión Europea ha señalado que sin esta introducción gradual «existe el riesgo de que se produzcan perturbaciones significativas en el suministro en el mercado de diversos productos sanitarios para diagnóstico in vitro esenciales», lo que «podría afectar al diagnóstico de los pacientes y a su acceso a una atención sanitaria pertinente».

La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, ha subrayado que retrasando los periodos de transición se garantizará que haya un suministro «continuo» de estos productos «sin comprometer la seguridad». «Pido a todos los fabricantes que se preparen para la certificación con arreglo al nuevo reglamento lo antes posible y no esperen hasta el final», ha añadido la chipriota.

La propuesta, en cualquier caso, no propone cambios para productos con el marcado ‘CE’ que no requieren la participación de un organismo notificado para productos «nuevos», para los que las normas del nuevo reglamento sí que se aplicarán a partir del 26 de mayo de 2022.