El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha alentado este jueves a los partidos de la izquierda a «disputar un españolismo diferente» contra el centralismo o el «chauvinismo» del gobierno de la Comunidad de Madrid y la «contraola revanchista» que ve en la España más reaccionaria.

«Es complicadísimo, pero no sumamos sin eso», ha advertido en la presentación de su libro ‘Con todo’ en un coloquio con el público en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC) de Valencia, con presentación a cargo del diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, y asistencia de representantes de la coalición como la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.

Errejón, con parte de su intervención en valenciano, ha apuntado al Día de la Hispanidad como ejemplo de «una identidad nacional profundamente débil, como un imperio, que solo sabe ser reaccionaria» y «no ha sido capaz de construir un proyecto para todos». «No les preocupa que haya calles en alemán en Mallorca, pero sí que le llamen platja», ha ilustrado, y ha lamentado que le griten por la calle viva España como un insulto cuando se siente «bastante español».

Un españolismo que ha comparado con la masculinidad, que «hay que demostrarla permanentemente», y que ve como germen de una ola reaccionaria ya extendida por España y basada a su juicio en la «amenaza del feminismo» y el anticatalanismo.

También ha señalado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como exponente de «un chauvinismo que no se lo pone fácil al PP nacional» porque «Ayuso no es Feijóo» y de un centralismo que afecta al resto de España. «Madrid se está tragando a Guadalajara, a Toledo y a buena parte de las comunidades limítrofes», ha avisado, defendiendo que de ahí salgan movimientos como Teruel Existe.

PIDE CALMA A LA IZQUIERDA

Por contra, Errejón ha llamado a que la izquierda aprenda de los últimos años y sepa en qué condiciones está para ser capaz de cambiar el ciclo, no tanto político como social. Recordando su etapa en Podemos, ha apuntado problemas como el «exceso de prisa» sin pensar a largo plazo que genera «ascensos muy rápidos con anclajes no muy sólidos».

Y ante la «fragilidad» que ha revelado la pandemia, ha sostenido que hay dos respuestas: o «democratizar la crueldad» con «síntomas» como las agresiones LGTB o «la alianza de los frágiles» para «trastocar la correlación de fuerzas» y así transformar la sociedad. «Reconstruyéndonos, tropezándonos y levantándonos. Es nuestra forma de estar en el mundo y se llama militancia», ha reivindicado.

«TIENEN QUE ASUMIR QUE VAN A PERDER ELECCIONES»

Errejón ha justificado que en su partido critican al «Gobierno más progresista de la historia», el que comparten PSOE y Unidas Podemos, porque cree que piensan que seguirán ganando y que no pueden hacer nada más en ámbitos como la regulación del mercado eléctrico. «Lo que ha primado en Moncloa es que, como Vox va a seguir, seguimos ganando», ha dicho, y ha comparado a Pedro Sánchez con Salvador Allende porque «no ha tenido que hacer nada, los otros se lo dicen».

Pero ha hecho hincapié en que «tienen que asumir que van a perder elecciones» y hasta entonces mientras gobiernan ser capaces de dejar una España más proclive a los cambios. «Los ciudadanos con menos miedo pueden pelear por más», ha ilustrado, y en clave valenciana ha destacado a Compromís por «ser capaz de marcar tendencias políticas propias».

En esta línea, ha confiado en que «la oleada de ‘a por ellos’ tiene largo recorrido» y en que la crisis ecológica abre una «oportunidad de oro» para el cambio del modelo productivo. Ha defendido además que en política hace falta estar comprometido, hacer comunidad y «ser buena persona».

BALDOVÍ: «LO QUE PUDO SER Y NO FUE»

En la presentación, Baldoví ha invitado a leer su libro porque «podría ser una serie» desde los años «fulgurantes» de la mayoría absoluta de Rajoy, con «un Congreso del Antiguo Régimen», hasta cuando «todo empezó a cambiar». «Demuestra que los cambios se hacen desde dentro, y en el País Valencià lo tenemos claro», ha aseverado.

También es la historia de «lo que pudo ser y no fue», de las «miserias» de los partidos y de una «ruptura dolorosa», la de Podemos, y de «la dicotomía Íñigo-Pablo», a los que ha comparado con músicos como Coldplay y Bruce Springsteen, respectivamente. «Yo cuando salí en la Fonteta también me sentí el ‘boss'», ha recordado sobre el mitin de 2015 en Valencia.

Los líderes regionales del Comité Europeo de las Regiones, ‘Eurocities’ y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) han compartido este jueves sus experiencias sobre el fortalecimiento de la democracia local y discutieron sobre ejemplos de «ejercicios participativos innovadores», entre otras cuestiones.

El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, ha asegurado que «las ciudades son el nivel más cercano a la democracia. «El lugar donde se encuentran las mejores prácticas democráticas y los portadores de la democracia», ha resaltado, al tiempo que ha subrayado que los «ciudadanos quieren participar» y desde las instituciones se deben «crear las herramientas adecuadas».

Así se ha expresado durante el evento ‘Ciudades que fomentan la democracia en la Unión Europea: perspectivas urbanas para la Conferencia sobre el futuro de Europa’, donde también ha apuntado que las ciudades «son verdaderos laboratorios para enriquecer, modernizar y fortalecer la democracia».

En este contexto, el presidente de ‘Eurocities’ y alcalde de Florencia, Darío Nardella, ha defendido que «como ciudades, se cree que la Conferencia sobre el futuro de Europa debería conducir a la creación de una estrategia de participación europea». «Europa debería aprovechar el impulso de la Conferencia para continuar el ejercicio de la democracia participativa», ha agregado, para después señalar que «se debería conducir a una nueva forma de trabajar con las ciudades y los ciudadanos», apostando por una Europa «más cerca de las personas».

Por otra parte, el copresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), Christoph Schnaudigel, ha propuesto «una mejor representación ante las instituciones de la UE para los ciudadanos», con la creación de un mecanismo permanente «para el diálogo estructurado con los ciudadanos a través de representantes de las autoridades regionales y locales».

CONCLUSIONES PARA LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO EUROPA

A lo largo del encuentro, se han acordado una serie de conclusiones que «alimentarán» la Conferencia, como la oportunidad que ofrece para «promover formas innovadoras de involucrar a los ciudadanos en el funcionamiento de la Unión Europea y desarrollar una estrategia de participación europea».

En este sentido, han abogado por un mecanismo permanente de la UE para el diálogo estructurado con los ciudadanos a través de las autoridades regionales y locales donde «deben establecerse representantes». Según han desarrollado, esta estrategia serviría a las ciudades, por un lado, «trabajar con los ciudadanos en cuestiones europeas que les afectan directamente», y por otro «permitiría a los responsables políticos europeos diseñar políticas adaptadas a las ciudades y respaldadas por los ciudadanos».

Asimismo, mediante el desarrollo de dicho mecanismo, se ha planteado incluir diferentes cuestiones relevantes en desarrollo de las ciudades. Entre ellas, la implicación de las ciudades y municipios en la transición verde, que «deben ser reconocidos como protagonistas de la transición hacia la neutralidad climática».

Igualmente, se ha señalado el «comportamiento pionero» en la transformación digital «en virtud del desarrollo e implementación de soluciones innovadoras e integradas para ciudadanos y comunidades». También han alegado que «es necesario acelerar» el despliegue de la infraestructura de banda ancha y la creación de capacidad a nivel local para superar la «doble brecha digital» del acceso desigual y el analfabetismo digital.

Finalmente, se ha incidido en los desafíos para «fomentar la cohesión social, construir sociedades inclusivas y promover la diversidad». En particular, se han referido a «la igualdad de género, el reto demográfico, las discapacidades y la integración de los migrantes». «Se debe involucrar plenamente a las ciudades y municipios en el intercambio de su experiencia y las herramientas políticas adecuadas», han finalizado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado este jueves al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por el acuerdo que ha alcanzado con el Gobierno para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Robles ha aprovechado su intervención durante la presentación del nuevo periódico digital ‘El Debate’ y la presencia del líder de los ‘populares’ para lanzarle este mensaje.

«Quiero aprovechar que estoy aquí para felicitar al presidente del Partido Popular por este avance tan importante que se ha hecho en el día de hoy desde el sentido de Estado, desde el consenso», ha dicho la titular de Defensa.

En este sentido, la ministra ha hecho hincapié en que «España merece que se avance en políticas de Estado, en materia de Defensa, de Asuntos Exteriores, en materia de Justicia, que ponen de relieve que España y sus instituciones son absolutamente válidas».

«Creo que nos tenemos que felicitar todos», ha zanjado la dirigente del bloque socialista, que ha celebrado que se haya alcanzado este acuerdo «en un país en el que son tan importantes las instituciones».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su homóloga en Barcelona, Ada Colau, y el regidor de Bilbao, Juan Mari Aburto, son los alcaldes que han percibido una mayor retribución durante el año 2020, según la última actualización de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA). Por el contrario, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el de Huesca, Luis Felipe Serrate, son los regidores con dedicación exclusiva de todas las capitales de provincia que menos salario han tenido en el ejercicio anterior.

Así, el alcalde de la capital de España fue el regidor con mayor salario durante el año 2020, llegando a percibir una retribución de 108.517,80 euros anuales, un 27% más que el sueldo de ese ejercicio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ascendió a 84.845 euros anuales, según esta actualización de ISPA publicada este jueves por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Tras Almeida, se sitúan la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con 100.000,04 euros anuales; el primer edil de Bilbao, Juan Mari Aburto, con 97.144,08 euros anuales; el regidor de Vitoria, Gorka Urtaran, con 90.526,38 euros anuales; el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, con 87.952,02 euros anuales; el primer edil de Valladolid, Óscar Puente, con 86.814,28 euros anuales; el regidor de Valencia, Joan Ribó, con 86.360,54 euros anuales; y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, con 86.359 euros anuales.

Todos estos alcaldes percibieron durante el ejercicio 2020, el año más duro de la pandemia del Covid-19, un salario mayor que el del presidente del Gobierno, que, según aparece reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue de 84.845 euros.

Este salario, el del presidente del Gobierno, es el más parecido al que cobró la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, que en el año 2020 recibió una retribución de 83.398,54 euros, convirtiéndose así en la novena alcaldesa con un mayor sueldo de España, pese a que esta población no supera los 80.000 habitantes.

ZAMORA Y HUESCA, LOS QUE MENOS

En el lado contrario se sitúan los alcaldes de las ciudades de Zamora y Huesca. Contando las capitales de provincia cuyos regidores tienen una dedicación exclusiva, estos dos municipios son los que menor salario han tenido en el año 2020.

En concreto, el alcalde de Zamora percibió 35.787,22 euros anuales. Así, el regidor de Huesca ganó, detalla Hacienda, una retribución anual de 37.691,65 euros, mientras que según datos del consistorio oscense cobra 50.000 euros anuales.

Según estos datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda hay también cuatro alcaldes de capitales de provincia que percibieron un salario inferior, pero se encuentran en un régimen calificado como «sin dedicación». Estos son los regidores de Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Teruel y Oviedo.

DE MÁS DE 8.000 AYUNTAMIENTOS

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha actualizado este jueves y publicado en su página web la información relativa a las percepciones de los cargos electos de las corporaciones locales, donde se engloban más de 8.000 ayuntamientos y 52 diputaciones, además de los consejos y cabildos insulares.

Los documentos publicados por el Ministerio de Hacienda también recogen los cuadros con las retribuciones de los funcionarios de estas administraciones por tramos de percepciones.

Todos estos datos proceden del sistema ISPA, el sistema de Información de Puestos de la Administración, que es la plataforma de recogida de información de las percepciones de los cargos electos y de las retribuciones asignadas a los puestos de trabajo de funcionarios de ayuntamientos, diputaciones forales y provinciales y consejos y cabildos insulares, así como de comunidades autónomas.

En cualquier caso, en este listado facilitado por el Ministerio que dirige María Jesús Montero no están incluidos los municipios de la Comunidad Foral de Navarra al estar pendiente de implementar ISPA Navarra para los Ayuntamientos.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha avalado este jueves los cambios del Senado al Proyecto de Ley presentado por el Gobierno para modificar el acceso a las profesiones de abogado y procurador y adaptar así la legislación española al derecho europeo. La tramitación ha contado, entre otros, con los apoyos del PSOE, Unidas Podemos y sus socios, así como de Ciudadanos; con el rechazo de Vox y con la abstención del PP.

La propuesta inicial del Ejecutivo, que se aprobó mediante acuerdo del Consejo de Ministros en su sesión de fecha 8 de septiembre de 2020, establece reformas mediante tres artículos que se completan con tres disposiciones transitorias. En concreto, contempla cambios en tres textos legales: la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, la Ley 2/2007 de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

La iniciativa busca dar una «respuesta integral y coherente» a las objeciones que la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente que atañen al acceso y a las condiciones del ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y señaladamente a la interacción entre una y otra.

Según precisa el Gobierno en el proyecto de ley, se trata de «acomodar» la legislación española a las previsiones del derecho europeo relativa a servicios en el mercado interior, lo que se concreta en esta propuesta normativa que incide sobre tres ámbitos concretos de actuación: el relativo a la existencia de una reserva de actividad para el ejercicio de la procura; el de la prohibición de las sociedades de carácter multidisciplinar, que puedan abarcar la procura y la abogacía; y la modificación del sistema de aranceles.

En el marco de su tramitación en el Senado, se presentaron 33 enmiendas al texto presentado por el Ejecutivo. El PSOE aceptó propuestas de modificación de Junts, del PNV, de ERC y de EH Bildu. Ninguno de estos partidos han tomado la palabra en el debate de este jueves; solo se han pronunciado el PP y Vox -que se han mostrado insatisfechos– y Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE –que han celebrado la iniciativa–.

EL PP REPROCHA AL PSOE QUE NO NEGOCIARA SUS ENMIENDAS

En el Pleno del Congreso, la diputada socialista Gemma Araujo ha asegurado que desde su partido se hizo un «esfuerzo» para intentar incluir todas las enmiendas. El dirigente del PP Jaime Olano, sin embargo, ha reprochado al PSOE el hecho de que no se sentara a negociar con los ‘populares’ del Senado.

Olano ha asegurado que es «inadmisible» que el PSOE «no se haya dignado» a hablar con el PP sobre sus enmiendas, lo que ha calificado de una «actitud escasamente democrática».

El diputado del PP ha explicado que aunque cree que había que adoptar las recomendaciones europeas, a su juicio la propuesta del Gobierno no es la mejor opción. «Con esta ley es cierto que se solucionan ciertos problemas, pero creemos que se va a aprobar una injusticia con los procuradores», ha señalado para explicar por qué su formación se ha abstenido.

VOX ACUSA AL GOBIERNO DE QUERER ACABAR CON LOS PROCURADORES

Desde Vox tampoco han escatimado en reproches al Ejecutivo durante el debate. El diputado Pablo Calvo ha asegurado que el Gobierno deja atrás a los procuradores, así como «dejaron atrás a decenas de miles de muertos». Según ha dicho, con la «falsa excusa» de adaptarse a la normativa europea se está cometiendo un «error» que supone la «demolición» de la procuraduría. «Se trata al procurador no como un tutor sino como un colaborador prescindible», ha añadido.

Calvo ha denunciado que con esta reforma se abre la puerta para que los estudios se impartan en la lengua regional en un «paso más en ese absurdo proceso de las izquierdas» de usar las lenguas como instrumento de separación. Ha asegurado, además, que se da un «durísimo golpe» a la profesión al eliminar el arancel mínimo. «Si creen que la profesión debe desaparecer sean valientes y díganselo a la cara», ha dicho.

Desde Unidas Podemos, la diputada Martina Valverde ha destacado la relevancia de la iniciativa, dado que adapta la legislación española a la normativa europea y supone «modernizar y agilizar» la abogacía y procura. Además, ha aplaudido la voluntad de consenso en torno esta propuesta.

El diputado Edmundo Bal, de Ciudadanos, también se ha sumado a celebrar el «alto nivel de consenso» en la tramitación de esta iniciativa y se ha mostrado positivo ante el hecho de que a su formación se le admitieran dos transaccionales. «Es lo que tiene cuando viene una reforma de Europa que lo que pretende es liberalizar el ejercicio de una profesión regulada. Nos ponemos de acuerdo cuando no tenemos que hablar de política, cuando queremos simplemente cumplir con las obligaciones», ha dicho.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado que cualquier nueva iniciativa que promueva el PSOE para modificar el decreto ley de recorte de beneficios caídos del cielo de las eléctricas, deberán ser pactadas con su formación, dejando claro que no van a aceptar ninguna medida adicional que «beneficie al oligopolio».

Así lo ha trasladado en varios comentarios en Twitter tras la convalidación sin modificaciones de dicho decreto, pero aludiendo también a la posibilidad de que se promuevan cambios posteriores por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

Este jueves la titular de este departamento y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha señalado que el Gobierno no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a «precios razonables». De esta forma, su intención es «completar» este plan de choque «en las próximas semanas» con «medidas adicionales.

Al respecto, Echenique ha destacado que la convalidación, por parte de los grupos progresistas de la Cámara Baja, bajo la fórmula de real decreto-ley conlleva que el texto remitido, y pactado en el seno de la coalición, no se puede enmendar. De esta forma, su contenido no se ve alterado una vez votado.

Por tanto, ha aclarado que si el PSOE quiere modificarlo, tendrá que ser mediante un nuevo real decreto del Ejecutivo, que por supuesto tendrá que pactar con su socio».

«NO VAMOS A ACEPTAR NINGÚN CAMBIO QUE PERJUDIQUE A LA GENTE»

«Y nosotros -obviamente- no vamos a aceptar ningún cambio que perjudique a la gente trabajadora y beneficie a las eléctricas», ha lanzado. Luego ha deslizado que esas hipotéticas modificaciones se podrían intentar introducir en el proyecto de ley de reducción de los beneficios caídos del cielo relativo al mercado de emisiones de CO2, que se encuentra en trámite en el Congreso y sí se puede enmendar.

De nuevo, ha reafirmado el parlamentario sobre esa vía, «los cambios tendrán que ser pactados» bajo la premisa de que Unidas Podemos no aceptará nada que suponga perjudicar a las familias.

Además, Echenique ha instado a «acelerar» el trámite parlamentario dicho proyecto legislativo, porque puede suponer cerca de un 5% de bajada adicional de la factura de la luz. «Espero que no haya retrasos injustificados», ha alertado.

ESTUDIARÁN CON «BUENOS OJOS» MEDIDAS QUE AYUDEN A LA INDUSTRIA

También ha advertido que «algunos han puesto a la industria como excusa para frenar las medidas» que reducen los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, de cara a poder así reducir la factura del consumidor.

Al respecto, el portavoz de Unidas Podemos ha dicho que «obviamente» estudiarán «con buenos ojos» cualquier propuesta de modificación que proteja al tejido empresarial, pero ha reiterado su rechazo a opciones que perjudiquen a la gente y favorezcan al «oligopolio».

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la Ley de Garantías de Libertad Sexual, impulsada por el Ministerio de Igualdad, y que, tras este procedimiento continúa con su tramitación en la Cámara baja.

La iniciativa de Vox ha sido rechazada con la abstención del PP; mientras que en la de los ‘populares’ se han abstenido Ciudadanos y PdCat.

Estos dos últimos partidos han defendido esta posición señalando que comparten una de las alegaciones de los de Pablo Casado en la enmienda: la definición de consentimiento que contiene la ley y que, a su juicio, genera inseguridad jurídica para el denunciado.

No están, así, de acuerdo, con otra de los argumentos del PP para registrar esta iniciativa, que es la unión en un mismo delito de la agresión y el abuso sexual. Para Ciudadanos y Junts, además, estas dos medidas no son cuestiones para tratar en una enmienda a la totalidad, sino que, a su juicio, se podrían haber presentado como enmiendas al articulado.

RECHAZO A LA «FRIVOLIDAD» DE VOX

Parte del debate celebrado en el Congreso ha estado marcado por la intervención de la diputada de Vox Carla Toscano, quien ha iniciado su discurso interpelando a varios diputados para que la miraran y señalando que tienen «suerte» de que sea «una mujer sensata». A su juicio, «si fuera otro tipo de mujer» les podría acusar de «acoso» o «violación» y habría que creerla porque «es mujer».

Toscano ha criticado que ley de ‘solo sí es sí’ permite que la mujer pueda «acusar más fácilmente al hombre» y que el denunciado sea quien tenga que probar que hubo consentimiento, algo que considera difícil. En este sentido, ha preguntado si van a proponer a los hombres la descarga de una aplicación, que haya testigos en el acto sexual o llamar a un notario que pruebe el consentimiento.

También ha mostrado sus dudas de la posibilidad de un cambio de consentimiento durante el acto y se ha preguntado si la mujer deberá mostrar su consentimiento durante todo el acto o a intervalos. «Esto es una aberración», ha declarado.

Han sido varias las portavoces que han llamado la atención de Toscano por su discurso. La representante del PSOE, Adriana Lastra, la ha acusado de hacer «burla»; mientras que la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, lo ha calificado de «vergonzoso» y ha llamado a tener «respeto a las víctimas» de la violencia sexual y a no «frivolizar» con este tema.

También de frivolidad ha hablado su homóloga de PdCat, Concep Cañadell, quien ha apuntado que sus palabras «duelen» aún sin ser una mujer agredida o violada; y la portavoz de Igualdad de ERC, Pilar Vallugera, quien ha reprochado a Vox sus mensajes sobre que el feminismo es lo contrario del machismo o que hay muchas denuncias falsas de mujeres sobre violencia machista. «Cada vez que lo dicen contaminan a mucha gente», ha lamentado, antes de acusarles de no vivir en «la realidad».

DEBATE SOBRE LA PROSTITUCIÓN

En este sentido, les ha acusado de relacionar violación con «belleza y juventud» y les ha recordado que también hay violaciones a «mujeres con discapacidad», mujeres «viejas» o dentro de «parejas casadas» y que esta práctica nace de «la convicción» de que las mujeres sin «carne para utilizar» y no seres humanos que deciden «su vida sexual». «Es ahí donde la ley intenta intervenir», ha declarado.

Tanto PNV, como EH Bildu y Junts ha rechazado las dos enmiendas a la totalidad, aunque han criticado algunos puntos de las norma de Montero y han explicado que presentarán enmiendas al articulado para mejorarla. Las tres formaciones, además, han criticado la presencia en este texto de medidas sobre prostitución.

El portavoz de Igualdad de los nacionalistas vascos, Joseba Agirretxea, considera que esta materia «no pega en la ley» y ha señalado que pedirán que salga de esta norma para «ser tratado donde le corresponde». Su homóloga de EH Bildu, Bel Pozueta, también onsideran que este tema se debe tratar aparte y de forma sosegada, con la participación de expertos en el tema.

La representante de Junts, Pilar Calvo, pide, además, que se escuche en este debate a las trabajadoras sexuales para recuperar el debate sobre legalización-abolición de la prostitución.

Por su parte, la portavoz en esta materia de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha celebrado la tramitación de esta ley y ha criticado que el PP haya «olvidado lo que supuso el Pacto de Estado» de Violencia de Género y el hecho de que «no le guste» que se ponga el consentimiento en el centro.

Desde el BNG, su diputado Néstor Rego, ha lamentado que «la derecha ultra y la ultra derecha» se opongan «siempre a cualquier avance en derechos» aunque, ha reconocido, este sea «insuficiente» como a su partido le parece.

El Congreso ha rechazado este jueves una moción con la que Vox buscaba blindar la sede de la Jefatura de la Policía Nacional situada en la calle Vía Laietana de Barcelona para evitar que se transforme en un museo de la represión franquista como pide ERC, y solicitar la aprobación de pluses salariales para los policías y guardias civiles en Cataluña similares a los que se aplicaron en el País Vasco durante los años de ETA.

En su iniciativa, los de Santiago Abascal apostaban textualmente por que la Cámara instara al Gobierno a «mantener» la comisaría de Vía Laietana al entender que «no existe razón ni funcional ni operativa» que «justifique» cambio alguno.

Demandaban también que el Ejecutivo declare Cataluña como «zona de especial singularidad» para garantizar la protección de los policías y guardias civiles allí destinados ante el «acoso y hostigamiento al que se ven sometidos por parte del separatismo e independentismo radical». Para ello, pedían aumentar la dotación de personal y de material, así como la aprobación de incentivos económicos para promover el traslado de personal a esa comunidad.

En su texto, Vox aprovechaba además para reclamar, entre otras cuestiones, una condena del Congreso de los «actos de violencia callejera» que han sufrido los agentes con motivo de la Diada y un apoyo a su labor en esa comunidad, así como para pedir una vez más la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por hacer «dejación de funciones en la defensa y protección» de los agentes en Cataluña.

ERC LLAMÓ «SALVAJES» A LOS POLICÍAS

La moción del partido que capitanea Abascal ha recibido este jueves el apoyo del PP y Ciudadanos, y el rechazo del PSOE, Unidas Podemos y sus habituales socios parlamentarios, entre ellos Esquerra Republicana (ERC).

Precisamente, este miércoles, durante el debate de esta propuesta, ERC volvió a pedir la salida de la Policía Nacional de la Vía Laietana censurando a los agentes, a los que calificó de «salvajes», por las torturas cometidas durante el franquismo y por la actuación para impedir el referéndum del 1-O. «Les tenemos asco y aversión, les deseamos que se vayan, fuera las fuerzas de ocupación», clamó la diputada de ERC Montserrat Bassa.

Unas palabras por las que JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha pedido este jueves a la diputada de ERC Montserrat Bassa que se retracte o dimita, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que realice un «posicionamiento claro ante estas acusaciones» de una representante pública que actúa como «bocazas y carente de rigor político».

También Ciudadanos, a través de Edmundo Bal, ha denostado estas palabras y ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que «deslegitime» a la diputada de ERC por cargar contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «de las que es su jefe».

El Govern ha reafirmado su intención de impulsar un «frente común» de defensa y protección del catalán en el sector del audiovisual y de promover la producción propia ante la Ley del Audiovisual del Gobierno.

Lo ha explicado este jueves la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, y la de Cultura, Natàlia Garriga, en declaraciones a los periodistas después mantener una reunión con entidades y organizaciones culturales encabezada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Vilagrà ha explicado que este frente común pasa por negociar con el Gobierno la implementación de cuotas de doblaje en catalán –y ha puesto el ejemplo de Francia, donde la cuota es del 25%– y blindar las competencias básicas que tiene la Generalitat sobre el control del audiovisual.

También ha recordado que el Govern impulsa una reforma de la actual ley catalana del audiovisual de 2005 para modernizarla y adaptarla a los nuevos tiempos y garantizar así la «diversidad cultural y promoverla».

Ha recalcado la importancia de «recuperar musculatura en el sector audiovisual catalán» y ha reafirmado el compromiso del Govern para trabajar en esa línea.

PROTEGER EL PRESENTE Y FUTURO DEL CATALÁN

Por su parte, la titular de Cultura ha dicho estar convencida de que la protección de la lengua catalana se debe abordar desde el consenso con los agentes y entidades culturales de Cataluña para proteger «el presente y el futuro del catalán.

En el encuentro de este jueves han participado representantes de entidades y organizaciones del sector de la lengua Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (Cal) y la Federació d’Organizacions de la Llengua Catalana.

En representación del audiovisual ha asistido Productors Audiovisuals de Catalunya; Productors Associats (Proa); Acadèmia del Cinema en Català; Col·legi de l’Audivisual; Gremi d’Empresaris del Cinema de Catalunya; Clúster Audiovisual; Col·legi de Directors i Directores de Cinema de Catalunya y Guionistes Associats de Catalunya.

El abogado de Gema Alcalá, la mujer del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha solicitado este jueves al tribunal que juzga a la pareja por la macrocausa ‘Tándem’ que expulse del procedimiento a la acusación popular de Podemos, alegando que usa esta posición para obtener información y hacer un «uso electoral» de la misma, recordando que la Audiencia Nacional ya lo acordó respecto al PP en ‘Gürtel’.

«Solicitamos la expulsión de Podemos como acusación popular por incumplimiento del principio de legalidad y el artículo 125 de la Constitución», ha planteado el abogado de Alcalá, Sergio Nuño Díez de la Lastra, durante la exposición de las cuestiones previas en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de ‘Tándem’: ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’.

Díez de la Lastra ha argumentado que «es por todos conocido el uso electoral que le ha dado a todos los hechos que se consignan en la causa conocida como ‘Tándem'», mencionando en este sentido a la llamada «policía patriótica» y al conocido como «informe PISA».

En concreto, ha acusado a la formación ‘morada’ de haber utilizado «de forma política» la pieza ‘Dina’, denunciando una supuesta «connivencia» con los fiscales, con quienes –ha sostenido– Podemos se habría intercambiado información que después habría compartido con «terceros ajenos» a la causa.

El letrado defensor ha querido recordar que ya hay un conocido precedente en este sentido. En 2013, el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz expulsó al PP como acusación popular en la causa principal en la que se investigaban las actividades de la trama ‘Gürtel’.

Además, Díez de la Lastra se ha adelantado a una posible decisión del tribunal reclamando también que las fianzas prestadas por Podemos para personarse en estas piezas se retengan por si tuvieran que usarse para indemnizar a las personas contra las que ha ejercido la acusación.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración este viernes a una serie de imputados por la ‘Operación Titella’ y que figuran como presuntos testaferros vinculados a una presunta macroestafa que tiene al productor de televisión José Luis Moreno como principal imputado.

Según una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 escuchará a cinco personas que aparecen como administradores de distintas sociedades: Joaquín Dillet, Victoria Flavia, Juan Dillet, Philippe Joanny y David Escrichs.

En el caso de Joaquín Dillet, los investigadores le sitúan como el administrador de la sociedad Overseas Development. La policía cree que habría recibido remesas de dinero provenientes, precisamente, de otras de las sociedades de la trama.

En cuanto a Victoria Flavia, un oficio de la Policía Judicial la señala como administradora de la sociedad Kantamelade y como receptora de diversas transferencias. Además, sería conocedora de la operativa fraudulenta en torno a los pagarés ya que, en una denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid propuso que se tomase declaración a los directores de banco que habrían emitido pagarés con facturas falsificadas.

LÍNEAS DE CRÉDITO

En lo relativo a Juan Dillet, los investigadores sostienen que era socio de otros dos imputados: Raúl Pontvianne y José Antonio Mas. Junto a ellos habría conseguido diferentes líneas de crédito con entidades bancarias, entre las que se destacan prestamos de hasta 1 millón de euros.

Además, figuraría como administrador de Dixtels Trade S.L., una sociedad que habría recibido y emitido multitud de transferencias entre las empresas investigadas y habría participado en la consecución de financiación fraudulenta. Con esa sociedad habría efectuado operaciones exteriores de con Alemania por un importe cercano a los 700.000 euros.

Por su parte, Philippe Joanny –marido de Marta Dillet, testaferro de José Luis Moreno– habría sido el encargado de mover grandes cantidades de dinero junto a su pareja. Utilizando una cuenta bancaria particular y la de su hija menor de edad, habría recibido frecuentes transferencias no justificadas.

Algunos de los ordenantes de esos fondos están relacionados, apuntan los investigadores, con el comercio de bebidas alcohólicas. De esta forma, y entre mayo de 2017 y julio de 2018, se habrían registrado unos movimientos de fondos de cerca de 200.000 euros.

Esta serie de declaraciones llega una semana después de que el juez diese un nuevo impulso a las pesquisas y llamase a Natalia Fernández, sobrina de Moreno que se negó a declarar; y Cristina Muñoz y Rosa Santamaría, dos trabajadoras de empresas del productor de televisión que defendieron que las facturas emitidas eran reales. Ese mismo día también debía haber declarado el hermano de Natalia, Raúl, pero su citación tuvo que ser pospuesta.

El pasado jueves declararon Luis Dueñas y Óscar Tardío y también se esperaba a José María Alvear y Ernesto Paniagua, pero su comparecencia fue suspendida. Un día después, el viernes, pasaron por la Audiencia Nacional Pascal Jean Jorgen y Beatriz Sánchez, ausentándose de esta ronda Óscar Ordoñez y Ramón Sánchez.

MORENO, LA «TARJETA DE VISITA»

Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario que habría causado un perjuicio económico de 85 millones de euros, conforme a los cálculos de la Fiscalía.

Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, el productor de televisión está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

El instructor le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrílocuo presentó ‘in extremis’ en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.

De acuerdo con el sumario del caso, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

ESTAFA Y BLANQUEO

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aquilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este viernes el recurso de la exasesora de Podemos Dina Bousselham con el que pretendía anular la providencia por la que el juez encargó a la Policía Científica que determinara si es «técnicamente posible» ver el contenido de la tarjeta de su teléfono móvil, un informe que todavía no ha llegado a su mesa.

Según han confirmado fuentes jurídicas, la Sala analizará el escrito de Bousselham, que se oponía a las nuevas pesquisas pretendidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón.

En un auto del pasado mes de junio, el magistrado dejaba claro que «la única explicación posible» a los daños informáticos sufridos por la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora, que hacen imposible acceder a su contenido, es que fuera su jefe por aquel entonces, Pablo Iglesias, quien los provocara.

En ese mismo escrito, el juez recreaba el recorrido que habría tenido la tarjeta mini SD del teléfono móvil de Bousselham desde que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la entrega al líder de Podemos hasta que este último se la devuelve a su legítima propietaria, todo ello en base a las declaraciones que han prestado en sede judicial y a otras diligencias.

EL RECORRIDO DE LA TARJETA DE DINA

La Sala decidirá sobre este asunto casi un año después de que García-Castellón decidiera poner fin a la investigación sobre el recorrido que experimentó la mini SD desde que la asesora política sufrió el robo de su teléfono móvil en 2015 en un centro comercial hasta que parte de la información que contenía vio la luz pública, es decir, por qué manos pasó, a qué manipulaciones la sometieron y cuáles fueron las consecuencias.

García-Castellón acordó entonces procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, y a los dos periodistas encausados por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos; y propuso al Tribunal Supremo (TS) que investigara al ex líder de Podemos Pablo Iglesias por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

Sin embargo, el alto tribunal ordenó al magistrado que siguiera indagando, indicándole expresamente varias diligencias, entre ellas volver a tomar declaración a Dina, para que aclarase si quiere denunciar los hechos, y el análisis pericial de la micro tarjeta. Respeto a esta última, el pasado mes de febrero García-Castellón encargó a la Policía que estableciera si es técnicamente posible acceder al contenido de la misma, debido al mal estado en el que volvió a manos a Bousselham.

Para que los investigadores puedan hacer su trabajo, la compañía telefónica, en este caso Samsung, debe aportar una serie de claves. En junio, García-Castellón ya demandó de la empresa tecnológica el ‘pinout’ de la micro SD.